Rechazo Donostiarra al Sionismo

Donostia, capital de Gipuzkoa, ha procedido a hacer lo que muchos no se atreven; romper todo tipo de relación institucional con el ente sionista en respuesta a la campaña de limpieza étnica que libra en contra del pueblo palestino.

Aquí lo que informa Naiz:

Donostia rompe toda relación institucional «presente o futura» con Israel por el genocidio

El Ayuntamiento de Donostia ha acordado romper «toda relación institucional, presente o futura», con el Gobierno de Israel y con «cualquier institución pública o privada que apoye o legitime el genocidio o las políticas que lo posibilitan, en todos los ámbitos». Solo el PP se ha desmarcado.

Toda relación institucional «presente o futura» con Israel ha sido suprimida por el Ayuntamiento de Donostia, que ha acordado romper todo contacto con el Gobierno hebreo.

En concreto, la Junta de Portavoces del Consistorio donostiarra ha aprobado este martes una declaración institucional de cinco puntos en este sentido a instancias del grupo municipal de Podemos y con el apoyo del resto de partidos, salvo el PP.

El texto recoge que el Ayuntamiento «acuerda romper toda relación institucional, presente o futura, con el Gobierno de Israel y con cualquier institución pública o privada que apoye o legitime el genocidio o las políticas que lo posibilitan, en todos los ámbitos (deportivo, económico, académico, cultural o de otra índole)».

Justifica esta decisión en la aplicación de los principios del Derecho Internacional y «atendiendo a las recientes conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que ha determinado que Israel ha cometido actos constitutivos de genocidio en la Franja de Gaza».

Por esta razón, el Ayuntamiento «reconoce oficialmente que las autoridades y fuerzas israelíes han cometido genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, en los términos establecidos por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la cual Israel fue Estado firmante».

Responsable de «actos genocidas»

En esta línea, condena al actual Gobierno de Israel «como responsable de la comisión de actos genocidas», al tiempo que señala «la responsabilidad directa de sus principales dirigentes en esta estrategia de destrucción sistemática contra la población palestina».

Asimismo, se alinea con las conclusiones y denuncias de organismos internacionales y humanitarios como la ONU, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, B’Tselem, Physicians for Human Rights-Israel, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, y el Lemkin Institute for Genocide Prevention, «entre otras que han señalado el carácter genocida de las actuaciones de Israel en Gaza».

En esta línea, el Ayuntamiento donostiarra incide en el «carácter genocida de las actuaciones de Israel en Gaza» e insta a todas las instituciones públicas de la CAV, del Estado español y de la Unión Europea «a cumplir con sus obligaciones legales internacionales para detener el genocidio», lo que incluye «el cese inmediato de cualquier tipo de cooperación con el Gobierno de Israel y la suspensión de transferencias de armas, fondos o recursos que puedan contribuir a la comisión de este crimen».

El PP ha presentado un texto alternativo que no ha prosperado y ha contado con el voto en contra de EH Bildu y Elkarrekin Donostia. Además, el PNV ha votado en contra de uno de los puntos del texto, en el que se instaba al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a «desmarcarse de las manifestaciones de apoyo recibidas de Hamas». El PSE también ha rechazado este punto.

Valoración de Elkarrekin y EH Bildu

Tras la votación de este texto, el grupo municipal de Elkarrekin Podemos ha valorado la aprobación de esta iniciativa, que «rompe toda relación con el Gobierno de Israel y con las instituciones que apoyan o legitiman sus políticas».

«Donostia se sitúa así a la vanguardia europea de las ciudades que, desde la ética y la justicia, dicen alto y claro que no se puede mantener ningún vínculo institucional con quienes vulneran el derecho internacional y los derechos humanos más básicos», ha recalcado su portavoz, Víctor Lasa.

Desde EH Bildu también han valorado que, al romper relaciones con Israel, el Ayuntamiento ha dado «un gran paso, con un gran consenso, en el reconocimiento de Palestina y la defensa de los derechos humanos».

 

 

 

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Sheinbaum y el Caso Muguruza

Desde La Jornada traemos a ustedes el posicionamiento de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum con respecto al acto represivo sufrido por el público que asistió el viernes pasado al concierto del icónico músico vasco Fermín Muguruza en el Multiforo Cultural Alicia:

Fue incorrecto el despliegue militar en el Foro Alicia, señala Sheinbaum

Alonso Urrutia, Emir Olivares y Ana Mónica Rodríguez

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que fue incorrecto el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional (GN) en el desalojo del Multiforo Alicia durante el concierto del músico español Fermín Muguruza. Sin embargo, ratificó la versión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el sentido de que esto se desprendió de un procedimiento de colaboración entre las fuerzas armadas y la policía capitalina en casos de desalojos, protocolo que, dijo, debe revisarse.

Por ello, durante la reunión del gabinete de seguridad de ayer, al que acudió la mandataria local, se acordó la revisión de este protocolo, para lo cual Brugada se reunirá con el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, a fin de establecer los nuevos términos de coordinación y determinar en qué casos podría intervenir el Ejército en apoyo del gobierno de la ciudad.

Sheinbaum recordó durante su conferencia matutina que cuando era jefa del gobierno capitalino, el Foro Alicia fue hostigado por la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc (Sandra Cuevas, a la que no mencionó expresamente) y, al mismo tiempo, les incrementaron la renta de su local, lo que obligó a que los representantes del Alicia a anunciar el cierre del foro; por ello, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, se les facilitó un inmueble, propiedad del gobierno de la ciudad, para que continuaran trabajando en la difusión de la cultura.

Exigen restitución del concierto de Muguruza

Radio Común empezó una campaña para recabar firmas en la plataforma Change.org con las exigencias de que sea restituido el concierto de Fermín Muguruza en la Ciudad de México y los tres niveles de gobierno ofrezcan disculpas públicas sobre lo sucedido el pasado viernes por la cancelación del evento, así como del desalojo policiaco-militar en el Multiforo Cultural Alicia, que encabeza Ignacio Pineda desde hace 30 años.

La carta Extendiendo la Resistencia, creada por la emisora en el 103.1 de FM, expone la causa: Exigimos disculpas públicas de los tres niveles del gobierno de México, a saber: alcaldía Cuauhtémoc, Gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal, hacia el artista vasco Fermín Muguruza por la cancelación y el desalojo de su concierto el 30 de mayo de 2025 en el Multiforo Cultural Alicia.

Enfatiza: Exigimos que la investigación sobre lo sucedido llegue hasta sus últimas consecuencias y que los elementos policiales y castrenses involucrados sean enjuiciados y castigados por lo que resulte. Exigimos la restitución del concierto de Fermín Muguruza en la Ciudad de México y que el concierto se realice a la brevedad en el Zócalo de la Ciudad de México, así como que Fermín reciba todos los recursos, condiciones y facilidades para la realización de dicho evento.

Luego de pronunciarse en pro del derecho humano a la asociación, a la libertad de expresión, a la manifestación de las ideas, la cultura y el arte, en la carta se pugna por un alto a la militarización.

En tanto, el Alicia refrendó en sus redes este lunes: Para el Multiforo lo sucedido el viernes 30 de mayo de 2025 en el concierto de Fermín Muguruza, donde hubo presencia militar, fue un vulgar intento de provocación. Libertad y No violencia.

Luego de que el fin de semana continuaron las actividades programadas en el recinto ubicado en Santa María La Ribera sin ningún percance, agrupaciones como La Tremenda Korte trasmitieron en vivo el domingo que el Alicia estaba operando de manera normal y subrayaron: ¡Que vivan los espacios libres y autogestivos!

Otros grupos y promotores culturales externaron su apoyo: “Esperamos la explicación en esta historia de ‘yo no fui’. Imposible dejar pasar lo ocurrido. La respuesta de todos fue envidiable, pero si en otro foro o circunstancia alguien reacciona mal dará pretexto a que el Ejército violente. Seguimos sin digerir lo que pasó. Con ustedes, Multiforo Cultural Alicia”.

A través del espacio Somos el Medio, Francisco Barrios El Mastuerzo también envió un mensaje de solidaridad a todos los Alicios porque ningún espacio se merece un trato así y es un mal precedente para la alcaldía Cuauhtémoc; un abrazo a los camaradas y el repudio a este momento militar, policiaco, de acoso, violento, horroroso.

Por su parte, Amnistía Internacional México rechazó la presencia de las fuerzas armadas en el desalojo del Multiforo Cultural Alicia, pues representa una amenaza a la libertad de expresión. Urge una investigación eficaz y evitar su participación en actividades civiles y culturales.

