martes, 15 de octubre de 2019

Los Orio Speed Masters

Las regatas de traineras son un deporte que levanta pasiones en Euskal Herria.

Pues bien, por medio de Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes las andanzas de una trainera muy particular.

Lean ustedes:


Un grupo de veteranos remeros británicos ha causado sensación en la isla a bordo de la ‘Basque Country' y con la denominación de Orio Speed Masters

Iker Andonegi

La trainera que ha triunfado en Gran Bretaña ya está en casa. La Basque Country regresó ayer a tierras vascas tras haber batido varias marcas desde el Lago Ness de Escocia hasta el Canal de La Mancha. Y es que un grupo de remeros británicos veteranos, bajo el nombre de Orio Speed Masters, había tomado prestada esta embarcación para llevar a cabo tres retos durante los últimos meses. Su éxito, además, ha despertado el interés por las traineras en un país donde el remo goza de una gran popularidad.

Algunos de los miembros de la tripulación británica, encabezados por Jock Wishart, estuvieron ayer en Arraun Etxea, en Orio, para devolver la trainera. Les acompañaron, la alcaldesa de la localidad, Anuska Esnal; el entrenador del primer equipo oriotarra, Jon Salsamendi; Jon Lasa, de Tknika; el remero Jon Carazo y otros miembros del club oriotarra.

El curioso viaje de la Basque Country a Gran Bretaña arrancó en 2017. Orio ganó la Bandera de La Concha aquel año, y una oriotarra residente en Inglaterra no se perdió la regata. Su pareja vio la prueba y las traineras le llamaron la atención, y enseguida compartió su hallazgo con el alma máter de este equipo, Jock Wishart. Este remero y navegante escocés, que ahora tiene 68 años, es una celebridad en Gran Bretaña por haber formado parte de la organización de numerosos eventos deportivos -como la Copa del Mundo de Rugby de 1991- y, sobre todo, por haber llevado a cabo varias aventuras, principalmente en la mar. Entre otras hazañas, en 1997 completó una travesía a remo por el océano Atlántico entre las Islas Canarias y las Barbados, en 1998 circunnavegó el globo en 74 días, en 2011 formó parte de una expedición al Polo Norte Magnético, y también ha realizado varias travesías a remo por este lugar, donde organizó el partido de rugby que se ha jugado más al norte del planeta con fines benéficos.

Jon Salsamendi, el entrenador de Orio, relata que cuando Wishart vio la Bandera de La Concha “se enamoró de las traineras y dijo que quería ganar la regata The Great River Race con un bote de esos”. El remero escocés se puso en contacto con el club oriotarra y, finalmente, dos años después, solicitó su ayuda para llevar a cabo sus planes.

La tripulación británica se llevó prestada la trainera Basque Country, realizada por Tknika, un centro dependiente del Gobierno Vasco para desarrollar la Formación Profesional que realiza diferentes proyectos de innovación. Esta embarcación es ligeramente distinta de las que se utilizan para la competición, y tiene, por ejemplo, más estabilidad en mar abierto. Orio Arraunketa Elkartea les cedió los remos.

Wishart se quedó fascinado por la forma en la que la localidad oriotarra vivía el remo, y quiso bautizar su proyecto como Orio Speed Masters.

Del Lago Ness al Támesis

La tripulación británica se planteó realizar tres retos con la trainera. En primer lugar, el pasado mes de junio, la Basque Country batió el récord de la travesía del Lago Ness, en Escocia. La embarcación vasca completó unos 33 kilómetros en dos horas, 26 minutos y 57 segundos, y consiguió rebajar en un minuto y doce segundos la plusmarca anterior. En agosto, realizaron un recorrido de 24 millas por el Canal de La Mancha. Ante las dificultades puestas desde la orilla francesa para cruzar el estrecho, la Basque Country salió de Dover, bordeó una boya situada en el lado británico y regresó al puerto de salida. Por último, el mes pasado, Orio Speed Masters participó en la regata The Great River Race, sobre el río Támesis, una multitudinaria competición de 21,6 millas que reúne a más de 300 botes y que está considerado como el campeonato de embarcaciones tradicionales del Reino Unido. La Basque Country, con una bandera amarilla de Orio Arraunketa Elkartea en su popa, fue el bote más rápido, y completó el recorrido en 2 horas 2 minutos y 51 segundos.

“Nos lo hemos pasado muy bien”

Wishart se mostró encantado con sus experiencia con la Basque Country: “Nos lo hemos pasado muy bien. Es un barco muy curioso. En Inglaterra estamos acostumbrados a ver botes de remo olímpico, y creo que, ya que el deporte olímpico busca innovación, estaría muy bien que estuviera en los Juegos”.

El escocés aseguró que la trainera había causado expectación en los aficionados británicos: “La gente está muy interesada, porque es un barco muy visual y llama mucho la atención. A los que han remado dentro les ha gustado mucho”.

Wishart eligió esta embarcación para llevar a cabo sus retos porque consideró que “era lo suficientemente rápida para hacer el récord y, a la vez, era apta para el mar. Un ocho no te permite remar en el mar. La trainera te da velocidad y es un barco apto para el mar”.

El navegante y sus compañeros no descartan regresar a tierras vascas y volver a remar en una trainera: “Nos estamos planteando venir a alguna regata de veteranos, porque hemos creado un vínculo con Jon Salsamendi y con Jon Lasa, y no queremos perderlo. Además, queremos ver qué rápidos somos en comparación con los de aquí”.






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La Sentencia al Procés

Algunos españoles de bien se han sorprendido al venirse a dar cuenta, tras las duras sentencias a los represaliados catalanes por parte del Tribunal Supremo que la postura por parte de Madrid con respecto a Euskal Herria -violencia institucional, represión, conculcación de derechos, medidas de excepción, criminalización de partidos políticos, cierre de medios de comunicación, etc-, la negativa a sentarse a la mesa del diálogo... nunca tuvo que ver con ETA.

Así pues, les invitamos a leer este artículo de opinión dado a conocer por El Diario:


Este lunes, 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo español ha decidido sentenciar que la protesta pacífica –que es el caso de los Jordis– merece nueve años de prisión

Ignacio Escolar

La sedición no es una rebelión en pequeñito. No por las penas, que son igualmente altas, sino por su naturaleza legal. La rebelión es un alzamiento armado, un delito contra la Constitución. La sedición figura en otro apartado del Código Penal: el de "desórdenes públicos". Es una pena de origen autoritario y que ni siquiera aparece como tal en buena parte de las legislaciones europeas. No al  menos con la dureza con la que el Tribunal Supremo la acaba de aplicar.

La raíz histórica de ambos delitos es la misma: un atentado contra el orden social establecido que permitía declarar el estado de guerra. Pero los matices son muy distintos y fáciles de diferenciar. La rebelión era la protesta armada contra el gobierno o el rey. La sedición era otra cosa, muy diferente al alzamiento militar: era la algarada de los campesinos contra el orden en vigor y nace en una época en la que no existía el derecho a protesta, a reunión o a manifestación. La sedición no violenta es, por tanto, un delito autoritario que debería ser incompatible con la democracia. Porque un Estado democrático es aquel donde el derecho a la protesta pacífica es un bien superior.

Este lunes, 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo español ha decidido sentenciar que la protesta pacífica –que es el caso de los Jordis– merece nueve años de prisión.

Porque el Supremo niega que la violencia que se vivió en esos días fuera "instrumental, funcional, preordenada a los fines del delito". La sentencia deja claro que hubo algunos episodios violentos, pero no un plan violento contra el orden constitucional.

Porque el Supremo no cuestiona el compromiso de Jordi Cuixart "con la no violencia, siempre elogiable". "Tampoco desconfía lo más mínimo de sus convicciones pacifistas y su repudio de actuaciones violentas", añade la sentencia contra el procés catalán. En otro de los párrafos, llega a elogiar a la ANC como "una asociación cuya legalidad no ha sido cuestionada" y que tiene "un relevante papel en el tejido social de la comunidad catalana".

Porque el Supremo también admite algo que llama mucho la atención, entre otras razones porque es la pura verdad: que el procés catalán no fue, en sí mismo, un intento de secesión. "Todos los acusados eran conscientes" –dice la sentencia– de que el referéndum del 1 de octubre era "inviable" y "no podría conducir a un espacio de soberanía". El plan era otro, asegura el Supremo: "El deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno para la negociación de una consulta popular".

