Homenajean a Gurasoak

Ha tomado lugar un merecido homenaje a las madres y los padres de quienes han sufrido la lacra del terrorismo de estado español.

Aquí la crónica por conducto de Naiz:

Gazte Topagunea homenajea a las familias de los jóvenes represaliados en los 90

Gazte Topagunea ha homenajeado hoy en Lemoa a madres y padres de jóvenes represaliados en los 90, quienes han podido explicar antes aquel contexto político, en el que «se fabricaron leyes, se inventaron grupos Y... y se arrasó con detenciones de cuadrillas enteras».

Nerea Goti

Madres y padres de jóvenes represaliados en la década de los 90 y más concretamente el colectivo Gurasoak han sido hoy protagonistas de Gazte Topagunea, un espacio de encuentro, debate y transmisión de mil y una luchas que unido al ambiente festivo, la oferta musical y el tiempo soleado ha convertido Lemoa en un destino de interés para jóvenes y no tan jóvenes.

Akeita Naiz es una de las inmensas carpas que hoy resguarda de un intenso sol a los miles de jóvenes que reúne este Gazte Topagunea en Lemoa. Desde allí emite en directo Naiz Irratia, junto al stand en el que se pueden realizar suscripciones a NAIZ y GARA. Las compañeras de la radio tienen en frente un escenario en el que se suceden los actos. El recuerdo y homenaje a la lucha de la juventud de los 90 y a sus familias ha tenido lugar allí.

Antes del propio homenaje, la abogada Arantza Zulueta ha explicado a los asistentes a Gazte Topagunea el entramado jurídico que amparaba la detención de centenares de jóvenes. Han intervenido también Txusa Etxeandia, madre del preso Egoitz Coto, condenado por «kale borroka» y que acumula 16 años y medio de cárcel, así como el parlamentario de EH Bildu y autor del libro “La maza y la cantera”, Julen Arzuaga, y Mari Carmen Mañas, viuda de Ángel Berrueta.

Los participantes han denunciado la muerte de Berrueta y de Arkaitz Bellón, así como «todo aquel montaje para meter a la juventud en la cárcel», según han apuntado los participantes, antes de dejar sentando que «afortunadamente no lo consiguieron» y «este Topagune es el ejemplo de que seguimos teniendo jóvenes luchadores». «Estamos orgullosas y orgullosos de la lucha de nuestros hijos», han expresado ante decenas de jóvenes.

La lucha de Nora

Al homenaje a las familias de los jóvenes represaliados en los 90 ha asistido Nora Morales de Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ha manifestado que se siente unida a las familias de «jóvenes revolucionarios que quisieron su patria y su libertad» y ha recordado que ese anhelo era el que llevó a su hijo a ser detenido y desaparecido un 15 de abril de 1977, y al que con 89 años de edad no deja de buscar.

«Los jóvenes son el hoy, son la semilla que va a crecer para mejorar el mundo injusto que tenemos», ha señalado la argentina, que ha reconocido sentirse más joven bajo las carpas de Lemoa, ante «tanta juventud que presta atención con mucho respeto». «Queremos alegría y progreso sin persecución, no queremos más presos, sino escuelas», ha apuntado, al tiempo que ha animado a «seguir luchando porque «tenemos que dar la vuelta a este mundo».

La activista argentina ha concluido con una ovación del público al grito de «los detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre».

A mediodía Gazte Topagunea se ha sumergido también en otro testimonio de lucha, a cargo de Miren Odriozola, compañera de Pakito Arriaran. La educación, el feminismo, el internacionalismo y las luchas de otras naciones sin estado están presentes desde la mañana en otros tantos encuentros.

Del mismo modo, esta tarde han participado en Gazte Topagunea el director de GARA, Iñaki Soto, y la responsable de Euskal Herria, Iraia Oiarzabal, que han hablado sobre «Jóvenes y periodismo en Euskal Herria», en un encuentro en el que han explicado el ataque contra GARA valiéndose de la deuda de “Egin”, cerrado ilegalmente, y los retos del diario y los medios que acompañan un proyecto comunicativo que mira al futuro.

Esta tarde intervendrá también el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para hablar del hilo conductor entre el pasado y el futuro.

Naiz Irratia ofrece en directo ambos encuentros.

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Recordando a Angel y a Kontxi

Tres lustros han pasado desde el ataque terrorista español en Iruñea y de sus terribles consecuencias en Hernani.

Quince años de ignominia en los que dos víctimas de la violencia del régimen borbónico franquista siguen sin ser acreditadas como tales.

Pero el pueblo vasco recuerda a los suyos y por medio de Naiz traemos a ustedes esta nota:

Quince años después los vecinos de Donibane siguen recordando a Angel Berrueta y a Kontxi Sanchiz

Han pasado quince años desde que un policía y su hijo mataron a Angel Berrueta y de que Kontxi Sanchiz falleciera tras una carga de la Ertzaintza. Un año más los vecinos de Donibane les han recordado, así como a Xabier Rey y a Sara Fernández.