El organismo puntualizó en redes: Exigimos a la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una investigación eficaz y a las autoridades que se abstengan de involucrar a las fuerzas armadas en actividades de protección civil y eventos culturales.

Manos Creativas Aappi, Red de artesanos y productores indígenas de los pueblos originarios y migrantes de México, se solidarizó con los trabajadores y usuarios del foro y postearon: ¿Quién ordenó el desaforo en el Alicia? Desde la comunidad artística expresamos nuestra profunda preocupación y manifestamos total apoyo al Multiforo, espacio fundamental para la vida cultural independiente. Rechazamos el uso excesivo de la fuerza y cualquier forma de intimidación hacia la escena artística y cultural. Asamblea de Artes. #Laculturanosecriminaliza #SalvemosElAlicia.

 

 

 

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Entrevista a Benito Morentin

Regresamos al caso de Iratxe Sorzabal, absuelta tras aceptarse que sus declaraciones habían sido realizadas en un contexto de tortura, con esta entrevista publicada por Naiz:

«Hasta ahora nunca se había hecho el puzzle completo y la evidencia forense es absoluta»

La inédita sentencia de la AN que reconoce torturas a Iratxe Sorzabal se basa en la pericial del forense al que se la encomendó. Benito Morentin conoce en profundidad la tortura, a nivel académico y de análisis directo, desde los 90. Destaca que su informe es integral por vez primera y no deja duda.

Ramon Sola

Iratxe Sorzabal se ha convertido en la primera vasca a la que la Audiencia Nacional ha reconocido torturas de modo flagrante cuando paradójicamente era ella la acusada. Y para ello ha resultado determinante el informe de Benito Morentin, subraya la sentencia. Fue la propia AN la que le trasladó el mandato de esa pericial, a propuesta de la defensa y –cuestión clave– sobre la guía de actuación del Protocolo de Estambul.

Morentin es un experto reconocido en la materia, más allá de Euskal Herria y hace tres décadas. Ha publicado en ‘The Lancet’ junto a figuras clave en el tema como el danés Hans Draminsky Petersen y también lo ha hecho en las principales publicaciones españolas. Fue uno de los autores del informe ‘Incomunicación y tortura’, basado en el Protocolo de Estambul y que dio veracidad a 45 casos de tortura, presentado en Madrid en 2014. También participó en el informe oficial encargado por Lakua al equipo de Paco Etxeberria, que vio la luz en 2017. Ha sido jefe de Patología del Instituto Vasco de Medicina Legal hasta fechas recientes. Y forma parte de la Comisión de Valoración de casos de víctimas de violencia estatal en la CAV, así que al conocimiento académico suma el práctico.

Leo textualmente: «La prueba practicada en el juicio, singularmente la pericial del doctor Morentin, lleva a este tribunal a la conclusión de que la acusada fue sometida a tratos inhumanos». Pocas veces se ve en una sentencia una afirmación tan contundente y nunca en un caso de torturas. ¿Tan claro y rotundo era?

La conclusión era rotunda, sí. La evidencia pericial de lo que ocurrió es muy alta, absoluta, y así lo reconoce la sentencia. Había mucha materia en este caso: pruebas macroscópicas, biopsia... En el hospital San Carlos [Iratxe Sorzabal] fue valorada por tres o cuatro especialistas diferentes. Una persona hizo la valoración de su cuadro clínico, no solo el aspecto dermatológico. Uno de los médicos decidió sacar fotografías. Es algo excepcional disponer de prueba objetiva.

Empezando por lo más evidente a la vista, las lesiones dérmicas. ¿Cómo se concluye que son producidas por electricidad?

No son lesiones muy frecuentes, pero sí hemos tenido casos de personas fallecidas por electricidad y hay experiencia de ver biopsias. Y luego está la bibliografía médica, la literatura científica, personas que han investigado lo que supone la aplicación de estos dispositivos stun gun, con descripción microscópica y fotografías. Esas lesiones están estudiadas aunque sean infrecuentes: por ejemplo, un disparo accidental de un stun gun. También hay trabajos de experimentación, por ejemplo, sobre cerdos...

En todo esto hay que hacer un diagnóstico diferencial, atendiendo a las características de las lesiones, macroscópicas, microscópicas... Lo que nos dice el Protocolo de Estambul es que las piezas tienen que encajar. Me gusta usar la metáfora del puzzle. Si hay algo que no encaja, malo. Tienes que saber lo que contó la persona detenida: en este caso es un testimonio público, así que no voy a entrar en detalles. Tiene que haber una concordancia entre lo que dice, lo que describen los médicos del hospital en el momento, lo que se observa a largo plazo...

En un informe de vulneraciones de derechos humanos no vale incluir solo lo que nos dicen, sino valorarlo, ver si eso es compatible con la ciencia médica. Si es incompatible, se excluye: por ejemplo, si esta persona nos dice que esas marcas son producto de cigarrillos o de una plancha. O si otra persona detenida nos dice que hay golpes, pero lo que vemos es una equimosis. Hay que estudiar también antecedentes clínicos, evolución de las lesiones... Y a partir de todo ello, hay que concluir si es compatible, si es altamente compatible, si es muy consistente, si se excluyen otras posibilidades...

En este punto concreto de las lesiones dérmicas, ¿tiene más importancia la biopsia que las imágenes?

Todo va parejo. Insisto en que también hay que tener en cuenta lo que el detenido cuenta. Nos hace falta el contexto. Es una persona que está en un régimen de incomunicación.

¿Se puede valorar la gravedad de esa agresión con electrodos? ¿Qué grado de sufrimiento produjo, por ejemplo?

No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Riesgo vital? No, riesgo vital no hay. Pero en este caso está claro que hubo marcas y que además la persona fue llevada al hospital, algo a lo que sabemos que no eran muy dados en el caso de detenidos incomunicados. Se puede interpretar que se asustaron, que vieron un estado de salud grave, como ocurrió con Unai Romano o luego en otro caso en Donostia [se refiere a Igor Portu y Mattin Sarasola, en 2008]. Por confidencialidad médica no puedo entrar en muchos más detalles sobre Sorzabal.

En la parte del estrés postraumático, en la Audiencia Nacional usted explicó que había podido visitar a Iratxe Sorzabal en prisión. Ya habían pasado más de 20 años desde los hechos. ¿Aún se notaba el impacto?

Es conocido que se hizo un diagnóstico de estrés postraumático en el informe del doctor Duterte [presentado en París en 2019, a solicitud del Tribunal de Apelación]. Lo que encontramos ahora es una evolución muy favorable, no solo favorable, tras varios años de sicoterapia. Sabemos que este es un trastorno evolutivo, que con ayuda de especialistas mejora. Duterte definió una afección importante. Constatar esta evolución es algo que refuerza el informe.

La sentencia cita también un tercer elemento: la patología cervical

La sentencia recoge la «hiperflexión mantenida y forzada del cuello». Ella explica un mecanismo causal de eso: haber tenido la cabeza flexionada varias horas. Vuelvo al Protocolo de Estambul, hay que hacer un diagnóstico diferencial, y ¿hay alguna otra causa que pueda explicar eso, en ese contexto concreto de la incomunicación y por parte de una persona que previamente no tenía esa patología?

¿Cabe decir que en este caso sí hubo una praxis más o menos correcta por parte de los forenses?

Yo diría que cojea. Diría que el trabajo ha sido lo suficientemente bueno como para tener este material de elementos de prueba y poder reconstruir este puzzle 20 años más tarde. Pero no ha habido ninguna pericial hasta este momento que hiciera una evaluación integral por el Protocolo de Estambul. Por lo que he leído en prensa, Duterte hizo una valoración solo sicológica, del estrés postraumático.

Lo que aporta este informe para el que recibí el mandato de la AN es que es integral, aunando lo físico y lo sicológico, lo agudo y lo crónico, hace análisis de bibliografía médica, diagnósticos por exclusión... Había informes parcelados. Por ejemplo, nadie había hecho una valoración de las biopsias. Nadie había bajado a tierra con el Protocolo de Estambul, esa es la riqueza de este informe.

En general hay una realidad que es sabida: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado doce sentencias por investigación deficiente, el CPT ha venido numerosas veces a ver a personas incomunicadas –también en esta redada– y ha dicho que los forenses tenían que usar un procedimiento estandarizado que no se utilizaba, está lo que han pedido los Relatores de la ONU, Amnistía Internacional...

