El Fin de la Ley Mordaza

En este blog hemos denunciado la Ley Mordaza desde el día uno.

Este reportaje de Naiz nos adelanta que dicha legislación antidemocrática puede estar llegando a su fin:

Plácet de la mayoría de investidura a tramitar la ley que acabará con la Mordaza

Los votos de la mayoría de investidura permiten que arranque la tramitación de la Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad, que sustituirá a la controvertida Ley Mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Podemos y Junts han exigido más cambios, al igual que BNG.

Agustín Goikoetxea

La mayoría de investidura ha dada luz verde esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados al inicio de la tramitación la proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, que persigue acabar con los aspectos más lesivos de la Ley Mordaza. Podemos y Junts, que han anticipado enmiendas para profundizar en la reforma en la tramitación posterior, han votado a favor sumándose a PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, impulsores de la reforma legislativa. El resultado de esta toma de consideración ha sido de 176 síes frente a 170 noes.

Este proyecto, que se ha convertido en un nuevo ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, será admitido con ello a trámite, tal y como han anunciado los diferentes grupos parlamentarios que han explicado su posición en la sesión plenaria. Se aprueba además el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, para que la ley se apruebe a final de año o al inicio de 2025, cuando se cumple una década de la aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No ha habido sorpresa, ya que horas antes la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y su homólogo en el PSOE, Patxi López, habían avanzado que disponían de los apoyos necesarios para arrancar con la tramitación parlamentaria.

La mayoría de investidura tiene enfrente a PP, Vox y UPN, que se han manifestado por la mañana ante la Cámara Baja junto a sindicatos de policías y guardias civiles contra la reforma, afirmando que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes. En esa protesta ha estado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha compartido espacio junto a Javier Ortega Smith, de Vox, y la exdiputada ultraderechista Macarena Olona.

Por la tarde, los representantes de Jucil y Jupol han acudido a la tribuna de invitados para seguir la sesión, menos los minutos en que ha intervenido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Tras la pose, Núñez Feijóo no se ha sentado en su escaño por la tarde en el debate.

Las movilizaciones de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales han estado muy presente en las primeras palabras del diputado del PSOE David Serrada, que ha saludado la presencia de sus portavoces y les ha asegurado que la nueva ley protege tanto a los agentes como a la ciudadanía frente al recorte de derechos que propició en 2015 la mayoría absoluta del PP.

Serrada ha sostenido que se encontraban ante uno de los debates «más relevantes» de la legislatura, que ha sostenido que busca profundizar en un modelo de seguridad en el que prime la defensa de derechos y libertades.

«Urgencia democrática»

Enrique Santiago, de Sumar, ha considerado que esta ley es una «urgencia democrática», que busca derogar todos los «contenidos liberticidas» de la Ley Mordaza. El diputado ha reclamado «tranquilidad» a los sindicatos policiales, a quienes ha pedido que no se dejen «manipular» por el PP, subrayando el respaldo alcanzado en torno a esta proposición de ley.

Santiago ha abogado por que se tramite con celeridad, al estimar que es la «última oportunidad» para dar un giro desde un punto de vista progresista. Tras enumerar aspectos de la propuesta legislativa, ha incidido en que se recogen «reivindicaciones históricas» de asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha remitido una comunicación a los grupos parlamentarios para que respalden la toma en consideración, aunque reconoce que hay que ir más allá.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu ha defendido el acuerdo alcanzado con el PSOE, centrando su primer turno en los puntos que han propiciado el acercamiento de posturas, como son acabar con la discrecionalidad en sanciones tanto por falta de respeto a la autoridad como por desobediencia, poner fin al uso de pelotas de goma y erradicar las devoluciones en caliente en la frontera.

Iñarritu ha recordado que la reforma va en sintonía con las reivindicaciones de organizaciones sociales pero también de la Comisión de Venecia, Consejo de Europa y relatores de Naciones Unidas. El independentista vasco ha destacado que esta iniciativa supone una «nueva oportunidad» para «acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana».

El jeltzale Mikel Legarda ha criticado el acuerdo bilateral entre PSOE y EH Bildu, en vez de haber abordado una negociación más amplia «para limar diferencias». Por ello, ha avisado «que no dan por cerrados acuerdos en los que no hayan participado previamente».

El diputado del PNV ha adelantado que se reservan «el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión fruto del equilibrio de cesiones mutuas que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada», en referencia, por ejemplo, al empeño de su partido por preservar el principio de autoridad en manos de los policías.

Desde las filas de ERC, Francesc Marc Álvaro ha admitido que la proposición de ley podría ser menos ambigua si fijara una fecha concreta para la prohibición de las pelotas de goma o eliminara explícitamente las devoluciones en caliente. «Pero la política es ponerse de acuerdo», ha asumido, antes de congratularse de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda dejar de ser la «ley bozal», una normativa que, ha incidido, «nos acercaba más a Turquía que a Suecia».

Néstor Rego, del BNG, ha expuesto que realizarán aportaciones a la ley para que sea «plenamente respetuosa con los derechos democráticos», algo que decantará el sentido de su voto. Ha lamentado, a la vista del contenido de la redacción de la propuesta de ley, que no se vayan a evitar excesos policiales.

Falta firmeza

Josep Pagès, de Junts, ha advertido de que no están dispuestos a aceptar «el chantaje de la adhesión total o nada», apuntado a que presentarán distintas enmiendas, como la que fije la desaparición del uso de las pelotas de goma, ya que entienden que falta firmeza en esa intención, y ha lamentado que la reforma se limite a «pulir» los aspectos más lesivos de la legislación actual pero «sin enfadar» a los sindicatos policiales.

Antes, Martina Velarde, de Podemos, ha considerado «insuficiente» el contenido de la proposición, calificándola de «reforma parcial». Así, ha citado el caso de las devoluciones en caliente, cuya desaparición –entiende– pende de una posterior reforma de la Ley de Extranjería, para la que se fija un plazo de seis meses.

Para esta formación, la derogación de la Ley Mordaza está en el punto de marzo de 2023, cuando EH Bildu y ERC no la apoyaron finalmente por insuficiente, avanzando que presentarán enmiendas para profundizar. «Llegamos muy tarde», ha alertado Velarde, recordando las «cientos de miles» de personas afectadas.

En un tono bronco, Miguel Tellado, del PP, ha denominado la iniciativa como «la ley Otegi de inseguridad ciudadana», asegurando que EH Bildu se ha cobrado su «precio más apetitoso al rebajar la protección a un colectivo que siempre ha tenido en el punto de mira». «Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar al PSOE», ha enfatizado.

En esa línea, Alberto Catalán, de UPN, ha dicho que «serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la kale borroka, los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones».

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Egaña | Los Códigos de la Venganza

Desde Facebook traemos para ustedes este texto de la autoría de Iñaki Egaña.

Para reflexionar con respecto a los mecanismos espurios que utilizan Madrid y París para mantener a los presos políticos vascos en prisión.

Adelante con la lectura:

Los códigos de la venganza

Iñaki Egaña

En breve se conocerá la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre la excarcelación de Jakes Esnal y Jon Parot, presos vascos que llevan en prisión más de 32 años. Este tribunal ya había ofrecido su opinión a favor de la salida en condicional, pero un recurso de la Fiscalía la abortó, siguiendo los dictados de ese estado profundo, también en Francia, que aplica el código penal, no como castigo o redención, sino como venganza.

La extensión en el tiempo de las condenas son decisiones exclusivamente políticas. En 2002 llegó la involución con Aznar presidente de Gobierno hispano y Michavila ministro de Justicia con la Ley de Partidos y las ilegalizaciones consiguientes. Y un año más tarde con la modificación del artículo 76 del Código Penal para ampliar las penas por terrorismo de 30 a 40 años y el recorte de los “beneficios penitenciarios”. Un eufemismo, la ampliación a las cuatro décadas de presidio, para integrar en el código penal la cadena perpetua, cuestión que en el Estado francés se manifiesta en su legislación, con un “periodo de seguridad” antes de salir en condicional que habitualmente suele ser de 22 años.

Filip Bidart, miembro de Iparretarrak detenido en 1988, fue condenado a dos cadenas perpetuas, entre otras penas, y cumplió casi 19 años de prisión antes de abandonar el confinamiento. Marc Rouillan, militante de Acción Directa, detenido en febrero de 1987, fue condenado a perpetua. Salió de prisión, en régimen de semilibertad, en 2007, aunque un año más tarde retornó a presidió por haber infringido, según la fiscalía, la condicional. Volvió a la calle en febrero de 2011.

De sobra es sabido que la ley no es igual para todos, en especial en los momentos donde los conflictos han sido enconados. Los ejemplos de las condenas, indultos e impunidades por torturas o crímenes de Estado sirven para ilustrar la desviación de la balanza. Los escenarios también importan, y no es lo mismo ser ciudadanos de metrópolis coloniales (París y Madrid) donde la aplicación de la pena de muerte era masiva en tiempos de revueltas, que ser ciudadanos de países históricamente sojuzgados. La desaparición constitucional de la pena de muerte trajo las cadenas perpetuas.

