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sábado, 7 de junio de 2025

Egaña | Kaparrada

Últimamente se habla mucho de lawfare en el congreso del estado español.

Con su meticuloso registro de momentos paradigmáticos, Iñaki Egaña deja registro de los excesos churriguerescos a los que la lawfare ha llegado mientras ha sido utilizada en contra del pueblo vasco.

De paso, en su texto dado a conocer en su página de Facebook, expone cuanto preocupa a Madrid el tema del euskera, ese idioma que obliga a Ayuso a usar pinganillos.

Adelante con la lectura:


Kaparrada

Iñaki Egaña

Hace unos meses falleció en Donostia Juan Martin-Casallo, con 81 años. La prensa local publicó su esquela que apenas tuvo eco por lo escueta. Entre otros cargos, había sido teniente fiscal del Tribunal Supremo español entre 2006 y 2013. A su jubilación y aunque español, Martin-Casallo fijó su residencia en la capital guipuzcoana de donde era natural su esposa. Esa relación con la ciudad y su entorno le llevó a conocer algunas de las particularidades lúdicas vascas, incluidas las transmisiones de la televisión autonómica, ETB. Y gracias a ella se familiarizó con expresiones y programas estrella, entre ellos “Vaya Semanita”. Así que ni corto ni perezoso, cuando aún ejercía de fiscal, aportó como “prueba” a una causa de las que gestionaba uno de los cortes habituales del citado programa.

Ocurrió en 2007. Los partidos políticos y agrupaciones electorales de la izquierda abertzale estaban rigurosamente prohibidos y muchos de sus dirigentes encarcelados. Ese año, llegaban las elecciones municipales y forales. El 27 de marzo, fue registrado el grupo Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), con intención de presentarse a la cita electoral. Marije Fullaondo estampó su firma en el registro, pero el Estado se puso de inmediato manos a la obra para frenar la presencia de la izquierda abertzale en las urnas. Fullaondo sería detenida y encarcelada meses más tarde, hasta 2010, y cosas de la vida, quince años más tarde es diputada en el Congreso español. Para ilegalizar ASB, el Gobierno socialista encargó a Martin-Casallo buscar las “pruebas”. Y entonces fue cuando el teniente fiscal echó mano de “Vaya Semanita”. El descubrimiento de la “continuidad” entre los apestados anteriores y los de ASB lo había visto en la televisión. Se trataba de los “batasunis”, unos personajes que en “Vaya Semanita” quemaban autobuses, simpatizaban con ETA y se arropaban con una kufiya, el pañuelo palestino. O sea que los batasunos de la tele eran los mismos que los que intentaban colarla al Supremo. Y la palabra ya estaba bien marcada por Herri Batasuna y Batasuna, ilegalizados previamente. Una sagacidad propia de un teniente fiscal diligente que aportó los guiones de “Vaya Semanita” como prueba irrefutable.

También en la capital española el hoy secretario del PSE, que cuando Martin-Casallo andaba indagando las entrañas de la izquierda abertzale apenas tenía 27 años, acaba de ofrecer una entrevista en el New Economy Forum. Y acaso por el medio, empresarios trajeados, y el vértigo consiguiente, sus declaraciones han sido rotundas. No os asustéis, queridos colegas. Comunicaré en la lengua de Cervantes a vosotros que os tituláis con la de Shakespeare, vino a decir. En literalidad: “EH Bildu nos da la kaparrada en Euskadi con el euskera”. Aunque con varias acepciones (para Euskaltzaindia “kaparrada” es una “garrapata menor”) es probable que Andueza le diera el valor de “tabarra”, “matraca”, “monserga”. En Madrid, esas frases gustan. Algunos incluso aplauden con las orejas cuando se la oyen a un vasco, más aún si es, como Andueza, euskaldún.

Hay toda una tradición de ubicar a los hombres y mujeres de Euskal Herria, o al menos a quienes reivindican su soberanía incluso su singularidad, en un pasado rural, en una sociedad anclada en términos superados por la modernidad. Esa tendencia, de propios y extraños, ha exacerbado los tópicos hasta llegar a situaciones hilarantes para nosotros, pero creíbles más allá del Ebro o del Aturri, con conclusiones extremas. El tópico del vasco ramplón con txapela, manos de pelotari, andar de oca, barriga expandida, sexo atrofiado y parloteo de trabalenguas está tan extendido que programas o películas como “Vaya Semanita” o “Diez apellidos vascos” han explotado como negocio comunicativo. Que, a fin de cuentas, también es una aplicación política. No observarán entre los clichés desplegados cuestiones relevantes como la solidaridad internacional, la insumisión y deserción histórica, la lucha obrera, la fortaleza sindical, la movilización social, el apego a la comunidad, a sus tradiciones, la naturaleza defensiva del entorno y el milagro de mantener viva una de las lenguas más antiguas del continente. En cambio, aquel presidente que hoy da su nombre al aeropuerto de Madrid ya afirmó durante su mandato que era imposible estudiar química en euskara. En el (in)consciente colectivo de buena parte de la elite española aún resuena las voces que increpaban a los diputados vascos en las Cortes madrileñas: ¡Cavernícolas! ¡Cavernícolas!. Como si la mofa de aquel humorista llamado Gila fuera cierta: “El hombre descenderá del mono, pero el español jamás”.

Toda una pléyade de acomplejados, aquí y allá, hicieron del tópico una rutina. Durante la dictadura los lemas “habla español si eres español”, “Habla lo que habla Franco” o “habla la lengua del Imperio” se impusieron manu militari. De ahí surgieron personajes como Pello Kirten (“corto”) o el radiofónico Chomin del Regato, caras amables del “sano regionalismo” franquista. Hoy, y aunque parezca mentira, su naturaleza fascista es revindicada y se acusa a sus detractores de formar parte “del nacionalismo pijo-guipuzcoano-afrancesado que es el más ilustrado pero también el más radical y etnicista” (Iñaki Ezkerra, El Correo).

Esa querencia por los tópicos ha llegado hasta nuestros días, siendo en estos momentos alcanzada por otra aún más chusca. La masificación turística, la llegada de manadas de analfabetos funcionales en viajes de quita y pon, nos imputan un segundo cliché, español o francés. Gorros de torero (incluso mexicanos), sangría y jamón, torres de Eiffel y escargots. Si fuéramos animales, que a veces nos tratan como tal, diría que nos “cosifican” por partida doble. Así que, las perspectivas no son halagüeñas. Declaraciones ante escenarios extraños como las realizadas por Eneko Andueza ahondan en aquella propensión a alargar el tópico que oficializó sobre el euskara la Academia (Real) de la Lengua española: “Aquello que está tan confuso y oscuro que no se puede entender”.

 

 

 

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sábado, 26 de abril de 2025

Agur eta Ohore Gloria!

A lo largo de los muchos años que se ha publicado este blog desde la diáspora vasca y para la diáspora vasca hemos compartido textos de la represaliada politica vasca Gloria Rekarte.

Hoy nos corresponde decirle un "hasta la próxima".

Aquí lo que nos informa Gara:


Fallece la expresa Gloria Rekarte Gutiérrez, colaboradora de GARA durante dos décadas

Pasó 19 años en diferentes prisiones españolas, luego militó en la asociación Etxerat asistiendo a las familias, representó al Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas en la firma del Acuerdo de Gernika, colaboró con GARA durante dos décadas... Tras una larga enfermedad, ayer falleció, Gloria Rekarte Gutiérrez, una mujer luchadora.

«Tenía pensado hablar de ciclos en esta columna. Ciclos que se abren, ciclos que se cierran; ciclos que empiezan y otros que terminan. Pero voy a ser más breve: hoy paso por aquí para despedirme». Con esas palabras arrancaba la columna que Gloria Rekarte Gutiérrez publicó en GARA el 27 de septiembre de 2022. La última. Con ese escrito cerró más de dos décadas de colaboraciones con este medio.

Rekarte, nacida en 1958 y fallecida ayer en Tafalla tras una enfermedad, deja tras de sí una larga historia de compromiso, que de alguna manera también es un reflejo de la evolución del país.

Fue detenida en 1981 por su militancia en ETA y durante los 19 años que permaneció en prisión, sufrió los avatares de la política de alejamiento. Le tocó pasar por cárceles como Yeserías, Ávila, Tenerife o Puerto de Santa María. Su paso por el aislamiento de la cárcel gaditana en el otoño de 1991 fue recogido en NAIZ en 2021 en un reportaje que firmó Fernando Alonso.

A pesar de que la experiencia en la cárcel canaria ya había sido muy dura, Rekarte fue tajante al afirmar que «si Puerto tiene la fama que tiene es por que se lo ha ganado a pulso». «Sabemos que todas las cárceles tienen fases y que se observan cambios según las diferentes direcciones, pero Puerto se ha mantenido siempre igual; el régimen y el trato ha sido una constante a lo largo del tiempo», precisó.

«Condiciones penosas»

A pesar de señalar que «las condiciones de vida eran penosas», remarcó con especial intensidad la actitud de las funcionarias: «Las carceleras eran mezquinas y crueles; y lo eran todas, no se salvaba ninguna, no te dejaban vivir».

