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domingo, 10 de julio de 2022

«Hoy Euskadi y España son Países Libres»

De todos los medios noticiosos que han publicado algo con respecto a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez en Ermua hemos querido compartir con ustedes lo dado a conocer por ABC, claro, por tratarse del medio más ranciamente españolista.

Y es que, precisamente, el españolismo se ha volado la barda con este aniversario luctuoso del militante del PP Miguel Ángel Blanco pues no solo se apersonó el ya mencionado Pedro Sánchez, también hizo llegar sus pasos hasta ahí Felipe, el individuo que más fielmente personifica la continuidad del Franquismo a través de la persona de su padre, el impune emérito. 

Y pues bueno, las estridentes declaraciones de un Javier Ortega Smith o de Pedro Otamendi no hacen mas que dejar claro que efectivamente, el estado español no es libre pues sigue atado y bien atado mientras que la CAV, esas tres séptimas partes de Euskal Herria cada vez se desprende más del oprobio de la ocupación colonial.

Adelante pues con la lectura:



Un lapsus o unas palabras desafortunadas. Pedro Sánchez ha protagonizado este domingo un momento que las redes no han pasado por alto durante su discurso en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco por el 25 aniversario de su asesinato. Con el rey presente, el alcalde de Ermua y la hermana del exconcejal popular, Marimar Blanco, el presidente del Gobierno se ha referido a Euskadi como país al mismo nivel que España.

«Si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas las que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y al odio», ha señalado en la tribuna.

Al acto de homenaje han asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su homóloga en el Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, la presidenta de las Juntas, Ana Otadui, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, así como consejeros del Gobierno Vasco y el alcalde del municipio, Juan Carlos Abascal.

También han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, además de representantes sociales y sindicales. Del mismo modo, la cita ha contado con la asistencia de representantes de Covite, así como familiares de Sotero Mazo, vecino de Ermua asesinado en 1980, al quien también se ha recordado.

Al acto no han asistido otras asociaciones de víctimas como AVT o Dignidad y Justicia y tampoco han estado presentes ni representantes de Vox ni de Sortu ni EH Bildu.

A lo largo de la jornada, se ha evidenciado la tensión y las diferencias entre populares y socialistas, ya que, en declaraciones a los medios de comunicación fuera de acto, el PP ha vuelto a reprochar al Gobierno de Sánchez que pacte con EH Bildu, una formación que no ha condenado el asesinato de Blanco, mientras que los socialistas han recordado a este partido su lucha contra ETA y criticaban que «demonice» la Ley de Memoria.

Los miembros de Vox, pese a no estar presentes en el momento del discurso de Sánchez, han denunciado sus palabras a través de las redes con descalificaciones al presidente del Gobierno.

El video del momento:

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jueves, 21 de abril de 2022

«Sugerencias» Fascistoides

El Parlamento Europeo se ha dejado empantanar por los más retrógrada de la derecha española, convirtiéndose en tontos útiles por voluntad, como la ONU cuando votó la Resolución 1530 en contra de ETA por el 11-M.

Utilizando como pretexto supuestos crímenes por resolver han terminado por dejar caer la mascareta democrática para mostrar su rostro fascistoide.

Obvian para ello todos los crímenes sin resolver de la dictadura franquista y del régimen emanado de la misma tras la muerte del sanguinario Francisco Franco.

También se olvidan por completo del proceso de paz abierto hace diez años el cual incluye planteamientos como la reconciliación y la convivencia, para lo cual sería necesario implementar una estrategia de justicia transicional que facilite precisamente ese proceso.

Lo suyo pues es el revanchismo y la imposición del relato oficial pergeñado por Madrid.

Les dejamos con lo que nos reporta Naiz:


«Sugerencias» inconstitucionales en el texto final europeo sobre «crímenes sin resolver»

La Eurocámara ha aprobado finalmente este jueves el informe emanado de la polémica visita de la Comisión de Peticiones, en el que se aboga por intentar endurecer la legislación contra los «crímenes sin resolver» de ETA, aun a sabiendas de que sería inconstitucional, como ha expuesto el PSOE.

Ramón Sola

El Parlamento Europeo ha «recomendado» este miércoles al Gobierno español que explore la posibilidad de reconocer los atentados de ETA sin resolver como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de que esta figura entrase en su Código Penal, una opción que ha descartado la Audiencia Nacional y sobre cuya inconstitucionalidad ha alertado el PSOE.

El informe final tras la misión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a Euskal Herria y Madrid en noviembre pasado ha sido aprobado finalmente este jueves por 27 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

La visita ya fue muy polémica, porque estuvo copada por la derecha española, lo que resulta totalmente irregular en estos casos en que se opta por delegados de otros países. La vicepresidenta de la comisión, Tatiana Zdanoka, declinó participar por el evidente sesgo político del viaje. Y desde Lakua se expresó sorpresa por que no se hubiera solicitado una entrevista con el lehendakari Iñigo Urkullu. La agenda sí incluyó visita al Memorial instalado en Gasteiz, reuniones con víctimas de ETA y con Guardia Civil, Policía española, Audiencia Nacional...

En ningún momento de la misma se abordaron otras violencias en el conflicto vasco, argumentando que la petición ciudadana que dio origen a esta visita se circunscribía a la perpetrada por ETA.

Tras meses de trabajo posterior se ha aprobado un informe que posiblemente no tendrá traslación práctica directa, puesto que plantea únicamente sugerencias y además estas resultan contrarias a principios constitucionales como la irretroactividad.

Con todo, sí crean un caldo de cultivo propicio para que la Audiencia Nacional siga manteniendo sus escollos a la progresión legal o el impulso a la reapertura de procesos judiciales o imputaciones de lesa humanidad. Y pueden suponer una presión añadida para el Gobierno Sánchez.

Así, en el informe aprobado se recoge la sugerencia a las autoridades españolas de «agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal» para dar tratamiento diferenciado a los atentados mortales de ETA sin resolver, cuyo número se infla hasta los 379 [el cuadro general de la cuestión, en este reportaje de Iñaki Egaña].

Esta recomendación entró en el texto final pese a que la Audiencia Nacional ya había descartado que sea posible juzgar como de lesa humanidad los delitos de ETA previos a 2004, el año en el que esta tipificación entró en el Código Penal español.

El PSOE había tratado de eliminar esta sugerencia a través de una enmienda alegando precisamente que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año y que solicitarlo contravendría el principio de legalidad penal que recoge la Constitución.

«Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad y seamos conscientes de la imposibilidad de aplicar de manera retrospectiva la aplicación de los delitos de lesa humanidad para evitar así que los delitos etarras puedan prescribir», dijo la diputada socialista Cristina Maestre, que promovió esta y otras enmiendas al texto.

Las «sugerencias»

El informe, por su parte, también recuerda que ya se han presentado «varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», una opción de reforma que ya apuntaron durante los debates en comisión otros diputados españoles.

El Parlamento Europeo aboga además por que los beneficios penitenciarios y el tratamiento que se pueda conceder a los condenados se vinculen a «su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento»

También proponen establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un atentado específico o promover esfuerzos para «evitar la glorificación pública» de exprisioneros, así como formar una comisión de juristas para elaborar informes sobre cada uno de los casos no resueltos.

Otra recomendación apunta a explorar la posibilidad de que los miembros de la cúpula de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos puedan ser procesados como instigadores del crimen.

Satisfacción de la derecha española

«Desde el Parlamento Europeo estamos enviando un mensaje contundente, claro y firme de apoyo a las víctimas del terrorismo. Nada de complacencias con los terroristas. Cuesta entender la postura de los socialistas españoles presentando este tipo de enmiendas», ha señalado en un comunicado la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat.

También Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) ha celebrado que el informe ponga «en negro sobre blanco la historia de la persecución de una parte de la población vasca y el difícil y sacrificado trabajo de quienes mantuvieron el Estado democrático de Derecho».

Por su parte, el abogado de la asociación Dignidad y Justicia y peticionario impulsor de esta iniciativa, Miguel Ángel Rodríguez, ha celebrado que la Eurocámara haya recogido en el informe todas las reclamaciones que se le hacían, incluyendo la cifra de crímenes sin resolver que él mismo ofreció, sin cuestionamiento alguno.




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miércoles, 3 de noviembre de 2021

Delegación Europea Filofranquista

Lo hemos dicho infinidad de veces a lo largo de la veinteña de años que tenemos publicando este blog, si el estado español ha sido capaz de llevar a cabo toda clase de agresiones en contra del pueblo vasco es porque desde los días más sangrientos del alzamiento fascista Occidente - entiéndase las potencias capitalistas - le extendió un cheque en blanco, entendiendo que podían ser peones en el tablero geopolítico definido por la confrontación con la URSS.

Hoy, este reportaje de Naiz viene a darnos la razón por enésima vez:


Renuncia e irregularidades en una visita europea enfocada solo en la violencia de ETA

Una delegación europea viaja esta semana a Euskal Herria y Madrid para recabar información exclusivamente sobre atentados de ETA sin resolver. Lo hará sin la letona Tatjana Zdanoka, vicepresidenta de esa comisión, que ve desenfoque y uso partidista. En la agenda, citas hasta con la Guardia Civil.

Ramón Sola

Una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viaja entre miércoles y viernes a Gasteiz y Madrid para recabar información sobre los atentados de ETA sin resolver, para lo que se reunirá con jueces, víctimas e incluso la Guardia Civil. Como se aprecia, en la agenda figura una única violencia, la de ETA, pero la cuestión no ha resultado precisamente pacífica en el seno de la Eurocámara, puesto que la vicepresidenta primera de esa comisión, la letona Tatjana Zdanoka, ha renunciado a ejercer su función en esta visita ante el desenfoque y las irregularidades aparecidas.

Zdanoka lo ha dado a conocer en una carta pública en la que constata en esta visita «claros signos» de «utilización de la dolorosa cuestión de las víctimas del terrorismo para juegos políticos». Algo que recuerda que ha preocupado siempre a Friendship, la iniciativa europarlamentaria que desde 2004 aporta su granito de arena a un proceso de resolución en Euskal Herria.

La visita viene derivada de la iniciativa de un ciudadano español, Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunciaba «la incapacidad de España» para resolver esos crímenes de ETA pendientes de esclarecimiento total. Según el Gobierno de Lakua son algo más de un centenar, pero organizaciones de víctimas elevan la cifra hasta más de 300.

Desembarco español e intento frustrado del PP

La renuncia de Zdanoka no es el único elemento reseñable en los prolegómenos. De hecho, en la carta de la eurodiputada letona se añade que «todo el proceso de preparación de esta visita ha estado marcado por contradicciones totales con las normas y procedimientos» de esta comisión de peticiones.

Así, la norma habitual en el Parlamento Europeo es que en este tipo de iniciativas no participen representantes del Estado afectado, pero en la delegación que viajará a Euskal Herria y Madrid nada menos que la mitad (cuatro sobre ocho) son eurodiputados del Estado español. En concreto, Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos) y Jorge Buxadé (Vox). Acudirán en condición de «acompañantes».

Los otros cuatro miembros oficiales serán la «popular» francesa Agnès Evren –que ejercerá de presidenta tras la denuncia de Zdanoka–, el socialdemócrata maltés Alex Agius Saliba, el liberal rumano Vlad Gheorghe y el conservador polaco Kosma Zlotowski.

Además, NAIZ ha tenido constancia de que Dolors Monserrat, exministra del Gobierno Rajoy, se ofreció para liderar esta delegación, lo que fue rechazado por cuestiones obvias: si no es normal que una eurodiputada de un país afectado participe en la visita, menos aún que la presida. En cualquier caso lo hará finalmente una compañera de grupo europeo, Evren.

Memorial, Portero, Guardia Civil...

Según la agenda prevista, los diputados llegarán el miércoles 3 por la mañana al aeropuerto de Bilbo, desde donde se desplazarán a Gasteiz para visitar el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo junto a su director, Florencio Domínguez.

Esa misma noche, la delegación volará a Madrid, donde la mañana siguiente se entrevistará con el peticionario original que llevó el caso a la Eurocámara, así como con su representante y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero de la Torre.

Posteriormente se encontrarán con el jefe de Información de la Guardia Civil, el general Valentín Díaz Blanco, el comisario general de Información de la Policía española, Eugenio Pereiro, y la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior, Montserrat Torija.

Su siguiente reunión será con el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral García; el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González-Herrero González; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal; y el fiscal de la AN especializado en terrorismo Marcelo de Azcárraga Urteaga.

Ya en la tarde del jueves se reunirán con el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero Martínez; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Martía Teresa Araluce Letamendía; la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez; y seis familiares de víctimas de ETA entre 1979 y 2009: cuatro hijos, un padre y una viuda.

En la mañana del viernes, antes de volver a Bruselas, se entrevistarán con el director de Seguridad y Justicia de la oficina del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez, y el experto en terrorismo y doctor en ciencia política Martín Alonso Zarza.

La jefa de la delegación dará además una rueda de prensa en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Todo ello ocurre en un contexto en el que las víctimas de la violencia estatal reunidas en Egiari Zor han levantado la voz para denunciar el desprecio a su sufrimiento, manifestado en varios actos y declaraciones recientes estas últimas semanas.





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sábado, 31 de octubre de 2020

La Voz de un Pueblo Oprimido

Se han quedado fríos los españolazos con las declaraciones que ha llevado a cabo el hasta hoy anónimo párroco de la localidad de Lemoa. Ni tardos ni perezosos -pisoteando en su prisa algo conocido como libertad de expresión- desde la caverna han salido a amenazarle con "acciones legales" y el episcopado, raudo, ha salido a dejarle en el más completo desamparo, obligándolo a emitir una declaración ofreciendo disculpas por lo dicho en el documental.

Y es que si alguien se opone al relato oficial -ese que han sido capaces de llevar a la UE y que les ha ganado una reprimenda-  esa persona se hace merecedora de toda la rabia que pueda llegar a expresar quien no concibe que a pesar de tantos años de represión haya quienes desde los pueblos colonizados se atrevan a levantar la voz.

¿Se imaginan ustedes que mayas, rarámuris, kechwas y mapuches -por nombrar algunos- no pudieran ejercer el derecho a relatar las atrocidades cometidas por los españoles en sus tierras?

Bueno, pues de la misma manera no se le puede negar ese derecho al pueblo vasco, por mucho que ciertos españoles quieran hacerse las víctimas.

Así que desde el mismísimo ABC traemos a ustedes esto:


El cura de Lemona: «Que un pueblo oprimido responda con violencia no sé si es terrorismo, es una guerra entre bandos»

Dignidad y Justicia se querella contra las palabras del sacerdote en un documental «Bajo el silencio», de Iñaki Arteta

Laura L. Caro

Frente a la parroquia de Lemona, en Vizcaya, a pocos metros de donde dos guardias civiles fueron liquidados en 1981, el cura se explaya: «Terrorismo es una expresión que me revienta, porque sí... sin más. Que un pueblo oprimido al que quieran conquistar responda con violencia no sé hasta que punto es terrorismo, eso es una guerra entre bandos, de una nación contra otra nación. Un conflicto había y hay, existía y existe».