Le ha tocado ver a personas detenidas otras veces, ¿había encontrado este tipo de sintomatologías, evidencias tan claras?

Voy a deslindar dos trabajos que hago, o tres. Primero, como médico forense de la Administración de Justicia me ha tocado ver a personas en el momento de la detención, aunque casi siempre se las llevaban rápidamente a Madrid, salvo en el caso de la Ertzaintza y, por tanto, han sido realmente pocos los casos que he analizado. Segundo, a nivel de investigación he hecho un montón de informes: está el trabajo que presentamos en Madrid con 45 casos, el del IVAC en el que analizamos 202... Y luego, el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Valoración de víctimas de vulneraciones de motivación política, donde oímos relatos de dureza realmente considerable. En estas últimas decenas de casos generalmente hemos concluido que había compatibilidad entre lo que nos contaban y lo que analizábamos, pero evidencia pericial tan alta como en este caso [de Sorzabal], yo diría que habrá sido el 5-10%. Y con los 202 casos del informe del IVAC medimos la consistencia; creo que se podría llegar a considerar absoluta, como ocurre aquí, en el 10% más o menos.

Habla de evidencia pericial total, consistencia absoluta... pero la denuncia de torturas fue rechazada en los tribunales españoles. ¿Qué concluye?

No hace falta que lo diga yo, lo dicen los organismos internacionales: no se investiga de manera adecuada. Cuando estudiamos esto en detalle, vemos un perfil, un patrón: qué hace la Guardia Civil, qué hace la Policía, la Ertzaintza, qué se hace si es hombre o mujer, qué ocurre si está incomunicado más o menos de tres días... Si metes esas variables en un ordenador, se acierta casi siempre qué ha pasado.

El Protocolo de Estambul establece también que los relatos se tienen que contrastar con la evidencia de tipos de tortura en este lugar y en ese momento. Tiene que haber concordancia. El Protocolo es la clave: es de Naciones Unidas, han intervenido decenas de expertos, da pausas universales para homogeneizar la práctica forense. Es el ‘abc’ de la medicina forense para estos casos. Puede haber otros informes buenos, pero si no se atienen al Protocolo de Estambul, para mí cojean. Por eso este informe es un trabajo muy serio.

 

 

 

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El Fin de la Ley Mordaza

En este blog hemos denunciado la Ley Mordaza desde el día uno.

Este reportaje de Naiz nos adelanta que dicha legislación antidemocrática puede estar llegando a su fin:

Plácet de la mayoría de investidura a tramitar la ley que acabará con la Mordaza

Los votos de la mayoría de investidura permiten que arranque la tramitación de la Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad, que sustituirá a la controvertida Ley Mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Podemos y Junts han exigido más cambios, al igual que BNG.

Agustín Goikoetxea

La mayoría de investidura ha dada luz verde esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados al inicio de la tramitación la proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, que persigue acabar con los aspectos más lesivos de la Ley Mordaza. Podemos y Junts, que han anticipado enmiendas para profundizar en la reforma en la tramitación posterior, han votado a favor sumándose a PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, impulsores de la reforma legislativa. El resultado de esta toma de consideración ha sido de 176 síes frente a 170 noes.

Este proyecto, que se ha convertido en un nuevo ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, será admitido con ello a trámite, tal y como han anunciado los diferentes grupos parlamentarios que han explicado su posición en la sesión plenaria. Se aprueba además el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, para que la ley se apruebe a final de año o al inicio de 2025, cuando se cumple una década de la aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No ha habido sorpresa, ya que horas antes la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y su homólogo en el PSOE, Patxi López, habían avanzado que disponían de los apoyos necesarios para arrancar con la tramitación parlamentaria.

La mayoría de investidura tiene enfrente a PP, Vox y UPN, que se han manifestado por la mañana ante la Cámara Baja junto a sindicatos de policías y guardias civiles contra la reforma, afirmando que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes. En esa protesta ha estado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha compartido espacio junto a Javier Ortega Smith, de Vox, y la exdiputada ultraderechista Macarena Olona.

Por la tarde, los representantes de Jucil y Jupol han acudido a la tribuna de invitados para seguir la sesión, menos los minutos en que ha intervenido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Tras la pose, Núñez Feijóo no se ha sentado en su escaño por la tarde en el debate.

Las movilizaciones de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales han estado muy presente en las primeras palabras del diputado del PSOE David Serrada, que ha saludado la presencia de sus portavoces y les ha asegurado que la nueva ley protege tanto a los agentes como a la ciudadanía frente al recorte de derechos que propició en 2015 la mayoría absoluta del PP.

Serrada ha sostenido que se encontraban ante uno de los debates «más relevantes» de la legislatura, que ha sostenido que busca profundizar en un modelo de seguridad en el que prime la defensa de derechos y libertades.

«Urgencia democrática»

Enrique Santiago, de Sumar, ha considerado que esta ley es una «urgencia democrática», que busca derogar todos los «contenidos liberticidas» de la Ley Mordaza. El diputado ha reclamado «tranquilidad» a los sindicatos policiales, a quienes ha pedido que no se dejen «manipular» por el PP, subrayando el respaldo alcanzado en torno a esta proposición de ley.

Santiago ha abogado por que se tramite con celeridad, al estimar que es la «última oportunidad» para dar un giro desde un punto de vista progresista. Tras enumerar aspectos de la propuesta legislativa, ha incidido en que se recogen «reivindicaciones históricas» de asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha remitido una comunicación a los grupos parlamentarios para que respalden la toma en consideración, aunque reconoce que hay que ir más allá.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu ha defendido el acuerdo alcanzado con el PSOE, centrando su primer turno en los puntos que han propiciado el acercamiento de posturas, como son acabar con la discrecionalidad en sanciones tanto por falta de respeto a la autoridad como por desobediencia, poner fin al uso de pelotas de goma y erradicar las devoluciones en caliente en la frontera.

Iñarritu ha recordado que la reforma va en sintonía con las reivindicaciones de organizaciones sociales pero también de la Comisión de Venecia, Consejo de Europa y relatores de Naciones Unidas. El independentista vasco ha destacado que esta iniciativa supone una «nueva oportunidad» para «acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana».

El jeltzale Mikel Legarda ha criticado el acuerdo bilateral entre PSOE y EH Bildu, en vez de haber abordado una negociación más amplia «para limar diferencias». Por ello, ha avisado «que no dan por cerrados acuerdos en los que no hayan participado previamente».

El diputado del PNV ha adelantado que se reservan «el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión fruto del equilibrio de cesiones mutuas que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada», en referencia, por ejemplo, al empeño de su partido por preservar el principio de autoridad en manos de los policías.

Desde las filas de ERC, Francesc Marc Álvaro ha admitido que la proposición de ley podría ser menos ambigua si fijara una fecha concreta para la prohibición de las pelotas de goma o eliminara explícitamente las devoluciones en caliente. «Pero la política es ponerse de acuerdo», ha asumido, antes de congratularse de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda dejar de ser la «ley bozal», una normativa que, ha incidido, «nos acercaba más a Turquía que a Suecia».

Néstor Rego, del BNG, ha expuesto que realizarán aportaciones a la ley para que sea «plenamente respetuosa con los derechos democráticos», algo que decantará el sentido de su voto. Ha lamentado, a la vista del contenido de la redacción de la propuesta de ley, que no se vayan a evitar excesos policiales.

Falta firmeza

Josep Pagès, de Junts, ha advertido de que no están dispuestos a aceptar «el chantaje de la adhesión total o nada», apuntado a que presentarán distintas enmiendas, como la que fije la desaparición del uso de las pelotas de goma, ya que entienden que falta firmeza en esa intención, y ha lamentado que la reforma se limite a «pulir» los aspectos más lesivos de la legislación actual pero «sin enfadar» a los sindicatos policiales.

Antes, Martina Velarde, de Podemos, ha considerado «insuficiente» el contenido de la proposición, calificándola de «reforma parcial». Así, ha citado el caso de las devoluciones en caliente, cuya desaparición –entiende– pende de una posterior reforma de la Ley de Extranjería, para la que se fija un plazo de seis meses.

Para esta formación, la derogación de la Ley Mordaza está en el punto de marzo de 2023, cuando EH Bildu y ERC no la apoyaron finalmente por insuficiente, avanzando que presentarán enmiendas para profundizar. «Llegamos muy tarde», ha alertado Velarde, recordando las «cientos de miles» de personas afectadas.