Poco después de recuperar la libertad, en 2000, comenzó a colaborar con GARA, en una relación que se mantuvo durante 20 años.

En sus numerosas columnas narró, como ella misma contó en aquella última colaboración, «ilusiones y decepciones, aspiraciones y objetivos, errores y aciertos; anécdotas, proyectos y hasta pandemias; despedidas dolorosas y esperadas bienvenidas, muchos sobresaltos y unos cuantos berrinches».

«Porque -añadía- de todo ha habido en estas dos décadas en las que Euskal Herria ha vivido momentos muy dolorosos, muy esperanzadores, hitos históricos y hechos decisivos. Que no es poco».

En paralelo, se integró en Etxerat para prestar asistencia a las familias de quienes aún permanecían -y permanecen- entre rejas, ayudándoles con sus demandas y viajes.

En 2007, todavía en la época de la ilegalización de la izquierda abertzale, fue segunda en la candidatura de Nafarroako Abertzale Sozialistak.

Tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, en 2011, fue la encargada, junto a Jon Agirre Agiriano, de representar a EPPK en la firma del Acuerdo de Gernika, que dio pie a la apertura de una nueva fase en Euskal Herria.

 

 

 

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domingo, 4 de agosto de 2024

Alonso | Régimen de Excepción

En Euskal Herria ha quedado más que claro que en el estado español nunca hubo una transición democrática y que el Régimen del '78 es en realidad la continuidad de la dictadura franquista pero maquillada para satisfacer las exigencias de una Europa que estaba obsesionada con decirle al mundo que eran el faro de los derechos humanos en una noche tormentosa de conflictos bélicos y de represión política.

Con la figura del monarca atendiendo los intereses del IBEX 35 desde La Zarzuela, poco importaba realmente quien ocupase la poltrona en La Moncloa. Tanto peperos como sociatas seguían a pie juntillas el mismo guión, sobre todo en lo referente a perpetuar el dominio sobre las colonias europeas; EUskal Herria, los  Països Catalans, Galiza y Andalucía.

El cosmopaletismo de la Guerra Fría les funcionó de maravilla para absorber a los troskos y demás fauna de pseudo izquierda llevando a muchos vascos, catalanes, gallegos y andaluces a militar alegremente en las filiales locales del PSOE, restando fuerza a las verdaderas opciones de izquierda en sus respectivas naciones históricas.

En el caso de Euskal Herria, esto también sirvió para ponerle un cerco a la izquierda abertzale.

En ese contexto, traemos a ustedes este reportaje centrado en el 2002, mismo que ha sido publicado por Gara:


Régimen de excepción

Una de las grandes magias del sistema está en introducir el abuso en el régimen jurídico y legitimarlo. Si la persecución política y la proscripción de ideas quedan recogidas en ese marco, ya solo es necesario disponer de jueces sin pudor ni vergüenza para poner en marcha la maquinaria, políticos que lo alienten y medios de difusión que lo aplaudan y blanqueen.

Fernando Alonso

El acuerdo entre el PP y el PSOE contra el independentismo vasco fue el inicio de una ofensiva general para perseguir a la izquierda abertzale y expulsarla de la vida política, incluso de la sociedad.

Sobre ese propósito el juez Baltasar Garzón ya se venía destacando, pero en bastantes ocasiones los casos que instruía se quedaban en la nada. Así pues, el CGPJ, máximo órgano de los jueces y cuyos componentes son elegidos por el poder político, suspendió a los magistrados que cuestionaban las resoluciones. Para que todo tomara el rumbo marcado era imprescindible, además, institucionalizar la excepcionalidad dotándola del correspondiente marco jurídico.

Así, en febrero de 2002, PP y PSOE se reunieron para acordar las bases de una actuación conjunta dirigida a modificar las leyes de cara a eliminar cualquier expresión política de la izquierda abertzale y ahogarla económicamente.

El PNV se mantuvo a profiláctica distancia de los pactos de Estado, aunque luego puso un particular empeño policial y político en cumplir con lo emanado desde Madrid. Josu Jon Imaz garantizó a Aznar la lealtad del Gobierno de Lakua al marco jurídico español.

En este clima de colaboracionismo, en junio perpetraron la nueva Ley de Partidos, con un objetivo tan obvio que IU se opuso advirtiendo de que se ilegalizaría a una parte de la población y que entrañaba medidas propias de un estado de excepción permanente. El PNV también se mostró en contra, aunque no puso objeción alguna a su cumplimiento. Es más, Imaz afirmó que beneficiaba a la izquierda abertzale. Al parecer, estar en el punto de mira de la represión iba en beneficio de Batasuna.

Con la nueva Ley de Partidos la persecución política quedaba legalizada por el régimen y la lucha por la soberanía nacional vasca tipificada y en el punto de la mira de la represión. Se abría la veda.

Todas las caras de la represión

Pero Garzón ya estaba de partida desde el inicio del año, cuando citó a los directores de GARA y “Egunkaria” por una entrevista con ETA. En febrero ilegalizó Segi y Askatasuna, dictó auto contra 27 jóvenes de Jarrai y Haika y en reuniones anduvo conspirando contra EKHE, la empresa editora de este diario. En marzo imputó a 21 personas más, y avisaron a medios afectos para que no se perdieran el momento. Al mes siguiente los detenidos fueron de Batasuna.

Entonces llegaron los embargos y bloqueos de cuentas de Batasuna que, a juicio de Garzón, era «una gran empresa más de ETA» y las herriko tabernas una fuente de financiación. Poco después también consideró a Batasuna responsable civil de las acciones de ETA.

Hubo incluso actuaciones con carácter retroactivo, pues en octubre imputó a 24 antiguos miembros de Gestoras pro-Amnistía y en noviembre a veinte mahaikides de HB de los dos decenios anteriores.

Mientras, en el Parlamento Europeo agentes españoles lograban introducir en la lista de «organizaciones terroristas» a Askatasuna, un organismo de apoyo a los prisioneros.

El protagonismo de Garzón fue de tal calibre que decretó la suspensión de actividades de Batasuna cuando en las Cortes aún preparaban la ilegalización. Un adelantado a su tiempo.

Inmediatamente a la firma de la suspensión, la Policía española irrumpió en algunos locales y la Ertzaintza prometió cumplir la ley. Lo hizo con fruición al mismo día siguiente, cuando asaltaron con violencia sedes para desalojar a la fuerza a quienes se encontraban en el interior.

La violencia policial se hizo particularmente notoria en septiembre, que se inició con manifestaciones reprimidas sin miramientos. Cargaron hasta contra familiares de prisioneros en Arantzazu; aunque ya lo habían hecho meses antes frente a Sabin Etxea.

Pero el mayor exponente de ello se vivió el 14 de septiembre, cuando actuaron contra una impresionante manifestación que recorría pacíficamente las calles de Bilbo con el lema “Gora Euskal Herria”. La Ertzaintza arremetió con todo tipo de material contra una multitud de 40.000 personas sentadas sobre el asfalto de la calle Autonomía. No solo utilizaron porras y pelotas de goma, sino incluso dos camiones cisterna que proyectaban chorros de agua a presión.

La intervención provocó decenas de heridos, algunos de gravedad. Una persona perdió un ojo por el impacto de una pelota y otra, un testículo.

La represión no solo se enfocó hacia el cumplimento de las instrucciones de Garzón. Durante 2002 fueron numerosos los operativos contra ETA y la kale borroka, que se saldaron con decenas de arrestados. Abundaron las denuncias por torturas y agresiones sexuales durante la detención.

También se repitieron los relatos sobre alucinaciones y extraños estados de confusión mental de arrestados por la Ertzaintza. Sobre el tema, Josu Jon Imaz se revolvió y TAT le recordó que la ONU tenía recogidos 17 casos de torturas por parte de la Ertzaintza.

Y en semejante contexto, había quien intercedía para que Baltasar Garzón fuera Nobel de la Paz.

El 23 de septiembre murieron en Basurto, Bilbo, los militantes de ETA Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, al explosionar el artefacto que manipulaban. Justo dos meses después se quitó la vida en Legazpi Ramón Gil Ostolaza, puesto en libertad condicional unos días antes. Su liberación, perfectamente legal al superar tres cuartas partes de la condena, desató una auténtica cacería en su contra por parte de PP, PSOE y medios de difusión, que le acosaron hasta la muerte.

Por parte de ETA la actividad armada fue intensa, con numerosos ataques con bomba y cinco víctimas mortales.

La situación que se vivía no impidió que la izquierda abertzale siguiera trabajando iniciativas para la resolución del contencioso. En enero, Batasuna presentó una propuesta y en abril ahondó en ello con otra sobre transición hacia un marco democrático.

La Iglesia vasca se mostró contraria a las ilegalizaciones y José María Aznar lo consideró una «perversión moral». La Conferencia Episcopal coincidió con él; y fue más allá incluso, cuestionando la moralidad del derecho a decidir.

Precisamente ese derecho lo ejercieron en Gibraltar, al preguntar a sus ciudadanos si querían compartir soberanía con España. Casi el 99% lo rechazó.