El testimonio forma parte del documental «Bajo el silencio» que el director vasco Iñaki Arteta acaba de presentar en Valladolid. Unas palabras que han sido objeto de una querella ante la Audiencia Nacional por parte de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia que encabeza Daniel Portero, en la que denuncian que el sacerdote puede estar incurriendo «en un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de sus víctimas».

Asimismo, Dignidad y Justicia se ha dirigido a la Conferencia Episcopal para solicitar que «suspenda de manera inmediata a este párroco de todas sus funciones», por entender que su mensaje es incompatible con los valores religiosos.

En su alocución, de unos ocho minutos, el cura refleja la violencia como contestación lógica al contexto del País Vasco. «Aquí, quien más y quien menos, se ha sentido muy coartado, eso marca desde la escuela, y lo que en principio era terrorismo... Pero era una respuesta a lo que se estaba sufriendo, aquella situación la aplaudía toda la gente, que se pudiera matar a un guardia civil porque comulgabas con ello...». Añade preguntado sobre si la acción de ETA estuvo bien o mal: «Todos dicen que estuvo mal... pero una cosa es decir que estuvo mal y otra admitir que no hubo otra forma de hacer».

Asimismo, el sacerdote se muestra partidario de los homenajes a presos etarras –«Otra cosa no se puede hacer», dice-, de las pintadas que los reivindican, –«Pocas me parecen. debería haber más», opina–. Y ante los asesinos que no se arrepienten pide tajante: «Respeto».

«Un pueblo al que no se permite desarrollar su cultura, estar luchando contra la opresión sería justo». Y justifica: «Aquí hemos vivido situaciones en las que si te pones en un bando... "merecido lo tenía", tenías que oír... Al mismo tiempo decían que nadie merece que se le mate así. No sabes a qué atenerte. Por una parte te alegras de que... su merecido se lleva y por otra, pues no está bien».

 

 

 

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miércoles, 19 de febrero de 2020

Pla en Libertad

Damos continuidad a la kafkiana farsa que está viviendo David Pla con esto que nos informa Naiz:


El exinterlocutor de ETA David Pla ha quedado en libertad, bajo medidas cautelares. Así lo ha decidido la jueza María Tardón tras tomarle declaración en la Audiencia Nacional.

Maite Ubiria

David Pla ha quedado en libertad a última hora de la tarde, una vez de que la juez María Tardón ha decretado su puesta en libertad, según ha confirmado a NAIZ la defensa del ex preso navarro.

La magistrada ha tomado hoy declaración a Pla, que fue entregado la víspera por agentes de la Policía francesa, en Hendaia, a sus homólogos españoles, en base a una euroorden basada en hechos contestados por su defensa en el juicio incluso con informes de la Policía gala.

Pla, quien fuera integrante de la delegación de ETA que intentó (entre 2011 y 2013) abrir un diálogo de resolución con el Gobierno español en Noruega, quedará en libertad, ya que la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión. Saldrá a lo largo de la tarde de la prisión de Soto del Real, a la que fue llevado, ayer, tras su entrega por el Estado francés.

Con medidas cautelares

El ministerio fiscal ha solicitado durante la vista dejar en libertad a Pla con la prohibición de salida del Estado español y fijando comparecencias semanales en el juzgado. Por su parte, la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido prisión provisional.

La defensa, que ejerce la letrada Amaia Izko, ha solicitado durante la vista que, al tener una hija menor –4 años, escolarizada en Hendaia–, Pla pueda volver a su domicilio familiar en la localidad labortana, pero finalmente la jueza no ha aceptado la petición, por lo que el navarro volverá a la casa de sus padres, en Iruñea. Deberá acudir a firmar en el juzgado cada semana.

Ello hasta que la Sección Cuarta que, recuerda Izko «tiene desde hace tiempo la petición de archivo por causa juzgada» tome una decisión sobre el sumario que implica a Pla. La letrada estima que, por más que la AVT y Dignidad y Justicia mantengan esa causa, «no hay debate jurídico, porque es un caso claro de causa juzgada, y el tribunal deberá tomar una pronta decisión al respecto».

Euroorden sin base sólida

La Audiencia Nacional activó una euroorden, con fecha de 2011 y firma del entonces juez y hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, poco antes de que el militante navarro, tras cumplir la pena impuesta por la Justicia francesa, saliera en libertad en abril de 2019.

En ella le imputaba hechos que o bien no dieron lugar a sumario judicial –fue detenido en 2010 en Hendaia en relación a la llamada causa H-Alboka que instruye la jueza Tardón, pero puesto a los pocos días en libertad– o fueron desmentidos por informes de la Policía gala, que desmintieron que Pla acudiera a una cita clandestina en 2008 en Landas, ya que ese día se encontraba visitando a su compañera Kizkitza Gil de San Vicente, entonces encarcelada en una prisión de París.

Pla fue detenido el pasado 6 de febrero en Hendaia, donde reside con su familia desde que saliera de prisión. Tras permanecer en la cárcel de Baiona, fue entregado este martes, 18 de febrero, y tras pernoctar en la prisión madrileña de Soto del Real ha sido llevado a declarar esta mañana a la Audiencia Nacional.

En su declaración, Pla se ha limitado a afirmar que fue militante de ETA. En unas horas saldrá en libertad, por lo que podrá regresar a Euskal Herria, no así, de momento, a su domicilio familiar en Hendaia.

Sortu

Sortu ha exigido la suspensión de las medidas cautelares impuestas al iruindarra, entre ellas la que le impide vivir con su familia en su domicilio de Hendaia.

Ha destacado su aportación «clave a la apertura de un nuevo tiempo en este país» y ha instado al Estado español a que «de una vez por todas se decida a dar pasos efectivos para poder avanzar».

Hendaia y Barañain

Tras conocerse la puesta en libertad, en Hendaia ha vuelto a realizarse una concentración de apoyo a David Pla y de denuncia del caso. ‘David Hendaian eta gurekin’ ha sido el lema reiterado ante el Ayuntamiento. De hecho, el propio Pla ha telefoneado a los allí concentrados para agradecerles el apoyo.

Además, en Barañain se mantiene la manifestación convocada este sábado a las 13.00 contra la persecución sufrida por el que fuera interlocutor de ETA. La movilización ha sido presentada en una comparecencia esta tarde.

Según han manifestado, «la situación vivida por David en estos últimos meses se produce en un contexto en el que existe un consenso mayoritario a favor del cambio de política penitenciaria; mientras se están dando pasos para dar una solución política y democrática al conflicto político que vive desde hace décadas Euskal Herria» y consideran que la aceptación de la euroorden y el posterior encarcelamiento el pasado jueves, tienen una «clara intención de obstaculizar ese camino».

Ante lo que califican como un «nuevo intento de frustrar la ventana de oportunidades que en su caso Pla también a contribuido a generar», han reiterado su llamamiento a participar en la movilización del sábado.






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jueves, 9 de enero de 2020

Criminalizar un Pin

Los españolazos se han quedado cimbrados ante la firmeza en las declaraciones de Mertxe Aizpurua durante su participación en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Y han reaccionado.

Pero cuidadosos de sus formas, han recurrido a uno de sus grupos de choque y a un pretexto delirante.

