Grupos de Choque Reculan

Por conducto de Gara, traemos a ustedes la más reciente balandronada por parte de los grupos de choque más violentos al servicio de La Zarzuela:

La AVT y DyJ reculan y aceptan el pacto que anunciaron que vetarían

Un nuevo acuerdo evita que ciudadanos vascos entren en prisión por su actividad política. En este caso, un total de nueve, a la espera de lo que un juez decida sobre Ugaitz Elizaran, para quien la Fiscalía pide que cumpla su pena en libertad condicional. La AVT y Dignidad y Justicia, en principio reacias, terminaron asumiendo el pacto.

Alberto Pradilla

Habían anunciado que bloquearían cualquier intento de acuerdo en la Audiencia Nacional española, pero finalmente firmaron un pacto similar al que ya suscribieron en el juicio contra los detenidos en la redada de Segura y que permitió que 35 militantes independentistas no entrasen en prisión. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia se habían posicionado en contra de llegar a algún pacto que evitase la celebración del proceso contra nueve ciudadanos vascos que tenía que comenzar ayer. A primera hora de la mañana, sin embargo, ambos terminaron adhiriéndose a las defensas y el fiscal José Perals.

Según este acuerdo de conformidad, Ugaitz Elizaran será condenado a dos años, tres meses y un día (se le aplica lal agravante de «reincidencia»); Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaitz Ariznabarreta, Erika Bilbao, Eneko Compains, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte, a dos años; y Sandra Barrenetxea recibe una pena de un año y nueve meses. También estarán inhabilitados durante el tiempo que dure la condena. El Ministerio Público pidió la suspensión de la pena para todos ellos salvo para Elizaran. En su caso, informó favorablemente para que cumpla la condena en libertad condicional. Esto implica que ninguno entrará en prisión salvo, en todo caso, este último, aunque esto aún deberá resolverlo el juez y cuenta con el aval para eludir la cárcel tanto de Fiscalía como de acusación particular.

«Si lo hemos firmado es porque nos parece aceptable pero no quiere decir, de ninguna manera, que se haya hecho justicia». Eneko Compains, en nombre de los condenados, contextualizó el acuerdo nada más abandonar la Audiencia Nacional española. «Somos personas y militantes políticos que de forma legítima ejercíamos nuestros derechos civiles y políticos en Euskal Herria, y un Estado no democrático que persigue a la gente por sus ideas nos detuvo, nos incomunicó, nos torturó salvajemente y nos encarceló», recordó el navarro. En la sala no pudieron exhibir camisetas de la iniciativa Libre por veto expreso de los jueces.

«Tenemos que valorar ante qué tipo de tribunal estamos. A nadie se le escapa que en España no hubo una transición verdadera hacia la democracia, que no hubo ruptura y lo que tenemos hoy aquí no es otra cosa que el Tribunal de Orden Público reconstituido, un tribunal de excepción que no da ninguna garantía democrática», remarcó.

Según el acuerdo firmado entre las partes, los nueve militantes independentistas resultan condenados por «integración en organización terrorista» al ser considerados como miembros de Ekin. Todos ellos siguieron la línea marcada por el pacto del sumario 04/08: asumieron que su actividad fue contraria al ordenamiento jurídico español, rechazaron las vías violentas para lograr objetivos políticos y mostraron su disposición a colaborar en la «reparación» de las víctimas. A cambio de ello, la Fiscalía y las acusaciones particulares (AVT y DyJ) rebajaron notablemente sus peticiones de cárcel. Cabe recordar que en el escrito de acusación, el Ministerio Público reclamaba condenas de entre nueve y quince años para cada uno.

El acuerdo no tiene diferencias respecto al suscrito por los juzgados tras la redada de Segura (en una vista celebrada en enero) y el que también suscribieron cinco militantes independentistas en abril. El primero de ellos fue sellado tanto por AVT como por DyJ, pero provocó las protestas de Covite. Esto motivó la reacción de las asociaciones presididas por Alfonso Sánchez (recientemente elegido como sustituto de Ángeles Pedraza) y Luis Portero. Ambas no estaban personadas en el juicio de hace un mes, por lo que el pacto se firmó sin complicaciones. El problema llegó con este sumario, para el que ambos lobbys anunciaron que se opondrían a pesar de que la aplicación del artículo 579 bis 4 del Código Penal permite la reducción de hasta dos grados de la condena. Finalmente, aceptaron que el juicio no se celebrara.

Aún quedan algunos juicios políticos pendientes en la AN

A pesar de que en los últimos años han tenido lugar varios de los mayores macrojuicios políticos contra Euskal Herria, todavía quedan pendientes al menos cuatro sumarios. En fase de calificación se encuentra el proceso contra Jean Claude Agerre y Xabi Larralde, que es una continuación del 04/08 que concluyó en enero tras un acuerdo por el que 35 militantes independentistas no entrarán a prisión. En esta misma fase se encuentra el procedimiento «Halboka», abierto tras una redada ordenada en 2010 por el juez Fernando Grande-Marlaska contra abogados de represaliados y en la que fueron detenidas 10 personas. Existen otros dos procesos más en fase de instrucción. Uno es una pieza derivada del sumario contra EHAK y ANV centrada en la parte económica y en la que se acusa a una veintena de ciudadanos vascos. Otra es la macrocausa contra la solidaridad hacia los presos políticos vascos. La persecución hacia los activistas por los derechos de los represaliados se extendió a partir de 2013 a Herrira, abogados, Jeiki Hadi o Etxerat. En total, 47 personas en la AN, a quien se les suma el hasta ahora senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, investigado por el Supremo.