En julio, un grupito de militares marroquíes colocaron su bandera en Perejil, un islote deshabitado. España lo tomó como un ataque a su integridad territorial y emprendió la hazaña militar “Rescatar Soberanía” para recuperar un peñasco donde había doce infantes con seis armas y un par de cabras.

En Perejil se lanzaron «al alba y con tiempo duro de levante», pero en Gibraltar se achantaron ante la Royal Navy.

El ministro de Defensa era Federico Trillo, el mismo que tras el hundimiento del “Prestige” en noviembre y después de visitar una zona de absoluto desastre ecológico dijo: «Las playas estaban limpias y esplendorosas; la visión era magnífica. No es el apocalipsis que nos han descrito».

Luego vendrían ocurrencias como la de Álvarez Cascos de bombardear el barco o los «hilillos de plastilina» de Rajoy.

En abril Hugo Chávez sufrió un intento de golpe de Estado que duró tres días, pues reasumió la Presidencia de Venezuela durante la madrugada del 14 de abril.

La atención de Putin estaba en Chechenia. En octubre un grupo checheno irrumpió en un teatro de Moscú y retuvo a quienes allá se encontraban. Tres días después, fuerzas del Ejército ruso expandieron un gas desde los conductos de aire y mataron a más de doscientas personas, rehenes y chechenos.

Durante 2002 Israel llevó a cabo tres asedios contra la Mukata, sede de la ANP y residencia de Arafat, que permaneció en su interior mientras arrasaban el complejo. Los ataques siguieron durante el año siguiente.

El 19 de agosto murió en Donostia Eduardo Chillida.

Los vientos de excepción que azotaban Euskal Herria en 2002 necesitaban algo más que un peine.

 

 

 

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sábado, 17 de septiembre de 2022

Egaña | Los Códigos de la Venganza

Desde Facebook traemos para ustedes este texto de la autoría de Iñaki Egaña.

Para reflexionar con respecto a los mecanismos espurios que utilizan Madrid y París para mantener a los presos políticos vascos en prisión.

Adelante con la lectura:


Los códigos de la venganza

Iñaki Egaña

En breve se conocerá la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre la excarcelación de Jakes Esnal y Jon Parot, presos vascos que llevan en prisión más de 32 años. Este tribunal ya había ofrecido su opinión a favor de la salida en condicional, pero un recurso de la Fiscalía la abortó, siguiendo los dictados de ese estado profundo, también en Francia, que aplica el código penal, no como castigo o redención, sino como venganza.

La extensión en el tiempo de las condenas son decisiones exclusivamente políticas. En 2002 llegó la involución con Aznar presidente de Gobierno hispano y Michavila ministro de Justicia con la Ley de Partidos y las ilegalizaciones consiguientes. Y un año más tarde con la modificación del artículo 76 del Código Penal para ampliar las penas por terrorismo de 30 a 40 años y el recorte de los “beneficios penitenciarios”. Un eufemismo, la ampliación a las cuatro décadas de presidio, para integrar en el código penal la cadena perpetua, cuestión que en el Estado francés se manifiesta en su legislación, con un “periodo de seguridad” antes de salir en condicional que habitualmente suele ser de 22 años.

Filip Bidart, miembro de Iparretarrak detenido en 1988, fue condenado a dos cadenas perpetuas, entre otras penas, y cumplió casi 19 años de prisión antes de abandonar el confinamiento. Marc Rouillan, militante de Acción Directa, detenido en febrero de 1987, fue condenado a perpetua. Salió de prisión, en régimen de semilibertad, en 2007, aunque un año más tarde retornó a presidió por haber infringido, según la fiscalía, la condicional. Volvió a la calle en febrero de 2011.

De sobra es sabido que la ley no es igual para todos, en especial en los momentos donde los conflictos han sido enconados. Los ejemplos de las condenas, indultos e impunidades por torturas o crímenes de Estado sirven para ilustrar la desviación de la balanza. Los escenarios también importan, y no es lo mismo ser ciudadanos de metrópolis coloniales (París y Madrid) donde la aplicación de la pena de muerte era masiva en tiempos de revueltas, que ser ciudadanos de países históricamente sojuzgados. La desaparición constitucional de la pena de muerte trajo las cadenas perpetuas.

Sorprende, en este caso, que los códigos de la venganza sean de mayor extensión en espacios de sociedades avanzadas. En Hego Euskal Herria tenemos un ejemplo cercano, el de la dictadura franquista. En los primeros años, el tirano ejecutó a opositores, sindicalistas y republicanos. Hasta la caída del fascismo en Europa, cuando los Aliados entraron en Berlín.

El código penal español vigente fue precisamente de 1944, con pena de muerte incluida, revisado en 1963 y reformado en 1967 y 1971. En 1973 el franquismo alumbró un nuevo código penal con el que aún hay presos vascos en prisión, porque fueron juzgados por hechos anteriores a 1995. En 1959 se promulgó la Ley de Orden Público y en 1960 el Decreto de Bandidaje y Terrorismo. El Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, primero, y el Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, después, se convirtieron en los instrumentos.

Fueron decenas de miles los presos en España al finalizar la guerra civil. Pero, probablemente por razones de índole laboral, necesidad de mano de obra, las libertades provisionales se convirtieron en habituales. Un memorando del Gobierno de la República en el exilio señalaba que eran cerca de 300.000 los presos españoles en libertad provisional. Las condenas a muerte fueron extraordinariamente numerosas, pero a partir de las fechas señaladas la casi totalidad fueron conmutadas por cadenas perpetuas que para muchos presos no pasaron de los seis años. Eso sí, en unas condiciones infrahumanas.

Hubo excepciones. En los medios hispanos habrán leído que Fernando Macarro (conocido como Marcos Ana, fallecido en 2016) fue el preso político que más tiempo pasó en prisión, 22 años, cerca de 9.000 días. Encarcelado en prisión con 18 años, en 1939, salió con 41, en 1961. Con todo lo que esa carga supone, la realidad es que fue un vasco quien más tiempo estuvo en prisión. Jacinto Ochoa Marticorena, natural de Uxue: 28 años, de los que 20 lo fueron en la cárcel de Burgos. Marcelo Usabiaga, maquis y militante del PCE, pasó 21 años en prisión.
La tónica, sin embargo, fue la de, por ejemplo, Juan Ajuriagerra, el líder del PNV que negoció el Pacto de Santoña para concluir la guerra una vez que las tropas fascistas se hicieron con el control del territorio de Bizkaia. Ajuriagerra, que fue el hombre que manejó el partido jeltzale en la clandestinidad, fue detenido en 1937, condenado a muerte, conmutado, alejado en 1942 a la prisión de Las Palmas y en libertad provisional en junio de 1943. El bando franquista había ganado la contienda, tuvo aliados sólidos en la Guerra Fría y se sabía imperecedero. La cárcel no era escenario de campaña, al menos para el fascismo.

Desde octubre de 1945 hasta 1977, el régimen franquista aplicó hasta 13 indultos, al margen de la Ley de Amnistía que vació las cárceles de presos políticos vascos, con alguna excepción, y deportó a una veintena a países europeos. Fueron indultos por razones incluso frívolas (año jacobeo, toma posesión nuevo dirigente de El Vaticano, proclamación de un rey como sucesor del dictador…). Pero que supusieron la salida de prisión de centenares de presos vascos, incluidos decenas de internos acusados de pertenecer a ETA.

En 2010, el fiscal de la Audiencia Nacional pidió 33 años a cada uno de los cuatro jóvenes de Barakaldo juzgados bajo la acusación de quemar un cajero, en un acto de los denominados de kale borroka. Una prueba más de esa justicia punitiva ligada a la venganza. Es evidente que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Pero es notorio, asimismo, que la venganza se ha ido refinando con el paso del tiempo. Los códigos penales son una buena muestra de ello. Y el que está en vigor es más punitivo, retributivo en años y vengativo que el último del franquismo.

 

 

 

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lunes, 22 de agosto de 2022

Dos Décadas de la LPP Aznariana

Para recordar la infamia vivida por los habitantes de la CAV hace 20 años, duro golpe a los derechos civiles y políticos que tomó lugar sin que nadie en la Unión Europea se preocupara ni un tantito de que algo así pudiera estar sucediendo en pleno siglo XXI en la Europa de las luces y de los derechos humanos, hito que incluso manchó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su fallo en contra de la izquierda abertzale, traemos a ustedes este reportaje publicado por Naiz:


Una ley que pretendió alterar la voluntad política de un pueblo

Este verano se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley de Partidos, diseñada para ilegalizar a la izquierda abertzale y dejarla por tanto fuera de las instituciones. Sirvió para suplantar la voluntad de la sociedad vasca, pero no logró suprimirla. Tampoco derrotar las ideas proscritas.

Iker Bizkarguenaga

Solo quedan unos meses para que las urnas vuelvan a abrirse en las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Iruñea, unos comicios que tienen muchos puntos de interés. Entre estos, sin embargo, no se encuentra saber si todas las opciones políticas van a poder concurrir legalmente, y aunque está acotación quizá sorprenda a algunos de los lectores y lectoras más jóvenes, no está de más en un país que durante años tuvo amputada una parte importante de su cuerpo electoral.