Lean lo que nos reporta Naiz:


La Asociación Dignidad y Justicia ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra la diputada y portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua reclamando un delito de «humillación a las víctimas del terrorismo» por llevar una insignia con el mapa de Euskal Herria y dos flechas, reclamando la repatriación de los presos, durante el debate de investidura el pasado 4 de enero en el Congreso.

La denuncia, presentada en el Tribunal Supremo dado que Mertxe Aizpurua es aforada por su condición de diputada, parte de la indumentaria de la representante de EH Bildu, quien «exhibió de forma pública y ostentosa» una insignia en la solapa de su chaqueta, con el mapa de Euskal Herria  y dos flechas hacia dentro, reivindicando la repatricación de los presos vascos.

«Acompañando a dicho símbolo, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, en su alocución, desde la tribuna de oradores, solicitó que -señala la denuncia- una agenda para la paz y convivencia pasa por un cambio en la política penitenciaria que la ajuste a la legalidad y la rescate definitivamente de la excepcionalidad y la venganza en la que la han instalado. Porque para la convivencia es necesario también acabar con la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascas», recoge el escrito de Dignidad y Justicia.

Para esta entidad, un pin en la solapa constituye «una humillación, vejación, descrédito, menoscabo y escarnio» para las víctimas y sus familias.

Según la denuncia, «a pesar de haberse pseudo disuelto la organización terrorista ETA, siguen plenamente vigentes los postulados y objetivos de la misma».







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sábado, 16 de noviembre de 2019

Criminalizan el Ospa Eguna

Bombas o votos.

Sin violencia todo es posible.

Ocho años después, nada de nada, todo atado y bien atado.

Que si los ongi etorriak, que si los Ospa Eguna.

No les importa el deseo de la sociedad vasca de vivir en paz, sin una presencia policial sofocante. Ellos a lo suyo, a darle continuidad a una anacrónica presencia colonial que controle a la población por conducto del miedo. 

Vuelven a cargar en contra de Altsasu, sí, esa localidad con siete jóvenes en la cárcel a cambio de un tobillo roto y una camisa blanca impoluta.

Aquí lo que nos reporta Naiz:


El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno ha enviado al juzgado de Altsasu la causa abierta contra el Ospa Eguna de este año al entender que puede haber un «delito de odio», castigado con entre uno y cuatro años de prisión. Descarta «enaltecimiento del terrorismo» o «humillación a las víctimas», como pretendía DyJ.

La asociación ultra Dignidad y Justicia (DyJ) solicitó a la Audiencia Nacional que prohibiera la celebración del Ospa Eguna de este año en Altsasu, celebrado el pasado 31 de agosto, una petición que contaba con el apoyo de la Fiscalía pero que el juez Ismael Moreno rechazó.

El juez, sin embargo, ordenó a las FSE que vigilaran el acto, por si se cometiera algún delito. Ahora, «del examen de las diligencias practicadas», ha concluido que podría haberse incurrido en un «delito de odio», por lo que ha remitido la causa al juzgado de Altsasu.

Moreno ha descartado que se produjeran delitos de «enaltecimiento del terrorismo» o «humillación a las víctimas», como pretendía DyJ.

En su resolución, el juez indica que Ospa Eguna se celebra con «comidas populares, bailes o pasacalles con notable participación popular pero siempre con una idea subyacente y un propósito claro, el de ir creando o alimentando un clima contrario y de rechazo a la Guardia Civil con el fin de que abandone el País Vasco y Navarra».

Refiere que durante el Ospa Eguna de agosto se colocaron pancartas y carteles en los que «se vertían severas injurias contra el citado Cuerpo y pancartas de grandes dimensiones», y en las que «se reproducían serigrafías de guardias civiles junto a los textos habituales de la campaña ‘Alde Hemendik’».

El juez reproduce en su auto el informe de la Guardia Civil sobre el Ospa Eguna en el que se señala que Ospa mugimendua se ha convertido en el principal motor del «incesante hostigamiento» a los miembros de la Guardia Civil, sus familiares y allegados, promoviendo y divulgando el odio, no solo a través de las redes sociales o internet, sino también mediante la constante aparición de pintadas, carteles, pancartas o pasquines en numerosas calles de la localidad», y que esas expresiones se «proyectan con más notoriedad si cabe ante la convocatoria del Ospa Eguna».






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lunes, 16 de septiembre de 2019

El Acuerdo de los 47

Naiz nos reporta que el juicio a los 47 del macrosumario 11/13 no ha durado ni 25 minutos saldándose con un acuerdo, mecanismo que ya ha sido usado con anterioridad.

Aquí la información:


La vía del acuerdo se ha impuesto para cerrar el último macrojuicio del «todo es ETA», que ha marcado los últimos 20 años en Euskal Herria. Los 601 años de petición fiscal han sido rebajados muy sustancialmente y evitando la cárcel a la práctica totalidad de los 47, que habían apostado por esta fórmula dentro del impulso a una «agenda de soluciones».

Aitor Agirrezabal-Ramón Sola

El juicio a los 47 solidarios con los presos vascos que amenazaba con volver a llenar  cárceles se ha resuelto en una sesión de apenas 25 minutos, en la que los acusados han reconocido los hechos del modo más escueto posible (con un «bai») y la Fiscalía ha rebajado las penas hasta cotas que no implican ingreso en prisión (quizás sí deban hacerlo durante algunos meses Arantza Zulueta y Jon Enparantza, a los que se otorga el grado de «dirigentes» en el relato de las acusaciones).

Con este acuerdo se cierra un ciclo de 21 años de macroprocesos políticos amparados en la tesis del «todo es ETA». Tras el apoyo masivo recabado en Bilbo el sábado, los 47 ciudadanos vascos imputados habían acudido a la Audiencia Nacional haciendo una clara apuesta por esta vía del acuerdo, que ha sido verbalizada por Ibon Meñika a la entrada. Los 47 sitúan esta solución en la necesidad de facilitar una «agenda de soluciones» con carácter general, que incluya también lógicamente la cuestión de los presos en la que se han implicado y que les ha llevado al banquillo.

Las acusaciones particulares ejercidas por AVT o Dignidad y Justicia no han cuestionado la posición de la Fiscalía, con lo que se ha superado también otro de los riesgos que encerraba esta fórmula.

Con ello, la condena queda fijada en tres años y seis meses para la abogada Arantza Zulueta; dos años y siete meses para el también letrado Jon Enparantza; y dos años de cárcel o menos para los otros 45. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha dado la vista por terminada para las 10.30. Y los 47 podrán volver a Euskal Herria.

Solidaridad a las puertas de la Audiencia

Antes de entrar a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, los 47 han recibido el calor de familiares, amigos, representantes de EH Bildu, ERC y Junts per Catalunya, así como del grupo solidario organizado en Madrid. Todavía agradecidos por la respuesta ofrecida en la manifestación del pasado sábado en las calles de Bilbo, han cruzado las puertas de los juzgados devolviendo los aplausos que llegaban desde el otro lado de la calle.

Agradecimiento al compromiso de Zulueta y Enparantza

Una vez la sesión ha terminado, han abandonado la Audiencia Nacional y la abogada navarra y encausada Amaia Izko ha atendido a los medios de comunicación para valorar el acuerdo alcanzado: «Veníamos a este juicio condicionadas y condicionados por la excepcionalidad del caso y de un tribunal como la Audiencia Nacional. Esa excepcionalidad ha permitido que nos hicieran unas peticiones fiscales fuera de toda lógica y medida, lo que nos ha hecho temer unas condenas muy graves».