Sorprende, en este caso, que los códigos de la venganza sean de mayor extensión en espacios de sociedades avanzadas. En Hego Euskal Herria tenemos un ejemplo cercano, el de la dictadura franquista. En los primeros años, el tirano ejecutó a opositores, sindicalistas y republicanos. Hasta la caída del fascismo en Europa, cuando los Aliados entraron en Berlín.

El código penal español vigente fue precisamente de 1944, con pena de muerte incluida, revisado en 1963 y reformado en 1967 y 1971. En 1973 el franquismo alumbró un nuevo código penal con el que aún hay presos vascos en prisión, porque fueron juzgados por hechos anteriores a 1995. En 1959 se promulgó la Ley de Orden Público y en 1960 el Decreto de Bandidaje y Terrorismo. El Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, primero, y el Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, después, se convirtieron en los instrumentos.

Fueron decenas de miles los presos en España al finalizar la guerra civil. Pero, probablemente por razones de índole laboral, necesidad de mano de obra, las libertades provisionales se convirtieron en habituales. Un memorando del Gobierno de la República en el exilio señalaba que eran cerca de 300.000 los presos españoles en libertad provisional. Las condenas a muerte fueron extraordinariamente numerosas, pero a partir de las fechas señaladas la casi totalidad fueron conmutadas por cadenas perpetuas que para muchos presos no pasaron de los seis años. Eso sí, en unas condiciones infrahumanas.

Hubo excepciones. En los medios hispanos habrán leído que Fernando Macarro (conocido como Marcos Ana, fallecido en 2016) fue el preso político que más tiempo pasó en prisión, 22 años, cerca de 9.000 días. Encarcelado en prisión con 18 años, en 1939, salió con 41, en 1961. Con todo lo que esa carga supone, la realidad es que fue un vasco quien más tiempo estuvo en prisión. Jacinto Ochoa Marticorena, natural de Uxue: 28 años, de los que 20 lo fueron en la cárcel de Burgos. Marcelo Usabiaga, maquis y militante del PCE, pasó 21 años en prisión.

La tónica, sin embargo, fue la de, por ejemplo, Juan Ajuriagerra, el líder del PNV que negoció el Pacto de Santoña para concluir la guerra una vez que las tropas fascistas se hicieron con el control del territorio de Bizkaia. Ajuriagerra, que fue el hombre que manejó el partido jeltzale en la clandestinidad, fue detenido en 1937, condenado a muerte, conmutado, alejado en 1942 a la prisión de Las Palmas y en libertad provisional en junio de 1943. El bando franquista había ganado la contienda, tuvo aliados sólidos en la Guerra Fría y se sabía imperecedero. La cárcel no era escenario de campaña, al menos para el fascismo.

Desde octubre de 1945 hasta 1977, el régimen franquista aplicó hasta 13 indultos, al margen de la Ley de Amnistía que vació las cárceles de presos políticos vascos, con alguna excepción, y deportó a una veintena a países europeos. Fueron indultos por razones incluso frívolas (año jacobeo, toma posesión nuevo dirigente de El Vaticano, proclamación de un rey como sucesor del dictador…). Pero que supusieron la salida de prisión de centenares de presos vascos, incluidos decenas de internos acusados de pertenecer a ETA.

En 2010, el fiscal de la Audiencia Nacional pidió 33 años a cada uno de los cuatro jóvenes de Barakaldo juzgados bajo la acusación de quemar un cajero, en un acto de los denominados de kale borroka. Una prueba más de esa justicia punitiva ligada a la venganza. Es evidente que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Pero es notorio, asimismo, que la venganza se ha ido refinando con el paso del tiempo. Los códigos penales son una buena muestra de ello. Y el que está en vigor es más punitivo, retributivo en años y vengativo que el último del franquismo.

 

 

 

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Revictimizan a Jon Crespo

Lo dicho, Roma no paga a traidores y la Audiencia Nacional está para dejarlo muy claro tanto a Iñigo Urkullu como a Beatriz Artolazabal -por no mencionar al impresentable de Jonan Fernández-.

No les ha importado el informe colaboracionista, ellos a los suyo, a continuar aplicando la excepcionalidad en contra de los represaliados políticos vascos, aprovechando claro el apoyo que han recibido desde Estrasburgo.

Aquí lo que nos informa Naiz acerca de la más reciente agresión:

Jon Crespo, segundo vasco devuelto a prisión tras revocar la AN el tercer grado

Como ocurrió hace unos meses con Unai Fano, la Audiencia Nacional ha decretado el reingreso en prisión de otro vasco, Jon Crespo, que se encontraba en tercer grado desde octubre. Reta con ello tanto a Instituciones Penitenciarias, que lo aprobó, como a Lakua, que tiene la competencia sobre Basauri.

Ramón Sola

El vecino de Galdakao Jon Crespo Ortega ha recibido orden de reingreso en prisión tras revocar la Audiencia Nacional española el tercer grado concedido hace cuatro meses, según ha confirmado y denunciado Etxerat. La medida ha sido adoptada tras la presión de la Fiscalía, que recurrió esta progresión. Y en esta ocasión quien la firma no es la sala superior, sino el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Se trata de un caso idéntico al de Unai Fano hace unos meses, que sentó un inquietante precedente, sin olvidar que no es el único recurso de la Fiscalía contra estos casos, que por cierto son muy puntuales hasta la fecha (en torno a una decena a día de hoy).

La concesión del tercer grado a Crespo fue anunciada el 29 de setiembre del pasado año, cuando estaba en la cárcel cántabra de El Dueso, y partió de la propuesta favorable de la Junta de Tratamiento de ese penal, que fue aprobada por Instituciones Penitenciarias. Conllevó su traslado a Basauri, que se materializó unos dias después, justo en la semana en que el Gobierno de Lakua asumió la competencia.

Desde entonces, por tanto, Jon Crespo Ortega estaba en la calle en tercer grado: algo más de cuatro meses hasta que ha llegado este varapalo de la Audiencia Nacional.

Se da la circunstancia de que en realidad Crespo debería encontrarse en libertad condicional por haber cumplido la parte correspondiente de la condena, al igual que otras decenas de presos y presas vascas. La propia nota de Instituciones Penitenciarias que comunicó el tercer grado en setiembre explicitaba que había superado los tres cuartos de cumplimiento un mes antes, en agosto. Lleva encarcelado desde 2002; veinte años.

Doble desautorización

La maniobra confirma los obstáculos de la Audiencia Nacional contra el desarrollo de la vía legal, denunciados desde Behatokia del Foro Social hace ya más de medio año. Y conlleva además un doble desafío o desautorización: por un lado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente del Gobierno español-, que aprobó ese tercer grado en setiembre entendiendo que se cumplían todas la condiciones para ello, y por otro para el Gobierno de Lakua, que desde octubre tiene la competencia de prisiones en la CAV, dado que Crespo está asignado ahora a la cárcel de Basauri.

Cabe recordar aquí que los nuevos responsables de gestión penitenciaria en la Administración Urkullu han marcado el objetivo de subir el porcentaje de personas presas en régimen de semilibertad del 25% actual al 40%, sin hacer excepciones para los condenados por acciones de ETA o «kale borroka». Pero también es cierto que ante el caso de Fano mostraron públicamente un deseo de «no confrontar» con la Audiencia Nacional. Ambas cuestiones se reflejaban en la entrevista a Jaime Tapia, encargado de diseñar el «sistema penitenciario vasco», en NAIZ.

El tercer grado puede considerarse como el mayor punto de fricción actual de la batalla legal de EPPK para abrir las puertas de las prisiones. Por un lado, si bien el primer grado prácticamente se ha eliminado por completo, las progresiones de segundo a tercer grado solo están siendo aprobadas con cuentagotas por las instituciones penitenciarias de Madrid y Gasteiz. Y en paralelo, Fiscalía y Audiencia Nacional han forzado estas dos regresiones contra el criterio de las juntas de tratamiento de las propias cárceles.

Etxerat: «Derecho a la reintegración»

Etxerat ha expresado en una nota su indignación por esta regresión de grado, destacando que «en todo este tiempo, el preso vizcaino ha estado en la calle, ha cumplido todos los requisitos que se le han exigido sin haber hecho, en ningún caso, mal uso de su clasificación».

«Queremos denunciar que la AN española vuelve a constituirse en obstáculo para que los y las presas vascas puedan ejercer sus derechos y recorrer su camino por la legalidad penitenciaria. El auto comporta mayor excepcionalidad, si cabe, ya que conculca el derecho a la resocialización de una persona que se encontraba desde hace cuatro meses en la calle con total normalidad, respetando todas las condiciones impuestas», añade.

Etxerat tampoco pasa por alto que «tras este tipo de resoluciones, además, no se encuentra solo el preso, sino que hay una familia y un entorno, más si cabe porque si se les aplicara la ley ordinaria buena parte de los presos y presas vascas deberían estar ya en su casa. Consideramos que nuestros familiares presos tienen derecho a seguir avanzando en la resolución de las consecuencias del conflicto, y como en este caso de Jon Crespo, tienen derecho a la reintegración en la sociedad vasca».

