Y si la derecha no se unió al llamado que se ha hecho desde el Parlamento de Gasteiz a Polonia para que se respeten los derechos humanos y garantías individuales de Pablo González, en el Parlamento de Iruñea resulta que Navarra Suma se ha opuesto a que las víctimas del españolismo puedan cobrar indemnizaciones argumentando que dicha medida establece una desigualdad con respecto a las otras víctimas.
Así las cosas en el patio.
Adelante con la lectura de la información que ha publicado Naiz con respecto a los derechos de las víctimas navarras del terrorismo de estado español:
Luz verde del Parlamento navarro a las indemnizaciones a víctimas de violencia policial
El Parlamento navarro ha dado luz verde, con la oposición de Navarra Suma, a una proposición de ley que garantizará el cobro de indemnizaciones a las víctimas de violencia policial y de extrema derecha. De este modo, se intenta superar la marginación que han sufrido estas víctimas.El pleno de Parlamento navarro ha aprobado hoy tomar en consideración una proposición de ley para modificación de la ley de ayudas a las víctimas de violencia policial y de la extrema derecha para que puedan percibir de manera efectiva indemnizaciones y ayudas iguales a otras víctimas.
La ley de 2019 se refiere a la fijación del derecho de las víctimas de violencia política policial y de la extrema derecha a la asistencia sanitaria y a las correspondientes indemnizaciones por daños físicos, sicológicos y materiales según lo dispuesto por la normativa de 2010 de ayudas otras víctimas y de forma complementaria a estas, y marcaba las de Nafarroa en el equivalente al 30% de las estatales.
Sin embargo «las víctimas de motivación política nunca han sido indemnizadas por el Estado, lo que nos lleva al imposible de pretender complementar una ayuda estatal que no existe», dice en su exposición de motivos la iniciativa aprobada hoy para modificar la ley de 2019.
Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha criticado una legislación que da «impunidad» a quienes han ejercido esta «violencia ilegítima», y ha defendido dotar a esta ley de una mayor seguridad jurídica y de aclarar «el importe de las ayudas que podrán recibir estas víctimas, una cuantía igual que las reconocidas para las víctimas del terrorismo, porque esto no va de justicia, que corresponde a los tribunales, va de reconocimiento y reparación».
«Esperamos que la modificación legislativa cierre un largo periplo para atender los derechos de estas víctimas», recurridos ante el Constitucional por PP y Vox, ha dicho, y ha apostado por las políticas de paz y derechos humanos y por no permitir que ninguna víctima pueda caer en el olvido, por lo que ha defendido establecer un mecanismo efectivo para estas víctimas que «nunca han sido escuchadas por las instituciones».
Ha lamentado en todo caso que la ley «no es lo suficientemente ambiciosa» por las limitaciones del Tribunal Constitucional, a pesar de lo cual ha confiado en que en otoño las víctimas pueden ya dar su testimonio ante la comisión prevista y que ésta resuelva de forma «garantista y con procedimientos científicos».
El objetivo es dar «seguridad jurídica», ha dicho Inma Jurío (PSN), que ha considerado también necesario «avanzar en el reconocimiento de derechos», en este caso unas «indemnizaciones generales para una lesión», por lo que ha subrayado que esta es una ley «totalmente constitucional».
Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha confirmado que se persigue dotar de mayor seguridad jurídica a esta ley en algunas cuestiones y de garantizar la igualdad efectiva de derechos después de un «vía crucis de siete años», y ha apuntado que «ya es hora» de que la comisión encargada del reconocimiento pueda empezar su trabajo después de que «el interés político y el bloqueo judicial hayan imposibilitado hasta ahora poder avanzar porque han impedido el derecho a la verdad».
Mikel Buil, de Podemos-Ahal Dugu, ha considerado que esta modificación «materializa la voluntad política ya expresada en 2015» cuando es una «necesidad reconocer e indemnizar a estas personas por unos daños que no son reparables y cuando además tampoco se pueden imponer penas a los responsables».
Y ha agregado que se trata de «dejar de vivir en blanco y negro y un carácter tan emocional a unos hechos que el tiempo permite evaluar» e ilegítimos, «como todas las violencias», por lo que ha apostado por terminar con los «mantos de silencio» y se ha felicitado por la «madurez» de la sociedad.
Marisa de Simón, de I-E, ha recordado que fue su grupo quien llevó al Parlamento navarro en 2014 la primera iniciativa para reparar las víctimas de la Policía y la extrema derecha en una de las etapas «más siniestra», una violencia que a su juicio todavía no se puede investigar lo suficiente.
Se ha alegrado por eso de que hoy haya en el Legislativo navarro una mayoría amplia para establecer un procedimiento garantista con unos tiempos limitados para que «no quede esto en el baúl del olvido» cuando se persigue «hacer justicia con estas personas a las que les fueron vulnerados sus derechos humanos», algo que es bueno también para una sociedad democrática y con memoria.
Navarra Suma: «Establece desigualdad»
En contra de la proposición de ley, Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, ha indicado que una comisión de reconocimiento puede reconocer la condición de víctima a una persona a la que se la hayan negado los tribunales porque es una comisión formada por personas «no independientes» y no se le exige probar los hechos «fehacientemente, aunque las víctimas tienen todo su derecho a la justicia».
«Es un mecanismo que no ofrece garantías suficientes», ha afirmado, y subrayado que además la ley «legalizada una situación de desigualdad de condiciones y trato entre estas víctimas y las víctimas del terrorismo que deben cumplir un procedimiento muchos más exigente».
Iriarte ha criticado para terminar una vez más al PSN por sus relaciones con EH Bildu y ha asegurado que esta reforma normativa es «el pago a un paciente espigador».
°
