La sombra de la infiltración en Euskal Herria es tan alargada que apenas ha dado respiro a la disidencia. Ya con la entrada de las tropas nazis en París, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un infiltrado español en la sede del Gobierno Vasco en el exilio logró hacerse con los nombres de una de las redes clandestinas jeltzales al sur de la muga. La razia posterior concluyó con la condena a muerte de varios militantes, que finalmente fue única, la del médico gasteiztarra Luis Álava.
Durante la dictadura, la infiltración policial fue uno de los métodos más empleados por la policía franquista y una de las actividades más temidas entre la oposición clandestina que, mayoritariamente, se refugiaba en el Estado francés. El PCE vasco llegó a realizar interrogatorios en primer grado a todos sus nuevos militantes, ante el temor a la infiltración. En fecha tardía, incluso, ejecutó en las cuevas de Landarbaso (Orereta) a uno de sus responsables en Bizkaia, Julián Pardo, a quien acusó de ser infiltrado policial. Los GAC (Grupos de Acción Carlista), un pequeño grupo armado, ejecutaron a otro infiltrado policial, Ovidio Mateos, en la década de 1970, a quien acusaron de ser responsable de la caída de uno de sus comandos. Según el historiador Javier Onrubia, Mateos se refugió en Biarritz y habría sido secuestrado por sus antiguos compañeros, que lo llevaron a París, juzgaron y ejecutaron.
Entre los anarquistas, las infiltraciones policiales fueron también numerosas. El mayor atentado contra Franco tuvo lugar en Donostia, cuando una avioneta debía descargar explosivos contra el yate del dictador, anclado en La Concha, un día de regatas. La delación de un infiltrado evitó el magnicidio. El responsable del operativo anarquista, Laureano Cerrada, fue ejecutado en París en 1976, en una operación de venganza, ya fallecido Franco.
Los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista), de tendencia anarquista y que secuestraron en París al director del Banco de Bilbao para canjearlo por la vida de otro anarquista Puig Antich, que finalmente sería ejecutado, vieron cómo sus integrantes fueron detenidos. Entre ellos el navarro Lucio Urtubia. En el juicio celebrado en 1981 supieron que su operación había fracasado porque uno de sus compañeros, Inocencio Martínez, en realidad era policía.
El caso del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), que en 1960 colocó diversas bombas incendiarias en Bilbo y Donostia, también en Madrid, fue uno de los notorios de la época. La de la capital guipuzcoana, en la estación del vascongado de Amara, provocó la muerte de la niña Begoña Urroz. Como ya se publicó en este medio, los objetivos fueron marcados por un infiltrado policial, un antiguo falangista que había pertenecido a la guardia personal de Franco, Abderramán Muley Moré. Por cierto, si investigan a sus descendientes encontraran una estrecha relación con Vox.
Sin embargo, el objetivo principal, ya desde esa década de 1960, fue ETA. Y ante la dificultad de infiltrar agentes en sus grupos clandestinos en Hego Euskal Herria, la actividad de espionaje se trasladó al exilio, siguiendo el estilo de la infiltración en otras organizaciones. Y en particular a Ipar Euskal Herria. La comisaría de Irun, en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi, por razones de cercanía, acogió a los responsables de los agentes, confidentes e infiltrados desplazados al Estado francés. Habría que señalar que también fueron especialmente activos los consulados de Baiona, Hendaia, Burdeos, Toulouse y la embajada de París.
Entre ellos destacó, como si se tratara de un bucle eterno, el consulado de Baiona, que desde tiempos anteriores a la Segunda Guerra Carlista se convirtió en el centro del espionaje a la disidencia vasca. Por valija o en vehículos diplomáticos, los delatores españoles pasaron toda la información, que de Exteriores era delegada en Gobernación, luego Interior. En épocas más recientes, y sobre todo a partir de 1980, el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y la sede del CESID, luego CNI, en Gasteiz se hicieron con las riendas de las infiltraciones. En la actualidad, la de la capital alavesa mantiene su estatus, al que se le ha sumado Bilbo.
