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lunes, 21 de abril de 2014

La IADL y los Presos

Nos han hecho llegar este texto por correo electrónico:

18 Congreso de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas aprueba moción

El 18 Congreso de la Asociación Internacional de  Juristas Demócratas aprueba moción por el respeto de los derechos de los presos  vascos, el fin de la dispersión así como la liberación de los presos enfermos,  Arnaldo Otegi y demás condenados por su mera actividad política.

El Congreso  que se ha celebrado en Bruselas del 15 al 19 de abril ha reunido a juristas de  los 5 continentes. Desde la National Lawyer Guild de los Estados Unidos, a la  asociación de juristas árabes, la asociación americana de juristas, la  Asociación de Juristas Indios, Nadel de Sudáfrica, o asociaciones de juristas  demócratas del Reino Unido, Francia, Italia, Bulgaria, Bélgica, Cuba.. han  tratado cuestiones relativas a la paz, los derechos humanos, el cambio  climático, la ocupación de Palestina, los procesos de paz de Colombia o  Filipinas, así como la situación de los derechos humanos en Euskal Herria,  incluida la represión contra los abogados de presos políticos vascos (tema  recurrente en diversas partes del mundo). En el Congreso ha estado presente una  delegación de juristas vascos de la Asociación Eskubideak.

La Asociación  Internacional de Juristas Demócratas se constituyó en 1948, por abogados y  juristas que sobrevivieron al nazismo y participaron en los juicios de  Núremberg. Su precursor y primer Presidente fue el vasco de origen judío, René  Cassin, uno de los redactores de la Declaración Universal de los DDHH.  Involucrada en la lucha contra las armas nucleares el Congreso fue así mismo muy  activa en las luchas anticoloniales y la lucha contra el Apartheid.  Recientemente fallecía su Presidente Honorario Nelson Mandela. Su actual  Presidente es la norteamericana Jeanne Mirer.

Iratxe Urizar de Eskubideak  participó como panelista en la resolución de segunda comisión "Justicia  Democrática, la independencia del Poder Judicial y de la Defensa", donde aparte  de las experiencias del País Vasco de kurdos abogados y abogados de las  Filipinas, Colombia y Turquía fueron expuestas.

La Comisión denunció el  asesinato o encarcelamiento de los abogados de los presos políticos; el acoso y  la persecución de los defensores de los derechos humanos y abogados. Exigió el  derecho a una defensa legal que significa tener una defensa decente y  competente, sin que el abogado designado imponga su ideología o tendencia  política en contra de la persona detenida; y declararon que los Estados deben  proteger el derecho a la defensa y garantizar que los abogados pueden hacer su  trabajo con libertad e independencia, y no ser perseguidos o encarcelados por  sus compromisos profesionales.

Por último el 18 Congreso de la Asociación  Internacional de Juristas Demócratas aprobó una moción por el respeto de los  derechos de los presos vascos, el fin de la dispersión así como la liberación de  los presos enfermos y Arnaldo Otegi entre otros.





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martes, 18 de septiembre de 2012

Hostigan a Abogados Vascos

No contentos con los castigos agregados que el régimen borbónico franquista impone a los presos políticos vascos, a sus familares y a sus amigos, los gamberros españolistas continúan su embestida en contra de los abogados que les defienden.

Esta nota al respecto ha sido publicada en Gara:


Iñaki Goioaga, abogado de presos políticos vascos, se sienta mañana en la Audiencia Nacional con una petición fiscal inusitadamente alta, y más para un letrado: 16 años de cárcel. Llueve sobre mojado, porque este colectivo ha sufrido varios procesos en los últimos años, denunciados por asociaciones europeas. Se piden también 6 años a un preso y 8 a una familiar, todo por un supuesto plan de fuga nunca ensayado.
Ramón Sola
Procesar a abogados por cuestiones relacionadas con su labor es algo muy infrecuente en Europa, pero se repite con cierta periodicidad en el Estado español cuando se trata de letrados que asisten a presos políticos vascos. Mañana se verá el último ejemplo en la Audiencia Nacional, especialmente grave dado que la Fiscalía pide nada menos que 16 años de cárcel para Iñaki Goioaga, además de 6 para el preso Gorka García Sertutxa y 8 para su entonces compañera, Ana Paz Cinos.
Todo comenzó en junio de 2009, cuando se produjo una redada muy extraña con una acusación no menos estrambótica. Simultáneamente fueron detenidos el abogado Goioaga, tres presos políticos vascos -que quedaron arrestados e incomunicados en la cárcel- y dos familiares -en el caso de Cinos, al salir de un vis a vis en Huelva-.
La noticia corrió como la pólvora gracias a filtraciones policiales que recreaban un espectacular plan de fuga que en ningún caso se había materializado ni intentado: se habló de que pensaban usar un helicóptero, de que los presos se ocultarían en Portugal... Un medio digital afirmó que el objetivo real de la operación era tapar el conflicto abierto en esas fechas entre Madrid y París por una intervención de la Guardia Civil en su territorio sin previo aviso.
Tal bomba informativa se fue desinflando poco a poco. El auto de prisión decretado por el juez Fernando Grande-Marlaska no recogía muchas de las afirmaciones hechas por el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en rueda de prensa. El silencio se hizo sobre el caso, pero fue avanzando y llega ahora a juicio. Y con especial saña en el caso de Goiaga; aquel primer auto venía a asumir que no había pruebas que lo ligasen al fantasmagórico plan de huida, pero añadía que en el registro de su despacho se habían hallado otros elementos que se consideraban sospechosos.
En este punto se desencadenan un montón de vulneraciones de derecho de defensa. Por ejemplo, ese registro se realizó sin mostrar orden judicial ni permitir que otro compañero de despacho fuera testigo. Al día siguiente, el resto de abogados vascos que habían acudido a la AN para interesarse fueron expulsados de los pasillos, donde sí se permitió estar a otros letrados y a periodistas.
Solidaridad y observadores
Todo ello motivó protestas de la asociación de abogados vascos Eskubideak y también de Abogados Europeos Demócratas, entidad que enviará observadores al juicio que se celebra entre mañana y el martes. También se recogieron más de 200 firmas de denuncia entre juristas vascos y del ámbito internacional.
Nada de ello ha detenido el proceso judicial. Tampoco el hecho de que Goioaga haya dado explicaciones sobre los documentos hallados en el despacho que resultan incriminatorios para la Fiscalía (unas cartas de un empresario y un manuscrito anónimo).
Se le achacan por ello «integración en organización terrorista», «quebrantamiento de condena con fines terroristas y uso de violencia en grado de conspiración», «secuestro terrorista en grado de conspiración» y «robo con intimidación con fines terroristas en grado de conspiración». A García Sertutxa se le imputan los tres últimos, también como «conspiración». Y a Cinos, «colaboración».
Diferentes imputaciones, un mismo objetivo
La asociación Abogados Europeos Demócratas lleva tiempo siguiendo con preocupación esta dinámica de procesos a abogados de presos vascos, iniciada en los años 90 pero recrudecida en la última década. La casuística resulta diferente, pero el objetivo de fondo es el mismo.
Varios han sido acusados -y algunos condenados- en los macroprocesos del «todo es ETA» (Karlos Trenor, Txema Matanzas, Mirian Campos, Julen Arzuaga, Iñigo Elkoro...) A otros se les intentó ligar con el «impuesto revolucionario» (Álvaro Reizabal, José Antonio de la Hoz..) A algunos más se les realizaron escuchas ilegales (Txema Gorostiza, Arantza Zulueta...). Y se les ha llevado a juzgados por transmitir a la opinión pública denuncias de torturas de sus defendidos (Aiert Larrarte y Alfontso Zenon).
No se trata de una práctica exclusiva del Estado español, dado que en el francés se actuó también contra Maritxu Paulus Basurko, Itziar Larraz o Unai Errea. El caso de este último motivó la intervención del llamado Conseil de L'Ordre des Avocats y del Syndicat des Avocats de France.
Además sigue su curso el caso contra los abogados Arantxa Zulueta, Iker Sarriegi y Jon Enparantza, detenidos en 2010.

viernes, 30 de octubre de 2009

Eskubideak: Ante la Detención de Joseba Agudo

Esta nota de prensa nos ha sido enviada por correo electrónico:

Eskubideak | Euskal Abokatuen Elkartea

www.eskubideak.com

PRENTSA OHARRA – NOTA DE PRENSA


Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Vascas Eskubideak queremos denunciar
enérgicamente la detención de nuestro compañero Joseba Agudo. A pesar del secreto de actuaciones dictados, en diversos medios han comenzado a filtrase acusaciones contra nuestro compañero por su labor como abogado en casos de extradiciones, pero no solo eso, sino que se menciona igualmente su labor en esta Asociación como elemento inculpatorio.

