Alonso | Régimen de Excepción

En Euskal Herria ha quedado más que claro que en el estado español nunca hubo una transición democrática y que el Régimen del '78 es en realidad la continuidad de la dictadura franquista pero maquillada para satisfacer las exigencias de una Europa que estaba obsesionada con decirle al mundo que eran el faro de los derechos humanos en una noche tormentosa de conflictos bélicos y de represión política.

Con la figura del monarca atendiendo los intereses del IBEX 35 desde La Zarzuela, poco importaba realmente quien ocupase la poltrona en La Moncloa. Tanto peperos como sociatas seguían a pie juntillas el mismo guión, sobre todo en lo referente a perpetuar el dominio sobre las colonias europeas; EUskal Herria, los  Països Catalans, Galiza y Andalucía.

El cosmopaletismo de la Guerra Fría les funcionó de maravilla para absorber a los troskos y demás fauna de pseudo izquierda llevando a muchos vascos, catalanes, gallegos y andaluces a militar alegremente en las filiales locales del PSOE, restando fuerza a las verdaderas opciones de izquierda en sus respectivas naciones históricas.

En el caso de Euskal Herria, esto también sirvió para ponerle un cerco a la izquierda abertzale.

En ese contexto, traemos a ustedes este reportaje centrado en el 2002, mismo que ha sido publicado por Gara:

Régimen de excepción

Una de las grandes magias del sistema está en introducir el abuso en el régimen jurídico y legitimarlo. Si la persecución política y la proscripción de ideas quedan recogidas en ese marco, ya solo es necesario disponer de jueces sin pudor ni vergüenza para poner en marcha la maquinaria, políticos que lo alienten y medios de difusión que lo aplaudan y blanqueen.

Fernando Alonso

El acuerdo entre el PP y el PSOE contra el independentismo vasco fue el inicio de una ofensiva general para perseguir a la izquierda abertzale y expulsarla de la vida política, incluso de la sociedad.

Sobre ese propósito el juez Baltasar Garzón ya se venía destacando, pero en bastantes ocasiones los casos que instruía se quedaban en la nada. Así pues, el CGPJ, máximo órgano de los jueces y cuyos componentes son elegidos por el poder político, suspendió a los magistrados que cuestionaban las resoluciones. Para que todo tomara el rumbo marcado era imprescindible, además, institucionalizar la excepcionalidad dotándola del correspondiente marco jurídico.

Así, en febrero de 2002, PP y PSOE se reunieron para acordar las bases de una actuación conjunta dirigida a modificar las leyes de cara a eliminar cualquier expresión política de la izquierda abertzale y ahogarla económicamente.

El PNV se mantuvo a profiláctica distancia de los pactos de Estado, aunque luego puso un particular empeño policial y político en cumplir con lo emanado desde Madrid. Josu Jon Imaz garantizó a Aznar la lealtad del Gobierno de Lakua al marco jurídico español.

En este clima de colaboracionismo, en junio perpetraron la nueva Ley de Partidos, con un objetivo tan obvio que IU se opuso advirtiendo de que se ilegalizaría a una parte de la población y que entrañaba medidas propias de un estado de excepción permanente. El PNV también se mostró en contra, aunque no puso objeción alguna a su cumplimiento. Es más, Imaz afirmó que beneficiaba a la izquierda abertzale. Al parecer, estar en el punto de mira de la represión iba en beneficio de Batasuna.

Con la nueva Ley de Partidos la persecución política quedaba legalizada por el régimen y la lucha por la soberanía nacional vasca tipificada y en el punto de la mira de la represión. Se abría la veda.

Todas las caras de la represión

Pero Garzón ya estaba de partida desde el inicio del año, cuando citó a los directores de GARA y “Egunkaria” por una entrevista con ETA. En febrero ilegalizó Segi y Askatasuna, dictó auto contra 27 jóvenes de Jarrai y Haika y en reuniones anduvo conspirando contra EKHE, la empresa editora de este diario. En marzo imputó a 21 personas más, y avisaron a medios afectos para que no se perdieran el momento. Al mes siguiente los detenidos fueron de Batasuna.

Entonces llegaron los embargos y bloqueos de cuentas de Batasuna que, a juicio de Garzón, era «una gran empresa más de ETA» y las herriko tabernas una fuente de financiación. Poco después también consideró a Batasuna responsable civil de las acciones de ETA.

Hubo incluso actuaciones con carácter retroactivo, pues en octubre imputó a 24 antiguos miembros de Gestoras pro-Amnistía y en noviembre a veinte mahaikides de HB de los dos decenios anteriores.

Mientras, en el Parlamento Europeo agentes españoles lograban introducir en la lista de «organizaciones terroristas» a Askatasuna, un organismo de apoyo a los prisioneros.

El protagonismo de Garzón fue de tal calibre que decretó la suspensión de actividades de Batasuna cuando en las Cortes aún preparaban la ilegalización. Un adelantado a su tiempo.

Inmediatamente a la firma de la suspensión, la Policía española irrumpió en algunos locales y la Ertzaintza prometió cumplir la ley. Lo hizo con fruición al mismo día siguiente, cuando asaltaron con violencia sedes para desalojar a la fuerza a quienes se encontraban en el interior.

La violencia policial se hizo particularmente notoria en septiembre, que se inició con manifestaciones reprimidas sin miramientos. Cargaron hasta contra familiares de prisioneros en Arantzazu; aunque ya lo habían hecho meses antes frente a Sabin Etxea.

Pero el mayor exponente de ello se vivió el 14 de septiembre, cuando actuaron contra una impresionante manifestación que recorría pacíficamente las calles de Bilbo con el lema “Gora Euskal Herria”. La Ertzaintza arremetió con todo tipo de material contra una multitud de 40.000 personas sentadas sobre el asfalto de la calle Autonomía. No solo utilizaron porras y pelotas de goma, sino incluso dos camiones cisterna que proyectaban chorros de agua a presión.

La intervención provocó decenas de heridos, algunos de gravedad. Una persona perdió un ojo por el impacto de una pelota y otra, un testículo.

La represión no solo se enfocó hacia el cumplimento de las instrucciones de Garzón. Durante 2002 fueron numerosos los operativos contra ETA y la kale borroka, que se saldaron con decenas de arrestados. Abundaron las denuncias por torturas y agresiones sexuales durante la detención.

También se repitieron los relatos sobre alucinaciones y extraños estados de confusión mental de arrestados por la Ertzaintza. Sobre el tema, Josu Jon Imaz se revolvió y TAT le recordó que la ONU tenía recogidos 17 casos de torturas por parte de la Ertzaintza.

Y en semejante contexto, había quien intercedía para que Baltasar Garzón fuera Nobel de la Paz.

El 23 de septiembre murieron en Basurto, Bilbo, los militantes de ETA Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, al explosionar el artefacto que manipulaban. Justo dos meses después se quitó la vida en Legazpi Ramón Gil Ostolaza, puesto en libertad condicional unos días antes. Su liberación, perfectamente legal al superar tres cuartas partes de la condena, desató una auténtica cacería en su contra por parte de PP, PSOE y medios de difusión, que le acosaron hasta la muerte.

Por parte de ETA la actividad armada fue intensa, con numerosos ataques con bomba y cinco víctimas mortales.

La situación que se vivía no impidió que la izquierda abertzale siguiera trabajando iniciativas para la resolución del contencioso. En enero, Batasuna presentó una propuesta y en abril ahondó en ello con otra sobre transición hacia un marco democrático.

La Iglesia vasca se mostró contraria a las ilegalizaciones y José María Aznar lo consideró una «perversión moral». La Conferencia Episcopal coincidió con él; y fue más allá incluso, cuestionando la moralidad del derecho a decidir.

Precisamente ese derecho lo ejercieron en Gibraltar, al preguntar a sus ciudadanos si querían compartir soberanía con España. Casi el 99% lo rechazó.

En julio, un grupito de militares marroquíes colocaron su bandera en Perejil, un islote deshabitado. España lo tomó como un ataque a su integridad territorial y emprendió la hazaña militar “Rescatar Soberanía” para recuperar un peñasco donde había doce infantes con seis armas y un par de cabras.

En Perejil se lanzaron «al alba y con tiempo duro de levante», pero en Gibraltar se achantaron ante la Royal Navy.

El ministro de Defensa era Federico Trillo, el mismo que tras el hundimiento del “Prestige” en noviembre y después de visitar una zona de absoluto desastre ecológico dijo: «Las playas estaban limpias y esplendorosas; la visión era magnífica. No es el apocalipsis que nos han descrito».

Luego vendrían ocurrencias como la de Álvarez Cascos de bombardear el barco o los «hilillos de plastilina» de Rajoy.

En abril Hugo Chávez sufrió un intento de golpe de Estado que duró tres días, pues reasumió la Presidencia de Venezuela durante la madrugada del 14 de abril.

