Recordando a Kirruli

Desde el perfil de Imanol Nieto Casanova traemos este ejercicio de memoria histórica centrado en la figura del represaliado político vasco conocido como 'Kirruli':

En la noche del 7 al 8 de junio de 1986 murió en la cárcel española de Herrera de la Mancha el preso político vasco Joseba Asensio Artaraz "Kirruli", hace ahora 38 años. Él tenía 27. Murió fruto de la venganza, del desprecio, de la desatención, a pocos meses de quedar libre.

Joseba fue encarcelado el 3 de junio de 1980. Joven comprometido, dejó una imagen espectacular huyendo de los grises en el Aberri Eguna de Gasteiz de 1977, en uno de tantos capítulos represivos que jalonaron esos años en Euskal Herria.

Durante los seis años de cárcel que sufrió, recorrió las carceles de Carabanchel, Burgos, Soria, Puerto de Santa María, Alcalá Meco, Herrera de la Mancha y Basauri. Murió cuando tocaba con los dedos y su sonrisa la libertad, la primavera y la vida.

La represión del funeral de Kirruli en Bilbo tuvo tintes dramáticos cuando la Policía disparó fuego real y cargó contra familiares y amigos que portaban el féretro, provocando más de cuarenta heridos. Televisiones europeas se hicieron eco y no dudaron en filmar la represión.

En su cautividad sufrió dolencias denunciadas en muchas ocasiones. La autopsia constató que padecía una infección pulmonar tuberculosa vieja, de años, que nunca le diagnosticaron, fruto de la desatención medica carcelaria.

 

 

 

 

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Una Muerte Evitable

Ahora que ha quedado al descubierto que muchas de las condenas en contra de independentistas vascos se lograron mediante autoinculpaciones derivadas de la práctica sistemática de la tortura, además de la política de excepción aplicada en contra de ellos como la incomunicación, la dispersión y el aislamiento, casos como el de Juankar Alberdi se pueden analizar con una nueva luz.

Aquí lo que ha publicado Naiz con respecto a su aniversario luctuoso:

«Era evitable», el mensaje de Egiari Zor en el aniversario de la muerte de Alberdi en Herrera

Urnieta ha recordado este domingo a Juankar Alberdi en el 37 aniversario de su muerte en Herrera. Egiari Zor ha incidido en que «era evitable» y fue consecuencia de «un castigo arbitrario e injustificado por razones políticas». Y ha instado a no excluir a nadie en los reconocimientos oficiales.

Juankar Alberdi Martirena ‘Krakas’ falleció hace ahora 37 años en la cárcel de Herrera de la Mancha. Un acto en Urnieta lo ha recordado a mediodía de este domingo, dentro de la dinámica de Egiari Zor en favor de la verdad sobre estos casos de violencia estatal, y que traslada además una idea en el caso de las víctimas de la política penitenciaria de excepción: «Era evitable».

Así lo ha subrayado Pilar Garaialde, representante de la Fundación Egiari Zor, poniendo por delante datos que hablan por sí solos: en las últimas cuatro décadas, «en el periodo presuntamente democrático, 36 presos políticos vascos y 16 familiares de estos han perdido la vida en diferentes situaciones, debido a las medidas de excepción que se han aplicado sistemáticamente. Además, otras dos personas se suicidaron para evitar su ingreso en prisión. Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza, el castigo añadido, la seguridad o cualquier otra consideración, la realidad hubiera sido bien distinta».

El caso concreto de Alberdi está muy ligado a una prisión de triste recuerdo: Herrera de la Mancha. Allí murieron cuatro presos vascos. Este preso falleció apenas cuatro meses después de otro, Mikel Lopetegi, y dos años más tarde de Joseba Asensio. Es decir, tres fallecidos en apenas 24 meses. A ‘Krakas’ no se le había diagnosticado ninguna enfermedad, pero con apenas 30 años le sobrevino un edema pulmonar fatal. Los peritos del Instituto Nacional de Toxicología afirmaron que la asfixia consiguiente resultó determinante y que no se pudo hacer nada por su vida.

«Estas muertes tienen algo en común –han remarcado Garaialde en Urnieta–: en todas ellas la aplicación de medidas políticas excepcionales como modus operandi ha sido decisiva. Negar la debida atención sanitaria, aplicar de forma arbitraria los protocolos contra las enfermedades incurables, las duras condiciones de vida dentro de la cárcel, el aislamiento prolongado, la clasificación sistemática en primer grado o inclusión en fichero FIES, la intervención permanente de las comunicaciones, el alejamiento, la dispersión...», ha enumerado. Y todo ello aplicado «mientras no se produjese una renuncia de sus aspiraciones políticas» por parte de personas presas como Juankar Alberdi.

Hora de reconocer

El acto ha hecho hincapié en que «los estados deberán reconocer que, en el marco del conflicto, en base a unos objetivos políticos, asumieron que algunas personas presas y sus familiares podían morir».

En este contexto Pilar Garaialde se ha dirigido además a las instituciones vascas para reclamar que las leyes de reconocimiento de víctimas de violencia política «deben adaptarse necesariamente a parámetros internacionales en materia de derechos humanos, de forma que no se excluya a ninguna víctima».

«Escuchamos numerosas referencias al valor superior de los derechos humanos y la dignidad humana, pero se dejan fuera de todos los censos y estadísticas las consecuencias humanas de la política penitenciaria de excepción –ha denunciado–. La memoria de lo ocurrido no puede acotarse a unos intereses que tienen más que ver con visiones particulares y partidistas. Todas las víctimas mortales y supervivientes, todos los sufrimientos generados por la violencia que hemos sufrido, deben ser reconocidos y reparados oficialmente, y todas esas violaciones, también la de Juankar Alberdi, deben tener su lugar en las políticas de memoria».

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Política Penitenciaria Discriminatoria

Les invitamos a la lectura de este artículo de opinión dado a conocer en Naiz, mismo en el que se exponen algunos puntos clave con respecto a las medidas de excepción - así, sin comillas grupo Noticias - aplicadas en contra del colectivo de presos políticos vascos - no, no son presos de ETA - 12 años después de iniciado el proceso de paz que arrancó en Aiete y que incluyó el DDR de ETA.

Adelante:

Por el fin de la arbitrariedad en la política penitenciaria

Iñaki Lasagabaster y Ramón Zallo

El fin de la arbitrariedad en la política penitenciaria justifica plenamente que las personas preocupadas por este tema lo manifiesten y lo hagan ejerciendo precisamente ese derecho. Como política de excepción ha sido una práctica habitual de los poderes del Estado, y así ha sido reconocido por organizaciones y sectores de muy diverso tipo. Este hecho nos ha llevado a manifestar que la política penitenciaria no puede ser ajena a los principios jurídicos del Estado de Derecho. No puede ser objeto de acuerdo o de consenso que cada fuerza política o social considere necesario en cada momento.

Las decisiones en materia penitenciaria deben respetar y estar regidas por el principio de legalidad y el respeto de los derechos fundamentales. Estos últimos también se reconocen a las personas en prisión, ya que en una democracia el derecho no puede quedar a las puertas de las cárceles. Sin embargo, ha habido que esperar mucho tiempo para que estos derechos sean reconocidos y respetados. El alejamiento, que no la dispersión, de los presos y presas vascos se ha aplicado sin atender a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y sin respetar las normas de diferente tipo que lo impedían. De hecho, así ha sucedido durante mucho tiempo, en un silencio sin justificación. A día de hoy, se considera este tema ya prácticamente solucionado.

Sin embargo, quedan otras cuestiones pendientes. La política discriminatoria no ha acabado. Así, queda pendiente la situación de las personas enfermas en prisión. La prisión no es el mejor sitio para que las personas enfermas sean debidamente tratadas. Forzando la legalidad, se ha interpretado que, hasta alcanzar la situación de enfermos terminales, los presos y presas vascos no merecían recibir ningún beneficio penitenciario de los establecidos en la ley. Vemos hoy en día, y lo valoramos positivamente, que una persona con una enfermedad grave necesitada de tratamiento no ingrese en prisión (caso del expresidente de la Junta de Andalucía), cosa que no ha sucedido con los presos y presas vascos.

Parece estar también olvidada la acumulación de condenas, que, en virtud del derecho europeo, debía haberse aplicado a los presos y presas vascos. A pesar de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el Partido Popular realizó un cambio legislativo que produjo a su vez una modificación de esas primeras resoluciones judiciales. El resultado: que los años de prisión cumplidos en Francia no se descontaban de los pendientes a cumplir en el Estado español. Un alargamiento de condenas contrario al derecho europeo que ha significado y sigue significando el cumplimiento indebido de penas de prisión.

La última e importante cuestión que queda por recordar tiene que ver con el reconocimiento de la situación de libertad condicional o la progresión de grado. Las progresiones de grado se reconocen inicialmente por las Juntas de Tratamiento de cada centro penitenciario. Son las personas más cercanas y que mejor conocen la situación de quienes están en prisión, estableciendo si cumplen los requisitos para obtener esas progresiones. No obstante, la política actual de la Fiscalía es recurrir prácticamente todas las decisiones de libertad condicional de los presos y presas vascos. La explicación de una tal forma de intervención es difícil de entender y justificar. Es más, continuamente oímos casos de personas muy mediáticas a las que se reconoce la libertad condicional.