Martxelo Díaz

El sonido del zanpantzar del barrio han dado inicio, como cada año, al acto de recuerdo a Berrueta y Sanchiz que ha tenido lugar frente a la panadería que regentaba. Los familiares de ambos han recibido el primer ramo de flores de manos del zanpantzar.

Un año más cientos de vecinos de Donibane y otros barrios de Iruñea han acudido al acto de homenaje en la calle Martin Azpilkueta. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, y la presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Aznarez, además de electos de EH Bildu, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu y Orain Bai.

El protagonismo, en cualquier caso, ha sido de los vecinos de Donibane, que han recordado a Angel Berrueta, definiéndole como una buena persona. Una portavoz de Gurasoak ha rememorado que pasó hace quince años y ha destacado que Berrueta luchó contra las injusticias.

Mari Carmen Mañas, viuda de Angel, ha agradecido las muestras de apoyo y cariño que han recibido de los vecinos del barrio durante todos estos años.

La intervención de Aitziber Berrueta, hija de Angel, ha sido especialmente emotiva. Ha recordado el 13 de marzo de 2004 como el peor de sus vidas y ha destacado el papel que el Gobierno español de la época tuvo atizando el odio por intereses políticos. Ha enviado su cariño a todas las víctimas del 11-M y ha destacado que en estos años han tenido momentos duros pero siempre se han sentido arropados. Ha recordado a Sara Fernández, muerta como consecuencia de la dispersión, y ha pedido a su padre, que allá donde esté, cuide de Xabier Rey. «Seguro que estáis los dos sonriendo», ha concluido.

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Presxs: Una Oportunidad a la Palabra

 Les compartimos este imprescindible texto de Tasio Erkizia con respecto al colectivo de presxs políticxs vascxs, el mismo ha sido publicado en Naiz:

Dar la palabra a los presos y presas

Todo el mundo habla de los presos y presas políticos vascos, pero a ellos se les niega la palabra, y cuando hablan, no se les escucha». Con estas certeras palabras se expresaba un familiar, bien entrado en años, hace pocos días. Y daba en el clavo. Resumía a la perfección el sentimiento que me embarga desde hace varios años.

Tasio Erkizia | Militante de la izquierda abertzale

Siempre hemos entendido que los presos y presas son el eslabón más débil porque son una llave que los estados históricamente han utilizado a su conveniencia. Tras la renuncia unilateral de ETA a las armas, la utilización de esas personas viene siendo un arma todavía más groseramente manipuladora e hiriente para tensionar la sociedad vasca y buscar una división política en la izquierda abertzale. Por doloroso que resulte reconocerlo, es una evidencia que los derechos de los prisioneros y prisioneras vascos cotizan muy a la baja, violar sus derechos les resulta muy barato.

Como están entre rejas y saben que no pueden responder de inmediato, cualquiera se erige en juez de sus comportamientos. Así, son capaces de criticar situaciones desconocidas y dar lecciones sobre recorridos inciertos y supeditados a una política carcelaria criminal en manos de la derecha más reaccionaria de Europa. Es lo que hizo una formación política denominada de izquierdas, como IU, cuando el día 8 de enero último justificaba su no apoyo a la manifestación organizada para el día siguiente por Sare en defensa de los derechos humanos de los presos políticos vascos, diciendo que ellos no estarían presentes porque apoyaban la «vía Nanclares de reinserción de los presos y presas». ¿Es posible que un partido de izquierdas supedite el respeto a los derechos humanos a que se acojan o no a una vía determinada? ¿Acaso los derechos humanos solamente se defienden en función de que se esté de acuerdo o no con las propuestas penitenciarias que realiza una formación política? Estas y parecidas actitudes constituyen una grave degradación democrática.

Por desgracia, no es solamente un partido el que utiliza a los presos y presas en función de sus intereses partidistas. El Sr. Urkullu lleva cuatro años criticando constantemente, por una razón u otra, al colectivo de presos y presas políticos vascos y llamando a confiar en su trabajo «discreto», mientras la vulneración de sus derechos va en aumento. Echan toda la culpa a Madrid, sin reconocer que la dispersión es una estrategia de castigo diseñada hace 25 años por iniciativa de Ardanza y el PNV, con impulso del pacto de Ajuria Enea. Ni la vulneración de los derechos humanos ni el castigo añadido a familiares y amigas y amigos de los presos y presas parecen importarles mucho mientras, eso sí, intentan «obligarles» a acogerse a unas vías de arrepentimiento que rayan la exigencia de humillaciones inaceptables.