Las primeras infiltraciones relacionadas con ETA y Enbata se produjeron en 1963. Aprovechando su ascendencia donostiarra y el arraigo en la provincia (dos de sus familiares habían sido ejecutados por comunistas en 1936 en la capital guipuzcoana), el coronel Dapena intentó introducirse en los medios abertzales de Lapurdi. Su infiltración fue destapada en el Aberri Eguna de Itsasu y sufrió un intento de secuestro, del que logró escapar. No tuvo tiempo siquiera de tejer una red.
La primera infiltración grave, según ETA, fue la de Patxi Rosado Jiménez, refugiado en 1969 que sufrió un tiroteo en Larrun en un paso de muga en 1973 y fue detenido en Bilbo en 1975. Salió de comisaria discretamente y no hubo publicidad de su infiltración. Como sucedería posteriormente, las claves para destapar su identidad fueron sus lazos familiares con la Guardia Civil.
«Cocoliso» y «El Lobo»
La del donostiarra José Luis Arrondo, ‘Cocoliso’, fue, sin duda, la primera infiltración de entidad que, además, tuvo unas consecuencias trágicas para dos militantes independentistas. La encerrona tuvo lugar en mayo de 1974, con la muerte de José Luis Mondragón y Xabier Méndez en la playa de los Frailes de Hondarribia. Los dos militantes, que no eran miembros de ETA, habían llegado en una lancha y cuando fueron a desembarcar serían acribillados por un destacamento combinado de policías y guardias civiles que esperaban apostados tras las rocas de la playa. Hoy, el Gobierno de Lakua no los considera como víctimas.
‘Cocoliso’ había sido seducido en 1972 por los agentes Claudio Ramos y Antonio Garrido, adscritos a la Comisaría de Donostia. Al partir Ramos y Garrido a un nuevo destino, la relación policial con el infiltrado, que había sido captado tras haber sido torturado en la comisaria de la capital guipuzcoana, fue trasladada a Roberto Conesa, uno de los policías franquistas de historia más terrorífica. Conesa fue, precisamente, el que preparó la emboscada de la playa de los Frailes. También fue uno de los encargados en preparar a los infiltrados y confidentes durante el franquismo y la Transición. Arrondo murió años después en Madrid en accidente de circulación que algunos medios atribuyeron al CESID, cuando porfiaba en los bajos fondos con un conocido de los medios españoles, Dionisio Rodríguez, «El Dioni».
Miguel Lejarza Eguía, ‘Gorka’ o ‘El Lobo’, fue el infiltrado de mayor entidad en los círculos clandestinos. Las numerosas detenciones producidas en los primeros meses de 1975 dejaron la infraestructura de ETA Político-Militar tan dañada como para permitir que algunos recién incorporados a la organización adquiriesen puestos de relevancia en su estructura. Entre ellos se encontraba Miguel Lejarza. La infiltración de ‘El Lobo’ en los polimilis supuso la detención de decenas de militantes, la muerte de cuatro de ellos (Josu Mujika Aiestaran, Andoni Campillo, Montxo Reboiras Noya y Montxo Martínez Antía), el fracaso de la fuga de la prisión de Segovia y que se frustraran todas las acciones previstas por la organización vasca en el Estado español, que intentaba evitar los fusilamientos de Txiki Paredes y Ángel Otaegi.
Miguel Lejarza, vecino de Basauri, consiguió cambiar su identidad por la de Miguel Ruiz Martínez. Estuvo unos años en México, apadrinado por Miguel Ángel Albiñana, un funcionario español del Ministerio de Exteriores, y volvió a Euskal Herria, donde fue detenido y encarcelado por extorsionar a un dentista. Salió de la cárcel de Martutene y luego se estableció en Barcelona, donde estuvo implicado en una red de proxenetismo. En Barcelona fue detenido en noviembre de 1993 tras verse implicado en un caso de escuchas ilegales a empresarios y políticos. Trabajaba en los servicios de seguridad del diario ‘La Vanguardia’.