Desde esta Asociación exigimos, al igual que numerosas compañeros del ámbito internacional junto a los que Agudo ha colaborado en la defensa de sus clientes, la inmediata puesta en libertad de nuestro compañero así como que se aclaren las circunstancias de su detención, profusamente anunciada en diversos medios de comunicación incluso varias horas antes de que Agudo fuera detenido. Desde nuestra condición de abogados sentimos la más absoluta de las indefensiones ante este tipo de atropellos en los que un letrado es detenido únicamente por llevar adelante su actividad profesional.

Tal y como denunciamos en el caso de Iñaki Goioaga, es absolutamente inconcebible la detención de Joseba Agudo así como solicitar una euro orden en su contra. Más aún cuando siendo abogado y su lugar de trabajo habitual los tribunales, hubiese sido más que suficiente, de haberse considerado necesario, su citación para prestar declaración ante el órgano competente.

En este sentido, anunciamos que una delegación de Eskubideak acudirá el próximo martes al tribunal de Pau a la vista que se celebrará para decidir sobre su euro orden, para mostrar así nuestra disconformidad con estas actuaciones.

En Bilbao, a 30 de octubre de 2009


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miércoles, 22 de julio de 2009

Abogados Exigen Libertad de Iñaki Goioaga

Hace unos días nos unimos a la campaña de solidaridad con el abogado vasco Iñaki Goioaga invitando a nuestros lectores a difundir el manifiesto en su favor. En Gara han publicado esta nota al respecto del respaldo al manifiesto:

Más de 150 abogados exigen la puesta en libertad de Iñaki Goioaga

Más de 150 abogados han firmado un manifiesto de apoyo al letrado Iñaki Goioaga, detenido y encarcelado el pasado mes de junio con el argumento de un supuesto plan de fuga de ETA. El documento denuncia que "se ha encendido la alarma roja" entre la comunidad jurídica.

BILBO-. Representantes de Eskubideak, Asociación de Abogados y Abogadas de Euskal Herria, han dado a conocer hoy en Bilbo el manifiesto suscrito por más de 150 juristas vascos y de todo el mundo en el que denuncian el encarcelamiento de su compañero Iñaki Goioaga y reclaman su inmediata puesta en libertad.

Iñigo Santxo, en nombre de todos, ha denunciado que el operativo en el que fueron detenidos Goioaga y otras seis personas fue "más mediático que jurídico" y ha señalado que la detención del letrado era "a todas luces innecesaria, de no ser que la misma tuviese como finalidad era la de "tratar de buscar pruebas inculpatorias mediante métodos fraudulentos".

Ha recordado que Iñaki Goioaga es un letrado defensor personado en diversas causas que se tramitan en la Audiencia Nacional española, un "extremo sobradamente conocido" por el juez instructor de la causa, Fernando Grande-Marlaska y, por ello, entienden que "no concurren las circunstancias previstas en la ley que justifiquen su detención", ya que "no existen motivos que hagan pensar que de ser citado no hubiese acudido a la llamada judicial, máxime si la acusación es relativa a unos presuntos hechos que datan del año 2007".

Los abogados denuncian que su arresto bajo incomunicación y la imposibilidad de saber su paradero y estado en los tres días que permaneció en manos de la Guardia Civil supone "la negación de las garantías más elementales de salvaguarda de sus derechos fundamentales, lo cual permite la existencia de malos tratos y prácticas policiales ilegales", como denunció Goioaga.

Además, censuran que la privación de asistencia letrada de confianza vulnera "las más básicas garantías procesales", por lo que en su opinión se deberían considerar "nulas todas las declaraciones que se hayan producido en vulneración de derechos y todas las diligencias que se traigan a la causa en base a declaraciones así obtenidas".

Junto a ello, critican que el auto de prisión preventiva firmado por el juez Fernando Grande Marlaska es una medida "absolutamente arbitraria y desproporcionada", ya que "real y jurídicamente no se dan los supuestos mínimos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mantener esta situación de prisión provisional".

Por ello, reclaman "con firmeza" que Goioaga sea inmediatamente puesto en libertad.

Los miembros de Eskubideak consideran que con esa operación "lo único que se buscaba era neutralizar la disidencia jurídica, neutralizar la figura del abogado defensor en el tribunal de excepción de la Audiencia Nacional".

"Creemos que con este tipo de operaciones se buscan eliminar los observadores incómodos" del tribunal especial, ha subrayado.

Por ello, creen que "se ha encendido la alarma roja" entre la comunidad jurídica, porque "lo que le ha pasado a Iñaki le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Utilizar un procesamiento jurisdiccional para la eliminar la disidencia jurídica y política nunca vamos a aceptar", ha asegurado.

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miércoles, 15 de julio de 2009

Behatokia : Libertad a Iñaki Goioaga

Hemos recibido este manifiesto y pedido de solidaridad de parte de Behatokia:

Estimados/as colegas,

De cara a solicitar la inmediata puesta en libertad del abogado Iñaki Goioaga, desde Eskubideak hemos puesto en marcha esta iniciativa para recabar firmas de abogados y profesionales del derecho.

Pedimos pues su máxima difusión y nos hagáis llegar todos los nombres y apellidos a la dirección iratxe@behatokia.info, para que podamos adjuntar todas estas firmas al escrito que será presentado a finales de este mes de julio.

Gracias de antemano,

Un saludo

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Manifiesto para solicitar la inmediata puesta en libertad del abogado Iñaki Goioaga Llano


Iñaki Goioaga Llano, abogado del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Bizkaia, núm colegiado 1835, fue detenido el pasado 13 de junio de 2009 a las 14.00 horas por la Guardia Civil. Tras comunicarle que se encontraba detenido e incomunicado por motivos de terrorismo, fue trasladado a su despacho profesional de la calle Elkano de Bilbo. Otro letrado, compañero del detenido, y que se encontraba en el bufete manifestó la intención de asistir a su colega detenido y requirió la orden judicial relativa al registro en cuestión. Ambas fueron denegadas y fue desalojado a punta de pistola. Tampoco le fue permitido estar presente durante el registro del despacho profesional del señor Goioaga, siendo una abogada del turno de oficio quien presenció la diligencia. Tras el posterior registro de su domicilio particular, fue trasladado a Madrid.

En esos momentos trascendió a los medios de comunicación que la detención se circunscribía en una operación policial por la que se ha desactivado un espectacular plan de fugas que presuntamente ETA tendría planificado en el año 2007, en la que se detuvo a seis personas más, tres de ellos presos.

El decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, se puso en contacto con el magistrado de la Audiencia Nacional encargado del operativo, Fernando Grande Marlaska, solicitando le sean garantizados sus derechos fundamentales. El Magistrado no solo no quiso aplicar el llamado “Protocolo Garzón” sino que además denegó ofrecer ningún tipo de información a los abogados de Goioaga, incluida la referida al momento en que éste prestaría declaración. El 16 de junio, fecha en la que prestó declaración Iñaki, abogados que se encontraban a la espera para asistir a la misma, fueron expulsados de los pasillos del Juzgado nº 3, permitiéndose sin embargo la estancia de periodistas y de otros profesionales del derecho ajenos al asunto. Tras la declaración y una vez se levantó la incomunicación, una de las letradas de Goioaga pudo mantener una breve comunicación con él en los calabozos de la Audiencia Nacional. El detenido manifestó que se le había sometido a innumerables interrogatorios por parte de la Guardia Civil sin presencia de abogado y denunció haber sido objeto de insultos y amenazas. Refirió además que negó ante el juez cualquier relación con el supuesto plan de fuga y en concreto negó la acusación de ser él quien facilitara la comunicación entre un preso y ETA. Por otra parte, ninguno de los documentos incautados durante los registros avala los extremos que se mantienen en la acusación.

En consecuencia, los abajo firmantes, manifestamos

* Que Iñaki Goioaga Llano es letrado defensor personado en diversas causas que se tramitan en la Audiencia Nacional, extremo sobradamente conocido por el magistrado instructor. Es por ello que no concurren las circunstancias previstas en la Ley que justifiquen su detención, ya que no existen motivos que hagan pensar que de ser citado éste no hubiese acudido a la llamada judicial, máxime si la acusación es relativa a unos presuntos hechos que datan del año 2007. Detención a todas luces innecesaria, de no ser que la misma tuviese como finalidad el tratar de buscar pruebas inculpatorias mediante métodos fraudulentos.

* Que la detención bajo régimen de incomunicación y la imposibilidad de saber el paradero y estado de nuestro compañero en el plazo de 3 días en que se prolongó, supone la negación de las garantías más elementales de salvaguarda de sus derechos fundamentales, lo cual permite la existencia de malos tratos y prácticas policiales ilegales, como en este caso ha denunciado nuestro compañero.

