Coronavirus y Herriko Tabernak

En cualquier otro país del mundo parecería imposible que en pleno plan de contingencia por la pandemia del SARS CoV-2 hubiese quien se tomase el tiempo para ejecutar una acción represiva en contra de un pueblo que ha venido trabajando un proceso de paz unilateral desde hace ya nueve años.

Pero Spain is different y ha elegido estos tiempos de crisis para dar una vuelta más a la tuerca en el caso de las herriko tabernak, en un claro expolio colonial como el acometido en contra de Gara.

Aquí lo que nos reporta Izquierda Diario:

En Estado de Alarma la Audiencia Nacional incauta las cuentas de 107 herriko tabernas

Con las calles tomadas por fuerzas policiales y militares y la población confinada, la Audiencia Nacional aprovecha para incautar las cuentas de 107 herriko tabernas. Un expolio en estado de alarma, a través de un fallo dictado hace años en la línea del “todo es ETA” contra la izquierda abertzale.

Para la Audiencia Nacional el momento de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que preveía la incautación bancaria de las herriko tabernas es ahora, en pleno Estado de Alarma, cuando las calles están tomadas por las fuerzas de represión, se aplica el confinamiento y más de 700.000 sanciones han sido dictadas al respecto en poco más de un mes.

Estas tabernas del entorno social de la izquierda independentista vasca ya estuvieron largas temporadas en el punto de mira de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, instituciones en las que se desdoblaron los 16 miembros del Tribunal de Orden Público franquista cuando fue “disuelto”. Los cierres, detenciones e incautaciones en las mismas ya protagonizaron numerosas portadas en décadas anteriores, aunque en plena pandemia un nuevo expolio vuelve a producirse a 107 tabernas mediante embargos de cuentas bancarias.

Mientras el aparato judicial no puede tramitar las reclamaciones masivas de despidos ilegales, impagos de sueldos, ERTEs sin cobrar o miles de recursos a multas de estos días por las restricciones de la pandemia, sí que hay tiempo para quedarse con el dinero de más de 100 tabernas.

Fue en 2016 cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del caso 35/02, la cual se ha empezado a ejecutar, evidenciando que la persecución política con las calles vacías sí es una urgencia para la judicatura española.

En 2020 el hostigamiento a la izquierda abertzale no ha cesado, pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, amparándose en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado califique o de “terrorista” o de sospechosa de serlo.

¿Por qué ante una crisis sanitaria y social, la respuesta prioritaria de los gobiernos está siendo reforzar el papel del Estado, llenar las calles de policía y ejército? No parece casualidad que este sea el momento para ejecutar una sentencia de represión política y acometer un robo de gran tamaño al entorno social de la izquierda abertzale.

Las medidas punitivas aprobadas para mantener el confinamiento han proporcionado un enorme apoyo a las fuerzas represivas para desatar lo que ya es su naturaleza racista y antipopular. Así, poco después del decreto de alarma se multiplicaron las paradas y detenciones a migrantes y personas racializadas.

Frente a su Estado de alarma, que se basa en militarización de las calles y el crecimiento de las agresiones y arbitrariedades policiales de todo tipo, pero tiene guante de seda con los grandes capitalistas, hay que oponer un programa que toque de forma directa sus ganancias e intereses. Hoy un plan de emergencia que haga pagar la crisis a las grandes fortunas y empresas para atender la crisis sanitaria y social no es una opción, es una condición que define la vida o la muerte de miles de personas.

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50 Razones para Avanzar

En Gara se ha publicado este texto en donde Joseba Permach hace un balance de los recientes casos en los que pareciera ser ya se aplica el modelo de justicia transicional requerido para facilitar un proceso de DDR.

Lean ustedes:

Los 50 primeros pasos

Joseba Permach | Miembro de Sortu

Esta semana en la Audiencia Nacional y en el TSJPV se han alcanzado sendos acuerdos que permitirán que las diez personas enjuiciadas por su actividad política no entren en prisión. Desde un punto de vista humano, la cárcel, aunque sea para unos pocos meses, siempre es dura y por eso hay que evitarla. Pero como pretendo analizar en este artículo, también desde un punto de vista político es muy importante que en estos momentos nadie más entre en la cárcel. Y digo más, es tiempo de vaciar la cárceles, no de llenarlas.

Yo fui detenido en Segura pero como estaba imputado anteriormente fui juzgado y condenado en el sumario 35/02. Digo esto, para que se comprenda que pretendo, desde fuera y no como afectado en primera persona, argumentar la importancia de los acuerdos que se están dando en la Audiencia Nacional desde un punto de vista netamente político y acorde con la actual estrategia política.

Efectivamente, el primer acuerdo de este tipo en la Audiencia Nacional fue el denominado sumario 04/08 de Segura. Todavía recuerdo cuando nuestros compañeros y compañeras nos enviaron desde Madrid el texto propuesto por la fiscalía al que dimos, sin dudarlo ni un segundo, nuestro apoyo total. A nuestro entender, el mismo, no sólo era aceptable políticamente, sino que era positivo para conseguir que los 35 compañeros y compañeras del sumario de Segura no entraran en la cárcel y poder utilizarlo en futuras ocasiones y juicios. Afortunadamente así ha sido.

Hemos pasado años, décadas, en una estrategia que tenía como objetivo táctico negociar un acuerdo con los gobiernos español y francés para que nuestro derecho a decidir democráticamente nuestro futuro fuera respetado, así como para buscar una solución a las consecuencias del conflicto. Repito, años y décadas, reclamando la negociación y acuerdos con los estados, y cuando se lleva a cabo uno con parte de ese estado, en este caso con la fiscalía (y también con las asociaciones de víctimas) hay quien se echó incomprensiblemente las manos a la cabeza. En el camino hacia la libertad se avanza paso a paso, y codo con codo, con quienes caminan en la misma dirección, no sentados al borde del camino criticando lo que hemos defendido durante décadas.

Respecto al contenido simplemente decir dos cosas. Por una parte, la izquierda abertzale ya había reconocido anteriormente y de forma pública el dolor causado a las víctimas, elemento fundamental para la convivencia a futuro de todos y todas en nuestro país. Por otra, hay que subrayar que lo que el acuerdo dice es que la renuncia a «futuro» de la violencia y la apuesta exclusiva por las vías políticas sirve para aliviar el dolor causado a las víctimas en el «pasado».

Durante estos últimos años, el PNV, por ejemplo, ha pretendido lo contrario, esto es, que negáramos nuestro «pasado» para, supuestamente, concedernos desde su atalaya del «suelo ético» legitimad a «futuro». Creo que no hace falta extenderse más para entender que el contenido del acuerdo no sólo era aceptable en términos políticos, sino que además podía servir para avanzar en el nuevo escenario abierto en Euskal Herria tras el fin de la lucha armada por parte de ETA.

Afortunadamente, así ha sido, y tras ese primer acuerdo, se han producido otros tres acuerdos más que han posibilitado que finalmente 50 personas se hayan beneficiado del mismo. Que 50 personas no abandonen a sus familiares y amigas y terminen dispersados en cualquier cárcel del Estado español. 50 personas que seguirán luchando por una Euskal Herria libre. Repito, es tiempo de vaciar las cárceles no de llenarlas.

Creo, sinceramente, que debiéramos pensar en las razones por las que este acuerdo ha sido posible. ¿Y si por mucho que el Estado tenga una actitud de cerrazón, se han dado cuenta de que la sociedad vasca no acepta que la Audiencia Nacional siga encarcelando a militantes vascos? ¿Y si hemos sido todos y todas nosotras las que hemos creado un escenario donde el PP se está convirtiendo en un partido marginal en Euskal Herria? ¿Y si, ciertamente, estos acuerdos suponen un primer paso de los que nos tocará recorrer para vaciar todas la cárceles? ¿Cuando nos vamos a dar cuenta de que el objetivo de nuestra lucha es la independencia y el socialismo y que para ello necesitamos a todos, y a todas, cuanto antes, entre nosotros para avanzar y construir día a día nuestro proyecto político?

En esta fase política la izquierda independentista tiene que, en mi opinión debe, quitarse los miedos y actitudes de resistencia para afrontar desde una posición ideológica de fuerza y de ofensiva tanto la superación de las consecuencias del conflicto como el desarrollo íntegro de nuestro proyecto político.