La atención de Putin estaba en Chechenia. En octubre un grupo checheno irrumpió en un teatro de Moscú y retuvo a quienes allá se encontraban. Tres días después, fuerzas del Ejército ruso expandieron un gas desde los conductos de aire y mataron a más de doscientas personas, rehenes y chechenos.

Durante 2002 Israel llevó a cabo tres asedios contra la Mukata, sede de la ANP y residencia de Arafat, que permaneció en su interior mientras arrasaban el complejo. Los ataques siguieron durante el año siguiente.

El 19 de agosto murió en Donostia Eduardo Chillida.

Los vientos de excepción que azotaban Euskal Herria en 2002 necesitaban algo más que un peine.

 

 

 

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Egaña | La Transformación

Una vez más Iñaki Egaña arroja el reflector de la verdad histórica sobre el retorcido relato del españolismo.

Lean su texto inspirado en la macro redada efectuada en contra de los jóvenes de Segi hace ya más de una década, mismo que ha sido dado a conocer por Gara:

La transformación

Iñaki Egaña

Una mañana, tras despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se vio en su cama transformado en un insecto. Es el inicio de una breve historia contada por Franz Kafka a la que puso el título de “Die Verwandlung”. Aunque la traducción literal del título alemán sería la de “La transformación”, los editores al castellano aplicaron el más atractivo de “La metamorfosis”. Al igual que al euskara, “Metamorfosia”.

¿Qué me ha pasado?, no es un sueño, suspiró Gregor. La conmoción transmitida por las letras del escritor bohemio quedó para la posteridad, en un relato secundario que, por razones inescrutables, se ancló entre los clásicos. Kafka apenas dio importancia a “La Metamorfosis”, escrita en menos de tres semanas. Un tiempo en el que su mayor producción se la llevó su tarea epistolar, trasladando amores a su querida Felice, Felice Bauer. Otra mañana, tras despertar de un plácido sueño convertido en pesadilla por unos hombres embozados, Eñaut, o quizás Ander, Marisa, Peru o Ainara, se vieron en sus camas convertidos en proscritos. Sus nombres son lo de menos, decenas, cientos, miles según esas frías estadísticas que nos acogotan cuando los libros describen nuestro pasado cercano. Nombres que hace décadas evocaban a los del santoral, en las últimas extraídos de calendarios como el de Seaska.

Hace ahora exactamente once años, los nombres tomaron nuevamente relevancia, Amaia, Eihar, Irati, Zumai, Aritz, Mikel… hasta 35. ¿Qué nos está pasando?, no es un sueño, suspiraron. Estudiantes en su mayoría, trabajadores precarios. Anónimos en esa gran avenida por la que discurren hombres, mujeres, niñas, entre susurros, cánticos y conversaciones esparcidas. Anónimos hasta entonces, cuando un juez, hoy ministro del Interior, rompió sus personalidades incógnitas.

La criminalización de Amaia, Eihar, Irati, Zumai, Aritz, Mikel… hasta 35, llegó de inmediato. Continuando un manual escrito y difundido en tiempos remotos, en tiempos tan rancios que el “Cara al sol” era de entonación obligada, los jóvenes estudiantes fueron embreados con el estigma de la culpabilidad. Un manual manoseado y acogido en los estantes de los cuarteles beneméritos, en las bibliotecas de las tribunales especiales, en los anaqueles de los despachos de los diarios y revistas de cabeceras hispanas. Y una culpabilidad heredada de sus antecesores, haber nacido en Euskal Herria.

No hubo nota oficial, pero la televisión pública española abrió sus informativos con un elocuente, “Descabezada la cantera de ETA”. Le siguieron sus acólitos, con lindezas semejantes, mientras en sótanos tenebrosos, la picana hacía estragos con impunidad. Centenares de “Billy el Niño” han campado a sus anchas por las cloacas del poder, con la impunidad de quien se siente protegido. Y en esta ocasión no hubo excepción. La aplicación de la normalidad ahondaba en la transformación. Secuelas de por vida.

Cinco años más tarde, aquella redada que fue moldeada con el apelativo más dócil de “contra la dirección de Segi” fue impugnada. Los entonces 41 juzgados recibieron en sentencia un “No se le atribuyen actos de violencia callejera ni se ha acreditado que militara en Segi”. Absueltos todos ellos. Con acusaciones explicitas contra el juez que dirigió el operativo en 2009: «Porque la libertad de declaración resulta comprometida cuando el inculpado afirma que su voluntad ha sido forzada». Grande-Marlaska, como tantos otros que le precedieron, había vuelto la mirada hacia ese infinito en el que se refugian los cobardes. Complicidad.

Enrique Eymar, Manuel Ordovás, Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska… apenas dedicaron unos días, como Kafka, a dictar las metamorfosis de quienes pasaban por su escritorio. Condenados o absueltos, iban a ver modificadas sus vidas perpetuamente. Una y otra vez serían tildados de proscritos, criminales hasta el día del juicio final.

Erri de Luca, ese extraordinario autor italiano, veterano de mil batallas, acaba de ver editada en castellano la traducción de su último trabajo, Impossible. Y en su libro aborda precisamente esa dualidad. La primera cuestión relacionada con la detención de un antiguo militante 40 años después de ingresar en la cárcel, cumplir la pena y conseguir la libertad. Detenido por su currículo, sospechoso eternamente. La segunda sobre la figura de quien le juzga. El libro en su conjunto, del tamaño en caracteres de “La Metamorfosis”, es un debate entre el militante afianzado en sus convicciones, y el juez que le interroga, que «no conoce siquiera el lugar en el que encierra a sus investigados. Un juez que tiene el poder de decisión incluso sin conocer. Esa es la perfecta meta del poder, alcanzar el mayor grado de incompetencia y decidir acerca de todo». De Luca se agranda con el contenido de sus letras, con su visión de la notoriedad: «la celebridad que nos vuelve memorables a nosotros, las personas anónimas, es el registro de por vida en los archivos de la policía. Allí metidos somos indelebles y perpetuos. Yo lo soy desde hace décadas. Ya tengo celebridad, somos muchos los que la tenemos».

Al comienzo de la década de 1980, Xabi pasó varios meses en la prisión de Carabanchel. Años más tarde, tras superar las pertinentes oposiciones, entró de técnico en un ente estatal. Cuando supieron de su pasado, fue puesto de patitas en la calle. A Ofelia le cortaron el pelo en Navarra, le obligaron a beber aceite de ricino. Dicen que en cierta ocasión había gritado «Viva la República». Los señoritos de la vivienda que limpiaba en la Avenida del Ejército (Catalina de Foix para los demócratas) de Iruñea le echaron cuando un miembro de Falange les filtró su ficha.

¿Qué me ha pasado? No es un sueño, suspiraron Gregor, Eñaut, Ainara, Zumai, Xabi y Ofelia. La transformación, la conversión de un humano en insecto, la metamorfosis inducida de un simple y decente ciudadano en un facineroso se produce todos los días con premeditación y alevosía. Endulzada, con literatura, permítanme el recurso, kafkiana.

 

 

 

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Rivera Saca Rédito

Han sido muchas las voces que se han alzado en contra de la presencia de los representantes de los partidos ultranacionalistas españoles en Euskal Herria.

No tienen nada a que ir, las opciones políticas que representan cada vez son más marginales para sociedad vasca. Luego entonces, la única torcida razón para su insistencia en visitar una y otra vez el territorio de Hegoalde es la de seguir violentando el diario convivir de una sociedad vasca que hace ocho años decidió apostar el todo por el todo a un proceso de paz. Violencia que ya ha costado una grave herida en el rostro a una jovencita de Bilbo.

Así pues, por medio de Naiz nos venimos a enterar que tanto Rivera como Pagazaurtundua (a la que ya le gustó eso de vivir del erario) han enfilado sus baterías en contra de Ernai por lo sucedido en Orereta hace un par de días:

La denuncia presentada por Ciudadanos apunta a Ernai por los incidentes en Errenteria

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de «injurias, amenazas y odio» durante un acto electoral en Errenteria y de cuya autoría responsabiliza a Ernai.

En declaraciones a los periodistas, acompañado por la candidata al Parlamento Europeo Maite Pagazaurtundua, Rivera había señalado directamente a EH Bildu y Sortu: «No les va a gustar nada esta denuncia», ha dicho.

Sin embargo, el texto de la denuncia argumenta que lo sucedido en Errenteria «no es un hecho aislado de concentración espontánea de personas descontentas con una idea o un partido político, sino que es una clara maniobra organizada del entorno de la izquierda abertzale, Ernai, y que según fuentes de la hemeroteca pública, aparecen en 2013 como heredera de los movimientos Segi y Jarrai que ya fueron ilegalizadas».

Según expone, «con una clara marca, identificación de imagen, simbología y organización sistemática en todos los actos de comunicación que realizan, ya sea por medio de redes sociales, medios de comunicación o actuaciones de movilización de sus seguidores, tienen como un claro fin el de estigmatizar, acosar, injuriar, amenazar a los electores constitucionalistas».