* Que la privación de asistencia letrada de confianza a nuestro colega vulnera las más básicas garantías procesales, debiéndose considerar nulas todas las declaraciones que se hayan producido en vulneración de derechos y todas las diligencias que se traigan a la causa en base a declaraciones así obtenidas.

* Que el decreto de prisión preventiva es en este caso una medida absolutamente arbitraria y desproporcionada, por todo lo cual, demandamos con firmeza su más inmediata puesta en libertad.

Enviar firmas con nombre y apellidos a: iratxe@behatokia.info


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lunes, 10 de noviembre de 2008

750 Presxs Políticxs Vascxs

Este artículo acerca de la virulencia con la que España y Francia agreden al pueblo vasco ha sido publicado en Gara:


Más de 750 presos políticos por primera vez en 40 años

Hay que remontarse casi 40 años para encontrar tantos presos políticos vascos como en la actualidad. Según datos recabados por GARA, su número supera los 750 en los dos estados, de los que sólo dieciséis se encuentran cumpliendo la condena en Euskal Herria. En este contexto, Etxerat reivindicó ayer en Etxarri-Aranatz la liberación de quienes están enfermos o han cumplido la condena impuesta. Los familiares buscan «una masa social para conseguirlo».

O. L.-J. M.

A principios de este mes, el número de ciudadanos vascos encarcelados en prisiones españolas y francesas superaba la cifra de 750. Concretamente, el último balance realizado por del movimiento pro-amnistía, cerrado el 29 de octubre, arrojaba el dato de 755 presos políticos vascos dispersados en 82 prisiones de la geografía española y francesa. Sólo 16 de ellos se encuentran cumpliendo la condena en Euskal Herria.

Hay que remontarse hasta 1969, en la recta final del franquismo, para encontrar una situación parecida; al final de aquel año, el conjunto de los ciudadanos vascos encarcelados por motivos políticos rondaba los 860.

La diferencia más llamativa en torno a la evolución de este número se puede observar en el gráfico de la siguiente página. Unos dientes de sierra representan los últimos diez años del franquismo. La media de ciudadanos vascos presos por motivos políticos rondaba en aquellos tiempos los 300, pero esa regularidad se rompía en momento de especial convulsión política, como es el caso de 1969 o de 1975. En esas etapas los encarcelamientos se contaban en centenares, pero el gráfico demuestra que su estancia en prisión no era dilatado.

Por contra, casi cuatro décadas después se constata que esos «picos» desaparecen y los dientes de sierra se convierten en una línea continua ascendente que año a año rompe límites históricos.

Por los derechos humanos

En este contexto celebró Etxerat ayer su VIII Asamblea, en Etxarri-Aranatz. En un frontón en el que se llenaron las 750 sillas dispuestas para los familiares, el colectivo trazó las líneas a seguir, poniendo énfasis en el derecho a la libertad de los ciudadanos vascos que han cumplido condena o que se hallan gravemente enfermos. Por ello, desde Etxerat solicitaron la implicación de toda la sociedad en defensa de los derechos humanos, que en el caso de los presos son vulnerados hasta el extremo.

«Se les olvida [a los gobernantes] que estamos aquí, que exigimos la libertad de nuestros familiares. No se trata de política, exigimos que se cumplan sus derechos», aseguraron desde Etxerat.

Así las cosas, se dirigieron a toda la sociedad declarando que «queremos una masa social para conseguirlo. Queremos hacer ver la realidad que se quiere ocultar, y para romper con eso llamamos a participar en la manifestación nacional que convocamos para el próximo 3 de enero en Bilbo».


Testimonios: castigo para los presos y para sus familiares


Jone Balerdi | Juankar Balerdiren arreba

Jone Balerdik, Juankar Balerdi preso politiko lasartearraren arrebak, sakabanaketaren ondorioen lekukotasunik gordinenetakoa eman zuen atzoko ekitaldian. Bere gurasoek eta Iñaki anaiak Almeriako kartzelan hamasei urte preso daramatzan Juankar bisitatzera zihoazela istripu larria izan zuten, Albaceten. Ondorioz, ama eta Iñaki anaia hil egin ziren, eta aita, Joxe Balerdi, larri zauritu zen. Hiru astez Albaceteko ospitalean hil ala bizi egon zela kontatu zuen Jonek, eta ondotik Donostiara etorri ahal izan zuen arren, bertako ospitalean beste lau hilabete eman behar izan zituen etxera itzuli aurretik.

Amak, lehenago ere, bisita batean istripua izan zuela azaldu zuen, eta Juankarren emaztea den Zutoiak berriz, ezbehar larri hura gertatuz geroztik ere istripua jasan duela salatu zuen. «Erarik koldarrenean, senideak urrunduz, min egin nahi digute; beraiei, eta bai guri ere. Zutoia hilero joaten da; aita, ni eta lagunak ere joaten gara... Argi izan dezatela ez ditugula bakarrik utziko. Ez dute lortuko», adierazi zuen ozen atzo Jonek. Anaia etxetik 1.032 kilometrora dago eta Almerian preso dauden gainerako kideekin dago. 11 euskal preso daude han.

Elias Miner | Imanol Minerren anaia

2002. urteaz geroztik Granadako kartzelan (902 kilometrora) dagoen Imanol Miner Hernaniko preso politikoaren anaiak, Elias Miner-ek, atzo Etxarri Aranatzen bildutako senideen izenean hitz egin zuen, beren egoeraren berri emanez: «Sufrimenduak batu egiten gaitu. Azaldu nahi dugu hemen gaudela, eta errealitate hau ezin dela ukatu. Giza eskubideekin ahoa betetzen duten horiei esan behar diegu hemen gaudela, eta gure senideen eskubide urraketak salatzen jarraituko dugula».

Horrez gain, «guzti hau bukatzeko» exijituz denen aurrean jarriko direla jakinarazi zuen: «Hor egonen gara gizartean; ahal dugun guztiengana joanen gara, sindikatuengana nahiz gainerako gizarte eragileengana, gure senideak etxera ekartzea lortzeko». Horren beharra azpimarratu eta agintariek errealitate hori «ezkutatzeko» egin duten ahalegina salatu zuten. Zentzu horretan, komunikabideen papera nabar- mendu zuten, senide eta presoen egoeraren berri ematen ez dutela-eta. Larriki gaixorik daudenek eta zigorra beteta dutenek kartzelan segitzen dutela salatu beharra dagoela azaldu eta giza eskubideak defendatzeko deia luzatu zion gizarte osoari Miner-ek.

Marta Varela | Compañera de Mikel Gil

Marta Varela es compañera del preso político de Iruñea Mikel Gil. Este vecino de la Txantrea se halla preso desde 1992, cuando fue detenido y encarcelado en el Estado francés. Tras ser extraditado desde allí, actualmente se encuentra en la cárcel zaragozana de Zuera, aislado, a 268 kilómetros de Euskal Herria. Es uno de los catorce ciudadanos vascos que sigue cautivo pese a tener una enfermedad grave. Su compañera Marta relató lo duro que le resulta no poder estar con él en la situación por la que está pasando, y la dificultad que entraña que mejore en estas condiciones.
Varela dio cuenta de cómo hace diez días le comunicaron desde la cárcel que su compañero se hallaba ingresado en el hospital, pero tras viajar hasta Zaragoza y pasar el día allí, sólo le dejaron verlo por la tarde durante 40 minutos, como en una visita habitual.

Desde Etxerat alertan reiteradamente de que la recuperación de las personas con graves enfermedades es prácticamente imposible en las condiciones en las que se hallan en la cárcel, y reivindican el derecho a la salud de todos los ciudadanos, «independientemente de la situación en la que se hallen».

Nekane Cid | Luis Mari Azkargortaren emaztea

Nekane Cid Luis Mari Azkargorta preso politiko bergararraren neskalaguna da. Azkargortak hogei urte daramatza kartzelan, eta iazko urrian zigorra osorik bete ostean kalean beharko luke, legearen arabera. Hala ere, zigorra bete ostean kartzelan beste hamar urte eman beharko zituela jakinarazi zioten. Ezusteko kolpea izan zen senideentzat, eta halakorik gerta zitekeenik ere sinetsi ezinik egon ziren. Egoera horrelakoa izanik, noiz aterako den ez jakiteak «amorru bizian» ditu, trikimailu berriak erabiliz zigorra luza daitekeela ikusita. Zuerako espetxean dago, herritik 268 kilometrora, beste presoengandik bakarturik.

Luis Mari Azkargorta 1988an atxilotu zuten eta 2003an baldintzapeko askatasunean kalera atera zen. Hala ere, eta kanpoan emandako hamaika hilabeteetan sinatzera joan arren, berriro ere kartzelan sartu zuten, baldintzapekoa agindu zuen epailearekin «desadostasuna» argudiatuta.