Como dijo Arnaldo, no nacimos para resistir, nacimos para ganar y es de los que se trata. Ganarnos a la sociedad vasca, decirle que sabemos hacer autocrítica, que también entre nosotras hay muchas víctimas, que no tenemos la razón en todo, pero que tenemos el mejor proyecto para garantizar una vida digna a los hombres y mujeres de Euskal Herria en el marco de un estado digno o república vasca.

A la izquierda abertzale no le conceden grandes platós de televisión, nuestra lucha se gana en la calle. Por eso, también, les necesitamos a todos y a todas, cuanto antes, en la calle.

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La AVT y el Caso Herrikos

Más buenas noticias, pero estas no vienen del ámbito de los derechos lingüísticos sino del ámbito de la campaña represiva en contra de la izquierda abertzale.

Lean esta nota publicada en Gara:

Condenados de las «herrikos» no irán a la cárcel por dos jueces contra una

Los condenados en el sumario de las «herrikos» que no cumplieron prisión preventiva no tendrán que ingresar en prisión. Su libertad ha estado en peligro porque la Fiscalía y la AVT se opusieron a la suspensión de la pena solicitada por la defensa. La presidenta del tribunal apoyó a los acusadores, pero quedó en minoría ante los otros dos jueces.

Iñaki Iriondo

No toda condena inferior a dos años supone el no ingreso en prisión. Esa es una facultad que la ley otorga al tribunal. Varios imputados en el macrosumario 35/02, conocido como «el de las herrikos», han corrido el peligro de ser encarcelados para cumplir penas que iban del año y tres meses al año y medio de prisión. La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la AVT, se opusieron a la suspensión de la ejecución de la condena para estas personas. Finalmente, el tribunal, con el voto en contra de la presidenta del mismo, Concepción Espejel, ha accedido a que no sean encarceladas.

Atendiendo a la dilación con la que se produjo el juicio (doce años desde los hechos) y a las posibilidades que ofrece la última reforma del Código Penal, los imputados en este caso fueron condenados a entre 15 y 18 meses. Muchos de ellos habían pasado en prisión preventiva más que ese tiempo, por lo que no debían volver a la cárcel. Sin embargo, otros no fueron encarcelados en su día, por lo que estaba en manos del tribunal dictar su ingreso en prisión.

La defensa solicitó la suspensión de esa ejecución de condena. Sin embargo, la Fiscalía –a la que se adhirió la AVT– adujo que el tipo de delito por el que habían sido condenados («colaboración con organización terrorista»), «la falta de arrepentimiento» y «el nulo esfuerzo desplegado para facilitar la acción de la justicia» eran suficientes para que no se les concediera dicha suspensión de condena. A esto añaden que ya se les redujo en varios grados la pena sobre lo tipificado para el delito cometido.

Razón a las defensas

Sin embargo, el tribunal desmonta por completo la argumentación de la Fiscalía y de la AVT, dando finalmente curso a la petición de las defensas.

Dos de los tres magistrados del tribunal sostienen que a la hora de suspender la ejecución de una sentencia la ley no hace referencia ni al tipo de delito, ni exige ningún tipo de arrepentimiento. Junto a ello, niega que los imputados no hayan colaborado con la justicia, puesto que nunca se sustrajeron a su acción. Y tampoco puede decirse que el que ya se aplicaran atenuantes impida ahora tomar esta nueva decisión.

No es de la misma opinión la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, quien en buena medida se aferra a que los condenados no cumplían los requisitos para que se les hubiera rebajado antes la condena, por lo que tampoco ahora los ve merecedores de que se suspenda la ejecución de la misma. Espejel insiste en el carácter «terrorista» de los delitos de los que se les acusa.

Este mismo tribunal fue el que se vio obligado este mes a aceptar el pacto entre la defensa y las acusaciones en el sumario de Segura, con la garantía añadida de que todas las partes se muestren en ese caso a favor de suspender la pena de cárcel.

«Su conducta se ha realizado en relación con una actividad política entonces legal»

En los autos de ejecución de sentencia que libra a estos imputados de la entrada en prisión hay un párrafo que resulta sumamente llamativo y cabría pensar que incluso contradictorio con el hecho de que los acusados fueran en su momento condenados.

La Sala sostiene textualmente que estas personas han sido condenadas «por realizar actuaciones que nada tienen que ver con actividades violentas. Su conducta se ha realizado en relación con una actividad política (en unos casos se explica que «formando parte de ‘herriko tabernas’» y en otros «formando parte de partidos políticos», dependiendo de la identidad de cada acusado) y en un periodo en el que desarrollaban una actividad legal».

Contraria a esta valoración aparece también en su voto particular Espejel. Dice que «la circunstancia de que los condenados no hayan desplegado personalmente actividades violentas al servicio de ETA no obsta a la calificación de sus conductas como delito de terrorismo», dado que remarca que lo que define esa práctica son los fines y no los medios.

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Hernani Arropa a su Herriko

Ante el más reciente acto de expolio por parte de Madrid en contra del pueblo vasco, el Ayuntamiento de Hernani se ha solidarizado con los trabajadores de la herriko taberna local. 

La información llega a nosotros por medio del Diario Vasco:

El Pleno Municipal rechaza la actuación contra la herriko taberna

La moción presentada por los trabajadores de Garin tuvo votos favorables de EH Bildu, abstención de PNV y OH, y voto contrario del PSE

Juan F. Manjarrés

El Ayuntamiento acogió en la tarde del pasado martes el desarrollo de una sesión ordinaria del Pleno Municipal, dentro de la cual se tocaron seis puntos. Entre ellos estuvo una moción presentada por los trabajadores de la herriko taberna Garin, que denuncia la actuación llevada a cabo contra la misma por medio de la Audiencia Nacional. El texto recibió el apoyo exclusivamente de EH Bildu, mientras que PNV y Orain Hernani (OH) se abstuvieron, con el voto contrario del PSE. El texto salió adelante gracias a la mayoría de EH Bildu en el Pleno.

Esta actuación se engloba dentro del macrosumario 18/98, «y no es más que un ataque más contra Euskal Herria», afirman en el texto aprobado el martes por el Pleno Municipal. En el documento ahora aprobado, los trabajadores de Garin piden que se termine con la operación policial «que tiene por objetivo criminalizar un movimiento político, cultural y social», además de catalogar como «opresor» el macrojuicio.

De la misma manera, el Ayuntamiento expresa su solidaridad con las personas, los trabajadores y miembros de locales que se están viendo afectados por este procedimiento judicial. Junto a ello, solicita al órgano judicial español dejar sin validez el procedimiento al que se hace referencia.

Además del asunto relativo a la herriko taberna, también se pusieron sobre la mesa otros asuntos en la sesión plenaria ordinaria. Desde OH, se quejaron de que en la sesión plenaria anterior no se había recibido toda la información necesaria con suficiente tiempo de antelación, por lo que no votaron a favor de la aprobación del acta. Se quejaron igualmente de una subida de sueldo del alcalde que consideran excesiva.

En el Pleno, además, se dieron a conocer los nombres que conformarán las distintas comisiones informativas dentro de las que participan todos los grupos, además de una prolongación del contratato con la empresa de limpieza que se encarga de hacer esta labor en los edificios municipales. El contrato se acaba en el mes de agosto, pero se ha decidido prolongarlo hasta que se recoja la información necesaria sobre el servicio para preparar luego un pliego para la adjudacación definitiva. De la misma manera, se dio a conocer el cambio en el equipo de dirección de la Musika Eskola local, pasando a ser durante los dos próximos cursos la directora Miren Elixabet Insausti. Esta decisión había pasado previamente por el claustro del centro educativo y por la comisión de Educación.