Añade además que esta organización se relaciona a nivel «identitario» con el sindicato LAB y el partido político Sortu. «Es claro que se aprecia que las tácticas de instigación y asedio por parte de Ernai y su entorno, vienen promovidas con el claro objeto de menospreciar y prevalecer sobre un colectivo y acosarlo hasta límites que han de ser conocidos por la acciones de la justicia».

Pantallazos a modo de ‘pruebas’

Como ‘pruebas’ aporta una batería de pantallazos con mensajes en redes sociales lanzados desde una cuenta que atribuyen a Ernai para ilustrar «que fueron quienes coordinaron y dirigieron el acoso en el acto de Ciudadanos en Rentería», unos tuits que llaman a la movilización «ante el fascismo español».

La denuncia se ilustra asimismo con fotografías de pancartas contra Rivera y Ciudadanos que en aquella jornada aparecieron en edificios de Errenteria, con mensajes sobre lo sucedido colgados por usuarios de redes sociales y con un resumen del seguimiento que la prensa escrita y la televisión.

Solicita al Ministerio Público que averigüe quién o quiénes están tras los perfiles en twitter de Ernai, «las IP's desde donde se realizaron la publicación de las proclamas de odio y se les tome declaración en calidad de investigados por ser las personas promotoras e instigadoras de los actos violentos en el mitin» así como «de la publicidad en redes sociales para la difusión de los mensajes de odio existentes el día de autos».

Asimismo, insta a averiguar quiénes fueron los autores de los supuestos delitos que denuncia, recabando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos.

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El Trabuco de los Cambios de Grado

Para Madrid nada ha cambiado desde la culminación del componente de Desmovilización llevado a cabo por ETA en la localidad de Kanbo dentro de su proceso de DDR.

Las promesas vertidas año con año de que todo cambiaría una vez que ETA desapareciese, no importa si provenían del PP o del PSOE, han resultado cínicas mentiras. Nunca hubo la voluntad de enmendar. No la hay hasta el día de hoy.

Por medio de Naiz traemos esta denuncia de Sare con respecto al tema de los cambios de grado, crucial en lo que respecta a la posibilidad de que los presos políticos vascos recobren la libertad tal como lo contempla el marco legal español:

Sare denuncia la negación sistemática de cambios de grado

Inaxio Oiartzabal y Joseba Azkarraga tachan de «fiasco» los ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez y dicen que las ilusiones que despertaron sus declaraciones al llegar al cargo están rotas. De las progresiones de primer a segundo grado resueltas en este tiempo, se han aceptado tres y se han denegado 69. Hay otros 43 presos que siguen sin respuesta. Especialmente grave, e ilustrativo, es el de Xabi Sagardoi.

Aritz Intxusta

De los 211 presos del EPPK, a día de hoy, el 84% se encuentran en primer grado desde su encarcelamiento. Esta situación, según ha ilustrado Sare, resulta excepcional puesto que del todo el conjunto de presos en las cárceles españolas, solo un 2,1% permanecen en este régimen. La red ciudadana ha denunciado que esta situación «no era aceptable cuando ETA existía y mucho menos lo es ahora».

Sare ve motivos «ideológicos o políticos» en esta denegación de la progresión de grados. Y ha asegurado que esta decisión va en contra de la voluntad de las instituciones de Hego Euskal Herria y de la unanimidad de los sindicatos. Y también resultan «contrarias a las declaraciones que tanto el ministro del Interior como el presidente Pedro Sánchez han realizado en repetidas ocasiones».

«Todo se ha quedado en eso: palabras, palabras y palabras que nada tienen que ver con una política valiente y humana en relación a los presos», han señalado. Han denunciado que tampoco han cumplido en lo relativo a poner fin al alejamiento.

Sare ha aportado datos sobre la situación en detalle de los presos. Así, ha denunciado que de los 19 presos enfermos, 12 siguen todavía en primer grado. Por otro lado, de los 34 que sí han accedido al segundo grado (que permite algún permiso y es paso necesario para alcanzar el tercero) la mayoría han alcanzado esta situación cuando su condena está a punto de terminar. Aun así, todavía hay muchas personas que parece que completarán su condena sin haberse producido progresión alguna desde su encarcelamiento. De los 22 presos a los que les faltan menos de dos años para terminar su condena, 16 siguen en primer grado.

Azkarraga ha denunciado que, además, no se ha producido ningún movimiento para que los presos del EPPK accedan al tercer grado. El caso más ilustrativo es el de Xabi Sagardoi, cuyos pormenores dio a conocer la abogada Jaione Carrera.

Xabi Sagardoi, sin respuesta

Sagardoi fue detenido en 2013 para cumplir una condena de seis años por pertenencia a Segi. Tras ser catalogado en segundo grado en la prisión de Iruñea, fue traslado a Soria. En estos años no ha tenido ninguna falta, cuenta con 17 informes favorables y ha disfrutado de permisos sin incidencia alguna.

En diciembre del pasado año, la junta de calificación de la cárcel de Soria solicitó por unanimidad su paso a tercer grado. Instituciones Penitenciarias ha incumplido al plazo de respuesta, fijado en dos meses, y ha pedido una prórroga por otros dos meses más. «La posibilidad legal, como tal, existe pero es para casos muy excepcionales y no para alguien con un expediente tan claro como Sagardoi», ha señalado Carrera.

Según ha denunciado la abogada, esta prórroga esconde una treta, pues Sagardoi cumplirá la totalidad de su condena el día 6 de abril, por lo que Instituciones Penitenciaras la puede usar para no verse en la obligación de conceder, por primera vez, el tercer grado a un preso vasco.

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El Tema Tabú

En Naiz se ha publicado este reportaje acerca de una iniciativa didáctica para dar a conocer a los jóvenes de Euskal Herria lo que ha sido la lacra del terrorismo de estado español en su vertiente de la tortura aplicada a miles de detenidos a lo largo de varios lustros.

Aquí la información:

La tortura a través del prisma de la colectividad

Ignacio Mendiola, Oihana Barrios e Iker Moreno han reflexionado acerca de la tortura y los jóvenes en el campus de Araba, donde se ha celebrado la segunda jornada de ‘Lehen pertsonan eta pluralean’, la semana de la memoria de la juventud organizada por Ernai y Aitzina, mediante la dinámica ‘Bulkada berrien garaia da!’.

Ibai Azparren

La tortura fue un tema tabú. Muchos jóvenes vascos asumieron que militar en diferentes colectivos a partir de la creación de Jarrai suponía ser incomunicado y torturado. Una etapa que se sufría en solitario, un trauma del que costaba hablar y donde el factor del miedo y la culpa de delatar a tus compañeros jugaban un papel fundamental en la desarticulación de los movimientos juveniles. Sin embargo, no era algo que tenía que ver entre un torturador y un torturado, sino entre las estructuras el Estado contra colectivos. Por lo tanto, como ha explicado el sociólogo Ignacio Mendiola, «si la producción de la tortura es colectivo, la crítica tiene que se colectiva». Y precisamente en este tema tan difícil como profundo se han aventurado en la conferencia que se ha celebrado en el edifico Elurreta, en el campus de Gasteiz de la UPV-EHU.

Para Mendiola, «la tortura es un crimen de Estado», ya que es necesario «colocar al torturador dentro de las estructuras del Estado», en la forma «de pensar y hacer» de este. Pero no solo del Estado español. «La denuncia y la crítica en torno a la tortura tiene que ir más allá de estas fronteras, también tenemos que poner encima de la mesa las torturas de Marruecos o Libia», ha explicado. Apelando al texto de Naciones Unidas sobre las torturas, el sociólogo ha querido indagar en en la amplia definición y los «complicados elementos» que aúna. La relación con el estado, lo que este permite –como cuando no hace nada ante una epidemia, por ejemplo–, la intencionalidad o la necesidad de sufrimiento grave han sido temas a tratar.

Asimismo, Mendiola ha relacionado la pena de muerte con la tortura y ha reflexionado sobre cómo el Estado define a la persona que quiere torturar: «No reconocen a esa persona como persona y por tanto no respetan los derechos humanos que poseen». Teniendo en cuenta todos estos elementos, «todas las ramas» de la tortura, el sociólogo ha abogado «por un retrato general de la tortura» que todavía no se ha hecho en el Estado español.

En su turno, Oihana Barrios, psicóloga que da asistencia psicológica a presos y personas que han sufrido torturas, que, entrando en el debate, ha explicado que «moralmente» comparte considerar tortura  la violencia institucional, pero no «judicialmente». «Tiene que haber intencionalidad, sufrimiento y ser provocada por funcionario», ha detallado, argumentando que le da «un poco de miedo entrar en esa definición tan extensa», pues «judicialmente estamos a años luz de esa consideración». «No hemos conseguido que la tortura sea delito, y queremos luchar porque sea un delito de lesa humanidad», ha indicado.

Así, la psicóloga ha remarcado que más de 35.000 personas han sufrido torturas en Euskal Herria, según datos extraídos cuatro investigaciones, una de las cuales fue realizada por Paco Etxeberria, forense que iba a participar en la charla pero que finalmente no ha podido acudir por motivos de trabajo. En este sentido, Barrios ha querido dejar claro que «no es un censo real», sino que la cifra es superior.

