Decenas de partidos, sindicatos y colectivos convocan una manifestación para el sábado y reiteran que su compromiso con los derechos de los represaliados es inequívoco. Los arrestados fueron asistidos por sus abogados de confianza y se prevé que comparezcan mañana ante Velasco
Nerea Goti y Alberto Pradilla
Representantes de organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos abarrotaron ayer las escalinatas de la plaza del Arriaga, en una de las ruedas de prensa más multitudinarias que se recuerdan, para llamar a la ciudadanía a manifestarse este sábado en Bilbo en contra del ataque del Estado español a Herrira. La cita es a las 17.30 en La Casilla.
«Nuestro objetivo es trasladar al Estado español el sentir de la sociedad vasca» y «expresar nuestra solidaridad con los detenidos, exigiendo su inmediata puesta en libertad», manifestaron en un comunicado, en el que situaron la convocatoria en la necesidad de «dar una respuesta amplia y decidida contra esa operación injusta».
La convocatoria se ha fraguado en apenas 24 horas y ya tiene la adhesión de más de una treintena de firmas de colectivos, a las que esperan que se sumen nuevos apoyos porque «vamos a trabajar como lo hace Herrira, tantaz tanta, gota a gota, buscando el entendimiento en la defensa de los derechos y libertades de todos».
Así, llama a la manifestación del sábado la mayoría sindical vasca, representada ayer en el Arriaga por los secretarios generales de ELA y LAB, Adolfo Muñoz y Ainhoa Etxaide, junto a dirigentes de STEE-EILAS, EHNE, Hiru, ESK y CGT.
Entre los convocantes de la movilización están también organizaciones sociales como Bai Euskal Herriari, Askapena, Komite Internazionalistak, Behatokia, GITE-IPES, Bilgune Feminista, Euskal Herrian Euskaraz, Sare Antifaxista, Elkartzen o las fundaciones Joxemi Zumalabe y Egiari Zor, entre otras.
En el llamamiento del Arriaga participaron igualmente representantes de Alternatiba, Aralar, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua, Gorripide y Sortu, así como concejales y junteros de la coalición Bildu. Esait, Ernai, Ikasle Abertzaleak, Torturaren Aurkako Taldea o el colectivo Taupaka están también entre los convocantes hasta el momento, así como la interlocución de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK).
«Las organizaciones aquí presentes nos relacionamos con normalidad con Herrira y lo vamos a seguir haciendo», manifestaron a escasos metros de la precintada sede de Bilbo.
Aclararon que ese trabajo desarrollado tantas veces al lado de Herrira no se detendrá con la macrorredada, porque «tenemos un compromiso inequívoco con los derechos de las personas presas y refugiadas» y respondieron así a uno de los objetivos que ven detrás de la operación policial: «Que la cuestión de los presos y presas se convierta en un problema de unos pocos».
En la medida en que comparten con Herrira la lucha por los derechos humanos de presos y refugiados, los convocantes de la marcha del sábado interpretaron que la redada del lunes «es también, de alguna manera, una operación contra nosotros y nosotras mismas».
«Pacífica y plural»
Los reunidos en el Arriaga apuntaron cierta preocupación por el trato que puedan estar recibiendo los detenidos. Junto a ello, comparten la idea de que hay «una decisión política» detrás de «la acción judicial, policial y mediática» del lunes y remarcan que la actividad de Herrira es «bien conocida en nuestro pueblo», ya que «actúa abiertamente, se relaciona y busca la colaboración con infinidad de organizaciones sociales y políticas». Según subrayaron, las iniciativas de Herrira han mantenido tres características: «Han sido pacíficas, han buscado la pluralidad en base al entendimiento y han tratado siempre de la defensa de los derechos humanos».
Dejaron claro que «este atropello» tiene varios objetivos políticos, como la criminalización de la defensa de los derechos de los presos o «correr una cortina de humo» sobre la corrupción, el auge de las reivindicaciones nacionales o la negativa a detener torturadores reclamados por la justicia. Apostillan que la operación llega «en el horizonte de una próxima sentencia sobre el inhumano alargamiento de las condenas» y prevén que persigue «entorpecer la labor política de un amplio espacio de nuestro pueblo que aboga por soluciones, condenándolo a una ciénaga antirrepresiva».
Aplazan el acto de Iruñea
Tras la convocatoria de la movilización de Bilbo, los organizadores de la marcha que iba a partir el mismo sábado al mediodía de los cines Golem de Iruñea bajo el lema «Desobedientziaz libre bizi» decidieron posponerla, según informó Ateak Ireki.