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Egaña | Literatura Más que Inquietante

Con respecto a la sentencia con la que Madrid se hace del fruto de trabajo de miles de vascos a través de la incautación de las Herriko Tabernak, traemos a ustedes este texto de Iñaki Egaña, mismo que ha sido publicado por Gara:

Literatura más que inquietante

Iñaki Egaña | Historiador

Procedente de Salamanca, su ciudad natal, Joaquín Hernández era guardia municipal en Donostia. Sus orígenes y algunas conversaciones cotizaron para que la derecha donostiarra le avalara para el puesto. Llegó la guerra civil y Hernández, sin embargo, se fue con los demócratas y combatió al fascismo. Un año más tarde, el policía local fue detenido en Bilbo y encarcelado en unas escuelas, tanta era la gente arrestada. Su paso por una prisión inusual no resultó determinante para que fuera juzgado y condenado a 20 años de prisión. Una barbaridad. Hernández no había hecho sino defender los valores más primarios de justicia e igualdad.

El juez militar, severo como tantos otros, «razonó» el castigo con un argumento inmortal: «el procesado se presentaba con la máscara de persona de orden y de profundos y arraigados sentimientos religiosos, pero más adelante arrojó el disfraz, apareciendo entonces como blasfemo, ateo y de mala conducta». La libertad y la blasfemia sinónimos.

Me dirán que son crónicas ajadas, demasiado viejas para traer a colación en un artículo de opinión que debería reflejar la actualidad más cercana. Es cierto, pero el pasado sigue pesando como una losa. Les animo, por ello, a que lean las siguientes líneas, hasta el final del artículo, para refrendar la cita del inicio y comprobar que, al parecer, en nuestra tierra no ha llovido jamás.

Hace unos días hemos tenido la oportunidad de conocer otra sentencia, la 338/2015, esta vez redactada por unos jueces civiles, del Supremo. Ordena el cierre de 107 casas del pueblo, en lenguaje de otra época, o lo que es lo mismo «herrikos» en este caso de la izquierda abertzale. Un expolio en toda regla.

La sentencia, que también ha condenado a diversas personas, tiene su fundamento principal en un argumento central que se remonta a 1967. Un argumento que ya ha sido reiteradamente utilizado por la magistratura española en otros castigos ejemplarizantes cargados en las espaldas del sector soberanista vasco, en especial desde el proceso conocido como 18/98.

En síntesis, los jueces adivinan que en ese año de 1967, ETA se organizó en frentes (cultural, social, político y armado) y desde ahí inventó una nueva forma de hacer política a través de una fórmula mágica, el «desdoblamiento». Y así se «desdoblaron» centenares de militantes, miles, para esparcirse como misioneros por la faz de Euskal Herria y llevar la buena nueva. El «todo es ETA», dice el Supremo, viene de lejos.

Un rápido ejercicio aritmético nos lleva a la conclusión que desde aquel 1967 hasta nuestros días han pasado 48 años. ¡Casi medio siglo! 1967 fue el año de la ilegalización de CCOO, de la muerte del Ché Guevara y de la consagración de Los Beatles. Aunque no lo parezca, sí ha llovido, bastante por cierto, desde entonces. El Supremo ha elegido sin embargo el icono de Rafael, que representó entonces a España en Eurovisión y aún sigue haciendo publicidad, para hacer gala de una casposidad grandiosa.

Tengo que admitir que la referencia a hechos de 1967 por la Sala del Supremo me ha causado estupor. Con reiteración. Imaginen que al desdichado Joaquín Hernández, juzgado por «rebelión militar», es decir no seguir a los golpistas franquistas, y condenado por blasfemo, le hubieran encarcelado por antecedentes ideológicos de 1877, de medio siglo atrás, en los estertores de la Guerra carlista, en el año que León Tolstoi escribió “Anna Karenina” y la pomposa reina de Inglaterra, de nombre Victoria como correspondía a su rango imperial, fue nombrada emperatriz de India. Imaginen, porque imaginación a los jueces, por lo visto, no les falta.

Esta cuenta de cincuenta años de infiltración de ETA en la sociedad vasca se carga, retroactivamente, la legalización de partidos y sindicatos, la libertad de prensa, la autonomía, la educación en euskara. Todo aquello que puedan imaginar. Hasta los cuadros de Ibarrola o las esculturas de Oteiza, surgidos del magma de la revolución.

La sentencia, por lo demás, continua esa línea de frivolidad epistolar que desprecia los textos en lengua vasca, con pésimas traducciones, y que desatina en los datos objetivos de manera espectacular. Atribuir en la sentencia a ETA la comisión de 33.391 atentados desde 1961 a 2002 (año de la incoación del sumario) es una exagerada exageración. En realidad eran poco más de tres mil. Me dirán que apenas importa, que el punto se ha resbalado y que quizás haya habido un error. Pero en una sentencia del Supremo, por ello es Supremo, consejo de los mejores, los errores no pueden existir.

La literatura se rueda por la sentencia con citas a eslóganes del tipo «borroka, bide bakarra da» o «zuek faxistak zarete terroristak», transmitidos por ETA a la dirección de Herri Batasuna. Otro sin sentido. Por cierto, el segundo de los lemas es traducido como «vosotros fascistas sois los verdaderos terroristas». Comprueben que entre la frase original y la de la sentencia hay una inclusión, «verdaderos», como si los jueces quisieran dar énfasis, por su cuenta, al lema.

El delirio literario de la sentencia alcanza uno de sus clímax con el apartado que comienza con «Heri Batasuna, aprovechando su presencia en las instituciones potenciaba la actividad de ETA con declaraciones, manifestaciones, ruedas de prensa... y mociones». Sí, han leído bien, mociones. Y estas mociones, lo resalta la sentencia, abren un abanico en el que, entre otros, se introducen «135 denunciando presuntas torturas», «535 a favor de objetivos de ETA», «82 en apoyo de Udalbiltza» o «643 contra el constitucionalismo y estatutismo». Recuerden que Udalbiltza fue absuelta o que el relator de la ONU estiró de las orejas a España por la tortura.

La continuidad de este apartado nos llevaría a conclusiones monstruosas. Denunciar la tortura es terrorismo. Votar o abstenerse en el referéndum del Estatuto de Autonomía o en el de la Constitución española fue legitimo, pero ojo, si alguien aireó su voto y éste no fue favorable será considerado etarra. Y automáticamente, la independencia, la justicia social, el tratamiento del euskara, la igualdad de la mujer... en fin cualquier tema abordado por ETA como objetivo político es susceptible de ser criminalizado. Al loro.

Simultáneamente a la publicidad de la sentencia, el presidente del Gobierno español anunciaba unos retoques a su equipo de gobierno, para recolocar a los no electos según expectativas, entre ellos Maroto, y lanzaba un mensaje apocalíptico. La prensa ha recogido algunos fragmentos del mismo. A los más curiosos les animo a leerlo en su integridad (está colgado en la página de presidencia del Gobierno hispano y en la web de su partido).

Lo he leído varias veces y en todas ellas, en especial cuando alcanzo a las últimas páginas, una sacudida eléctrica me recorre el espinazo. He creído comprender el desasosiego y el temor que sufrieron decenas de miles de compatriotas, como el citado Joaquín Hernández, cuando civiles y militares luego golpistas, caldearon el ambiente con declaraciones que provocaron el golpe de estado de julio de 1936.

Rajoy apela a un contubernio que llama «frente anti-PP»: «estas maquinaciones de hoy no son más que el preludio de los que puede ocurrir dentro de unos meses si no obtenemos una victoria que lo impida». El presidente español mete en el mismo saco al PSOE («yo creía que compartía con el PSOE los mismos valores constitucionales, el mismo amor a España. Pero ahora veo que no») a los «grupos extremistas, marginales, antisistema o claramente independentistas». Es decir, como marcaba Bush, o conmigo o contra mí.

Esta construcción del relato es muy similar a la que puso en marcha la derecha española en la Segunda República contra el Frente Popular y desembocó en lo que ya de sobra conocemos. De aquellos barros estos lodos. Una literatura demasiado inquietante, en lo que nos corresponde, para todos aquellos que no votamos derecha. Un relato que nos pone en alerta sobre el devenir de los próximos meses. Duros, sin duda.

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Solidaridad con las Herrikos

Tal como hizo en las colonias americanas desde el siglo XV hasta el XIX, Madrid ha vuelto a saquear a una población oriunda, pero esta vez ha sido en una de sus colonias europeas y en pleno siglo XXI.