En resumen: la sentencia dice que el procés no fue un golpe de Estado, que no fue un plan violento, que no pretendía de forma inmediata la secesión de Catalunya, sino presionar al Gobierno a negociar un referéndum como el escocés... Que el independentismo es un movimiento de "convicciones pacifistas".

Un movimiento pacífico cuyos principales líderes, a los que respalda casi la mitad de la sociedad catalana, han sido condenados a altísimas penas de prisión.

El procés, según la sentencia, nunca tuvo ninguna oportunidad. El Estado controló en todo momento la situación. El plan no era lograr la independencia de Catalunya, sino forzar una negociación y una consulta pactada… El repaso de los hechos probados deja muy mal a Mariano Rajoy, muy mal a la Fiscalía, muy mal al juez instructor Pablo Llarena, muy mal a la prensa conservadora, muy mal al PP, a Ciudadanos y a Vox. No hubo golpe de Estado ni nada lejanamente parecido a un alzamiento militar. Y la sentencia, en su parte factual, desmonta la ficción sobre el golpismo en la que se había enrocado gran parte de la política, de la prensa y del sistema judicial.

Otra cosa son las penas. Y cómo el Supremo ha cuadrado unos hechos políticamente muy graves –lo que ocurrió en el octubre de 2017 no fue un simple 'happening'– con un Código Penal donde esos hechos no encajaban con facilidad. Desde 1995, no existe en España el delito de rebelión sin violencia. Y en el año 2005 se despenalizó la convocatoria de un referéndum ilegal.

¿Cómo condenar una protesta no violenta con unas penas de cárcel similares a las de un homicidio? La clave de la sentencia está en la página 283. Allí el Supremo sienta una peligrosa jurisprudencia de consecuencias aún por determinar. "El derecho a la protesta no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial", dictamina el alto tribunal. "La autoridad del poder judicial quedó en suspenso sustituido por la propia voluntad –el referéndum se ha de celebrar– de los convocantes y que quienes secundaban la convocatoria, voluntad impuesta por la fuerza".

Tomen nota. Porque, con esta definición, sedición también son todos y cada uno de los desahucios que ha impedido en estos años la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sedición son muchas de las protestas de los activistas ecologistas, animalistas o de las Femen. Sedición es la resistencia pasiva. Y la sedición en España se castiga con hasta 15 años de prisión.

El derecho al juez natural

La rebelión imaginaria sin duda tuvo su utilidad. Sin esa acusación ficticia, el Supremo no habría podido ordenar la inhabilitación preventiva de Carles Puigdemont. Sin ese invento procesal, la sentencia probablemente no habría sido igual.

Hay un precedente muy cercano para explicar el pecado original del juicio al procés. Es el caso Altsasu, un episodio que guarda algunas similitudes con la sentencia que acabamos de conocer. ¿Lo recuerdan? Esa pelea de bar que fue investigada por la Audiencia Nacional con la excusa de que se trataba de terrorismo. Luego no era terrorismo –no lo fue nunca–, pero en el camino los acusados fueron juzgados en Madrid, y no en Navarra. Y allí se les condenó con una dureza excepcional.

Hay un derecho fundamental que recoge todo país democrático: el derecho al juez natural. Consiste en que a cualquier acusado le debe juzgar el tribunal ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 de la Constitución). El que le toca, no el que prefiere el Gobierno o el rey. Y el juez natural para una pelea de bar en Navarra es la Audiencia Provincial, y no la Audiencia Nacional. Y el juez natural para el procés catalán debería haber sido la Audiencia Provincial de Barcelona o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no el Supremo ni la Audiencia Nacional.

Ya era muy cuestionable que la rebelión fuera juzgada en el Supremo o –en el caso de los no aforados, como Josep Lluís Trapero– por la Audiencia Nacional. La propia jurisprudencia del alto tribunal español estableció que ni la rebelión ni la sedición eran competencia de ese tribunal, tal y como le dijeron al juez Baltasar Garzón cuando intentó investigar la rebelión más evidente de la historia reciente de España: el golpe de Estado de 1936. Tampoco se han juzgado en el Supremo o en la Audiencia Nacional el caso de sedición más famoso de los últimos años: la protesta de los controladores aéreos de 2010.

Ya era muy cuestionable que la rebelión acabase en el Supremo. Y lo es más aún cuando resplandece una obviedad: que no existió nunca tal rebelión violenta, como admite hoy el Supremo por unanimidad.

Al igual que con Altsasu con el terrorismo, la acusación de rebelión sirvió para otro propósito: traer el juicio a Madrid.

¿Habría ocurrido el mismo desenlace si el procés se hubiera juzgado en Barcelona? Lo dudo mucho y también lo dudaba el propio Fiscal General del Estado, el fallecido José Manuel Maza. En la querella de la Fiscalía por rebelión que inició este proceso judicial, Maza ya hablaba de la conveniencia de sacar la instrucción "del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña" en favor "de un tribunal fuera de ese territorio" para evitar que los partidos independentistas "condicionaran" a los jueces.

Cabe preguntarse si los jueces del Supremo no están condicionados por los partidos que, a través del CGPJ, les ascienden a este tribunal.

Las consecuencias políticas

Casi la mitad de los catalanes no quieren seguir en España. Más de dos tercios de ellos quieren votar. Una mayoría absoluta –superior al movimiento independentista– cree que el juicio no ha sido justo y que los presos deberían estar en libertad.

Aún no hay encuestas sobre el respaldo ciudadano a la sentencia. No hace falta ser adivino para imaginar qué resultados ofrecerán. La mayoría de los catalanes van a ver estas condenas de cárcel como excesivas y desproporcionadas. Más allá del Ebro, el resto de los españoles –de forma mayoritaria– lo verán justo al revés.

Es lo que ocurre cuando un problema político se convierte en un problema judicial. Aunque también es evidente que la justicia tenía que actuar.

De todas las condenas que hoy se han firmado, hay una que los dirigentes independentistas se merecen sin duda alguna: la inhabilitación. La desobediencia grave a la autoridad es un delito evidente y que sin duda cometieron los líderes del procés catalán. Tampoco puede salir gratis la malversación de fondos públicos, o que el Parlament –con una mayoría absoluta en escaños, que no en votos– ponga en marcha un proceso unilateral de abolición de la legalidad vigente contra los derechos de la mayoría de los catalanes. Ni siquiera como forma de protesta ante la cerrazón del Gobierno central.

No puede salir gratis. Tampoco puede costar 13 años de prisión.

La sentencia, sin embargo, deja una puerta abierta que un futuro gobierno podrá usar. El Supremo se ha negado a otra de las peticiones de la Fiscalía, que quería que los condenados cumplieran obligatoriamente al menos la mitad de la pena sin poder recibir ningún beneficio penitenciario.

Los condenados podrán acceder a permisos bastante antes, a partir de que cumplan una cuarta parte de su condena, como explica Diego López Garrido en esta entrevista. Y en 2026 como máximo, todos ellos probablemente estarán en libertad condicional.

Sigue siendo una condena enorme, aunque sea inferior de lo que pedía la Fiscalía o la acusación de Vox. No es una sentencia blanda, aunque la alternativa fuese aún peor. No ha terminado aún este proceso judicial y va a ser curioso de ver, por ejemplo, cómo responde Bélgica ante la euroorden contra Puigdemont –la sedición no es un delito en este país–.

Pero al menos el punto final de la sentencia deja sin excusas a la política para arreglar esta situación. Porque la crisis con Catalunya siempre fue política. Y política debe ser su solución.






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Junqueras y el 23F

Recordemos, antes de leer lo que viene a continuación, que Xistor Haranburu tiene 65 años y 30 en prisión.

Dejen que ese dato se asiente, no hay prisa.

Ahora procedan a leer este artículo de Público en el que se establece un comparativo entre las penas de cárcel impuestas a los represaliados del Juicio al Procés y las que en su momento se dictaron en contra de esa farsa llamada el Golpe de Estado del 23-F.

Lean ustedes:


De media, las penas de prisión del golpe fueron de 6 años, mientras que las del 'procés' ascienden a 8,3 por sentenciado.