Sare convoca el sábado

Sare ha manifestado en una valoración de urgencia que este regreso a prisión ordenado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria «supone un acto más en intento de obstaculizar el camino hacia la convivencia». Y avanza la convocatoria una manifestación el sábado a las 13.00 en Galdakao.

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Egaña | ¿Quién Mató a Joserra Asua?

Una víctima vasca más del terrorismo de estado español.

Así nos lo relata Iñaki Egaña en su cuenta de Facebook:

¿Quién mató a Joserra Asua?

Iñaki Egaña

El 12 de setiembre de 1982, ahora hace 39 años, dos jóvenes huían a la carrera de la Guardia Civil, en Durango. Uno de ellos pudo eludir la detención y se escondió durante unas semanas. El otro desapareció. Su familia y amigos le buscaron, sin resultado. Hasta que cuatro días más tarde su cadáver apareció en un regato de Durango. El expediente de las diligencias abiertas por un juez ha desaparecido del juzgado, lo que ha avivado las sospechas de una muerte violenta. Se llamaba Joserra Asua Zelaieta, tenía 23 años y era natural de Berriz.

La década de 1980 fue vertiginosa. Varias organizaciones armadas se disputaban la hegemonía de la lucha frontal contra el Estado. Detenciones, torturas, activismo, guerra sucia, un golpe de Estado... En este contexto y en Durango, un grupo de cinco jóvenes, entre los que se encontraba Joserra Asua, ejecutó diversas acciones de sabotaje, lo que hoy interpretaríamos como "kale borroka". Cortes de carretera, explosivos caseros, etc. en favor de los presos políticos vascos.

Berriz y Durango están hermanados por la cercanía. La impronta de la muerte de Alberto García Mármol y Jesús Mari Arrazola, dos vecinos de Durango apenas de 21 años y 19 años, militantes de ETA, emboscados por la Guardia Civil en Gernika en mayo de 1978, marcó a toda una generación. Fueron decenas los jóvenes que se incorporaron a organizaciones políticas clandestinas, incluso a ETA.

En noviembre de 1980 fueron detenidos numerosos jóvenes de Iurreta y Durango, entre ellos el ya escritor Joseba Sarrionandia. Otros marcharon al exilio. Fueron las referencias del grupo de Asua. La senda de aquellos cinco activistas siguió su curso biológico. Asua murió ahogado. Su compañero de fuga ha sobrevivido, mientras que de los otros tres uno se encuentra hospitalizado, gravemente enfermo, y los otros dos fallecieron, uno de ellos en circunstancias trágicas, ahorcado.

El recorrido natural de estos grupos era "hacer méritos" para luego entrar en ETA. La relación para tal aventura la hacían a través de refugiados al otro lado de la muga que conocían por su cercanía. Fue el caso de este grupo, que se desplazó en varias ocasiones a Ipar Euskal Herria y mantuvo contactos con vecinos que conocían antes de la caída de 1980. No entraron, a pesar de su interés, en la organización armada. Su actividad, sin embargo, era similar a la de un comando. Tenían incluso un zulo para guardar material.

El sábado 11 de septiembre de 1982, dos integrantes de este grupo, uno de ellos Asua, se dirigieron a Ipar Euskal Herria para contactar con un refugiado con el que habían puesto una cita. Viajaron en coche propio, en Donostia pasaron la mañana y al rato de tomar el camino de la muga, cerca de Irun, se les cruzaron en la carretera varios coches de paisano que les tuvieron retenidos durante dos horas. Se asustaron tanto que no cruzaron la muga y entraron en una pensión de la que no salieron. Al día siguiente volvieron a Durango.

Al mediodía del domingo día 12, Asua llamó a su ex compañera, con la que hacía un par de meses había roto, para poner una cita y que le ayudara a escapar al otro lado de la muga. Joserra estimaba que ya estaba “quemado” y después de lo sucedido en Irun la víspera, su detención era cuestión de tiempo. Pusieron la cita para el 13, en Getaria. Ella preparó el pase y esperó dos días a que Asua asomara. Infructuosamente. Jamás apareció.

Al atardecer de ese mismo día, Asua y el otro compañero quedaron en Durango. Asua apuntó a su compañero que estaba inquieto por coches y gente de paisano que había detectado en los alrededores de su casa, en Berriz. Según su opinión eran los mismos que les habían retenido el día anterior. Como coinciden sus cercanos y ex compañera, Asua era un joven tranquilo, nada paranoico incluso en situaciones comprometidas. Su intranquilidad parecía justificada.

Para hablar de qué hacer ambos colegas se fueron hacia Iurreta, y cuando estaban en las cercanías del puente, en la actualidad frente al supermercado de la marca Eroski, volvieron a ver a los que supusieron les habían retenido la víspera. Un lugar donde estaba la antigua fundición San Miguel, ya desaparecida. Pasaron rápidamente por la fundición con el objetivo de ir hacia el monte y desaparecer varios días.

En ese momento surgieron cuatro o cinco lands rovers de la Guardia Civil. Iban a por ellos. Así que salieron corriendo, siempre por terrenos de la fundición. Uno corrió por el río, y Joserra en otro sentido. El compañero logró escapar- Joserra Asua, sin embargo, desapareció. No llegó a casa y su familia denunció la falta. La espera se hizo larga, y removieron su cuadrilla, su entorno, repasaron los bares y lugares habituales, sin resultado. A los cuatro días de la persecución, Asua apareció en una orilla de la presa Arandia, en un lugar de escaso calado, hoy perteneciente a Iurreta. Asua no sabía nadar. Pero el lugar apenas tenía profundidad. El agua llegaba hasta la rodilla.

Tanto la ex compañera de Asua como el que había conseguido escapar, que eran los dos que conocían los hechos, la primera de manera parcial, no hicieron movimiento alguno en esos cuatro días. La ex compañera por no revelar el estado del huido, ella sabía dónde, y él por razones obvias. Momentos de zozobra y de desasosiego.

El día 16 de septiembre apareció el cuerpo y la Guardia Civil se hizo cargo inmediatamente del mismo. No llevaba documentación encima pero no hubo dudas de quién se trataba. El médico de Berriz fue a ver el cadáver, pero la Guardia Civil no le permitió destapar la sábana que lo cubría. En cambio, la jueza de paz, Mari Tere Alberdi, fue avisada antes de levantar el cadáver. Apuntó en sus notas que Asua estaba en estado de descomposición y que no tenía signos de violencia. La familia y los allegados supusieron que al cadáver no se le había hecho la autopsia, pero esta existió. La realizó el forense Ricardo Mar Moñux, un médico natural de Castro ubicado en Durango. Concluyó que Joserra Asua murió por ahogamiento, que no tenía otros signos llamativos.

El día 18 se celebró el funeral y el cuerpo de Asua fue enterrado en el panteón familiar de Berriz. En el lugar donde apareció muerto, la izquierda abertzale erigió un monolito, con el anagrama de KAS. Un monolito que todavía se mantiene en pie. Durante varios años, en el aniversario de su muerte, se le hizo un homenaje popular.

El impacto familiar sobre la desaparición-muerte de Asua fue de gran magnitud. Durante los años siguientes, la coordinadora KAS, Herri Batasuna y Gestoras pro Amnistía recordaron con una esquela en el diario Egin el aniversario de la desaparición y muerte. En 2016, un grupo de antiguos amigos de Asua organizó una pequeña campaña para sacar la verdad a la luz, con la convicción de que la muerte del berriztarra había sido inducida y que detrás de ella había un grupo policial.

De esa forma, contrataron a un abogado y a un procurador. Las diligencias judiciales abiertas cuando apareció el cadáver, en las que debería encontrarse entre otros documentos la autopsia, habían desparecido del juzgado de Durango, cabecera judicial. Nadie pudo dar una explicación convincente, tampoco dudosa. No había caso, porque el soporte documental se había esfumado. El juez que lo llevó, Adrián Zelaia Ibarra, ya había fallecido, aunque afortunadamente médico, juez de paz, familia y compañero de Asua en la huida en la que sucedió su muerte se prestaron a relatar lo que conocían. También la pareja de Joserra Asua, que aún llevaba encima la congoja de su ausencia. Las dudas sobre el origen de su muerte eran fundadas.

El testimonio del compañero de fuga permitió conocer los hechos relatados. El superviviente ya había sido detenido previamente y sufrió graves consecuencias de su paso por el cuartel bilbaíno de La Salve. Dos detenciones en las que quedó libre, ambas en setiembre, la una de 1979, la otra de 1980. Su testimonio fue recogido por Euskal Memoria y el IVAC en el trabajo sobre la tortura que realizó por encargo del Gobierno vasco. La desaparición y muerte de su compañero le marcaron su futuro y le agrietaron el carácter.

En 2018, el Ayuntamiento de Berriz aprobó una moción en la que se instaba a la investigación sobre la muerte en circunstancias cuando menos sospechosas del joven de la localidad, Joserra Asua Zelaieta. Pero aquello quedó en agua de borrajas. El Municipio aprobó la moción, pero no hubo continuidad.