El colectivo de presos políticos vascos ha dado muchos pasos estos años: una amplia representación reconoció públicamente el daño causado y han aceptado seguir las normas que exige la actual política penitenciaria, realizando la petición individual de traslado a cárceles de Euskal Herria, con la consabida respuesta negativa. Es más, dicho colectivo ha mostrado su voluntad de colaborar con instituciones como el Gobierno Vasco. ¿Se le puede exigir más a un colectivo al que se le priva del derecho a recibir información y opinar libremente sin riesgo de filtración a los medios de comunicación de cualquier intercambio de opiniones entre ellos o con el exterior? Es evidente que con el nivel de control que padecen, con aislamientos inhumanos, entre otros muchos la de los abogados y abogadas encarcelados como Arantza Zulueta y Jon Enparantza, decir que los presos y presas están «presionados» por ETA, suena a cinismo.

Hay quien se atreve a exigir a los presos y presas actuar individualmente en lugar de funcionar como colectivo. Resulta como mínimo curioso que se les niegue ese derecho democrático. Los partidos políticos, tan dados a funcionar con delegados y portavoces, ¿quiénes son para exigir necesariamente funcionamientos individualizados y negarles el derecho a organizarse como colectivo? ¿No es del todo normal respetarles si actuan tanto individual como colectivamente? Sr. Jonan Fernández, presionar a los presos y presas es más fácil que exigir responsabilidades a los gobiernos que vulneran sus derechos, pero no es honesto ni ético.

Hoy se cierran todos los cauces para que los presos expresen su opinión, y cuando hablan, no se les escucha. Esa política exige rectificación tan urgente como global. Me parece correcto que utilicen todos los resquicios legales para obtener su libertad, pero sin olvidar que el tema de los presos y presas  vascos es fundamentalmente un problema político para cuya solución corresponde a la ciudadanía vasca movilizarnos y luchar sin descanso, no solamente en defensa de los derechos humanos que les asisten, sino para obtener su rápida liberación y encauzar el problema político por el que están en la cárcel.

No puede haber normalización con presos de motivación política largos años recluidos en la cárcel. Se puede intentar acallar conciencias, silenciar las protestas y manifestaciones en los medios de comunicación, pero el problema seguirá siendo la cruda realidad para todas las familias afectadas y muchos y muchas militantes que no estamos dispuestos a olvidar a nuestros luchadores en las mazmorras. Razones humanitarias y políticas nos impulsan a seguir siendo la voz de los presos y presas silenciados.

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Herriko Tabernak y la Justicia-Ficción

Gara trae a nosotros este puntilloso análisis de la sentencia del caso 35/02, o sea, el expolio españolista de las herriko tabernak:

Para reescribir la historia es necesario hasta desdecirse

Decir una cosa y la contraria es una de las claves de una sentencia de 500 páginas que evidencia la motivación política de un fallo que mira hacia la «batalla del relato». Hablar en términos jurídicos de un intento de imponer una versión de «vencedores y vencidos» constituye un ejercicio de justicia-ficción.

Alberto Pradilla

Tanto Joseba Permach como Joseba Álvarez y Arnaldo Otegi fueron absueltos en 2010 de la acusación de «enaltecimiento del terrorismo» por participar en el acto de Anoeta en el que se presentó la propuesta «Orain Herria, Orain Bakea». La sentencia, dictada en diciembre de aquel año por la Audiencia Nacional española, consideró que ni Fiscalía, ni peritos policiales ni acusación particular habían demostrado que hubiese ensalzamiento de ETA y, por eso, no tuvo otro remedio que exculpar a los procesados. Esa circunstancia no ha sido tenida en cuenta, cuatro años después, en el fallo del mal llamado «caso de las herrikos», ya que incluye la participación en el mitin de Donostia como «intervención pública en apoyo» de la organización armada. Es decir, que un acto que no fue considerado como «enaltecimiento» entonces es ahora utilizado como indicio de culpabilidad.

Tratando de comprender la lógica de los sentenciadores, se podría llegar a la conclusión de que, en un tribunal como la Audiencia Nacional, existen diversos jueces con diferentes criterios, lo que explicaría dos resultados contradictorios. No es el caso. Son los mismos togados, Ángel Hurtado y Julio de Diego, los que firman ambas sentencias, diciendo una cosa y la contraria con cuatro años de diferencia. Cuestión que no pasa inadvertida para Clara Bayarri, que emite un voto particular y asegura que ninguna de estas actividades «constituye indicio de delito alguno». Y añade: «salvo criminalización de la disidencia de la que me aparto».

Es cierto que el fallo reconoce que los militantes independentistas fueron absueltos, del mismo modo que admite que no hubo condena en el caso de Udalbiltza, también utilizado como indicio. No obstante, estar en Anoeta o participar en la presentación de la asamblea de electos, y ser criminalizados por ello como si no hubiese existido pronunciamiento judicial, se usa como argumento para la condena hecha pública el miércoles. En la misma línea, se alude insistentemente a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la Mesa Nacional de HB en 1997 y no es hasta pasadas más de 150 páginas cuando se admite que el Constitucional la anuló, lo que sería motivo para no tomar en cuenta ninguna de estas consideraciones. Esta enrevesada lógica podría sorprender, pero es lo que conlleva intentar aplicar principios jurídicos al derecho penal del enemigo: que uno se pierde en un laberinto de argumentaciones contradictorias para terminar certificando que el objetivo político ya estaba fijado; que el «tocho» de folios solo es un barniz para blanquear una causa general contra HB que se ubica en la «batalla del relato»; que, en el fondo, de lo que se trataba era de condenar no solo a dirigentes políticos, sino toda la historia de la izquierda abertzale; que sea la «verdad judicial» la que se imponga, aunque esto implique reescribirse a uno mismo.