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Egaña | «Eppur si Muove»

Les presentamos este texto de Iñaki Egaña que nos han compartido por Facebook en el cual nos comparte su panorámica con respecto a sucesos recientes en Euskal Herria:

«Eppur si muove»

Se ha negado la evidencia de una confrontación política y armada y, en estos últimos años incluso, el cierre de un ciclo histórico. Algo, sin embargo, se mueve. En esta semana hemos asistido a tres acontecimientos que quizás no alcanzan la magnitud en la escala de Ritcher que suele exigir Slavoj Zizeck como susceptibles de provocar grandes transformaciones.

Iñaki Egaña | Historiador

Tres acontecimientos que han servido, en su medida modesta sin embargo, para hacer buena aquella frase atribuida a Galileo después de ser condenado por la Inquisición que seguía empeñada en demostrar que la Tierra no se movía porque era el centro del Universo. «Y sin embargo se mueve» (Eppur si muove) dicen que dijo Galileo.

La semana comenzó con la noticia ya avanzada pero confirmada de la presencia de todo el arco político de Ipar Euskal Herria en la convocatoria a favor de los presos vascos, entre ellos Jean-René Etchegaray y Michel Veunac, alcaldes de Baiona y Biarritz, franceses y de derechas, para nada abertzales, y tres diputados. ¿Se imaginan a Odón Elorza, Juan María Aburto y Javier Maroto en la manifestación de Bilbao pidiendo el respeto de los derechos humanos para los presos políticos vascos?

Deberían hacerlo para comprender la profundidad del compromiso de Baiona. Quienes no saben estar a la altura de las circunstancias políticas son aquellos precisamente que se enrocan en el bloqueo, en el sufrimiento. Aquellos que hacen de su alianza táctica y probablemente estratégica con los sectores inmovilistas para engordar su peso político están haciendo un favor precisamente a esos sectores, no al pueblo vasco.

El acuerdo de la fiscalía, acusaciones particulares y defensa de los 35 detenidos en la redada de Segura (Sumario 04/08) es el segundo acontecimiento reseñable. Siempre, en mayor o menor medida, han existido acuerdos entre fiscales y defensores. Pero ninguno de semejante trascendencia. Ni que abarcara a una dirección política, cierta o supuesta, de la época más visceral en el tratamiento estatal del contencioso, la de «todo es ETA».

El acuerdo en sí es contradictorio, escaparate de una gran paradoja y de lo que llega a ser una negociación. Una parte asume la legalidad de algo que es obvio no tiene ni pies ni cabeza (todo es ETA), y la otra adjudica que el castigo por ser militante «terrorista» (6 a 10 años) no se aplica. Podrá haber lecturas más o menos interesadas, pero el fondo de esta negociación ya estaba planteado hace más de cinco años, cuando comenzamos a manejar un término hasta entonces utilizado únicamente en otros escenarios de conflictos, el de justicia transacional. No es lo mismo, me dirán. Y efectivamente, pero se acerca.

La tercera de las cuestiones, quizás la que más polvareda ha levantado, es la de la recuperación de una declaración que ya avanzó el colectivo de presos (EPPK) en diciembre de 2013. Una declaración, recordada recientemente en una charla en Iruñea, que al margen de traer la misma a cuenta del proceso Abian, era ampliada a través del recuerdo también de los pasos que el Gobierno de Zapatero estaba dispuesto a dar en respeto a la aplicación de los derechos humanos a los presos políticos vascos. Porque, como es sabido, la situación de excepcionalidad que ha vivido y vive nuestro país tiene un reflejo aumentado geométricamente en las cárceles.

La declaración del EPPK de diciembre de 2013 marcaría, según mi opinión, un antes y un después. Dentro de un proceso que sigue siendo unilateral. Un antes, el del registrar las consecuencias de un conflicto también armado («reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto»). Y un después: «renunciamos al empleo del método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos». El conflicto sigue. En otro escenario.

Junto a esas primeras reflexiones surgieron otras, en el mismo comunicado, de definición necesaria. El conflicto continúa, por tanto el armisticio, queda lejos. Únicamente se cierra un ciclo. En consecuencia, hay que concluir de manera «transacional» el mismo: «derogar medidas de excepción, adaptar el entramado jurídico a la situación política...». Y el cambio de calado cuando EPPK afirma: «Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa, nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena» o «estamos dispuestos, dentro de un plan de actuación global, a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial».

La histórica decisión del colectivo de presos políticos vascos fue ninguneada por el Gobierno de Rajoy, que ya había dado una vuelta más de tuerca a su política penitenciaria, cortando puentes, entre otras (des)iniciativas. La detención de miembros de Herrira es un ejemplo entre otros. La prohibición de la manifestación de enero de 2014 en Bilbo a favor de los presos, otro.

También desautorizaron al EPPK los que desde 2009 no habían digerido el cambio de rumbo de la izquierda abertzale. No sólo degradaron al EPPK, sino también a Herrira, a Egin Dezagun Bidea... Para ello tomaron el lema «amnistia garrasia» y se enrocaron en posiciones eminentemente políticas. ATA nació como contestación al comunicado del EPPK y en plena campaña electoral a las elecciones europeas para amplificar su mensaje disidente.

La histórica decisión del colectivo de presos políticos vascos, bloqueada represivamente en su socialización por el Gobierno de Rajoy, debió inducir a la izquierda abertzale a un esfuerzo suplementario. Lo hubo (Foro Social, de hecho el comunicado del EPPK, así como una declaración de ETA respondieron a iniciativas de este Foro), conferencias en Bruselas, Montevideo, México, Buenos Aires... pero hoy parecen insuficientes.