Juan Corellano

Las comparaciones son odiosas y en el caso de la sentencia del 'procés' no iba a ser menos. Cotejando las cifras de este juicio con las aplicadas a los condenados por el golpe de Estado del 23-F, las penas de cárcel dictadas este lunes por el Tribunal Supremo son iguales a las de los golpistas o incluso mayores. Se trata de una condena de dimensiones cuanto menos llamativas, pues de esta manera la del 'procés' equipara o incluso supera el alcance de la esgrimida contra responsables de las fuerzas del orden por irrumpir armados en el Congreso de los Diputados y movilizar los tanques en las calles de ciudades como Valencia con el fin de acabar con el régimen democrático del país.

Con la condena a 13 años de cárcel para el líder de ERC Oriol Junqueras a la cabeza y penas no inferiores a los 9 años, varios usuarios de Twitter han aprovechado para ilustrar esta comparativa en las redes, como es el caso de Hibai Arbide Aza. Un ejercicio de contextualización retroactiva que deja un contundente dato al descubierto: solo tres condenados de los 33 superan la condena a Junqueras.

Analizando algo más en profundidad ambas sentencias, la comparación solo se vuelve más sangrante. De media, las condenas de prisión del 23-F fueron de 6 años, mientras que las del 'procés' ascienden a 8,3 por sentenciado.  Sin contar los juzgados que no se enfrentaron a penas de prisión, tres multados en el juicio actual y tres absueltos en 1983, solo siete golpistas fueron condenados a penas de prisión mayores que la inferior de las pertenencientes al juicio del 'procés' (9 años).

Además de los tres máximos responsables del golpe –Milans del Bosch, Antonio Tejero y Alfonso Armada–, que recibieron una condena de 30 años de cárcel, solo el comandante Ricardo Pardo Zancada (sentenciado a 12 años de prisión), el general  Luis Torres Rojas (12 años) y los coroneles Diego Ibáñez Inglés (10 años) y José Ingancio San Martín López (10 años) tuvieron sentencias superiores a los 9 años de prisión, la menor dentro de las del 'procés'. Los 26 golpistas restantes recibieron penas de ocho, seis, cinco, tres, dos o un año.

Los responsables no cumplieron la sentencia completa

Una vez dictada la sentencia, ahora queda comprobar las posibles diferencias que puedan darse a la hora de cumplir las penas de prisión entre los encausados, algo que todavía no se conoce con certeza cómo sucederá en el caso del 'procés'. Por su parte, ninguno de los tres responsables del golpe de Estado cumplió más de la mitad de su condena inicial.

Milans de Bosch salió libre en julio 1991, cuando se le concedió la libertad condicional por el artículo 60 del reglamento penitenciario civil al haber cumplido 75 años. Por lo tanto, cumplió alrededor de ocho años de cárcel.

Alfonso Armada Comyn, cuya pena fue rebajada a 26 años de prisión por parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue indultado en 1988, cumpliendo así cinco años de internamiento.

Antonio Tejero fue el que más tiempo pasó en la cárcel. En total cumplió algo más de trece años, obteniendo el derecho a la excarcelación en 1996. De esta manera, Junqueras, que ya lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2017, podría llegar a pasar más años en la cárcel que los tres máximos responsables del 23-F si termina cumpliendo su condena al completo. De momento, todavía está pendiente el saber cómo cumplirán dichas penas o si tendrán acceso al tercer grado. 






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lunes, 14 de octubre de 2019

Entrevista a William A. Douglass

Desde Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes esta entrevista a uno de los aliados más conocidos de Euskal Herria en los EUA:


Empresario dueño de casinos, antropólogo, escritor, premio ‘Lagun Onari’ del Gobierno Vasco, doctor Honoris Causa de la UPV/EHU, miembro de Euskaltzaindia y “rico”. William Douglass, el fundador del Centro de Estudios Vascos de Nevada, regresa a Euskal Herria, la tierra que llegó a conocer mejor que su país

Mikel Mujika y Ruben Plaza

Empezó a trabajar a los ocho años repartiendo periódicos. Llegó a limpiar botas, capturaba serpientes en el desierto y las vendía junto a un socio, en plena adolescencia, y renunció al negocio familiar de los casinos, en el que desembarcó de nuevo a los 40 años, momento en el que ganó su primer millón y medio de dólares. Entre tanto, se hizo académico y se dedicó en cuerpo y alma al estudio de la diáspora vasca. Llegó a Euskal Herria con 21 años para hacer labores de campo mientras cursaba sus estudios universitarios de Antropología y terminó ganando dos nuevas familias en Etxalar (Navarra) y Aulesti (Bizkaia). En su país, EEUU, sus colegas antropólogos le conocen como Mr. Basque. El hombre que se sumergió en la cultura y las raíces de lo vasco.

¿Por qué? ¿Por qué dedica su vida profesional a los vascos un norteamericano de raíces escocesas?

-Fue un poco por casualidad. Vine a la Complutense de Madrid con 19 años a estudiar literatura castellana a través de un programa New York University. Y decidí que no quería ser profesor de castellano, pero me estaba entrando interés por la Antropología, así que había un curso de geografía humana de la Península Ibérica en la Complutense; asistí como oyente y me fascinó. Empecé a leer a Julio Caro Baroja, sus Pueblos de España y luego los libros que él había escrito sobre los vascos y me interesaron.

¿Y ya? ¿Fue un flechazo?

-Cuando empecé mis estudios graduados de Antropología Social en la Universidad de Chicago, mi mentor era Julian Pitt Rivers, que era muy amigo de Caro Baroja. Julian estuvo encantado de mi interés en lo vasco, precisamente porque él tenía la intención de hacer un trabajo de campo en alguna aldea vasca durante la Segunda Guerra Mundial y le fue imposible, porque el Gobierno franquista no lo aprobó como proyecto. Siempre le quedó en el corazón ese interés por los vascos, así que en mí vio su proyecto. Vine y me pasé un par de años, tanto en Etxalar primero, como en Aulesti después. Estudiando sobre todo las causas y consecuencias del exilio de los vascos en el medio rural.

Nació usted norteamericano, se hizo vasco de adopción y ha viajado por todo el mundo. ¿Quién es ahora, a los 79? ¿Tiene identidad?

-Buena pregunta. Yo me considero americano, claro, pero un americano que está más enterado de lo vasco. Hasta hace unos pocos años al menos. Ya no lo sigo tanto como antes. Pero durante medio siglo yo estaba mucho más enterado de los asuntos de este país que del mío. He pisado casi todo esto, y sin embargo hay varios Estados en los que no he estado en mi propio país, que es muy grande. He estado muy involucrado con el Centro de Estudios Vascos que fundamos en Reno diez años antes de caer la dictadura franquista. Teníamos el único centro en el mundo de estudios vascos, así que era una especie de refugio para la cultura vasca.

Probablemente ese fuera el éxito del centro, que fue el refugio en un periodo determinado de dictadura y sometimiento de la cultura.

-Claro, pero también en el Estado de Nevada el sistema universitario tenía mucho interés un fundar un programa de Estudios Vascos y no por el franquismo.

Me sorprende. ¿Por qué ese interés de la Universidad de Nevada?

-Porque el pastor vasco había sido uno de los arquitectos de la economía y la sociedad del Oeste americano. Y ellos, en Nevada, a comienzos de los años 60 crearon un centro de estudios, Desert Research Institute, el instituto de estudios desérticos o de tierras áridas. Y decidieron fundar un programa de estudios vascos para estudiar la inmigración vasca, más que cosas del País Vasco. Y yo, claro, tenía mucho más conocimiento y experiencia con esa sociedad que los propios inmigrantes vascos que vivían en EEUU.

¿Era como el consejero delegado de EEUU en el País Vasco?

-Casi. Rápidamente entré de lleno en todo el mundo de la inmigración vasca. Primero tanto de América del Sur como del Oeste americano, y luego de Australia. Quitando esta nueva diáspora que va a Shanghai o Berlín, he pisado todas las antiguas diásporas vascas por el planeta. Hasta Filipinas.

¿Se podría decir que la diáspora vasca ha tenido más influencia en el Oeste de EEUU de la que le correspondería por el peso y tamaño de su país de origen? ¿A qué se debe?