Izko ha reiterado ese objetivo que han subrayado durante estos últimos meses: que nadie tuviese que ir a prisión: «Es cierto que hay dos personas que tendrán que volver a prisión para cumplir cinco meses. A pesar de ello, hemos decidido de manera colectiva pero basándonos en la voluntad de estas personas, en su compromiso y decisión de sacrificarse en lo personal para posibilitar esta situación», ha apuntado.

Los 47 quieren dejar de mirar a ese pasado en el que les anclaba este juicio y han puesto la mirilla en el futuro. Un futuro cercano que pasa por solucionar la situación de quienes todavía están en prisión: «Nuestra voluntad es contribuir para impulsar verdaderas vías de solución, poniendo el foco en la situación urgente de los presos y presas vascas».






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jueves, 23 de mayo de 2019

30' de Rivera en Ugao

Traemos a ustedes el parte de Naiz que detalla la más reciente incursión del Cid Rivera y sus Nibelungos a la Zona Especial Norte, específicamente, Ugao Miraballes:


En medio de un impresionante despliegue policial y la protesta, pacífica, cívica e imaginativa, de numerosos vecinos y vecinas, el líder de Ciudadanos ha pasado por Ugao para montar el mismo espectáculo que en Altsasu y Errenteria.

Iker Bizkarguenaga

Albert Rivera ha aterrizado este mediodía en Ugao en su particular gira por estas castigadas tierras irredentas, con la excusa de que hace unos días se llevó a cabo una manifestación contra la detención de Josu Urrutikoetxea y el objetivo indisimulado de rascar unos cuantos votos a miles de kilómetros de distancia. Porque desde luego, esta localidad de Hego Uribe no es terreno propicio para el partido que aspira a ocupar el lugar del PP en el quién es quién de la derecha española. 37 votos en los últimos comicios es una cosecha magra para un pueblo de cuatro mil habitantes.

Para cuando ha llegado la tropa de naranja, en un microbús y alguna furgoneta, numerosas pancartas indicaban desde inmuebles y vallas que sus componentes no eran bien recibidos en Ugao. «No queremos a los herederos de los franquistas en nuestro pueblo» advertía una de ellas, colocada en pleno centro y rodeada de grandes lazos amarillos en solidaridad con los presos políticos catalanes. También ha habido un montón de ikurriñas en los balcones.

De esta forma, los y las ugaotarras han respondido a la propuesta lanzada la víspera por comerciantes y vecinos, que en asamblea habían emplazado a dar respuesta «a la provocación de Rivera y sus colegas», cuya intención, valoraban, «es alterar la paz y la convivencia».

En la asamblea vecinal se había llamado a los comerciantes a bajar sus persianas al paso del paseíllo ultra, a bajar también las persianas de las viviendas y a colocar en los balcones «ikurriñas, enseñas locales y banderas reivindicativas» para «mostrar de modo pacífico nuestro rechazo a sus provocaciones». «La intención es darle la espalda a la comitiva a su paso», indicaba el comunicado difundido entre los habitantes de Ugao, y muchos de ellos así lo han hecho, dando la espalda, en silencio, a la veintena de miembros de Ciudadanos que han protagonizado el evento.

Antes, una concentración llevada a cabo en la Plaza del Ayuntamiento insistía en que «No sois bienvenidos».

También el Consistorio había denunciado que la convocatoria del partido derechista era en realidad un «indisimulado intento de generar en Ugao-Miraballes, como antes en otras localidades vascas, un clima de confrontación y el suficiente ruido mediático con el que alimentar unos intereses electorales concretos, sin tener en cuenta la tensión a la que se somete a la ciudadanía» y había apelado a los vecinos y vecinas a responder «desde el civismo y la normalidad democrática, manteniendo la calma y no cayendo en las provocaciones».

Una estratégica sirena

Desde la asamblea vecinas se había propuesto como otra forma de participar de la protesta hacer ruido con cazuelas, silbatos y lo que fuese menester, y lo cierto es que muchas personas se lo han tomado al pie de la letra. Sobre todo las que desde un balcón estratégicamente situado han puesto en marcha una sirena que ha hecho prácticamente imposible oír el discurso de Maite Pagazaurtundua, habitual acompañante de Rivera en estas lides, y al propio político catalán. Cuentan las agencias que ha dicho «no nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas», pero lo cierto es que ninguno de los destinatarios le ha oído, y mucho menos le ha escuchado.

Tampoco es que tuviera mucho más que decir, y se ha dado por satisfecho con romper un cartel de apoyo a Urrutikoetxea y mostrar otro de tamaño folio donde estaba escrito, a mano, la leyenda «Dignidad y Justicia». Una vez hecho esto y con los oídos castigados por el ruido de sirenas, cazuelas, silbatos, el líder de Ciudadanos y su séquito han dado por concluida la hazaña y han tomado las de Villadiego.

Mañana será otro día en Ugao, probablemente menos movido y seguramente mejor.







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martes, 31 de julio de 2018

Esos Incómodos Ocho Casos

Madrid sabe muy bien que su encaje en el tejido de la comunidad internacional es muy incómodo. Los países centrales fruncen el seño cada vez que el régimen español se desboca, recordando así a los más avispados entre los habitantes de la aldea global que las instancias supranacionales que supuestamente han sido creadas para llevar progreso y equidad a todos los rincones del mundo son muchas veces patéticos elefantes blancos carentes de los medios para llevar a cabo sus mandatos. Otras, son de hecho colaboradoras activas con las políticas imperialistas llevadas a cabo por Washington, Londres y Tel Aviv.

Así, la práctica del terrorismo de estado en su modalidad de tortura y malos tratos a llevado a que renuentemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo haya tenido que admitir ocho casos, mismos que desde Lakua han utilizado como medida de contención ante el embate del Constitucional en conta de la ley de abusos policiales de la CAV.

Lean lo que se nos informa desde El Mundo:


El consejero Josu Erkoreka destaca el "interés tan notable por echar tierra sobre un episodio concreto de la historia reciente de España"

Josean Izarra

El Gobierno vasco ha pasado al contraataque después de asegurarse que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez ordenará la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales vasca pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional contra la norma aprobada en Navarra. El portavoz y consejero Josu Erkoreka ha recordado que el Tribunal de Derechos Europeos ha emitido ocho dictámenes condenando al Estado español por no haber investigado las denuncias de ciudadanos que denunciaron torturas. Erkoreka y la ministra Meritxell Batet firmarán en las próximas horas el acuerdo para retirar del Constitucional tanto la ley de abusos policiales vasca como la que cuestionaba la subida salarial de los funcionarios incluida en los presupuestos vascos de 2018.

Erkoreka ha ratificado que el Gobierno central mantendrá su compromiso de retirar el polémico recurso y el Ejecutivo vasco su compromiso a "retocar" la norma impugnada ante el Constitucional por el presidente Mariano Rajoy. Tras adelantarlo ayer en un comunicado, el Gobierno de PNV y PSE tiene dos frentes jurídicos abiertos para conseguir activar la ley de abusos policiales vascas entre 1979 y 1999 que, como ha constatado hoy Erkoreka, está ligado a las denuncias de torturas.

El consejero vasco ha calificado de "paradójico" que en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma navarra se incida en que cualquier intervención sobre "este episodio concreto de la historia reciente de España" se reserve al Poder Judicial cuando instancias europeas han constatado hasta 8 incumplimientos en la obligación de investigar los casos denunciados. El Gobierno vasco espera que la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del presidente Sánchez conlleve que el Constitucional cierre el caso aunque tiene registrada una petición de personación de Dignidad y Justicia y también puede mantenerlo si estima que hay un interés general más allá del demandado por el Gobierno central.