Si se atiende a los casos en que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional resuelve, los motivos para denegar la libertad no están en algunos casos en la Ley y en otros se interpretan de forma imprevisible. De esta forma, las decisiones de la Fiscalía, acompañadas en algunos casos de las decisiones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, llevan a dificultar, cuando no a impedir, el desarrollo de una política penitenciaria plenamente de acuerdo con la normativa en vigor. Se llega a pedir la existencia de una mayor «empatía» con las víctimas cuando, en bastantes casos, la persona afectada no ha sido condenada por delitos con víctimas. Por otra parte, ¿cómo constata el juez la existencia de esa «empatía»? La arbitrariedad judicial y de la Fiscalía, de signo político o ideológico, es lo contrario a la normalidad jurídica, que es hija de la ley ordinaria, del derecho y de las reglas reconocidas de la interpretación jurídica, e igualmente contraria al principio de legalidad y al respeto de los derechos fundamentales.

Las anteriores consideraciones nos llevan a afirmar que la política penitenciaria tiene todavía importantes problemas que resolver, todos ellos vinculados con el respeto de la legalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas internas en prisión. La política discriminatoria no se ha acabado con el inminente final del alejamiento, sino que continúa con la renuencia a aplicar los terceros grados a los presos que se los merecen por ley y por informe de las Juntas de Tratamiento, que son quienes valoran también las declaraciones de reconocimiento del daño y dolor causados. No se trata de privilegios. Bien al contrario, se trata de que no se produzcan excepciones.

Las manifestaciones que anualmente se celebran en Bilbao solamente piden esto, dentro de la legalidad, frente a intervenciones de los poderes públicos, especialmente Fiscalía y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, impeditivas de una política penitenciaria respetuosa con los derechos fundamentales y acorde con los deseos y esta nueva época de esperanza que se ha abierto en Euskal Herria. Cuando miles y miles de ciudadanos y ciudadanas atienden la invitación de la red ciudadana Sare, para reivindicar el fin de estas vulneraciones de derechos, se constata y evidencia que existe un problema irresuelto, que solo el fin de las excepcionalidades puede solucionar.

 

 

 

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Hacer lo que se Tenga que Hacer

Ramón Sola nos ofrece esta mapa de ruta tras la mega manifestación en Bilbo en favor de los derechos del colectivo de presos políticos vascos.

Consideramos que su lectura es importante y aquí traemos el texto a ustedes desde Naiz:

De «Euskal Herrira» a «Etxera», un paso natural frente a muros y zancadillas

La marcha de Bilbo ha traído malas noticias para los negacionistas: la nueva fase en la lucha por los derechos humanos de los presos arranca con fuerza. Pero también hay malas noticias, o simplemente una dosis de cruda realidad, para quienes sí están en esa batalla: queda casi todo por hacer.

Ramon Sola

Los cambios de fase nunca son fáciles, ni para las personas ni para los colectivos: hay que superar inercias propias, enfocar objetivos diferentes, fijar nuevos plazos, cambiar mentalidades, renovar lemas y símbolos... Sare y Etxerat han tenido que hacer el tránsito –del «Euskal presoak Euskal Herria» ya felizmente casi agotado al «Etxera» por conseguir– en un momento que además es de cambio de era social: un ciclo navideño pospandémico que ha generado cotas de desconexión auténticamente veraniegas. Y a todo ello se le sumaba una distorsión de los hechos, en algunos casos inducida malévolamente y en otros asumida involuntariamente como real: el mensaje de que la cuestión de las personas presas ya está resuelta, o al menos encarrilada.

En este contexto lleno de trampas, que 67.000 personas salieran a la calle no solo supone un éxito de convocatoria. Mucho más importante aún, supone arrancar con fuerza esta nueva fase. Se atisba que hará falta, eso sí, multiplicar la pedagogía. Quienes dicen no entender qué significa «etxera» o están reprochando a Sare y Etxerat no haberlo explicado bien tienen a mano la explicación difundida el pasado martes: se lee rápido y fácil, son apenas 2.600 caracteres, un tercio de lo que ocupa este texto.

La palabra «pinchazo» sobrevoló la mañana del sábado Bilbo. En las circunstancias citadas, no solo venía alentada desde algunos medios, sino que se palpaba como temor comprensible a pie de calle. No hay duda de que en las sedes de PP o Vox, o en la Audiencia Nacional, o en el propio Gobierno Sánchez, hubieran recibido con regocijo o al menos con alivio que el ciclo de enormes movilizaciones por los presos vascos decayera una docena de años después, y volviera a las cotas de los 20.000 incondicionales de hace dos o tres décadas.

A partir de ahí, esos sectores habrían tenido barra libre no solo para seguir incumpliendo los derechos humanos y las leyes, sino también para algo más profundo: echar a la papelera -o a la hoguera- la hoja de ruta para solucionar esta cuestión, que ha ido tomando forma real y realizable estos últimos cinco años, desde que EPPK dio un paso crucial.

Esa hoja de ruta -no explícita pero sí tácita- se resume en tres cosas, en tres sujetos. Las personas presas afrontan la vía legal aun a sabiendas de sus dificultades y costes. Las instituciones se ven forzadas a encarar ese reto en campo propio, a lo que pueden responder en positivo –legitimándose a sí mismas– o en negativo –retratándose como antidemocráticas, injustas, crueles–. Y la sociedad vasca toma una misión fundamental en todo ello: arropar, impulsar, reforzar ese proceso.

Esta es la consecuencia principal de la marcha de Bilbo: que este camino ya trazado no se ha logrado taponar con una valla en el primer metro, sino que se vislumbra cada vez más claro. Y tiene un horizonte lógico llamado excarcelaciones, «etxera».

Así pues, el llenazo desde el Ayuntamiento hasta mitad de la calle Autonomía trajo a los negacionistas la mala noticia de que el problema carcelario sigue ahí y continúa siendo tema prioritario en el país. Pero también hay malas noticias para quienes sí quieren solucionarlo, porque en realidad está todo por hacer. En el número especial del último día del año en que GARA miró a 2023, intentamos proyectar qué se ha logrado y qué falta por hacer, y la balanza aparece completamente descompensada.

La repatriación (y el consiguiente fin del primer grado y el aislamiento) es un gran avance, sí, básicamente por la saña con que castigaba a las familias y por lo que ha costado arrancarla. Pero la lista de tareas, en forma de incumplimientos de derechos humanos vigentes, la multiplica al menos por nueve: presos enfermos siguen entre rejas, personas de más de 70 años también, se deniegan permisos, se obstaculiza el tercer grado, se bloquea la libertad condicional, se incumple la directriz europea para computar condenas cumplidas en otros estados, se reabren sumarios en busca de pruebas inexistentes, se cierra la puerta de entrada a quienes ya llevan décadas condenados en forma de exilio o deportación, y sigue intacta la atroz 7/2003 que hoy día solo Vox promovería.

Este es el crudo panorama de la excepcionalidad vigente, todo un Manaslu en invierno que quienes han querido dar esta cuestión por concluida reducen a paseo primaveral por el Gorbea. Dicho en otra imagen gráfica: la repatriación es la parte del iceberg que ha salido a flote tras 34 años sepultada, pero hay que picar mucho hielo para acabar con esa mole oculta aún bajo el océano, un obstáculo gigante que entorpece el recorrido de este país hacia aguas más cálidas.

En este contexto, la movilización de Bilbo supone un factor de decantación. Y más aún cuando a finales de 2023 tocan elecciones estatales en las que esa roca de hielo podría endurecerse aún más o coger más volumen. Así que estos meses restantes van a abocar a personas y a colectivos a una reflexión sobre en qué lado se va a situar en esta nueva fase, porque en realidad no hay sitios intermedios entre cumplir los derechos humanos o incumplirlos, entre respetar las leyes o vulnerarlas, entre sostener cadenas perpetuas implícitas o evitarlas, entre conectar con la mayoría social vasca o alinearse con la derecha española más cerril y vengativa, entre seguir perpetuando pasados de sufrimientos o construir el futuro que merecen quienes lo padecieron y quienes han llegado después.

En esa reflexión conviene introducir otro elemento de sentido común. Para entonces se habrán cumplido doce años desde el fin de la lucha armada en octubre de 2011. Teniendo en cuenta que obviamente ese nuevo escenario ya ha generado mucho menor número de detenciones que el anterior, la conclusión es que un altísimo porcentaje de estos presos y presas vascas acumulan doce años de cárcel en un tiempo posconflicto. Es sencillo rastrear en internet cuántas personas condenadas por los llamados delitos comunes (inclúyanse violencia machista o parricidios) llegan a pasar más de doce años en la cárcel sin acceder antes aunque sea al tercer grado. Tras ese ejercicio, resulta imposible sostener que los presos vascos no sufren un tratamiento de excepción absoluta, un castigo de guerra, o peor aún de posguerra. Y es inverosímil presentar «etxera» como una reivindicación excesiva y no como la causa justa que es.