Con motivo de la edición de varios libros biográficos, la identidad de Lejarza ha sido puesta en cuestión. Sobre su infiltración, las versiones literarias afirman que fue un agente ya captado y preparado años atrás. Para sus antiguos compañeros, en cambio, fue un quinqui rescatado de prisión a cambio de la infiltración. Para otros, no fue siquiera infiltrado, sino colaborador que cayó en las redes del espionaje tras ser detenido y torturado por su militancia en ETA. Jorge Cabezas, el guardia civil que según confesión mató a Josu Mujika en Madrid por el chivatazo de Lejarza, afirma que el tema de ‘El Lobo’ «es un bluf».
Los Comandos Autónomos descubrieron la infiltración de Julio Cabezas (nada que ver con el anterior), ‘Mikel Escaleras’. Familiar de la pareja de Jean Pierre Cherid, mercenario del BVE y de los GAL, fue denunciado por elegir los objetivos de los grupos parapoliciales, entre ellos el secuestro de «Naparra». Estuvo a las órdenes del comisario Manuel Ballesteros.
Represalias de ETA
ETA ha actuado con contundencia contra aquellos a los que señaló como infiltrados. El primer atentado contra un «topo» fue en enero de 1977 contra Santos González Turrientes, ‘Box’, que salió malherido. ‘Box’ había sido un ladrón de poca monta captado en la prisión de Basauri por presos de ETA. Cuando dejó la cárcel, marchó al exilio y participó activamente en huelgas de hambre y diversas actividades internas, hasta que fue descubierto. Tras el atentado se refugió en Alacant.
Poco después, en agosto de 1978, ETA dejó gravemente herido a Tomás Sulibarria, de Bilbo. La organización le acusó de la caída de dos comandos y del atentado que costó la vida a Agurtzane Arregi. Sulibarria se recuperó y nuevamente sufrió un atentado, en junio de 1980, en el que perdió la vida.
Ignacio Olaiz también murió a manos de ETA en octubre de 1978, bajo la acusación de ser un infiltrado, al igual que José María Azaola, en diciembre de 1978, y José Luis Oliva, en enero de 1981.
Los últimos casos conocidos de infiltración en ETA fueron los de José Antonio Anido Martínez y Elena Tejada Berradre –el largometraje ‘La Infiltrada’, premiado al Goya de mejor película ex aequo junto a ‘El 47’, aborda esta historia–, que eran respectivamente guardia civil y policía nacional. Anido Martínez fue un gallego cuyos padres residían en Estrasburgo y que se había infiltrado en los entornos abertzales de Baiona desde 1989. En 1995, un comunicado de ETA descubría que una foto en casa de sus padres, en las que aparecía de militar, desvelaba su procedencia. Su identidad fue transformada y el agente pasó a llamarse Antonio Cabana Romar. Fue destinado a la Embajada española en Colombia. En 1998 sufrió un atentado en Bogotá, en el que murió su compañero, y él resultó herido.
Elena Tejada, infiltrada durante siete años en medios abertzales, desde 1992, llegó a convivir durante un año con los miembros de un comando que fueron detenidos por la Policía en Donostia. Vecina de Logroño, se trasladó a Donostia y a los años ofreció infraestructura para ETA. Su infiltración provocó la huida de otros compañeros de los detenidos, entre ellos la de José Luis Geresta, que murió poco después en extrañas circunstancias. La directora Arantxa Echevarría acaba de rodar una película inspirada en esta infiltrada.
Sin relación con ETA, fueron descubiertos mientras trabajaban como «topos» en medios abertzales y no tenían contacto alguno en los círculos más clandestinos Javier López Urtizberea, militar natural de Irun, y el guardia civil Lorenzo Bárez Gómez. Hace unos años, asimismo, fue denunciada una pareja que había ejercido de topo en el partido Aralar (luego integrado en EHBildu) en Zizur. Se trataba de Arantza Arenzana y Mariano Balefón, de origen argentino o croata, según las fuentes. Se infiltraron en medios abertzales y también en las redes islamistas. Rodríguez Galindo citó en sus memorias a un(a) concejal abertzale en Nafarroa, sin revelar su nombre, que era una de sus fuentes principales. Pero nunca se pudo demostrar si se trataba de Arenzana.