Aunque la noticia que circuló fue la de que Asua se había ahogado en la presa, su entorno supuso que había muerto a manos de sus perseguidores. Ninguna de las dos hipótesis tiene pruebas concluyentes. Egin del 19 de setiembre de 1982 escribió: “Tras el funeral van tomando cuerpo ciertos rumores sobre la posibilidad de que esta muerte no fuera casual. Después de varios días del suceso se especula con la posibilidad de que José Ramón Asua cayera al agua en donde murió ahogado, teniendo en cuenta que no sabía nadar, o bien por intento de huir de los presuntos perseguidores o bien que hubiera sido arrojado al agua. Sea cual fuera la veracidad de los hechos, este periódico pudo saber que se está formando una comisión investigadora que intentará como primera medida, la autopsia del cadáver de José Ramón Asua”.

Como en otros casos, la hipótesis de la venganza no debe de ser rechazada. Venganza en una situación de máxima tensión, en una población como Durango con numerosas acciones de violencia callejera y atentados de ETA. Precisamente, tres días antes de la desaparición, el cuartel de la Guardia Civil de Durango fue atacado con un bazooka, en una acción que pareció de guerra. Tres jóvenes habían robado un coche previamente, y desde su techo colocaron un lanzagranadas con el que atentaron contra el cuartel desde una distancia de 200 metros. El artefacto provocó un boquete de grandes dimensiones, rompió todos los cristales y arrancó algunas puertas, aunque no hubo víctimas. ETA reivindicó la acción con bastante retraso para lo que era habitual en la época.

 

 

 

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Condena a Zelaia y Barbado

Lo han vuelto a hacer porque les es fácil, porque en realidad nunca les ha importado la paz y la convivencia, desde siempre su apuesta ha sido la violencia y la represión.

Les es fácil porque Europa entera juega a los tres monos del no veo, no escucho, no me pronuncio.

Esta vez, como es costumbre, han decidido triturar la vida de dos jóvenes, como antes lo hicieron con los de Altsasu, la marca de la casa, utilizar a la juventud vasca como cabezas de turco.

Lean lo que nos informa Gara:

La Audiencia Nacional vuelve a condenar a dos jóvenes vascos

La Audiencia Nacional condenó a cuatro años de prisión a los jóvenes alaveses Aitor Zelaia y Galder Barbado. La sentencia se sustenta en unas huellas y un «kit de kale borroka», que consiste en una mochila de Zelaia con cinta americana, bridas, guantes o un walkie-talkie. Las defensas tienen cinco días para presentar un recurso de apelación.

Aitor Agirrezabal

La Audiencia Nacional española condenó a los jóvenes alaveses Galder Barbado y Aitor Zelaia a cuatro años de prisión. Tras el juicio celebrado hace 10 días, el tribunal ha considerado probado «un delito de depósito de elementos para la confección de aparatos explosivos e incendiarios» en base a unas huellas halladas en bolsas de plástico y un mochila con bridas, cinta americana, un walkie-talkie y unos guantes. La Fiscalía pedía ocho años de prisión para cada uno de ellos, mientras que las defensas reclamaron la absolución.

En la sentencia, que se envió antes a la prensa que a los implicados, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la jueza Ángela Murillo, condenó a Barbado y Zelaia como autores de un delito de «depósito de armas y municiones» y otro de «depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos y de sus componentes con finalidad terrorista».

El texto recoge las declaraciones de los dos jóvenes alaveses en la vista celebrada en Madrid el 20 y 21 de enero, en las que manifestaron que se enmarcaban ideológicamente en la izquierda abertzale y mostraron su apuesta por las vías exclusivamente pacíficas.

«No se descara su relación»

Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que «a pesar de esas manifestaciones, los hallazgos en el zulo, en cuya ocultación participaron los acusados, no responden a lo que preconizan dadas las características de los elementos detectados para la confección de explosivos empleados comúnmente en la violencia callejera». De hecho, señala que en el interior de un bidón encontrado en Durana en 2018 había «objetos para la confección de artefactos explosivos mixtos e incendiarios». Incluso la sentencia se aventura a dar por probado el destino de estos objetos: «Ser colocados en la vía pública causando con su explosión el correspondiente temor a la población».

El atestado de la Ertzaintza en 2018 vinculó los materiales encontrados con actos de sabotaje contra Kutxabank registrados en Abetxuko, Agurain e Igorre cuatro años antes, pero, durante el juicio, el instructor reconoció no tener ninguna prueba de ello, más allá de la sospecha de los agentes. «Era una línea de investigación prometedora, pero luego no se sustentó», añadió. A pesar de ello, la Audiencia Nacional considera que lo hallado en el zulo es «suficiente» para atribuirles el contenido de los mismos, sin tener en cuenta que quien encontró el bidón hace tres años aseguró, en un primer momento, que el material podía llevar allí 25 años. «No se ha dado una explicación que descarte la relación de ambos con el bidón y su contenido», zanja la Sala.

«Kit de kale borroka»

El instructor de la Ertzaintza también reconoció que no había ninguna evidencia de que el bidón hallado en Durana tuviera relación alguna con ETA ni «con otros grupos afines al MLNV y a la kale borroka» más allá de que «es un material típico» de estos grupos. «No digo que esto sea de un comando de ETA ni de la kale borroka», señaló posteriormente a preguntas de la defensa de los acusados.

La sentencia, asimismo, hace referencia a una mochila incautada a Zelaia en el registro de su domicilio. El agente de la Ertzaintza que redactó el atestado y declaró en el juicio la presentó como «una mochila de kale borroka» y la Sala da por buena esa declaración. Sin embargo, según relató el propio encausado, aquella bolsa contenía material que se empleó en un turno de seguridad del Hatortxu Rock de diciembre de 2018. Se trataba de bridas para atar las vallas con las que se cierra el recinto, guantes, walkie-talkie para comunicarse, teléfonos móviles o cinta americana.

Opción de recurrir

Zelaia explicó que se llevó ese material a Gasteiz desde Iruñerria para entregárselo a un responsable del festival que vive también en la capital alavesa. Este extremo fue corroborado por el responsable de organizar los turnos de Araba.

Según el agente de la Ertzaintza, sin embargo, el hecho de que aparezca todo este material de manera conjunta «hace sospechar que pueda ser un kit», sin aportar prueba alguna que acredite tal acusación.

Las defensas de Barbado y Zelaia pueden recurrir la sentencia ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en un plazo de cinco días.

«Montaje policial»

La coalición soberanista EH Bildu emitió un comunicado en el que trasladó su solidaridad a los dos condenados. «Las pruebas con las que se les ha condenado se construyeron en base a un montaje policial, en el que la Ertzaintza tuvo una participación directa», apuntó.

También entiende EH Bildu que la sentencia «en nada ayuda» a «la tarea de la construcción de la paz y de la convivencia» en la que «está inmersa la inmensa mayoría de la sociedad vasca».

Vías pacíficas

Zelaia y Barbado remarcaron durante el juicio su apuesta exclusiva por las vías pacíficas. Sin embargo, la Audiencia Nacional afirma que «no responden a las pruebas».

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El Eterno Pasado

Les recomendamos este comentario editorial acerca del panorama actual en Euskal Herria con respecto a la continuidad que Madrid ha dado a su estrategia represiva en contra de la juventud vasca, mismo que traemos a ustedes desde Naiz:

Cosas de un pasado que no termina

Cada vez que veo un juicio en la Audiencia Nacional española confirmo que se trata de un tribunal que corresponde al pasado, como la dispersión.

Martxelo Diaz | Aktualitateko erredaktorea / Redactor de actualidad

Lo hemos escrito un montón de veces. Y me temo que tendremos que seguir escribiéndolas otras tantas. Cada vez que veo un juicio en la Audiencia Nacional española confirmo que se trata de un tribunal que corresponde al pasado. Es como la dispersión, algo de un pasado que debería haber quedado atrás hace tiempo pero que sigue estando ahí, condicionando la vida de muchos ciudadanos vascos, de demasiados.

El juicio contra Galder Barbado y Aitor Zelaia me ha recordado al de los jóvenes de Altsasu. No entra en cabeza humana cómo una cuestión de este tipo acaba siendo juzgada en el tribunal especial. La doctrina del «todo es ETA» sigue vigente en los despachos de una audiencia que intenta justificar su utilidad para seguir existiendo. En la vista de ayer se contó que Zelaia tenía 17 años cuando ETA dejó las armas. Alguno de los enjuiciados de Altsasu era todavía bastante menor. Pero es igual. Si eres vasco eres sospechoso. Y si eres cercano a la izquierda abertzale, ya tienes redactada media sentencia. En contra, por supuesto.