Además, Erkoreka ha constatado que el Gobierno vasco ya ha recibido la confirmación de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión de Lakua de constituir una comisión de valoración que sería la encargada de examinar cada petición de las presuntas víctimas por torturas.







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sábado, 2 de septiembre de 2017

Egaña | Periodismo Mercenario

Les presentamos este excelente recuento de los excesos cometidos por los medios de comunicación al servicio del régimen borbónico franquista inspirado en parte en una de las grandes hazañas del juez clown Baltasar Garzón: el envío de tropas a Arralde para detener un homenaje a los presos allá en 2009. El mismo ha sido elaborado por Iñaki Egaña y ha sido dado a conocer por Naiz:

Iñaki Egaña | Historiador


Hace bien poco, en setiembre de 2009, el otrora juez estrella Baltasar Garzón mandó a las fuerzas policiales, incluida la Ertzaintza, a que vigilaran de cerca el acto de apoyo a los presos políticos vascos que se iba a celebrar en la supuesta localidad guipuzcoana de Arralde. Los medios recogieron con profusión la iniciativa que había partido de una denuncia previa de la asociación Dignidad y Justicia, antigua Fundación Víctimas del Terrorismo.

Los motores de búsqueda en Internet de la asociación habían dado con un anuncio de askatu.org en el que, bajo la fotografía de tres supuestos presos políticos vascos, se anunciaba una comida en las fiestas populares de la población citada. Arralde no era sino el pueblo ficticio de la serie de ETB “Goenkale”, que se emitió desde 1994 hasta finales de 2015. Tantos años en antena certificaban que la mayoría de los vascos sabían que Arralde era una alegoría. Incluso que los exteriores se filmaban en Orio y Tolosa.

Aquel montaje cómico, sin embargo, tuvo su continuidad. Enzarzados algunos medios en zurrarle a Garzón por atreverse a enjuiciar al franquismo, continuaron dando crédito a Arralde y, de paso, criminalizar a los vascos que no tenían, entonces como ahora, derecho a acordarse siquiera de sus presos. ABC, del grupo Vocento que comparte dirección con “El Correo” y “El Diario Vasco”, describió el acto: «se celebró ayer el homenaje autorizado por el juez, en la localidad guipuzcoana de Arralde y que consistió en una comida y en una manifestación de apoyo a los presos de ETA».

Cuando se supo que Arralde no existía en los mapas y, en consecuencia, el acto pro-presos etarras había sido un camelo (las fotografías de los supuestos presos correspondían a tres actores de la serie), Dignidad y Justicia se sintió humillada y arremetió contra la izquierda abertzale a la que acusó de inventar noticias para evitar su decadencia política. ABC, en cambio, no rectificó su metedura de pata. Semanas más tarde, la venganza estuvo servida. El juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordenó el cierre de askatu.org.

Como ya saben los más leídos, ABC es la fuente principal de los relatos de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de «sesudos» informes sobre el pasado que evitan la palabra «conflicto» para centrarse en la de «patología», también de informes de víctimas del Gobierno vasco. No hace falta recordar que el ex general Rodríguez Galindo, finalmente relegado a la historia por su actividad paralela a 71 años de prisión, era una de las «gargantas profundas» del diario de Vocento.

El ejemplo de Arralde es uno más, entre miles, de ese supuesto periodismo o por utilizar una expresión extendida, de ese «periodismo mercenario» que antes de escribir las primeras letras de su texto ya tiene la «chuleta» de lo que debe decir. Su eco lo hemos sentido tras los atentados yihadistas. Es un periodismo servil, que convierte en noticias artículos de opinión. El sociólogo argentino Leonardo Sai decía que cumplen una ocupación represiva: «El periodista mercenario ejerce una función policial. La policía no es solo una institución estatal, es un modo de ser del deseo, una forma de ser con los otros, un existir: ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está publicando? Policía de la opinión pública».

Los coros del periodismo único son cada vez más numerosos y los pensamientos críticos cada vez más criminalizados. El mensaje es parte de un modelo propagandístico maniqueo: o estás conmigo o estás contra mí. Lo hemos sufrido en las últimas décadas con los pactos antiterroristas, con el «todo es ETA», con las máximas de Bush y Aznar, o «conmigo o contra mí», o «demócrata o terrorista». Estas dicotomías han tenido su expansión precisamente a través de los medios.

En esa misma línea, el periodismo mercenario nos intenta llevar a nuevos enfrentamientos para marcar su territorio hegemónico. Al margen del contenido del discurso crítico, el periodismo mercenario elige escenarios y mensaje propagandístico. El hecho de arrojar confetis a un tren turístico en Donostia para protestar por la saturación es convertido en acto de kale borroka. Sabemos que no es así, pero la construcción de la noticia ya puede originar que otro motor de búsqueda internacional la detecte y la integre en la «Global Terrorism Database», junto a actos terroristas ciertos ocurridos en Kandahar (Afganistán) o Al Rashidín (Siria).

Simultáneamente, otro resorte de la misma naturaleza se ha activado en diversos consejos de administración que señalan a sus peones para que nominen un nuevo concepto, «turismofobia» y apliquen la dicotomía: o están con el modelo turístico (precariedad, venta de patrimonio, uniformidad cultural, ganancias de unos pocos) o están con la radicalidad, léase marginación, terrorismo, exaltación y fanatismo. La Real Academia de la Lengua Española identifica aún en 2017 «radical» con «intransigente».

No sólo son los temas y su desarrollo «políticamente correcto» los marcados por los periodistas mercenarios, sino también los escenarios. Venezuela se ha convertido en provincia española, mientras que Arabia Saudí, aliada su elite de la monarquía española y uno de los principales compradores de armas del Estado español, sólo es fuente de frivolidades cuando, en realidad, se trata de un territorio feudal, con todo lo peyorativo y retrogrado que puedan imaginar.

Así también la elección de una loción determinada por un artista local, el sexo que supuestamente practicó un presentador o las trazas de adulterio en las relaciones de un futbolista sustituyen en portada a las inundaciones en Sierra Leona y Nepal, la escandalosa cuestión de la tortura en España o el apaleamiento de migrantes en la valla de Melilla. Cerca de mil cargos públicos del partido en el Gobierno español son «normalizados» en función de la imperfección humana. Son, como decía Emir Sader, las peores de las mentiras, aquellas a las que se niega su existencia. Sin esas noticias, se construye el relato del opresor y se ningunea al oprimido.

Noam Chomsky y Edward S. Herman ya concitaron la atención de los periodistas mercenarios en un trabajo al que dieron publicidad hace ahora treinta años, “Los guardianes de la libertad”. No han cambiado excesivamente las formas desde entonces, a pesar del terremoto provocado por las redes sociales virtuales. Chomsky y Herman ponían reparos a utilizar conceptos como «medios de comunicación» o «periodistas», y preferían usar el término «modelos propagandísticos».

También acercaban esa pirámide en la transmisión de la propaganda. En la punta, la concentración de la propiedad, la riqueza del propietario, la orientación de las empresas dominantes y la publicidad como fuente principal de financiación. En este último apartado, hemos asistido a uno de los sucesos más descriptivos del método. Como recordarán, hace unas semanas fueron detenidos en Donostia seis proxenetas «por explotar sexualmente a 14 personas a las que obligaban a consumir drogas y ejercer la prostitución» (texto de la página web de RTVE).