Otras tipologías
Al margen de la infiltración, las torturas y todo tipo de presiones han generado otro tipo de confidentes, colaboradores policiales en la mayoría de los casos obligados por las circunstancias. También otros que por despecho renunciaron a su organización, en este caso ETA, y colaboraron con la Guardia Civil, tal y como relata de un caso muy concreto Rodríguez Galindo en sus memorias. Su fuente llegó a formar parte de la comunidad de refugiados en Ipar Euskal Herria, donde falleció de cáncer ya hace unos años.
Entre los torturados, el caso más conocido fue el del gasteiztarra Joseba Urquijo, que en 1989 se autoinculpó como confidente del policía Amedo, uno de los brazos ejecutores del GAL. Más tarde, exiliado en México, fue encarcelado acusado de mantener relación con ETA.
Los intentos policiales por lograr delatores no han cesado en los últimos años, aunque, a decir de las denuncias, con pocos resultados. En julio de 2009, el joven Alain Berastegi fue secuestrado en Irunberri durante siete horas por desconocidos. Pocos meses antes lo había sido Lander Fernández en Bilbo y en diciembre de 2008 el refugiado Juan Mari Mujika, en Donapaleu. En todos los casos, el objetivo era el mismo: intentar convertir a los detenidos en confidentes. Decenas de jóvenes detenidos con motivo de su militancia en Jarrai, Segi y Haika también recibieron ofertas para aligerar su condena a cambio de colaborar, como sucedió en redadas contra Ekin (heredero de KAS) y de colaboradores de la organización armada.
La infiltración hoy
Hoy, desaparecida ETA, los intentos de infiltraciones continúan, con episodios destapados en la dirección de EHBildu, en asociaciones dedicadas a la memoria histórica e incluso entre los investigadores recientes sobre los casos de tortura. La pugna entre el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional por preparar e infiltrar agentes ha llegado hasta la Universidad, caladero donde intentan pescar a los más desprevenidos, también a los solicitantes de nacionalidad a cambio de agilizar trámites y, como siempre, a esos detenidos a los que, a cambio de la libertad, les exigen informes puntuales sobre el independentismo vasco.
Si durante una época, hasta la desaparición de ETA, grupos ecologistas, asociaciones de solidaridad con los presos y academias para aprender euskara fueron medios para la infiltración (hubo numerosas denuncias de infiltraciones policiales, en especial en el entorno del euskara, que el Estado trató de confundir señalando el interés policial y militar por la lengua vasca), en la actualidad los parámetros son diversos. La infiltración ideológica y la creación de espacios minoritarios con interés de ser únicamente altavoces en las redes sociales ha sido una de las estrategias preferidas del Estado tanto en Catalunya como en Euskal Herria. Con perfiles supuestamente comunistas, libertarios o independentistas, decenas de agentes se mueven por las redes desde al anonimato o con coberturas preparadas desde la avenida madrileña del Padre Ruidobro.
De cualquiera de las maneras, el Estado intenta inflar la sensación de que todas las estructuras antisistema están agujereadas como un queso gruyere. Hoy los sistemas técnicos han desplazado, en gran medida, a los humanos. Aun así, alimenta permanentemente un sentimiento de desconfianza entre la comunidad vasca, para dividirla, como lo hizo uno de los periodistas estrella del españolismo militante, Antonio Casado, justo antes de la disolución de ETA: «En las cárceles españolas y francesas se pudren unos 800 etarras mientras no más de 70 u 80 estaban disponibles en la calle para perpetrar atentados. Y la mitad eran policías, guardias civiles o agentes del CNI infiltrados». Otra táctica más para desinflar un globo que se les escapa. Infiltrados unos cuantos, sin duda, pero conocida la incontinencia verbal de la clase política española, no muchos más de los señalados.