En un tono bronco, Miguel Tellado, del PP, ha denominado la iniciativa como «la ley Otegi de inseguridad ciudadana», asegurando que EH Bildu se ha cobrado su «precio más apetitoso al rebajar la protección a un colectivo que siempre ha tenido en el punto de mira». «Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar al PSOE», ha enfatizado.

En esa línea, Alberto Catalán, de UPN, ha dicho que «serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la kale borroka, los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones».

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Egaña | Justicia

Iñaki Egaña nos ha compartido este texto en su perfil de Facebook, recomendamos su lectura para quienes acostumbran confundir los efectos con las causas.

Adelante:

Justicia

Iñaki Egaña

El 28 de octubre de 1975, la entonces segunda cadena de la televisión francesa (hoy France 2), ofreció un inédito debate sobre el futuro del franquismo, en unas fechas en las que el dictador, en coma, entubado y asistido por la mano amputada de quien llamaban Santa Teresa, concurría a sus últimas semanas de vida. Poco más de un mes antes, había firmado las condenas que llevaron a Txiki y Otaegi a ser ejecutados por sicarios de su régimen. Parte de su testamento.

En el plató de la televisión francesa, se concentraron diversos líderes del exilio para asistir al programa, “Dossiers de l´ecran”. Entre ellos, Fernando Varela, presidente del Gobierno republicano, Max Gallo, historiador francés, y Jesús María Leizaola, presidente del Gobierno vasco. Desde Madrid, intervinieron Fernando González de la Mora, ministro de la dictadura y posteriormente fundador de Alianza Popular, y una tal Palacios, figurante supuestamente vasca, que había visitado Ondarroa, pueblo españolísimo repleto de enseñas rojigualdas y soporte sentimental de Franco, según sus palabras.

La intervención de Leizaola, un hombre sin demasiado carisma, pero obsesionado con el tema de la tortura, levantó ampollas entre los aliados del régimen que controlaron desde Madrid la emisión. Leizaola habló de futuro, pero también recordó las recientes ejecuciones de Txiki y Otaegi. Sobre los malos tratos, fue el único que ancló el tema en su medida. Leizaola, contestando precisamente a la figurante Palacios, señaló que la tortura se practicaba “metódica y masivamente contra la disidencia vasca”, aportado datos de su propio Gobierno y de Amnesty International: en los meses anteriores, 250 vascos habían sido torturados.

En las postrimerías del debate, y rebatiendo la intervención de Fernández de la Mora, Leizaola volvió a tomar la palabra para añadir que “nadie sabe y lo ha sufrido más que nosotros [tortura], los vascos”. Su final fue rotundo: “Necesitamos respeto. Con torturas no se puede organizar en ninguna parte una sociedad civilizada”. Aquel día en que se emitía el programa, tres vascos estaban siendo torturados, dos mujeres de Aretxabaleta y Laudio, y un hombre de Morga. Desde aquella jornada y hasta nuestros días, al menos otros 4.711 hombres y mujeres del territorito que Leizaola dirigía desde el exilio, han sido torturados, ya en una estimada “sociedad civilizada”.

La respuesta a las palabras del lehendakari llegó cinco días después. Y no precisamente de manera dialéctica. Una potente carga explosiva reventó la sede del Gobierno Vasco en la calle Singer de París. Leizaola y Manuel Irujo salvaron la vida porque aún no habían llegado a sus despachos. Hubiera sido un magnicidio. Los 22 apartamentos del edificio fueron afectados por la carga, así como varios vehículos. Simultáneamente, María Manot, la madre de Txiki, junto a su hija de 12 años, y a Josemari Iribar, que en ese momento acompañaba a ambas, eran apaleados por dos mercenarios en su vivienda de Zarautz. Las referencias a la tortura y a los fusilamientos del 27 de setiembre habían alimentado la venganza parapolicial. Lo de París y Zarautz quedó impune.

Un conocido grupo llamado ATE (Antiterrorismo ETA), reivindicó ambos atentados. El de París, doblemente por medio de un comunicado depositado en el parabrisas de un coche cercano al lugar de la explosión, en francés, y con otro enviado al diario L´Aurore, en castellano: “somos españoles de todas las tendencias que acabamos de demostrar muestra fuerza el 1 de octubre, con más de un millón de personas en Madrid y en todas las ciudades importantes de España”. La prensa española se hizo eco del atentado y utilizó la misma expresión que el comunicado de ATE: “atentado con bomba contra los locales del Movimiento separatista Euzkadi”. En España, no existía el Gobierno vasco en el exilio.

Han pasado varias décadas desde entonces, y esta misma semana, el Gobierno autonómico de Gasteiz, en acto institucional, ha reconocido a 49 víctimas de la tortura y a ocho víctimas mortales ocasionadas por los aparatos del Estado. Naciones Unidas hace ya tiempo que, para la vulneración de derechos humanos, entre ellas la tortura, describe la necesidad de “verdad, justicia y reparación”. Centenares de organizaciones de derechos humanos e instituciones supranacionales han hecho suyo el lema.

Sin embargo, y desgraciadamente siempre hay un “pero”. El Gobierno vasco, autor del reconocimiento, ha modificado el mandato internacional con una invitación que titula: “Verdad, memoria y reparación”. No dan puntada sin hilo. La “justicia” ha caído del titular. Pueden argumentar que la Comisión de Valoración es un entre administrativo, sin poder judicial ejecutivo. Efectivamente, como las miles de instituciones y organismos internacionales, como Naciones Unidas, que, a pesar, exigen “verdad, justicia y reparación”.

No hay que ser un lince para comprobar que, a ciertos líderes políticos, el tema de la tortura les da calambre, por lejanía, y porque suponen que aletea las tesis tradicionales de la izquierda abertzale y de grupos revolucionarios vascos, ya que sus militantes fueron abrumadoramente las víctimas de la tortura. Olvidémonos de la justicia y propongamos una memoria fuertemente matizada. Probablemente, porque le dan más valor a la coyuntura que al valor histórico de los propios.

Y para equilibrar y poner en su lugar a los torturados, la sombra del “terrorismo”, un mantra que vale para un roto y un descosido. Lo ha hecho estos días desde Deia, Iñigo Barandiaran, diputado en dos ocasiones por el PNV, que ha comparado, ¡toma ya!, la ilegalizada Herri Batasuna con Hamás. Un Barandiaran que estuvo de asesor jurídico de Interior entre 1996 y 1998 (fuente Wikipedia), en tiempos de Juanmari Atutxa. Dos años en los que, causalidad, 134 vascos recibieron torturas o malos tratos por parte de la Ertzaintza. Con estos mimbres, no es de extrañar que el PNV evite el término “justicia” y castigue la obsesión de su lehendakari expatriado al olvido.

 

 

 

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Ucrania y el Genocidio Saharaui

En este texto dado ha conocer en el portal de Público se retrata con nitidez la hipocresía de los estados europeos que se han estado rasgando las vestiduras por lo ocurrido en el este del continente cuando acá, en el oeste, es claro que el estado español ha sido cómplice del genocidio saharaui llevado a cabo por Marruecos desde hace ya casi medio siglo.

Lean por favor:

Invasiones de primera y de segunda

David Bollero

Después de haber estado ignorando durante ocho años la guerra que se libraba en los vecinos de este, Europa ahora pasa de puntillas por los vecinos del sur. El conflicto que se vivió durante casi una década en el Donbás era una luz de alarma más que advertía del trágico desenlace que se vive hoy en Ucrania. Se ignoró. Desde hace casi un año y medio, en el Sáhara Occidental se libra una guerra provocada por Marruecos contra un pueblo saharaui desamparado, aunque desde la ONU a organizaciones como Amnistía Internacional o Humans Right Watch acusan al régimen de Mohamed VI de violar sistemáticamente los Derechos Humanos (DDHH).

La revisión que dice estar llevando la Unión Europa de sus políticas de vecindad y, más concretamente, de la Agenda para el Mediterráneo, queda en papel mojado. Las "10 propuestas para una nueva agenda para el Mediterráneo" que trata de impulsar Podemos en Bruselas no sirven absolutamente de nada si no se acompañan de hechos. Y no se acompañan, no al menos de hechos coherentes, pues Europa tiene las manos manchadas de sangre al obviar el mismo respeto por la vida que merece el pueblo saharaui.