Aquí lo que nos informan desde Gara:

Se suceden las iniciativas en favor de las herriko tabernas amenazadas

Ayer, de nuevo, se sucedieron a lo largo de Hego Euskal Herria iniciativas de diversa índole en favor de las herriko tabernas pendientes de ser decomisadas por el Estado español a raíz de la sentencia del sumario 35/02 que ha dictado el Supremo. En Donostia, por ejemplo, se anunció la presentación de una moción en el Ayuntamiento al respecto.

Hoy de nuevo se sucederán los actos a favor de las herriko tabernas, al igual que ocurrió el viernes y ayer, cuando fueron muchas las localidades vascas donde hubo movilizaciones. En el barrio donostiarra de Loiola, frente a la sede de Hontza Elkartea, tuvo lugar la comparecencia de un centenar de personas, reivindicando el respeto de los derechos civiles y políticos, que animaron a rubricar una declaración ciudadana al respecto.

Agus Rodríguez, uno de los cuatro donostiarras condenados en el sumario 35/02, recordó que serán cinco los locales que se confiscarán en la capital guipuzcoana, de los 104 que se cerrarán en todo Hego Euskal Herria. Aseguró que en el nuevo escenario que se pretende construir deben de estar garantizados todos los derechos civiles y políticos. «Por lo tanto –subrayó–, no tienen lugar ni lógica alguna las condenas a militantes por su actividad política ni el cierre de las herriko tabernas».

Rodríguez, en nombre de los reunidos, reivindicó que «solo un esquema en el que toda la ciudadanía sea vencedora nos puede llevar a una resolución justa y por lo tanto los pasos a dar tienen que ir en esta dirección». Para solicitarlo, presentarán una moción en el Consistorio que irá avalada por las firmas de vecinos y de diferentes agentes que se sumen a la declaración por los derechos civiles y políticos. En Aste Nagusia llevarán a cabo una movilización, al igual que cuando se tenga constancia del cierre efectivo de los locales por el Estado.

En Loiola, al finalizar la comparecencia, tuvo lugar una movilización por el barrio. También en Donostia, en Alde Zaharra, hubo concurso de pintxos y comida popular en la calle Ikatz dentro de una jornada reivindicativa. En Azpeitia, continuaron las actividades con partidos de pala, comida popular y conciertos en favor de Orkatz. En Oiartzun, se desarrolló una cadena humana por Girizia y en Mutriku hubo una concentración por Zubixa. También hubo movilizaciones en Andoain, Usurbil...

En Zarautz, un centenar de personas posaron para una fotografía en favor del Arrano, algo similar a lo que hicieron en Lasarte-Oria por Xirimiri elkartea. En Trintxerpe, de nuevo, hubo una nueva manifestación en solidaridad con Trintxer elkartea.

En Iruñea, un grupo de vecinos se concentró ante la sede de Zurgai, en el barrio de Txantrea.

En Bizkaia, en Igorre partió una marcha hasta Dima en solidaridad con Axular y Jentilzubi, los locales amenazados. En Galdakao, al mediodía, tuvo lugar una manifestación por Guzur Aretxa. También se llevaron a cabo actos en Balmaseda, y en Zornotza fueron 230 vecinos los que recorrieron en manifestación el pueblo a favor de la herriko taberna, en Lekeitio 600 vecinos, en Sopela 90 y en Elorrio hubo una nutrido movilización ante Portalekua taberna.

En Bilbo, donde el viernes hubo quedadas en Santutxu e Indautxu, ayer tomaron el testigo los vecinos de Uribarri, que realizaron una fotografía, y en el Casco Viejo se efectuó una jornada de sensibilización ante la amenaza a Errondabide. En Larrabetzu, por la mañana, se pintó un mural y a la tarde hubo un acto ante Aretxabala. En Getxo, se realizaron varias iniciativas en Algorta e Itzubaltzeta.

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Ratifican Incautación de Herrikos

Madrid consuma su esperpéntico expolio en contra de la sociedad vasca.

Aquí lo que se reporta desde Naiz:

El TS confirma la incautación de 107 «herriko tabernak»

La Sala Segunda del Tribunal Supremo español ha confirmado la incautación de 107 «herriko tabernak» decretada por la Audiencia Nacional española en su causa general contra HB, cuyo fallo se hizo público en julio del año pasado. Además, rebaja la pena a Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Joseba Alvarez, Karmelo Landa y Juan Kruz Aldasoro.

Alberto Pradilla

El Tribunal Supremo español ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma la incautación de 107 «herriko tabernak» que serán subastadas, según señala el fallo hecho público hoy por la Sala Segunda. Además, los jueces rebajan la pena de prisión a Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Joseba Alvarez, Karmelo Landa y Juan Kruz Aldasoro de tres años de cárcel a 1 año y 10 meses. Los magistrados han estimado parcialmente el recurso de la defensa y han aplicado a los cinco militantes independentistas el mismo grado de atenuante de dilaciones indebidas que se utilizó con los otros 15 encausados, a quienes se mantiene las penas de prisión. Esto implica que, en principio, ninguno tendría que ser encarcelado.

En su exposición, el ponente Juan Ramón Berdugo mantiene las tesis de la Audiencia Nacional española y condena por «pertenencia» o «colaboración» con «organización terrorista» a los 20 dirigentes de la izquierda abertzale que se sentaron en el banquillo en el proceso 35/02, una macrocausa general contra HB, EH y Batasuna.

El fallo, de 728 folios, considera probado que las «herriko tabernak» prestaban «un servicio financiero al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)». Tal y como señalaba la sentencia de la Audiencia Nacional, asegura que se trataban de infraestructuras utilizadas por lo que denomina «organizaciones satélites de ETA» como KAS/EKIN, Jarrai/Haika/Segi, Herri Batasuna o Gestoras Pro Amnistía y que «estaban controladas por el fente militar» de la organización armada. Además, afirma que durante la vista oral quedó probado que los locales de las asociaciones culturales pertenecían a la coalición abertzale ilegalizada en 2003. La sala acuerda dejar sin efecto el comiso de los bienes de Antxeta Elkartea, de Pasaia; Harotz Toki Elkartea e Irati, de Arrasate; y Gorgo Mendi, de Oñati.

Siguiendo con la teoría desarrollada por Baltasar Garzón a finales del siglo XX, los jueces del TS creen que «una organización terrorista» no solo utiliza las armas para conseguir sus fines sino también organizaciones que «aunque parezcan legítimas en su acción política, que en sí misma no es delictiva, obedecen las consignas y funcionan bajo su dirección».

Los magistrados rechazan el recurso interpuesto por la defensa y niegan que se hayan vulnerado los derechos de libertad ideológica, libertad de expresión, reunión, asociación y participar en actos públicos.

Para protestar por la sentencia del Supremo se han convocado concentraciones esta tarde ante las «herrikos».

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Herriko Tabernak y la Justicia-Ficción

Gara trae a nosotros este puntilloso análisis de la sentencia del caso 35/02, o sea, el expolio españolista de las herriko tabernak:

Para reescribir la historia es necesario hasta desdecirse

Decir una cosa y la contraria es una de las claves de una sentencia de 500 páginas que evidencia la motivación política de un fallo que mira hacia la «batalla del relato». Hablar en términos jurídicos de un intento de imponer una versión de «vencedores y vencidos» constituye un ejercicio de justicia-ficción.

Alberto Pradilla

Tanto Joseba Permach como Joseba Álvarez y Arnaldo Otegi fueron absueltos en 2010 de la acusación de «enaltecimiento del terrorismo» por participar en el acto de Anoeta en el que se presentó la propuesta «Orain Herria, Orain Bakea». La sentencia, dictada en diciembre de aquel año por la Audiencia Nacional española, consideró que ni Fiscalía, ni peritos policiales ni acusación particular habían demostrado que hubiese ensalzamiento de ETA y, por eso, no tuvo otro remedio que exculpar a los procesados. Esa circunstancia no ha sido tenida en cuenta, cuatro años después, en el fallo del mal llamado «caso de las herrikos», ya que incluye la participación en el mitin de Donostia como «intervención pública en apoyo» de la organización armada. Es decir, que un acto que no fue considerado como «enaltecimiento» entonces es ahora utilizado como indicio de culpabilidad.