Esa invisibilidad fue la que permitió al PNV ocupar una centralidad que no le correspondía por protagonismo histórico y por (des)iniciativa política. El partido jeltzale jamás intentó la negociación ni en el tema penitenciario ni en el tema del desarme, sino que el molino fuera llevado a sus aguas. Para negociar, los términos deben ser susceptibles del acuerdo. Y lo que el PNV puso encima de la mesa era evidente que no buscaba acuerdo sino ruptura, en la misma medida que el Gobierno de Rajoy.

Por ello, si en ocasiones aludo a mi extrañeza sobre tal o cual cuestión política, esta vez no he sido arrastrado por la misma. ATA está en su sitio, en el mismo que avanzó en mayo de 2014 enfrentándose políticamente al Foro Social, a ETA y al EPPK. Al margen de dar la espalda al histórico Acuerdo de Gernika (Principios Mitchel).

Y el Gobierno vasco, es decir el PNV cual estatua de sal, impertérrito ante las decisiones históricas que, esta semana, han tenido esos tres acontecimientos que he citado. La «desazón» de Jonan Fernández, el «sabor agridulce» del Gobierno Vasco con relación al acuerdo entre la fiscalía y los abogados defensores de la causa derivada de la razia de Segura, es proporcional a su apuesta por mantener la (des)iniciativa política. La centralidad política. La de su proyecto.

Algo que en términos políticos se traduce por un nuevo Pacto con la Corona y, consecuentemente, la demonización, antes criminalización, de la opción históricamente rupturista (izquierda abertzale). Que en términos penitenciarios exige el arrepentimiento, la delación y el traspaso de esas líneas rojas que continuamente exige al EPPK para superar la Vía de Nanclares. Y que, en términos de desarme, frente a las recomendaciones del Foro Social y las conferencias que comenzaron en Aiete y tuvieron su último peldaño en la Asamblea de París, aspira a convertir a Ajuria Enea o el Instituto Gerora en lo que fue el Boston College en el proceso de desarme irlandés.

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La Herramienta del 04/08

Con respecto al caso 04/08, les presentamos este artículo en Gara en el que se amplía lo publicado en Naiz:

Barrena: «Que sea una herramienta para desactivar la ley de excepción»

Ninguno de los 35 militantes independentistas juzgados dentro del sumario 04/08 tendrá que volver a prisión. Las partes llegaron ayer a un acuerdo de conformidad que implica penas de entre dos años y año y medio. Un pacto inédito que implica su sentencia por «integración» pero que ellos confían en utilizar contra las leyes de excepción.

Alberto Pradilla

Los 35 militantes independentistas que estaban siendo juzgados en la Audiencia Nacional desde diciembre no tendrán que volver a prisión. Las partes (Fiscalía, acusaciones populares ejercidas por AVT y Dignidad y Justicia y las defensas) llegaron ayer a un acuerdo de conformidad que implica condenas de entre dos años y año y medio de cárcel (e inhabilitación para cargo público por el tiempo de la condena) para cada uno de los acusados en el sumario 04/08, que deriva de la redada de Segura y las actuaciones contra EHAK y ANV. «Este acuerdo tiene como objetivo fundamental que ninguno de los encausados vuelva a ingresar en prisión. Se ha conseguido. Nuestro deseo es que sea una herramienta para terminar de una vez por todas con la aplicación de leyes de excepción», remarcaba Pernando Barrena en el exterior de la Audiencia Nacional, cuando ya se había firmado el pacto que pone fin a un proceso judicial que ha durado casi una década. Todos los encausados se enfrentaban a penas de diez años de cárcel, aunque muchos ya permanecieron entre varios meses y más de dos años en prisión.

Según el acuerdo, los 35 ciudadanos vascos asumen las imputaciones en los términos que formulaba el ministerio público, por lo que son condenados a un delito de «integración en organización terrorista» que se basa en su actividad política. A ello se le suma un texto firmado por los encausados que señala: «Reconociendo su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado».

El acuerdo es muy novedoso ya que, hasta el momento, ninguno de los macrosumarios políticos se había cerrado de conformidad. Todos terminaron vistos para sentencia con amplias condenas, como el 18/98, o con absoluciones casi unánimes, como los dos últimos juicios al movimiento juvenil, que concluyeron con 66 exonerados de los 68 procesados. Nunca, sin embargo, se había logrado pactar y evitar condenas de cárcel, lo que puede apuntar a un cambio de estrategia por parte de Fiscalía y acusaciones.

Para la reducción de las penas y su suspensión se han aplicado dos elementos jurídicos básicos. Por un lado, un atenuante por dilaciones indebidas, ya que han pasado más de cinco años desde que se formuló el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral. Por otro, la aplicación del artículo 79 bis 4 del Código Penal que permite rebajar en uno o dos grados las condenas por «terrorismo» cuando el hecho cometido sea «de menor gravedad». Este artículo, que se incluyó en la reforma aprobada por el Gobierno español en 2015, ya fue empleado recientemente por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que condenaba a dos años de cárcel a Ibon Esteban y Ainhoa Villaverde, sentenciados en el último macrojuicio contra el movimiento juvenil vasco.

El macrojuicio, iniciado en diciembre, era consecuencia de la reacción del Estado al frustrado proceso de diálogo con ETA entre 2004 y 2006. Además venía marcado por el proceso derivado del sumario 35/02, donde el Tribunal Supremo ratificó el fallo de la Audiencia Nacional, condenó a 20 militantes independentistas, avaló el expolio de más de 100 locales y apuntaló la causa general contra la izquierda abertzale impulsada en su día por Baltasar Garzón.