Como en el resto de juicios políticos contra el independentismo vasco, existe un sistema que funciona a la inversa de la lógica de un proceso normal. En lugar de buscar indicios para obtener una sentencia, la decisión viene dada. A partir de ahí, toca dotarla de contenido. Durante la vista, la defensa insistió en la inconsistencia de condenar por «pertenencia a organización terrorista» a miembros de un partido que nunca fue declarado como tal, incluso aunque hubiese sido ilegalizado.

Esta es una cuestión clave para la que la sentencia encuentra una solución: afirmar que HB, EH y Batasuna tienen «carácter terrorista» pero con un nivel menor que ETA. Que es «terrorista» a nivel «satélite» y condicionado, para cada uno de los acusados, a su «militancia activa». Algo así como decir que una mujer puede estar medio-embarazada y que luego ya se determinará quién es el padre.

«No es un juicio político»

A la hora de redactar la sentencia, ha bastado con repetir tesis policiales que ya se escucharon en otros procesos políticos y aferrarse a las sentencias de ilegalización. Individualizar era obligado, un trámite solventado al imputar actuaciones como acudir a reuniones o participar en manifestaciones de organizaciones nunca ilegalizadas como Gurasoak. Comportamientos estos totalmente democráticos que, además, ningún imputado ha negado.

Esto «no es un juicio político», repiten los jueces a lo largo de toda la sentencia a pesar de usar como argumento la creencia de que «existiera entre la sociedad vasca una identificación entre ETA y Herri Batasuna». Y por si hubiese dudas entre unos partidos y otros, introducir el concepto «marca Batasuna» es la fórmula para castigar todo.

Si algo dicen claro los dos jueces del tribunal que avalan la sentencia es que su tarea es juzgar cuestiones del pasado y no adecuarse a ciclos políticos, tal y como le reclamaron los imputados a través de la última palabra de Floren Aoiz. Y eso es cierto. Lo que pretenden es sentenciar una historia política. No hay más. De hecho, en los cinco meses que se alargó la vista oral se habló tanto de pasado que, en ocasiones, la sala de San Fernando de Henares no parecía un tribunal sino una clase de historia. Tras leer la sentencia, es evidente que solo se ha tomado en cuenta la fuente policial.

Hasta este punto nadie ha hablado de armas o explosivos, que es lo que cabría esperar de una sentencia sobre «terrorismo». De hecho, estos términos solo aparecen en las últimas páginas de la sentencia, cuando se hace referencia a las herriko tabernak, segundo objetivo y botín de guerra. Y se hace para refutar una tesis que solo emergió en el tiempo de descuento: la frase policial que endosaba enseres de kale borroka a los locales sin citar un solo ejemplo.

No es casualidad que las sentencias políticas de este tipo lleguen antes de la «operación verano», como tampoco lo es su sentido. Frente a los titulares que se ganaron las ocurrencias de Baltasar Garzón en 2002, la sentencia ha pasado desapercibida ante prioridades como el «desafío soberanista» catalán.

Sin embargo, Euskal Herria sigue en el mapa, la realidad les contradice y el fallo significa un movimiento en la «batalla del relato». Pretender imponer una lógica de «vencedores y vencidos» implica una carrera hacia adelante que se sostiene tan difícilmente como el fallo.

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Madrid Premia a Terrorista de Estado

Madrid ha decidido premirar a Miguel José de la Peña Rubio, hijo de Valeriano de la Peña y María Pilar Rubio, autores material - como el propio Miguel José - e intelectual en el asesinato del panadero e integrante de Gurasoak Ángel Berrueta, quien fuese atacado en el interior de su propia panadería en las horas posteriores a los ataques yihadistas en Madrid.

Pero si el artículo que están a punto de leer en Gara les indigna, les recordamos que María Pilar Rubio no fue la única autora intelectual de este acto de terrorismo de estado, no. Sin juzgar aún están José María Aznar y Ángel Acebes, quienes, aprovechando todos los medios de comunicación a su disposición, enturbiaron la atmósfera tanto del Estado Español como de Euskal Herria esparciendo la tesis de que la autoría de los atentados recaía en ETA.

Aquí la información

El hijo del policía que mató a Ángel Berrueta sale a la calle en setiembre

Ángel Berrueta murió hace siete años a manos de un policía español y del hijo de éste. El motivo fue una discusión sobre los atentados del 11-M. El hijo saldrá en tercer grado en setiembre, sin haber mostrado arrepentimiento  –incluso ha intentado querellarse contra sus víctimas– y sin que la responsabilidad civil se haya cubierto. La Fiscalía de Nafarroa e Instituciones Penitenciarias han jugado un papel clave en la obtención de este beneficio.