Tratando de comprender la lógica de los sentenciadores, se podría llegar a la conclusión de que, en un tribunal como la Audiencia Nacional, existen diversos jueces con diferentes criterios, lo que explicaría dos resultados contradictorios. No es el caso. Son los mismos togados, Ángel Hurtado y Julio de Diego, los que firman ambas sentencias, diciendo una cosa y la contraria con cuatro años de diferencia. Cuestión que no pasa inadvertida para Clara Bayarri, que emite un voto particular y asegura que ninguna de estas actividades «constituye indicio de delito alguno». Y añade: «salvo criminalización de la disidencia de la que me aparto».

Es cierto que el fallo reconoce que los militantes independentistas fueron absueltos, del mismo modo que admite que no hubo condena en el caso de Udalbiltza, también utilizado como indicio. No obstante, estar en Anoeta o participar en la presentación de la asamblea de electos, y ser criminalizados por ello como si no hubiese existido pronunciamiento judicial, se usa como argumento para la condena hecha pública el miércoles. En la misma línea, se alude insistentemente a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la Mesa Nacional de HB en 1997 y no es hasta pasadas más de 150 páginas cuando se admite que el Constitucional la anuló, lo que sería motivo para no tomar en cuenta ninguna de estas consideraciones. Esta enrevesada lógica podría sorprender, pero es lo que conlleva intentar aplicar principios jurídicos al derecho penal del enemigo: que uno se pierde en un laberinto de argumentaciones contradictorias para terminar certificando que el objetivo político ya estaba fijado; que el «tocho» de folios solo es un barniz para blanquear una causa general contra HB que se ubica en la «batalla del relato»; que, en el fondo, de lo que se trataba era de condenar no solo a dirigentes políticos, sino toda la historia de la izquierda abertzale; que sea la «verdad judicial» la que se imponga, aunque esto implique reescribirse a uno mismo.

Como en el resto de juicios políticos contra el independentismo vasco, existe un sistema que funciona a la inversa de la lógica de un proceso normal. En lugar de buscar indicios para obtener una sentencia, la decisión viene dada. A partir de ahí, toca dotarla de contenido. Durante la vista, la defensa insistió en la inconsistencia de condenar por «pertenencia a organización terrorista» a miembros de un partido que nunca fue declarado como tal, incluso aunque hubiese sido ilegalizado.

Esta es una cuestión clave para la que la sentencia encuentra una solución: afirmar que HB, EH y Batasuna tienen «carácter terrorista» pero con un nivel menor que ETA. Que es «terrorista» a nivel «satélite» y condicionado, para cada uno de los acusados, a su «militancia activa». Algo así como decir que una mujer puede estar medio-embarazada y que luego ya se determinará quién es el padre.

«No es un juicio político»

A la hora de redactar la sentencia, ha bastado con repetir tesis policiales que ya se escucharon en otros procesos políticos y aferrarse a las sentencias de ilegalización. Individualizar era obligado, un trámite solventado al imputar actuaciones como acudir a reuniones o participar en manifestaciones de organizaciones nunca ilegalizadas como Gurasoak. Comportamientos estos totalmente democráticos que, además, ningún imputado ha negado.

Esto «no es un juicio político», repiten los jueces a lo largo de toda la sentencia a pesar de usar como argumento la creencia de que «existiera entre la sociedad vasca una identificación entre ETA y Herri Batasuna». Y por si hubiese dudas entre unos partidos y otros, introducir el concepto «marca Batasuna» es la fórmula para castigar todo.

Si algo dicen claro los dos jueces del tribunal que avalan la sentencia es que su tarea es juzgar cuestiones del pasado y no adecuarse a ciclos políticos, tal y como le reclamaron los imputados a través de la última palabra de Floren Aoiz. Y eso es cierto. Lo que pretenden es sentenciar una historia política. No hay más. De hecho, en los cinco meses que se alargó la vista oral se habló tanto de pasado que, en ocasiones, la sala de San Fernando de Henares no parecía un tribunal sino una clase de historia. Tras leer la sentencia, es evidente que solo se ha tomado en cuenta la fuente policial.

Hasta este punto nadie ha hablado de armas o explosivos, que es lo que cabría esperar de una sentencia sobre «terrorismo». De hecho, estos términos solo aparecen en las últimas páginas de la sentencia, cuando se hace referencia a las herriko tabernak, segundo objetivo y botín de guerra. Y se hace para refutar una tesis que solo emergió en el tiempo de descuento: la frase policial que endosaba enseres de kale borroka a los locales sin citar un solo ejemplo.

No es casualidad que las sentencias políticas de este tipo lleguen antes de la «operación verano», como tampoco lo es su sentido. Frente a los titulares que se ganaron las ocurrencias de Baltasar Garzón en 2002, la sentencia ha pasado desapercibida ante prioridades como el «desafío soberanista» catalán.

Sin embargo, Euskal Herria sigue en el mapa, la realidad les contradice y el fallo significa un movimiento en la «batalla del relato». Pretender imponer una lógica de «vencedores y vencidos» implica una carrera hacia adelante que se sostiene tan difícilmente como el fallo.

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Tesis "Todo es ETA" Reactivada

Desde las páginas de Gara traemos a ustedes este extenso reportaje que da cuenta de la apuesta por parte del régimen español de impedir a toda costa que el actual proceso de paz unilateral en Euskal Herria se consolide.

Lean ustedes:

Dos nuevos juicios políticos reactivan la tesis del "todo es ETA"

Un total de 76 ciudadanos vascos se enfrentan a una petición global de 612 años de cárcel en los dos macrojuicios que comienzan esta semana. Mañana, 40 jóvenes se sientan en el banquillo del tribunal especial español acusados de «integración» en ETA tras ser imputados después de una vasta operación desarrollada en 2009 contra el movimiento juvenil. Y el jueves comienza una larga vista oral que constituye una causa general contra HB, EH y Batasuna.

Alberto Pradilla y Arantxa Manterola

Cerca de doscientos ciudadanos vascos desfilarán esta semana por San Fernando de Henares, el alejado enclave donde se ubica la sala de vistas de la Audiencia Nacional española. De ellos, 76 serán juzgados en dos procesos políticos: el 26/11, contra el movimiento juvenil independentista, que comienza mañana; y el 35/02, la mal llamada causa de las «herriko tabernas», que se inicia el jueves y que constituye una causa general contra HB, EH y Batasuna, estructuras político-institucionales de la izquierda abertzale.

Entre las dos operaciones, diferentes generaciones de vascos que comparten haber sufrido la persecución de la actividad política independentista. Un ciclo caracterizado por elementos como la ilegalización de organizaciones, la «teoría del desdoblamiento», las denuncias de tortura, las acusaciones genéricas o las «listas negras». Unos conceptos que, a partir de mañana, volverán a ponerse sobre la mesa frente al tribunal.

Todo ello, como continuidad de la estrategia del «todo es ETA» diseñada en Madrid desde finales de los años 90 y que pervive pese al nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo decretado por la organización armada hace dos años. Impulsos políticos al margen, los procesos tienen también su propia lógica, sin abstraerse del contexto general. Como reconocen fuentes de la propia Audiencia Nacional, estos juicios constituirán un test para evaluar la influencia de los nuevos tiempos en el debate jurídico sobre los tipos penales que defiende la Fiscalía.

Los números evidencian la magnitud de los procedimientos. Un total de 76 ciudadanas y ciudadanos vascos se enfrentan a una petición global de 612 años de cárcel bajo acusaciones de «integración» o «colaboración» con ETA a causa de su actividad política. Concretamente, 240 años en el caso de los jóvenes (seis para cada uno de ellos, habiendo acumulado un total de 50 de prisión preventiva) y 372 en el de Batasuna (con peticiones de entre 8 y 12 años, y con 28 de prisión preventiva acumulada entre los encausados). Estas son las solicitudes realizadas por Fiscalía, ya que la AVT y Dignidad y Justicia, los dos colectivos ultras que participan como acusación particular, piden un castigo mayor. La defensa, por su parte, aboga por la libre absolución.

Además de los encausados, los representantes de 110 asociaciones culturales están citados el jueves como responsables civiles y se verán afectados por el proceso, cuyas sesiones están señaladas, por ahora, hasta diciembre. Esto implicará un elevado coste personal y económico que los afectados cifran en más de un millón de euros. Una suma a la que hay que añadir 1.750.000 euros que ya han depositado en fianzas.