-Sí, pero solo últimamente, por algunas figuras políticas como Paul Laxalt en Nevada, Pete Cenarrusa en Idaho, John Garamendi en California… A través de las actividades de aquellos individuos los vascos han cobrado protagonismo. Pero antiguamente los vascos estaban muy mal vistos.

¿A qué época se refiere?

-Durante el siglo XIX y comienzos del XX los vascos eran itinerantes, tramperos, nómadas que andaban por el terreno público con rebaños, metiéndose, según los rancheros, en terrenos suyos. Pero no eran terrenos suyos. Los vascos teóricamente tenían tanto derecho como el ranchero angloestablecido, pero el ranchero consideraba al terreno público pegado a su terreno privado como suyo. Y ahí surgían fricciones.

¿Cuándo cambia esa visión y cómo?

-Pues después de la Segunda Guerra Mundial se puede decir.

¿Debido al franquismo?

-No. El franquismo tenía muy poco impacto en EEUU. Tenía algo, porque hubo una especie de debate internacional sobre el tema con la Segunda Guerra Mundial y el fascismo, etcétera. Y el bombardeo de Gernika, claro, tuvo su impacto pero no duradero se puede decir en el otro mundo.

¿Y por qué entonces?

-Después de la Segunda Guerra Mundial había una escasez de pastores vascos en el Oeste americano, porque en los años 20 habíamos limitado mucho. Pusimos muchas limitaciones sobre la inmigración de todas partes, pero sobre todo sureuropeos y centroeuropeos, y llegó un momento en que, los que dejaban entrar legalmente, no me acuerdo exactamente, pero eran como unos 130 al año. Muy pocos. Y por ello se cortó la entrada legal de pastores vascos. Pasaron 20 años sin tener una renovación de mano de obra en la industria ovejera, así que para fines de los años 40 la industria ovejera anduvo bastante mal.

Y nos necesitaban...

-Claro. Y crearon un programa de reclutamiento formal de pastores aquí que podían entrar para tres años con contrato y luego tenían que salir, pero podían volver otra vez. Ahí hubo un cambio. Y cuando ya los itinerantes dejaron de andar con sus rebaños durante muchos años, se creó alrededor de ello cierto romanticismo. Los periodistas de la época empezaron a escribir artículos muy romantizados sobre estos pastores, solos en el monte, con la naturaleza, el amanecer… En fin, fue un poco de todo. Y en los años 60, cuando la revolución cultural de los jóvenes, el pastor vasco no era capitalista, no estaba involucrado en la guerra del Vietnam y para los jóvenes tampoco estaba mal visto.

¿Y eso les ayudó?

-Cambió absolutamente su imagen y ahora el pueblo vasco está muy apreciado en EEUU. Claro, son pocos.

¿Qué significa para usted que le conozcan por ‘Mr. Basque’?

-Esa era la idea de Miel Elustondo, él lo puso como título de mi biografía: Mr. Basque.

Sí, pero en la propia biografía dice que en la Asociación Americana de Antropología le conocían como ‘Mr. Basque’. ¿Es así?

-Yo le expliqué que entre los antropólogos cada uno está identificado con su pueblo, su sujeto de estudio. Y yo, pues me tomaban todos mis colegas europeístas, antropólogos sociales, como el señor vasco, mister Basque. Como yo tomaba al señor Oriol Pi-Sunyer i Cuberta, como el señor catalán.

¿Tenía un componente de broma?

-Sí, medio broma, pero también capta un poco la realidad, porque si yo soy Mr. Basque, casi soy dueño del tema y otro no va a estudiar los vascos. Hay cierto territorialismo.

¿Cree que los vascos somos menos vascos en este mundo cada vez más tecnológico?

-Bueno, sois menos folclóricos, por decirlo así, pero eso no quiere decir que la nueva realidad vasca no es vasca. Incluso hay una Euskal Herria virtual que capta todas las diásporas y el país de origen.

El nacionalismo también le ha suscitado reflexiones a lo largo de su carrera. ¿Cómo ve al nacionalismo vasco hoy? ¿Se ha diluido? ¿Es necesario? ¿Lo será en el futuro?

-La contestación sería no sé. Que no me toca. Son los no nacidos aquí los que van a decir si tiene sentido o no.

A veces se ven mejor las cosas desde fuera.

-Yo soy, en el fondo, un nacionalista vasco, no siendo vasco, en el sentido de que yo creo que todo pueblo tiene derecho a decidir su porvenir. También creo que los kurdos tienen el mismo derecho y, en fin, es un desastre lo que está sucediendo hoy en día. También me tocó intervenir un poco en las negociaciones en Ginebra con ETA y estoy encantado de que por lo menos la violencia haya terminado, es un paso positivo para todos.

Usted es antropólogo, empresario, escritor..., muchas cosas. ¿Se considera más antropólogo que empresario, más casinero que escritor, un antropólogo metido a empresario, un empresario entre libros...? Y como empresario, ¿qué opina de Donald Trump?

-Bueno, no me va Trump, pero ese es otro tema. Creo que es un payaso y un hombre muy peligroso para el planeta, desde muchos puntos de vista. A ver, yo como empresario, mi familia siempre ha sido una familia casinera. Yo era el único hijo de mi padre, que era uno de los grandes pioneros del juego en Nevada, y no seguí su camino. Los tres hermanos se metieron con el padre y yo, como la oveja negra, me hice académico, pero a los 40 años me metieron en el negocio. Actualmente soy presidente de una empresa casinera y tenemos seis casinitos en la autopista que cruza Nevada; tengo parte de un rancho, que es otro negocio; estoy muy involucrado en la construcción de casas para mineros de oro en el pueblo de Tonopah (Nevada), así que tengo muchos negocios, muchas propiedades.

Y sin embargo dice que las propiedades se adueñan de uno.

-Se adueñan de uno. Eso es cierto. Pero, de hecho, me levanto todos los días y escribo tres o cuatro horas, porque estoy enfermo. Así que más que otra cosa, soy escritor. Hoy en día, me considero escritor, más que antropólogo y empresario.

¿Cómo cree que nos verán los antropólogos del futuro, cómo encasillarán esta etapa tan tecnológica y virtual del ser humano?

-Supongo que la disciplina, la Antropología, va a perdurar, pero con qué metodología y con qué enfoques, pues no lo sé. De aquí a 50 años no sé qué va a importar a la Antropología. Quizás el desastre del clima, que no sabemos dónde va aquello.

Es miembro de una organización ecologista que impulsó usted mismo. ¿Qué es el ecologismo para usted, que es cazador, pescador, empresario…? ¿Por qué es tan difícil encontrar el equilibrio entre ecologismo y desarrollo?

-El próximo libro mío va a ser un libro que trata sobre territorialidad y los derechos de los indígenas del mundo y el ecologismo, que tienen intereses en común y discrepan a la vez. Y voy a hacer un libro tratando el tema de las grandes ironías, los desafíos y a dónde va todo aquello porque es un tema muy complicado.

Ha visitado muchos países, casi todo el mundo. ¿Es optimista con lo que ha visto? ¿A dónde vamos?

-Yo soy muy optimista porque allá donde he ido me he encontrado gente buena, y nadie me ha insultado por ser americano o por ser rico o casinero, o por ser antropólogo. Todo el mundo siempre me ha recibido con cortesía y con curiosidad. Me hacen preguntas, intercambiamos nuestras historias, así que yo creo que el ser humano en sí es curioso y generoso.

¿Qué característica destacaría de los vascos de cuando usted era más vasco?

-Bueno, yo creo que los vascos han hecho mucho, pero como todos los demás, tienen sus defectos. Me cuesta mucho generalizar. Hay gente buena y mala en todas las culturas, pero el País Vasco, siendo tan pequeño, ha logrado muchas cosas. El ecologismo, la transformación de Bilbao, que es terrible. Y cuando se ven los grandes problemas urbanos en el mundo, ahí tienes el ejemplo de Bilbao. Bilbao nos puede enseñar como especie muchas cosas. Y luego, el ecologismo, aquí, en el País Vasco, es una de las lecciones que he aprendido en la vida. Cuando yo vine aquí en 1961 a hacer trabajo de campo, esto era un desastre ecológicamente hablando. Era completamente sucio, en ruinas, muy pobre. Los ríos horrorosos, el aire también. Las ciudades sucias. Y hoy el País Vasco se ha transformado completamente.

¿Cuándo se ha sentido más vasco?