Y no es solo algo que pasa en Madrid. sino que es una concepción que también está arraigada  en Euskal Herria. De otra manera no se puede entender que un agente de la Ertzaintza únicamente baraje la posibilidad de que unos guantes, unas bridas y unos walkie-talkies en una mochila sirvan para la kale borroka. Y más si encima tienen papeles relacionados con la izquierda abertzale, a pesar de que sea una fuerza política legítima. Total, que era material del Hatortxu Rock y había una explicación lógica para que estuviera todo juntito en una mochila. Pero es que eso del Hatortxu también es algo de presos, lo que mantiene la sospecha.

La cosa sería de risa, pero hay dos jóvenes alaveses que se enfrentan a peticiones fiscales de hasta ocho años de cárcel. Es algo serio, demasiado serio. Y, sé que soy cenizo pero no tengo motivos para no serlo, cuando el tema llega a la Audiencia Nacional no tiene buena solución. Esperemos que tenga al menos la solución menos mala.

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17 Años por un Autobús

Naiz trae a nosotros un tema sumamente urgente en su editorial:

Toca revisar los despropósitos judiciales

El vecino de Basauri, Jon López, fue excarcelado ayer de la prisión de Zuera. Ha cumplido íntegramente la condena de diecisiete años que le fue impuesta en el año 2000 por haber participado en la quema de un autobús. Previamente a la sentencia había cumplido dos años en prisión preventiva de la que fue liberado en 1998; huyó, juzgado en rebeldía en el año 2000, volvió a ser detenido en Bélgica en 2004, desde donde fue finalmente extraditado al Estado español. Como el resto de prisioneras y prisioneros vascos, desde entonces ha conocido la geografía española como consecuencia del alejamiento. A principios de este año fue acercado desde la prisión de Albolote, en Granada, cuando ya prácticamente había cumplido la pena que le fue impuesta.

El suyo es un ejemplo más del sistema punitivo español contra la disidencia vasca. Impone durísimas condenas que tienen una dudosa correlación con la gravedad de los hechos –López fue condenado a quince años por la quema del autobús y a dos años por un delito de lesiones– y las condenas se cumplen en condiciones inhumanas. Una desproporción que evidencia que el castigo no se sustancia en la búsqueda de la justicia, sino en un afán de escarmiento. Penas que pretendían, sobre todo, castigar con ejemplaridad a una parte de la juventud vasca y atemorizar así al resto de la gente. Amedrentar a la sociedad para mantener el dominio es una estrategia propia de Estados débiles, que solo certifica el sadismo de sus dirigentes y, al mismo tiempo, evidencia la escasa capacidad de sus élites para encarar los problemas políticos.

Han sido muchas las y los prisioneros vascos con larguísimas condenas basadas en hechos que se inflaron al calor de la retórica sobre la kale borroka y los «grupos Y». Desde entonces el contexto en Euskal Herria ha cambiado radicalmente, pero el revanchismo continúa inmutable. Aquí no hay justicia restaurativa. Ya es hora de abandonar ese esquema vengativo y empezar a revisar los despropósitos perpetrados contra la justicia en nombre de la ley.

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Represión Masiva en Ciernes

Continuamos con la situación imperante en Catalunya con este artículo de Gara que se centra en la proclividad por parte del régimen español a la represión, algo que se ha visto, vivido y sufrido en Euskal Herria desde hace tiempo ya.

Lean por favor:

Catalunya se asoma a un abismo represivo de tres profundidades

Y de repente, 44 presos. Con la sentencia del Supremo y los encarcelamientos de setiembre y octubre, el independentismo catalán se enfrenta al reto de encarar una represión masiva, para el que Euskal Herria le ofrece muchas referencias, aunque no todas.

Ramón Sola

Los carteles de Alerta Solidària, el colectivo antirrepresivo de la Esquerra Independentista, o la «quedada» para escribir a los presos esta tarde de miércoles en Sants (Barcelona) no hacen distinción alguna. Incluyen a activistas sociales como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, mandatarios como Oriol Junqueras o Carmen Forcadell, y también militantes de base hasta ahora desconocidos como Xavier Duch, Edu Garzón, Germinal Tomás... y algunos otros que ni siquiera tienen apellido en estos mensajes: Xénia, Pau, Martí, Laura... Les une la cárcel.

Son 44 en total. Los últimos 35, encarcelados desde setiembre a aquí. Y los últimos 28, en las dos semanas que han seguido a la sentencia del Supremo. Una realidad desconocida por su volumen para Catalunya, pero nada extraña para el Estado, acostumbrado a llenar las cárceles de vascos con su arsenal de medidas de excepción.

En este abismo al que se asoma Catalunya hay una primera dimensión insondable por novedosa: es la de los dirigentes políticos castigados con un tipo delictivo insospechado, el de «sedición». La propia denominación suena a decimonónica, pero cuidado con minusvalorarla: los años impuestos por ello a Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forcadell, Forn y Rull superan los diez con que se ha castigado la pertenencia a ETA en grado de dirigente, por ejemplo en el infame «caso Bateragune» que también castigó a representantes políticos, en este caso en Euskal Herria.

Otra cosa será si esa doctrina se asienta. Juristas de diferentes tendencias y el tribunal alemán de Schleswig-Holstein en el caso de Puigdemont han alertado de que no cabe imputar sedición por una mera movilización popular. Alertan de que ese chicle podría acabar estirándose para castigar cualquier expresión ciudadana, ya sea una concentración ante comisaría, un escrache ante una sede política, la oposición en la calle a un desahucio o a la expulsión de un inmigrante... ¿del «todo es ETA» al todo es sedición?

En paralelo, la condena que ha conllevado en el Estado español resulta absolutamente desproporcionada si se compara con el Estado francés, donde se castiga con un máximo de tres años si no hay violencia, como ha aceptado el Supremo; con el belga, donde se pena con unos meses; y no digamos ya con Alemania, donde el tipo homólogo se abolió en 1970.

El Tribunal Europeo difícilmente entrará en esa cuestión de legislación interna, pero siempre puede declarar injusto el juicio como ha hecho con el de Arnaldo Otegi y sus compañeros, por ejemplo recurriendo a la parcialidad del tribunal (entonces fue Angela Murillo por sus impertinencias y ahora es Manuel Marchena por un motivo que parece aún más sólido: había sido el elegido por el PP para «controlar la Sala Segunda desde detrás» según reveló un tuit de su negociador, Ignacio Cosidó).

En esa dimensión aún insondable entra también cómo se produce realmente el cumplimiento de cárcel. Siguiendo con el paralelismo de Bateragune, marca una diferencia que puede ser trascendente el hecho de que los líderes catalanes estén en Catalunya y por tanto bajo el régimen de la Administración catalana, al menos en la fase inicial. Miquel Iceta (PSC) reveló esta posible rendija al destacar que el Supremo no haya fijado en sentencia que al menos debe cumplirse la mitad de condena para salir en libertad: «Ahí lo dejo, pero aquí hay caminos», consideró. Desde Podemos, Pablo Iglesias insiste en la opción de indulto, aunque Pedro Sánchez la haya descartado y Oriol Junqueras invite a «metérselo donde les quepa». Los abogados de los condenados ven prematuro elucubrar algo al respecto. Y más aún cuando efectivamente la Administración catalana podría por ejemplo conceder terceros grados y sus beneficios en primera instancia, pero también la Fiscalía tendría margen para bloquearlo llevando la cuestión al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, radicado en la Audiencia Nacional. El mismo Juzgado que se muestra muy timorato racaneando progresiones de grado y permisos a los presos vascos que cumplen todas las condiciones para ello.

Un segundo escalón represivo, habrá que ver si finalmente más profundo o no que este primero, es el más conocido y padecido en Euskal Herria. A los siete miembros de los CDR detenidos el 23 de setiembre se les ha encarcelado por concepto de «terrorismo» y en prisiones españolas. De momento están en Soto del Real, el habitual campo-base inicial, en módulos separados y en algunos casos con un régimen de aislamiento traducido en 20 horas al día solos en sus celdas. Las cartas les están llegando con 28 días de retraso, tras ser minuciosamente escrutadas.

El miércoles pasado, al cumplirse el mes de la redada, abogados y familiares ofrecieron en Sabadell varios detalles más que generan un inevitable déjà vu en Euskal Herria. La acusación se ha «construido» sobre la base de un fantasmagórico plan de atentar no consumado (como el de Patxi López, por citar un antecedente vasco de hace pocos años) y se intenta sustentar en el hallazgo de «precursores de explosivos» sobre los que no hay concreciones posteriores. Los asaltos a las viviendas se produjeron de madrugada y con armas, encañonando a los familiares. En los traslados a Madrid se produjeron intentos de interrogatorio ilegal y coacciones utilizando a los familiares; el abogado David Aranda ha revelado que a uno de los detenidos le amenazaron con detener a su hermano enfermo y provocarle un brote sicótico. Los arrestados tienen «lagunas» en esos traslados, que les llevan a pensar que les dieron alguna sustancia extraña. Ya en Tres Cantos, a dos de los siete se les hizo creer que no podían disponer de abogado de confianza, y a uno de ellos no se le ha permitido verlo hasta 21 días después. Y, en fin, los abogados no conocen las acusaciones exactas porque el sumario está secreto, así como lo poco que saben es vía filtraciones mediáticas siempre inciertas. ¿A qué todo suena demasiado?