Hace ahora veinte años, el Estado español, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial actuando al alimón, decidió ilegalizar la representación política y electoral de la izquierda abertzale, y abrió un periodo, toda una década, en el que las instituciones dejaron de representar fielmente la voluntad de la ciudadanía, generando un escenario profundamente antidemocrático y una enorme tensión social.

Expresamente contra la izquierda abertzale

La maniobra fue ejecutada a través de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, que entró en vigor el 27 de junio de ese año con la intención manifiesta de dejar fuera de juego a la izquierda abertzale. Jesús Cardenal, fiscal general del Estado en aquellas fechas, lo dejó meridianamente claro cuando dijo que «venimos a liberar a una parte de España del asedio de un partido que se llama Batasuna».

El plan no era nuevo. Aún estaba reciente el encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB en 1997 por haber difundido en espacios electorales la Alternativa Democrática, y en Madrid, el contexto, con una sociedad que aún trataba de digerir el cierre frustrado del proceso de 1998-1999 –con el acuerdo de Lizarra Garazi y la tregua indefinida de ETA como hitos–, debió parecer adecuado para apuntillar al movimiento que más eficaz e insistentemente había enmendado el régimen del 78 y lo que este representaba para Euskal Herria.

Cabalgando sobre el “Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo”, suscrito a finales del año 2000 por PP y PSOE, y tras fracasar en el intento de llegar a Ajuria Enea en 2001 con Jaime Mayor Oreja, la Ley de Partidos fue una vuelta de tuerca para poder entonar, por fin, el domuit vascones.

Remitida por el Consejo de Ministros de José María Aznar el 19 de abril, fue aprobada en el Congreso con el apoyo de PP, PSOE, CiU, CC y Partido Andalucista. Votaron en contra, IU, PNV, BNG, ERC, ICV, EA y CHA, y organismos como Amnistía Internacional o el propio Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, expresaron su preocupación y sospecha de que el objetivo de la ley no era «garantizar el funcionamiento del sistema democrático». Pero la maquinaria estaba en marcha.

El 6 de agosto, dos días después de un atentado de ETA en Santa Pola con dos víctimas mortales, el Ejecutivo remitió a la Fiscalía General un documento con argumentos para ilegalizar Batasuna, y Cardenal se puso manos a la obra. El 19 de agosto, el Ministerio Público interpuso la demanda de ilegalización, el Congreso le dio cobertura política el día 26, y así comenzó un procesó que culminó el 17 de marzo de 2003, cuando el Tribunal Supremo decidió por unanimidad ilegalizar la formación abertzale.

Paralelamente, un veterano de la represión del independentismo, el juez Baltasar Garzón, decretó la suspensión de actividades de Batasuna y ordenó adoptar «las medidas necesarias» para «impedir la celebración de cualquier manifestación que se refiera a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok –ilegalizadas igualmente– y Batasuna».

Réplica en la calle y en las urnas

La orden del magistrado, hoy referente para algunos progresistas desorientados, no impidió que la respuesta en las calles vascas –también hubo protestas en otros lugares de Europa y del mundo– fuera masiva.

Es imposible enumerar todas las movilizaciones que se realizaron durante aquellos meses, pues las hubo de todos los tamaños y colores, a nivel local y nacional, aunque quizá la más recordada fue la gran manifestación que el 14 de setiembre de 2002, con el lema “Gora Euskal Herria!”, fue disuelta violentamente por la Ertzaintza. La Policía autonómica utilizó para ello, además de porras y pelotazos, una tanqueta con manguera desde la que, al más puro estilo de la dictadura chilena, lanzó un líquido azul a la multitud reunida en las calles de Bilbo.

La imagen de varias decenas de miles de personas sentadas, aguantando el chaparrón –en el sentido literal de la palabra–, aplaudiendo y entonando canciones, se ha convertido en un símbolo de aquella época.

También hubo paros, huelgas, pronunciamientos solemnes y una denuncia del “apartheid político” que se mantuvo constante en el tiempo, sobre todo en los municipios. En gran medida, porque en muchos de ellos vieron cómo los gobiernos locales eran ocupados por personas que no gozaban de apoyo popular, y que el voto de los vecinos no era tomado en consideración.

Y es que, aun ilegalizada, la izquierda abertzale nunca eludió el reto de medirse en las urnas. Lo hizo con resultados inesperados para quien anhelaba su disolución.

No ocurrió tal cosa; al contrario, todas las siglas con las que concurrió en las sucesivas elecciones siempre estuvieron por encima de los cien mil votos. Tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que se trataba de sufragios que se contaban como nulos.

«Que hubiera decenas de miles de personas en este país que guardaran una papeleta ilegal y fueran a depositarla a la urna, o que miles de personas avalaran con su firma las candidaturas, o incluso estuvieran dispuestas a formar parte de las listas electorales, aunque es un dato que a veces pasa desapercibido en el debate político, es algo que a nosotros nos llenaba de confianza y satisfacción. Ese era el reflejo de la fortaleza del proyecto político de la izquierda abertzale», expuso Arnaldo Otegi en el libro-entrevista “Mañana Euskal Herria”, publicado en 2005.

Así, en las primeras elecciones tras la ilegalización, la plataforma Autodeterminazio Bilgunea (AuB) sumó más de 150.000 votos en Juntas Generales y en el Parlamento navarro, y más de 160.000 las candidaturas municipales, a pesar de estar anuladas.

Después, también fueron víctimas de la Ley de Partidos, Herritarren Zerrenda, Abertzale Sozialisten Batasuna, Aukera Guztiak, Demokrazia Hiru Milioi, Askatasuna, EAE-ANV –histórica formación de izquierdas y abertzale, cuyos militantes lucharon contra el fascismo en la guerra de 1936– y el PCTV-EHAK.

Este partido fue ilegalizado a posteriori, en 2008, junto a ANV, tras haber concurrido legalmente a las elecciones al Parlamento de Gasteiz en 2005, en las que obtuvo nueve escaños, dos más que Euskal Herritarrok en 2001.

Aquel éxito electoral fue un golpe en la línea de flotación de la estrategia del Estado, que cuatro años después, en las autonómicas de 2009, pasó el rodillo. Esos comicios los ganó el PNV, pero con las listas abertzales ilegalizadas, PSE y PP sumaron mayoría absoluta y Patxi López fue investido lehendakari. Sin votos ni legitimidad, pero no pareció importarle en absoluto.

40.000 personas «contaminadas»

Otra lista que superó el cedazo judicial fue Iniciativa Internacionalista, una candidatura encabezada por Alfonso Sastre en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Recibió amparo del Tribunal Constitucional, en un fallo en el que se afirmaba que «no es constitucionalmente aceptable la tesis de la denominada contaminación sobrevenida que, en el parecer del Tribunal Supremo, padecerían cuantos, sin ser ellos mismos motivo para la ilegalización de una candidatura, figuraron como candidatos en una lista ilegalizada». Aquella fue una afirmación cargada de cinismo, pues haber formado parte de una plancha ilegalizada había sido motivo suficiente para que miles y miles de personas fueran despojadas después de su derecho a participar en unas elecciones.

En total, por este o por otros motivos –haber visitado a presos, haber sido interventor...– unas 40.000 personas habrían sido consideradas “contaminadas”, y su sola presencia era capaz de echar por tierra una candidatura. Una auténtica barbaridad.

No fueron tantas, pero sí muchas, las personas que fueron detenidas y encarceladas durante todos esos años por su vinculación con las fuerzas ilegalizadas. La operación desarrollada en Segura en octubre de 2007, con una veintena de arrestados, fue ejemplo paradigmático de aquella persecución a la militancia independentista.

Sin embargo, esta acometida del Estado no fue capaz de neutralizar la actividad política de la izquierda abertzale, que en ese duro contexto fue capaz de impulsar y protagonizar el proceso de diálogo de 2005-2006, y de pilotar más tarde el giro estratégico que desembocó en el escenario actual.

En cierto modo, aquella noche de mayo de 2011 en el Arenal, con los sentimientos a flor de piel, puso el cierre a ese capítulo nefasto de la historia reciente de Euskal Herria. La izquierda abertzale no solo había resistido, también había tejido alianzas y emprendido un camino que daba sus primeros frutos en forma de tsunami de votos. Los resultados de Bildu, celebrados aquí y lamentados allá, representaron el fracaso de una ofensiva que cercenó derechos, pero no logró suprimir voluntades.

Veinte años después, la Ley de Partidos sigue en vigor, igual de amenazante pero con los dientes mellados. Enfrente, un movimiento asentado en el fondo y renovado en la forma, y un pueblo que nada quiere saber de rémoras antidemocráticas.

 

 

 

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sábado, 30 de abril de 2022

Entrevista a Miquel Ramos

El conflicto bélico en el este europeo y el resultado del reciente proceso electoral en el estado francés son dos panoramas específicos que perfilan la situación que se vive en Europa donde el viraje a la derecha del espectro político es más que evidente.

Hay quienes hemos estado alertando acerca de ello.