-Cuando yo me siento más vasco es durante la noche. No sé euskera, pero a menudo sueño en castellano y de esto.






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Franquismo Borbónico Castiga a Catalunya

La fecha esperada ha llegado y tal como se esperaba, Madrid ha castigado severamente al movimiento independentista catalán abriendo definitivamente un nuevo frente en su estrategia represiva contra la autodeterminación de los pueblos sin haber cerrado el que mantiene en Euskal Herria.

Claro, los catalanes no podrán entrar en desacato contra el Tribunal Supremo como sí lo ha hecho el Prior del Valle de los Caídos.

Aquí la información publicada por El Diario:


El tribunal impone 12 años de prisión por sedición y malversación a los exconsellers Romeva, Turull y Bassa y 10 y medio a Forn y Rull al no apreciar malversación

Oriol Solé Altimira / Pedro Águeda / Elena Herrera

El Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación al líder de ERC, Oriol Junqueras. Por los mismos delitos, aunque a penas de 12 años, han sido condenados los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la pena impuesta por el tribunal ha sido de 11 años y medio de cárcel solo por sedición, único delito por el que también han sido condenados los exconsellers Joaquin Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses de prisión. Para el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, la condena es a nueve años. Los exconsellers que permanecían en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, han sido condenados por desobediencia y no entrarán en prisión.

El tribunal concluye que los condenados idearon una "estrategia concertada" con "reparto de papeles", que en realidad no buscaba la independencia sino alcanzar una negociación con el Estado. De ahí que los jueces consideren que la violencia que se dio en el procés no encaja en el tipo penal de la rebelión, ya que alteró el orden público –tal y como castiga la sedición– pero no buscó en la práctica romper la integridad territorial del Estado. Así, el fallo explica que la violencia debería haberse dado de un modo “instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes” y que no fue así.

La fecha clave para la condena por sedición es la del referéndum del 1 de octubre, cuando los condenados, sostiene el Supremo, culminaron su estrategia de desobediencia a las leyes estatales y llamaron a los ciudadanos a concentrarse en los centros para impedir la actuación policial. En este punto el tribunal destaca que Sànchez y Cuixart tuvieron un papel clave para intentar "neutralizar cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales" mediante las llamadas a la movilización. Con todo, la sentencia destaca que los hechos de violencia puntual que se dieron tuvieron “absoluta insuficiencia” para “imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán”.

Junqueras, el líder; los Mossos, con el 1-O

De Junqueras el tribunal destaca su "liderazgo" en el procés fruto de su doble condición de vicepresidente del Govern y presidente de ERC. La "pertinaz desatención" de Junqueras a las órdenes del Constitucional para que no impulsara el referéndum, indica el tribunal, "despeja cualquier duda acerca de su control del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal". El resto de exconsellers fueron los encargados de ejecutar la "concertada actuación sediciosa" desde sus respectivos departamentos.

El tribunal se detiene en analizar la actitud de los Mossos d'Esquadra el 1-O y avala la crítica al dispositivo de la policía catalana que formuló el exalto cargo de Interior Diego Pérez de los Cobos y desdeña la del major Josep Lluís Trapero. Así, el Supremo zanja que la pareja de mossos que acudió a cada centro facilitó la votación en vez de impedirla porque "supuso una neutralización de la capacidad operativa de ese cuerpo policial".

"La coartada de la insuficiencia de Mossos en cada uno y en todos los centros para cumplir el mandato de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, se mostró con cínica notoriedad", apostillan los magistrados. Respecto al extitular de Interior Joaquim Forn se asegura que logró "la efectiva ordenación de la actuación" de los Mossos d'Esquadra con sus "objetivos políticos".

Y respecto a Forcadell, el tribunal sentencia que "hizo posible, desde su privilegiada posición" de presidenta del Parlament "la creación de una legalidad paralela carente de validez". "Lo que justifica la condena [de Forcadell] es su decisivo papel en la dirección de un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado", agregan los togados.

El relato de hechos probados sentenciado por el tribunal no abarca todo el proceso soberanista y empieza con la aprobación de las leyes de desconexión en septiembre de 2017. Ambas normas buscaban "crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Catalunya", agrega la sentencia en referencia al referéndum.

A esta estrategia "concertada" entre los exconsellers y Forcadell para impulsar la votación se sumaron los 'Jordis' con una "función relevante en la movilización de los ciudadanos" para "lograr una participación relevante en la consulta presentada como la expresión del 'derecho a decidir'". Òmnium y ANC, agrega el tribunal,  "fueron puestas por sus dos principales dirigentes al servicio de la maniobra de presión política que había sido ideada de forma concertada con el resto de los acusados".
Sabían que no estaban creando "un Estado soberano"

En el plano "subjetivo", el Supremo considera acreditado que el objetivo último y verdadero de los encausados no fue la independencia sino "crear un clima o un escenario" en el que se hiciera más viable una ulterior negociación, tal y como reconocieron algunos acusados durante el juicio.

“Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular”, añade. “Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir no era sino el señuelo de una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano”, concluye.

Tanto los que huyeron como los que se quedaron, plasma el Supremo, “eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica” del referéndum del 1-O. También eran conocedores, añade, de que un referéndum “sin la más mínima garantía de legitimidad y transparencia” para contabilizar el resultado “nunca sería homologado por observadores internacionales verdaderamente imparciales”.

En este punto llega el reproche de la utilización de la ciudadanía catalana que, a juicio del Tribunal Supremo, llevaron a cabo los condenados. “Eran conscientes de que la ruptura del Estado exige algo más que la obstinada repetición de consignas dirigidas a una parte de la ciudadanía que confía ingenuamente en el liderazgo de sus representantes políticos”, añade. Y se centra en la declaración de independencia, que considera una “insalvable contradicción” de quien la proclamó y, a continuación, la dejó sin efecto para reclamar una negociación con el Estado “soberano”.

El Supremo asegura que “bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados”. El fallo se recrea en este argumento al añadir: “La conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155 e la Constitución a la comunidad autónoma de Cataluña”. Aquellas disposiciones del Estado, autorizadas al Gobierno por el Senado” “se aplicaron con normalidad” y provocó en algunos de los procesados su “repentina huida”.

En este apartado, el ponente del fallo, Manuel Marchena, dedica una frase a ámbitos extrajurídicos para reprenderlos: “Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia, supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta sala no puede suscribir”.

Más dura que la Abogacía, menos que la Fiscalía

Las penas impuestas por el tribunal son un poco más altas de las solicitadas por la Abogacía del Estado, la acusación que solicitaba la condena por sedición. La Fiscalía pedía penas de hasta 25 años de cárcel para Junqueras, 17 para los 'Jordis' y Forcadell y 16 para el resto de exconsellers por rebelión, mientras que la Abogacía del Estado calificó los hechos del procés como un delito de sedición y rebajó la petición de pena a 12 años de cárcel para el líder de ERC, 11 y medio para el resto de exconsellers en prisión preventiva y ocho para la expresidenta del Parlament y los líderes civiles soberanistas. La acusación popular del partido de extrema derecha Vox solicitaba hasta 72 años de cárcel por rebelión y organización criminal.



La visión de Tasio:







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Moreno Deroga el Decreto 883

Triunfo de la CONAIE en Ecuador.

Pero Lenin Moreno no ha caído.

Desde La Izquierda Diario nos dan a conocer el resultado del diálogo entre la CONAIE y el régimen ecuatoriano.

Lean ustedes:


Tras 12 días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el Gobierno de Lenín Moreno anunció la derogación del decreto de aumento de los combustibles y una mesa de diálogo con las direcciones indígenas para negociar un nuevo decreto.

Juan Andrés Gallardo

Las calles de Quito se inundaron de manifestantes festejando en la noche del domingo tras el anuncio por cadena nacional de la derogación del decreto 883 ordenado por el FMI, que eliminaba los subsidios a los combustibles, duplicando los precios de la gasolina. El acuerdo, del que participaron las direcciones del movimiento indígena, supone redactar un nuevo decreto del que no se definieron detalles.

Tras 12 días de movilizaciones callejeras, que enfrentaron el estado de sitio y una represión brutal que dejó al menos 7 muertos y cientos de heridos y detenidos, el Gobierno se reunió este domingo con las direcciones de los movimientos indígenas para establecer una mesa de diálogo que fue televisada en directo.