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El Brazo Jurídico de la Extrema Derecha

Queremos pensar que el autor de este artículo publicado por Noticias de Navarra que versa acerca de las más recientes acciones y declaraciones llevadas a cabo por Sare en realidad quiso decir "los presos de la Audiencia Nacional" pero al final salió lo que leemos en el encabezado.

Haya sido lo que haya sido, es importante dar seguimiento al gran trabajo que esta red ciudadana realiza en favor de los derechos de los presos políticos vascos y de sus familias.

Adelante con la información:

Sare reclama aplicar la ley ordinaria a los presos de ETA

Acusa a la Fiscalía de la AN de ser el “brazo jurídico de la extrema derecha”

Imanol Fradua

La red ciudadana Sare instó ayer, durante la habitual marcha de las fiestas de Donostia, a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, “que actúa como brazo jurídico de la extrema derecha política”, cese en su empeño “de impedir transitar hacia una paz justa y, a través de ello, a la convivencia”. El colectivo, acompañado por cientos de personas, volvió a reclamar que se aplique la ley penitenciaria ordinaria a los presos de ETA y se les permita progresar de grado y obtener permisos. Bajo el lema Etxera bidea gertu –El camino a casa cerca–, los manifestantes recorrieron las más céntricas calles de la capital guipuzcoana, desde el Boulevard hasta el puerto, donde concluyó la marcha.

Ya en el puerto donostiarra, los portavoces de Sare Nahikari Iturbe e Inaxio Oiarzabal tomaron la palabra. En su discurso, aseguraron que “hace un año, culminamos una etapa muy importante”. Ese logro no es otro que “dejar atrás las cárceles que están más lejos de Euskal Herria: Andalucía, Murcia, Levante y Galicia. Este cambio supuso un alivio para familiares y amistades que se han visto en la obligación de recorrer demasiados kilómetros a lo largo de muchos años. Fue un primer paso importante dentro del proceso de vuelta a Euskal Herria que estamos viviendo actualmente”.

“Podemos empezar a sonreír porque estamos avanzando”, prosiguieron. “Pero sin hacer ningún alto en el camino, ya que nos queda mucho camino por recorrer si queremos superar las vulneraciones que siguen sufriendo todavía las presas y los presos vascos y sus familiares”. Ese muro a derribar como sociedad es “continuar” remando en favor de la convivencia en Euskadi, “hasta conseguir que todas y todos estén en Euskal Herria”.

Sare aprovechó la oportunidad para radiografiar el estado actual de los presos encarcelados. “Actualmente, hay 58 presas y presos lejos de Euskal Herria. Pero la vuelta a Euskal Herria no es la última etapa, sino la primera. Porque a la mayoría de las presas y de los presos vascos todavía se les niega la aplicación de la política penitenciaria ordinaria. Es el momento de materializar el proceso devuelta a casa establecido a nivel penitenciario. Y, para ello, la excepción debe dejar de ser norma; la progresión de grado, los permisos de salida, la vuelta a casa de las personas presas con enfermedades graves, los derechos de paternidad/maternidad y de familia... Tenemos que seguir avanzando”, citaron.

Actitud de la AN

En este sentido, Sare quiso realizar una denuncia contundente ante “la actitud de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que actúa como brazo jurídico de la extrema derecha política, interponiendo recursos constantemente contra las decisiones de las juntas de tratamiento de las prisiones, cuando aprueban el tercer grado penitenciario o conceder permisos”. Según relataron, “apuestan por la confrontación continua. Por impedir que podamos transitar hacia una paz justa y, a través de ello, a la convivencia. Nuestro pueblo necesita soluciones justas. Sobran quienes continúan abogando por la confrontación y en la venganza. No normalicemos lo que no es normal”.

Por último, el colectivo emplazó a los presentes a “seguir trabajando sin dar un paso atrás. Disfrutemos de las fiestas, pero sin olvidar nuestras reivindicaciones, para seguir sumando fuerzas”. Y llamó a participar en “una fecha muy importante: el 8 de octubre. Ese día, Donostia tiene que quedársenos pequeña, reivindicando que el camino de vuelta a casa está cerca”, según proclamaron. Antes, este próximo viernes día 26 de agosto, Sare ha convocado otra manifestación en el día grande de la Aste Nagusia de Bilbao, con similares objetivos y lema que la marcha de ayer en la capital guipuzcoana. La marcha partirá a la una de la tarde desde la Plaza Elíptica. 

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Egaña | A Por Ellos

El granito de arena que Iñaki Egaña aporta al tema del momento, el 25 aniversario luctuoso de Miguel Ángel Blanco, ocasión que aprovechó el españolismo más rancio (desde Felipe Borbón y Franco hasta altos representantes del PSOE y del PP) para poner una pica en Ermua.

Lean por favor:

A por ellos

Iñaki Egaña

El secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco, ahora hace 25 años, nos conmocionó en unos meses tremendos, con la muerte asimismo de cuatro presos políticos vascos por suicidio (José Mari Aranzamendi, Juan Carlos Hernando, Unai Salanueva y Eugenio Aranburu), la abuela de un preso en accidente de tráfico cuando iba a visitarle (Antxoni Hernández) y otros dos presos excarcelados por su salud (Santiago Díez y Jean Louis Maitia). Unas semanas después de la muerte de Blanco, la guardia civil emboscaba y mataba a José Miguel Bustinza y Gaizka Gaztelumendi en la calle Amistad de Bilbo y en México, en lo que la familia calificó de secuestro por mercenarios, apareció muerto el refugiado Txipi Salegi. Andrés Barrondo, refugiado también en México, fallecía por enfermedad dos días después del secuestro de Blanco.

La muerte de Miguel Ángel Blanco me llegó haciendo de cicerone a un viejo dirigente tupamaro que había completado más de una decena de años de cárcel en unas condiciones de extremo aislamiento. La película “La noche de 12 años” de Álvaro Brechner recoge su paso por prisión. Había llegado a Donostia para presentar su libro “Memorias del calabozo”.

Los acontecimientos desbordados, liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil tras 532 secuestrado por ETA, y el secuestro y crónica de una muerte anunciada de Miguel Ángel Blanco, fueron obviamente temas de conversación. El tupamaro uruguayo nos decía que, a pesar de la descarnada situación carcelaria de los presos vascos, en aislamiento perpetuo, la oposición armada no podía caer en los mismos cenagales que sus enemigos. Que la ética revolucionaria era un valor que no poseía el Estado y que por eso había que cultivarla para mantener el apoyo popular. Se mostró radicalmente contrario al prolongado secuestro de Ortega y al desenlace en el de Blanco y anunció lo que iba a llegar. Acertó de pleno.

El editorial de Egin marcó el sentir de muchos de los nuestros: “Es éste un momento para llamar a la reflexión a todos. La izquierda abertzale debe tomar nota y sacar conclusiones que sirvan para avanzar hacia la democratización de Euskal Herria”.

La movilización por la muerte de Miguel Ángel Blanco concitó el llamado “Espíritu de Ermua” que relanzó un activo Foro de Ermua. Una simplez como la separación entre “demócratas” y “totalitarios”, o lo que es lo mismo constitucionalistas o no, nacionalistas españoles o no, monárquicos o no, para dividir a la arena política. Aquel Foro fue la base para el nacimiento de numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo, y en otra medida, del Melitoniun de Gasteiz. El aniversario del secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco ha servido para renovar intenciones y observar quiénes están detrás de semejante propuesta política, entre ellos qué grupos mediáticos alientan el conflicto.

Un conflicto que ya fue lanzado por Victoria Prego en el concierto de apoyo a la propuesta política de Ermua: “A por ellos”. Visualizado in situ, cuando Raimon cantó en catalán y fue abucheado masivamente. Situaciones que, desde la perspectiva, permiten definir más nítidamente quiénes apuestan y apostaron por la guerra. Una cuestión nada baladí. No tanto por réditos coyunturales sino por cohesionar a su comunidad, la española, detallada por una naturaleza supremacista.

El “A por ellos” no afectó únicamente a un sector del pueblo vasco. Fue una campaña generalizada. Empresas como Laboral Kutxa o Eroski tuvieron que variar su estrategia de marketing para superar maniobras de boicot. Aislamiento que sufrieron músicos, escritores, asociaciones, artistas...

Cuando se cumplió el año de la muerte de Miguel Ángel Blanco, un periodista de la revista de mayor tirada de Portugal llegó apresuradamente al aeropuerto de Bilbao. El responsable de política de su semanario estaba enfermo y debió sustituirlo en pleno verano. Con su fotógrafo, tomó un taxi y se dirigió directamente al cementerio de Ermua. Cuando llegó su sorpresa fue enorme. No encontró la tumba de Blanco, que supuso repleta de flores y recuerdos. Una anciana le indicó el lugar: “aquella que tiene una pegatina de un equipo de futbol”.