Sigamos. La tercera dimensión, la cuantitativamente más importante, es la que engloba los 28 encarcelamientos consumados desde que se conoció la sentencia del «procés», por acusaciones como «atentado contra la autoridad» o «desórdenes públicos». El analogismo vasco lo ha trazado aquí, y no desde Catalunya sino en declaraciones desde Bilbo, el líder del PP, Pablo Casado: «Es kale borroka».

Radiografiando este espacio, todos los arrestados han pasado por juzgados catalanes, incluida la cuarta parte de las detenciones que han sido practicadas por la Policía española (los otros tres cuartos corresponden a los Mossos). Todos ellos están también en cárceles de su país: 16 en Barcelona, 5 en Girona, 5 en Lleida y 2 en Tarragona.

Los atestados policiales están bajo sospecha total y apuntan a que en un momento en que estaban desbordadas por las protestas, los dos cuerpos tiraron de red pelágica. Abogados denuncian que algunos han sido encarcelados incondicionalmente sin individualizarse las acusaciones, o únicamente por haber sido sorprendidos portando piedras, o bajo acusaciones que no pasan de quemar un contenedor.

La gran mayoría tienen menos de 25 años. Estos 28 encarcelados (hay otro en Madrid por una protesta allí) son la punta del iceberg de una masa de detenidos en Catalunya que llega a 206 según sus números (aunque el Poder Judicial español dice tener constancia solo de 153). En esta amalgama, no menos de quince arrestados son menores, dos de los detenidos han sido internados en un CIE por tratarse de inmigrantes y a uno se le abierto procedimiento de expulsión.

La excepcionalidad en algunas medidas impuestas también lleva a pensar que los aparatos represivos del Estado están improvisando ante una respuesta a la sentencia que no preveían: a algunos detenidos se les ha prohibido ir a manifestaciones y actos políticos (como ocurre con los vascos en situación de «prisión atenuada» en sus domicilios), o se les han impuesto órdenes de alejamiento respecto a la comisaría española de Via Laietana de Barcelona, o se les ha incautado el móvil... Todo ello con una cobertura legal muy incierta o inexistente.

Los abogados reclaman la puesta en libertad inmediata y quieren también acelerar los juicios, a sabiendas de que palabras como las de Casado no apuntan a nada bueno. El precedente vasco también es inquietante aquí; la etiqueta de los «grupos Y» fue recreada y explotada en los 90 como puente para poder tipificar la kale borroka como «terrorismo» y poder extremar así las condenas (Eneko Olza pasó diez años preso por solo un sabotaje, Arkaitz Bellon falleció en Puerto de Santa María purgando un castigo de trece años, todavía quedan algunos prisioneros por ello pasada ya más de una década desde las últimas oleadas de ataques...)

Ante esta triple embestida, la solidaridad ha surgido espontáneamente y se está organizando a la carrera, desde el espacio jurídico hasta el movilizador. En lo judicial, este salto en la represión supone un desafío importante para Alerta Solidària, organización que hasta ahora había funcionado con un grupo amplio de abogados (unos 50) constituidos en red y con carácter muy voluntarista.

Alerta Solidària, nacida en 2001 dentro del Proceso de Vinaròs que reorganizó la Esquerra Independentista, atendía hasta la actualidad unos 150 casos, pero muchos tenían que ver con causas sociales más que estrictamente políticas.

Además de asistir a los detenidos y encarcelados estas semanas, está teniendo que afrontar a contrarreloj tareas básicas como difundir las reglas de autodefensa mínimas ante un arresto policial: tratar de conseguir testigos, reclamar asistencia de un abogado de confianza, no declarar en comisaría... Medios públicos y privados les han dado voz para ello estas semanas, en un panorama mediático notablemente más abierto que el vasco para estas cuestiones de derechos humanos.

La asistencia a los presos también está por reorganizar, después de que en la pasada Diada el colectivo Rescat celebrara su última movilización. Que no se trata estrictamente de un adiós lo refleja el lema empleado («Hasta el último rescate, la lucha continúa»), pero es un espacio en reconstrucción que siente ahora nuevas necesidades.

Los familiares son otro ámbito que se está configurando día a día. A falta de una organización como Etxerat, han surgido colectivos en principio locales, basados en la filosofía de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Ya antes venía trabajando por la libertad de los presos políticos Taca d´Oli, formado por avis y àvies catalanes, y que ahora prestará mucha ayuda en la campaña masiva de autoinculpaciones de Òmnium.

Todo ello tiene también potentes exigencias económicas, por lo que se han activado diversas recogidas de fondos.

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Xisteras Bélicas

¿Recuerdan ustedes la historia de Víctor Ithurria que trajo a nosotros el ABC?

Pues bien, de alguna forma, su fama ha sido revivida por otro medio "defensor de la unidad de España", nada más y nada menos que El Confidencial.

Miren lo que nos detalla este reportaje de Naiz:

De cesta punta, kale borroka y pelotaris en las trincheras

Un sicotrópico ¿reportaje? que asegura que en Catalunya se han usado ‘xisteras’ de cesta punta para lanzar objetos a las fuerzas policiales sirve para recuperar la historia de dos pelotaris vascos que exhibieron sus destrezas en las dos guerras mundiales.

El medio digital ‘El Confidencial’ se destapaba este pasado lunes con un ¿reportaje? sobre el «manual antisistema» supuestamente empleado por el «independentismo radical» en Barcelona.

Como es habitual, allí donde se trata sobre enfrentamientos callejeros no pueden faltar las alusiones a la influencia vasca, un condimento imprescindible en estas ensaladas. El problema es cuando a uno se le va la mano, como cuando se aliña con exceso de sal o vinagre.

El autor asegura que en Catalunya se han usado «guantes de cesta punta» para lanzar piedras u otros objetos contra la Policía.  Y añade que «este tipo de herramienta no la puede utilizar cualquiera, sino que se ha de ser un experto. De hecho, guantes así eran utilizados en la ‘kale borroka’ vasca».

Asevera que «fuentes relacionadas con la investigación de los alborotos» le han revelado que la utilización de estos «guantes» puede deberse a la «participación de ‘profesionales’ de la lucha callejera con experiencia en el País Vasco».

Lo cierto es que este uso de la cesta ya lo había descubierto Hollywood en su película ‘El desfiladero de la muerte’ (1959), donde unos colonos vascos viajan por el Oeste de Estados Unidos mientras se comunican por irrintzis y tumban indios a pedradas.

Como cabía esperar, el ¿reportaje? fue objeto de burla en las redes sociales desde el minuto uno. Un éxito, si nos atenemos a la filosofía del ‘que hablen mal, pero que hablen’.

Pero toda historia de ciencia ficción puede tener detrás un poso de realidad, y hay al menos dos pelotaris vascos que exhibieron sus destrezas en la guerra.

El primero fue Joseph Apesteguy ‘Txikito de Kanbo’ (1881-1950), en la I Guerra Mundial. En el libro ‘Ipar Euskal Herria iruditan’ se recoge una foto suya, publicada en su día por la revista ‘J’ai vu’, en la que se destaca que «utiliza su destreza para lanzar granadas en las trincheras alemanas».

No especifica si utilizaba o no su cesta. Sí la llevó al frente, aunque no existe evidencia alguna de que la empleara en batalla, y la opinión más común es que resulta imposible precisar con esta herramienta el lanzamiento de un objeto irregular como una granada.    

El segundo nombre es el de Víctor Ithurria, cuya historia se recoge en el blog sitioshistoricos.com. Iturria nació en Basusarri en 1914, pero de niño la familia se trasladó a Sara. Compaginaba su trabajo de cantero con su actividad como pelotari, pero la II Guerra Mundial lo truncó todo.

Peleando contra los nazis con las tropas francesas, se cuenta que aprovechó su fuerza y puntería con el brazo para «destrozar  siete tanques enemigos tirándoles bombas de mano», por lo que fue condecorado. Herido y evacuado en Dunkerque, siguió combatiendo en diferentes escenarios hasta que murió en 1944 bajo las balas alemanas. Su tumba se encuentra en Sara, donde hay además un monumento en su honor.

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La Kale Borroka de Casado

Para los que duden que la ZEN fue un laboratorio represivo solo lean estas declaraciones del pepero Casado con respecto a los integrantes de los CDR y los manifestantes que han sido privados de su libertad en días recientes.

El artículo ha sido publicado en Naiz:

Casado pide desde Bilbo que todos los detenidos catalanes vayan a la AN: «Es kale borroka»

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado una visita a Bilbo hoy para demandar desde Euskal Herria que todos los casos abiertos en Catalunya (con 28 encarcelados estos días) sean llevados a la Audiencia Nacional porque «es kale borroka como la peor de aquí».

El presidente estatal del PP, Pablo Casado, ha recurrido hoy a Euskal Herria para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Fiscalía que «centralice todos los casos» abiertos estos días en Catalunya en la Audiencia Nacional, el tribunal español de excepción.