Miedo y culpa

Barrios, que ha analizado cronológicamente el recorrido de la tortura con ayuda de una pizarra, ha puesto como punto de partida el macrosumario 18/98. A partir de ahí, ha repasado las numerosas redadas que sufrieron miembros de Herri Batasuna, Jarrai, y posteriormente, Haika o Segi. La psicóloga ha precisado que, en ese periodo de tiempo –en 2013 se realiza la última detención con aislamiento–, los métodos de tortura fueron cambiando: «A partir de 2007, se utiliza más la tortura psicológica, y los efectos de esta pueden durar entre ocho y diez años».

No obstante, también cambiaron los métodos de respuesta y, para Barrios, hacer públicas las listas negras  «supuso un paso adelante en el ámbito de resistencia, ya que se empieza a colectivizar la realidad de la tortura».

Justamente, Iker Moreno, exmiembro de Segi que sufrió un episodio de torturas, vivió todo ese proceso de primera mano. Sintió el miedo cuando en las los coches patrulla de las redadas de madrugada hacían temblar los cristales de su casa mientras detenían a todos sus compañeros, y cuando el mismo coche le perseguía cuando salía de casa con la bici. «Cada vez que temblaban los cristales miraba por la ventana, no podía dormir. Esa semilla del imaginario de la tortura iba creciendo», ha relatado. Hasta un punto en el que «quería» que lo detuviesen. Y lo hicieron.

Tras cinco días incomunicado, la prisión le parecía «un lugar seguro». Y al salir, comenzaron los ataques de ira, enfados con amigos y familiares. No sabía qué le pasaba, hasta que se puso en contacto con Barrios: «Oihana [Barrios] me ayudó a identificar que lo que me ocurría tenía que ver con la tortura, conseguí conectar la memoria del cuerpo con la cabeza». «Cuando Oihana me pidió que me pusiera a un milímetro de la pared –como le obligaron cuando fue torturado– me bloqueé, era como si hubiese hecho un Iron Man», ha explicado. No obstante, fue la primera vez que reconoció lo que le habían hecho. «Me afectó durante una semana y fue justo antes de sanfermines, siempre se lo recordaré a Oihana», ha bromeado.

Además, Moreno ha remarcado que un factor con el que pretendían «destruir» a miembros que estaban participando en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale era el sentimiento de culpa, lo que suponía haber delatado a compañeros. «Querían destruir nuestras relaciones a través del sentimiento de culpa», ha explicado.

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Altsasu y la Conculcación de Derechos

Con respecto a la puesta en escena del juicio farsa en contra de los jóvenes de Altsasu acusados de actos de terrorismo por haber participado en un cada vez más dudosa trifulca protagonizada en el Bar Koxka de esa localidad, les traemos este reportaje publicado por Gara:

La Guardia Civil señala que pedir su salida obedece a la estrategia de ETA

Reclamar la salida de la Guardia Civil de Euskal Herria, aunque sea mediante comidas populares o actos festivos, responde a la estrategia marcada por ETA para colectivos como Alde Hemendik o Ospa. Esta premisa, apenas sostenida documentalmente, es la base de la calificación de «terrorismo» en el juicio a los jóvenes de Altsasu.

Martxelo Díaz

El informe de la Guardia Civil en el que se basa la calificación de los hechos registrados el 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Altsasu contiene una premisa básica: reclamar la salida del instituto armado de Nafarroa o de cualquier otro punto de Euskal Herria responde a una estrategia desarrollada por ETA y que se sigue aplicando, según esta tesis, a pesar del cese de la actividad armada en 2011.

La base documental de este informe son las publicaciones “Zuzen” y “Zutabe” de ETA y un documento incautado a Josetxo Arizkuren en 1999, además de un panfleto incautado en el gaztetxe de Olatzagutia «en 1999 o 2000» que se presentó como un «manual de Alde Hemendik».

A juicio de los autores del informe «ETA ha fagocitado la reivindicación Alde Hemendik», que se remonta a la demanda de desmilitarización de la Alternativa KAS.

«Indudablemente, Ospa está relacionado con Alde Hemendik y responde a las estrategia de ETA, como la expulsión de la Guardia Civil de Navarra», proclamaron los peritos.

Siempre según el informe, ETA habría puesto en marcha una «campaña Alde Hemendik» en la que se incluye desde el hostigamiento a los agentes para impedirles llevar a cabo una vida normal hasta atentados mortales, como el del cabo Juan Carlos Beiro en Leitza en 2002.

A partir de 2011, sin embargo, se produce un cambio cualitativo, ya que ETA decidió suspender su actividad armada, pero, según el informe de la Guardia Civil, «los objetivos estratégicos no han cambiado un ápice».

En ese momento, según el informe, ETA habría ordenado a «sus organizaciones satélites» sustituirle y llevar a cabo acciones para avanzar hacia esos objetivos. De este modo, hubo varios grupos que «se blanquearon mediante autodisoluciones», en alusión a Ekin, Segi y Askatasuna.

Como prueba de esta continuidad los peritos citaron la presencia de la flecha amarilla de Alde Hemendik en carteles de Sortu o de Ernai, a quienes presentaron como «los cachorros de ETA».

Según los peritos, en Altsasu se ha seguido «punto por punto» lo planificado en el «manual de Alde Hemendik» incautado en el gaztetxe de Olatzagutia en 2000. En la primera fase se aboga por «socializar el rechazo» y defiende la presentación de mociones en los ayuntamientos pidiendo la retirada de la Guardia Civil.

La segunda fase sería el tensionamiento para lograr el aislamiento de los agentes destinados en Euskal Herria y la última, la expulsión. «Esa última fase aún no ha llegado», apostillaron.

Altsasu sería uno de estos casos «de manual», según los autores del informe. Así, citan que el Ayuntamiento puso en marcha una comisión antirrepresiva, que sería el origen de Ospa Mugimendua, la versión local de Alde Hemendik, que también tendría presencia en otras localidades navarras «en las que se nos tiene especial animadversión», entre las que citaron Leitza, Lekunberri, Etxarri-Aranatz (a pesar de no tener cuartel del instituto armado) o Lizarra.

Como ejemplo de la fase de hostigamiento en Altsasu citaron lo sucedido en el bar Goya en 2011. Dos mujeres que mantenían relaciones sentimentales con dos agentes de la Guardia Civil regentaban ese establecimiento, que fue objeto de pintadas, colocación de contenedores para provocar daños, lanzamiento de petardos y apedreamiento de la puerta. Estas acciones no fueron reivindicadas.

Paradójicamente, los peritos reconocieron que no todas las acciones de rechazo a la Guardia Civil pueden atribuirse a Ospa, ya que hay gente que se niega a identificarse en un control o realiza acciones de desobediencia civil. Llegaron a señalar que el PNV, «al menos una parte», también aboga por la marcha de la Guardia Civil de Euskal Herria, «pero lo hace sin violencia, por lo que es una reivindicación legítima».

En cualquier caso, Ospa sí que responde a la estrategia de «la campaña Alde Hemendik de ETA», según los peritos de la Guardia Civil. Por ejemplo, la realización de fallas o la escenificación de la práctica de tortura por un grupo de teatro, correspondería a la fase de «socializar el rechazo». En esta fase se ubicarían también las comidas populares organizadas por Ospa. «Imagínese que el hijo de un guardia civil quiere ir. No se le permitiría. Es un ejemplo del rechazo», señaló una perita. Un ejemplo de «hostigamiento» sería el supuestamente padecido por los padres de la novia del teniente.

No hay orden documentada

A preguntas de la abogada defensora Amaia Izko, sin embargo, quedó acreditado que no existe una orden documentada de ETA a Ospa para continuar su actividad hostigadora de la Guardia Civil.

De hecho, los agentes reconocieron que «la inmensa mayoría de acciones de Ospa no son violentas; moralmente reprobables, quizás, pero no violentas». Le habían preguntado por el lanzamiento de farolillos al cielo para denunciar el hostigamiento policial, que los agentes negaron señalando que la media de controles y multas en Altsasu y Sakana es inferior a la media navarra.

Más aún. Los peritos no pudieron aportar ningún documento ni dato sobre la estructura de Ospa, que se limitaba a realizar asambleas en Gure Etxea. Si pidió permiso para celebrar la comida popular, «Jokin Unamuno tendría algún cargo», añadieron.

Arropados por los sindicatos navarros ante la Audiencia

Una representación de los sindicatos navarros ELA, LAB, ESK y Steilas acudió ayer a las puertas de la Audiencia Nacional española.

En nombre de todos ellos, Imanol Karrera señaló que «estamos ante el tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional española para denunciar el sinsentido y el despropósito jurídico que representa este juicio. Cada día que pasa se demuestra este despropósito».

Junto a ello, los representantes sindicales mostraron toda su solidaridad con el pueblo de Altsasu y con los jóvenes imputados.