Luego de dos horas de cuarto intermedio, y con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal, se anunció el acuerdo al que se había llegado entre el Gobierno y las direcciones de los movimientos indígenas, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) a la cabeza.

El acuerdo fue leído por el representante de la ONU: "Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará uno nuevo". La comisión estará integrada por miembros del Gobierno y las direcciones indígenas, y a cambio estas últimas se comprometieron a suspender las movilizaciones en todo el país.

El acuerdo llegó después de una primera ronda de intervenciones de parte del Gobierno y las direcciones indígenas en las que no se había llegado a un acuerdo y tras la que se pasó a un cuarto intermedio de dos horas en las que ambas partes llegaron a esta resolución a puertas cerradas.

En esa primera ronda, el Gobierno se mostró reacio a aceptar derogar el decreto e insistió en que los subsidios al combustible solo beneficiaban a los narcotraficantes y especuladores, y que las movilizaciones violentas estaban digitadas por el expresidente Rafael Correa. Los dirigentes indígenas también apuntaron a Correa pero insistieron en que la única forma de establecer una comisión para debatir un nuevo decreto sería la derogatoria del 883.
Más que intransigencia de las direcciones indígenas, la posición parecía responder a la necesidad de no aparecer por cadena nacional, ante sus bases y los miles que se movilizaron, entregando todo después de casi dos semanas de intensa lucha.

El sábado, la dirección de la CONAIE había aceptado por primera vez sentarse a negociar con el Lenín Moreno, dejando la puerta abierta a una modificación del decreto. Aceptaba la mesa de diálogo aunque el Gobierno no había liberado a los presos, echado a los ministros responsables de la represión, ni eliminado el estado de excepción, todas demandas del movimientos.

El apuro por avanzar en un acuerdo para "reestablecer la paz", tenía que ver con el inicio, el mismo sábado, de movilizaciones más espontaneas en los barrios pobres de Quito, donde se comenzaron a levantar barricadas para enfrentar a la policía, y que no respondían directamente a la dirección de la CONAIE (que había hegemonizado la protesta toda la semana previa). En esas barricadas se empezó a escuchar cada vez más fuerte la demanda de "fuera Moreno", que las direcciones indígenas se habían negado a levantar por considerarla "correista", al mismo tiempo que se vieron muestras de apoyo en otras ciudades, incluyendo Guayaquil.

Durante la mesa de diálogo de este domingo, quién dejó más clara esta preocupación de que las manifestaciones se les fueran de las manos, fue Leonidas Iza, presidente de Movimiento Indígena de Cotopaxi, que dijo "me parece irresponsable creer que esto es un acto vandálico de la gente o de los correistas. No estamos viendo bien. Nosotros mismos nos sorprendemos con la cantidad de gente. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello".

En el acuerdo final no se menciona nada sobre la responsabilidad del Gobierno en la brutal represión de la última semana y media, sobre los muertos y heridos, como así tampoco sobre la renuncia de la Ministra de Gobierno y el Ministro de Defensa, que eran exigencia de los manifestantes. A su vez no se dieron detalles de cómo sería el nuevo decreto que el Gobierno diseñará con las direcciones indígenas, que sí le garantizaron una paz social inmediata al ordenar a sus bases suspender las movilizaciones en todos los territorios.


 En las próximas horas veremos los verdaderos alcances de esta negociación.






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domingo, 13 de octubre de 2019

Alarde Antifaxista

Desde La Haine traemos a ustedes este comunicado:


Cientos de personas han participado en Bilbao en el Alarde Antifaxista. Euskal Herria ha demostrado que cuenta con cientos de antifascistas

Comunicado

Desde 1934 hasta nuestros días, en la lucha contra el fascismo no ha habido tregua. Sin querer obviar ni pasar por alto el conjunto de luchas desarrolladas desde la implantación del capitalismo, el levantamiento obrero y popular de Octubre de 1934 contra las políticas del Gobierno de derechas formado por los Radicales y la CEDA, y la brutal represión que la siguió en amplias zonas del Estado incluyendo Euskal Herria, donde se realizaron conatos insurreccionales que acarrearon encarcelamientos de miles de obrerxs, es un claro punto de partida de ello. Pocos meses después, empujados por la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 teniendo como base un programa político democrático y progresista, las masas obreras, campesinas y populares vieron una oportunidad de darle un nuevo rumbo a la Historia. Esto fue lo que generó la consiguiente respuesta militar por medio de un alzamiento fascista dirigido por los sectores oligárquicos representantes máximos de la banca e industria, los grandes terratenientes, la alta jerarquía de la Iglesia católica y la rama más reaccionaria del Ejército. Apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista, el 18 de julio de ese mismo año fueron ellos quienes provocaron la inevitable Guerra Revolucionaria en defensa de la democracia y contra el fascismo que hasta nuestros días sigue caracterizando la esencia de la lucha de clases y la opresión continuada que padecemos. Tras tres años de Resistencia Antifascista popular, los fascistas cantaron victoria pero la guerrilla antifranquista se echó a los montes formando el maquis: Guerrillerxs resistiendo desde las montañas desde el mismo 1939 hasta bien entrada la década de los 60. No podemos olvidar a todxs lxs que continuaron en la misma lucha tras ser militarmente derrotadxs: en la Segunda Guerra Mundial combatiendo en todos los frentes al nazismo alemán, al colaboracionismo francés o al fascismo italiano, en los campos de concentración franceses y alemanes, en el cerco del Leningrado soviético, en la reorganización política del interior y del exilio, etc. Tampoco a los miles y miles de fusiladxs, desaparecidxs, cuneteadxs, torturadxs, encarceladxs,…. por el fascismo. A día de hoy, casi un siglo después, permanecen todavía las cunetas llenas de cadáveres de una generación que no dudó en defender de manera consecuente sus ideales democráticos y de progreso frente a la barbarie impuesta por los padres de este podrido estado que se hace llamar España.

Cuando todo parecía terminado, nuevas generaciones de revolucionarixs fueron surgiendo, organizándose en las filas de las diferentes opciones políticas que existieron y siguen existiendo a día de hoy en el campo obrero y popular: abertzales, anarquistas, comunistas, autónomas… antifascistas todxs.

Desde 1939 hasta hoy, los mismos sectores oligárquicos que aplastaron por la fuerza de las armas todas las demandas democráticas del Frente Popular continúan gobernando. En 1978, al no haberse materializado ninguna ruptura democrática para con el régimen fascista imperante en el estado que lograse establecer unas bases mínimamente aceptables por cualquier demócrata consecuente, solo se dio un lavado de cara que posibilitase dar continuidad a las mismas políticas económicas y represivas contrarias a los intereses de la clase obrera, las masas populares y los derechos nacionales de los pueblos oprimidos como el nuestro. La Constitución que se rechazó en Euskal Herria fue la base principal de aquella operación de maquillaje falsamente llamada Transición. La incorporación al régimen de los sectores políticos claudicantes que se vendieron a cambio de poder gestionar alguna parcela institucional, supuso una nueva traición a las aspiraciones del conjunto de las luchas desarrolladas durante el franquismo.

Esta traición no ha hecho más que clarificar diariamente durante 40 largos años que a lxs obrerxs, a los pueblos oprimidxs, a lxs que seguimos creyendo en ideales de libertad, justicia y progreso, no nos valen sus soluciones electorales ni la convivencia con los que nos machacan a diario en nuestros puestos de trabajo o nos desahucian de nuestras casas o exterminan a lxs presxs políticxs y sociales en sus centros de tortura o no nos permiten poder ejercer el derecho de autodeterminación o nos detienen por dar nuestra opinión en las redes sociales o mandan tropas y armamento para destruir y saquear países soberanos bajo el manto de la OTAN. Lo decimos alto y claro, y sin avergonzarnos por ello: no queremos convivir ni con banqueros y explotadores ni con sus mercenarios armados ni tampoco vamos a aceptar las mentiras de los que prometen bienestar a cambio de nuestro voto.