Zigorra betea duten 34 euskal presori luzatu diete kartzela zigorra, 2006an indarrean jarritako 197/2006 doktrina baliatuz. 30 urteko kartzela zigorrekin «bizi arteko zigorra» ezartzen zaiela salatzen du Etxerat-ek.

Manu Errazkin | Padre de Oihane Errazkin

Las condiciones a las que son sometidos los presos políticos vascos han provocado demasiadas veces su muerte en la cárcel. Es el caso de la joven donostiarra Oihane Errazkin, que en julio de 2004 apareció sin vida en la celda de Fléury-Mérogis, a 911 kilómetros de Euskal Herria. Tal y como ha venido haciendo en numerosas ocasiones, su padre, Manu Errazkin, denunció que estas muertes son consecuencia de políticas penitenciarias «que aumentan las medidas para infligir más sufrimiento». Además de estar privados de libertad, la dispersión que los aleja a cientos de kilómetros y el aislamiento que padecen dentro de la propia cárcel lleva a una situación difícil de soportar.

Subrayó que esta situación es «un castigo añadido» tanto para los encarcelados como para sus familiares; este año han sido diez los accidentes de familiares que iban a visitar a sus allegados y en los últimos 20 años de dispersión 16 familiares han perdido la vida en esos viajes. Seis presos han fallecido en la cárcel por enfermedad; otros siete lo han hecho al poco de ser llevados a casa «a morir», como denuncia Etxerat; y ocho se han quitado la vida en prisión.



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lunes, 12 de mayo de 2008

Los Excesos de Garzón

Este escrito publicado en Rebelión pone en evidencia los excesos a los que está llegando Baltasar Garzón en su torpe y despiadada cruzada totalitaria en contra del pueblo vasco.

Aquí lo tienen:


Proceso al movimiento pro amnistía y a la democracia española

José Manuel Hernández de la Fuente y Amalia Alejandre Casado | CAES

La solución a un conflicto político ha de ser política y justa. La Constitución Española de 1978, puede y debe ser cuestionada, discutida y reformada, para que el derecho de autodeterminación de los pueblos pueda ser ejercitado por aquellos que así lo decidan democráticamente. En el curso de las operaciones policiales contra el movimiento pro amnistía vasco en la madrugada del 31 de octubre de 2001, el juez Garzón ordenó registrar varios locales y oficinas, dos de ellos despachos de abogados, en Hernani y en Pamplona. Estos despachos estaban inscritos en sus Colegios de Abogados respectivos. En el registro de Hernani, uno de los abogados detenidos, Julen Zelarain, solicitó la presencia de un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. La policía desatendió esta petición y procedió al registro, incautándose de documentación, ordenadores y soportes informáticos. Posteriormente precintó los despachos. En la actuación policial en Pamplona, se registró el despacho y se incautó el ordenador de la abogada Ainhoa Baglietto. El Juez Garzón, desplazado a Bilbao para coordinar toda la operación, fue informado por la abogada Arantxa Zulueta de la actuación irregular en los despachos de los abogados pero la operación siguió adelante.

Los abogados presentaron recursos solicitando la nulidad de los registros así como la devolución de todo lo incautado. El juez Garzón dictó un nuevo auto el 7 de noviembre, ordenando la devolución del material incautado, pero antes hizo una copia del material informático y de los documentos intervenidos. Los abogados vieron, así, violentados diversos derechos: a) Derecho al secreto profesional, b) derecho a la defensa como obligación de los abogados y garantía de los justiciables, c) a la inviolabilidad del domicilio profesional y d) el registro de sus despachos e incautación de sus pertenencias vulnerando gravemente la ley.

Tras seis años y medio de espera, el pasado 21 de abril de 2008, se produce la apertura de la vista oral del sumario 33/01 contra las asociaciones del movimiento pro amnistía vasco, integrado por Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. La actividad de estos organismos es la denuncia de la violación sistemática de garantías jurídicas y procesales y de derechos humanos que padecen los presos vascos así como impulsar la solidaridad con estas personas. Todas las personas encausadas en este nuevo sumario tienen un indiscutible arraigo social, su actividad siempre ha sido pública y forman parte de la sociedad civil que de manera activa participa en la denuncia de las expresiones represivas del estado en la ayuda a las víctimas de esa represión a la vez que desarrollar iniciativas políticas que ponen el énfasis en la defensa de las libertades y los derechos humanos.

El sumario 33/01, es un eslabón más de la cadena de macroprocesos impulsados por Garzón y los partidos mayoritarios tras el Pacto contra el Terrorismo del año 2000 y la Ley de Partidos Políticos de junio de 2002. Todo ello precedido por el cierre del periódico Egin en julio de 1998. Estos procedimientos tienen como objetivo debilitar al movimiento independentista vasco y ha acabado por imputar a 27 personas, entre ellas el abogado Julen Arzuaga, miembro de la Asociación de Abogados Euskaldunes (Eskubideak).

En el comienzo del juicio todos los procesados, acusados de integración en banda armada sin individualizar los hechos presuntamente delictivos, han decidido renunciar a su defensa jurídica, por dos razones. La primera, porque no reconocen al tribunal que les juzga, la Audiencia Nacional. La segunda, por la convicción de que la sentencia ya está hecha. Los procesados, manifestaron al Tribunal el primer día del juicio, que estaban convencidos de que la sentencia estaba escrita y sería condenatoria pero que ese tribunal de excepción no les iba a “ juzgar por sus ideas”.

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), reunida en Ámsterdam el 19 de abril de 2008, hizo público un comunicado para mostrar su preocupación, por estos procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional. Tanto el sumario 18/98, como por las leyes de excepción que dejan sin contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de las personas detenidas y procesadas.

La AED, declara que “ … La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia “.

La AED, muestra su “… preocupación por las condiciones en la que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones “.

Por último, la AED, denuncia la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional; exige la “ derogación de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional”; rechaza “ la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo” y “ la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre “.

Este nuevo dislate jurídico que supone el juicio a las personas que han venido desarrollando su trabajo militante en el movimiento de denuncia de la represión y de solidaridad con las personas que la sufren, sólo se puede explicar por la intencionalidad política que contamina todos estos macroprocesos. Tras el 11 marzo 2004, PSOE y PP rompieron el consenso en esta materia, aunque mantuvieron en vigor el Pacto por las Libertades y la Ley de Partidos Políticos. Esto ha supuesto un uso virulentamente partidista del problema vasco en el que la única diferencia ha sido la intensidad con que pedían su aplicación. Tras el fracaso del periodo de negociación y tregua entre el Gobierno PSOE y ETA, a finales de 2006, las líneas maestras del Pacto vuelven a desplegarse con más énfasis que nunca.

El encarcelamiento de casi toda la dirección política de la izquierda independentista vasca, los nuevos procesos de ilegalización de partidos políticos en curso ( ANV,PCTV ) y el ingreso en prisión el pasado 30 de abril de 2008 de la alcaldesa de Mondragón, Ino Galparsoro, acusada por el fiscal y el juez Garzón de ser “ rebelde contumaz “ a la suspensión judicial de su partido ( por hablar en rueda de prensa de ANV ), expresan una profundización de la excepcionalidad de normas que conculcan derechos fundamentales proclamados en la Constitución Española de 1978.

La Ley de Partidos Políticos de 27.06.02, principal fruto del Pacto por las Libertades del año 2000, suscrito por PSOE y PP, permitió, tras su tramitación del procedimiento especial ante el TS, la ilegalización de Batasuna. La implantación de este partido en la sociedad vasca, queda fuera de toda duda. Pero el apriorismo de "Todo es ETA", inventado por el juez Garzón e impulsado por PP-PSOE y por casi todo el arco parlamentario y asumido por la Audiencia Nacional, acabó con la 2ª ilegalización de Batasuna y la prohibición de concurrir en procesos electorales posteriores a expresiones políticas y/o electorales que pudieran ser referentes del sector de la sociedad vasca que aquella representaba, dejando fuera del juego electoral a un sector importante de la sociedad vasca. El juego electoral y la vida civil han sido eliminados para cientos de miles de ciudadanos por el mero hecho de sus ideas políticas. La opción independentista que preconizan y su desacuerdo con el marco constitucional vigente, tiene todo que ver con esta privación de derechos políticos.

La Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED) en declaración pública de 21.04.07 desde Munich, requería a las autoridades españolas para que “abran un proceso de derogación de la Ley de Partidos Políticos“ y “ adopten las medidas tendentes a asegurar unas elecciones con todas las garantías democráticas y con la presencia de todas las fuerzas políticas “.