Aritz Intxusta

Miguel José de la Peña, que apuñaló al panadero Ángel Berrueta poco después de los atentados del 11-M, saldrá en tercer grado en setiembre, tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, que es de 15 años. Se trata de un caso poco corriente dentro del sistema judicial del Estado español, ya que ni ha mostrado arrepentimiento ni ha subsanado la responsabilidad civil. No obstante, tanto él como su padre, el agente de la policía española que remató con su pistola a Berrueta, Valeriano de la Peña, vienen obteniendo permisos penitenciarios desde hace tiempo. El padre fue condenado a 20 años y podría acceder al tercer grado en 2014.

La familia de Berrueta y los vecinos de Donibane convocaron ayer una rueda de prensa para denunciar la injusticia que se ha cometido con su caso. Afirman que ya no hay batalla legal posible para frenar la salida a la calle del hijo del policía. No obstante, sí que tratan de conseguir una orden de alejamiento basándose en los artículos 48 y 57 del Código Penal.

Tanto De la Peña como su hijo fueron condenados por «asesinato con el agravante de motivación política» y jamás han mostrado arrepentimiento, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo.

No sólo no se arrepienten, sino que desde la cárcel han tratado de llevar acciones legales contra la mujer de Berrueta, su hijo Aitor, la asociación Gurasoak que se presentó como acusación popular, el abogado de la familia y hasta contra el juez que les condenó. GARA ha tenido acceso a cartas en las que abogados de oficio rehúsan llevar adelante esas querellas.

No cumplen los requisitos

La ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan todos los intereses y las costas del juicio. La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros (de una cifra total de 238.000). De los bolsillos de De la Peña no ha salido un solo euro, ya que se declaró insolvente y fue el Estado quien abonó esta cantidad como responsable civil subsidiario. Es decir, todo se ha pagado con fondos públicos. Pero en 2007 el Estado aseguró que no tenía dinero y dejó de hacerse cargo de la deuda. Esta declaración coincidió en las fechas con la manifestación de UPN reclamando que “Navarra no es negociable”, en la que se desembolsaron 250.000 euros, para lo que sí había fondos públicos.

Durante el tiempo que lleva preso, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por «asesinato» para expulsarle del cuerpo. Sólo se encuentra suspendido y, al salir de la cárcel, podría reincorporarse al puesto. Al principio, de su sueldo se le retenían 555,79 euros para pagar a los Berrueta, pero desde enero 2008 ya no se le retiene nada, puesto que se ha separado de su esposa y tiene que pagar 250 euros de pensión alimenticia, por lo que ya no llega al salario mínimo.

El papel de la Fiscalía

Más allá de lo excepcional del caso en cuanto a la modificación de grados penitenciarios, Miguel José de la Peña no saldría a la calle de no ser por el papel que ha desempeñado la Fiscalía. En un primer momento, el fiscal jefe de Nafarroa, Javier Muñoz, calificó la muerte de Berrueta como «pelea entre vecinos», pero el juez acabó por determinar que había una motivación política. Esta postura tibia se confirmó en enero de este mismo año cuando, otra fiscal, Ana Carmen Arbonies, emitió un informe favorable para que Miguel José De la Peña saliera de la cárcel incluso antes de setiembre. De no ser por el juez, estaría ya libre.

De todas las instituciones intervinientes en el proceso contra quienes mataron a Berrueta, parece que sólo se ha mantenido firme Ireneo Herrero Bernabé, el jefe del Servicio de Indultos, que se lo ha denegado a los De la Peña. Cabe recordar que, en segunda instancia, los tribunales suprimieron la pena a la esposa de Valeriano, que había sido condenada por el jurado. La familia Berrueta apeló al Constitucional, pero éste se negó a pronunciarse sobre el caso, con lo que la mujer quedó libre y se cerraron las puertas a la familia del panadero de Donibane –y miembro de Gurasoak– para acudir a Estrasburgo.

Mientras tanto, la familia Berrueta ha sufrido constantes amenazas, sabotajes y acoso policial. La última agresión que sufrió María Carmen Mañas, la viuda, ocurrió en diciembre, cuando policías españoles la rodearon y la golpearon durante una bienvenida a unos jóvenes de Donibane. Quedó grabado en vídeo. Mañas tiene 62 años.

Donibane acoge mañana un nuevo homenaje

Mañana se cumplen siete años de la muerte de Ángel Berrueta. Sus vecinos han lanzado un llamamiento para que los ciudadanos acudan a concentrarse frente a la tienda en la que se ganaba la vida, a las 12.30 horas. Aseguran que «no pararán de pedir justicia y de recordar a Ángel». En su manifiesto de apoyo a la familia, los vecinos de Donibane aseguraron que el hecho de que María Pilar Rubio, la esposa del hombre que lo mató, haya quedado en libertad les parece una injusticia. Sin embargo, comentan que, «a pesar de que Rubio ha sido declarada persona non grata, ya son varias las veces que la viuda de Berrueta ha tenido que soportar su presencia intimidatoria».