Por eso, Barrena quiso reivindicar su labor política. Defendió el proyecto independentista, insistió en que su actividad siempre ha buscado la resolución del conflicto vasco y reiteró la apuesta por las vías «exclusivamente pacíficas y democráticas». Con su vuelta a Euskal Herria ponían fin a otro ejemplo del «todo es ETA» que aún no se ha cerrado definitivamente.

Un operativo que ocupó portadas y un fallo que pasa desapercibido

Nadie en el Estado prestó atención al acuerdo que condenaba a los 35 militantes independentistas pero que evita su reingreso en prisión. La escasa atención mediática y política evidencia que el orden de las prioridades ha cambiado y que asuntos como un macrojuicio político, que antes ocupaba durante días las portadas de los medios españoles, queda ahora muy abajo entre las preocupaciones de rotativos y políticos. Es posible que la fecha acompañase. Todas las miradas estaban puestas en el Congreso español, donde se constituía la Cámara y no había interés en señalar que a unas decenas de kilómetros, en San Fernando de Henares, 35 ciudadanos vascos eran juzgados por su actividad política.

También es cierto que, habitualmente, quien más ruido hace tras cualquier sentencia que no implique altas condenas son los lobbys vinculados a determinadas víctimas de ETA y que, en esta ocasión, ejercían como acusación popular. Tanto la AVT como Dignidad y Justicia emitieron un comunicado conjunto (algo paradójico teniendo en cuenta la mala relación que existe entre sus directivas) en el que explicaban su posición. Acostumbrados al habitual ruido, daba la sensación de que en el escrito, tanto Ángeles Pedraza como Daniel Portero trataban de excusarse por no haber sido «más duros». «Dicho acuerdo lo hemos hecho velando siempre por el mejor interés de las víctimas del terrorismo», cerraban.

Ninguna fuerza política española dijo tampoco nada. Y eso que PP, PSOE, Podemos o Ciudadanos estaban reunidos tanto en el Congreso español como en el Senado. También es cierto que el impacto en Euskal Herria es más mediático que político. Únicamente Eusko Alkartasuna, integrada en la coalición EH Bildu, emitía una nota en la que confiaba en que el modo de resolver el macrojuicio político fijase «un antecedente muy importante en el camino hacia la paz y la normalización». Además, insistía en «su compromiso de continuar trabajando por la resolución, la pacificación, la memoria y la defensa de todos los derechos humanos». Está previsto que los acusados ofrezcan hoy una valoración en profundidad que complete las primeras palabras pronunciadas ayer por Pernando Barrena. De cara al futuro, caber recordar que este mismo sumario todavía tiene una pieza separada en la que están imputadas 24 personas (de las 27 que han declarado esta semana). Además, Hasier Arraiz tiene el caso en el TSJPV.

Cronología

octubre 2007

La Policía española desarrolla una redada en Segura por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y detiene a 23 militantes independentistas. 17 de ellos son enviados a prisión.

febrero 2008

Nueva redada de la Policía española contra militantes independentistas que se salda con 14 detenidos (11 de ellos a prisión).

setiembre 2008

El Tribunal Supremo español ordena la ilegalización de EHAK y ANV, acusándoles de haber sido «utilizadas por Batasuna para seguir los dictados de ETA».

marzo 2009

Baltasar Garzón procesa a 44 militantes de la izquierda abertzale a los que acusa de ser miembros de Batasuna, EHAK y ANV.

diciembre 2015

Comienza el juicio por la redada de Segura con 35 imputados. Un mes después se cierra con el acuerdo entre las partes.

Las condenas

2 años de cárcel

Marisa Alejandro, Anjel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Regueiro, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

1 año y 8 meses

Nuria Alzugarai, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fdez de la Bastida, Ino Galparsoro, Mikel Garaiondo, Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi.

1 año y medio

Haizpea Abrisketa, Jesus Agirre, Egoitz Apaolaza, Alazne Arozena, Karmele Berasastegi, Nekane Erauskin, Antxon Gomez, Iñaki Olalde y Juan Carlos Ramos.

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En Libertad para Trabajar por Euskal Herria

Vale, ya basta.

Euskal Herria necesita a sus hijxs en la calle, en las plazas, en las fábricas, en los mercados, en las empresas... construyendo el futuro.

Nadie es indispensable, pero todxs son necesarixs.

Si no se reconoce a un estado opresor... ¿de qué valen sus leyes, sus condenas, sus restricciones o sus inhabilitaciones?

No es lo que se quisiera, pero ya basta de ser carne de cañón de un régimen violento que se solaza en la complicidad de una hipócrita y bipolar comunidad internacional.

¿A qué viene todo lo anterior?

Lean esta nota publicada en Naiz:

El juicio por la redada de Segura se cierra sin que los independentistas tengan que volver a la cárcel

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre dos años y año y seis meses a los 35 militantes independentistas juzgados por el sumario 04/08. La pena llega tras un acuerdo de conformidad entre las partes e implica que ninguno de los imputados tenga que volver a prisión. Se trata de la primera vez en la que un macrojuicio político se interrumpe en mitad de la vista oral debido a un acuerdo entre fiscalía, defensa y acusaciones populares.