La politización de la justicia es el reflejo de que el sistema no funciona. Sin separación de poderes no hay Constitución. Sin control de poderes no hay democracia. Si la Constitución regula el pluralismo político y el derecho al sufragio como valores superiores de nuestro ordenamiento y se ilegaliza a opciones políticas contestatarias, se constata el déficit democrático del Estado español. No sólo no se protege la discrepancia, sino que, se la discrimina y persigue legalmente eliminándola por ley. La defensa de los derechos políticos y las libertades lo son para todas las personas y los pueblos. La defensa de las libertades es condición necesaria para la democracia. Condenar las ideas y prohibir la confrontación electoral y política a ciertas opciones, abona el avance del totalitarismo. La identidad de un sistema democrático se acredita, precisamente, por la existencia de grupos que discrepan del ordenamiento establecido.

La separación de poderes y la garantía de los derechos de las personas son principios que caracterizan al Estado democrático. Estos principios esenciales son lo sustantivo de la democracia. Es en las situaciones de excepcionalidad cuando aparece la razón de Estado.

El proceso constitucional español de 1978 fijó, de hecho, varios mecanismos para aplicar medidas excepcionales. Uno, las situaciones “clásicas” de excepción ( alarma, sitio, etc…) para declarar el estado de excepción ( art. 55, 1 CE ) y Ley Orgánica 4/81. Dos, en materia de integridad del territorio, y la aplicación del artículo 8 de la CE y la misión encomendada a las FFAA de garantizar la soberanía y la integridad territorial y la propia Constitución. Tres, la suspensión de derechos específica por motivos de terrorismo. La excepcionalidad a las leyes generales, se integra como legislación excepcional en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (detención preventiva e inviolabilidad del domicilio y secreto de telecomunicaciones). Esta solución, no es garantista de los derechos de las personas afectadas y en ese sentido es contraria al precepto constitucional.

La separación de poderes exige la soberanía parlamentaria, es decir, la inviolabilidad del parlamento. La ley deber ser la norma inatacable por los demás poderes. El poder ejecutivo debe estar sometido a la ley y al derecho. Del poder judicial se ha de predicar la independencia de todos sus miembros. La práctica política y mediática de criminalización de las ideas independentistas, cuando no las nacionalistas sin más, así como su identificación con la violencia, supone tanto la deslegitimación de las ideas y como la justificación de la razón de Estado como excusa para quebrar el principio de la separación de poderes para limitar derechos fundamentales.

La plena libertad ideológica, asociativa y de expresión es la mejor forma de asentar y hacer creíble un sistema democrático. Hacer más estrechos los márgenes de libertad, criminalizar al disidente, potenciar el “derecho penal del enemigo” para perseguir a la oposición, así como imponer y considerar la Constitución como algo intocable, a pesar de sus enormes déficits democráticos, es un atentado a la democracia que se dice defender.

El Ministro Rubalcaba falta a la verdad cuando acusa de manera genérica a la izquierda independentista, de ser causante de la violencia en Euskadi. Se equivoca cuando se sube de nuevo al carro del Pacto Antiterrorista del 2000, pues esa mirada unilateral muestra una parte de la violencia, pero no toda. La única solución justa y democrática, pasa por asumir que existe un conflicto político que hay que resolver. El sentimiento y el derecho de un pueblo a decidir por sí mismo, no puede ser ni ignorado, ni prohibido.

La solución a un conflicto político ha de ser política y justa. La Constitución Española de 1978, puede y debe ser cuestionada, discutida y reformada, para que el derecho de autodeterminación de los pueblos pueda ser ejercitado por aquellos que así lo decidan democráticamente. Actualmente es un derecho prohibido fruto de la transacción política llevada a cabo al morir Franco. No hacerlo así, no apostar por la política con mayúsculas y el diálogo como forma de resolver los conflictos, nos conduce a menos democracia y más desestabilización, a la proliferación de las leyes excepcionales ad hoc ( expresamente ) destinadas a sectores sociales que cuestionan el orden establecido, en definitiva al imperio de la Razón de Estado sobre las leyes y sus secuelas de represión y degradación de la democracia.

José Manuel Hernández de la Fuente y Amalia Alejandre Casado son abogados.



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viernes, 9 de mayo de 2008

Europa Preocupada

Les presento la editorial de Gara:



La Audiencia Nacional preocupa en Europa

El documento que la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) dio ayer a conocer muestra la preocupación que, desde hace varios años, causan en esa asociación los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional española. Incluido el juicio que se sigue actualmente contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, en el que está encausado Julen Arzuaga, representante de la asociación de abogados vascos Eskubideak en la AED.

Basándose en la experiencia del seguimiento realizado en calidad de observadores del proceso 18/98, entre otros, los abogados de la AED han denunciado la carencia de garantías jurídicas fruto de la aplicación de leyes de excepción «que vacían de contenido principios universales del Derecho». Esa falta de garantías jurídicas se concreta en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, así como la criminalización de su ejercicio. Nada nuevo, como ha señalado el presidente de esa asociación; nada de lo que no sea consciente quien vive día a día la realidad de este país. La última muestra de esa falta de garantías la dio ayer el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con un auto en el que desestima el recurso de ANV contra la suspensión de sus actividades al considerar que el rechazo de las mociones «éticas» es un indicio que refuerza su decisión contra el partido ekintzale.

La habitual respuesta a esas denuncias ha sido la criminalización. Hasta el punto de que los 27 encausados en el sumario 33/01 lo están por llevar a cabo una labor tan cívica como alertar a la sociedad de las irregularidades y vulneraciones de derechos similares a las que la AED ha constatado y que denuncia en su documento. No son nuevas, por tanto, ni esas vulneraciones ni la denuncia de las mismas. Pero sí es reseñable e importante que profesionales del Derecho de diversos países europeos las constaten ante la opinión pública, porque es un modo de contrarrestar la anestesia a que, a base de represión y propaganda, los poderes del Estado someten a la ciudadanía para camuflar tras un discurso supuestamente democrático las continuas actuaciones contrarias al Derecho en el que dicen se sustenta el Estado español.




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jueves, 8 de mayo de 2008

Derogar las Instituciones Franquistas

Esta nota ha sido publicada en Gara:




Abogados europeos exigen la derogación de la Audiencia Nacional

La asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) mostró ayer su «preocupación» por las condiciones en las que se está desarrollando el juicio contra el movimiento pro-amnistía en la Audiencia Nacional y denunció que se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la defensa. Por ello, reclamó la derogación del tribunal especial español, al que acusó de aplicar una «legislación excepcional».

Manex Altuna

El presidente de la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), Gilberto Pagani, denunció ayer en Bilbo, acompañado por miembros de la asociación de abogados vascos Eskubideak, que también forman parte de dicho organismo, la carencia de «garantías jurídicas» en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional española contra el movimiento pro-amnistía.

Pagani presentó también, en la rueda de prensa ofrecida en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, la moción aprobada por la asociación AED en referencia a este sumario el pasado mes de abril en Amsterdam. En el documento se exige «la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional».

El presidente de la AED recordó que la situación que se está viviendo «no es nueva» en lo que respecta a la Justicia española, ya que esta asociación europea ya siguió de cerca el juicio del macrosumario 18/98 que se celebró durante año y medio en el mismo tribunal especial.

Según se recoge en el texto, la AED ha mostrado «desde hace ya varios años su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros, el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada».

La asociación de abogados europeos recuerda que entre los 27 ciudadanos vascos procesados se encuentra el miembro de Eskubideak Julen Arzuaga -que asistió a la rueda de prensa-, y denuncia «la vulneración del derecho a la defensa y el secreto profesional» que se han producido en la instrucción del sumario. En este sentido, criticó una serie de medidas como «la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes, la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones», en referencia a Gestoras pro amnistía y Askatasuna.

El documento aprobado muestra también el rechazo «a la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo» y «la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre». A juicio de AED, la aplicación de esta legislación excepcional ha dado lugar «a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia».

Acudirán como observadores

Pagani anunció que al igual que en el macrosumario 18/98, la AED enviará observadores de todos los paises europeos que forman parte de la asociación a seguir el juicio.

El presidente del organismo insistió en que es «inadmisible la existencia de la Audiencia Nacional» y explicó que acudirán a las sesiones de la Casa de Campo para seguir de cerca el proceso 33/01 y «denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa».

El presidente de la AED consideró que «las cosas han cambiado desde el 11-S», y afirmó que «la simple exposición de ideas ahora se considera un delito».

«En toda Europa se están dando situaciones en las que dar una opinión se considera un crimen y denunciar situaciones desde una actividad política dentro de la legalidad y sin ejercer ningún tipo de violencia, un ataque al Estado», añadió.

«Es un juicio político»

La letrada y miembro de Eskubideak, Ainhoa Baglieto, que está ejerciendo de abogada en el juicio contra el movimiento pro-amnistía, señaló que los 27 acusados se encuentran «indefensos». En este sentido, criticó que en comparación con otros sumarios, el tribunal pretende «vender» una imagen más democrática, sin gritar ni descalificar, pero denunció que «no estamos ante un Estado de Derecho».