El fascismo no es un partido político concreto sino que es, por encima de las formas concretas que pueda adoptar, la dictadura terrorista abierta dirigida por los sectores oligárquicos al llegar el capitalismo a su última fase. Y es a eso a lo que nos estamos enfrentando todavía por mucho que nos quieran hacer creer que esto es lo que hay. Por encima de los telones, sus disfraces, cortinas de humo y perversión del lenguaje existe esa dictadura y no podemos permitirnos el lujo de dejar de denunciarla y combatirla. Sería faltar a la memoria de todxs nuestrxs caídxs y a eso, no estamos dispuestxs, compañerxs.

Como la historia de este pueblo ha demostrado, generación tras generación, la bandera de la lucha antifascista no ha claudicado, continua viva y aquí estamos nosotrxs para atestiguarlo. Ante la agudización de las contradicciones del capitalismo, como se está viendo en toda Europa y también aquí, los sectores oligárquicos y monopolistas recurren al fascismo como forma de dominación y defensa de sus privilegios. Es a nosotrxs a quienes corresponde hacer frente al fascismo del siglo XXI. Hacerle frente por medio de la organización y la lucha. Actuando en favor de un movimiento antifascista popular que luche contra el capitalismo dejando de lado las vías reformistas que hagan pensar que existe salvación posible dentro del sistema capitalista. Impulsando y fortaleciendo un antifascismo de clase y combativo en la calle, en los barrios y pueblos, en los puestos de trabajo, en los institutos, en la universidades, en nuestras relaciones cotidianas… Y ese movimiento antifascista debe ser capaz de forjar la Unidad en torno a unos principios y a un programa de reivindicaciones democráticas que recoja como mínimo el derecho al trabajo y a la vivienda dignos, a la autodeterminación de los Pueblos, la Amnistía, la igualdad plena, real y efectiva entre seres humanos, la disolución de la Guardia Civil o la Audiencia Nacional, la abolición de los privilegios de la Iglesia, esté por una Educación y Sanidad realmente públicas y de calidad al servicio del pueblo, promueva la solidaridad en contra del imperialismo, etc. Hay mucho por lo que pelear y no es una lucha nueva. Son reivindicaciones históricas tan justas como necesarias que tienen forma de futuro. Y ese futuro solo lo habremos perdido el día en que abandonemos el camino de la Lucha.

Ayer y hoy, frente al fascismo ¡Organización, Formación y Lucha!

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Continúa el Levantamiento Ecuatoriano

Desde la página de La Izquierda Socialista traemos a ustedes esta crónica acerca de la insurrección popular que vive Ecuador en estos momentos:


Jorge Martin   

Lo que empezó como una protesta contra el paquetazo del FMI impuesto por el presidente Lenin Moreno se ha convertido en una insurrección nacional que plantea la cuestión de quién gobierna el país. La enorme movilización de masas ha obligado al gobierno a huir de la capital Quito, a cerrar la asamblea nacional y ha empezado a resquebrajar las fuerzas armadas. Para avanzar, el movimiento debe plantearse la cuestión del poder.

Esta semana, la segunda de la insurrección obrero – campesina, se ha saldado con 5 muertos (por lo menos) cientos de heridos y detenidos y una represión brutal, como se veía en Ecuador desde hace décadas, que no ha logrado detener el movimiento. Ni el estado de emergencia, ni el toque de queda, ni las mentiras de los medios, ni las falsas ofertas de negociación, ni el ejército en las calles. El gobierno de Lenin Moreno, con el respaldo de toda la oligarquía capitalista, del imperialismo de EEUU, de todos los gobiernos reaccionarios de la región, no ha podido aplastar el movimiento decidido de campesinos, indígenas, obreros y estudiantes.

El miércoles 9, una poderosa huelga general paralizaba el país. En Quito, la capital abandonada por el gobierno, una enorme marcha de entre 50 y 100.000 manifestantes se dirigía de nuevo al Palacio de Carondelet, abandonado a toda prisa el día anterior. Por unos breves momentos el movimiento tomó control de la también abandonada Asamblea Nacional, con la intención de instalar la Asamblea del Pueblo.

En Guayaquil, la oligarquía dirigida por la alcaldesa Viteri y su mentor Nebot, azuzaban una turba pequeño burguesa racista contra los “indios”.“Que se queden en el páramo” chillaba el empresario y banquero Nebot, dirigente socialcristiano, agitando el espectro de la “toma de la capital” por parte del movimiento indígena: “no merecen pisar el suelo de Guayaquil, vienen a destruir”. Pero su capacidad de movilización fue pequeña, apenas unos miles. Fueron necesarios gran cantidad de efectivos policiales y militares, además de camiones de obras públicas para cerrar el Puente de la Unidad Nacional que conecta la populosa Durán con Guayaquil para impedir el paso de miles de manifestantes contra el gobierno.

Dentro de la propia ciudad de Guayaquil también hubo manifestaciones contra el paquetazo, silenciadas por los medios cómplices. Y fue precisamente ahí dónde se produjo un incidente muy significativo. Un grupo de policías motorizados llegaron a la avenida 9 de octubre con intención de atacar a un reducido grupo de manifestantes antigubernamentales. Un grupo de soldados cortaba el paso de los manifestantes, pero ante la arremetida de los motorizados, los militares les protegieron enfrentándose a golpes a los policías.

Un incidente pequeño, pero que se suma a otros pequeños incidentes que indican que la insurrección popular por un lado y la brutal represión del estado están empezando a hacer mella entre los soldados rasos, que también son de extracción popular.

El mismo 9 de octubre, en Quito, el ejército y la policía se emplearon a fondo contra la enorme marcha pacífica que recorrió la capital. Gases lacrimógenos, golpes, vehículos blindados lanzados contra la multitud. La represión se cebaba por igual contra todos, mujeres y niños incluidos. Al final del día la policía lanzó gases lacrimógenos dentro del recinto de dos universidades en Quito donde duermen los indígenas que se han desplazado a la capital por decenas de miles. Hubo conatos de atacar el Ágora de la Casa de la Cultura el centro logístico y directivo del movimiento.

El saldo: 5 muertos. Uno de ellos, Inocencio Tucumbí, dirigente indígena de Cotopaxi, por impacto directo de un bote de gas en la cabeza. Tres jóvenes muertos al caerse de un puente en San Roque durante enfrentamientos cuerpo a cuerpo con la policía. Testigos presenciales afirman que la policía les empujó.

El gobierno, en realidad toda la clase dominante que se ha unido detrás del paquetazo y contra la insurrección, combinaba la represión más brutal con informaciones falsas acerca de una supuesta negociación, con mediación de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. En realidad están hablando con “dirigentes” sindicales e indígenas, de organizaciones que no representan a nadie y que no son las que dirigen el movimiento. El gobierno pretende comprar el movimiento con unas pocas migajas para “desarrollo”, con parte del dinero que se ahorra con la abolición del subsidio al combustible (1.300 millones de dólares). Una y otra vez la CONAIE ha desmentido la existencia de tales negociaciones.

El día 10, octavo de la insurrección, fue de rabia y de luto. Los medios y el gobierno seguían mintiendo, desinformando, presentando a los manifestantes como violentos. Cada vez más imágenes compartidas en redes sociales daban cuenta de la brutalidad policial del día anterior. Policías motorizados golpeando a dos mujeres indígenas que estaban tranquilamente en una esquina, a un jóven que ya estaba en el suelo, etc.

Miles se reunieron en una extraordinaria asamblea en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito para deliberar y tomar decisiones acerca de los pasos a dar. En el estrado ocho policías que habían estado patrullando el exterior del edificio y fueron desarmados por el movimiento. Los dirigentes locales del movimiento, uno tras otro, se dirigían a la asamblea reunida. Se anunció que había certeza de dos muertos en la jornada de la huelga nacional y que se había exigido a las autoridades la entrega de sus cuerpos.

El movimiento ya no solo pide y reivindica, empieza a tomar decisiones. Se dio instrucción a los medios allí presentes para que transmitieran la asamblea en vivo a todo el país, cosa que hicieron (parcialmente). Se guardaron dos minutos de silencio por los muertos y se obligó a los policías a quitarse los cascos y chalecos anti-balas en señal de respeto.

En un momento dado, llegó el rumor que la policía preparaba el asalto al Ágora con gases lacrimógenos. Los dirigentes que presidían la asamblea obligaron a los policías a llamar a sus superiores en el exterior y garantizar que no iban a entrar. Así fue.