Recuerdan que Rubio fue quien, tras discutir con Berrueta sobre la colocación de un cartel contrario a ETA, subió a su casa en busca de su marido y su hijo, quienes bajaron armados con una pistola y un cuchillo dispuestos a acabar con la vida del panadero. El jurado popular que determinó que había sido la inductora del crimen, pero tribunales superiores eliminaron la pena al revisar la primera sentencia.

Por otro lado, el grupo vecinal indica que la petición de indulto que realizó la familia De la Peña es «vergonzosa» y que no pueden «aceptar semejante burla y falta de respeto hacia la familia». Remarcaron que no entienden cómo el Estado aplica el «agravante ideológico» a un joven del barrio para mantenerlo en la cárcel durante diez años, mientras que en el caso de Miguel José de la Peña todo se queda en papel mojado.

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El Circo Judicial Continúa

Esta nota ha sido publicada en Gara, se la dedico especialmente a los que andan por allí diciendo que en Navarra no hay resistencia en contra de la criminal ocupación española.

Aquí la tienen:

El TS dicta penas leves contra jóvenes a los que se llegaron a pedir 56 años

El denominado 8/97 es posiblemente el mayor proceso relativo a la «kale borroka»: hace más de una década conllevó la detención de decenas de jóvenes navarros, de los que 26 fueron procesados con una petición fiscal cercana a los 600 años. Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Supremo ha admitido parcialmente los recursos de las defensas y ha dictado condenas que en ningún caso superan los dos años de cárcel. A algunos se les llegaron a pedir 56.

Ramón Sola

El fiscal pedía hace casi una década 56 años contra la joven de Iruñea Arantza Rus. En la primavera del pasado año, ella y otras once personas se sentaron finalmente en el banquillo de la Audiencia Nacional, en un juicio en el que la Fiscalía le redujo la petición a 19 años. Luego, la sentencia rebajó la condena a seis en concepto de «incendio» y «lesiones» (en el camino se había quedado la acusación inicial de «terrorismo»). Y ahora, el Tribunal Supremo la ha absuelto.

El proceso 8/97, que deparó una cascada de detenciones de jóvenes navarros entre los años 1995 y 1996, se salda finalmente con absoluciones o con condenas menores. Tras la admisión parcial de los recursos de la defensa, el Tribunal Supremo acaba de decretar que Arantza Rus queda absuelta; que a Koldo Nicolás, Karlos Montoia y David Abarzuza se les imponen condenas de un año; y que en el caso de Jon Pablo Montoia, la pena queda en cuatro meses. Todo ello por el concepto de «daños», que no se corresponde ni con la acusación anterior, ni con los meses que pasaron en prisión muchos de ellos, ni con la decisión de juzgar su caso en la Audiencia Nacional española.

Una redada «aleccionadora»

Desde que se produjo aquella interminable operación policial, que permaneció abierta durante casi seis meses y estuvo complementada con abundante literatura mediática, el movimiento pro-amnistía denunció en reiteradas ocasiones que el objetivo real había sido tratar de dar una «respuesta aleccionadora» frente a la kale borroka, en un tiempo en el que se manifestaba con especial virulencia en Iruñea. De hecho, en aquellos meses se pudo conocer, por ejemplo, que un nuevo contingente policial de cien agentes especializados había arribado a la comisaría de la calle General Chinchilla.

La operación policial se basó sobre todo en declaraciones realizadas en comisaría por menores de edad, de modo que cada arresto provocada nuevas detenciones. «Se llevaron cuadrillas enteras», recordaban los afectados hace ahora un año, en vísperas del inicio de la vista oral en Madrid. Un detalle significativo fue la detención de once jóvenes de Atarrabia que acu- dían juntos al Juzgado para declarar voluntariamente, pero a los que las FSE detuvieron en el camino para llevarlos a comisaría acto seguido.

Eran también los meses en los que el entonces consejero de Interior de Lakua, Juan María Atutxa, admitió que los «grupos Y» no dejaban de ser una etiqueta. Y en los que Gurasoak denunció que un policía destinado en Iruñea había revelado que se les reclamaban al menos diez detenciones por semana.

Los jóvenes ahora exculpados o condenados a penas leves no han dejado de recibir muestras de apoyo en todo este tiempo. A modo de ejemplo, con motivo del juicio hace año y medio se celebró en Iruñea una manifestación que contó con apoyo de las peñas sanfermineras, sindicatos como LAB, ESK y STEE-EILAS y otros colectivos sociales.

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Tortura que Autoinculpa

¿A qué punto utiliza el régimen español la tortura en su guerra sucia contra el pueblo vasco en general y su juventud en particular?