Baglieto manifestó que es un juicio contra la labor de un movimiento popular y denunció que «el objeto penal es difuso», ya que «no hay una individualización de los hechos».

El propio representante del Ministerio Fiscal, Carlos Bautista, reconoció en una charla con los alumnos universitarios que asistían al juicio como invitados que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados, contradiciendo uno de los principios básicos del Derecho Penal español que se rige por acusar a cada persona de hechos concretos y acreditarlo con pruebas.

Por ello, consideró que «nos hayamos ante un juicio político que sólo puede enjuiciar un tribunal especial, como es la Audiencia Nacional, porque no hay ningún delito» tras la actuación de los imputados.

Baglieto declaró que el «verdadero» delito que pretende juzgar la Audiencia Nacional no está tipificado en el Código Penal, y se trata de «haber denunciado la falta de derechos y la existencia de un conflicto político». «Están aplicando el derecho para juzgar al enemigo», sentenció.

La abogada señaló que con este tipo de procesamientos, al igual que con los del 18/98, el sumario contra «Jarrai-Haika-Segi» o el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, «el Estado quiere demostrar que no hay margen para la disidencia política».

Moción aprobada por AED

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) ha tenido conocimiento de la apertura del juicio oral en relación al sumario 33/01 contra las organizaciones Gestoras pro amnistía y Askatasuna, dedicadas a actividades públicas en denuncia de violaciones de derechos humanos y a la solidaridad con las personas presas y con las víctimas de dichas violaciones. En este procedimiento se encuentran imputadas 27 personas, y entre ellas el abogado Julen Arzuaga, representante de Eskubideak en nuestra asociación.

La AED desde hace ya varios años ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada.

La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia.

En este contexto, debemos mostrar nuestra preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones. Por todo ello, queremos hacer constar que:

-Denunciamos la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional.

-Exigimos la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional.

-Rechazamos la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo.

-Rechazamos la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre.

La AED seguirá de cerca el proceso 33/01 para, en su caso, denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa.

Asociación de Abogados Europeos Demócratas

Amsterdam, 2008/04/19


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sábado, 26 de abril de 2008

Texto Solidario de AED

Esto ha sido publicado en inSurGente:


Moción de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas sobre el juicio al Movimiento Vasco Pro-Amnistía

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) ha tenido conocimiento de la apertura del juicio oral en relación al sumario 33/01 contra las organizaciones Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, dedicadas a actividades públicas en denuncia de violaciones de derechos humanos y a la solidaridad con las personas presas y con las víctimas de dichas violaciones. En este procedimiento se encuentran imputadas 27 personas, y entre ellas el abogado Julen Arzuaga, representante de Eskubideak en nuestra asociación.

La AED desde hace ya varios años ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional, entre otros el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada. La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia.

En este contexto, debemos mostrar nuestra preocupación por las condiciones en la que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones.

Por todo ello, queremos hacer constar que:

- Denunciamos la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional.

- Exigimos la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional.

- Rechazamos la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo.

- Rechazamos la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre.

La AED seguirá de cerca el proceso 33/01 para, en su caso, denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa.

Ámsterdam, 19 de abril de 2008



Se agradece la solidaridad.


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jueves, 26 de abril de 2007

El Torturador "Contra" la Tortura

Esto es como tener a Pinochet juzgando a Somoza por crímenes de lesa humanidad.

El aparato publicitario alrededor de Baltasar Garzón, casi tan bueno como el del filósofo de la represión Fernando Savater, ha provocado que el juez clown sea considerado por muchos como un gran héroe de los derechos humanos.

Pues bien, después de leer este texto sabrán que han estado equivocados:

Baltasar Garzón, un clavo ardiendo

El pasado 10 de abril el canal 2 de la TVE emitió el documental "El alma de los verdugos" codirigido y copresentado por el Juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón. El contenido del documental supone posiblemente un espaldarazo a quienes durante tantos años buscan el reconocimiento y la reparación de los cientos de víctimas que sufrieron las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, en definitiva el terrorismo de estado en Argentina, Chile u otros países de Latinoamérica entre los años setenta y ochenta. Siempre es bueno que la tortura se denuncie, y es cierto que el documental puso sobre la mesa una realidad lacerante.

Sin embargo, dudamos, y así lo hacemos público, que la persona más adecuada para vehiculizar esta denuncia sea el juez Baltasar Garzón, quien fue presentado a sí mismo como una autoridad en materia de perseguir a torturadores.

Como el propio Vicente Romero –codirector del documental- aseguró “continúa habiendo torturas en otros lugares, continúa habiendo secuestros, desapariciones y cárceles secretas”. Precisamente Garzón en su actividad diaria al frente del tribunal especial antiterrorista que es la Audiencia Nacional conoce perfectamente esta realidad, de primera mano, siendo que emana de él mismo la orden de incomunicar a las personas acusadas de terrorismo, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas.

Y es que la impunidad de los torturadores no es algo que afectara sólo a las dictaduras del Cono Sur americano sino también al Estado español. Las recomendaciones reiteradas por el Comité para la Prevención de la Tortura y del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, del Comité de Derechos Humanos, del Comité Contra la Tortura y del Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, así como de organismos no gubernamentales de la talla de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización Mundial Contra la Tortura denuncian un sistema que facilita o ampara la existencia de un cuadro grave de torturas en el Estado español donde, según denuncian las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito, en lo que llevamos de siglo XXI se estarían produciendo más de 700 casos anuales de denuncias de torturas y malos tratos que afectarían a personas de todo tipo y condición.

Pero esas denuncias -y las condenas- no son únicamente genéricas, también apuntan directamente al coautor del reportaje Baltasar Garzón: En vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrolló en Catalunya la llamada «Operación Garzón» que se saldó con la detención por parte de la Guardia Civil de una treintena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al movimiento independentista catalán. Muchos de los arrestados denunciaron haber sido sometidos durante los interrogatorios a torturas como la bolsa, golpes por todo el cuerpo, electrodos, dificultar el sueño, amenazas y simulacros de ejecución. Algunos intentaron suicidarse. El caso fue resuelto 12 años después en sentencia de 2 de noviembre de 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que señaló que tenía la convicción de que la investigación de las denuncias no hubiera sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias» de los tratados internacionales. Y esto implicaba también a Baltasar Garzón que, según los demandantes, «tras las denuncias formuladas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, debieron ser sometidos a un reconocimiento médico profundo. Dicho juzgado se limitó a solicitar a la médico forense, L. L. G., un simple informe, y no un verdadero dictamen pericial sobre los malos tratos alegados».

Además, la sentencia constata que «el 20 de mayo de 1997 -casi cinco años después de la denuncia- la Audiencia Nacional no había dado curso a la decisión de remitir a los tribunales competentes las alegaciones de malos tratos». Por todo ello, el Gobierno fue condenado a indemnizar a los recurrentes.

También el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa menciona al Juzgado que dirige Garzón en su informe de la visita de enero de 1997. En dicho informe recoge las alegaciones de tortura sufridas por el ciudadano vasco Jose Arkauz considerando su testimonio “detallado y coherente” contradiciendo la versión dada por el juez ocultando estas torturas en la que sostiene que con Arkauz se cumplieron escrupulosamente “las indicaciones del CPT para prevenir cualquier posibilidad de malos tratos o torturas”. El Comité reprocha al juzgado que no se adoptaron medidas “repetidamente recomendadas por el CPT”, como es la puesta a su disposición un abogado y denuncia además que la actuación del médico forense que lo examinó estuvo plagada de irregularidades.

En estas dos ocasiones Europa funcionó. Porque en el Estado español y en sus tribunales se cumple la premisa expuesta por Garzón en el documental de que «el torturador tortura porque tiene la capacidad que le da el poder hacerlo. En otra situación no lo haría jamás». Pero el juez hablaba de Argentina y Chile.

En diciembre del año pasado el juez anunció una serie de medidas de prevención de la tortura a once islamistas detenidos e incomunicados en Ceuta, entre ellas la grabación en video coincidiendo con la visita al Estado español de Eric Sotas, director de la Organización Mundial Contra la Tortura. Sin embargo, a lo largo de sus años de instructor en la Audiencia Nacional, han sido cientos los ciudadanos vascos que han denunciado ante Baltasar Garzón haber padecido torturas sin que éste les prestara más atención que un mero trámite burocrático. El 25 de enero la policía detuvo e incomunicó a Iker Agirre, acusado de pertenecer a ETA en una operación supervisada por Garzón. En este caso no adoptó ninguna medida. El joven vasco relató después severas torturas.