«Entendemos que esta justicia no es ciega. Esta justicia es flexible y es buena con los ricos, con los poderosos, con los empresarios. Por el contrario, es dura e implacable con los jóvenes y con los trabajadores y trabajadoras», añadió Karrera, que destacó que su presencia ayer ante la Audiencia Nacional se debía también a la voluntad de trasladar el mensaje que la sociedad navarra trasladó en la manifestación del pasado 14 de abril. «Hay un sentir mayoritario que pide que este juicio acabe, que salgan libres los jóvenes imputados y que se acabe ya con este despropósito», subrayó.

La lehendakari navarra, Uxue Barkos, acudió ayer a Madrid a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y señaló que «la Comisión Europea está vigilante» en el juicio a los jóvenes de Altsasu ante una eventual conculcación de derechos. «Cuidado no nos volvamos a llevar un severo tirón de orejas», señaló.

Asimismo, Barkos aclaró, una vez más, que no pide impunidad para los agresores, sino que reclama proporcionalidad. «Una justicia lenta o desproporcionada no es justicia», proclamó.

Tras señalar que su Gobierno está con los agredidos y con quienes denuncian la desproporción, subrayó que los hechos de Altsasu «no son terrorismo» y recordó que destacados juristas han corroborado este planteamiento.

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Mordaza a Madre de Preso

Los españoles castigan a una madre vasca por mostrar su amor a las puertas de la cárcel al momento de salir de la misma.

La ley de hierro de la metrópoli sobre su colonia.

Aquí la información por conducto de Naiz:

Aplican la Ley Mordaza a la madre de un preso por esperarle en la puerta de la cárcel

Le han impuesto una multa de 100 euros por «una concentración no comunicada» mientras aguardaban en Navalcarnero la salida del donostiarra Egoi Alberdi.

Según ha revelado ‘Argia’, los hechos se remontan al 24 de agosto pasado, cuando la madre del donostiarra Egoi Alberdi aguardaba junto a otros allegados la salida de su hijo a las puertas de la cárcel de Navalcarnero.

Agentes policiales se acercaron a la mujer y le pidieron que se identificara, argumentando que estaba llevando a cabo «una concentración no comunicada». Ella mostró su documentación y respondió que simplemente estaban esperando al joven y que se marcharían en cuanto saliera. Dicho y hecho, cuando Alberdi recuperó la libertad se sacaron las fotos de rigor y cogieron el coche rumbo a Gipuzkoa.

Sin embargo, unos meses más tarde le ha llegado una carta remitida por la Delegación del Gobierno español en Madrid, en la que le informan de que ha sido sancionada con una multa de 100 euros por una «infracción administrativa leve».

Egoi Alberdi permanecí cuatro años encarcelado por «pertenencia a Segi», después de ser detenido en el «muro popular» del Boulevard donostiarra.

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La Victoria del Macrosumario 18/98

Ayer les dimos a conocer la puesta en libertad de Joxean Etxeberria, el último de los presos en recobrar su libertad dentro del marco del Macrosumario 18/98.

Hoy, les compartimos este análisis publicado en Gara:

El 18/98 baja el telón dejando dolor pero sin lograr su objetivo

Joxean Etxeberria regresó ayer a Oiartzun dejando atrás dos décadas de persecución y de cárcel, donde ha permanecido más de once años. Él era el último preso del macrosumario 18/98, que estaba dirigido a acabar con la izquierda abertzale. Ni Baltasar Garzón ni el Estado español han cumplido su objetivo, pero han generado mucho sufrimiento.

Iker Bizkarguenaga

«Podréis absolverlos o condenarlos, pero lo que no podréis impedir es que amplios sectores de Euskal Herria hayan visto en estas personas un ejemplo a seguir en la defensa de sus derechos». Estas palabras de Iñigo Iruin corresponden al último alegato de los abogados del medio centenar de procesados y procesadas en el sumario 18/98. Fue una intervención emotiva, respondida con aplausos por el banquillo, epílogo de la batalla que se había librado durante 16 meses en la Audiencia Nacional.

El resultado es bien conocido: fueron condenados y las penas fueron muy duras. Siguieron siéndolo para la mayoría aún después de haber pasado por el tamiz del Tribunal Supremo.

Ayer por la mañana abandonó la prisión de Soria Joxean Etxeberria, el último encausado que permanecía preso, a los once años de aquel alegato, veinte años más tarde de las primeras detenciones, casi tres décadas después de que Baltasar Garzón empezara a maquinar su obra. El dolor causado ha sido inmenso, pero ni el juez estrella ni el Estado que lo aupó han logrado su objetivo: liquidar a su gran antagonista, al sector que más firmemente se había enfrentado al régimen posfranquista.

«La izquierda abertzale ha sabido adaptarse. Estamos haciendo camino», declaraba el oiartzuarra a Euskadi Irratia nada más salir. «Tenemos que construir entre todos una paz verdadera», añadía, solo minutos después de dejar atrás once años de cárcel y dos décadas de persecusión (fue detenido por primera vez el 27 de mayo de 1998).

Hoy, la izquierda abertzale se ha reinventado, ha tejido alianzas y quiere mirar más al futuro que al pasado. Por contra, el régimen está tocado, más débil que en 1989, 1998 o 2007. Y aunque pueda ser algo anecdótico, el juez que dio soporte teórico a este disparate, el que quiso ser ministro, es un paria. En su haber hay sufrimiento, nada más.

Del Proceso de Burgos al 18/98

«1970 urtean, ‘Burgosko Prozesua’. 31/69 Sumarisimoan bi heriotz zigor jaso nituen. 2005 urtean berriz, 18/98 auzian. Atzo eta gaur, Espainiako Estatu-gerraren estrategiak bahitua. Euskal Herriak hitza eta erabakia behar du, eta hori lortu arte ez gaituzte isilduko. Utzi bakean Euskal Herria! Atzo, gaur eta beti: Gora Euskal Herria askatuta!». El párrafo que escribió Jokin Gorostidi en Idaztiñoa también fue leído por Iñigo Iruin en aquella última intervención. Su defendido y amigo había fallecido en vísperas de declarar y representaba aquello que se sometía a juicio, toda una trayectoria histórica de lucha.

Y es que el 18/98 fue un salto cualitativo en la estrategia del Estado, y eso es mucho decir para quien se ha labrado fama en las alcantarillas. Fue un ataque directo contra la izquierda abertzale, que trascendió incluso a ese colectivo sociopolítico. Entre el sumario matriz y los que le sucedieron –Jarrai-Haika-Segi, el movimiento pro amnistía, Batasuna, “Egunkaria”, Udalbiltza, Askapena...–, cientos de personas se han visto atrapadas durante años y han sido muchas las entidades, organismos, medios y empresas afectadas. La Mesa Nacional de HB ya había sido encarcelada en 1997, pero esta embestida iba más allá. Y sigue, pues todavía hoy más de cuarenta personas esperan juicio por su respaldo a los presos.

«Todo es ETA» era la máxima, y a esa organización fueron añadiéndole siglas: ETA-KAS, ETA-KAS-Ekin, ETA-KAS-Xaki, ETA-Batasuna, y así siguieron, ad nauseam. Mucha gente empezó a ser de ETA, incluso dirigente, sin saberlo. Y no había líneas rojas. «¿Acaso pensaban que no nos íbamos a atrever?», declaró ufano José María Aznar cuando doscientos policías cerraron “Egin”. Se atrevieron a eso y a lo que vino luego. Y cuando finalmente empezó la vista oral del 18/98, a nadie le extrañaba nada que pudiera llegar de Madrid.

El juicio, una condena

Las dilaciones indebidas o los retrasos interesados hicieron que el juicio comenzara en noviembre de 2005, casi ocho años después de que Garzón abriera el sumario. Esa misma primavera se había celebrado la vista del “caso Jarrai-Haika-Segi”, donde los jóvenes encausados dieron una lección de entereza, rebeldía y comunicación, y en la Audiencia Nacional nadie quería que se repitiera lo que se vivió como una derrota. Encomendaron a Ángela Murillo presidir el tribunal, y la magistrada marcó su impronta desde el principio.

La actitud de la presidenta, hosca y hostil con los acusados, marcó el desarrollo de un juicio que fue largo y se hizo muy duro. Los desplazamientos a la Casa de Campo, las constantes interrupciones, las enfermedades, algunas graves, y la muerte de Gorostidi –luego fallecería José Ramón Aranguren– dejaron marca en un grupo unido que ya había perdido a varios compañeros antes de empezar la vista. También fueron duros los testimonios de algunos encausados, que narraron la tortura sufrida, y más que dura, cínica, la respuesta que les dio Murillo. Además, tuvieron que lidiar con las arbitrariedades del tribunal, asistir al testimonio de policías y guardias civiles que ejercieron de peritos cuando eran parte, y constatar que los términos de la sentencia tendrían poca relación con pruebas o indicios. Esos 16 meses fueron vividos como una auténtica condena.