Alberto Pradilla

Ninguno de los 35 militantes independentistas juzgados por el proceso de la redada de Segura tendrá que volver a prisión. La Audiencia Nacional española ha puesto fin al juicio que se desarrolla desde diciembre en San Fernando de Henares tras un acuerdo entre las partes. Hay condenas de entre dos años y año y seis meses pero en ninguno de los acusados volverá a la cárcel por su actividad política. El macrojuicio político se cierra tras un acuerdo de conformidad entre Fiscalía, defensa y las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. El tribunal, compuesto por Concepcion Espejel, Julio de Diego eta Jose Ricardo de Prada, ha anunciado el acuerdo tras el cual los acusados han mostrado su conformidad.

En un principio, la Fiscalía solicitaba penas de diez años para de cárcel para cada uno de de los imputados. El macrojuicio político, que deriva de la redada de Segura desarrollada en setiembre de 2007 y en la que fueron detenidos 23 militantes independentistas, es uno más de los procesos abiertos bajo la tesis de «todo es ETA» y está directamente relacionado con la ofensiva lanzada por el Estado tras el fracaso del proceso de diálogo abierto entre 2004 y 2006.

En el acuerdo, los imputados admiten que su conducta fue «contra el código penal» y también incluyen su «renuncia a actividad relacionada con la violencia y reconocimiento a las víctimas y al daño que se les ha causado». Se trata de un pacto novedoso ya que es la primera ocasión en la que un macrosumario político se cierra con un acuerdo entre las partes. Hasta el momento todos se habían cerrado con condenas, como el sumario 18/98 o con mayoría abrumadora de absoluciones, como los dos últimos juicios contra el movimiento juvenil. El precedente de este juicio, el sumario 35/02, se cerró en el Tribunal Supremo español con condenas a 20 de los imputados (que tampoco tendrán que ingresar en prisión) y el expolio de más de 100 locales.

«Nuestra actividad política, por encima de cualquier causa, ha estado encaminada a la resolución del conflicto», ha remarcado Pernando Barrena en nombre de los 35 militantes independentistas nada más concluir la vista oral. El actual portavoz de Sortu ha reivindicado el proyecto político que ha marcado su actividad, que es la consecueción de un Estado vasco. «Queremos subrayar nuestra apuesta por la exclusividad de las vías políticas y democráticas», ha remarcado. Finalmente, ha puesto en valor el hecho de que ninguno de los militantes independentistas volverán a prisión y ha confiado en que el acuerdo sirva como herramienta para desactivar las políticas de excepción.

Los condenados a un año y seis meses de cárcel, así como inhabilitación para cargo público durante el tiempo que dura la pena son: Haizpea Abrisketa, Jesus Agirre, Egoitz Apaolaza, Alazne Arozena, Karmele Berasastegi, Nekane Erauskin, Antxon Gomez, Iñaki Olalde y Juan Carlos Ramos.

A un año y ocho meses: Nuria Alzugarai, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Ino Galparsoro, Mikel Garaiondo, Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi.

A dos años de prisión: Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Reguerio, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

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Valoración de Pernando Barrena tras el acuerdo en la Audiencia Nacional

Con esta estrategia no se cede ante el estado español, al contrario, se le anula.

Es la estrategia de jugar fuera de su tablero de poder que tanto han propugnado organizaciones de izquierda alrededor del mundo, como por ejemplo, el EZLN.

¿Que Madrid les considera no sabemos qué cosa?

Y que importa.

Lo que nos vale es que estxs dignxs hijxs de Euskal Herria lo han dado todo por ella y hoy están libres para seguir haciéndolo.

La Zarzuela y AVT así como DyJ se han quedado sin su juguetito.

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27 Apretones de Tuerca

Que está ya en puertas la fecha de una convocatoria para llevar a cabo dos marchas simultáneas en dos capitales de Euskal Herria para exigir el fin de las medidas de excepción en contra de lxs represaliadxs políticxs vascos y así dar una oportunidad a la paz y a la reconciliación, para lo que nos importa, dicen desde Madrid, nosotros a lo nuestro, a seguir con la violencia que es lo que a nosotros nos va, en todas las formas e intensidades que se nos pueda ocurrir.

Les compartimos esta nota publicada en Naiz:

Reactivan una causa económica para citar a 27 miembros de la izquierda abertzale

Un total de 27 militantes de la izquierda abertzale aparecen implicados en una pieza separada del sumario 04/08, que se juzga ahora en Madrid, y 22 de ellos han sido citados como imputados este lunes y martes. Se trata de una causa económica derivada de las cuentas de EHAK, de la que extraen acusaciones de «colaboración», «blanqueo de capitales» y «alzamiento de bienes».

Ramon Sola

Cuando se está juzgando a 35 militantes de la izquierda abertzale en Madrid por el sumario 04/08, una nueva causa derivada de esta se ha reactivado sorprendentemente tras siete años bajo secreto de sumario. Y 22 militantes de la izquierda abertzale (aunque en el sumario aparecen hasta 27) han sido citados el lunes y martes en la Audiencia Nacional de Madrid bajo acusaciones de «colaboración» (no con ETA sino con Batasuna, pero entendida como «organización terrorista»), «blanqueo de capitales» y «alzamiento de bienes».

La causa fue aireada en 2008, cuando ya fueron citados a declarar en relación a movimientos en las cuentas de EHAK, pero luego quedó bajo secreto hasta ahora, cuando de repente se han desencadenado un informe policial, una decisión fiscal y la citación por parte del juez. Acuden a Madrid sin saber más sobre el tema, pero con la certeza de que no hay pruebas añadidas a lo que se filtró entonces, lo que hace más extraña esta reactivación.

El abogado Aiert Larrarte ha explicado que la «colaboración» no hace referencia a ETA sino a Batasuna, pero dado que esta también fue catalogada como «organización terrorista» los efectos son los mismos.