La primera reflexión que asaltó al despistado periodista fue la misma que nos hubiera atrapado a cualquiera de nosotros. La utilización de las víctimas, en este caso Miguel Ángel Blanco, como ariete para una determinada línea política. La utilización de las víctimas como agentes políticos, por encima de cualquier otra razón. Y esa reflexión le concatenó otras nuevas y otros proyectos periodísticos que profundizaron en el contexto. Hasta que la agencia oficial de noticias española le calificó de “amigo de ETA”. En aplicación paradójicamente del “Espíritu de Ermua”, aquella división de Bush, Aznar y tantos otros: “O conmigo o contra mí”. En un estado no tan matizado por su pasado, el periodista portugués ganó la denuncia judicial contra la agencia que ponía en duda su neutralidad.

Hoy, 25 años después, los acontecimientos de aquel julio de 1997, nos asaltan con la misma crudeza que tuvieron entonces. Con la particularidad de que aquellas muertes son pasado, motivo de duelo, y las intenciones del presente han variado, pero únicamente con cierta relatividad. La política penitenciaria sigue marcando agendas, y la percepción de que el llamado Espíritu de Ermua que supuestamente entró en fase de agotamiento vuelve a la palestra de la mano de los sectores institucionales más ultras y del Estado profundo. En una alianza político-militar avalada por diversos medios.

El “A por ellos”, que nunca ha descansado, ni ha dado muestras de agotamiento, sino más bien de buena salud, se ha diversificado. Ya no son únicamente los vascos, que seguimos en el punto de mira. Sino también catalanes y sectores de izquierdas son demonizados, barbarizados y si hace falta criminalizados. Diariamente. Por ello, es lamentable que aquellos luctuosos acontecimientos hayan traspasado la línea del duelo, para convertirse en señal identitaria de los sectores políticos más retrógrados.

 

 

 

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«Urgente Resolución» en Política Penitenciaria

Mientras la Audiencia Nacional inicia un proceso en contra de tres represaliados políticos -dos presos y un expreso- para conmemorar muy a su vengativa manera el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, desde el Foro Social Permanente se hacen llamados para encontrar una solución viable lo más pronto posible a la situación de quienes aún permanecen en las cárceles del estado, imposibilitando así el componente de Reintegración en el DDR de ETA.

Aquí el artículo de Naiz a este respecto:

El Foro Social ve mayorías consolidadas para afrontar la tarea pendiente en materia carcelaria

El Foro Social considera que existen condiciones y mayorías consolidadas para afrontar las tareas pendientes en materia de política penitenciaria. Destaca que en los dos últimos años se han producido avances pero quedan aspectos de «urgente resolución».

Nazario Oleaga, Nekane Altzelai y Agus Hernan han comparecido este viernes en Bilbo para realizar un balance de los avances producidos en los dos últimos años en materia de política penitenciaria, una valoración con «claroscuros» en la que han destacado que «se han superado los aspectos más inhumanos que han primado durante 30 años», como el alejamiento, la dispersión, el aislamiento y el primer grado, aunque «todavía quedan aspectos en marcha del andamiaje de excepcionalidad construido para responder a una razón antiterrorista que desde hace once años ya no existe».

Oleaga y Altzelai han enumerado los cuatro aspectos en los que «se ha avanzado notablemente»: la política de alejamiento, con 102 personas presas encarceladas en prisiones de Hego Euskal Herria y «65 en doce cárceles periféricas»; la aplicación de grados, con 22 presos en tercer grado y el resto en segundo; una «humanización» de la política penitenciaria en aspectos como el fin del aislamiento y el tratamiento de los presos gravemente enfermos; y el traspaso de la transferencia de prisiones al Gobierno de Lakua.

Frente a esas cuestiones, han contrapuesto la acumulación de penas cumplidas en otros estados europeos, un tema de la agenda de resolución «que no ha avanzado». Para el Foro Social, además, existen otros dos aspectos «ya superados que han condicionado notablemente» esa cuestión, como son los ongietorris, que «gracias al trabajo realizado de manera discreta por numerosos agentes y a la decisión del propio EPPK, tiene encarrilada su resolución», y la «batalla del relato», un tema que en el caso de la CAV y Nafarroa «ya no condiciona» a pesar de que «sectores mediáticos, políticos y alguna asociación de víctimas siguen empeñados desde Madrid en frenar los cambios».

Asimismo, advierte de que la existencia de «lobbies con fuerte peso en sectores de la Audiencia Nacional» ha generado «nuevas dificultades que hace dos años no lo eran» y que el Foro Social «ha puesto sobre la mesa»: «Los escollos que la Audiencia Nacional está poniendo a los itinerarios de reintegración de las personas presas condenadas por delitos de motivación política y, particularmente, a los permisos en segundo grado y evolución a tercer grado».

Tres aspectos de «urgente resolución»

Por su parte, Agus Hernan ha desgranado los tres aspectos que el Foro Social considera de «urgente resolución»: «La posición obstruccionista de determinados jueces de la Audiencia Nacional», que el criterio a aplicar en el caso de la acumulación de condenas recaídas en otros estados de la Unión Europea «sea el propio establecido por la normativa y resoluciones europeas en la materia», y «los acercamientos aún pendientes».

«Aunque mucho se ha avanzado en este sentido, entendemos que a día de hoy no existe ninguna razón para no superar definitivamente, en un plazo razonable, esta consecuencia de la política de excepcionalidad y trasladar a las 65 personas presas en cárceles periféricas a cárceles vascas. Todos los actores reconocen de puertas para adentro que el ritmo debería ser mayor y más constante», ha subrayado.

Hernan también ha abogado por avanzar en acuerdos en «dos debates pendientes»: la ley 7/2003 que obliga al cumplimiento de condenas de 40 años sin redenciones» y «la definición de unos itinerarios de reintegración para las personas presas por delitos de motivación política que cumplen condena en la CAV», a fin de «acordar las bases y contenidos de una política de Justicia Restaurativa a aplicar a esta tipología de personas presas para que quienes lo deseen puedan transitarla».

El Foro Social ha destacado que «llegar a esta situación es el fruto de un largo trabajo discreto, de tejer consensos entre numerosos agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales» y que a pesar de «las dificultades y de las crisis que este proceso ha tenido, ha existido voluntad en todos los actores para superarlas, allanando el camino».

En ese sentido, Hernan ha subrayado que a fecha de hoy, tanto en los parlamentos de Gasteiz y de Nafarroa «las condiciones están construidas y las mayorías consolidadas e, incluso, están maduras en el Congreso de los Diputados, para afrontar las tareas pendientes».

«Existen nubarrones en el horizonte que pueden poner en cuestión los avances realizados y que hacen estos pasos más urgentes en el plazo corto, para permitir consolidar una situación que la haga difícil de revertir», ha urgido.

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Aberri Eguna y Presos Políticos

El EPPK nos recuerda que este año el Aberri Eguna coincide con al Día Internacional del Preso Político.

El reciente ataque en contra del preso político corso Yvan Colonna y su posterior fallecimiento han puesto de manifiesto el infierno que viven quienes se encuentran en prisión etiquetados como "enemigos del estado". No solo ellos y ellas, también sus familias.

Euskal Herria no es ajena a esa lacra y, a pesar de estar inmersa en un proceso de paz que se ha extendido ya por una década, sigue siendo un asunto pendiente debidos a la actitud revanchista asumida tanto por Madrid como por París.

Les dejamos pues con este artículo de Naiz en donde se relata el comunicado por parte del EPPK:

EPPK: «Sumando nuestros pasos y el trabajo que se hace en la calle, alcanzaremos los objetivos»

En el Día Internacional del Preso Político, coincidente este año con Aberri Eguna, EPPK ha emitido un comunicado que saluda los esfuerzos por superar la excepcionalidad carcelaria y abrir las puertas de las prisiones. Remarca que «tenemos la firme intención de seguir sumando fuerzas en este camino».

Euskal Preso Politikoen Kolektiboa reafirma el camino emprendido para ir vaciando las cárceles en un comunicado remitido a NAIZ con motivo del día internacional de los presos y presas políticas, que se celebra cada 17 de abril y que por azares del calendario coincide esta vez con Aberri Eguna. GARA lo publica mañana íntegro en su versión original en euskara. En el texto, EPPK subraya el valor de la unidad de acción entre la batalla legal de los presos y las iniciativas ciudadanas e institucionales y garantiza su «firme intención» de seguir profundizando en ella.

«Aunque siguen imponiendo una política de excepción, vemos los pasos adelante en el fin de la dispersión y la repatriación. Hoy día la mayoría de compañeros y compañeras está en cárceles de Euskal Herria y el mapa es muy diferente al de hace unos pocos años», indica EPPK. Da la gracias a todos quienes se implican «de modo incansable por los derechos de los presos», con un apunte especial para los conductores de Mirentxin que han puesto fin a su labor tras «el sacrificio y trabajo ingente en los años de más cruel alejamiento y dispersión».

Profundizando en todo ello, el Colectivo apunta que «además de dejar sin efecto los criterios de excepcionalidad y las trabas que se nos ponen en la práctica, es necesario superar las consecuencias del conflicto y encauzar la salida de la calle de las personas presas. Estamos enfocados a ello y llamamos a la ciudadanía vasca, los agentes sociales y las instituciones a que remen en esa dirección. Este pueblo tiene bien demostrado su deseo de paz y de recorrer el camino de la libertad curando las heridas. Sumando nuestros pasos y el trabajo que se hace en la calle, alcanzaremos los objetivos», enfatiza.