Lean este reportaje en Gara para darse una idea:

Un joven estaba preso el día de los incidentes por los que se le juzga

Los catorce jóvenes vizcainos que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por haber participado en los incidentes ocurridos en las fiestas de Galdakao del año 2000 negaron su implicación en los hechos y denunciaron que las autoinculpaciones en las que se sustenta el sumario fueron obtenidas bajo tortura por la Ertzaintza. Como evidencia, los abogados defensores demostraron que uno de los imputados, Kepa Saratxaga, estaba encarcelado en esas fechas.

Manex Altuna

El juicio contra catorce jóvenes vizcainos acusados de participar en unos incidentes registrados el 16 de setiembre de 2000 en Galdakao comenzó ayer en la Audiencia Nacional. Todos ellos negaron su participación en los hechos y denunciaron que las autoinculpaciones en las que se basa el sumario fueron obtenidas bajo torturas a manos de la Ertzaintza. Como muestra de ello, revelaron que uno de los encausados estaba preso cuando se produjeron los hechos.

A pesar de ello, el fiscal solicita tres años de cárcel por un delito continuado de daños y otros dos años por desórdenes públicos para cada uno de los acusados, además de una indemnización de 220.000 euros por los daños ocasionados.

Entre los imputados que declararon ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal se encuentran los vecinos de Uribe Kosta Urtzi Paul Larrea, Endika Lejarzegi, Ekaitz Bilbao, Aimar Hidalgo, Kepa Saratxaga, Martín Etxegarai y Gontzal González. También están encausados en este sumario Andoni Beroiz, Iker Lima, Jon Crespo, Ugaitz Pérez, Xabier Arriluzea y Asier Arriola, así como Gorka Lupiañez, que el pasado mes de diciembre fue detenido por la Guardia Civil en Berriz y denunció haber sido salvajemente torturado mientras permaneció incomunicado.

Los procesados relataron que los malos tratos y las amenazas recibidas por parte de la Policía autonómica fueron el motivo por el que realizaron declaraciones policiales en las que se autoinculpaban de los hechos e implicaban a otros.

En este sentido, fue significativa la prueba aportada por los abogados defensores de los jóvenes, que revelaron que uno de los imputados, en concreto Kepa Saratxaga, se encontraba encarcelado en la prisión de Alcalá-Meco cuando se registraron los incidentes y, por lo tanto, era imposible que pudiera participar en ellos.

No es la primera vez que ocurre algo similar con los sumarios abiertos por «kale borroka» tras la redada realizada en otoño de 2002 por la Ertzaintza. Y es que Andoni Beroiz estuvo dos años preso acusado de un ataque ocurrido en Galdakao por las declaraciones obtenidas en comisaría, cuando la Policía autonómica sabía de la existencia de un parte que demostraba que el día y a la hora en la que se produjeron los hechos había tenido un accidente en Zuia.

En la txosna y un agroturismo

Saratxaga no fue el único que aportó pruebas evidentes para demostrar que no participó en los incidentes que se le imputan. Asier Arriola declaró que se encontraba en un agroturismo en Deba con su novia, que corroboró su versión al igual que el dueño del establecimiento, que testificó en el juicio.

Andoni Beroiz, por su parte, explicó que se encontraba trabajando en una txosna en el recinto festivo en el momento en el que se registraron los incidentes, y un testigo aseguró que estuvo con él.

La defensa hizo saber al tribunal que uno de los acusados, Martín Etxegarai, tenía 17 años cuando se registraron los incidentes y que por lo tanto no podía ser juzgado en la Audiencia Nacional. El juicio continuará hoy con las pruebas periciales y documentales y la declaración de más testigos.

«Estamos en un estado de excepción»

Los miembros del colectivo Gurasoak se concentraron ayer a la mañana frente a la Audiencia Provincial de Bizkaia para denunciar el juicio iniciado contra los 14 jóvenes por unos incidentes ocurridos en las fiestas de Galdakao del año 2000. Según destacó Jesús González, portavoz de Gurasoak, «las pruebas para llevar adelante este sumario están basadas en autoinculpaciones e imputaciones hacia otros obtenidas bajo tortura». En este sentido, declaró que «hablan de un Estado de Derecho, pero comprobamos que existe un estado de excepción en el que los policías no respetan los derechos, los forenses no ven nada y las instituciones tampoco hacen nada ante las denuncias de torturas». Txusa Etxeandia añadió que «lo que pedimos es que nuestros hijos e hijas tengan los mismos derechos que el resto de las personas que viven en esta sociedad» y recordó que «algunos de los jóvenes que son juzgados tienen peticiones de casi 50 años de condenas por imputaciones realizadas tras esta detención».

Recordaron que para este fin de semana se han convocado movilizaciones contra este juicio. El sábado realizarán una manifestación en Galdakao, que partirá de Zamakona a las 13.00, y para el mismo día, pero a las 13.30, se ha convocado otra marcha en la plaza Telletxe de Algorta. En Durango también realizarán una movilización para denunciar el juicio.