Sin embargo, en ese contexto tan agrio, el 18/98 dejó también algún poso dulce, sobre todo en la calle. La plataforma 18/98+ fue la dinamizadora de un movimiento de solidaridad muy diverso, capaz de traspasar fronteras mentales y aunar a personas y agentes de distintas procedencias. Al calor de ese juicio se tejieron algunas complicidades que todavía siguen en pie y se implementó una forma de trabajar, horizontal y transversal, que luego se ha mantenido.

No puede decirse que el 18/98 sea historia, sus consecuencias aún perduran. Pero sus víctimas siguen dando ejemplo, y son ejemplares para cada vez más gente. Esa es su victoria y la pena de quienes les condenaron.

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Mont-de-Marsan

Se ha publicado en Naiz este artículo en el cual se echa luz al asunto de lxs presxs políticxs vascxs que purgan sus condenas en el estado francés y en específico el centro penitenciario que serviría de respiro para sus familiares de involucrarse París en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción iniciado unilateralmente por ETA hace ya seis años.

Aquí lo tienen:

En Mont de Marsan, pocos presos vascos y a cuentagotas

Pronto se cumplirán nueve años desde que el centro penitenciario de Mont de Marsan, situado en las Landas, a unos 140 kms. del Bidasoa, comenzara a recibir reclusos. Desde su apertura, la cárcel, construida bajo nuevos conceptos «modernos», fue criticada por su estructura y concepción deshumanizada por los organismos humanitarios y de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Puede acoger a 690 personas, 300 en los dos módulos de preventivos, 360 en los otros dos de cumplimiento de condena y 30 en ingresos.

Arantxa Manterola

Es la cárcel de hombres a la que, desde 2014, los presos políticos vascos han pedido oficialmente a París ser trasladados por ser la más cercana a tierras vascas.

El primer preso vasco en «estrenar» el centro penitenciario de Mont-de-Marsan fue el bajonavarro Jean-Marie Saint-Pé que estuvo terminando su condena desde junio de 2010 a noviembre de 2011. Dos años más tarde, entre mayo y junio de 2014, ingresaban en el establecimiento landés otros dos: Oier Ardanaz Armendariz y Alexander Akarregi Casas. Fueron los primeros presos políticos vascos cuyo traslado fue considerado como un «gesto» en determinadas esferas aunque no tuvo seguida. Se dieron en la era de Christiane Taubira como ministra de Justicia.

En enero de 2015 llegaba Rubén Rivero Campo y el 20 de agosto del mismo año Xabier Aranburu Sagarminaga. Con ellos coincidiría por un tiempo el oreretarra Oroitz Gurrutxaga Gogorza a quien trasladaron desde la cárcel de Villepinte.

El primero «oficial»

Zuhaitz Errasti (Aretxabaleta) llegó el 8/8/2017 desde Tarascón. Fue el primero al que oficialmente se le trasladó tras ser atendida su demanda de acercamiento por un tribunal administrativo de Paris. El juez ordenó el traslado «en base a circunstancias familiares que, por tanto son personales, pero que a nuestro entender se cumplirían, igualmente, con muchos otros presos vascos».

El aretxabaldarra se encontró allí con otros dos presos vascos: Aratz Gómez y Arkaitz Sáez que habían sido trasladados desde el Estado español para cumplir pena en el francés. Llegaron a la prisión landesa a principios de julio. Como prácticamente todo el resto, casi a fin de condena. Los tres han abandonado el centro de Mont-de-Marsan recientemente tras finiquitarlas.

El último en ser trasladado ha sido el navarro José Javier Osés que ha llegado esta misma semana procedente de Fleury-Mérogis. De los 63 presos en el Estado francés, es el único preso en la actualidad en Mont-de-Marsan donde nunca ha habido más de tres presos políticos vascos a la vez.

Además de los mencionados, también ha habido esporádicamente presos vascos de paso antes de su entrega a las autoridades judiciales españolas. Es el caso de  Beñat Lizeaga y Bergoi Madernaz para ser juzgados por pertenencia a Segi en la AN en 2011 o de Eneko Zarrabeitia en la primavera de 2014.

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Contubernio Represivo Germano-Español

Así que mientras Brian Currin trabaja denodadamente para activar el componente desmovilización tras la culminación del desarme dentro del proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) emprendido por ETA hace seis años, Berlín opta por satisfacer las más bajas pasiones de los gerifaltes del régimen borbónico franquista permitiendo el secuestro de dos refugiados políticos vascos, según nos cuenta esta truculenta nota publicada por Europa Press:

La Guardia Civil detiene en Berlín a dos miembros de ETA en una operación contra su estructura clandestina

La Guardia Civil ha detenido en Berlín a dos miembros de ETA en una operación contra su estructura clandestina junto en colaboración con la Policía alemana, según ha informado el Ministerio del Interior.

Los dos etarras detenidos en Berlín son Mikel Barrios e Iñigo Gulina Tirapu, ambos naturales de Navarra y buscados por las Fuerzas de Seguridad del Estado por ataques terroristas enmarcados en la conocida como 'kale borroka', según informan a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Mikel Barrios, de 29 años de edad y natural de Pamplona (Navarra), es un antiguo miembro de Segi al que se le buscaba por integrar un grupo que cometió varios sabotajes en la capital navarra. Se trata del perfil de joven enrolado en ETA cuando la banda terrorista ya intuía su derrota policial.

El nombre de Mikel Barrios se incluyó en la lista de los etarras más buscados en 2015, un año antes de que la banda terrorista anunciara el cese de la violencia, junto con otros históricos como Josu Ternera o Iñaki de Juana Chaos.

La Guardia Civil ha detenido a Barrios este viernes en Berlín en un operativo en el que también ha sido arrestado Iñigo Gulina Tirapu, natural de la localidad navarra de Burlada y de 37 años. Sortu ha lamentado que la detención de ambos llegue "justo en el momento en el que ETA reflexiona en torno a su desmovilización".

Un portavoz de la Fiscalía de Berlín ha asegurado en declaraciones a la agencia de noticias DPA que los detenidos pasarán a disposición judicial antes de atender a la orden de extradición tramitada por las autoridades españolas y francesas.

Estos dos países seguían la pista de los dos arrestados por acciones criminales cometidas antes de 2007, concretamente por ataques contra bancos y otras instalaciones.

La Policía Nacional detuvo en 2009 en el sur de Francia a Mikel Barrios, después de que abandonara su domicilio en Pamplona y huyera de la acción de la justicia por actos vandálicos y de sabotaje callejero. En su vivienda se localizó CD y diversa documentación de Askatasuna y Batasuna, un ordenador portátil, dos CPU y un disco duro externo de 500 Gb junto con una agenda con direcciones y teléfonos y varios teléfonos móviles.

En febrero de 2009, la Audiencia Nacional juzgó al grupo del que formó parte Mikel Barrios. Entre los que sí fueron detenidos figuraba Iñigo Gulina Tirapu, para quien se decretó la libertad bajo fianza de 6.000 euros.

Ojo con el desaseado trabajo periodístico por parte de Europa Press, en el encabezado dice que los dos refugiados secuestrados por los paramilitares de la Guardia Civil pertenecían a ETA, pero en el texto cambia el asunto y se nos dice que fueron juzgados por pertenencia a Segi, organización juvenil vasca criminalizada en la estela del "todo es ETA" del represor Baltasar Garzón. Pero no se queda ahí el asunto, lo aderezan con acusaciones de pertenencia a la kale borroka. O sea, una nota atrapada en el bucle tiempo espacio de los años 90 del siglo pasado.

Así es como Madrid continúa obstaculizando la oportunidad de un proceso de paz abierto unilateralmente por ETA ha pedido de la sociedad vasca.

 

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Recordando el Muro Popular de Donostia

Mientras el estado español sigue machacando el presente y futuro de la juventud vasca, desde ese sector se alza la voz para informar que se seguirá en la lucha.

Les presentamos este reportaje dado a conocer por Naiz:

«El muro popular fue una manera de ratificar nuestra militancia»

Aitor Olaizola, Oier Lorente y Adur Fernández, recientemente excarcelados | Los donostiarras Aitor Olaizola, Oier Lorente y Adur Fernández fueron condenados por su militancia política y detenidos en abril de 2013, junto con otros cinco compañeros. Nos cuentan su experiencia tras haber recuperado recientemente su libertad.

Iraia Oiarzabal

El 19 de abril del año 2013, cuando apenas había amanecido, efectivos de la Ertzaintza irrumpieron violentamente en el Boulevard donostiarra para arrestar a seis jóvenes independentistas condenados por su actividad política. Adur Fernández, Oier Lorente y Aitor Olaizola son tres de ellos. Recientemente han recuperado su libertad, tras haber cumplido íntegramente la pena que se les impuso. Nos reunimos con ellos en el mismo lugar del que fueron sacados a la fuerza, pero con el apoyo de cientos de personas que uniendo sus brazos conformaron un sólido muro popular.