En ese sentido, nos complace traer a ustedes esta entrevista publicada en las páginas de Naiz:


«Ni al Estado español ni a las élites les inquieta la extrema derecha»

Periodista especializado en extrema derecha y movimientos sociales, Miquel Ramos (Valencia, 1979) es colaborador habitual de diferentes medios y programas televisivos. Ahora publica con la editorial Capitán Swing ’Antifascistas. Así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90’.

Ibai Azparren

'Antifascistas. Así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90’ es una historia sobre el antifascismo «contada desde dentro», un ensayo en el que Miquel Ramos cuenta la evolución de la extrema derecha durante los últimos cuarenta años para explicar a qué se enfrenta el antifascismo y la sociedad en general. Aprovechando su estancia en Iruñea, NAIZ charla con el periodista en Katakrak sobre este libro imprescindible para los tiempos que corren.

La muerte de Guillem Agulló avivó algo en una nueva generación de jóvenes que empezaba a interesarse por la política. ¿Qué despertó en usted?

A mí me golpea de lleno y de manera muy cercana. Primero, porque Valencia es muy pequeña, y  dentro del entorno de la izquierda y del valencianismo nos conocíamos todos. También por el hecho de que una de las personas que acompaña a Guillem esa noche era una compañera del colegio. Fue un hecho traumático que se extendió a toda la sociedad valenciana. Ya había habido una serie de crímenes de odio por parte de la extrema derecha, que ya no es la que viene del franquismo y de la Transición, sino una nueva que se dedica a cazar a personas de todo tipo. La muerte de Guillem vino a demostrar que ya no solo atacaban a personas vulnerables como fue Sonia, una mujer transexual que vivía en la calle, o Lucrecia, una mujer migrante negra que vivía en una casa abandonada, sino que también a atacaban a una persona joven, militante de izquierdas y antifascista como Guillem. Cualquiera de nosotros podía ser el siguiente.

Desde los nostálgicos de Franco hasta Vox, pasando por los skinheads. ¿Cómo ha mutado la extrema derecha desde la Transición hasta hoy?

En el Estado español la extrema derecha siempre va por detrás. Saliendo del Régimen, los que habían sido ministros con Franco se convierten en artífices de la democracia por la gracia de Dios. Sin embargo, llega un momento en el que España se parece cada vez más a Europa y comienzan a aparecer partidos neofascistas que no hacían referencia estrictamente al fascismo y al nazismo, sino que tenían discursos y apellidos democráticos como Democracia Nacional, pero que eran los mismos que venían de grupos nazis de los 80-90 y que empezaban a buscar su encaje dentro de un sistema democrático.

Y a concurrir en las elecciones.

El libro cuenta la evolución de la extrema derecha porque hay que explicar a qué se enfrenta el antifascismo. Y si al principio se enfrenta a bandas parapoliciales, al terrorismo de Estado o a grupos nazis, llega un momento en el que la extrema derecha empieza a acudir a las urnas. Al principio les va mal pero, por ejemplo, la experiencia de Plataforma Per Catalunya fue un susto. Empiezan a pensar nuevas estrategias, y ahora no se puede combatir a un partido político solo con una manifestación, hacen falta muchas complicidades. El libro intenta poner sobre la mesa que el fascismo ha intentado penetrar por todas partes y apela a diferentes actores de la sociedad para que tomen conciencia del problema y actúen en la medida que sean capaces.

Las acciones violentas de la extrema derecha en los años 90 fueron muy frecuentes en diferentes puntos del Estado como Madrid, Barcelona o Valencia. Sin embargo, en Euskal Herria, la presencia de estos grupos fue mínima comparado con esos lugares. ¿A qué se debe?

Euskal Herria tenía sus propios problemas, más allá de que no había una extrema derecha que se iba de cacería a los barrios donde se reunían la gente de izquierdas. No obstante, había bandas parapoliciales, terrorismo de Estado, y el conflicto vasco y la violencia por parte de ambas partes que lo atravesaba condicionó, no solo la política en Euskal Herria, sino toda la política a nivel estatal, y también a todos lo movimientos sociales más allá de Euskal Herria.

Hay un capituló en el que habla de eso, titulado «todo es ETA». ¿Por qué ha decidido introducir este tema en un libro sobre la extrema derecha?

Porque es muy importante para la gente que no ha vivido los años 90 y la década siguiente. La violencia que envolvió el conflicto condicionó mucho el quehacer de los movimientos sociales y a la propia militancia de izquierdas. Hubo debates muy encarnizados dentro de la izquierda sobre el conflicto. Por una parte, rechazabas determinadas acciones armadas, pero por otra no comprabas el relato oficial ni avalabas las ilegalizaciones, el encarcelamiento, las torturas… Entiendo que desde dentro de Euskal Herria quizás no se conozca lo que sufrimos los que estábamos fuera, cómo vivimos aquello. Y creo que ese diálogo es necesario, y más en un momento en el que la violencia ha dejado de ser protagonista del conflicto. Es necesario que se hable porque sana muchas heridas y acerca a mucha gente.

Le costó escribir el capítulo.

Reconozco que tuve mucha presión interna y lo cambié varias veces. De hecho, es uno de los capítulos que más me ha costado escribir. Sé que es un asunto muy delicado, que tocas muchas sensibilidades y que es un tema que todavía está instrumentalizado, pero me parecía que se tenía que hablar de esto, que se tenía que contar cómo se vivió todo eso fuera de Euskal Herria y cómo afectaba una acción armada en un territorio como por ejemplo Valencia. ¿Cómo vivíamos nosotros eso? Pues lo pasábamos muy mal. El «todo es ETA» era eso. La situación era muy maniquea y estos debates se tenían en privado porque el ambiente era tan hostil que era muy delicado hablar de determinados temas, incluso a nivel familiar.

Dedica además otro capítulo a Xavier Vinader y su investigación en Euskal Herria de grupos parapoliciales de la extrema derecha que fueron embriones de lo que después sería el GAL. El Estado nunca ha visto a la extrema derecha como un peligro...

Lo dijo Xavier Vinader: la extrema derecha llega donde el Estado no puede llegar. Aquí tuvimos nuestro propio Gladio que, aunque no se llamaba así, se llamaba BVE o GAL, mercenarios de extrema derecha vinculados al Ministerio de Interior. Pero, ahora, tampoco sigue siendo un problema para el Estado. Primero, porque no cuestiona el status quo, no cuestiona el orden neoliberal ni la unidad de España. Es más, la extrema derecha sirve para atacar aquellos que lo cuestionan. Utiliza mucho la batalla cultural, es decir, temas pantalla como su lucha contra el feminismo o las personas migrantes para no hablar de lo que son, partidos complacientes con las élites. El Estado nunca ha considerado a la extrema derecha como una amenaza.

¿Hasta qué punto está sumergida la extrema derecha en los aparatos del Estado? ¿Es comparable a otros países europeos?

No me atrevo a decir que sea comparable, aunque sé que en otros países existen estos problemas. Pero aquí no se depuran. No hay interés por parte del Estado de frenar esos brotes de fascismo que vemos en los chats de policías y militares, donde hablan de fusilar a media España y utilizan insultos racistas y machistas. No pasa nada, no se sancionan esas conductas. Muchas veces son los policías o los militares quienes filtran las informaciones. Se asustan cuando ven este tipo de mensajes y, como no confían en su superior, se lo tienen que filtrar un periodista. Tenemos un problema si es el demócrata el que se tiene que esconder.

La extrema derecha como Vox o el FN ha sabido presentarse ante el público como un partido político más, pero este cambio de estrategia se estaba cocinando a fuego lento. ¿Cómo se dio este viraje estratégico?

Siempre me preguntan a ver si el antifascismo ha fracasado porque hoy en día tenemos 52 diputados de Vox, y yo digo que quien ha fracasado es la sociedad. Dejaron solos a chavales y chavalas enfrentándose un monstruo que advertían que podía llegar a las instituciones. El fascismo apelaba a toda la sociedad más allá de los colectivos que señalaba, era una amenaza para lo que creo que debería ser el pilar básico de la democracia como son los derechos humanos, pero muy poca gente se sintió apelada porque pensaba que la extrema derecha había muerto con Franco. Sin embargo, el libro da cuenta de una serie de gente que vio esa amenaza y se jugo la vida por ponerse en primera línea.

Detrás de estas formaciones hay mucho dinero invertido. ¿Quién financia a la extrema derecha?

No es fácil seguir el rastro del dinero, pero está claro que a las élites no les inquieta la extrema derecha. Es obvio que la extrema derecha de hoy viene del PP. El PP ha tenido la virtud de haber contenido a esa extrema derecha durante muchos años, pocas veces se atrevía a cruzar la línea. La escisión empieza con el Gobierno de Zapatero. En esa época, empieza a haber un mantra dentro de la derecha «neocon» de que el PP no es lo suficientemente valiente para revertir las políticas del PSOE en materia de aborto, matrimonio igualitario o memoria histórica. El PP, cuando llega al Gobierno, las deja de subvencionar o las vacía de contenido, pero no las quita, no se atreve. Y la extrema derecha no quiere esto, por lo tanto aquí se comienza una especie de despegue con Hazte Oír, Abogados Cristianos o los lobbies ultracatólicos que cristaliza en Vox.