La gran redada de 2009

Aunque los tiempos y especificidades de ambos procesos son distintos, la motivación política constituye un común denominador. También comparten el modelo de acusación, que se basa en tesis policiales avaladas por jueces instructores (Baltasar Garzón en el caso de Batasuna y Fernando Grande-Marlaska en el del movimiento juvenil) que, posteriormente, los propios agentes van llenando de contenido. Unas prácticas ya aplicadas en macrosumarios como el del 18/98 (que se cerró con importantes condenas) u otros procesos como los desarrollados contra «Egunkaria», Udalbiltza o D3M y Askatasuna (concluidos con la absolución).

El primero de los macrojuicios, el que comienza mañana, tiene su origen en una gran redada desarrollada por Policía española y Guardia Civil el 24 de noviembre de 2009, en la que 35 jóvenes fueron arrestados. La operación, puesta en marcha por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, tiene su origen en dos elementos. Por un lado, el procedimiento de Jarrai-Haika-Segi por el cual el Tribunal Supremo español terminó considerando como «organización terrorista» a los colectivos juveniles de la izquierda abertzale. Por otra, operaciones policiales iniciadas en Nafarroa en 2008 y que dieron paso a la elaboración de «listas negras»: jóvenes que denunciaron públicamente el riesgo que sufrían de ser detenidos.

Por eso, 25 de ellos se ofrecieron para personarse ante el tribunal. El juez lo ignoró. Sin embargo, en abril de 2009, abrió un proceso paralelo que terminó en noviembre con la redada, que sería seguida por otros arrestos. De los 40 procesados, 32 ha denunciado torturas. Un elemento determinante, ya que buena parte de las acusaciones se basan en las declaraciones obtenidas durante el período en el que los jóvenes permanecieron en manos de Policía española y Guardia Civil.

Se amplía la criminalización

Además de los testimonios obtenidos durante la incomunicación, la teoría del «todo es ETA» y las imputaciones se basan en informes policiales, que se sustentan en el material propagandístico o informático hallado en los registros de viviendas y locales, seguimientos y actividades públicas (ruedas de prensa, manifestaciones o encuentros).

En este caso, la acusación amplía el radio y termina por meter en el totum revolutum de Segi (ilegalizado definitivamente en 2007) a todo el movimiento juvenil. De la lógica «Segi es ETA» se pasa al «movimiento juvenil es Segi». Así, tomar parte en una gazte asanblada, en una iniciativa contra el TAV o en un sindicato estudiantil como Ikasle Abertzaleak ya se considera prueba de cargo. Incluso que aparezca la palabra «gazte» en un documento puede utilizarse para apoyar esta tesis.

No obstante, los magistrados españoles tienen ya una jurisprudencia que no se puede pasar por alto. Especialmente, desde la sentencia del Supremo de 2011 por la que se condenó a cinco jóvenes de Oarsoaldea y se absolvió a otros once, en la que se establecía el concepto «militancia activa» como base para imponer castigos.

Tampoco se puede obviar el contexto en el que se desarrolló la macrorredada, muy distinto al actual. Tras el fallido proceso de diálogo entre el Gobierno español y ETA, cerrado en 2006, el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, vaticinó la detención de 200 militantes vascos antes de las elecciones de marzo de 2008. La cifra se superaría con creces.

Estas operaciones, además, llegaron en un momento de intenso debate en el seno de la izquierda abertzale. De hecho, la redada se produjo apenas diez días después de la declaración de Altsasu, donde el independentismo de izquierdas se comprometía con un proceso «pacífico y democrático», y poco antes de la presentación de «Zutik Euskal Herria».

A partir del lunes, los 40 jóvenes se sentarán frente a la Sección Primera de la AN. Por ahora están señaladas sesiones para los días 14, 15 y 16 de octubre (para que declaren los acusados); 2, 6, 7, 25, 26 y 27 de noviembre (policías y guardias civiles), y 9, 10 y 11 de enero (comenzarán los testigos de la defensa). Y no se descarta que se alargue más allá.

La supuesta financiación

El jueves comienza la vista oral del sumario 35/02. Se trata de una causa general contra HB, EH y Batasuna que se ha estirado once años y donde están encausadas personas conocidas por desarrollar labores en la estructura de la izquierda abertzale o en instituciones.

El contexto también tiene gran importancia en este caso. En enero de 2002, PP y PSOE sellaban el denominado «Pacto antiterrorista» que precedió a la Ley de Partidos, pensada como norma ad hoc para ilegalizar a Batasuna. En abril, Garzón ordenaba arrestar a once personas, a quienes vinculaba con las herriko tabernak (en un momento en el que la formación abertzale era todavía legal) y, en julio, decretaba la suspensión de actividades de HB, EH y Batasuna, adelantándose a la sentencia del Supremo.

Una norma, la Ley de Partidos, que no puede utilizarse en este juicio, ya que no determina conductas punibles penalmente. Pese a ello, la acusación sí que ha intentado aplicar de facto algunas de sus líneas maestras para probar sus teorías.

Pese a que mediáticamente se ha vinculado el sumario con las herriko tabernak, lo cierto es que no existe ninguna acusación concreta contra esas sociedades culturales. Genéricamente se apunta a la «financiación de ETA» pero, según indican desde la defensa, «no se dice ni cómo, ni dónde, ni cuánto». De hecho, las únicas menciones que aparecen en el escrito de acusación son un préstamo entregado al diario «Egin», otro a la coordinadora Lurraldea y el pago de tres fianzas de vecinos presos. En este sentido, la acusación ha llegado a acusar a las herrikos de financiar a ETA y viceversa (recibir fondos de la organización armada) sin presentar ningún flujo monetario.

«Vamos a acabar con este juicio antes de que este juicio acabe con nosotros». Es una frase pronunciada por un magistrado, según fuentes de la propia Audiencia, que define cierto estado de opinión sobre este macroproceso. En el actual contexto, ambos juicios aparecen como un anacronismo donde el Estado, inmóvil, sigue aferrado a recetas pasadas.

Once años de espera y hechos que ya fueron juzgados

El macrojuicio contra HB, EH y Batasuna se enmarca dentro de una línea temporal que se inicia con el juicio contra la Mesa Nacional de HB en 1997, prosigue con el sumario 18/98 y se extiende hasta el 4/08, derivado de la redada de Segura y que persigue las actividades de Batasuna, ANV y EHAK. De hecho, muchos de los que se sentarán en el banquillo a partir del jueves ya fueron juzgados en su día por el Tribunal Supremo español y exhonerados de «integración», aunque sí condenados por «colaboración».

Posteriormente, en 1999, el TC anularía la sentencia anterior por violar derechos fundamentales. Todo ello, en un contexto de tregua de ETA dentro del proceso abierto tras el acuerdo de Lizarra-Garazi. En este sentido, cabe recordar que ya en aquella época, el Alto Tribunal no aceptó un informe de la Guardia Civil que ya apuntaba a lo que después constituiría la base de la ofensiva judicial contra el independentismo: la equiparación de Batasuna con ETA. Una tesis que sí utiliza Garzón en 2002 para iniciar el procedimiento, en el que incluye a personas como Floren Aoiz o Adolfo Araiz, que ya fueron juzgadas en su día.

Pese a ello, la Audiencia Nacional ha descartado excluirles del procedimiento ante las demandas de la defensa de que iban a ser juzgados por hechos que ya habían sido objeto de sentencia firme. Un argumento, el de la «cosa juzgada», que sí se aplicó en el caso de Arnaldo Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia e Imanol Kortazar.

Las ansias del magistrado estrella, hoy inhabilitado, le llevaron a plantear el abrir un procedimiento por «crímenes contra la humanidad». La clave aquí, nuevamente, es la «teoría del desdoblamiento», ya que la instrucción defiende que los imputados actuaban como «delegados de ETA» en las sucesivas mesas nacionales.

Desde la apertura del sumario, el impulso político ha sido evidente. Un hecho que puede constatarse con los acelerones y parones que coinciden con momentos concretos. Por ejemplo, dentro de esta misma causa, Garzón emite un auto por el que autorizaba actividades públicas de la izquierda abertzale coincidiendo con el proceso negociador entre el Gobierno español y ETA, que finalizó en 2006.