En la instrucción aparecen personas que están ahora en prisión, otras que han cumplido condena estos años y están libres ahora, y algunas que incluso han sido juzgadas y absueltas en este tiempo por otros sumarios del «todo es ETA». El listado lo forman Martxelo Alvarez, Gotzon Amaro, Eli Zubiaga, Urko Aiartza, Gorka Elejabarrieta, Jon Andoni Lekue, Xabi Larralde, Zigor Goieaskoetxea, Jean Claude Aguerre, Giuliano Cavaterra, Patricia Martinón, Gregorio Jimenez, Idoia Aiastui, Mikel Aznar, Ainhoa Landaberea, Imanol Nieto, Nerea Goikoetxea, Eider Imaz, Asier Coloma, Hodei Egaña, Miguel Lejarza, Arkaitz Rodriguez, Iñaki Intxusta, Joseba Ilzarbe, Asier Altuna, Fernando Gaztelu y Juan Carlos Tapia.

Buena parte de ellos han comparecido en rueda de prensa para denunciar este nuevo macroproceso político «contra actividad política pública», según ha recordado Idoia Aiastui. Han lanzado un llamamiento a «sumar fuerzas» porque «queremos un país sin juicios políticos».

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Entrevista a Antxon Gómez

Queremos suponer que todos los que votaron por Podemos en Hegoalde quieren poner fin a esto que se describe en esta entrevista publicada en La Haine:

“Nos acusan de actividad política, dar ruedas de prensa, organizar unas elecciones municipales...”

Entrevistamos a Antxon Gómez, el cuál, junto con otras 34 personas está siendo juzgado en la Audiencia Nacional en el marco del sumario 04/08.

Antxon Gómez es una de las personas encausadas en el sumario 04/08 de la Audiencia Nacional, el cuál está juzgando desde principios de este mes a integrantes de Batasuna, EHAK-PCTV y ANV, a esta última pertenecía Antxon hasta que el partido fue ilegalizado por la ley de partidos. Ahora, se enfrentan a un nuevo juicio político en el tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, y a unas peticiones de condena de 10 años por su actividad política.

Desde La Haine hemos charlado con Antxon sobre como está transcurriendo este nuevo juicio político y otras cuestiones:

La Haine.- ¿Cómo y cuándo se pone en marcha este proceso?

Antxon Gómez.- El proceso contra EAE-ANV se pone en marcha en 2008, justo antes de las eleciones legislativas. Previamente había habido ya movimientos para ilegalizar ANV por la ley de partidos, pero lo que hizó el gobierno a través del juez Garzón fue suspender la actividad de ANV. Como para suspender la actividad del partido era necesario imputar a personas de ANV nos imputaron a 3 personas, al presidente de ANV, que ya falleció, a una trabajadora , y a mí como ex-secretario general de EAE-ANV.

El sumario 04/08 es bastante complicado porque hicieron una sola pieza con tres organizaciones políticas: por un lado están l@s detenid@s en la operación de Segura, en el 2007, que están acusados de ser miembros de Batasuna, luego está EHAK-PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) que fue una candidatura que sacó 9 parlamentarias en las elecciones autonómicas de la CAV, y por último ANV. La ley de partidos es la vía administrativa para ilegalizar un partido, pero este juicio ya va por la vía penal y tiene consecuencias penales. Nos están pidiendo 10 años de cárcel a tod@s l@s acusad@s.

La Haine.- ¿Cómo está transcurriendo el juicio?

Antxon Gómez.- Los primeros días de juicio han sido las declaraciones a las preguntas que han hecho los abogados, porque ninguno hemos respondido a las preguntas de la fiscalía y de la acusación particular (AVT y Dignidad y Justicia). Como comentaba es un juicio muy complicado, con 18.000 folios de sumario y muchas personas encausadas, entonces sólo para declarar una por una se va bastante tiempo.

Convendría también recordar lo que ocurrió hace un año, cuando se iba a poner en marcha el juicio, la misma mañana que se iniciaba se puso en marcha una macro-operación policial contra abogados vascos, entre ellos había varios que tenían que defender a imputados en este sumario, con lo cuál se retraso el juicio casi un año entero.

La Haine.- ¿Valoraís si esa operación fue algún tipo de “golpe mediático” del estado de cara a vuestro juicio?

Antxon Gómez.- No lo sé, el estado español es una caja de sorpresas así que nunca puedes estar seguro. Pero si que ha sido muy significativo que ahora hayan echado abajo la declaración de Arnaldo Otegi y otras caras conocidas de la Izquierda Abertzale, decisión que tiene un tufo bastante electoralista, de no querer de ninguna manera favorecer la campaña electoral de EH Bildu.

La Haine.- La Audiencia Nacional es un tribunal complicado...

Antxon Gómez.- Para un vasco independentista y de izquierdas la Audiencia Nacional es un tribunal colonial.

Lo primero que hay que denunciar es el tema del idioma. De ser juzgados, nosotros deberíamos serlo por un tribunal en euskera, el uso de traductores no garantiza para nada los derechos, de hecho ha habido ya protestas en el propio juicio por la bajísima calidad de la traducción, y no solamente del euskera, en el caso de Aurore Martín, militante de la Izquierda Abertzale de Iparralde que lo hizo en francés, la traducción también fue pésima. Se nos juzga en un idioma en el cuál no se produjeron los hechos por los que se nos juzga, por que evidentemente gran parte del funcionamiento político en Euskal Herria en los partidos abertzales es en euskera. Entonces es una de las características del tribunal colonial, no solamente nos llevan fuera de nuestro entorno y fuera de nuestro país a juzgarnos, sino que encima nos juzgan en el idioma del imperio, y además se nos pone unos traductores que ni siquiera en muchos casos cumplen los mínimos.