Conocemos la actitud de Garzón en el ámbito internacional así como la conocemos en el doméstico, ya que es habitual que vea fuera de las fronteras de su actividad jurisdiccional lo que no ve ante sus narices. Conocemos su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Conocemos de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como conocemos que su actividad en el ámbito internacional no es más que un ligero barniz de defensor de derechos humanos sin que sus acciones hayan pasado de ser testimoniales. Sabemos asimismo la importancia que esto tiene para grupos que, como nosotros, en el arduo trabajo de luchar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la tortura se agarrarían incluso a un clavo ardiendo. El clavo que ha ofrecido Baltasar Garzón a las personas que en este reportaje, sin dudar en su voluntad real, confiaron en él.

Vaya para ellas nuestro cariño y nuestra solidaridad, esperando que comprendan el dolor que nos causa la habilitación que se da a este personaje con iniciativas como esta.

- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía –APDHA –Andalucía- Asociación de Juristas Andaluces 17 de Marzo –Andalucía- Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón –ASAPA -Aragón- Acció dels Cristians per l´Abolició de la Tortura -ACAT –Catalunya - Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona -Catalunya- Memoria Contra la Tortura –Catalunya- Asociación de Abogados Vascos –Eskubideak –Euskal Herria- Observatorio Vasco de Derechos Humanos –Behatokia –Euskal Herria- Salhaketa –Euskal Herria- Torturaren Aurkako Taldea –TAT –Euskal Herria- Asociación Libre de Abogados –Madrid- Centro de Documentación contra la Tortura -Madrid - Centro de Asesoría y Estudios Sociales- CAES -Madrid



¿Recuerdan cuando el Subcomandante Marcos nos sirvió la cabeza de Garzón en charola de plata?

Que oportunidad para mandarlo al Tribunal de la Haya desperdiciamos en aquella ocasión.








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miércoles, 10 de enero de 2007

El Comunicado de ETA

Cobertura de Gara acerca del comunicado de ETA:


ETA afirma que el alto el fuego permanente iniciado el 24 de marzo de 2006 continúa vigente

En un comunicado enviado a la redacción de GARA, ETA afirma que el alto el fuego permanente iniciado el 24 de marzo de 2006 sigue en vigor. ETA se reafirma en los objetivos expresados en la Declaración del 22 de marzo (en la que mostraba su disposición a «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas»). En el comunicado, ETA asume la autoría del atentado de Barajas.

DONOSTIA-. En este extenso comunicado, redactado íntegramente en euskara, ETA hace una lectura de la situación política nueve meses después de haber declarado el alto el fuego. Afirma que han sido el Gobierno español y el PSOE quienes, «poniendo obstáculos sin cesar al proceso democrático», han provocado esta grave situación. ETA critica también al PNV: «Queremos denunciar la actitud mostrada por el PNV de Imaz en estos últimos meses, ya que ha actuado contra la izquierda abertzale alimentando la línea del Gobierno español».

Afirma, además, que el Ejecutivo español continúa sin cumplir sus compromisos de alto el fuego.

De cara al futuro, el comunicado recuerda que la oportunidad para desarrollar el proceso democrático «llegará a través de un acuerdo político que recoja los derechos y mínimos democráticos que se le deben a Euskal Herria», y emplaza a desterrar fórmulas policiales y políticas fracasadas y sin salida.

Por otra parte, la organización asume la colocación del coche-bomba que estalló el pasado 30 de diciembre en un aparcamiento del aeropuerto internacional de la capital española, y agrega que sus decisiones y respuestas serán acordes a las actitudes del Gobierno español. En ese sentido, y tras afirmar con claridad su voluntad de reforzar e impulsar el proceso, añade que, en la medida en que persista la situación de agresión contra Euskal Herria, ETA tiene también la firme determinación de responder, tal y como anunciaron en el comunicado de agosto. En relación al atentado de Barajas, la organización afirma con rotundidad que «el objetivo de esa acción armada no era causar víctimas», y denuncia que no se hubiera desalojado el aparcamiento a pesar de las tres llamadas realizadas, con más de una hora de antelación, detallando la ubicación exacta del artefacto explosivo.

Aquí tienen el comunicado íntegro en euskera también publicado en Gara:

EUSKADI TA ASKATASUNAREN AGIRIA EUSKAL HERRIARI

ETAk, nazio askapenerako euskal erakunde sozialista iraultzaileak, ekintza armatuen etenaldia iragarri genuenetik bederatzi hilabete luze igaro direnean, egoera politikoaren inguruan egiten duen irakurketaren berri eman nahi die euskal herritarrei.

Prozesua usteltzen uzteko asmoa al dute? Abuztuan gizarteratu genuen hausnarketan, galdera hauxe egiten genuen. Zoritxarrez, urte luze- tako gatazkaren gainditzea ekarri behar duen prozesua blokeo egoeran dago, ez aurrera eta ez atzerako egoera larrian.

Blokeo egoera horrek arduradun zuzenak ditu. Espainiako Gobernua eta PSOE dira prozesu demokratikoari etengabe oztopoak jarriz oraingo egoera larria eragin dutenak. Euskal Herriaren eskubideak aitortuko dituen eta gatazkaren gainditzea ekarriko duen marko juridiko-politiko berri baten oinarriak adostu beharrean, Espainiako Konstituzioaren eta legalitatearen mugak jarri dituzte prozesuaren tope bezala.

Espainiako Gobernuko agintariek jakin beharko lukete ezingo dela bake prozesu bat eraiki gatazka eragin duten muga politiko berdinak mantenduz. Aitzitik, Euskal Herriaren zanpaketa politiko, militar eta ekonomikoa bermatzen duten muga politiko horiek aldarrikatzea, gatazka elikatzeko eta enfrentamendu aro berriak zabaltzeko besterik ez du balioko. Orain artean, jarrera horretan tematurik aritu dira Espainiako Gobernuko eta PSOEko arduradunak.

Euskal Herriaren zanpaketa justifikatzen duen praktika politiko horrekin batera, Espainiako Gobernuak ez du oraindik urratsik egin bere gerra eta errepresio mekanismoak indargabetzeko. Espainiako Gobernuak bere su-eten konpromisoak bete gabe jarraitzen du.

ETAk azken urte honetan, prozesuak aurrera egiteko urrats sendoak eman ditu. 2006ko hastapenean Roberto eta Igor burkideak Espainiako sarraski kartzeletan hiltzen ikusi genituen; ETAk ordea, eta Euskal Herrian baldintza politiko askiak zeudelakoan, lurrikara politikoa sortu zuen ekintzen etenaldia abian jarri zuen. Ordainean ordea, Espainiako Gobernuak ETAren ekintzen etenaldia berifikatzeari ekiten dio. Prozesua eta elkarrizketaren inguruko filtrazioak argitaratzera mugatzen da. Presentzia eta presio poliziala areagotzen da. Alderdien legeak indarrean jarraitzen du, zuzenbide printzipio ororen aurka. Ezker abertzalearen jardueraren aurkako erasoak etengabekoak izaten jarraitzen dute. Jarduera politikoa, herri eragileen jarduera ezinezkoa da Euskal Herrian. Ehunetik gora ekitaldi galaraziak izan dira, isun, atxiloketa eta jipoiez lagundurik. Tortura, ehunetik gora atxiloketa, indar polizial ezberdinen eskutik, ETAk bere ekintzen etenaldia iragarri zuenetik. Euskal Preso Politikoen Kolektiboaren aurkako salbuespen neurrien mantentzea, Parot doktrina delakoaren sorrera, 185 euskal preso politiko bahitu eta bizi osorako birkondenatuak direlarik. Edota Iñaki de Juanaren aurkako epaian fiskalak erakutsitako mugarik gabeko krudelkeria, trukerako txanpon gisa erabiltzeko intentzioarekin hiltzera kondenatudutelarik. Hauxe da, bederatzi hilabetetan zehar inolako unetan eten ez den errepresio estrategia baten kronika krudela. Gutxi ez balitz, Espainiako Gobernua, barne-arazoetako ministroa eta fiskalak buru dituelarik, harrokeriaz agertzen zaigu agerkari hauen kontakizunetan.

Bide beretik, Imazen PNVk azken hilabetetan erakutsitako jarrera salatu nahi dugu, ezker abertzalearen aurka Espainiako Gobernuaren ildoa elikatuz aritu baita. PSOE eta PNV prozesuari buruzko ikuspegi eta estrategia berdinean aritu dira, sinatu dituzten aurrekontu eta proiektu ekonomiko erraldoiak izanik bide horretan biak lotzen dituen hari nagusia.

Halaber, ETAri ustezko «tutelaje»en inguruko oharpenak eginez edota herri erantzun espresioen aurrean salaketa oportunistak errepikatzen aritzen diren eragile edota buruzagiek, hobe lukete Euskal Herria eta herri mugimenduen aurkako errepresio sistema ez-demokratikoaren aurrean oldartuko balira. Inora ez garamatzan hitz-jarioa alboratu eta determinazioz egiazko demokraziara eramango gaituen norabidean lan egitera gomitatzen ditugu.