Después de más de 480 días retenida ilegalmente en su domicilio por las fuerzas de ocupación marroquíes en la ciudad de Bojador, la activista saharaui Sultana Jaya recibió ayer una agradable visita. Un grupo de activistas de DDHH del Human Rights Action Center (HRAC) logró superar a los opresores con el fin de proteger a Sultana y su familia de los abusos que lleva sufriendo desde noviembre de 2020: violaciones sexuales, allanamientos de morada, envenenamiento del agua, cortes de electricidad, destrozo de propiedad, agresiones físicas... son sólo algunos de los hechos denunciados y ante los cuales España y la UE miran para otro lado.

A ninguno de los dos les parece interesar la liberación de Sultana, toda vez que es la presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos y la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, algo que choca con el modo con que desde Bruselas se niegan a cumplir las sentencias judiciales que obligan a suspender los acuerdos comerciales y de pesca UE-Marruecos en el Sáhara Occidental.

Sultana, además, es miembro de la Comisión Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), porque lo sucedido en el Sáhara Occidental guarda muchas similitudes con lo acontecido en Ucrania. En 1975, el Marruecos de Hassan II invadió el Sáhara Occidental del mismo modo que la Rusia de Putin ha hecho con Ucrania. La diferencia es que entonces y durante los casi 47 años desde que sucedió aquello, a la Comunidad Internacional no le ha importado absolutamente nada, permitiendo que Marruecos masacre a la población saharaui.

De nada sirve que incluso el pasado mes de julio, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los DDHH, María Lawlor, condenara las represalias contra Sultana Jaya y expresara su "preocupación por el aparente uso de la violencia y la amenaza de violencia para prevenir y obstruir a las defensoras de derechos humanos en sus actividades pacíficas".

De nada parece servir que días antes de que los activistas de HRAC burlaran las fuerzas marroquíes para reunirse con Sultana, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (GTDA) exigiera a Marruecos la inmediata liberación de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, el preso político saharaui más antiguo del Sáhara Occidental, en la cárcel desde hace de 14 años.

El GTDA denuncia que Yahya Mohamed fue detenido arbitrariamente por su activismo político, habiendo sido obligado a confesar bajo tortura, juzgado y privado del derecho a un abogado defensor. Presidía en la ciudad de TanTan la asociación CODESA, que defiende a las víctimas saharauis de la tortura y a los presos políticos. Tampoco Europa o el Gobierno de España se pronuncian al respecto y desde que organizaciones como FiSahara hicieran público este pronunciamento del GTDA, la ONU ha retirado de su página web el acta de la 46ª sesión del grupo en la que se denunciaba el comportamiento de Marruecos.

Son días difíciles para ser saharaui, más que nunca. A la lógica alegría por ver cómo la UE y España se comportan con los refugiados ucranianos, cómo incluso el amplio conjunto de la sociedad española lo hace, se une la desazón por no haber percibido nada de esto en  carnes propias durante casi 47 años.

Incluso en la condición de refugiados, los hay de primera, de segunda y de tercera, como hay conflictos internacionales que importan únicamente por las consecuencias directas que tienen en los Estados y no por el bienestar de las víctimas. En el caso del pueblo saharaui, no se producen esfuerzos internacionales por detener los abusos de Marruecos, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación silencian este atropello de DDHH. Quizás algún día España y la UE se lamenten por el modo en que han fomentado la impunidad de Marruecos, al que ya teme incluso el ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Fernando Alejandre, que afirma que el reino alauita es una amenaza "directa" sobre España porque pasará de hechos como asaltos a la frontera de Ceuta y Melilla a un conflicto armado más convencional.

 

 

 

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Peltier Contrae Covid

Por medio de Naiz nos hemos enterado que el represaliado político lakota Leonard Peltier ha dado positivo en Covid.

Para quienes hemos sido parte de la campaña por su liberación no nos es ajeno el delicado estado de salud de Peltier, lo cual no ha sido tomado en cuenta por Washington para considerar una liberación como medida humanitaria ante el complicado panorama que enfrenta.

Desde este blog le deseamos pronta recuperación a Leonard y no nos olvidamos ni por un momento que desde su encierro rompió los muros y los barrotes de la ignominia para extender su mano solidaria e internacionalista a Euskal Herria.

Aquí la información:

Leonald Peltier, positivo en covid en la prisión federal donde cumple dos cadenas perpetuas

El preso político Leonald Peltier, de 77 años, ha contraído covid una semana después de denunciar la atención a los enfermos de coronoavirus en la prisión estadounidense donde cumple dos cadenas perpetuas desde hace 45 años.

Leonald Peltier, dirigente lakota del American Indian Movement (AIM), encarcelado hace 45 años tras un juicio-farsa, ha dado positivo en covid-19. Hace una semana había denunciado la falta de vacunas y el tratamiento en la prisión federal donde cumple todavía dos cadenas perpetuas a pesar de las peticiones internacionales para su puesta en libertad.

Peltier tiene actualmente 77 años, de los que ha pasado en prisión la mayor parte, y está enfermo de diabetes y de un aneurisma en la aorta abdominal, lo que le hace especialmente vulnerable al contraer ahora el covid-19.

Según ha relatado su abogado, empezó a sentirse mal el jueves y esperaba que solo fuera un resfriado. Ha sido puesto en cuarentena durante diez días.

Denunciado por él mismo como «cámara de tortura»

Precisamente, el propio Peltier había denunciado la semana pasada las condiciones de los enfermos de covid en prisión. «Dejarlos aislados y sin atención es como una cámara de tortura para los enfermos y ancianos», afirmó.

Relató a “The Huffington Post” que los confinamientos prolongados y la falta de vacunas de refuerzo para él y otros reclusos, en un entorno ya duro, los han dejado «insoportablemente aislados y preparándose para la muerte».

El contagio de Peltier ha renovado las peticiones para que sea liberado, que vienen repitiéndose durante décadas y a las que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho oídos sordos, ya fuera con gobiernos demócratas o republicanos.

Peltier es uno de los presos políticos que lleva más tiempo en la cárcel. Cumple dos cadenas perpetuas consecutivas tras la condena en un juicio plagado de irregularidades por la muerte de dos agentes del FBI en el asalto a una reserva en Oglala,en Dakota del Su, en el que murieron 250 nativos americanos por los que nadie fue inculpado.

Amnesty International incluyó su caso en la lista de juicios injustos y su petición de libertad ha sido suscrita por personalidades como Nelson Mandela o el Dalai Lama, sin que las autoridades estadounidenses hayan accedido a ella.

Y eso a pesar de que se ha demostrado que la principal testigo contra fue acosada y amenazada por el FBI y las «conductas indebidas» de los agentes federales, a los que los jueces han seguido protegiendo.

En marzo de 2016 Peltier, junto a otro conocido preso político estadounidense, Mumia Abu-Jamal, se adhirió a la Declaración Internacional Libertad para Otegi, Presos Vascos a casa, firmada por personalidades internacionales.

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Los Efialtes "Independientes"

Un par de Efialtes gusanescos han estado haciendo portada en los medios de comunicación.

Pero Cubainformación nos informa de la forma tan burda en la que nos están queriendo vender liebre por gato:

Cuba: ¿destierro de periodistas o indulgencia con mercenarios?

José Manzaneda | Coordinador de Cubainformación

“Toda una odisea en busca de libertad”, leemos. “Destierran de Cuba” a dos “periodistas independientes” del medio “ADN Cuba”. Muy triste y grave, sin duda. Pero esperen… ¿Periodismo independiente? ¿ADN Cuba?

El diario español “El Mundo” nos lo explica, para que no tengamos dudas: ADN Cuba es “una revista audiovisual independiente sobre arte, cultura, derechos humanos, LGBT y temas de actualidad sobre Cuba”. Y el diario “El País” lo confirma: son “reporteros independientes” que “dejaron Cuba `presionados´ por el régimen debido a su trabajo crítico en la isla caribeña”, ya que –de nuevo- “el régimen cubano mantiene una fuerte represión contra las voces críticas, incluyendo activistas, intelectuales, artistas y reporteros”. Ah, bueno, todo aclarado.

Pero ADN Cuba… ¿de qué me suena? ¡Ya! ADN Cuba, con sede en Florida, tiene una asignación de dos millones de dólares de la agencia gubernamental USAID, para los dos próximos años, en el marco de los llamados “programas para la democracia en Cuba”.