Casado ha visitado este martes las instalaciones que la empresa Iberdrola en el barrio bilbaíno de Larraskitu, acompañando a la exministra Isabel García Tejerina, las cabezas de lista del partido al Congreso por Araba, Bizkaia y Gipuzkoa –Marimar Blanco, Beatriz Fanjul e Iñigo Arcauz, respectivamente–, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y la máxima representante del partido en Bizkaia, Cristina González, entre otros.

El líder del PP estatal ha argumentado que las acciones violentas en Catalunya tras la sentencia del «procés» han sido «algo más que disturbios porque, si no, el presidente del Gobierno en funciones no habría acudido ayer con 20 vehículos blindados, patrullas de la Guardia Civil», ni sus escoltas «llevarían armas largas» para salir del Hospital (uno de ellos decidió mostrarla a las cámaras sin reparo alguno).

«Estamos viviendo una organización, financiación y consumación de una kale borroka, como la peor que sufrimos aquí en el País Vasco», ha seguido Casado.

Por ello, ha insistido en dirigirse a Pedro Sánchez para decirle que con esa «kale borroka» se puede acabar utilizando procedimientos excepcionales (ha citado la Ley de Partidos) si se comprueban los vínculos que los CDR y Tsunami Democràtic puedan tener con los partidos independentistas.

Además, ha apostado por recurrir a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, de forma que «estos violentos que siembran el caos en las calles de Barcelona, si son menores de edad, sus padres respondan por los daños».

«Con plena moderación»

A su juicio, «con plena moderación, se puede decir que hay que preservar el orden público a través de la aplicación de la Ley, que no es mucho pedir a un responsable político».

Sobre el rechazo del presidente catalán, Quim Torra, a las actuaciones violentas de manifestantes, ha afirmado que ha visto «condenas más creíbles, más firmes y con menos matices», y ha recordado que ha ido a marchas que, al final, han concluido en desórdenes públicos, ha llamado a «la desobediencia y la reincidencia», y ha emplazado a «tomar las calles para defender el derecho de autodeterminación» sin reconocer la sentencia del Tribunal Supremo, al igual que ha dicho que han hecho PNV y EH Bildu.

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Aitor Zelaia en Casa

Aún no sale de la maraña represiva española, pero por lo menos el joven Aitor Zelaia no tendrá que esperar su juicio dentro de un calabozo.

Aquí lo que nos informa Naiz:

El gasteiztarra Aitor Zelaia queda en libertad a la espera de juicio

Aitor Zelaia fue detenido el pasado mes de febrero junto a Galder Barbado. El joven gasteiztarra ha quedado en libertad a la espera de juicio tras pagar una fianza de 6.000 euros.

Aitor Zelaia ha quedado en libertad a espera de juicio. Así lo ha avanzado Hala Bedi, que ha señalado que los allegados del joven gasteiztarra han pagado una fianza de 6.000 euros.

Cabe recordar que agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado mes de febrero a Zelaia y a Galder Barbado, dos militantes de la izquierda abertzale de 25 y 26 a los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional vincula con un bidón encontrado en Durana que contenía «material pirotécnico para la fabricación de explosivos caseros».

En su declaración ante la jueza María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, los dos jóvenes hicieron suya la apuesta por la vía exclusivamente política de la izquierda abertzale, y negaron cualquier relación con el bidón.

Por su parte, la Fiscalía echó mano del informe de la Ertzaintza que cita sus huellas en unas bolsas aparecidas en el bidón para proponer su encarcelamiento. Esta petición fue aceptada por la magistrada, que les envió a Soto del Real tras imputarles un delito de «tenencia de sustancias explosivas, inflamables o incendiarias».

En un primer momento fueron encarcelados en la presión de Soto del Real, y después fueron trasladados a Daroca. Barbado, que en 2008 denunció haber sido agredido tras ser detenido en un control policial, seguirá preso, a la espera de juicio.

«Otro capítulo escandaloso»

La detención de Zelaia y Barbado suscitó las críticas de Sortu, que denunció que «unas meras suposiciones han servido a la Audiencia Nacional para encarcelar a los jóvenes. Otro capítulo escandaloso en el tribunal de excepción».

«Denunciamos que han sido encarcelados teniendo en cuenta el informe policial inflado por la Ertzaintza y unas meras suposiciones», añadió Sortu, que advirtió de que «este es otro episodio indignante en la oscura historia de la Audiencia Nacional, como también lo han sido el encarcelamiento del amurrioarra Julen Ibarrola, el de su vecino tuitero Alfredo Remírez o el de los ocho jóvenes de Altsasu».

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Homenajean a Gurasoak

Ha tomado lugar un merecido homenaje a las madres y los padres de quienes han sufrido la lacra del terrorismo de estado español.

Aquí la crónica por conducto de Naiz:

Gazte Topagunea homenajea a las familias de los jóvenes represaliados en los 90

Gazte Topagunea ha homenajeado hoy en Lemoa a madres y padres de jóvenes represaliados en los 90, quienes han podido explicar antes aquel contexto político, en el que «se fabricaron leyes, se inventaron grupos Y... y se arrasó con detenciones de cuadrillas enteras».

Nerea Goti

Madres y padres de jóvenes represaliados en la década de los 90 y más concretamente el colectivo Gurasoak han sido hoy protagonistas de Gazte Topagunea, un espacio de encuentro, debate y transmisión de mil y una luchas que unido al ambiente festivo, la oferta musical y el tiempo soleado ha convertido Lemoa en un destino de interés para jóvenes y no tan jóvenes.

Akeita Naiz es una de las inmensas carpas que hoy resguarda de un intenso sol a los miles de jóvenes que reúne este Gazte Topagunea en Lemoa. Desde allí emite en directo Naiz Irratia, junto al stand en el que se pueden realizar suscripciones a NAIZ y GARA. Las compañeras de la radio tienen en frente un escenario en el que se suceden los actos. El recuerdo y homenaje a la lucha de la juventud de los 90 y a sus familias ha tenido lugar allí.

Antes del propio homenaje, la abogada Arantza Zulueta ha explicado a los asistentes a Gazte Topagunea el entramado jurídico que amparaba la detención de centenares de jóvenes. Han intervenido también Txusa Etxeandia, madre del preso Egoitz Coto, condenado por «kale borroka» y que acumula 16 años y medio de cárcel, así como el parlamentario de EH Bildu y autor del libro “La maza y la cantera”, Julen Arzuaga, y Mari Carmen Mañas, viuda de Ángel Berrueta.

Los participantes han denunciado la muerte de Berrueta y de Arkaitz Bellón, así como «todo aquel montaje para meter a la juventud en la cárcel», según han apuntado los participantes, antes de dejar sentando que «afortunadamente no lo consiguieron» y «este Topagune es el ejemplo de que seguimos teniendo jóvenes luchadores». «Estamos orgullosas y orgullosos de la lucha de nuestros hijos», han expresado ante decenas de jóvenes.

La lucha de Nora

Al homenaje a las familias de los jóvenes represaliados en los 90 ha asistido Nora Morales de Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ha manifestado que se siente unida a las familias de «jóvenes revolucionarios que quisieron su patria y su libertad» y ha recordado que ese anhelo era el que llevó a su hijo a ser detenido y desaparecido un 15 de abril de 1977, y al que con 89 años de edad no deja de buscar.

«Los jóvenes son el hoy, son la semilla que va a crecer para mejorar el mundo injusto que tenemos», ha señalado la argentina, que ha reconocido sentirse más joven bajo las carpas de Lemoa, ante «tanta juventud que presta atención con mucho respeto». «Queremos alegría y progreso sin persecución, no queremos más presos, sino escuelas», ha apuntado, al tiempo que ha animado a «seguir luchando porque «tenemos que dar la vuelta a este mundo».

La activista argentina ha concluido con una ovación del público al grito de «los detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre».

A mediodía Gazte Topagunea se ha sumergido también en otro testimonio de lucha, a cargo de Miren Odriozola, compañera de Pakito Arriaran. La educación, el feminismo, el internacionalismo y las luchas de otras naciones sin estado están presentes desde la mañana en otros tantos encuentros.

Del mismo modo, esta tarde han participado en Gazte Topagunea el director de GARA, Iñaki Soto, y la responsable de Euskal Herria, Iraia Oiarzabal, que han hablado sobre «Jóvenes y periodismo en Euskal Herria», en un encuentro en el que han explicado el ataque contra GARA valiéndose de la deuda de “Egin”, cerrado ilegalmente, y los retos del diario y los medios que acompañan un proyecto comunicativo que mira al futuro.

Esta tarde intervendrá también el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para hablar del hilo conductor entre el pasado y el futuro.

Naiz Irratia ofrece en directo ambos encuentros.

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El Montaje de la Ertzaintza

En Altsasu fue un tobillo roto y una camisa de un blanco impoluto. Los responsables del despropósito fueron los de la Guardia Civil.

En Araba fue un bidón. Pero los autores de la macabra fanfarronada fueron otros y aquí hay un cambio cualitativo muy particular, esta vez fue la Ertzaintza.