Irtenbiderik gabeko eta porrot egin duten formula polizial eta politikoak ez berreskuratzeko deia egiten diegu honetarako tentaldia izan dezaketen eragile politikoei. PP-UPN eta Espainiar Estatuko eskuin faxista alboratu eta Espainiar Estatuaren bigarren erreforma egitera ausartu beharko lirateke indar demokratikoak. Urte luzeak pasa dira Euskal Herriaren aurka bide errepresiboa erabiltzen aritu direnetik eta sufrimendua besterik ez du ekarri Euskal Herria eta Espainiar Estatuarentzat.

Egoera horren parean, ezker abertzaleak etengabe errepikatu eta euskal jendartearen gehiengoak bere egin duen proposamen politikoan dago gatazkaren irtenbidea: Euskal Herriaren nazio eskubideak aitortzea, euskal herritarrek beren etorkizunari buruz erabakiko dutena errespetatzea eta gaurko egunean inposatzen den lurralde zatiketa gainditzea. Horretarako, autodeterminazio eta lurraldetasun eskubideetan oinarrituriko marko juridiko-politiko berri bat adostu eta eraiki behar da Euskal Herriarentzat.

Euskadi Ta Askatasunak bide horretatik ikusten du prozesu demokratikoa garatzeko aukera, Euskal Herriari zor zaizkion eskubide eta minimo demokratikoak bilduko dituen akordio politiko baten bidez hain zuzen. Hauxe da Euskal Herriko alderdi politiko eta gizarte eragileek luze gabe landu eta adostu beharko luketena. Horrek eragin dezake gaur eguneko egoeraren aldaketa eta urratsez urrats gatazkaren konponbidera doan bide berria egiteko aukera irekitzea.

Horiek dira gaurko egunean Euskal Herriak zabalik dituen aukerak. Orain artean, PSOE aukera horiek faltsuan ixteko saiakeran aritu da, prozesua usteltzen utziz eta irteerarik gabeko bide itxietara eramanez.

Euskal herritarren eta eragileen esku dago herri presioa egitea arduradun politikoek zabaldutako aukera beren kalkulu eta interesen arabera galtzen utz ez dezaten, arriskuen gainetik aukerak nagusitu daitezen borrokatuz. PSOEk, gatazkaren oinarrian dagoen mami politikoari heldu behar dio horretarako, berandu baino lehen.

ETAren erabaki eta erantzunak, Espainiako Gobernuaren jokabidearen araberakoak izango dira. Prozesuaren alde egin eta berau indartu eta sustatzeko gure borondatea argiki adierazi nahi dugu; aldiz, gaur eguneko Euskal Herriaren aurkako eraso egoera mantentzen den heinean, abuztuko agirian adierazi genuen bezala, ETAk erantzuteko erabakitasun osoa daukala ere adierazi nahi du. Alta, ETAk bere gain hartzen du 2006ko abenduaren 30ean, Madrileko Barajas aireportuan kalte handiak eragin zituen lehergailuz buruturiko ekintza. Ekintza armatu honen helburua biktimarik eragitea ez zela irmoki adierazteaz gain, lehergailuaren kokagune zehatza azalduz hiru dei egin ondoren, ordubete luzeko denbora tartean parkingaren aterarazte edo hustea egin ez izana salatu nahi dugu. Honela, gure doluminik sentituenak helarazi nahi dizkiegu ekintza honetan bizia galdu duten Carlos Alonso Palate eta Diego Armando Estacioren senide, lagun eta Ekuador herriari.

Aldi berean, martxoaren 22ko Adierazpenean agertutako helburuak berresten ditugu gaur euskal herritarren aurrean. Norabide horretan urrats sendoak egitetik zabalduko zaizkio ate berriak Euskal Herriaren etorkizunari.

Azkenik, ETAk martxoaren 24ko 00:00etan abiaturiko ekintza armatuen etenaldi iraunkorra indarrean dagoela adierazi nahi du.

Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Jo eta ke independentzia eta sozialismoa lortu arte!

Euskal Herrian, 2007ko urtarrilean

Euskadi Ta Askatasuna

E.T.A.

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sábado, 6 de enero de 2007

Denuncian Represión Contra Abogados

Esta es la reacción de los abogados vascos ante la más reciente agresión institucional por parte del estado francés que en contubernio con el estado francés ha actuado en contra de dos de sus colegas, la misma aparece en esta nota publicada en Terra:

Abogados vascos dicen condena colegas Francia es 'injusta' y exigen libertad

La asociación de abogados vascos Eskubideak calificó hoy de 'profundamente injusta' y 'desproporcionada' la condena de cárcel impuesta a dos abogados habituales de etarras detenidos en Francia por complicidad con ETA y solicitó su 'inmediata puesta en libertad'.

En una rueda de prensa, Andoni Hernández, miembro de Eskubideak, recordó que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Correccional de París condenó a Itziar Larraz y Unai Errea a tres y cuatro años de prisión, respectivamente, y diez de inhabilitación, por un delito de complicidad con asociación de malhechores e introducción en prisión de un documento ilegal.

Añadió que en el mismo momento de emitir sentencia, el juez ordenó el ingreso en prisión de ambos y que en el juicio, celebrado entre los días 4, 5 y 6 de diciembre en París, miembros de Eskubideak presentaron 'dudas jurídicas' por la manera 'parcial' que en su opinión se comportó el presidente del tribunal.

'La medida de prisión interpuesta contra nuestros colegas nos parece del todo desproporcionada y, hasta que se conozca del recurso ya interpuesto, injustificada', afirmó Hernández durante la lectura de un texto de apoyo a los dos colegas que dijo ha sido firmado por 150 abogados y juristas vascos.

Hernández, que en la rueda de prensa estuvo acompañado de otros colegas como Jone Goirizelaia, afirmó que van a trabajar a escala internacional para denunciar esta situación, que dice es un 'ataque injustificado a la presunción de inocencia'.


Que esto sirva para recordarle a Francia que actúa de manera cobarde al negarse a negociar con los vascos sus derechos como nación secuestrada y que como estado ocupante sí que es parte de la vulneración de los derechos políticos del pueblo vasco como colectivo. Y en casos como este, de los derechos humanos de dos individuos.

La autodeterminación de Euskal Herria está inmersa en el ámbito internacional por más que el estado francés se haga el desentendido e insista en que es un problema interno del estado español.

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lunes, 16 de mayo de 2005

Solidaridad con Gara

Nos han hecho llegar esta nota por correo electrónico:



Internautas de todo el mundo expresan su respaldo a Gara

La acumulación de mensajes de respaldo a GARA tras los últimos ataques judiciales ha motivado la apertura de un foro específico de recogida de adhesiones en la página web de este medio (gara.euskalherria.com). Allí comparten espacio muestras de apoyo a la libertad de expresión llegadas de partidos y asociaciones vascas y de todo el mundo.



Están escritos en portugués, catalán, gallego, italiano, bable, castellano y, por supuesto, euskara. Decenas y decenas de mensajes solidarios llegan estos días a la dirección gara.euskalherria.com. La iniciativa planta cara a los recientes ataques a este medio, cuyo último episodio es el intento de juzgar a su director, Josu Juaristi, por la publicación de un comunicado de ETA.

En un repaso que comienza por el otro lado del Atlántico, en la web hay mensajes solidarios de Brasil, Colombia o Chile, desde donde el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez manifiesta que «apoyamos sus esfuerzos de permanecer en la senda de la información para el pueblo vasco en esta hora de grandes desafíos en que se ve cerca una solución política».

Desde Dublín, un internauta identificado como Zigor reproduce un poema de Gabriel Aresti que canta a la verdad. Otros apoyan a Gara desde Italia, Portugal, Asturias, Catalunya, Castilla o Galicia, remarcando la necesidad de seguir luchando por la libertad de expresión hoy día.

«Euskal bihotz anitz GARArekin» o «Izan zirelako gara, garelako izango gara» son algunos de los mensajes dejados en la web por internautas vascos. El colectivo de abogados Eskubideak, el fraile Dionisio Amundarain, la dirección de ANV o el responsable de Organización de EA, Rafa Larreina, expresan cada uno a su modo su apoyo a este medio.

Junto a ellos, otros internautas anónimos remarcan el valor de Gara en el panorama mediático actual. Es el caso de un hondarribiarra que se pregunta «quién informará de los atropellos contra las mujeres en Hondarribia e Irun» si se consuman los ataques, o el de un iruindarra que sitúa a este medio como «ejemplo de dignidad». Hay también quien emplaza a Reporteros sin Fronteras a pronunciarse sobre el caso.




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