La larguísima instrucción que hace que los imputados se enfrenten a un juicio once años después de haber sido detenidos o citados en la Audiencia. Por el momento, las sesiones están señaladas para el 17, 18, 21, 22, 23, 29 y 30 de octubre y los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre. Por el momento no hay más señalamientos, aunque un auto previo, más tarde anulado, alargaba hasta febrero las citas judiciales. Sea como fuere, el «visto para sentencia» queda lejos.

Como viene siendo habitual, el juicio reflejará elementos ya conocidos en anteriores macrosumarios: una tesis elaborada por informes policiales, cuya actuación como supuestos peritos cobra gran relevancia y acusaciones generales contra todos los encausados por su mera presencia en estructuras políticas de formaciones legales en esa época.

Cien responsables civiles de «herrikos», citados a la vez

Además de la cuarentena de personas imputadas, el próximo jueves, día 17, también están convocadas en la sala de San Fernando de Henares los responsables civiles de unas cien asociaciones y «herriko tabernak».

La instrucción judicial del sumario 35/02 y las acusaciones de la Fiscalía pretenden establecer que estos organismos populares habrían servido para «financiar» la actividad de ETA. Si el tribunal especial diese por buena esa tesis, podría dictaminar el decomiso de todos lo bienes y pertenencias de dichas asociaciones.

El procedimiento judicial exige que un representante de cada «herriko taberna» esté presente en la sede de la Audiencia Nacional española para que, formalmente, se de inicio al proceso. Dada la cantidad de entidades concernidas, los letrados han intentado, en vano, negociar con el ponente del tribunal para obviar dicho trámite o, cuando menos, delegarlo en los abogados correspondientes, pero este no ha accedido a la demanda.

Por lo tanto, todos ellos deberán acudir a Madrid el próximo jueves y someterse a la diligencia formal. En principio, los letrados están organizándose para agilizarla al máximo e intentarán que esta se finiquite el mismo día.

Pero, visto que las sesiones del juicio solo van a desarrollarse por las mañanas, es posible que falte tiempo material para que el centenar de responsables de las «herrikos» desfile ante el tribunal. En tal caso, el trámite debería proseguir al día siguiente.

Por el momento, eso es lo único que se sabe a ciencia cierta sobre la presencia de las «herrikos», ya que los ritmos de las posteriores convocatorias pueden variar según la evolución del proceso.

Es posible que sus representantes sean llamados a comparecer en fechas ulteriores que, en un principio, podrían situarse en la primera quincena de noviembre, es decir, después de que hayan declarado las personas imputadas. En consecuencia, los responsables de las «herrikos» no estarían obligados a mantener una presencia permanente durante el tiempo que se prolongue la vista.

También puede darse el caso de que algunas de las personas que han sido designadas como testigos por parte de la defensa sea convocada en el transcurso del juicio.

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La Lupa de Europa

Madrid continúa machacando los derechos humanos, civiles y políticos del pueblo vasco, aunque parecer ser que ya no tan impunemente, según nos señala este artículo en Gara:

Imputados en los macrojuicios señalan que Europa «mira con lupa» a Madrid

Los imputados en los macrojuicios que comenzarán la próxima semana hicieron ayer balance de los contactos mantenidos recientemente en Europa. Advirtieron que los organismos internacionales están «mirando con lupa» la actuación del Estado español en estos casos.

En rueda de prensa en Bilbo, sus portavoces Karmelo Landa y Sabin Del Bado explicaron los resultados «fructíferos» de los contactos que han mantenido en las últimas semanas tanto con representantes de las instituciones de la UE como con las irlandesas para explicar los sumarios 26/11 -contra jóvenes independentistas- y 35/02 -contra la dirección de la izquierda abertzale- que se iniciarán en la Audiencia Nacional el lunes 14 y el jueves 17, respectivamente.

Según comentó Del Bado, estos contactos se suman a los mantenidos en el país, donde se han reunido con todos los sindicatos, los partidos políticos -a excepción del PP- y «multitud» de agentes sociales para mostrar su oposición a «los juicios políticos» y defender «los derechos civiles y políticos para todas las personas», así como apostar por «una solución al conflicto que vivimos en Euskal Herria» con un proceso de paz y normalización.

Una delegación de imputados se desplazó recientemente a Estrasburgo para reunirse con todos los grupos de la Cámara europea «incluido el Partido Popular Europeo», a excepción de «la extrema derecha lepenista». Landa apuntó que, tras estos contactos, esperan que en la reunión de este foro en enero pueda abordarse este asunto.

Posteriormente, mantuvieron reuniones con los grupos del Parlamento Europeo en Bruselas, que les mostraron «estupor» por este proceso y «enfado» por el hecho de que el Gobierno español «se esté comportando de esta manera» dos años después del «inicio del proceso de paz». Además, Landa avanzó que «ahora mismo hay iniciativas institucionales en marcha», aunque eludió detallarlas hasta que se concreten. Subrayó que el Estado español «está siendo analizado con lupa por instituciones muy importantes de Europa y también en las Naciones Unidas».

En este sentido, incidió en que el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, realizó «una lectura crítica muy dura sobre la aplicación de la tortura», y recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará próximamente sobre la doctrina 197/2006. Además, indicó que la Asamblea parlamentaria «está ya estudiando los macroprocesos y los procesos de paz».

Landa manifestó que la ONU emitió un dictamen en 2009 en el que se establecía que, aunque una organización esté ilegalizada, «la práctica de actividades políticas legítimas jamás pueden ser penalizadas», y destacó que representantes de este organismo están analizando «el genocidio del franquismo».

Consideró que los dos procesos que comienzan la próxima semana deberían «ser ya invalidados», aunque reconoció que «nos tememos que no vaya a ser esa la intención de la Audiencia Nacional». En cualquier caso, aseguró que «no hay marcha atrás en el proceso de paz», a pesar de que «da la impresión de que hay diferentes instancias en el Estado español que no están interesadas» en que se dé.

También se cursó una visita a Irlanda, donde se entrevistaron en Belfast con representantes de los grupos políticos del Parlamento, así como con el viceprimer ministro del Gobierno norteirlandés Martin McGuiness.

El PNV manifiesta su «absoluto rechazo» al inminente juicio por el sumario 35/02

Ante el inminente inicio del juicio por el sumario 35/02 contra la dirección de la izquierda abertzale, el PNV hizo público ayer un comunicado en el que señaló que este proceso «recuerda a otros que nunca debieron haberse iniciado», entre los que cita el 18/98 o el de «Egunkaria». Por ello, mostró su «absoluto rechazo» al mismo.

Los jeltzales subrayaron que todos estos casos tienen en común «un claro sesgo e inspiración políticas» en que los encausados «resultaban acusados de militancia o colaboración con ETA, bajo el único argumento de la vinculación de sus legales y legítimas actividades culturales, periodísticas o políticas a las órdenes y a las posiciones emanadas de ETA».

El PNV recordó que todo ello se produjo en un contexto «presidido por la filosofía que llevó al Gobierno del PP, con la colaboración del PSOE, a articular la Ley de Partidos y los subsiguientes procesos de ilegalización». A su parecer, la historia «se repite» a pesar de que este juicio «se va a desarrollar en un contexto absolutamente distinto».

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Asunto Europeo

En Bruselas se han encargado de dimensionar correctamente la andanada de vulneraciones a los derechos del pueblo vasco perpetradas por el régimen español no digamos hace 70 años sino en tiempos más recientes.

Y es que el tema es bastante lógico si se le analiza objetivamente. Si en el estado francés habitan vascos en tres provincias históricas y dentro de las mazmorras jacobinas se encuentran privados de su libertad ciudadanos nacidos en Iparralde... ¿cómo puede ser el tema vasco un "asunto interno" del estado español?

Aquí lo que nos reporta Gara:

«No es un asunto interno español, es también europeo»

La denuncia de la vulneración de derechos civiles y políticos llegó ayer a Bruselas. «¿Cómo podemos pedir a países de fuera de la UE que cambien sus sistemas judiciales para alinearlos con los principios democráticos europeos cuando dentro de nuestras propias fronteras no se aplican?», preguntó Demesmaeker (Friendship).

