De forma casi simultánea, mientras fueron asesinados dos comuneros mapuche en las cercanías de Cañete (sur de Chile), la violencia paramilitar forzó el desplazamiento de tres mil tsotsiles en Aldama, en la región Los Altos de Chiapas. Cada una de las agresiones tiene sus propias características distintivas, pero lo común es la violencia genocida que recae sobre los pueblos originarios en dos extremos de un continente devastado por un modelo depredador de la naturaleza y de los seres humanos, que busca convertir los bienes comunes en mercancías.
En Chiapas son diez las comunidades afectadas. «El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó que desde el pasado lunes hasta la fecha (4 de noviembre) se registraron 47 ataques con armas de alto calibre contra las comunidades tsotsiles de Aldama, cuyos habitantes se vieron en la necesidad de replegarse a las montañas para refugiarse» (
https://bit.ly/3bHAStm).
Según el comunicado de ese centro, las comunidades se encuentran sitiadas por hombres armados, «todo esto bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano». La confrontación, que ha dejado alrededor de 25 muertos en ambos bandos, comenzó hace más de 40 años por la disputa de 60 hectáreas (
https://bit.ly/3BHYMzi).
En Chile el gobierno de Sebastián Piñera decretó el estado de excepción en el sur contra las comunidades mapuche que recuperan tierras. Más de dos mil uniformados se trasladaron a ese territorio en el mismo momento en que sesiona la Convención Constituyente para redactar una carta que sustituya a la heredada de la dictadura de Pinochet.
El asesinato de ambos comuneros (posteriormente la Fiscalía informó que uno falleció y el otro se encuentra en estado grave), se produjo como consecuencia de «manifestaciones de los Lov y comunidades en resistencia de la franja lavkenche en la provincia de Arauco, protestas que se daban en rechazo a la declaración del estado de excepción en el Wallmapu» (
https://bit.ly/3GPa6xf).
Tanto en México como en Chile operaron fuerzas estatales o paraestatales protegidas por las autoridades. En ambas geografías las agresiones a los pueblos tienen larga historia y van de la mano de los intentos por frenar las luchas por la tierra.
«Tenemos claro que la ultraderecha y la centro izquierda sirven a los dueños de Chile, los que, al ver amenazados sus intereses, han presionado para que el imputado Piñera instale los militares en el Wallmapu», indicó la organización Weichán Auka Mapu. Se trata de «un plan estratégico político contrainsurgente, aplicado por el gobierno actual, pero impulsado y dirigido por los poderes económicos con intereses en el territorio».
El otro rasgo común es que los pueblos se vienen fortaleciendo. En Chiapas el movimiento zapatistas se ha venido expandiendo con la creación de nuevos caracoles en 2019, y tiene la suficiente potencia como para estar realizando una gira europea con cientos de bases de apoyo que en pocos días comenzará a recorrer la península ibérica.
En el sur de Chile, «la resistencia mapuche ha obligado a las forestales, latifundistas, hidroeléctricas, y otras expresiones capitalistas del territorio, a abandonar el territorio», explica Weichán Auka Mapu. En efecto, este año la recuperación de tierras por las comunidades se ha multiplicado por cuatro respecto a 2020, pasando de 35 a 134 tomas de tierras, lo que ha colocado a la clase gobernante a la defensiva.
En síntesis: modelo extractivista defendido con militarización y violencia contra las comunidades, para evitar el crecimiento de las resistencias. De esta tremenda coyuntura se pueden deducir algunos elementos, más allá de que en cada país la realidad se presenta con formas particulares.
El primero es que, gobierne quien gobierne, si no se pone fin al modelo de acumulación por despojo, la situación permanecerá incambiada. Este sistema extractivo es la expresión en los territorios del capital financiero especulativo, que para imponerse necesita la militarización, porque es un modelo de guerra. Para despojar a los pueblos, como a las personas, es necesario amenazarlas.
La segunda es la creciente solidaridad con el pueblo mapuche y con los pueblos de raíz maya, como se muestra a través de los más diversos pronunciamientos de estos días. Los pueblos están sabiendo romper el cerco de desinformación gracias a su tenaz resistencia, que está desnudando el verdadero carácter de los agresores.
La tercera es el papel poco digno que están jugando las izquierdas electorales e institucionales. En México el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador impulsa el despojo a través de mega-obras de infraestructura y en Chile el derechista Sebastián Piñera se apoya en la forestación que estrangula a las comunidades mapuche.
En este punto, está siendo necesario reflexionar las razones por las cuales los Estados no son capaces de frenar el modelo hegemónico, más allá incluso de la voluntad de algunos gobernantes. Una de las características principales del neoliberalismo es que ha desmembrado los Estados y los servicios asociados (educación, sanidad, vivienda…), como ha quedado demostrado palmariamente durante la pandemia. El resultado es que las grandes multinacionales tienen mucha más capacidad para imponer sus iniciativas que los Estados para bloquearlas.
Los pueblos mapuche y los mayas de Chiapas han decidido frenar el modelo sobre el terreno, a escala local y regional, en un cara a cara con las grandes empresas, los paramilitares y narcotraficantes que trabajan para el extractivismo. Es exactamente el mismo modo que emplearon los obreros fabriles en la década de 1960 para enfrentar la explotación fordista. Más allá del papel que se atribuya al Estado, desmontar un sistema debe hacerse siempre en la escala concreta donde se asienta, para pasar luego a otra dimensión.
Por último, no es posible salir de este modelo financiero sin crisis. La clase dominante ha acumulado suficiente poder como para bloquear salidas que no la beneficien.