Los tres donostiarras recuerdan aquellos momentos como una «montaña rusa de emociones». Hablan de tensión, rabia, agradecimiento... «No me salen más que palabras bonitas y positivas. Es verdad que tenía un lado negativo, pero muchos lados positivos. La parte activa de ciudadanos y ciudadanas de toda Euskal Herria, la capacidad de respuesta hacia unas detenciones que suponían ir a la cárcel por una militancia activa, cosa que se vio que la gente repudiaba», comenta Lorente.

Desde el kiosko de la plaza donostiarra, Fernández remarca cómo cambia la percepción de los espacios y los acontecimientos. «El espacio me parece mucho más pequeño cuando lo veo ahora. En el tiempo que estuvimos aquí había txokos para todo lo que se hacía... Ahora veo el espacio y me parece flipante. Todo son buenas sensaciones. Lo que más me viene a la mente es el esfuerzo brutal de la gente que estuvo aquí».

Recordando todas aquellas emociones, no olvidan a sus cinco compañeros condenados en la misma causa que aún permanecen en prisión. Señalan que momentos como los vividos aquellos días hacen que se estrechen los lazos y el compañerismo. También destacan la generosidad de sus seres queridos. «Para ellos era un momento duro; nosotros al final teníamos asumido que nos iban a detener y meter en la cárcel. Pero para ellos, que nos arrancasen así, de esa manera, es muy duro», comenta Olaizola.

Protegidos por el pueblo

El reencuentro tras su liberación ha servido también para valorar la dinámica emprendida en el Aske Gunea de Donostia y que siguió después en Ondarroa, Gasteiz y Loiola, aunque insisten en que se alimentaba de experiencias anteriores, como la que impidió la detención de Aurore Martin. «Cuando planteamos todo esto era una defensa de nuestra militancia. Fue como ratificar y dar empuje a toda nuestra trayectoria política», apunta Olaizola.

«El día de la detención tenía la sensación de una fuerza del copón y de que todo había salido bien aunque íbamos a la cárcel y ese era nuestro final. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero fue la gente que se acercó la que lo hizo posible», señala Fernández. Sobre los muros populares que vinieron después cree que «sí se veía que podía ser el camino o una pequeña aportación que podíamos hacer de cara a los juicios políticos. Quedaban decenas de personas pendientes de juicio, muchos no han tenido que entrar. No habrá sido imprescindible, pero sí creo que fue un momento clave», aclara.

«El análisis que hacíamos cuando estábamos preparando cómo responder a nuestro posible encarcelamiento en el año 2013 tenía en cuenta que desde 2010 había habido un cambio de escenario político en Euskal Herria, sobre todo por el cambio de estrategia dado por la izquierda abertzale. Estábamos hablando de que había que vaciar las cárceles y, al contrario, seguían llenándolas con los juicios políticos», explica Olaizola. Frente a ello, había una gran frustración por los continuos encarcelamientos. «Se veía en la gente ganas de responder, pero no acertábamos con el modelo. Como militantes de la izquierda abertzale intentamos hacer nuestra aportación al cambio de estrategia y llevar a cabo la desobediencia y los muros populares», relata.

Esa iniciativa se vio después en otros escenarios. De hecho, al mes de ser detenidos tuvo lugar el muro popular de Ondarroa para evitar la detención de Urtza Alkorta. «Adur y yo estábamos en Zaballa y tuvimos ocasión de conocer a Urtza. Veíamos un hilo conductor y que posiblemente estábamos acertando en el modelo de respuesta a todos estos ataques a los derechos políticos y civiles», expresa Olaizola. Fernández añade que «hasta entonces las detenciones y operaciones eran gratuitas e incluso se vendían muy bien en televisión como necesarias contra el terrorismo. Y sin embargo en ese momento era ya imposible vender cómo tantos ‘terroristas ’podían estar protegidos por el pueblo».

Sociedad activa

Tras un ciclo en el que cientos de ciudadanos fueron detenidos y encarcelados por causas políticas, los tres donostiarras sitúan la operación que se llevó a cabo contra ellos en 2007 y que siguió con la condena impuesta en 2013 en el incipiente cambio de escenario. «La operación policial se planteaba en medio de una oleada de operaciones y represión que suponía aniquilar la actividad política. Nos tocó a nosotros. Sirvió para que diferentes encausados pudieran unirse para buscar una respuesta. Pocas causas terminaron en condenas, lo cual valoro positivamente por todo el trabajo que ha hecho la sociedad vasca», manifiesta Lorente.

«Querían anular la militancia política y a la juventud vasca. Fue bastante brutal. Tuvo incluso una repercusión emocional en los jóvenes a la hora de implicarse en la actividad política», añade Fernández.

Olaizola también tiene claros los objetivos de su detención: «nos detienen en ese contexto de venganza total. En la izquierda abertzale empieza el debate y nos liberan justo cuando se decide el cambio de estrategia política. Ahora, diez años después recobramos la libertad en otra fase de intentar ahondar en el cambio de estrategia», sostiene.

Llegados a este punto, aplauden la activación de la sociedad civil producida estos últimos años y abogan por seguir trabajando en esta línea. «Se plantea un nuevo escenario en Euskal Herria y parece que las cosas o cambian rápido o no se está haciendo nada. Creo que tenemos que intentar vencer esa perspectiva cortoplacista», comenta Lorente.

Olaizola incide en la actitud de bloqueo de los estados, principalmente el español, y también se muestra crítico con la falta de voluntad del PNV por propiciar cambios. Respecto a Madrid afirma que «posiblemente nos hemos quedado cortos al calibrar su deseo de venganza. Con el tema de los presos está claro cómo están jugando con la vida. Están dejando morir a la gente en las cárceles y nos va a costar más de lo que esperábamos. Pero se han puesto en marcha nuevas dinámicas para acelerar todo esto», destaca Olaizola.

Dentro de las cuestiones pendientes en torno a las consecuencias del conflicto, hacen hincapié en la necesidad de abordar la cuestión de los presos. «Creo que se habla mucho de ellos y no se les escucha tanto. Hay mucho debate de cómo hacer las cosas, qué pasos tienen que dar... Pedimos unidad en el colectivo y junto a la izquierda abertzale y para eso es imprescindible que fuera también el apoyo sea unánime. Si el objetivo es que todos vuelvan a casa, tenemos que ir a una», afirma Fernández.

La entrevista termina como empezó, con el agradecimiento a todas las personas que se implicaron con su causa y con otras tantas en este país. Y abogan por seguir con el «trabajo de hormiga: «Ni las consecuencias del conficto ni el proceso de liberación de Euskal Herria se van a solucionar en despachos ni en instituciones a no ser que haya una presión popular».

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Españistán y la Tortura del S. XXI

Mientras los gerifaltes del franquismo continuen gozando de la más completa impunidad con respecto a sus acciones y omisiones la monserga de la tortura seguirá ciñéndose sobre los habitantes del estado español, especialmente sobre aquellos que resisten al sistema o los que por cuestiones aleatorias forman parte de los colectivos humanos más vulnerables.

Les invitamos a leer este artículo publicado en Rebelión:

Organizaciones de derechos humanos documentan 232 casos de tortura en España

Enric Llopis

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) identifica en el “Informe sobre la Tortura y los Malos Tratos en el estado español en 2015” (el último presentado por la Coordinadora) 128 episodios de tortura o malos tratos, que padecieron y denunciaron 232 personas. El número de personas que sufrieron tortura, trato vejatorio y muerte bajo custodia se eleva, desde 2004, a cerca de 8.000 personas, según las cifras de la CPDT, de la que forman parte 50 asociaciones. La estadística no incluye todos los episodios, ni siquiera el conjunto de denuncias presentadas ante los tribunales. La mayoría de los denunciantes en 2015 forman parte de movimientos sociales (89), 50 son personas migrantes, 37 presos, 19 menores y 58 denunciaron agresiones por otras razones (comisión de pequeños delitos contra la propiedad o la salud pública, identificaciones rutinarias en la calle o tras acudir a una comisaría para denunciar que fueron objeto de un delito).

“Una de las razones por las que persiste la tortura es el apoyo –corporativo- de una parte de los funcionarios a otros que la practican”, explica Jorge del Cura, miembro de la CPDT, que ha presentado el documento en la sede de la Asociación Obra Mercedaria de Valencia. Pone el ejemplo de las manifestaciones de apoyo a funcionarios juzgados y condenados (de prisiones, policías nacionales, locales, autonómicos o guardias civiles), los falsos testimonios con el fin de encubrir a los acusados de tortura y los casos de indulto a funcionarios objeto de condena. Incluso hay ejemplos de condecoraciones. A ello se agrega el apoyo judicial: “Algunas sentencias están diciendo que son legales o legítimas actuaciones aberrantes”.