Algunos propusieron marchar a la Asamblea Nacional para tomarla, con los policías al frente, desarmados, “para que sepan lo que es la represión”. El ambiente era de rabia y de mucha indignación. La consigna de “Fuera Moreno, fuera” estaba en todas las bocas y la repetía la asamblea al unísono. La dirección nacional de la CONAIE, que va un paso por detrás del ambiente general de las bases, todavía no la ha hecho suya de manera oficial, no aparece en ninguno de los comunicados.

Otro de los ejes de casi todas las intervenciones eran la exigencia a las fuerzas armadas a que dejaran de obedecer al gobierno. Un llamado claro a un derrocamiento del régimen. Se anunció también que otras tres gobernaciones provinciales habían pasado a manos del pueblo en la región amazónica. De allí iban llegando a Quito más columnas de miles de indígenas, para fortalecer el movimiento.

Finalmente, después de traer el féretro (a hombros de los policías y de dirigentes indígenas) de Inocencio Tucumbi en un pasillo de honor y de oficial una ceremonia en su memória, el movimiento marchó por la capital para entregar a los ahora ya 10 policías retenidos a las Naciones Unidas.

El día siguiente, 11 de octubre, nuevamente la insurrección obrero – campesina marchó hacia la Asamblea Nacional con el objetivo de tomarla. La marcha, de decenas de miles, era pacífica y llegó hasta el frente del edificio, fuertemente resguardado por policías y militares. Al cabo de un rato de tensa espera, algunos militares retrocedieron de sus posiciones. El movimiento hizo una pausa. Se organizó la comida, que también se ofreció a las fuerzas del orden. Hay una política clara y correcta de utilizar todas las oportunidades para confraternizar con sus bases.

A traición y sin previo aviso, la policía utilizó esa pausa para reagrupar fuerzas y lanzar una nueva oleada de represión con gases lacrimógenos y perdigones contra la multitud pacífica y desarmada que estaba comiendo en el parque del Arbolito. La multitud resistió, evacuando a los heridos, haciendo un pasillo para sacar a los más vulnerables, construyendo barricadas. Un escenario de auténtica guerra civil, guerra de clases.

Mientras, el cínico Moreno aparecía en televisión ofreciendo “diálogo”, que de nuevo fue rechazado rotundamente por la CONAIE en un duro comunicado. Las condiciones del movimiento son: derogación del decreto del combustible, cese de la ministra de gobernación y el ministro de defensa, responsables de la represión, antes de que haya ninguna negociación.

Pero incluso eso se queda corto. A lo que el movimiento aspira ahora es a derrocar a Moreno. “Quien se va de Quito, pierde su banquito” gritan en las calles. Incluso la idea de presionar a la Asamblea Nacional para que declare nuevas elecciones se contradice con las acciones prácticas del movimiento que trata de tomar el edificio de la Asamblea para instalar la Asamblea del Pueblo, es decir, un gobierno alternativo. La cuestión de quién gobierna el país se plantea claramente. Los ricos o los pobres, la oligarquía y el FMI o el pueblo trabajador, los capitalistas y banqueros o los obreros y campesinos.

En la práctica, la insurrección ecuatoriana controla ya gran parte de la capital (con excepción de los edificios oficiales abandonados), y varias provincias del interior. Se empieza a organizar, tiene su propia Guardia Indígena y toma decisiones en asamblea que luego se ponen en práctica.

La situación es insostenible desde el punto de vista de la burguesía y el imperialismo. Su poder pende de un hilo. De ahí el empeño en impedir la entrada de los manifestantes a la Asamblea Nacional. No es simplemente un edificio vacío (ya se barrunta trasladar su sede a Guayaquil), sino un símbolo del poder.

El levantamiento tiene en su favor el coraje, la decisión y el arrojo de miles, decenas de miles de jóvenes, obreros, campesinos, mujeres que se han batido en las calles contra Moreno y el FMI. Le falta todavía una comprensión clara de las tareas a las que se enfrenta y cómo llevarlas a cabo.

Es urgente proclamar la Asamblea del Pueblo como poder legítimo y extenderla por todo el país. Hay que desarrollarla como un auténtico organismo democrático de dirección del movimiento, con delegados elegidos en las barricadas, en los barrios populares, en las fábricas y universidades, en las comunidades indígenas. Los elementos de auto-defensa que ya existen hay que coordinarlos y desarrollarlos. La Guardia Indígena deben extenderse y organizar en sus files a miles. Ante la brutal represión de la policía y el ejército hay que organizar la defensa. Esto debe combinarse con la profundización del trabajo de confraternización con los soldados que ya empieza a dar resultados.

El momento es decisivo. La batalla por el poder está planteada, pero no se ha resuelto todavía. Si el movimiento no avanza con pasos decisivos, existe el riesgo de que el cansancio y la falta de perspectivas empiecen a hacer mella. En esas condiciones el gobierno puede usar la represión selectiva con concesiones cosméticas para debilitarlo todavía más.

Si se avanza con decisión y con objetivos claros, el derrocamiento del gobierno es totalmente posible. Se puede tomar el cielo por asalto. Ahora es el momento.






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Belicismo con Basque Label

Ecuador vive horas difíciles pues el tiránico Lenin Moreno ha decretado el toque de queda y en las calles francotiradores han comenzado a operar en contra del pueblo sublevado.

En Rojava, los turcos han iniciado una campaña de exterminio auspiciada por el propio Donald Trump quien además, con la bravuconería que le caracteriza ha salido a respaldar a Israel tras sus más recientes crímenes de guerra contra los palestinos.

Yemen se sigue desangrando en su tenaz resistencia en contra de la familia Al Saud.

En ese escenario resulta de contumaz hipocresía declararse ajeno a tanta violencia generada por el imperialismo neoliberal.

Para desgracia del lehendakari 3/7, en Euskal Herria hay quienes le recuerdan que su "generosidad" ante la crisis de los refugiados -que Erdogan amenaza con empeorar si no se le apoya en su embestida contra el pueblo kurdo- no es gratuita.

Lean ustedes:


Ongi Etorri Errefuxiatuak ha realizado una «feria con productos Eusko Label» en Bilbo. Pero estos productos no llegaban de las huertas o prados de Euskal Herria, sino de las empresas armamentísticas. Han denunciado «la implicación e hipocresía de instituciones públicas y privadas» y han reclamado «una acogida real» de migrantes y refugiados, víctimas de ese mercado.

«En Euskal Herria se producen armas, armas para la guerra, armas que matan. En la actualidad hay más de un centenar de empresas vascas que dedican parte o toda su producción a fines militares», afirma Ongi Etorri Errefuxiatuak, que ha realizado una «feria con productos Eusko Label» en Bilbo. «No solo de la huerta, también los armamentísticos».

El colectivo ha señalado a las empresas Aernnova, ITP, Senner, Sapa, Dassault y Turbomeca y ha recordado que «no solo se produce, sino que también se ensaya la guerra», en referencia al polígono de tiro de Bardenas. «Queremos denunciar que en estos momentos el ejército de Turquía está invadiendo el Kurdistán de Siria y está bombardeando a la población civil con armas fabricadas en Euskal Herria y en España», han señalado.

Ante ello, se han dirigido al presidente español, Pedro Sánchez, y le han reclamado que detenga «inmediatamente» la venta de armas a Turquía y que, «junto al resto de países de la Unión Europea, dejen de hacer negocio con la guerra» y exijan al gobierno turco el fin de la invasión del Kurdistán sirio. «Queremos asimismo denunciar la implicación e hipocresía de instituciones públicas y privadas vascas tales como: la universidad, los centros de formación profesional y otros centros de investigación; el Gobierno Vasco; las entidades bancarias y los representantes de partidos políticos que alaban, apoyan y prestigian socialmente a los empresarios que invierten e impulsan el sector militar», han añadido.

Responsabilidad sobre la migración

En esa línea, han recordado que «el derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho a la vida y a la libertad de otras personas». Por ello, han propuesto la conversión de la industria militar vasca en producción para uso civil, «atendiendo a criterios éticos, sostenibles y solidarios», que busquen «transformar la sociedad en la que la vida de las personas esté en el centro».

Del mismo modo, han exigido a las instituciones «una acogida real» de migrantes y refugiados. «Si nuestras bombas son responsables de que miles de personas se vean obligadas a desplazarse de forma forzosa, tenemos el deber de construir ciudades y pueblos de acogida».






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