Es decir, ADN Cuba es un medio digital que, como al menos otra decena más- es sostenido por el gobierno de EEUU para la guerra informativa contra La Habana. Algo ilegítimo en periodismo y algo ilegal en derecho. Ilegal en EEUU –si el caso fuera inverso- e ilegal en Cuba donde, la Ley 88 castiga con pena mínima de tres años de prisión a quien, en “los objetivos de la Ley Helms–Burton, el bloqueo y la guerra económica” colabore “con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios” y “reciba (o) distribuya (…) medios financieros (…) procedentes del Gobierno de EEUU” o “sus agencias”.

Conclusión: los mencionados no son “periodistas independientes”, sino propagandistas mercenarios de una potencia para la que trabajan justificando la agresión y el bloqueo a su propio país. Y no son perseguidos por su “trabajo crítico”, sino por violar las leyes anti injerencia que existen en Cuba, en EEUU y en todos los países del mundo. Su salida, por tanto, no es un “destierro”: es una medida de indulgencia de las autoridades cubanas.

Es el mismo caso de Orelvys Cabrera que, leíamos semanas antes, “se desempeñaba como reportero del medio independiente Cubanet” y “se vio obligado a salir de la Isla”. Cubanet es otro medio digital que recibe anualmente, de la USAID, 300 mil dólares y 225 mil de otra agencia, la NED, para decir lo que dicta Washington.

Al menos 54 grupos o medios “disidentes” reciben fondos federales a través de las agencias USAID y NED, a una media de 20 millones cada año. Pero las partidas secretas a empresas contratistas y a otros programas, se desconocen. Como se desconoce el presupuesto –gigantesco, sin duda- de los equipos de la CIA dedicados a la desestabilización política de Cuba, con una incidencia especial, hoy en día, en la comunicación mediática y de redes sociales.

La Casa Blanca se mostró “alarmada” y calificó como "destierro" y un “desprecio a la Declaración Universal de DDHH” la salida de la Isla de sus periodistas mercenarios. Es lógico. Como es lógico que fueran “apadrinados” por el partido neofranquista español VOX. Y defendidos por Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. ¿A alguien le puede extrañar procediendo de tres organizaciones que comparten puertas giratorias con el poder político, empresarial y mediático occidental?

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

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Video | Cuba: ¿destierro de periodistas o indulgencia con mercenarios?

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Entrevista a Ester Quintana

En su momento ya hemos comunicado a los visitantes de este blog el caso de Ester Quintana y la importancia de su campaña en contra del uso de cierto material que utilizan las fuerzas armadas del estado para reprimir las movilizaciones que se presentan en distintos puntos del estado español, especialmente dentro de las naciones históricas.

Habiendo establecido lo anterior, les presentamos esta entrevista que ha concedido a El Diario dentro del contexto de la violencia con la que se está intentando sofocar las manifestaciones en favor de la liberación de Pablo Hásel.

Lean:

Ester Quintana: "Los proyectiles de 'foam' se tienen que prohibir"

Tras perder un ojo con una bala de goma en 2012 y poner cara a una campaña que logró prohibirlas dos años después, esta mujer reclama poner fin al uso de estos proyectiles que usan los Mossos

Pau Rodríguez

Hace ya más de ocho años de aquella huelga general, en noviembre de 2012, en la que Ester Quintana recibió el impacto de una bala de goma de los Mossos d’Esquadra que la dejó sin un ojo. Tenía entonces 42 años. Su caso despertó una oleada de indignación, alimentada por las contradictorias versiones del entonces conseller de Interior, Felip Puig, que derivó en la prohibición de las balas de goma por parte del Parlament en 2014.

Durante varios años, Quintana luchó para ser la última de este tipo de víctimas, pero no lo ha sido. Desde que se prohibieron las pelotas de goma en Catalunya, seis personas han perdido un ojo en unos disturbios. Uno de ellos fue Roger Español, durante el 1-O, por bala de goma de la Policía Nacional. Cuatro más durante las protestas de sentencia del procés. Y, la última, una joven de 19 años este lunes por una bala de ‘foam’ –según denunció en primera instancia el colectivo Irídia–, los proyectiles viscoelásticos de precisión que todavía usan los Mossos d’Esquadra.

Por lo que respecta al caso de Quintana, que llegó a juicio en 2016, los agentes fueron absueltos porque no se pudo determinar cuál de ellos disparó. Tampoco si fue una bala de goma o de foam. Lo que sí consideraron probado los jueces es que fue un policía quien le disparó incumpliendo el protocolo. Y reprocharon a Interior haber perjudicado la investigación con su negación desde el inicio de los hechos.

Ocho años después, Quintana cree que algunas cosas han mejorado en la gestión de estos casos. En el suyo, Interior lo negó todo y el conseller nunca la llamó. Esta vez se ha abierto una investigación y se han puesto en contacto con la familia. Pero aun así, para esta mujer lo fundamental es que se prohíban estos proyectiles para siempre y también las balas de goma en toda España. A sus 50 años, y afincada fuera de Barcelona en parte para poner distancia sobre lo ocurrido, reconoce que no podrá pasar página definitivamente mientras siga viendo casos como el suyo.

Hace más de ocho que se quedó sin un ojo por el disparo de una bala de goma. ¿Cómo le ha cambiado la vida desde entonces?

Me ha cambiado bastante. Primero está la afectación física, que todavía la estoy superando pero no lo haré nunca del todo porque me veo en el espejo cada día. Luego está la psicológica, que me ha costado muchos años de terapia. Ahora ya no voy y espero no tener que volver en el futuro. Y después está el día a día de tener una discapacidad visual, de no poder controlar las distancias, la profundidad, no ver igual que veía antes, no poderme mover como antes… Y, por último, está la faceta de persona pública. Si ahora me estás entrevistando es porque ha vuelto a pasar. Hasta que no se prohíban estos y otros proyectiles que pueda haber en el futuro esto no se acabará.

¿Cuáles son las secuelas psicológicas de una mutilación así por parte de la policía?

Primero, sientes impotencia. Yo soy una persona, una ciudadana que ha resultado herida, frente a toda la estructura de los Mossos y de la Generalitat… Yo me sentí muy, muy abandonada por ellos. Por su negación continua, las versiones y versiones de mi caso que no eran ciertas, que el conseller sabía que no eran ciertas pero él las seguía diciendo...Todo esa parte me afectó mucho. Y también el no verme como era antes. Tú ahora no me puedes ver como yo era antes porque el ojo ya no lo tengo. Además, mi golpe fue muy grave. Los huesos se rompieron, la mandíbula, la órbita… Este trauma y la negación de los que gobernaban me provocó sentimientos de todo tipo.

Tras la sentencia que absolvió a los agentes en 2016, pese a dictaminar que había sido la policía, ¿tiene la esperanza de que se acabe esclareciendo?

Hombre, la esperanza nunca se pierde. Yo soy muy positiva. Aquí quiero recordar unas palabras durante el juicio de Manel Prat: dijo que algún día saldrían las imágenes. Él era entonces el Director General de los Mossos y seguramente sabía si había o no las imágenes. Nunca salieron. Quizás están guardadas en un cajón, en una caja fuerte, en un USB… Pero sí, yo sigo teniendo esperanza.

¿Cree que Interior ocultó información?

Hubo un poco de todo. De confusión, de que la ciudadanía se les echó encima… Que hubo impacto de un proyectil quedó probado en el juicio, y ellos eran los únicos que tenían los medios para saber si fue con una bala de goma o un proyectil de ‘foam’. Expedientaron al policía del 'foam' y el que fue a juicio fue el escopetero de las balas de goma. Yo creo que hubo falta de investigación y de decisión. Además, el primer informe se encargó a uno de los cabos imputados. En esa cadena hasta entregar el informe al conseller, alguien se inventó cosas. Es lo que yo creo.

Otro elemento que recogía la sentencia es que si de entrada no se hubiese rechazado de plano su versión, probablemente se hubiese sabido la verdad.

No se si se hubiese acabado sabiendo cuál de los policías disparó, pero al menos habrían dado otra imagen a la ciudadanía. Que por muchos consellers nuevos que pongan, la imagen no la han cambiado, porque el grueso de los agentes sigue siendo el mismo.

El siguiente conseller después de Felip Puig, Ramon Espadaler, la llamó para pedirle disculpas. Y tras el juicio recibió una indemnización. ¿Eso repara el daño?