No obstante, el comunicado no deja de lado las dificultades sumadas en los últimos tiempos. Cita las medidas implantadas durante la pandemia, que han restringido la comunicación entre presos y familiares, y añade que «no podemos olvidar la influencia que tienen los años de cárcel en la edad y en la salud». Recuerda aquí a los diecisiete fallecidos por enfermedades en prisión o bien al poco de salir de ella, el último Antton Troitiño el pasado diciembre. También hay una mención en el comunicado para el malogrado preso independentista corso Yvan Colonna, «que compartió horas de patio y reflexiones con muchos presos políticos vascos», y también para el pueblo saharaui, «por la fuerza que muestra para sostener su ansia de independencia y hacer frente a la opresión generación tras generación».

Más allá de la cuestión carcelaria, EPPK expone que «defender la libertad es caro para cualquier pueblo pequeño del mundo, y el nuestro lo es. Sus problemas, por contra, son grandes. Nuestra lengua sigue minorizada y menospreciada; la precariedad laboral se está incrementando día a día; qué decir de la opresión concreta a las mujeres; las oscuras previsiones de futuro y la situación llena de dudas de la juventud… Hay quehaceres en todos estos ámbitos. Pero no son tiempos para caer en la desesperanza; tenemos que reconocernos lo bien hecho y poner en valor nuestra capacidad de renovar fuerzas para avanzar. El camino de la libertad nunca ha sido fácil pero este pueblo siempre ha reunido fuerza para seguir adelante paso a paso y en ello continuamos».

«Los derechos y la libertad no son mercancías que se puedan adjudicar o repartir según el tamaño de cada pueblo, sino principios que corresponden a todos por igual. Desde esa perspectiva, el derecho de autodeterminación es la base para construir un escenario de paz en nuestro país», añade. Y concluye: «Tenemos qué reivindicar y en qué esforzarnos; somos un pueblo que ha aprendido a trabajar junto y lo seguiremos haciendo. Es labor de todos construir el pueblo de todos, para que Euskal Herria sea mañana un pueblo soberano, sin oprimidos ni opresores».

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Hartazgo

Las reglas de excepción que el estado español impone a los presos políticos vascos dejan claro que Madrid está muy lejos de considerar ser partícipe de un auténtico proceso de paz, reconciliación y convivencia. Suponemos que no les ha quedado claro que son ellos la parte agresora y que debieran ser los que más esfuerzos habrían de estar llevando a cabo para consolidar la gran oportunidad abierta hace ya una década. Pero la clara inclinación antidemocrática heredada de la dictadura les ha impedido asumirse como un estado obligado a garantizar derechos.

Desde Etxerat dejan claro que es ya demasiado el dolo infligido tanto a los presos como a sus familiares. 

Y si encima de eso se encarcela a abogados de presos y a solidarios, pues ya podemos ver lo lúgubre del escenario.

Lean por favor esto que reporta Naiz:

Etxerat: «Estamos hartas de que siempre se haga salvedad con nuestros familiares»

Etxerat ha mostrado su «hartazgo» ante la «conculcación de derechos» que padecen los presos y presas vascas. Ha recordado que 168 presos deberían estar saliendo de permiso si se les aplicara la legalidad ordinaria, pero sólo están saliendo 22.

Asier Robles

En una rueda de prensa , Etxerat ha mostrado su «hartazgo» ante la «conculcación de derechos» que padecen los presos y presas vascas.

«Estamos hartas de que siempre se haga salvedad con nuestros familiares y no se les aplique la legalidad. Cansadas de que se les exijan cuestiones no sujetas a ley e indignadas por tantas excusas políticas, mediáticas y judiciales para mantener la excepcionalidad penitenciaria», ha señalado Etxerat en una rueda de prensa realizada este lunes en el edificio La Bolsa de Bilbo.

Ha acusado de mentir a los que sostienen que los presos vascos han obtenido beneficios o aseguran que nunca se les han aplicado medidas de excepción. En contraposición, Etxerat ha denunciado que a sus familiares se les niega de manera «interesada y vengativa» los derechos que contempla la ley y el reglamento penitenciario.

Tal y como han explicado, 168 presos deberían estar saliendo de permiso si se les aplicara la legalidad ordinaria, pero sólo están saliendo 22.

En este sentido, han recordado que en menos de un año, 71 permisos de salida autorizados a un total de 34 presos y presas por parte de las juntas de tratamiento han sido posteriormente denegados por parte del juez central de Vigilancia Penitenciaria y la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

«El juez central de Vigilancia Penitenciaria ha dictado tres regresiones de 3º a 2º grado, lo que ha supuesto el reingreso a prisión de tres personas que disfrutaban ya de semi-libertad. 132 presos deberían estar en 3º grado si se les aplicara la legalidad ordinaria por haber cumplido la mitad de la pena; sólo lo están 14. Además, 51 presos y presas podrían alcanzar la libertad condicional por haber cumplido las 3/4 partes de la condena; pero sólo 6 lo han logrado esta año», ha añadido Etxerat.

Ante esta situción, los familiares de los presos han subrayado que no pueden esperar más tiempo «sorteando diariamente obstáculos y trabas a la aplicación de la legislación ordinaria».

Además, han recordado que ya han transcurrido casi cinco años «desde que nuestros familiares presos y presas, 190 en la actualidad, se comprometieran con la resolución y la convivencia e iniciaran su recorrido jurídico penitenciario, que se ha convertido en una continua carrera de obstáculos, primero para ser acercados, después para disfrutar de los permisos, ser clasificados en tercer grado y finalmente, para acceder a la libertad condicional».

«No se puede condenar a la sociedad vasca al eterno retraso en la construcción de la convivencia», han concluido.

Cuatro permisos denegados a un preso con cáncer

En la rueda de prensa ha participado Boni Badillo, cuñado de Joseba Borde, preso de Ugao que este año cumplirá 20 en prisión. Borde en la actualidad en la prisión de Basauri, tras conocer cárceles desde Andalucia hasta Galicia. Tiene 63 años edad y ha padecido cáncer de colon, encontrándose en la lista pública de presos gravemente enfermos que gestionan los médicos de Etxerat.

Tal y como ha explicado Badillo, en 2019 Borde cumplió las tres cuartas partes de su condena que finalizará en su integridad en 2024. Hasta en cuatro ocasiones la junta de tratamiento ha aprobado permisos ordinarios de salida para él, pero el juez central de Vigilancia Penitenciaria los ha denegado todos.

«A Joseba le están conculcando su derecho a estar ya en la calle y, a su familia, a sus allegados se nos castiga con su ausencia, ¿cómo se nos resarce no poder estar junto a él? No hay derecho, ¿cómo se puede hablar de beneficios para Joseba? Es su derecho la resocialización y que le apliquen la legalidad vigente y que salga ya a la calle», ha remarcado Badillo.

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Retomar los Vis a Vis

Los vis a vis fueron cancelados como parte de las medidas sanitarias tomadas a raíz de la pandemia del SARS CoV-2. Ahora, tanto Sare como Etxerat consideran que ya existen las condiciones mínimas necesarias para que dichas visitas se reanuden.

Esto es lo que nos dice Naiz:

Sare y Etxerat reclaman que se retomen los vis a vis en todas las cárceles

Hace dos años que Instituciones Penitenciarias suspendió las comunicaciones familiares y de convivencia como medida de prevención ante el covid-19 en las prisiones del Estado español, y, a día de hoy, muchos presos siguen aislados sin poder abrazar a sus seres queridos.

Mañana es el último vienes de marzo y, como cada mes, Sare y Etxerat han convocado concentraciones en todas los pueblos para reivindicar los derechos de los presos y presas vascas. De hecho, hace más de dos años que se inició la pandemia y con ella llegaron las restricciones también a las cárceles. Sin embargo, a pesar de que poco a poco vamos recuperando la normalidad, «la sinrazón de las más restrictivas medidas que siguen aplicándose en las prisiones».

Según denuncian Sare y Etxerat, hasta esta misma semana Instituciones Penitenciarias «ha seguido manteniendo suspendidas todas las comunicaciones, familiares y de convivencia, en El Dueso, Burgos, Soria y Logroño y las de convivencia en Alcalá y Villabona. Tampoco se han recuperado las comunicaciones íntimas en la prisión de Iruñea, mientras que en el resto de las cárceles de Hego Euskal Herria se imponen confinamientos de hasta diez días tras las comunicaciones».   

Explican que dos años es demasiado tiempo sin abrazar a sus seres queridos, a sus hijos e hijas o familiares mayores, por lo que consideran que «la situación es inaguantable» y que no tiene sentido mantenerla.

«No hay ya razón alguna para impedir, a estas alturas, las comunicaciones con la misma normalidad con la que estamos viviendo en la calle el tiempo post-pandemia. Y por supuesto, es hora también de plantear con valentía alternativas a la prisión en la perspectiva de la libertad; presos enfermos a la calle, terceros grados, pulseras telemáticas, permisos», subrayan en el comunicado que leerán mañana en todas las plazas.