No es infrecuente, además, que el Ministerio del Interior, las delegaciones del gobierno o las concejalías de seguridad respondan con amenazas de querella a quienes denuncian vejaciones. “Hay miedo a denunciar las agresiones de agentes públicos”, asegura Jorge del Cura. El informe de la CPDT apunta que el 38% de las personas que denunciaron torturas y éstas llegaron a juicio (34 sobre un total de 95 recogidas en el documento) fueron primero denunciadas y después acusadas por la Fiscalía, por presunta resistencia o atentado.

En cuanto a los funcionarios objeto de denuncia por torturas, lesiones o delitos contra la integridad, destaca la Policía Nacional (67), seguido por la Ertzaintza (47), Prisiones (37), policías locales (36), Guardia Civil (34), Mossos d’Esquadra (5), centros de menores (3) y Centros de Estancia Temporales de Inmigrantes (3). El informe de la CPDT también contabiliza la respuesta de los tribunales de justicia ante las citadas actuaciones: 95 sentencias en 2015 (no se trata de todas las dictadas), de las que 43 fueron de condena y 52 suponían la absolución.

Jorge del Cura alerta ante la permisividad de la opinión pública mundial ante la tortura. A primeros de diciembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC) difundió las conclusiones de una investigación, de la que se hizo eco la agencia Europa Press. Según la citada fuente, un 36% de las personas que residen en países en conflicto armado, consideran “legítima” la tortura de los combatientes “enemigos” capturados. El estudio añade que sólo el 48% de los encuestados –en países como Afganistán, Irak o Sudán del Sur- consideran que las vejaciones y tratos humillantes constituyen una “mala” práctica. Pero la aquiescencia ante las torturas no sólo se produce en los países en conflicto. En Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido se registra una tendencia a que la población acepte la tortura y las bajas de civiles como parte de la guerra.

En los testimonios de las víctimas puede constatarse, también, una confusión respecto a las prácticas vejatorias. “No soy un asesino ni un violador”, afirman por carta algunos presos que se dirigen a la CPDT. Pudiera desprenderse de esta afirmación que en los dos supuestos (asesinato y violación) fuera admisible la tortura. Hay otro lugar común que ahonda en el error conceptual: “Me trataron como a un delincuente”. Tal vez se haya “normalizado” el maltrato, lamenta Jorge del Cura, y en ello influyen decisivamente el cine, la televisión y los videojuegos. Se refiere al tratamiento del “malo” en estos medios. Otros testimonios recabados por la CPDT incurren directamente en el oxímoron: “Me trataron bien…Sólo tres bofetones y ya está”. Pero unas semanas después llegan las secuelas, en forma de insomnios, fobias y traumas. Hoy, en el estado español, “se recurre más bien a la tortura ‘blanca’, ya no se arrancan las uñas o dislocan los huesos”, destaca el activista de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

Advierte sobre otras formas de vejación que no figuran en los grandes titulares, como las agresiones a personas detenidas (por ejemplo por pequeños hurtos) o a los “sin techo”. Y también la violencia “terrible” a la que se está sometiendo a los menores. El pasado cinco de diciembre fue detenido el educador de un centro tutelado de menores de Granada por un supuesto delito de abusos sexuales. El nueve de agosto los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil procedieron a la detención de siete personas por supuesta pertenencia a una banda que captó a 80 menores, para tomar vídeos y fotografías de contenido sexual. Siete de los menores se hallaban bajo la tutela de la Generalitat en Amposta y Tarragona.

Las personas migrantes también son objeto frecuente de torturas y malos tratos. Gema Siscar, de la campaña CIE’s No, recuerda uno de los grandes escándalos de los últimos años, el del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, en Málaga. En junio de 2015 la Audiencia Provincial malacitana absolvió a cinco policías acusados de perpetrar abusos sexuales contra mujeres internas del CIE. Los hechos ocurrieron en 2006. La Fiscalía solicitó entre dos y diez años de prisión para los agentes; Andalucía Acoge y los abogados de las mujeres también pidieron penas de cárcel contra los policías. La activista recuerda que el CIE de Zapadores (Valencia) se encuentra cerrado desde el pasado cinco de octubre por la presencia de chinches y garrapatas. Las organizaciones de derechos humanos defienden el cierre “definitivo” e “incondicional”. Ante una posible apertura, remitieron el 10 de diciembre un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, la Defensora del Pueblo, el Síndic de Greuges y el Juez de Vigilancia del CIE, en el que se destaca que los internos tienen que hacer sus necesidades básicas en bolsas de plástico por la noche; se hallan en riesgo de las picaduras de chinches (sin que se erradiquen desde hace dos años) y han realizado numerosas denuncias por malos tratos, torturas y vejaciones.

Muchas de estas realidades afloraron en el VI Encuentro de la Campaña estatal por el cierre de los CIE, que se celebró entre el dos y el cuatro de diciembre en Barcelona. La noche del 14 de noviembre se produjo un amotinamiento y huida –el tercero en un mes- en el CIE Sangonera la Verde de Murcia. Convivir Sin Racismo de Murcia denuncia las violaciones de los derechos humanos en este centro “completamente saturado”. En los últimos años el CIE murciano se ha caracterizado, según la organización de derechos humanos, por una deficiente atención sanitaria, los malos tratos, la alimentación insuficiente e inadecuada, el internamiento de menores y la precariedad en cuanto a la ropa e higiene.

En el Encuentro de Barcelona se pidió la investigación de los malos tratos denunciados en el CIE de Aluche (Madrid), tras la protesta del 18 de octubre; y de las presuntas agresiones policiales aireadas por dos internos del CIE de Zona Franca (Barcelona), con motivo de los traslados en las celdas durante la acción reivindicativa del uno de noviembre. En esta protesta en el CIE barcelonés participó un grupo de 40 migrantes. En muchas ocasiones, afirma Gema Siscar, “a quien denuncia rápidamente se le deporta; lo mismo puede ocurrirles a los testigos o a quienes pudieran aportar su testimonio”. Los activistas también señalaron que el CIE de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, una antigua prisión, no cumple con los “mínimos estructurales”; y afirmaron que la presencia de la policía nacional “antidisturbios” en los CIE de Madrid y Murcia suponen un acto de “violencia” e “intimidación” para los internos.

El informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura critica la creciente “opacidad” del sistema penitenciario español. Según fuentes oficiales, entre 2001 y 2013 han fallecido 3.149 personas en las prisiones españolas. Con el fin de denunciar las condiciones de vida en las prisiones, reivindicar su abolición y apoyar a las personas detenidas, vio la luz en 1982 el colectivo Salhaketa (“denuncia” en euskera). César Manzanos, miembro de la asociación, se hace eco del caso de L.G.G., quien denunció en enero de 2015 varias palizas en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), tras haber denunciado malos tratos en esta cárcel. O el de F.J.A.F., interno en la cárcel de Picassent, a quien se le negó dos veces la autorización para acudir al hospital; el preso requería someterse a las pruebas –pedidas por el facultativo de la prisión- por una enfermedad en las piernas que le causaban fuertes dolores. También el de R.C.L, quien murió en la prisión de Ocaña I (Toledo), por una meningitis bacteriana.

Y las circunstancias de J.J.G.G., preso en la cárcel de Tarragona y trasladado al hospital de esta ciudad para una extracción de sangre y recibir una dosis de metadona. El recluso denunció que mientras se hallaba esposado en una camilla del hospital, fue golpeado por los dos agentes que le custodiaban. Además, fue conducido a una celda de aislamiento sin que previamente le atendiera médico alguno. La Defensora del Pueblo reconoce en un informe que 128 personas murieron en las prisiones españolas en 2014, de las que 12 son atribuibles al VIH. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Andaluza Enlace han subrayado que el estado de salud de la población reclusa está “muy deteriorado”. Por ejemplo, de las 13.000 personas presas que actualmente padecen hepatitis C en España, el 40% son asimismo portadoras del VIH.

El activista de Shalaketa da cuenta de una investigación del Instituto Vasco de Criminología, realizada a instancias del Gobierno Vasco y de la que se publicó un avance en junio de 2016. Identificaba y aportaba documentación sobre 4.009 personas que habían denunciado torturas y vejaciones entre 1960 y 2013 en Euskadi. Además, mientras se presentaba el informe de la CPDT en Valencia, el movimiento ciudadano Gasteizko Harresia informaba de las multas de 1.080 euros por “desobediencia grave” a cada uno de los ocho jóvenes juzgados –en un juicio al que no se presentaron- el pasado 13 de diciembre. Pese al contenido de la sentencia judicial, los vídeos difundidos por Internet y mostrados por César Manzanos ponen de manifiesto la violencia con la que se empleó la Ertzaintza contra el “muro popular”, levantado en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz-Vitoria el 18 de mayo de 2015 y en el que participaron los ocho jóvenes junto a centenares de personas. El objetivo del “muro” humano era “proteger” a tres jóvenes vascos –Aiala Zaldibar, Igarki Robles e Ibon Esteban-, condenados por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por pertenencia a Segi. El movimiento Gasteizko Arresia ha iniciado una campaña de apoyo para recabar 16.660 euros, suma de las multas, costes del procedimiento judicial y la defensa.

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