Los saharauis han vuelto a ser traicionados por el régimen español.
Desde Juan Carlos Borbón, hoy viviendo con todo lujo en una de esas satrapías a las que no se les imponen sanciones como sí se ha hecho con Rusia, hasta Pedro Sánchez... pasando por Carlos Arias, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez y Mariano Rajoy... todos han contribuido al genocidio saharaui por parte del régimen marroquí.
Aquí lo que nos informa Público al respecto:
La libre determinación del pueblo saharaui, un derecho con décadas de historia
En el año 1975, la Corte de Justicia Internacional de La Haya reconocía este derecho de los saharauis. Hoy, las resoluciones y sentencias siguen demostrando que el Sáhara es un territorio diferenciado de Marruecos, pese a los posicionamientos de algunos gobiernos.
Sato DíazMisión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Que una misión especial de la ONU reconozca en su propia nomenclatura que su razón de ser está en la organización de un referéndum de autodeterminación indica hasta qué punto la libre determinación del pueblo saharaui es algo que depende o no de una coyuntura concreta o de un gobierno de turno.
El Gobierno de Pedro Sánchez (con el rechazo de Unidas Podemos) se posicionaba este viernes a favor del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Un plan que no es más que la anexión por parte de Marruecos del territorio saharaui. Numerosas son las sentencias y resoluciones que diferencian al Sáhara como un territorio distinto a Marruecos, así como las que reconocen el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Recientemente, Steffan de Mistura (enviado especial del secretario general de la ONU, António Guterres, para este conflicto) ha iniciado una ronda de contactos con las partes implicadas. Hay dos propuestas (que se sepa) sobre la mesa. Por un lado, el Frente Polisario propone ejercer, mediante un referéndum, el derecho de autodeterminación. Por otra parte, Marruecos aporta el plan de autonomía.
Los distintos actores internacionales involucrados se posicionan a favor de una o la otra. El Gobierno español lo ha hecho en favor de la autonomía. Difícil tendrán los partidarios de esta opción explicar cómo se va a llevar a cabo una autonomía sin violentar el Derecho Internacional. Ninguna resolución de la ONU sobre el Sáhara Occidental menciona, siquiera, esta propuesta.
Corte Internacional de Justicia
La autodeterminación del pueblo saharaui se reconoce en la legalidad incluso antes de que el Sáhara Occidental dejara de ser una colonia y una provincia española en el 1975. El año anterior, en agosto de 1974, España anunciaba ante las Naciones Unidas que en el primer semestre de 1975 se celebraría un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui bajo la supervisión de la ONU. El fervor descolonizador había agitado África frente a Europa en los años previos y golpeaba a las puertas del franquismo.
El Frente Polisario, que se había constituido como movimiento de liberación en el año 1973, llevaba a cabo actividad armada contra la colonia española. El derecho a la autodeterminación de las colonias había revuelto el mapa mundial en pocos años. Y es que el 14 de diciembre de 1960 se aprobaba en la Asamblea de Naciones Unidas la Resolución 1514, un llamamiento a la independencia de las colonias basado en la apelación a los derechos fundamentales. La autodeterminación como derecho.
El anuncio del inminente referéndum en el Sáhara levantó las ansias anexionistas del rey marroquí Hassán II. En diciembre de 1974, Marruecos proponía ante la Asamblea General de la ONU que se solicitara una consulta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que el tribunal respondiera a dos cuestiones. En primer lugar, si el Sáhara era un territorio sin dueño antes de la ocupación española. En segundo, si existía una relación de soberanía de este territorio con Marruecos y Mauritania.
La respuesta de la Corte llegó el 16 de octubre de 1975. "La Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra", rezaba el texto, que añadía: "Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio".
Resolución 690
Pocas semanas después de la respuesta de La Haya, Hassán II lanzaba la Marcha Verde contra el Sáhara Occidental. Lo que no consiguió mediante la justicia, lo intentaría con las armas. Con el dictador Franco más muerto que vivo, Juan Carlos de Borbón pactaba a tres bandas con Washington DC y Rabat y ordenaba al ejército abandonar el Sáhara, para deshonra de los soldados españoles allí destinados.
Tras miles de civiles, entraba en el Sáhara el ejército marroquí y los bombardeos con fósforo blanco y napalm. Comenzaba la guerra entre el Polisario y Marruecos (a la que se sumaría también Mauritania contra los saharauis). Una guerra que duraría hasta 1991, cuando las partes en conflicto firmarían un alto el fuego.
Condición indispensable para aquel cese de las armas fue la resolución 690 del Consejo de Seguridad. El 29 de abril del 1991, este órgano de Naciones Unidas reconocía en la resolución 690 la necesidad de organizar "un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental" y, para ello, dictaba crear la MINURSO, la misión especial que organizaría la consulta, que no se ha celebrado por los impedimentos marroquíes.
Desde entonces, las resoluciones ONU que reconocen que la solución al conflicto ha de pasar por la "libre determinación" del pueblo saharaui se han sucedido sin que ninguna de ellas haya mencionado, sin embargo, que el Sáhara Occidental sea parte de Marruecos. Numerosos han sido los reconocimientos de países como Estado independiente a la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), mientras que, más allá de posicionamientos tácticos, no las hay de la marroquinidad del Sáhara. La RASD fue uno de los estados fundadores de la Unión Africana, a la que Marruecos se sumó años más tarde.
Ese alto el fuego de 1991 se interrumpió en noviembre de 2020, cuando soldados marroquíes abrieron fuego contra unos civiles saharauis que protestaban contra la construcción por parte de Rabat de una carretera en la zona neutral en la frontera con Mauritania. Desde entonces, se desarrolla una guerra de baja intensidad en el Sáhara Occidental.
Un último toque de atención
El 20 de septiembre del 2021, el Tribunal General de la Unión Europea dictaba una sentencia histórica por la que reconocía como ilegales los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos que incluían recursos o aguas del Sáhara. El tribunal afirmaba, así, que el Sáhara no es Marruecos, tampoco una autonomía marroquí. Además, al aceptar la querella presentada por el Frente Polisario le reconocía como el legítimo representante del pueblo saharaui. El Polisario, ese legítimo representante del pueblo del Sáhara Occidental, sigue proponiendo un referéndum como solución al conflicto en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas.
El derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui lleva décadas reconocido en los papeles legales. Ha superado crisis mundiales, coyunturas diversas y gobiernos de distinto signos en los países del entorno. El Frente Polisario sigue siendo el legítimo representante de un pueblo que, pese a las duras adversidades, resiste y se niega a desaparecer. La lucha por la independencia no terminará hoy. El posicionamiento del Gobierno de Sánchez de este viernes pone en evidencia que lo que está en juego es si el Derecho Internacional es todavía válido como mecanismo para resolver los conflictos.
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