Ahora mucha gente no sabe cómo actuar con Vox y los medios de comunicación no saben cómo tratar a la extrema derecha. 

Muchos periodistas se preguntan ahora qué hacemos con la extrema derecha, pero a algunos que llevamos años informando sobre esto se nos ridiculizó, se nos trató de activistas. La mayoría de los medios son empresas que buscan ganar dinero y se deben cada vez más al espectáculo. La profesión está muy precarizada, cada vez hay menos periodismo investigación y más clickbait. La extrema derecha lo sabe y juega en ese terreno, da titulares. Lo que se le pide a los periodistas es que ejerzan de periodistas, y lo primero es no comprar sus marcos. Lo segundo, que desmonten sus mentiras. Pero si te pasas el día hablando de ETA, Catalunya, «menas» y el lobbie queer, no hace falta que invites a la extrema derecha, ya le has hecho la cama.

En el plano político, los intentos franceses de crear un cordón sanitario al FN han salido rana. De hecho, Macron ha llegado a abrazar parte de ese discurso y las elecciones del otro día muestran como Le Pen se acerca cada vez más al Eliseo.

El problema no es la representación parlamentaria que consiga la extrema derecha, sino haber sido capaz de extender su sentido común y su discurso al resto de partidos y al resto de la sociedad. Por ejemplo, el PSOE aplica políticas sobre las que la extrema derecha no tiene mucho que objetar, como puede ser en materia de inmigración o la propia Ley Mordaza. Además, con la políticas de fronteras que aplica la UE ya compran parte de su argumentario.

Decía en una entrevista que es complejo analizar desde el eje fascismo-antifascismo la invasión de Ucrania, pero miles de combatientes neonazis han acudido allí. ¿Cuando se acabe la guerra, va ser un problema para toda Europa?

La invasión de Ucrania ha provocado un cierre de filas en el relato oficial de Occidente y que se deje de hablar de lo que mucha gente ya venía alertando antes de la invasión. Yo mismo publiqué un artículo un mes antes de la invasión en la que hablaba del polvorín neonazi que era Ucrania. También la BBC y otros medios pocos sospechosos de comprarle el relato a Putin lo publicaron. He informado sobre los nazis del bando ruso y no he comprado la justificación de la invasión como una especie de desnazificación, pero nos hemos encontrado con un equilibrio muy jodido. He tenido que rebajar un poco lo que publicaba porque me sentía muy atacado por hacer lo que estaba haciendo siempre, que es sacar información sobre los nazis, sean del bando que sean. Pero dejar de hablar de esto va a provocar que, una vez acabe el conflicto, parte de esos combatientes, que son de extrema derecha, vuelvan a casa con entrenamiento militar y muchos contactos.






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jueves, 21 de octubre de 2021

Memoria y Víctimas Olvidadas

El escenario abierto por ETA tras su cese al fuego unilateral y la culminación de los componentes de Desarme y Desmovilización de su proceso de DDR está permitiendo colocar los reflectores sobre temas que antes quedaban ocultos tras una meticulosa estrategia de ocultamiento por parte del régimen español, misma en la que participaban tanto funcionarios de distintas instituciones estatales españolas así como medios de comunicación y también líderes de opinión parapetados en organismos de la sociedad civil a menudo financiados por Madrid.

Hoy ya se puede hablar de los muchos casos de terrorismo de estado llevados a cabo en contra de los vascos en general y de los militantes del independentismo en particular.

También se puede hablar de los cientos de casos sin resolver en acciones violentas perpetradas por grupos afines al españolismo así como por los "incontrolados", que es el eufemismo con el que Madrid se refiere a los miembros de sus fuerzas armadas que cometían fechorías "por cuenta propia".

En ese sentido, queremos compartirles este artículo de Público con autoría de nuestro amigo Danilo Albin que nos habla de las iniciativa de memoria y reconciliación que se están llevando a cabo en diferentes localidades de Euskal Herria.

Adelante con la lectura:


Varios pueblos vascos avanzan por primera vez hacia una memoria que incluye a todas las víctimas del conflicto

Alrededor de 25 municipios de Euskadi han protagonizado distintos procesos de diálogo enfocados a reconocer y recoger todos los tipos de sufrimiento vividos en las últimas décadas. Las iniciativas surgieron al calor del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, anunciado hace ahora diez años.

Danilo Albin

Legazpi mira hoy hacia atrás con varios ojos y unas mismas gafas. El sufrimiento vivido en este municipio del interior de Gipuzkoa durante las últimas década se escribe oficialmente en plural: este jueves, la localidad dará a conocer el resultado del proceso llevado a cabo en los últimos cinco años y que ahora se plasma en un informe titulado Hacia una memoria compartida. Sus páginas recogen, por primera vez, las "conculcaciones de derechos humanos y acciones violentas ocurridas en Legazpi entre 1956 y 2021".

El recorrido que ahora cierra este pueblo ya ha sido transitado con distintos formatos por varias localidades –en su mayoría también guipuzcoanas–, mientras que en otras están ahora mismo hablando de aquello que pasó y que hasta ahora no se contó. Las memorias, en todos esos lugares, se escriben en términos inclusivos.

"En 2012, con el cese de la violencia y la normalización política empezó a generarse la oportunidad de juntar a gente muy diversa con necesidad de hablar sobre lo ocurrido", señala a Público Aitziber Blanco, quien se desempeña como facilitadora de diálogo en estos procesos. "A partir de ahí –relata– se van dando una serie de consensos a la hora de mirar hacia el pasado desde una base de derechos humanos". Empezaba así el recorrido de construcción de una "memoria compartida" que hoy continúa.

Fue precisamente en 2012 cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por EH Bildu, puso en marcha un proyecto dirigido a fomentar la apertura de procesos de diálogo a nivel local. Aquella iniciativa, ahora denominada "Bizikidetza lantzen" (Cultivando la convivencia), ha servido de paraguas en alrededor de 25 municipios guipuzcoanos que han impulsado distintos foros o espacios de diálogo dirigidos a reconocer todos los sufrimientos que se registraron en sus calles.

"El objetivo era crear distintos foros donde se empezara a hablar de lo sucedido. Está el foro político, que se enmarca dentro de los ayuntamientos, donde participan todas las sensibilidades políticas que tienen representación dentro de los ayuntamientos. Luego están los foros ciudadanos, en los que se juntan personas que quieren empezar a hablar de lo sucedido", explica a Público Aintzane Gamiz, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz y facilitadora de procesos posconflicto en la Fundación Baketik.

Desde su experiencia, Gamiz destaca que se trata de procesos discretos "que se llevan a cabo fuera del foco político y público para evitar que nadie haga uso partidista de los mismos". "El objetivo es sentarse, empezar a hablar de lo sucedido, empezar a reconocer los sufrimientos padecidos por todas las víctimas. El marco para ello no pueden ser las ideas políticas, porque ahí no nos vamos a encontrar, pero sí los derechos humanos", subrayó.

En el caso del informe que se presenta este jueves en Legazpi, el documento recoge las vulneraciones de derechos humanos y otros hechos violentos producidos en ese municipio, así como las opiniones y testimonios sobre la violencia y su impacto en la convivencia de 16 personas, siete mujeres y nueve hombres.

"Entre las personas entrevistadas y contrastadas hay una gran pluralidad: víctimas y familiares de víctimas, quienes han sido representantes municipales, personas cuyo perfil está unido a iniciativas sociales y de convivencia, recogiendo así una diversidad de matices y sensibilidades ideológicas de la localidad", afirman los promotores de esta iniciativa en un comunicado.

Allí se destaca precisamente que "la presentación de este documento no significa la asunción por parte de los grupos políticos de todo su contenido, pero sí la concepción de que es un inicio en el largo recorrido de la construcción de la memoria y la reconciliación". En otras palabras, sugieren que este trabajo "debe tomarse como un aporte útil para el conocimiento del pasado, que nos valga para facilitar las bases de la convivencia presente y futura".

Bakeola-EDE Fundazioa es otra de las organizaciones que trabaja precisamente en esos escenarios de posconflicto. "La sociedad vasca ha sufrido durante décadas la violencia y el terrorismo. En este sentido, se han registrado vulneraciones graves de derechos humanos más elementales, ha imperado el miedo, el silencio, la indiferencia y el desacuerdo provocando la polarización social entre las diferentes posiciones ideológicas", resume Maider Martiarena, integrante de dicha fundación.

En este nuevo escenario, "los diferentes agentes sociales y la ciudadanía en general empiezan a activar dinámicas que tienen como objetivo natural la reconstrucción de la convivencia y unas relaciones dañadas durante décadas", apunta.

Los formatos han sido variados. En tal sentido, Martiarena destaca que "cada ayuntamiento ha tenido su proceso". Bakeola-EDE Fundazioa empezó por ejemplo en el municipio de Zarautz en 2008, cuatro años antes de que la Diputación de Gipuzkoa emprendiera la iniciativa Bizikidetza Lantzen. "Ese año, el ayuntamiento diseñó un plan de Convivencia en el que se impulsaba una 'mesa de convivencia' donde participaban todos los partidos con representación en el ayuntamiento, relata. Entonces faltaba una pata: la izquierda abertzale se encontraba entonces ilegalizada por la Ley de Partidos.