Acercamiento de presos vascos y corsos

A su vez, aprovecharán la ocasión para pedir al Gobierno español que termine «de acercar a todas las y los presos a la prisiones vascas», pues hay 69 personas del colectivo de presos políticos vascos encerradas en prisiones de la periferia de Euskal Herria.

También recordarán a Yvan Colonna, el preso corso muerto en la cárcel de Arles el pasado 2 de marzo a manos de otro preso. «Queremos mostrar públicamente todo nuestro cariño a su familia y allegados. Les enviamos un abrazo solidario», expresan Sare y Etxerat, que instan al Estado francés a dar pasos para «acabar de un vez con la excepcionalidad penitenciaria que mantiene contra presas y presos corsos y vascos».

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Las Prácticas Excepcionales

Mientras los jeltzales, de forma abyecta, complacen a sus amos madrileños con un "informe" que es una oda a la estulticia, en contraste, otro informe - este por parte de Sare - nos viene a reacomodar el escenario, resaltando las medidas de excepción que el estado español ha aplicado a los presos políticos vascos, algunas de las cuales, por cierto, fueron diseñadas para castigar y criminalizar a sus familiares.

Lean esto que nos reporta Naiz:

Sare recopila y analiza todas las prácticas excepcionales que deben superarse

Sare ha hecho inventario y ha analizado las diferentes prácticas y leyes excepcionales vigentes, más allá del alejamiento. Su informe acaba demandando que la política penitenciaria se ajuste de una vez a las leyes, a los derechos humanos y a los estándares internacionales.

Ramon Sola

Como anunció tras la jornada de movilización del 8 de enero, Sare ha dado un paso adelante en la definición de la excepcionalidad que se mantiene contra los presos y presas vascas, bien a través de leyes especiales ad hoc o bien mediante prácticas ilegales y contrarias a los derechos humanos. La conclusión del informe presentado en Donostia es esta: «La política penitenciaria debe ajustarse a los mandatos legales, al respeto de los derechos fundamentales de las personas en prisión y a los principios de las instituciones internacionales expertas en derechos humanos».

«Esta es una exigencia democrática ineludible y que como tal es vivida por una mayoría de la ciudadanía vasca», han enfatizado Bego Atxa y Joseba Azkarraga (ambos de Sare) y los juristas Iñaki Lasagabaster y Ramón Zallo, que han participado en la elaboración del trabajo.

En él se define una primera excepcionalidad que consiste en el mantenimiento del alejamiento de las personas presas, aunque rebajado desde 2018 en el Estado francés y 2019 en el español y con su versión más extrema suprimida en julio de 2021. A día de hoy, hay 92 de estos presos y presas en cárceles vascas (además de diez en su domicilio en régimen de prisión atenuada), 83 están en penales del resto del Estado español y 21 en el del francés.

En el Estado español todavía el 4% de los familiares tiene que recorrer entre 400 y 600 kilómetros para ver a sus familiares presos. Y en el Estado francés, el 20% de estos prisioneros está a más de 600 kilómetros.

Sobre el alejamiento, el informe hace alusión al panorama internacional, con un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que otorga a las instituciones estatales gran margen de acción para distribuir a las personas presas, pero que «no es, sin embargo, ilimitado». La gestión debe llevarse a cabo «de forma personal e individualizada» y siempre atendiendo «al derecho a la intimidad de la vida familiar de los internos». Y añade que las recomendaciones del Comité de Ministros europeo a los Estados miembros del Consejo de Europa y las normas aprobadas por la ONU en 1988 abogan por que los presos estén cerca de casa.

Presos enfermos

En paralelo se sitúa la cuestión de la avanzada edad y el volumen de años de privación de libertad de estos presos, que contribuye a que hoy día haya 19 gravemente enfermos «que por su situación médica y el tiempo cumplido deberían estar siendo atendidos fuera de las prisiones y cerca de los suyos. Sin embargo, el régimen de excepcionalidad hace que no se les aplique la legislación que posibilita esta excarcelación».

Así, en el colectivo hay diez presos de más de 70 años, ocho de más de 65 y veinte de más de 60. En cuanto a los años en prisión, cuatro superan los 30 años entre rejas, otros once suman más de 25, otros 31 más de 20 y otros 22 llevan exactamente dos décadas encarcelados.

Sobre este «derecho a la vida», el informe denuncia que en Estado español se utilice la concepción de «terminal» como escala para la puesta en libertad. Se recuerdan los casos de Asier Aginako, José Angel Ochoa de Eribe o Antton Troitiño para constatar que «la libertad condicional solo está siendo aprobada cuando la Administración penitenciaria tiene seguridad de que la persona presa, gravemente enferma, morirá pronto».

Bloqueo al tercer grado

Uno de los puntos de excepcionalidad más actuales es el bloqueo al paso al tercer grado (hoy solo once de estos presos y presas lo han alcanzado). Este trabajo recuerda que «estamos asistiendo a una involución preocupante por parte del Ministerio Fiscal y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria», al cuestionar e incluso anular tercer grados y permisos penitenciarios.

«Son muchos los técnicos, e incluso juntas de tratamiento de prisiones, que se encuentran atónitos e indignados ante las resoluciones de este juzgado central, desconocedor de la trayectoria de las personas presas y que, con criterios de excepcionalidad, cortocircuita el trabajo y las decisiones de las prisiones», apunta.

Frente a esta tendencia, «es hora de que la política penitenciaria sea lo contrario a la excepcionalidad –afirma Sare–, permitiendo que los presos y presas vascos puedan tener acceso a los permisos, al paso al tercer grado, a las salidas que se programan, todo ello dentro de la legalidad». «Las autoridades penitenciarias autonómicas tienen la oportunidad y la obligación de hacer una nueva política penitenciaria, creemos en su capacidad y voluntad y les manifestamos nuestro apoyo en todo aquello que vaya dirigido a este objetivo», añade el informe, tras recordar la asunción de la competencia por parte de Lakua el 1 de octubre pasado.

Dos leyes excepcionales: 2003 y 2014

Continuando con la descripción de la excepcionalidad, también tiene una extensa afección «de manera destacada la ley orgánica 7/2003, que ha condenado a un número importante de presos y presas vascas a cadenas perpetuas encubiertas, porque no es otra cosa la condena a 40 años de privación efectiva de libertad imponiendo asimismo requisitos muy restrictivos para el logro de beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y libertades condicionales, entre otras».

Otra excepcionalidad vigente en el Estado español es la negativa a descontar a estos presos y presas condenas ya cumplidas en el francés. Se recuerda la clara directriz europea de 2008 y el modo en que la mayoría del PP la vació de contenido mediante una artimaña legal en 2014.

Sare certifica que «hay una opinión creciente partidaria de la derogación de estas leyes, ya que no cumplen con ni responden a los principios de una política penitenciaria acorde con las exigencia de un Estado social y democrático de Derecho».

«Desde el nacimiento de Sare hemos basado nuestras peticiones en el cumplimiento de la ley», recuerda la red, que añade: «El Derecho no puede quedarse a la puerta de las prisiones». Con un subrayado añadido: «Los poderes públicos no pueden inventar limitaciones a los derechos si la ley no las prevé». Alude con ello a los intentos legales y extralegales de requerir una «colaboración» en forma de autoinculpación o «delaciones» a las personas presas, que «sería claramente contraria al derecho a no declarar contra sí mismo» e «inconstitucional por no respetar los derechos fundamentales».

Conclusiones

Como conclusión de todo este análisis, Sare certifica primero que «el régimen de excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de los poderes del Estado».

A consecuencia de ello, entre otras cosas, se impide que «más de un tercio de estos presos y presas estén en sus casas», lo que sería posible con una política «normalizada» que no vetase la libertad condicional. Y también se bloquean salidas de otro tipo con obstáculos judiciales que «no persiguen finalidades de política penitenciaria humanitaria y que son deudores de concepciones políticas alejadas de la democracia».

Por lo que respecta a las leyes de excepción, «es necesario reinterpretarlas, revisarlas desde criterios de normalización», y se hacen precisos también «cambios legislativos, tales como la derogación de la ley 7/2003 y la ley 7/2014, así como la adopción de las decisiones necesarias para que la política penitenciaria sea fiscalizada por juzgados de vigilancia penitenciaria ordinarios, no por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional».

En resumen, «la política penitenciaria debe ajustarse a los mandatos legales, al respeto a los derechos fundamentales de las personas en prisión y a la aplicación de una política penitenciaria acorde con los principios que en esta materia defienden las instituciones internacionales expertas en derechos humanos», concluye Sare.

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Una Constelación Solidaria

Desde Gara traemos a ustedes la crónica de la actividad dislocada convocada en favor de los presos políticos vascos, misma que se hizo presente en 200 espacios de la geografía vasca.