La Haine.- ¿Que expectativas tenéis?

Antxon Gómez.- Cuando se habla de la Audiencia Nacional es muy dificíl valorar que es lo que puede ocurrir, siempre se suele decir que va muy en función del momento político que se está viviendo.

Hay que remarcar que son juicios de inspiración política, es decir, hay no se está hablando de armas, ni de atentados ni de cosa parecida, se nos acusa de dar ruedas de prensa, de actividad política, en mi caso me acusan de organizar una elecciones municipales, ellos dicen que “a las órdenes de ETA”.

Para mí ademas, suelo comentar que es un caso muy paradójico, por que mi abuelo, que era militante de ANV, fue detenido en el 36 por los fascistas y le acusaron de organizar en Gasteiz las elecciones municipales por el Frente Popular, donde iba integrada ANV. Curiosamente 80 años después la acusación es exactamente la misma: organizar unas elecciones municipales.

La Haine.- La defensa de ANV no es la misma que la del resto de los acusados...
Antxon Gómez.- Según comentamos hace un tiempo ya en una entrevista a Boltxe, el tema de que tengamos otra defensa es por que un dirigente de Sortu vino a hablar conmigo y me comunicó que cómo “estabamos fuera de la Izquierda Abertzale”, sin explicar por qué, tendriamos que buscar otro abogado que no fuera el que nos había defendido hasta ese momento, que es un conocido abogado de la Izquierda Abertzale, y que fue el mismo que en su día defendió a ANV, junto a otros abogados, en el proceso de ilegalización por la ley de partidos.

La Haine.- ¿El nuevo equipo jurídico se ha adaptado bien a la situación?

Antxon Gómez.- Sí, aunque hay que tener en cuenta que el trabajo que se han echado a la espalda es bestial, el sumario es muy complicado, 18.000 folios, en primer lugar tuvieron que preparar la defensa en un tiempo récord, luego ocurrió lo de la operación policial contra los abogados y el juicio se aplazó y ha habido más tiempo para preparar la defensa.

Pero es un proceso muy complicado por que el estado viene con todos sus aparatos, servicios de información, peritos de la Guardia Civil... y la defensa tiene que desmontar todas sus acusaciones, y el abogado no es que me defienda solo a mí, sino que tiene que defender a ANV como organización que quieren ilegalizar. ANV está ya ilegalizada por la vía administrativa por la ley de partidos, pero ahora la quieren ilegalizar por la vía penal y declararla organización terrorista.

La Haine.- ANV es un partido con muchísimos años de historia, fue el primer partido que se puede decir que fue abertzale y de izquierda ¿Cómo justifican que se pueda ilegalizar un partido con la historia de ANV en una supuesta democracia?

Antxon Gómez.- Estas cosas solo pasan en el reino de España, en cualquier otro país sería impensable. Entre otras cosas por que ANV tiene más de 700 militantes muertos durante el franquismo, varios cientos de ellos continúan desaparecidos, así que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad aún no aclarados. Curiosamente esos crímenes de lesa humanidad deberían estar siendo investigados por la propia Audiencia Nacional. Las victimas de estas gravísimas vulneraciones de los derechos humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Así que está bastante claro que los militantes de ANV lejos de ser reconocidos, vuelven a ser ilegalizados por el estado español , que ya ilegalizó el partido y encarceló a cientos de militantes en los años 30 y posteriormente. La Audiencia Nacional en vez de investigar los crímenes de lesa humanidad, se dedica a montar macrosumarios políticos como este.

Hay otro parámetro a tener en cuenta, que es que posiblemente los jueces que nos están juzgando no tienen ni idea de lo que es ANV ni de lo que ha supuesto ANV en la historia política de Euskal Herria. Pero ANV no solamente participó en el gobierno del lehendakari Agirre, sino que también participo en el propio gobierno de la república con un ministro.

Ilegalizar a un partido político que participó en el gobierno de la república por parte de un tribunal que es heredero del Tribunal de Orden Publico franquista, viene a poner encima de la mesa todas las deficiencias democráticas del estado español y el inmenso fraude que supuso la transición y la constitución española del 78.

La Haine.- ¿Cómo valoras el momento político que está viviendo Euskal Herria en los últimos años?

Antxon Gómez.- Cualquier observador político, tanto de fuera como de dentro de Euskal Herria, verá que es un momento político raro. No se entiende muy bien como en Cataluña pueda haber la efervescencia independentista que hay, y además con un componente potente de izquierda representado por las CUP., y en cambio en Euskal Herria parece que no pasa nada y que parece que Euskal Herria haya desaparecido por completo de las agendas políticas, y es como si el llamado conflicto vasco hubiera desaparecido del mapa político.

Es una situación rara pero es una situación que posiblemente en los próximos meses y años evolucione otra vez hacia una situación de volver a poner en la palestra el conflicto vasco.

La Haine.- Eskerrik Asko Antxon.

Antxon Gómez.- Eskerrik asko!!

Texto completo en: http://www.lahaine.org/lnos-acusan-de-actividad-politica

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Las Hayas del Monte Alduide

Traemos a ustedes este interesante texto inspirado por el ya próximo proceso electoral, mismo que ha sido dado a conocer en las páginas de Gara:

El Gernika de Zilbeti

Pablo A. Nabarro | Militante de la izquierda abertzale

Aún conservo en un lugar preferente de la cocina de casa la carátula del calendario que este periódico publicó para el año 2013 que no era otra que una reproducción de la obra emblemática de Picasso reflejada en los hayedos del monte Alduide. Confieso cierta fascinación por esa imagen pues, desde que tuve conocimiento de su existencia me pareció una idea genial, original y por el contexto en que se circunscribía –la denuncia de la agresión medioambiental que suponía el proyecto de Magnesitas de talar miles de hayas de ese monte–, la consideré como un bello ejercicio de «imaginación dialéctica».