Apenas pasaron 24 horas para que el único diario guipuzcoano que acepta en sus páginas anuncios de prostitución, entrevistara a la proxeneta «cabecilla del grupo», en libertad condicional con cargos, para trasladar su «inocencia» y cargar contra todo aquel que dudara de la misma, incluida la Policía. Jamás había asistido a un ejercicio tan pegado al manual de defensa de intereses empresariales como el citado. Se agradece esa franqueza para luego entender con mayor facilidad las coordenadas en la construcción de otras noticias, como las que han surgido en estas semanas estivales. Y poner en valor a estos «periodistas» que ni siquiera tapan sus letras con retóricas o adjetivos descargados del diccionario de sinónimos, para hacer buena la tesis del sociólogo argentino Leonardo Sai. No se trata de decadencia moral, sino de manipulación del lector a través de un interés empresarial o político determinado.





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viernes, 21 de abril de 2017

Revisitando el Caso Egunkaria

Les compartimos este excelente artículo dado a conocer en La Marea, mismo que nos sirve para entender hasta que extremo ha llegado el terrorismo de estado español en Euskal Herria así como la verdadera función de grupos de choque como la AVT:


Han pasado casi cuatro años y la vida ya discurre por otro camino. A ‘Egunkaria’ le sustituyó ‘Berria’. Entrevistamos a su director, Martxelo Otamendi, dentro de nuestro monográfico sobre la libertad de expresión

Gorka Castillo

“Absueltos”. Es decir, inocentes. En octubre de 2013, un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Javier Gómez Bermúdez dictaminó que su director, Martxelo Otamendi (Tolosa, 1957), y otros cuatro responsables el diario en euskera Egunkaria nunca formaron parte de ETA. Cuatro meses de pruebas e indagaciones para resolver que ni cooperaron ni financiaron a la banda. “Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA”, concluía la sentencia. Aunque cruda y rotunda, la gran paradoja de este fallo, al menos la que añade un trasfondo dramático al cierre de un periódico en la democracia española –el otro fue Egin–, es que reconoce que las decisiones adoptadas por el juez Juan del Olmo durante los siete años que duró la instrucción, y que terminaron por hundir al diario, ni siquiera estaban justificadas. “El cierre fue una injerencia en la libertad de prensa”, dice el veredicto final. Caso cerrado.

Han pasado casi cuatro años y la vida ya discurre por otro camino. A Egunkaria le sustituyó Berria. El despacho actual de Martxelo Otamendi es muy similar al que tenía antes. Está en un edificio que pasa completamente inadvertido dentro del polígono industrial Martín Ugalde, en Andoain, Gipuzkoa. La redacción ocupa una planta acristalada con vistas a un pinar brumoso bajo la lluvia invernal que en Euskadi cae con estolas de frío.

Es un lugar impregnado de un espíritu periodístico. Tiene una estantería abrumada de libros y un cuadro de la organización estadounidense National Press Club con las portadas sobre el 11 de septiembre de 2001 que publicaron 25 periódicos de todo el mundo. La única seleccionada del Estado español fue la de Egunkaria. Todo un contrapunto a lo que sucedió casi dos años después. “Fui detenido el 20 de febrero de 2003 en mi casa, dentro de un operativo simultáneo en el que participaron 200 guardias civiles para arrestar a 10 personas. Permanecí cinco días incomunicado en comisaría donde me interrogaron y torturaron. Luego me dejaron en libertad con cargos de pertenecer a ETA”, recuerda con nitidez. Un operativo que, según rememora, parecía más una operación de guerra.

La espectacular repercusión que tuvo el cierre del diario en Euskadi, un periódico financiado por suscriptores vascoparlantes de todas las ideologías, con publicidad privada y también con subvenciones oficiales por su trabajo en la difusión lingüística, llenó horas en las televisiones de todo el país. “Fue una barbaridad y un atropello contra la única publicación periodística en euskera, pero también un aviso, en unos momentos especialmente duros de la lucha antiterrorista, de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Estado”, asegura Otamendi. El miedo se nutre de sospechas que la imaginación convierte en sombras gigantescas. Si además hay flashes en la oscuridad y campañas oficiales que levantan famas turbias, el campo queda abonado para que el dolor no desaparezca. De los 10 detenidos, seis denunciaron torturas. En los años posteriores, el director y dos más padecieron un cáncer. “Inma Gomila, apoderada del periódico, murió en 2011. Yo he tenido suerte pero ha sido un año difícil. Por fortuna estoy bien, los análisis son negativos y he vuelto a trabajar”, añade con la mirada puesta en un cielo nublado.  

Después de hablar con pasión de la libertad de expresión, tantas veces golpeada en Euskadi, la clausura de Egunkaria pasa a otro plano y Martxelo Otamendi se sumerge en el uso indiscriminado y fingido de las redes sociales. “Se están escribiendo cosas que no se difundirían en un periódico porque acarrearía responsabilidades penales. Nos estamos moviendo en un margen cada vez más estrecho en el que suele primar la libertad de expresión de una de las partes. Quiero decir con esto que una cosa es considerar una barbaridad impresentable lo que alguien escribe en las redes sobre Carrero o Irene Villa, y otra distinta es que se pida tres años de prisión por esos comentarios dolorosos. Antes, cuando existían dudas, el veredicto siempre caía del lado de la libertad de expresión. Ahora la línea es más fina y, además, es selectiva. Mira la cantidad de agravios que se difunden contra los catalanes y nadie ha sido procesado por ello. O el diferente baremo que se aplica cuando se organiza un homenaje a Franco o a Otegi. Hablan de no equiparar víctimas pero ¿acaso Carrero Blanco tenía más catadura moral que el presidente del consejo de administración de Egunkaria, Joan Mari Torrealdai, que fue detenido y torturado?”.
Principios sagrados del periodismo

Otamendi no se arredra ante la quemazón de los cargos que le imputaron ni ante las presiones que recibe una persona con su cargo. Entristecido por el estado en que se encuentra su respetada profesión, presume de “haber publicado y seguir publicando todas las noticias que merecen ser publicadas” y, por supuesto, de haber pertenecido a un diario que sufrió el escrutinio implacable de la Justicia en todos sus textos y editoriales. “Critiqué enérgicamente cuando ETA colocó una bomba en el diario El Correo. Lo mismo hice cuando destrozaron la sede de la televisión vasca. Sin embargo, reconozco que no estuve a la altura de las circunstancias cuando asesinaron a José Luis López de la Calle y a Santiago Oleaga, de El Diario Vasco, al no expresar mi repulsa”, apostilla el periodista.

Era una época oscura en una sociedad descompuesta como la vasca, donde a la libertad de expresión le costaba abrir camino ante los peligros inherentes que entonces suponía contar la verdad. A un lado y al otro del gran río. No fueron pocos los que acusaron a Otamendi y al desaparecido Egunkaria de “proetarras” en los momentos álgidos de los años del plomo. Un mantra que, para el señalado, “mereció más de una querella”. Él optó por continuar adelante con los principios sagrados de la profesión que ama ante acusaciones que el propio periodista tacha de “ridículas”. Su desconcierto y el de buena parte de una conmocionada sociedad era por conocer de dónde venía la segunda tormenta desatada desde la Audiencia Nacional contra la prensa vasca –la primera fue Egin, cinco años antes–, cuando Egunkaria no era culpable de ninguna de las acusaciones que le imputaban. Dos días después del cierre cautelar, miles de personas de todas las tendencias políticas coparon las calles de San Sebastián para exigir la reapertura inmediata del diario y la puesta en libertad de los 10 detenidos. En ese momento, en una comisaría de Madrid, Otamendi estaba siendo torturado a golpes, según relata, para que supuestamente confesara detalles de las tres entrevistas que firmó con miembros de ETA en los años duros del terrorismo. Ante la pregunta de si es legítimo publicar este tipo de informaciones cuando el interlocutor pertenece a una organización que asesina y extorsiona a una parte destacada de la sociedad civil, la respuesta para Otamendi es muy sencilla: “Sí”.