Repara una parte. Cuando tienes un accidente, o muere alguien, la persona responsable debe asumir una indemnización económica. Así está estipulado en nuestra sociedad. A mi me dieron 260.000 euros y es importante, pero de estos una parte se fue con los informes médicos y forenses y otra en abogados. Esto último fue muy valioso, porque piensa que el mío fue el primer juicio por un caso de lesiones de balas de goma. La indemnización era importante porque reconocía la responsabilidad de los Mossos y así se puede hacer con otros casos que no han tenido tanta repercusión mediática pero han sufrido igual que yo. Y las disculpas que me dieron no eran de verdad, sino solo para limpiar su imagen deteriorada.

Fue la cara más visible de un movimiento, el de prohibir las balas de goma, que concluyó con éxito: el Parlament prohibió esta munición en 2014 y Interior lo adoptó. ¿Pensaba entonces que sería la última víctima de este tipo?

Yo quería serlo. Deseaba ser la última persona y por eso luché y sigo haciéndolo. Pero no lo he sido. El más conocido ha sido Roger Español [durante el 1-O], que fue la Policía Nacional. Dispararon balas de goma cuando aquí en Catalunya ya estaban prohibidas. La policía hace lo que le da la gana. Todavía espero que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé.

¿Qué valoración hace de aquella campaña que logró prohibir las balas de goma?

Magnífica. Conseguimos que la sociedad se sumase, que llegase al Parlament gracias a la presión. Hubo un debate político de los modelos de orden público policial. La campaña fue un éxito, se implicó gente del mundo de la cultura, deportistas, políticos… Recuerdo una foto de Raül Romeva con el parche en el ojo. Fue todo gracias al esfuerzo de la ciudadanía. Nosotros pusimos la cara. Así se prohibió.

¿Cree que desde entonces cambió la percepción social sobre cómo la policía debe abordar unos disturbios?

Sí. La gente cree que la policía forma parte del pueblo y debe estar a su servicio, y no poner los suyos por encima. La sociedad cree que la policía debe estar de su parte, por algo les pagamos el sueldo entre todos.

¿Cree que hay que prohibir los proyectiles de ‘foam’?

Sí. Ya lo dije en 2013. Todos los proyectiles se deben prohibir, los de 'foam' también. No puedes disparar contra una persona que está desarmada. Los policías van protegidos, llevan todo tipo de protección, el casco, van armados… Deberían estar del lado de la población.

La conselleria de Interior anunció el jueves que quería abrir un nuevo debate sobre el modelo de orden público de los Mossos. ¿Tiene la sensación de haberlo vivido ya? ¿Cree que servirá?

Sí lo hacen de verdad, sí. Si hacen como la auditoría que anunciaron, que duró seis meses y de la que no se ha sacado nada… ¿Qué malas praxis han detectado en esa auditoría? Deberían ser específicos a la hora de explicar qué cambios han hecho. Sí hemos conseguido cambios en el número de identificación de los agentes, y esto es gracias al esfuerzo de entidades como Irídia, Stop Bales de Goma o Amnistía… Todo puede servir de algo y desde luego hay prohibir los proyectiles de 'foam'. Esto serviría. Pero yo no soy especialista en modelos policiales.

Seguís con Stop Balas de Goma e Irídia para pedir que se prohíba no solo el 'foam' en Catalunya, sino las balas de goma en toda España.

Todavía estamos con esta campaña, sobre todo a raíz de lo que le pasó a Roger Español. Entonces decidimos que era importante seguir para prohibir las balas de goma en toda España, no solo en Catalunya. Porque si luego viene otro cuerpo policial aquí y las usa, ¿de qué sirve que el Parlament haga estas leyes? Si no son respetadas…

Decía al inicio que para una víctima de este tipo como fue usted es más difícil superarlo si ve que sigue ocurriendo.

Está claro. ¿Cómo lo superas si vuelves a ver que le pasa a una chica de 19 años? Esta chica, cuando me pasó a mí, tenía 11 años. ¿Qué visión puede tener de la policía que tenemos, si cuando era una niña a mi me pasó esto y ahora que tiene 19, le ha pasado a ella? ¿Qué imaginario tendrá de la policía? No está justificado disparar a nadie, nunca. Hay otros medios para reprimir, si se diese el caso de ser necesario. No justifico que se pueda disparar a nadie con un arma, porque la persona suele estar indefensa. La oftalmóloga Estrella Fernández ya dijo en la comisión del Parlament que estas armas provocan “lesiones de guerra”. Los mismos médicos nos dicen que esto no es civilizado.

¿Qué le diría a la joven que ha perdido el ojo?

Que tiene que ser muy fuerte y valiente para poder superar lo que le ha pasado. Que las heridas sanan. Que se deje rodear de personas de confianza, de su familia y amigos, que se deje asesorar legalmente y que, si puede, trate de luchar contra estos proyectiles. Yo, ocho años después, hace ya tres años que trabajo y hago casi vida normal, a pesar de la discapacidad. Se puede seguir adelante.

¿Usted ha podido volver a alguna manifestación?

Al principio me costaba mucho. Si hay ruidos fuertes mi cabeza hace click, me asusto mucho. El tipo de ruido de la bala de goma, el disparo… Incluso por Sant Joan con los petardos. Las manifestaciones me dan miedo. Es que ese día yo estaba en Passeig de Gràcia con Gran Via, no había nada allí, ni manifestación… He ido a alguna protesta más pequeña, alguna del 8-M, pero con calma, nunca sola y siempre con miedo. No me escondo. Solo tengo un ojo y un día el hijo de una amiga me dijo que tenía que cuidarme mucho más este ojo porque es el único que me queda. ¡Y cuanta razón! 

La visión de Tasio:

 

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CAF Sionista II

Si los altos jerarcas de la CAF se pensaban que su vil acto de colaboracionismo con el genocida régimen israelí iba a pasar desapercibido, estaban muy equivocados.

Desde el portal de Palestina Libre traemos a ustedes una ampliación con respecto a nuestra reciente publicación consistente en la denuncia que Amnistía Internacional ha presentado ante la ONU:

AI: ONU debe incluir a la empresa española CAF en la base de datos de empresas que operan en los asentamientos ilegales israelíes

Petición de 31 organizaciones de derechos humanos y sindicatos. La empresa española CAF está trabajando para ampliar y operar el tren ligero de Jerusalén que unirá los asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados

Un grupo de 31 destacadas organizaciones de derechos humanos y sindicatos han entregado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra un informe en el que se pide la inclusión de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en la base de datos de Naciones Unidas de compañías con relaciones empresariales en los asentamientos por su implicación en la expansión y desarrollo del tren ligero israelí (JLR) en Jerusalén.

La inclusión en esta base de datos significa que las empresas, directa e indirectamente, han permitido, facilitado y aprovechado la construcción y el crecimiento de los asentamientos; asentamientos que Naciones Unidas ha calificado de ilegales, por lo que se desprende que estas empresas se benefician de violaciones sistemáticas de derechos de la población palestina y contribuyen a ellas, lo que equivale a crímenes de guerra tipificados en el derecho penal internacional.

Esta base de datos de empresas involucradas en los asentamientos se publicó en febrero de 2020 y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene el mandato de actualizarla anualmente. Actualmente está formada por 112 empresas israelíes y multinacionales, en las que se incluye Shapir, socio israelí de CAF en el proyecto del tren ligero de Jerusalén. Anteriormente, en 2016 y 2017 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU declaró la ilegalidad del tren ligero de Jerusalén, afirmando que “viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”.

El informe conjunto entregado por las organizaciones a la ACNUDH documenta cómo “el tren ligero de Jerusalén contribuye de manera importante al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Jerusalén Este por su función de conectar los asentamientos y facilitar la movilidad entre ellos y fortalece la anexión ilegal de la ciudad, consolidando la anexión por parte de Israel de territorio ocupado palestino, en violación del derecho internacional”.

En este sentido, la sección española de Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades españolas exponiendo su preocupación por la falta de responsabilidad de CAF con los derechos humanos. Según Gerardo Ríos, experto en el trabajo sobre empresas de Amnistía Internacional España, “las empresas, en base a los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo en el que operen. En base a esta responsabilidad y a las repetidas resoluciones de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, nuestra organización ha pedido a la empresa CAF que ponga fin a sus operaciones en Territorios Palestinos Ocupados lo más rápidamente posible, así como al Gobierno de España, en donde CAF tiene su sede, recordando sus obligaciones a la luz de los mencionados Principios Rectores de Naciones Unidas”.