En varios ayuntamientos se siguió esa tónica de diagnóstico y posterior puesta en marcha de la mesa de convivencia, mientras que en otros casos ha sido el propio gobierno municipal el encargado de poner en marcha la mesa de convivencia de forma consensuada por todos los partidos, algo que no siempre se ha logrado en el primer intento.

Cicatrizar, recordar

"Estamos ante unos procesos que se basan en el diálogo, la honestidad y una mirada crítica hacia el pasado", explica, también desde su experiencia, la facilitadora Aitziber Blanco, quien mira precisamente hacia esas heridas que ahora no solo buscan cicatrizar: también requieren, para curarse, que sean reconocidas.

"El impacto de la violencia también ha sido en nuestro tejido social –apunta Blanco–. En esa polarización que ha afectado a nuestras relaciones, a cómo nos hemos acercado al sufrimiento y al dolor de las víctimas, a veces de forma polarizada, prevaleciendo los nuestros y costándonos más acercarnos a los otros". De esa manera, en las distintas mesas participan ciudadanos que han sufrido directamente el terrorismo –ya fuese de ETA o de organizaciones como el GAL o el Batallón Vasco Español– la tortura o distintas formas de persecución y extorsión.

Martiarena cuenta que en aquellos municipios donde trabaja Bakeola las "mesas de convivencia" cuentan al menos con tres o cuatro fuerzas políticas representadas. "Mayoritariamente, estos políticos acumulan un bagaje personal afectado por el contexto de violencia política –continúa–. Muchas y muchos de ellos han conocido de cerca las consecuencias de esta violencia; algunos incluso han sido víctimas directas, pero a menudo esas vivencias son desconocidas para el resto de la mesa". Ahí están, precisamente algunas de las consecuencias del tiempo vivido: "Ha habido grandes silencios respecto a las consecuencias personales y familiares de la violencia política".

Radiografías

La Sociedad de Ciencias Aranzadi, una organización con una dilatada trayectoria en el País Vasco, también está inmersa en trabajos de este tipo. "Los ayuntamientos nos solicitan una radiografía sobre qué ha ocurrido en las últimas décadas en sus municipios: cuántas personas han padecido diferente tipología de represión, vulneración de derechos humanos o violencia de motivación política", detalla Javi Buces, investigador de Aranzadi.

Actualmente, esta institución realiza actuaciones de este tipo en media docena de localidades guipuzcoanas –entre las que se encuentran Orio, Hernani o Azpeitia–, así como en el municipio vizcaíno de Galdakao. En todos los casos se trata de proyectos impulsados y solicitados por los respectivos ayuntamientos.

Una vez concluida la radiografía de la violencia local elaborada por Aranzadi, los gobiernos municipales deciden los pasos concretos a dar con dicha información en materia de políticas de memoria o reconocimientos. "Nosotros no hacemos un relato, sino que damos un informe: tantas personas han sufrido tortura, tantas personas han sufrido extorsión económica y tantas personas fueron asesinadas por unos o por otros", remarcó Buces.




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miércoles, 25 de agosto de 2021

Homenaje a Rudolf Hess en España

En la metrópoli española se quejan y se desgarran las vestiduras por los ongi etorri proporcionados por familiares, amigos y vecinos a los represaliados políticos vascos cuando por fin regresan a casa después de haber sobrevivido al encierro en draconianas circunstancias. Tan hipócrita esperpento tiene sus ecos en la burguesía vasca, tanto en la CAV como en Nafarroa, claro está.

Los representantes de los grupos conocidos por el eufemismo de "colectivos de víctimas" inmediatamente inician una campaña de linchamiento tras cada ongi etorri. Recientemente uno de ellos dijo que eran miles de ocasiones en las que se faltaba el respeto a las víctimas. Ojalá y de verdad fuesen miles de ongi etorris, ya sea para los doscientos abertzales aún en las mazmorras del imperio o ya sea para los miles de refus que tuvieron que dejar su terruño para huir de la homicida violencia españolista.

Pero luego aquí, en la realidad, sucede esto que nos relata Danilo Albin desde su espacio en Público y, curiosamente, los "colectivos de víctimas" el más estruendoso -y cómplice- de los silencios.

Lean:


El partido nazi que el Supremo no quiso ilegalizar vuelve a denigrar a las víctimas con un homenaje a Rudolf Hess

Alianza Nacional difunde una imagen del dirigente nacionalsocialista junto al lema "mártir de la paz" en un nuevo aniversario de su muerte. "Siempre te recordaremos", proclaman. La formación cuenta con registro legal ante el Ministerio del Interior. El Supremo se negó en 2013 a abrir un proceso de ilegalización al calor de la Ley de Partidos.

Danilo Albin

Una nueva humillación a millones de víctimas del genocidio nazi. Un nuevo acto de apología nacionalsocialista. Un desafío más de Alianza Nacional, el partido hitleriano que cuenta con registro legal y que mañana mismo podría volver a presentarse a unas elecciones democráticas. La formación que dirige Pedro Pablo Peña ha difundido un mensaje en defensa de Rudolf Hess, el número dos del genocida Adolf Hitler.

"Mártir de la paz. Siempre te recordaremos". Con esas palabras se ha referido Alianza Nacional a la figura de Hess ante el 34 aniversario de su muerte. El dirigente neonazi, que llegó a desempeñarse como lugarteniente de Hitler y que en 1941 voló en secreto a Gran Bretaña para tratar de negociar un acuerdo de paz, fue juzgado y condenado a cadena perpetua en los juicios de Núremberg. El 17 de agosto de 1987 se ahorcó en la prisión de Spandau, donde cumplía cadena perpetua. Tenía 93 años.

"No me arrepiento de nada. Si me hallara al principio, volvería a actuar como lo he hecho. Siento la mayor indiferencia por las decisiones de los hombres: algún día compareceré ante el eterno para rendirle cuentas y sé que él me perdonará", dijo en su declaración frente al tribunal que le juzgó por sus crímenes.

Alianza Nacional difundió el homenaje al líder nazi a través de sus cuentas en las redes sociales, donde no era la primera vez que se registraba un hecho de tales características: anteriormente, ese mismo partido divulgó otros mensajes de reivindicación nacionalsocialista y de negación del holocausto.

Los mensajes de apología nazi se mezclan con otros de clara reivindicación xenófoba o, incluso, de la violencia racista. En uno de esos mensajes, publicado el 2 de junio de 2020, se difundían directamente videos de golpes a personas negras. "Blancos con honor", proclamó el partido.

Desde sus cuentas también se han reproducido mensajes del líder de la formación nazi en homenaje a Hitler, a quien definía en uno de ellos como "pintor bohemio, soldado, héroe de guerra, patriota, revolucionario, preso, canciller del Reich" o también "último césar europeo".

"Su muerte y la de millones de soldados alemanes y de voluntarios europeos y de otras nacionalidades marcan el ocaso de Europa y de sus héroes. Pero Europa renacerá como el Ave Fénix", escribió Pedro Pablo Peña el 20 de abril de 2020. El mensaje fue compartido por Alianza Nacional desde su cuenta oficial con el lema "Adolf Hitler Presente".

Peña fue detenido a principios de julio pasado a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía de Madrid, que le acusó de un delito de odio y otro de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus reiterados mensajes en las redes sociales. Tras ser notificado del procedimiento, el dirigente nazi quedó en libertad.

A salvo de ilegalizaciones

Mientras tanto, su partido actúa en el ámbito de la legalidad. En 2013, el Tribunal Supremo (TS) tuvo en sus manos una solicitud formulada por Izquierda Unida (IU) para que se estudiara la ilegalización de Alianza Nacional por su posible carácter de "organización criminal". El TS declinó entonces recurrir a la Ley de Partidos, que había sido promovida en 2002 por el Gobierno de José María Aznar para dejar fuera del juego democrático a Batasuna.

Mientras tanto, su partido actúa en el ámbito de la legalidad. En 2013, el Tribunal Supremo (TS) tuvo en sus manos una solicitud formulada por Izquierda Unida (IU) para que se estudiara la ilegalización de Alianza Nacional por su posible carácter de "organización criminal". El TS declinó entonces recurrir a la Ley de Partidos, que había sido promovida en 2002 por el Gobierno de José María Aznar para dejar fuera del juego democrático a Batasuna.




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jueves, 17 de diciembre de 2020

Olarra | No Me Fío, Pero Sigamos

No hay que fiarse... y mucho menos a la luz de lo sucedido recientemente en el caso Bateragune.

Pero hay motivo para seguir adelante y eso nos lo explica detalladamente Joxemari Olarra en este texto dado a conocer por Gara:


No me fío, pero sigamos

Joxemari Olarra Agiriano | Militante de la izquierda abertzale

La sonrisa se congeló en sus caras tras el último recuento de los votos que permitían sentarse a cinco representantes de Euskal Herria Bildu en el Parlamento español. Pasado el primer mal trago, el estamento político hispano y también algún vascongado, frunció el ceño, hizo de tripas corazón y confiaron en la marginación, el arrinconamiento y el ostracismo como armas infalibles con las que sepultar la incómoda, por notoria, presencia de la izquierda abertzale en Madrid.