Josu Juaristi

La rueda de prensa convocada por el Grupo Friendship del Parlamento Europeo tuvo lugar a las 13:00 horas en la sala 5G2 del edificio Spinelli, en Bruselas. Junto a François Alfonsi (Corsica), Tatjana Zdanoka (Letonia) y Mark Demesmaeker (Flandria), comparecieron Karmelo Landa y Aritz Lopez en representación de los inculpados en los sumarios 35/02 y 13/2009, que llegarán a juicio en diez días.

Los miembros del Friendship expresaron desde el primer momento su preocupación por la negativa del Gobierno español a dar pasos hacia la consecución de un escenario definitivo de paz y democracia para Euskal Herria y calificaron tanto la reciente operación contra Herrira como los próximos macrojuicios de «flagrante violación de sus derechos civiles y políticos».

«No son terroristas, son idealistas», apuntó Demesmaeker, para añadir a continuación que ni los juicios próximos ni las operaciones judiciales y policiales tienen ya sentido alguno.

Karmelo Landa y Aritz Lopez habían llegado a Bruselas procedentes de Estrasburgo, donde mantuvieron contactos durante dos días con representantes de todos los grupos presentes en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, labor que podría dar sus frutos de cara a la próxima sesión de una Asamblea que reúne a casi cincuenta estados europeos.

Esta «ofensiva diplomática» de exposición y denuncia por la vulneración de los derechos civiles y políticos se completa estos días con la presencia de otras delegaciones vascas en Edimburgo, Dublín y Belfast.

Preguntado por la acogida que dicha exposición de hechos y denuncia han recibido, Karmelo Landa apuntó a GARA que todos los grupos con los que han mantenido reuniones les han expresado su estupor, sorpresa e indignación por las medidas que el Estado español está adoptando, contra ellos y contra el proceso en general.

Los tres representantes del Grupo Friendship en el Parlamento Europeo expusieron su preocupación por la negativa del Gobierno español y le hicieron ver que es tiempo de dar pasos positivos.

«Hemos recibido un Nobel»

El ámbito de la rueda de prensa era el europeo, y a la Unión Europea se dirigieron los oradores del Friendship, especialmente el diputado europeo flamenco, tanto ante la prensa como, posteriormente y con mayor énfasis, con GARA: «La UE es un proyecto de paz, incluso hemos recibido un Nobel por ello, así que no es aceptable que el Estado español actúe contra todo lo que va dirigido a buscar la paz». Mark Demesmaeker incidió en la idea de que la UE no puede pedir a terceros países que respeten y apliquen los principios democráticos europeos cuando dentro de sus fronteras un Estado, el español, aplica una doctrina como la 197/2006.

Todos insistieron en que «la Unión Europea debe promover la democracia y los derechos humanos tanto fuera como dentro de sus fronteras». Y el Parlamento Europeo, sentenció François Alfonsi, debe ser garante de ello.

En opinión de la diputada europea letona, « la actitud del Estado español es contraria a lo que la UE promueve, y es por lo tanto condenable».

Añadió Alfonsi que el bloqueo del Estado español -y del francés, subrayó- es particularmente negativo. El parlamentario corso criticó con decisión tanto la «radicalización» del Gobierno español como el rigor de su política penitenciaria. Agregó que todas las opciones para solucionar el conflicto están abiertas e instó a las autoridades españolas a actuar con inteligencia.

Recordó Landa, antes de tener noticia de lo que estaba sucediendo con los detenidos pero sin que la decisión judicial sobre ellos redujera un ápice la fuerza de sus palabras, que la operación contra Herrira no hacía sino rubricar el alcance y la gravedad de la denuncia que trasladaban a Europa. Y remarcó que el arranque de los dos macrojuicios paralelos coincidirá en el tiempo precisamente con el segundo aniversario de la Declaración de Aiete. Servía este contrapunto para reflejar algo que planeó en todo momento sobre la mesa de la sala 5G2 del Parlamento Europeo: la enorme brecha abierta entre la actitud firme y democrática de un pueblo comprometido con el proceso de paz y la democratización y las «actuaciones del pasado» del Gobierno español. En este punto, Tatjana Zdanoka habló de «persecución de otro tiempo» y «provocación».

Demesmaeker, en la charla posterior con GARA, insistió en que su apoyo a los encausados es absoluto y en que seguirán trabajando con denuedo para que el Parlamento Europeo y la UE aborden una cuestión que «no es interna» sino europea, porque todo el mundo está implicado en la medida en que los principios de derechos humanos y de justicia, de buena justicia, son universales.

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Respuesta de Pueblo

Les recomendamos la lectura de reportaje que publica hoy Gara:

Diferentes vértices de una angustia colectiva y una única solución: «activar la lucha por los derechos»

Representantes de distintos colectivos que se ven perjudicados por el actual modelo político, social y económico han expuesto sus casos ante los medios. Abogan por «la unidad y la lucha» para darle la vuelta a una situación «terrible». Como siguiente paso, llaman a la ciudadanía a participar en la manifestación del viernes en Bilbo convocada por EH Bildu para activar el compromiso en defensa de los derechos colectivos.

Mikel Pastor

A primera vista, poco tienen en común los protagonistas de la foto que ilustra este reportaje. Edades, procedencias, intereses y situaciones personales diferentes. Pero hay nexos de unión que superan cualquier diferencia: ser víctima, directa o indirecta, de las injusticias generadas por el sistema capitalista, y la defensa de los derechos que se han perdido en ese camino, ya sean estos laborales, políticos, civiles o simplemente festivos.

Maribi Luque y Esther Sola trabajaban en Modas Mariluz hasta que el responsable de la empresa decidió presentar un ERE de extinción de contrato. Destacan que, a pesar de «estar completamente forrado», el empresario decidía despedir a las siete trabajadoras, que llevaban 37 años en ese puesto. «No estábamos acostumbradas a salir a la calle y pelear, pegar carteles y estar en diferentes movilizaciones, pero nos dimos cuenta de que la unidad y la lucha son la única solución y la única vía para recuperar nuestros derechos», explican ambas ante la mirada de aprobación de los demás asistentes.

El caso de Incoesa es tal vez más conocido, aunque no menos dramático. Los trabajadores de esta empresa ubicada en la localidad de Bedia llevan más de tres meses acampados frente a la fábrica para evitar la deslocalización. «Se quieren llevar la fábrica a Cáceres, el lugar del Estado español con menos derechos laborales, ofreciéndonos seguir en la empresa pero bajándonos un 40% el sueldo, algo absolutamente inaceptable», comentan ante los micrófonos Juan Jesús Sánchez e Iñigo Rekagorri.

Responder «como pueblo»

A su lado se encuentran Sabin del Bado y Karlos Renedo, encausados en procesos como el 35/02 o el macrosumario contra la juventud independentista, cuyas vistas comenzarán en octubre. Ambos refrendan que estos juicios políticos «no son los primeros de este tipo, ni serán los últimos» y recuerdan que hay decenas de encausados «por el mero hecho de haber realizado una labor política». Para superar esta situación, apuestan por un cambio de modelo, de sistema, empezando por «hacer frente a estos atropellos jurídicos como país, como pueblo, porque es un ataque contra Euskal Herria, no solo contra nosotros». «Tenemos que pensar en el futuro, en la realidad que queremos dejar a las siguientes generaciones», manifiestan.

En último lugar intervienen dos comparseras que conocen de primera mano el modelo popular y participativo de Aste Nagusia. Se trata de Patricia Lezama, de Mekauen!, y de Ane Muguruza, de Kaskagorri, una de las comparsas más perseguidas por los tribunales y por el propio Consistorio bilbaino. «Los ataques contra el modelo festivo han sido constantes: prohibiciones, trabas, alejamiento de las zonas festivas, falta de ayudas... Está claro que el modelo popular les molesta y quieren acabar con él», resume Muguruza.

Lezama, que fue txupinera en las fiestas de 2011, se refiere al penúltimo ataque, el veto político y judicial a la representante de Txori Barrote, Jone Artola. «Está claro que quien no traga con su modelo, con su sistema, sobra y hay que perseguirlo, como ha ocurrido con Jone», indica.

Todos ellos concluyeron señalando que la lucha «es hoy más necesaria que nunca» y animando a tomar parte en la manifestación que este viernes arrancará a las 12.00 desde la plaza Moyua (Elíptica).

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