La marcha de Iruñea estaba enmarcada en la dinámica Herri Harresia y quería mostrar su solidaridad a Xabier Sagardoi, detenido el domingo en Sorlada, y a Luis Goñi, que permanece escondido para evitar el arresto por su militancia política.
Desprecintan la sede de Gasteiz tras llevarse información de Eleak
Tras la macrorredada del pasado lunes contra Herrira, a raíz de la cual fueron clausuradas todas sus sedes, ayer fue desprecintado el local que el movimiento utilizaba en Gasteiz, dado que era compartido con Eleak y Etxerat, para que estas asociaciones lo puedan usar con normalidad.
Con motivo precisamente de este cierre, Eleak emitió un comunicado de prensa en el que critica el ataque que padeció , «utilizando la operación contra Herrira como excusa». Y es que, según detalla Eleak, la Guardia Civil aprovechó el registro de la sede de Gasteiz para llevarse toda la información del ordenador del colectivo que allí se encontraba, robar memorias USB y registrar el teléfono móvil personal del militante de la asociación que estaba en el lugar. Asimismo, criticó que últimamente se han prodigado reportajes en la prensa española que inciden en la criminalización del movimiento y de sus actividades, por lo que se pregunta quién está a salvo de las operaciones policiales.
Eleak añade como reflexión general que la clave del problema está «en las políticas de excepción que posibilitan estos ataques, al convertir en delitos terroristas la práctica de derechos civiles y políticos».
El precinto de la sede de Hernani avanza la suspensión de actividades del colectivo
La resolución que aparece fijada en el precinto de la sede de Hernani avanza la suspensión de actividades de Herrira por un período de dos años. El documento, con sello oficial, refleja el cierre de las sedes de la organización de defensa de los presos en Hernani, Bilbo y Gasteiz, así como el cese del trabajo que desarrolla esta organización.
Fue colocado por la Guardia Civil durante el transcurso del operativo desarrollado el lunes. No obstante, a última hora de ayer, este último extremo no había sido notificado a la defensa de los 18 detenidos. Estos se encontraban ya en la comisaría del instituto armado en Tres Cantos, en Madrid y se espera que pasen mañana por el despacho del juez Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 del tribunal especial.
Por la noche, asistidos por sus abogados, nueve de los 18 arrestados comparecieron en la comisaría de Madrid. Se trata de los navarros Fran Balda, Jon Garai, Sergio Labayen, Eneko Villegas e Imanol Karrera; los alaveses Gorka González y Ane Zelaia; así como los guipuzcoanos Manu Ugartemendia y Nagore García. Fuentes jurídicas apuntaron que en las próximas horas podrían pasar el resto de los arrestados. Al cierre de esta edición no se conocían más detalles, aunque sí había trascendido que los detenidos no habían respondido a las preguntas de la Guardia Civil y que presentaban un buen estado.
Algunos de los pormenores acerca de la operación policial iniciada el lunes podrían ser conocidos por los abogados hoy mismo, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional española levantó ayer el secreto de sumario. Esto implica que la defensa podría tener acceso a las diligencias que están actualmente en el tribunal de excepción.
Además de levantar el secreto de sumario, Eloy Velasco también rechazó ayer implementar las medidas solicitadas por la defensa para garantizar los derechos de los arrestados: grabar toda la estancia en comisaría, que el médico de confianza pudiese acceder junto al forense y la notificación a la familia del lugar en el que se encontraban los 18 ciudadanos vascos.
Según el juez, estas medidas no eran necesarias ya que el arresto se produjo en régimen comunicado. De este modo, fue el propio instituto armado quien se dirigió hacia los familiares tanto el lunes como ayer por la mañana para indicarles que los arrestados estaban de camino a Tres Cantos o ya se les había trasladado a la comisaría central de la Guardia Civil.
Esta medida permite también que los arrestados puedan prestar declaración asistidos por sus letrados, tanto en dependencias del instituto armado como ante la Audiencia Nacional. Habitualmente, la incomunicación es una medida que solicitan las FSE y que el magistrado tiene que aceptar, por lo que habrá que ver si los uniformados pidieron aplicarla y el juez Velasco lo rechazó o si desde el primer momento la Guardia Civil optó por la detención comunicada.
La resolución aparecida en el precinto apunta a uno de los objetivos de la operación policial: la suspensión de actividades de Herrira. No obstante, por el momento, la única información acerca de las imputaciones que esgrime la Audiencia Nacional fue la filtrada ayer por las agencias españolas.