Lean por favor:

Un clamor lanzado por miles de voces desde 200 puntos geográficos

Miles de personas salieron a la calle ayer en doscientos puntos de Euskal Herria, casi en paralelo y con un clamor único: el rechazo a las medidas penitenciarias de excepción aplicadas a los presos vascos. Debido a la pandemia, esta iniciativa sustituyó a la ya tradicional gran cita del primer sábado de enero de Bilbo, suspendida por segundo año consecutivo.

A. Ereñaga - M. Txintxurreta - I. Azparren

En circunstancias normales, las calles de Bilbo habrían sido ocupadas la tarde de ayer por una riada de manifestantes. Debido a la situación sanitaria, y por segundo año consecutivo, la protesta contra la política penitenciaria de excepción aplicada a los presos vascos y, por tanto, la conculcación de sus derechos humanos se extendió por la geografía de Euskal Herria a cerca de doscientos puntos, con convocatorias comarcales y locales que congregaron a su vez a miles de personas, en una iniciativa difícil de contabilizar por lo extensa.

Una de las convocatorias más “tempraneras” fue la de Baiona –comenzó a las 15.00, aunque en algunos pueblos arrancaron incluso antes– y también una de las más concurridas. En las tres columnas que recorrieron la capital labortana se apreciaba la presencia de una amplia representación política. Un interpelado –el Gobierno francés y su “inercia”– y tres nombres propios: Ion Parot, Jakes Esnal y Unai Parot, presos con casi 31 años cumplidos en prisión.

A partir de las 17.00 horas, y casi en paralelo, en otros muchos puntos de Euskal Herria arrancaba una protesta multitudinaria y dispersa en lo geográfico, pero con una misma reivindicación. «En estos momentos, decenas de miles de personas en diferentes puntos de nuestro país están reivindicado un clamor social, que es poner fin a una política penitenciaria de excepción y avanzar hacia espacios de convivencia. Esto solamente lo podemos hacer si tenemos en cuenta, por un lado, un tratamiento específico y respetuoso con todas las víctimas de la violencia y, sin duda, una solución real y justa también a la situación de las cárceles. Es difícilmente entendible que diez años después de que ETA tomara la decisión de abandonar definitivamente su actividad violenta estemos en una situación en la que arrastramos una política penitenciaria de excepción», explicaban ante la prensa y en plena Gran Vía bilbaina Joseba Azkarraga y Bego Atxa. Los portavoces de Sare eran unos de los participantes en la manifestación a la que estaban convocados los vecinos de Bilbo, Basauri, Ezkerraldea y Uribe Kosta; una de las más de muchas que, casi a la misma hora, se desarrollaban en distintas zonas de Bizkaia, y en otros herrialdes, así como en capitales como Donostia o Gasteiz.

Encabezando la marcha, a la que se unieron varios centenares de personas, familiares de los presos vascos y detrás, la pancarta de Sare, otra solidaria de la Asamblea Nacional Catalana, así como representes políticos y caras conocidas.

Y para todo, un deseo para este año que acabamos de estrenar, expresado por Joseba Azkarraga: «Solo nos queda pensar que el año 2022 va a ser el año en el que se ponga punto final a esta vulneración de derechos humanos. Si esto no se consigue, nos encontraríamos ante un fracaso colectivo».

Las que se denunciaron son vulneraciones de derechos como las que sufre el preso de Errenteria Mikel Arrieta. La movilización protagonizada ayer por 400 personas en su localidad natal buscaba incidir, precisamente, en su situación: diagnosticado desde 2017 de espondilartropatía crónica seronegativa, una enfermedad grave, incurable y degenerativa, desde este verano cumple condena en la cárcel de Martutene, sin casi atención sanitaria con la que hacer frente a su enfermedad. Lleva en prisión 21 años, ha cumplido 3/4 partes de su condena, pero la reciente propuesta de la dirección de Martutene ha sido rechazada por la Audiencia Nacional. Como él, recordó ayer Sare de Errenteria, hay 19 presos vascos enfermos de gravedad cuyos derechos son sistemáticamente ninguneados. «Las peticiones de tercer grado, permisos para salir o de libertad provisional sufren un bloqueo sistemático», apuntaron.

Cerrando la jornada, en una de las últimas movilizaciones del día, en Iruñea y en una tarde marcada por el frío invernal, cientos de personas se dieron cita con un recorrido y horario inusual dada la situación de emergencia sanitaria. La marcha arrancó con un irrintzi a las 19.00 horas desde la Plaza de los Ajos, punto de encuentro para los agentes sociales, sindicales y políticos que secundaron el llamamiento de Sare. Allí estaban Joan Tardà y Joan Capdevila (ERC) junto a una delegación catalana, y miembros de EH Bildu como Adolfo Araiz o Pernando Barrena.

Poco a poco, los cientos de manifestantes fueron recortando distancia hacia la plaza San Francisco, donde esperaba una enorme pancarta colocada en la escuela y que imploraba el fin de la política carcelaria de excepción: “Stop salbuespen neurriak”. Allí, miembros de Sare leyeron el mismo texto que resonó en casi 200 pueblos de Euskal Herria, denunciando a renglón seguido la situación de Izadi, que el 23 de enero cumplirá tres años y se convertirá en otra “niña de la mochila”.

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Etxerat y Sare en Iruñea

Como hemos dicho con anterioridad, cientos de familias vascas tienen que enfrentar las festividades de fin de año con sillas vacías en sus hogares, víctimas de la violencia de los estados español y francés debido a las medidas de excepción que ambos aplican en contra del colectivo de presos políticos vascos, la mayoría de ellos también víctimas de tortura y de juicios amañados... lawfare, como se le denomina ahora.

En ese sentido, desde Naiz, traemos a ustedes información acerca de la actividad con la que dos colectivos cierran el año poniendo sobre la mesa ese tema que tanto lacera a la sociedad vasca, como bien apunta Iñaki Egaña.

Lean:

Etxerat y Sare reclaman en Iruñea el fin de las «medidas de excepción» para presos y presas

Etxerat y Sare han celebrado este viernes en Iruñea un acto en el que han reivindicado el fin de las «medidas de excepción» para los presos y presas políticas vascas.

En un escenario que tenía de fondo una pancarta con el lema 'Stop salbuespen neurriak' han intervenido en primer lugar Unai Ekiza y Maite Laborda, en representación de Etxerat, quienes han recordado a Asier Agiñako, Oier Gomez, José Angel Ochoa de Eribe y Antton Trotitiño, presos que fueron excarcelados por sufrir enfermedades graves y que han fallecido en los últimos años. El más reciente el caso de Troitiño, que falleció el pasado 17 de diciembre.

«La cárcel es el último lugar en el que alguien puede recuperarse, ser trasladado adecuadamente y sanar una enfermedad grave», han remarcado los representantes de Etxerat, que han reprochado «la crueldad hacia los gravemente enfermos», enmarcada en una «política penitenciaria de excepción» que aún a día de hoy «se traduce en que aún 90 presos vascos y otros 21 en el Estado francés se encuentren en prisiones alejadas de Euskal Herria».

Esta política, han añadido, «impide de forma sistemática las progresiones de grado», por lo que han insistido en la «inaplazable necesidad de que desactiven de una vez las medidas de excepción».

Mikel Mundiñano, de Sare, ha resaltado el «avance que supone el haber conseguido mover la losa de una política basada en el alejamiento y la excepcionalidad» y que «es fruto del empuje social y la costura paciente de consensos».

Ha señalado que «la hoja de ruta pendiente» pasa por la culminación del traslado de presas y presos vascos a las prisiones de Euskal Herria, la asunción y el ejercicio de las competencias por parte de los gobiernos de Lakua e Iruñea; y «la superación de los obstáculos que persisten para la aplicación de un plan de itinerarios de reintegración plena de todas las personas presas en un tiempo razonable».

Ha recordado, además, las movilizaciones convocadas el próximo 8 de enero, que sustituyen a la gran manifestación de Bilbo, suspendida por la pandemia, y ha lamentado que la situación sanitaria no haya permitido que el acto terminara con un brindis «por la vuelta a casa de los presos, huidos y deportados» y por un año nuevo «con esperanza, ilusión y fuerza».

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Poner Fin a la Excepción

Son Navidades y cientos de familias en Euskal Herria no han podido cenar con todos presentes a la mesa debido a la política de excepción que el estado español aplica en contra del colectivo de presos políticos vascos. Si a eso le sumamos todos los que no están presentes por encontrarse refugiados o exiliados podemos comenzar a medir los efectos de la violencia del estado español en contra de la sociedad vasca.

Dicho lo anterior, les compartimos esta nota que Donostitik ha publicado acerca de la movilización llevada a cabo por la plataforma Sare frente a las prisiones de Zaballa y Martutene.

Lean ustedes:

 

Sare incide en ‘el camino a casa’ de los presos para «avanzar en la convivencia»

La plataforma ha celebrado esta mañana una marcha que ha comenzado en la cárcel de Martutene

A. E.

La plataforma de presos Sare ha celebrado esta mañana una marcha que ha comenzado en la cárcel de Martutene. «El mensaje que queremos difundir es claro, ‘el camino a casa’, es decir, la reivindicación de que se acerque a todos los presos vascos a Euskal Herria y de que se les aplique la progresión de grado, ya que es un elemento fundamental para que cualquier persona presa se reintegre en la sociedad». Un paso que la plataforma considera esencial para «avanzar en el camino hacia la convivencia».