El caso es que el régimen continúa fabricando montajes policiales con los que busca perpetuar el estado de sitio que mantiene sobre la parte peninsular de Euskal Herria.

En el caso de Altsasu lo hicieron solos, en el caso de Araba (Gasteiz y Amurrio) han recurrido a la zipaios del PNV.

Lo que sigue siendo una constante es que el nicho predilecto para estos operativos represivos es la juventud vasca.

Aquí lo que se denuncia desde Naiz:

La Ertzaintza unió a ETA el bidón de Durana que ha dado pie a dos encarcelamientos

Los encarcelamientos de dos jóvenes de Gasteiz y Amurrio por un bidón con material susceptible de «kale borroka» se derivan del atestado de la Ertzaintza, según ha quedado de manifiesto en el careo entre Julen Arzuaga (EH Bildu) y la consejera, Estefanía Beltrán de Heredia. Entre otras cosas, la Ertzaintza señala que es un tipo de bidón «históricamente usado por los comandos de ETA».

Ramón Sola

La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a los jóvenes alaveses Aitor Zelaia y Galder Barbado atribuyéndoles la tenencia de sustancias inflamables aparecidas en un bidón en Durana hace unos meses.

Las diligencias y las detenciones corresponden a la Ertzaintza, pero faltaba por saber hasta qué punto llegaba la responsabilidad de este cuerpo en esta actuación a todas luces desproporcionada, y más aún si se compara con el caso del expolicía español libre tras disparar en Amurrio.

En el Pleno del Parlamento, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha aportado datos significativos al respecto, reprochando a la consejera que el atestado de la Ertzaintza provoca claramente esos encarcelamientos al ligar el bidón a ETA.

Paradójicamente, la propia Policía autonómica considera que el material es de 2014, cuando la organización ahora disuelta llevaba ya tres años de cese definitivo de su actividad armada.

En el atestado se señala por ejemplo, ha apuntado Arzuaga, que el bidón de plástico hallado en un descampado de Durana «es históricamente usado por los comandos de ETA», vinculación que ha calificado de «barbaridad».

Ligazón con Altsasu

Y también se cita el conocido caso de Altsasu, ligándolo igualmente a ETA: «Pero, ¿usted no sabe que en este mismo parlamento recientemente se ha denunciado esa interpretación de ‘terrorismo’?», le ha espetado a Beltrán de Heredia.

A tenor de ese atestado, Arzuaga ve patente que se ha hecho una «interpretación política» radicalmente diferente a la que ha permitido dejar libre al expolicía de Amurrio, en otra actuación igualmente de la Ertzaintza.

Hay otras diferencias que ya puso de manifiesto GARA este lunes, como la diferente diligencia a la hora de practicar detenciones y registros o la remisión de las diligencias al Juzgado local en un caso y la Audiencia Nacional en otro. Para el parlamentario de EH Bildu, «a un caso muy grave se le da un tratamiento leve y a uno que ha tenido consecuencias leves se le da un tratamiento muy grave». «Esto es caza de brujas, persecución ideológica», ha concluido.

La consejera de Seguridad, por su parte, ha intentado pasar por el tema de puntillas en su primera intervención, escudándose en que «no puedo entrar en esas catalogaciones». Pero en la segunda, al mostrársele directamente el clarificador contenido del atestado, ha tenido que mojarse.

Y lo ha hecho para argumentar que las decisiones de los juzgados de Amurrio y Madrid dan la razón a las tipificaciones dadas por la Ertzaintza a los hechos, cuando Arzuaga le reprochaba justo lo contrario; que ha sido la Policía autonómica quien haya forzado esos desenlaces con su modo de actuar. «Son ustedes los que ha desequilibrado la balanza», ha dicho.

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El Martirio de Amurrio

Traemos a ustedes este revelador texto acerca del sitio vascongado-españolista a Amurrio por conducto de Naiz:

Yo me amurrio

Joxe Blanco Gómez

Amurrio es un coqueto pueblo de la Araba cantábrica que con alrededor de 10.000 habitantes, es el tercer municipio más poblado del herrialde. Situado en el Alto Nerbioi, entre Laudio y el enclave bizkaitarra de Urduña, ocupa una buena extension de la cuadrilla de Aiara (o la comarca natural conocida actualmente como Aiaraldea) gracias a ser un municipio que consta de varias juntas administrativas o concejos. Alguno de estos pueblos hacen muga con Burgos en las sierras de Arando y Gorobel, y es precisamente en uno de ellos, en Delika, donde se precipitan las aguas del recién nacido Nerbioi en una de la más grandes cascadas del sur de Europa. Sin duda, el conjunto de los circos de Delika y Tertanga, es uno de los parajes más espectaculares de todo Euskal Herria.

Amurrio ha sido un pueblo tranquilo, de una idiosincrasia especial, que lo ha llevado a pasar bastante desapercibido. Desde la mediocridad característica de la cabecera de comarca (Laudio) era un pueblo aburrido, con poco movimiento, ambiente y movida. De ahí lo del verbo “amurrirse”. También se le ha tildado de "socialdemócrata", por la aparente paz social, nivel de vida y costumbres de sus ciudadanos. En cambio, la realidad es bien distinta, pues este pueblo dispone de un envidiable tejido asociativo, en torno a la cultura, el deporte, el medio ambiente, la solidaridad…que ha propiciado un abanico de dignas infraestructuras al efecto. Todo ello ha convertido a Amurrio en referente gracias a su dinamismo cultural, social y deportivo. Durante varias legislaturas gobernó EA en el Ayuntamiento y en las dos últimas, PNV ha sido quien ha estado en la alcaldía.

Sin embargo en estos 2 últimos años, Amurrio ha salido de su discreción debido a una concatenación de hechos represivos que ha estado llevando su nombre continuamente a primera línea de los informativos. Así pues, en noviembre pasado recuperaba la libertad después de pasar un año prisión, Alfredo Remirez, joven de Amurrio condenado por delitos de opinión y solidaridad. Alfredo y su familia, sufrieron en toda su crueldad la política de dispersión y el primer grado carcelario. Llevando unos pocos meses encarcelado Alfredo, entró a cumplir condena en la cárcel de Basauri, otro joven amurrioarra, Julen Ibarrola. Un año sin libertad por una pintada con rotulador. Enaltecimiento del terrorismo.

Durante la mañana del 6 enero, era tiroteada la vivienda de la familia Azkarraga Isasi. El caserío está situado en el pueblo de Lezama, municipio de Amurrio y una bala atravesó el cristal de la ventana de la cocina, justo cuando miembros de la familia la ocupaban. La Ertzaintza detuvo al de unos días a un ex policía nacional, con cantidad de armas en su casa, que el juez dejo en libertad sin cargos. Quizás es buen momento para recordar la entrega militante y solidaria de esta familia, lo que le llevó a perder a un hermano como consecuencia de la política de dispersión; además, un miembro forma parte de las listas oficiales de víctimas de la tortura.

Jueves, 7 de febrero. Faltan tres días para que Julen acabe de cumplir la condena. El pueblo espera con emoción el fin de esta injusticia. Prepara con pasión y cariño el recibimiento. La noticia cae como una bomba. La Ertzaintza ha detenido en Delika a Galder Barbado, activo militante de la izquierda abertzale, acusado de participar en actos de… ¡¡kale borroka!! El viernes, después de ser llevado a la Audiencia Nacional, un juez decreta su ingreso en Soto del Real, junto a otro alavés detenido en la misma "operación".

El cúmulo de sufrimiento, agravios y desproporción se hace insoportable. La indignación es generalizada. Esto suena a experimento policial, a venganza, a escarmiento colectivo… a ganas de confrontación. Suena a Altsasu… Pero hay diferencias. En el caso del pueblo de la Sakana navarra ha sido la Guardia Civil el brazo ejecutor. En el caso de Amurrio ha sido la Ertzaintza quien está de tras de todo estos ataques contra sectores populares. Pero la Ertzaintza (como la Guardia Civil) no ha actuado por su cuenta y responde a una decisión política que, como en Altsasu, huele a venganza y a provocación.

La izquierda independentista incomoda al PNV en política. No son de fiar, dice Ortuzar. Parece ser que también el PNV prefiere a la izquierda abertzale en dinámicas del pasado. Parece ser que el PNV también estaba más cómodo en la confrontación. Al fin y al cabo no es nuevo que utilice la violencia policial para obtener réditos políticos. Tampoco es la primera vez que entrega la cabeza de jóvenes independentistas a cambio de "estabilidad".

P.D.: Como ha sido habitual en todos y cada uno de los golpes que ha recibido, acogiendo las mayores movilizaciones de la comarca en los últimos 30 años, el pueblo de Amurrio da un caluroso recibimiento a su vecino Julen. Así mismo, se organiza la solidaridad hacia el nuevo vecino encarcelado. Y además continúa trabajando para que Amurrio tenga un nuevo y digno alcalde llamado Iñaki. Aurrera! Besarkada handi bat Galderrentzat baita Amurrioko errepresaliatu politiko guztientzat.

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