En palabras de Maha Abdallah, portavoz del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo “al llevar a cabo el proyecto en Jerusalén Este, CAF está involucrada en la violación grave y sistemática de los derechos humanos más fundamentales de la población palestina”. Abdallah añadió que “la construcción de la Línea Roja (del mencionado tren ligero) ya existente, ha conllevado la expropiación importante de propiedades palestinas, mientras que la Línea Verde llegará hasta el asentamiento de Gilo, entre otras colonias, cuya existencia y crecimiento priva a la población palestina del acceso a su tierra y recursos”. Por este motivo la ACNUDH tiene la obligación de cumplir estrictamente con su mandato, actualizando anualmente la base de datos de la ONU de manera que se incluyan empresas con relaciones empresariales en los asentamientos – tal como exige su mandato del Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 31/36 de 2016.

Entre las organizaciones que firman la petición se incluyen:

11.11.11

Al-Haq

Amnistía Internacional España

Association France Palestine Solidarité (AFPS)

Belfast Trades Union Council

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

CNCD-11.11.11

Comité Solidaridad con la Causa Árabe - santiglez@hotmail.es

Craigavon Trades Council

European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)

European Legal Support Centre (ELSC)

European Trade Union Network for Justice in Palestine

Fagforbundet - Norwegian Union of Municipal and General Employees

ICAHD Finland

Mundubat

Northern Ireland Public Service Alliance (NIPSA)

Norwegian People’s Aid

Norwegian Union of Railway Workers

NOVACT - International Institute for Nonviolent Action.

Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) y sus miembros: Al-Haq, Law in the Service of Mankind, Al Mezan Center for Human Rights, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Palestinian Center for Human Rights, DCI – Defense for Children International – Palestine, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, Aldameer Association for Human Rights, Ramallah Center for Defense of Liberties and Civil Rights, The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) – Miembro observador, Muwatin Institute for Democracy and Human Rights – Miembro observador.

Paz con Dignidad

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

Sodepaz

SUDS

The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)

The Rights Forum

Transnational Institute (TNI)

Union syndicale Solidaires

War on Want

Women in Black (Vienna)

 

 

Nota: Mucho agradeceríamos que hasta en situaciones amargas como esta, Amnistía Internacional reconociera la identidad vasca, CAF no es una empresa española.

 

 

 

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Egaña | Reflexión, Voto y Reconstrucción

El J12 está encima en la CAV e Iñaki Egaña invita a sus habitantes a decidirse por un cambio radical.

Aquí lo que dio a conocer en su perfil de Facebook:

Reflexión, voto y reconstrucción

Iñaki Egaña

Mañana se celebrarán con retraso respecto al adelanto previsto, pero con más de dos meses de antelación en relación al calendario electivo, las elecciones autonómicas para el Parlamento de Gasteiz, las que abrirán la XII legislatura de la Comunidad Autónoma. Votación en circunstancias excepcionales.

Causalidades del circuito o ese eterno ciclo que nos rodea en nuestro recorrido vital, hace cuatro años, en medio de una campaña sobre la incineradora de Zubieta, GuraSOS había convocado en ese verano de 2016 una marcha que resultó multitudinaria con el lema “Lo primero la salud”, recordando que, en el perímetro del vertedero, entonces en construcción, vivían entre las decenas de miles de adultos, 69.000 niños.

En ese mismo verano, la Ertzaintza continuaba su implacable persecución a los miembros de Gipuzkoa Zutik, reventando sus asambleas, identificando a sus activistas y, llegado el caso, moliéndolos a palos. En Madrid, Esteban Beltrán, director de Amnesty International, denunciaba como gravísimo el hecho de que España se negara sistemáticamente a investigar las denuncias de torturas.

Han pasado cuatro años, y los hechos se reproducen con milimétrica exactitud, mientras la marmota sigue adormilada en su refugio, como si el tiempo se hubiera estancado. El juez que en más ocasiones ha sido reprendido por no investigar las torturas en España llegó a ministro, desde cuyo pedestal ejerce en la actualidad en un Gobierno supuestamente de progreso.

El inicio de la década de 2020 ha sido frenético, con un confinamiento que ha afectado a más de la mitad de la humanidad. Señales apocalípticas, estados de alarma y excepción, cientos de miles de muertos, aquí y allá. El fantasma de las pandemias medievales ha acogotado tantos a las sociedades que transitamos hacia los hologramas sustitutivos de la realidad, como a aquellas que aún no conocen siquiera el chip digital.

En las doce primeras semanas del confinamiento cercano, la Ertzaintza y algunas policías locales multaron a 30.000 ciudadanos de la Comunidad Autónoma, realizaron 135.000 identificaciones y se llevaron detenidas a sus calabozos a 459 personas. Para comprender semejante ofensiva habría que señalar que los denunciados han sido uno de cada 68 mayores de edad, de los que tendrán la opción de votar mañana. Se trata de una razia en toda regla, amparada en la Ley Mordaza, aquella que los dirigentes políticos de la Policía Autónoma critican en público y aplican con diligencia y entusiasmo en privado.

A la notabilidad de esta noticia se añade el hecho de que, para mediados de mayo, un 4.5% de los agentes de la Ertzaintza habían dado positivo en las pruebas serológicas para detectar la covid-19. Tanta diligencia para multar y tanta laxitud en Arkaute. Tantas exigencias para el pueblo llano mientras diversos mandos, de esos que dicen dan ejemplo, entre ellos el comisario de Sestao de la Ertzaintza y el jede de Emergencias de Osakidetza, de paseo por Castro en pleno confinamiento.

La sanidad también ha conocido los vaivenes de esa corrupción que nos niegan, pero que la percibimos cada día. Dimitió Jon Darpón, el consejero de Sanidad, con el escándalo de la filtración de los exámenes de Osakidetza. También concluyó el juicio, después de amenazas a los informantes, sobre la corrupción tejida por cobradores de la red alavesa de Alfredo de Miguel.

De igual manera, el lema de “Lo primero la salud” de 2016, a pesar de relatos interesados, sigue siendo el distintivo de estos últimos meses. En Zaldibar, en febrero, se produjo la catástrofe, culminación de un modelo que prima el negocio a las personas, que favorece a la especulación sobre la racionalización de la gestión de la vida comunitaria, incluidos los residuos. Cinco meses después, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán siguen desaparecidos, sus restos comprimidos entre toneladas de basura. La arrogancia del lehendakari de la CAV ante lo que consideró otro “habitual accidente laboral” fue paradigma de gestión nefasta.

A pesar de tragedias, corruptelas y pandemias, la salud ha continuado siendo un factor secundario para Lakua. El sector empresarial que dirige nuestros destinos, embozados en los actores de la marmota de esta última legislatura, estiraron el chicle posibilista para cumplir su adelanto electoral, hasta que la situación se les hizo insostenible. La Comunidad Autónoma Vasca se convirtió en el segundo territorio de Europa, por detrás de Bélgica, en víctimas mortales por la pandemia del coronavirus. Nuevamente la categorización de las víctimas, cuando no su ninguneo, sigue conformándose como una de las patas de un proyecto que suma cero.

La arrogancia y el cinismo han campeado, insistentemente, por un escenario en que la frivolización de la que han hecho gala algunos cabecillas del inmovilismo vasco ha sido insultante. Y me reafirmo en el vocablo “cinismo” porque el lema de su campaña electoral (Zutik) ha sido el que han hurtado al colectivo que ponía, entonces con el tema de la incineradora, la salud por encima del negocio.

Y ya están afilando nuevamente los dientes. Haciendo las cuentas de la lechera, con el apoyo de los lobbys empresariales y comunicacionales. Porque el pastel que se abre, a pesar de lo que pueda parecer, es gigantesco. Al igual que a la conclusión de los conflictos bélicos, la restauración del desastre se va a convertir en un gigantesco negocio del que saldrán reforzadas ciertas estructuras económicas, para surgir o perpetuarse nuevas elites y convertirse en hegemónicas. En vocabulario neoliberal, un tiempo “lleno de oportunidades”.

Hay, sin embargo, otro tipo de oportunidades. Otro modelo que evite ese inmovilismo secuencial cuyas imágenes nos las conocemos de memoria. Nuestra tierra está plagada de demagogias, de promesas incumplidas, de espejos rotos, de sillones ajados por una clase política que se renueva para que nada cambie. Hay, sin embargo, posibilidades de cambio porque hay esperanza y mimbres para imaginarlo posible. Prest?

Y con respecto acerca de ciertas declaraciones del gris y seco Iñigo Urkullu acerca del PNV y estar a la izquierda de la izquierda, les dejamos con la visión de Tasio:

 

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