El proceso tuvo dos fases. La primera fue contra cinco directivos, entre ellos Martxelo Otamendi, acusados del delito de integración en banda armada y para quienes se pidieron penas de entre 12 y 14 años de cárcel. La segunda parte del juicio era la económica, la que dejó al diario en muerte cerebral, por supuestos delitos de fraude a la hacienda pública e irregularidades en la obtención de subvenciones. La acusación popular pidió entre 13 y 20 años de prisión y 235 millones de euros en multas para ocho miembros del consejo de administración.

El 12 de abril de 2010 se hizo pública la sentencia absolutoria contra los cinco directivos. La resolución de la causa económica, por el contrario, tuvo que esperar cuatro años más hasta morir en los archivos de un juzgado de San Sebastián. Hubo gritos de júbilo al conocer un veredicto que no sirvió para cauterizar el daño causado. El juez Del Olmo, que llevaba diez años tratando de hilar las conexiones entre el diario y ETA, cosechó un inapelable fracaso. Las pruebas presentadas quedaron en agua de borrajas y la Audiencia Nacional consideró que los vasos comunicantes no estaban allí. “Aquel fallo fue el más duro, el más autocrítico, dictado nunca por un magistrado de sala de la Audiencia Nacional contra un juez de instrucción y contra las acusaciones particulares que ejercieron la AVT y Dignidad y Justicia”, explica Otamendi. Fue tan severo el correctivo emitido por el juez Gómez Bermúdez que esta vez no hubo espacio para la confusión en torno a lo que es o no es libertad de expresión. Solo el ministro de Interior de entonces, Ángel Acebes, declaró que aquel proceso no había sido un ataque al euskera, como insinúa la sentencia, “sino un acto de defensa del euskera”. El abismo entre las ilusiones y la realidad, entre la imagen que a uno le gustaba proyectar y lo que en realidad sucedió.






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sábado, 18 de febrero de 2017

Nafarroa Reconoce a Víctimas del Españolismo

El asunto no le ha agradado a los que consideran que Madrid tiene todo el derecho a utilizar la fuerza bruta en contra de quienes quinientos años después aún trabajan en la recuperación de la soberanía de Nabarra.

Teniendo como marco de referencia el montaje policial llevado a cabo en Altsasu, el gobierno del cambio en Nafarroa ha decidido visibilizar a las víctimas de las fuerzas de ocupación del régimen español.

Les invitamos a leer esta nota publicada en EiTB:


Los representantes de UPN y PPN han anunciado que no participarán en el acto impulsado por el Gobierno de Navarra.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, preside hoy el acto de reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, un acto impulsado por el Gobierno Foral que lo considera "legal, necesario y oportuno".

De esta forma se pronunció el viernes en declaraciones a los periodistas la portavoz del Gobierno navarro, María Solana, quien reconoció que este acto de reparación que va a tener lugar en Pamplona, que "no es un homenaje", ha generado malestar en determinados sectores.

En este sentido indicó que es "notorio y público" que hay a quien no le gusta y de hecho "ha habido muchos sectores que han mostrado su rechazo, han dado los motivos que consideran oportunos para asistir o no asistir e incluso denunciar este acto".

Entre quienes han anunciado que no van a asistir figuran los representantes de UPN y PPN. Por su parte, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pidieron su prohibición al considerarlo constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo, lo que ha sido rechazado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Sí asistirá la presidenta Uxue Barkos, quien intervendrá en el mismo, ya que, según ha remarcado Solana, se trata de un acto institucional, organizado por el Gobierno de Navarra y no por un sector, colectivo o asociación determinada.

Solana remarcó que el Gobierno de Navarra "en todo momento se ha ceñido a que es un acto que tiene encaje en la ley", una ley que tiene la obligación de desarrollar y por cuyo cumplimiento debe velar.





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jueves, 23 de junio de 2016

Archivan Caso Contra Hasier Arraiz

Buscaron el enroque, llevaron la partida hasta sus últimas consecuencias pero al final han recordado el fallo del TEDH en Estrasburgo a favor de Arnaldo Otegi cuando este declarase, con toda razón, que Juan Carlos Borbón y Franco era el jefe máximo de los torturadores al servicio del régimen español... ¿quién más si no él?

Les compartimos esta nota al respecto publicada en El Mundo:

El Tribunal Superior de Justicia vasco archiva la querella contra Arraiz por amenazas a la Guardia Civil

Considera que sus declaraciones en las que animaba a la sociedad vasca a dar "jaque mate" a este cuerpo de seguridad no tiene carácter delictivo

Sergio R. Viñas
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado el sobreseimiento de la querella contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por injurias y amenazas graves hacia la Guardia Civil. Arraiz llamó en su día a la sociedad vasca a dar "jaque mate" a este cuerpo de seguridad, expresión que el TSJPV considera que no tiene carácter delictivo, razón por la que ha decidido archivar la querella.

La sentencia es definitiva, no cabe recurso alguno, por lo que Arraiz no irá a juicio por este asunto. Hace algo más de un año el TSJPV decidió admitir a trámite una querella presentada por Dignidad y Justicia por supuestas injurias hacia la Guardia Civil, a la que también acusó de ser una "amenaza violenta" y un instrumento de un "Estado terrorista".

Ahora, el TSJPV ha decidido archivar el caso "por no tener carácter delictivo los hechos investigados". El auto, firmado por los magistrados Nekane Bolado, Francisco de Borja Iriarte y José Damián Iranzo, estima considera que Arraiz hizo uso de su libertad de expresión, "sin que quepa considerar estas manifestaciones como incitadoras de la violencia o relacionadas con el discurso del odio".

El Tribunal se apoya, entre otra jurisdicción, en el "Asunto Otegi", en referencia al juicio al secretario general de Sortu por afirmar que el Rey Juan Carlos I era el "jefe de los torturadores". El Tribunal de Derechos Humanos, en 2011, acabó condenando al Estado a indemnizar a Otegi por vulnerar su libertad de expresión.

El auto incide en que la libertad de expresión "goza de especial protección en lo que se refiere a los representantes políticos, a los que se debe otorgar el derecho a un componente de provocación". "Sólo la incitación a la violencia o el discurso del odio son límites aceptables" en el caso de los representantes públicos, insiste el auto.

El TSJPV entiende además que sancionar a Arraiz por este motivo supondría el riesgo "de perjudicar la pluralidad ideológica de nuestros sistema", ya que existe "una reclamación histórica de una parte de la sociedad vasca de que abandone el País Vasco". La "eventual coincidencia" entre las palabras del presidente de Sortu y "expresiones utilizadas" por ETA tampoco convierte las declaraciones en delictivas, según el auto.

También considera el Tribunal que las declaraciones de Arraiz eran "de indudable interés público, al menos para una parte sustancial de la sociedad" en el ámbito de la actuación política del entonces también parlamentario de EH Bildu, ya que hacían referencia a la detención de doce abogados supuestamente vinculados a ETA el 12 de enero de 2015.

El auto, no obstante, reprocha a Arraiz que haga unas declaraciones de esa índole, "evidentemente rechazables moral y socialmente", además de "reprobables e inapropiadas".






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