Niegan el protocolo contra la tortura a los ocho detenidos de Lea-Artibai

Askatasuna informó ayer de que los abogados de los ocho jóvenes de Lea-Artibai detenidos la víspera por la Policía española solicitaron al juez Fernando Grande-Marlaska, que fue quien ordenó la operación, que aplicara el protocolo contra la tortura diseñado por Baltasar Garzón. Sin embargo, la petición fue denegada y el juez de la Audiencia Nacional no dio el visto bueno a que se grabe el periodo durante el que los arrestados permanecen incomunicados, a que se informe a los familiares sobre su situación y paradero, y a que sean atendidos por un médico de confianza.

Ante la postura adoptada por el juez Grande-Marlaska, el organismo antirrepresivo se preguntó «qué problema tiene la Audiencia Nacional para adoptar esas medidas. Si no va a haber malos tratos, ¿qué tienen que ocultar?». Subrayó que «está claro que la incomunicación posibilita la existencia de la tortura» y consideró necesario que desaparezca ese régimen «para que no haya ningún torturado más en Euskal Herria».

Los representantes de EAE-ANV en Etxebarri, Ondarroa y Markina también mostraron su preocupación por el trato que puedan estar recibiendo los jóvenes a manos de la Policía española. El partido ekintzaile enmarcó la operación «dentro de la estrategia de guerra que está desarrollando el Estado español con la colaboración de PNV y NaBai para hacer desaparecer a la izquierda abertzale del mapa político y poder alcanzar un nuevo acuerdo autonómico».

En este sentido, criticaron la actitud de los ediles de PNV y Aralar en Markina, que alegaron que no había motivos para realizar el martes una reunión en el Ayuntamiento en la que los representantes de ANV pretendían reclamar la derogación de la incomunicación ante la posibilidad de que los detenidos puedan ser torturados.

En cuanto a la situación de los arrestados, ayer no trascendió ninguna noticia sobre su situación, ya que siguen incomunicados. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, tampoco aportó ninguna novedad reseñable en cuanto a los motivos por los que han sido detenidos y se limitó a decir que están acusados de «ataques a sedes de partidos políticos, instituciones, sabotajes ferroviarios, entidades financieras y mobiliario urbano», sin precisar fechas ni la actuación de cada uno de los arrestados.

Para denunciar esta nueva redada policial y solidarizarse con los arrestados, ayer se realizaron movilizaciones en Markina (300 personas) y Ondarroa (240), así como en Burlata (60). Por su parte, en el Casco Viejo de Bilbo 88 personas denunciaron el juicio iniciado ayer en la Audiencia Nacional. 

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Conchi Santxis

El terrorismo de estado español se ha cobrado otra víctima vasca tras los terribles sucesos en Madrid. Esta vez han recurrido a la colaboración de la Ertzaintza.

A ver si el lehendakari 3/7 nos puede explicar un poco mejor eso de las alimañas.

Hoy en la seccion Mundo de La Jornada:

Muere una mujer durante protesta por el asesinato de panadero de Pamplona

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Conchi Santxis, ciudadana vasca de 58 años, murió este domingo víctima de un paro cardiaco enmedio de una de protesta contra el asesinato de un panadero pamplonés, Angel Berrueta, perpetrado el sábado por un policía nacional porque se negó a colocar un crespón negro en su local en señal de luto por los atentados del pasado jueves en Madrid. Berrueta integraba el colectivo Gurasoak, de padres y familiares de presos políticos vascos

Santxis acudió a la movilización de protesta en Hernani. Cuando la marcha transitaba por las calles de la localidad guipuzcoana le cerró el paso un fuerte dispositivo de agentes antidisturbios de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, que exigió a los manifestantes cambiar de rumbo.

Ante la negativa de los manifestantes, los agentes policiales dispersaron la movilización con bolas de gomas y macanazos. Santxis corrió y se escondió en un portal de un edificio cercano, donde fue víctima de un paro cardiaco.

Cuando los manifestantes y amigos la encontraron tendida en el suelo, reclamaron auxilio a las fuerzas policiales, que lo negaron en todo momento, lo que impidió que Santxis fuera socorrida de forma inmediata por asistentes sanitarios.

En Bayona, al suroeste de Francia, unos cien independentistas vascos se manifestaron ante el consulado general de España en esa localidad vasca, ante una convocatoria de Batasuna para protestar contra el asesinato de Berrueta. La multitud, que agitaba banderas vascas a media asta, se dispersó serenamente después de escuchar a Xabi Larralde, dirigente de Batasuna en Francia, refirió Afp.

En tanto, en declaraciones al Diario de Noticias, el hijo del policía que mató de tres disparos a Berrueta, reconoció que también él asestó una puñalada con un machete al panadero.

El segundo agresor confesó que bajó junto con su padre a la panadería de Berrueta armado con un machete y que apuñaló a la víctima, a quien el policía disparó tres veces. El examen forense confirma que el cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el costado.

El autor de los disparos que produjeron la muerte es originario de Salamanca y estaba destinado a tareas de contravigilancia política.

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