Sare valora positivamente los cambios que se están dando en la política penitenciaria, aunque en un comunicado destaca que todavía sigue vigente la política de alejamiento: «de las 196 personas presas, solo 80 están en Euskal Herria. En cuanto a la progresión de grado, aunque en la práctica todos están en segundo grado (después de estar largos años en primer grado), sólo han progresado 9 al tercer grado. Y no podemos olvidar que todavía hay 19 personas presas con enfermedades graves, ni tampoco la situación de los presos de más avanzada edad, ni la situación de los niños de la mochila».

 

 

 

 

 

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Informe 2021 del CPT

Una vez más una instancia internacional invita a Madrid a abstenerse de violar los derechos humanos de los vascos.

Aquí lo que nos informa Naiz:

El CPT vuelve a interpelar a Madrid por alejar a vascos, incomunicar y no impedir maltratos

Alejamiento de presos vascos, maltratos en centros de detención y prisiones y mantenimiento del régimen de incomunicación y el aislamiento prolongado son algunas de las cuestiones que el CPT europeo reprocha al Estado español en su octavo informe, publicado este martes.

Ramón Sola

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha analizado por octava vez el cumplimiento de la convención europea suscrita por el Estado español en centros de detenciones y cárceles. Y contra lo que se pudiera pensar llegada la tercera década del siglo XXI, sigue lloviendo sobre mojado: a lo largo de todo el Estado se han detectado casos creíbles de maltratos, medidas desmesuradas de aislamiento carcelario y el conocido alejamiento de presos vascos, aunque atenuado. También aparece en el informe una cuestión reiterada por el CPT y a la que Madrid se sigue cerrando en banda: la necesidad de eliminar la incomunicación a personas detenidas.

El informe conocido este martes es producto de una visita al Estado español durante dos semanas, en setiembre de 2020, muy exhaustiva pese a realizarse en plena pandemia. También son muy detallados los contenidos del trabajo recopilatorio de análisis y recomendaciones, que ocupa más de 130 páginas y al que el Gobierno español responde casi con la misma extensión: 125.

Lógicamente en el escenario post-ETA las referencias a Euskal Herria son mucho menores que en informes anteriores de estas últimas décadas. Pero hay un apunte expreso sobre la cuestión del alejamiento. El comité europeo recuerda que los presos y presas a quienes se liga a ETA «han sido generalmente asignados a prisiones muy alejadas del País Vasco. Muchos de ellos llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado según el artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario de 1996 y sometidos a seguimiento FIES [corregido en parte posteriormente]. Su buen comportamiento en prisión no cambia su categorización», constata.

«Hay motivos para ubicarlos más cerca»

«A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España», remarca el CPT, que entre otros muchos se reunió con el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz.

A ello responde así el Gobierno español: «Tras anunciar la banda terrorista ETA el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada y el de su autodisolución el 3 de mayo de 2018, el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria respecto a sus miembros. A tal efecto y siempre partiendo del principio de individualización científica en la ejecución de las penas privativas de libertad, se han valorado y adoptado decisiones en materia de clasificación y destino respecto a estas personas que han supuesto un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida».

«Así, a 17 de junio de 2021 permanecían en prisión 192 personas pertenecientes a este colectivo. De ellas, 26 mujeres y 166 hombres –detalla el Gobierno Sánchez–. Las dos comunidades autónomas que más internos e internas albergaban eran País Vasco y Castilla León, con 48 y 44 personas respectivamente. De ellos, País Vasco tenía seis mujeres y Castilla León cuatro. A continuación se sitúa Cantabria (24 personas), La Rioja (24), Aragón (18), Navarra y Asturias (10 en cada una de ellas), Andalucía (6) y Madrid (8)». La respuesta es de junio de este año, es decir, justo cuando se estaban acabando de vaciar de vascos las cárceles al sur de Madrid, aunque sin proceder a la repatriación.

Maltratos y falta de investigación

Por encima de este tema sobresale la claridad con que el CPT alude a maltratos tanto en comisarías como en cárceles españolas (la delegación visitó las de Sevilla, Picassent, Soto del Real, Estremera, Castelló y Avila). En estas últimas apunta a uso excesivo de la fuerza de modo habitual. Y en cuanto a los centros de detención, detalla: «Aunque la mayoría de las personas declararon haber sido tratadas correctamente por los agentes de la ley, la delegación del CPT recibió un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional. Los malos tratos se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido».

Recomienda en consecuencia que todos los interrogatorios se graben y que ese material sea guardado. Y lo acompaña con este emplazamiento: «Que el ministro del Interior y los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes».

Este llamamiento es general pero tiene una lectura especial desde Euskal Herria, puesto que como es sabido el ministro Grande-Marlaska es protagonista de más de la mitad de las condenas europeas al Estado español por no investigar torturas: siete de los casos ya castigados responden a detenciones ordenadas por él en su etapa de juez de la Audiencia Nacional.

Incomunicación: erre que erre

En paralelo está la cuestión de la incomunicación, cuya erradicación ha sido demandada hace mucho por el CPT a Madrid. Lo vuelve a hacer ahora, en estos términos: «El CPT comprende las razones históricas de la introducción del régimen de incomunicación en la legislación española. Sin embargo, el Comité considera que, por principio, la posibilidad de imponer el régimen de incomunicación debería eliminarse por completo de la legislación española. Mientras tanto, a la espera de la completa abolición, reitera su recomendación de que se prohíba la aplicación del régimen de incomunicación a todos los menores de 18 años. Además, reitera su posición de que todas las personas detenidas deben poder entrevistarse con un abogado en privado, desde el inicio de su detención y posteriormente según sea necesario».

La réplica estatal deja claro que suprimir la incomunicación no está en su agenda. Cita que se han introducido mejoras en el régimen, añade que solo se aplica de modo muy extraordinario y concluye: «En la regulación actual no existe detención secreta, pues incluso en el caso en el que los familiares y allegados temporalmente (hasta un máximo de diez días) no puedan comunicar con la persona privada de libertad, éstos siempre habrán de estar informados del hecho de la detención y del lugar en que se encuentra el detenido en cada momento».

«Las garantías introducidas para el control de las situaciones de incomunicación expresan el compromiso del Estado en el respeto de los derechos humanos –sigue el Gobierno–. La investigación de los delitos de mayor gravedad, como lo es la lucha contra la delincuencia organizada o el fenómeno del terrorismo, exige disponer de herramientas de investigación que permitan compensar la situación de clara desventaja en la que se sitúa la víctima, la sociedad y el propio Estado».

Enfermos, aislamiento, comunicaciones...

El exhaustivo informe del CPT hinca el diente a otras cuestiones como la salud siquiátrica de la población presa, la aplicación del aislamiento, las comunicaciones con las familias o las medidas sanitarias frente al covid-19. Uno de los escasos aspectos positivos hallados se refiere a la paulatina disminución de la población encarcelada: «El CPT observa positivamente que el número de presos en España ha ido disminuyendo de forma constante durante los últimos 10 años. En 2011, la población penitenciaria se situaba en 73.157 reclusos para una capacidad oficial de 65.077 plazas, mientras que en 2016 la población había descendido a 60.309 mientras que la capacidad había aumentado a 75.965. Esta tendencia a la baja ha continuado y la población penitenciaria oficial se sitúa en 58.642 (incluyendo 8.379 en Cataluña) para una capacidad oficial de 73.794 (64.237 en la Administración del Estado, 9.557 en Cataluña) a febrero de 2020», saluda.

Sin embargo, señala muchos defectos en la atención médica en las cárceles, punto en el que insta a dejarla en manos de las redes sanitarias públicas. El Gobierno español responde a ello aludiendo a que ya ha transferido la competencia al Ejecutivo navarro.

Sobre las mujeres presas, el comité europeo destaca que «es necesario mejorar sus contactos con el mundo exterior, dado que a menudo se encuentran a gran distancia de sus familias y es mucho más probable que sean ellas, en comparación con los reclusos, las principales responsables de los hijos que puedan tener».

Por lo que se refiere al aislamiento, el Comité emplaza a «garantizar que ningún preso sea mantenido continuamente en aislamiento como castigo durante más de 14 días». Y en cuanto a las comunicaciones, insta a que los presos alejados de sus casas «puedan mantener conversaciones con sus familiares a través del protocolo de voz sobre internet».

En la visita estuvieron los dos principales vicepresidentes de este CPT, la danesa Therese Rytter (en la imagen superior) y el irlandés Mark Kelly, junto a otros miembros de la comisión y a tres expertos de diferentes campos: Celso Manata, fiscal general adjunto y ex director general de Prisiones y Libertad Condicional en Portugal; Birgit Völlm, profesora de psiquiatría forense y directora médica de la Universidad de Rostock (Alemania); y la montenegrina Olivera Vulić, psiquiatra y consultora de salud penitenciaria.

Este es el enlace al PDF con el Informe al Gobierno Español del CPT.

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