Hoy, afortunadamente, ya sabemos que ese expolio no se va a llevar a cabo, lo que le da más valor si cabe al Gernika de Zilbeti, convertido en un símbolo de una pequeña victoria. A día de hoy todavía no he visitado ese lugar, lo que no ha impedido que haya realizado muchos paseos imaginarios por esos lares y encontrarme entre sus hayas con una serie de dibujos dispersos aparentemente inconexos, unos más reconocibles que otros, y que sólo desde un determinado lugar la obra adquiere su total dimensión y unidad.

Estamos ante una especie de ilusión óptica que algunos denominan anamorfosis. Esta no es sino una más de las distintas formas y estilos de cómo ejercer el arte de la pintura y, aunque antiguo y poco conocido, ha recobrado cierta relevancia sobre todo en el arte urbano. Uno de sus representantes es el artista inglés Julian Beever, conocido curiosamente como el Picasso del pavimento. Define está técnica como «otra manera de ver la realidad o de expresar emociones con un estilo muy particular» para añadir «que sea entendida desde un ángulo específico».

Podríamos deducir que la realidad depende de dónde te sitúes o, lo que es lo mismo, y así se lo decía a mi amigo Txema Matanzas en una de nuestras comunicaciones epistolares: «nada es verdad, ni nada es mentira. Todo depende del lado del locutorio desde donde se mira».

Pero el Gernika de Zilbeti también me seduce como metáfora política pues identifico el proyecto de la izquierda abertzale como un gran lienzo inacabado donde las imágenes de rostros humanos de toda condición de edad, género, credo y pensamiento se entremezclan con utopías, tácticas, estrategias, organigramas, propuestas sectoriales y organizativas, enmiendas, votaciones, debates… Un collage que al igual que el Gernika de los bosques de Alduide se proyecta y se difumina por toda la geografía de Euskal Herria, de manera que al recorrer nuestras ciudades y sus barrios, nuestros pueblos, nuestros centros de trabajo, nuestros centros escolares y universitarios… nos encontramos retazos de ese collage materializados en cientos de iniciativas dispersas, aparentemente inconexas unas de otras, unas más reconocibles que otras, de más calado que otras… y detrás de todas ellas rostros humanos, la mayoría de ellos anónimos y otros más reconocibles pero unas y otros componentes de ese collage, del lienzo.

Al igual que en Zilbeti también hay un lugar privilegiado, un ángulo adecuado, que obviamente no es físico, que da unidad y totalidad a esa universalidad. Ese «espacio» no puede ser otro que la perspectiva histórica. Como también lo es la actitud personal y colectiva de ser capaces, en un determinado momento, de situarnos con la suficiente distancia para ver con objetividad lo que aún falta para conformar el lienzo en su totalidad, que no es poco, y darle los retoques necesarios para que su proyección sea lo más nítida y compacta posible. Abian es la oportunidad para este ejercicio.

Reivindicamos una nueva forma de hacer política que no es fácil, lo que nos exige una gran labor pedagógica y un esfuerzo para que la miremos también de forma distinta, rompiendo con estereotipos ya caducos con los que solemos analizar la realidad. Anamorfosis política.

Y reivindicamos una revolución democrática para transformar profundamente Euskal Herria, y esta sólo puede ser entendida como un ejercicio colectivo de imaginación dialéctica, actualizando nuestro pensamiento político y readecuándolo a los nuevos retos que nos depara un mundo convulsionado como nunca con la aparición de nuevos paradigmas, con una izquierda en general desorientada y debilitada y, en nuestro caso, en proceso de transición de la épica de la resistencia del siglo XX a la épica de la República Vasca y el Socialismo del siglo XXI.

Cambios todos ellos que no cabe duda están teniendo también una importante repercusión en nuestro tejido social, cultural y económico.

Se nos abre una era apasionante y el 20-D debe ser el inicio de la cuenta atrás. Un fuerte abrazo a todas las encausadas en el sumario 04/08. Aurrera bolie!

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Calparsoro a lo Garzón

La españolada represiva para iniciar el día nos llega por autoría de Juan Calparsoro y por conducto de Naiz:

El fiscal Calparsoro pide seis años de prisión para Hasier Arraiz

El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha pedido una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público para el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, al que acusa de «integración en organización terrorista».

En el escrito de acusación que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el fiscal acusa a Hasier Arraiz de «integración en organización terrorista» al considerar que, desde octubre de 2005 hasta el año 2009, formó parte de «la clandestina Mesa Nacional de Batasuna», que de manera «coordinada» con ETA intentó conseguir «la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia».

Arraiz será juzgado por el TSJPV por el sumario 04/08, en el que están imputados otros 35 militantes abertzales procesados por la Audiencia Nacional española y que se ha aplazado de momento. Por su condición de aforado, el presidente de Sortu será juzgado por el tribunal vasco.

Calparsoro sostiene que Arraiz tuvo participación en la estructura de Batasuna después de su ilegalización, y que actuó «al servicio de las actividades y finalidades de ETA».

El escrito de la Fiscalía ha rebajado de diez a seis años la duración de las penas de prisión e inhabilitación que anteriormente había solicitado la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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