Sin embargo, también en política las armas las carga el diablo y del ostracismo, la marginación y el arrinconamiento, en menos de un año, la bancada de EH Bildu se ha convertido en un palco privilegiado en el que convergen casi todas las miradas. Miradas de solicitud unas, de celos alguna, y airadas y de rabia e impotencia otras. Definitivamente, Euskal Herria Bildu, y esto nadie puede negarlo, ha alcanzado un protagonismo y una visibilidad que rompe los nervios a toda la oposición del actual Gobierno de coalición y, lo que es más, se ha convertido en un grupo político dinámico que ejerce y practica la política al ritmo que marcan los parámetros coyunturales y de proyección futura. Con ello, la marca de la izquierda abertzale en el hemiciclo español ha logrado que el independentismo se haga carne y, quieras o no, habite entre el nacionalismo español, amén que tampoco es baladí lograr que el facherío muestre su cara más descompuesta y bochornosa desde el gallinero de la política donde ha ido a parar con ayuda abertzale. De paso, la formación ha demostrado que existen otras voces en Euskal Herria, además de la acostumbrada música gregoriana entonada por el PNV, con las que pueden ayudar al desarrollo político, social y económico de un Estado español que emprenda caminos de progreso.

La entente renovada con el independentismo catalán ha cristalizado más allá de lo que siempre se había expresado en el pasado y, sin duda, las fuerzas que componen hoy día aquella añorada «galeusca» pisan fuerte en la arena política estatal. Mientras, en Nafarroa, los viejos requetés se ven cada vez más débiles y desplazados ante los nuevos aires de una izquierda abertzale que sigue firme y que es solicitada desde aquellos que no ha mucho tiempo le negaban el pan y la sal.

Sinceramente estimo que se están haciendo las cosas bien, aunque también es verdad que estamos dejando muchos pelos en la gatera y navegamos de lleno en un mar lleno de contradicciones que debemos superar con tiento, paciencia y sentido común.

Creo, y este es verbo que proviene de la fe, que no todo en política es transparente para la mayoría de la sociedad. Desgraciadamente, todavía vivimos en una situación en la que los signos de intuición, de lecturas subliminales, de impresiones variables, de instinto y de olfato políticos son importantes para entrever futuros cambios, nuevos caminos y posibles salidas a muchos de los obstáculos que nuestra sociedad se enfrenta. Son muchos años los que llevo en la política de y por Euskal Herria, como para que me deje engañar y no sepa que los entresijos de ésta no salen en su totalidad a la luz pública; pero noto y palpo que familiares de los presos políticos vascos lucen mejor cara, comienzan a sonreír tímidamente y expresan cierta ilusión hace tiempo perdida. Y esto es importante para una Euskal Herria que todavía sangra y que necesita reponerse para proseguir en pie y conseguir sus aspiraciones.

En mi opinión de militante de la izquierda abertzale, la clave para percibir dónde nos encontramos está en la mera observación de la realidad que estamos viviendo últimamente. Debemos mirar «cómo están ellos», nuestros adversarios, los miembros de ese Estado profundo y escondido en los cuartos de banderas, en la España azul, en las togas con alcanfor franquista, en las comisarías y cuartelillos de fotos acaudilladas.

Observo los últimos acontecimientos y de ellos extraigo mis conclusiones que, a pesar de ser personales, pueden ser transferibles a todos aquellos que conocen mi trayectoria, mi camino en esta Euskal Herria a la que quiero libre y en paz. Estoy convencido, en primer lugar, que al PSOE le ha costado más que un intenso dolor de cabeza dialogar, negociar y pactar con EH Bildu. Y todavía les duele, pues, solo hace falta comprobar cómo Felipe González desbarra a trompicones, sin importarle ya mostrarse como un falso socialista y confirmar de paso que pudo ser, perfectamente, aupado por la CIA en Suresnes. Lo mismo ocurre con Alfonso Guerra, devenido en simple mamporrero del capital y escudero de Juan Carlos I. Al igual que Emiliano García Page cuyos ímpetus fachas revientan las costuras del PSOE y tantos otros como el inefable Ybarra, Terreros y la ristra de socio-listos de rigor.

Todos ellos, como solistas y en coro a voces mixtas, siguen levantando la bandera del escándalo contra EH Bildu por lo que hemos sido, aunque si la levantan –no nos confundamos en esto– no es por lo que fuimos, sino por lo que todavía somos y por lo que seremos. Saben perfectamente que nuestra trayectoria mira a una Euskal Herria independiente y esto les solivianta el trigémino ideológico de su nacionalismo español.

Y no, no olvidamos ni a Felipe, ni Alfonso ni a nadie de ellos. A ninguno de los que desde sus poltronas de poder, hora del PSOE, hora del PP, aplicaron con ferocidad su política de represión pura y dura, lanzaron a su Guardia Civil, manipularon la Justicia para ilegalizarnos, torturaron, desaparecieron, aplicaron su terrorismo de Estado. Y no, pues, todavía con la pinza en la nariz, sigo sin fiarme de «esta izquierda española» que hoy nos necesita, pero que mañana quién sabe. No me fío, hemos tenido mucho, demasiado tiempo para conocer toda una colección de incumplimientos y veremos lo que nos depara el futuro.

Pero a pesar de todo, sin complejos y con cautela, debemos seguir en nuestra movilidad política. 




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lunes, 14 de diciembre de 2020

Vox Pisotea al TEDH

Sabemos exactamente lo que decimos cuando nos referimos a las "asociaciones de víctimas" como lo que realmente son, grupos de choque desplegados por La Zarzuela para hacer el trabajo sucio y así evitar sanciones por parte de instituciones supranacionales.

Baste para confirmarlo esto que se informa en este artículo de Público inspirado en el anuncio de la repetición del juicio en contra de los cinco del así denominado "caso Bateragune". Claro, también va quedando claro el fin último de Vox en el panorama político del estado español.

Lean:


Otegui será juzgado dos veces por los mismos hechos tras una petición de Vox

La decisión anunciada por el Tribunal Supremo de repetir el juicio por el intento de refundación de Batasuna es inédita. Quienes están detrás de la petición son el partido ultra y una asociación de víctimas del terrorismo vinculada a Francisco José Alcaraz, diputado de la formación de Abascal.

Ana María Pascual

Lo que a todas luces parecía un caso cerrado podría convertirse ahora, una década después, en un rocambolesco episodio de la historia judicial española. La decisión adoptada esta mañana por unanimidad de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de repetir el juicio por el 'caso Bateragune' es inédita, nunca antes había ocurrido que un juicio ya sentenciado y ejecutadas las sentencias se tenga que repetir, según fuentes judiciales. Además no cuenta con el respaldo del órgano que debe repetir la vista: la Audiencia Nacional.

La Sala II del Supremo, que aún no ha hecho público el auto por el que ordena repetir el juicio contra el coordinador general de EH-Bildu, Arnaldo Otegui, y otras cuatro personas, asegura que es necesario volver a enjuiciar los hechos para que no queden "imprejuzgados". Indica además que en estos casos, donde ha habido un "defecto procesal" es posible el doble enjuiciamiento.

Esta decisión llega después de que el mismo Tribunal cancelara el juicio y la sentencia este verano pasado, cumpliendo así el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), que concluyó, en 2018, que existió falta de imparcialidad por parte de una de las magistradas españolas.

Una asociación ligada a Vox

La solicitud de repetir el juicio por el caso Bateragune la realizó Vox y la Asociación Voces contra el Terrorismo, Verde Esperanza, vinculada a Francisco José Alcaraz, diputado de la formación de Santiago Abascal. Esta entidad radicada en Jaén lo había intentado ante la Audiencia Nacional, sin éxito, ya que determinó que la repetición del juicio "no tiene cobertura legal" porque los únicos que están legitimados para solicitarlo serían los propios afectados, es decir, los condenados a los que Estrasburgo dio la razón en cuanto a que no tuvieron un juicio justo.

Pero Arnaldo Otegui, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez no lo han solicitado. Sí pidieron en un recurso la anulación de la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión, que cumplieron íntegramente. El Supremo procedió a dejarla sin efecto el pasado 31 de julio.

También quedó revocada la inhabilitación que pesaba sobre Arnaldo Otegui, actual coordinador general de EH-Bildu, que le impidió presentarse a las elecciones autonómicas de 2016 y que se mantenía en vigor hasta febrero de 2021.

Los conocidos como 'los cinco del equipo Bateregune' fueron detenidos en octubre de 2009 por orden del exjuex Baltasar Garzón. Era un momento crucial para la estrategia de la izquierda aberztale , entonces ilegalizada, que abogaba por poner fin a la actividad de ETA. A Otegui y a sus compañeros se les procesó por el intento de recomponer Batasuna por orden de la organización terrorista.

La sentencia europea de 2018 significó un duro varapalo para la justicia española, ya que detectó prejuicios manifiestos de la magistrada Ángela Murillo sobre el líder de la izquierda abertzale en 2011, en un juicio anterior al del caso Bateregune. Otegui se negó a contestar a la jueza sobre si condenaba la violencia y este le replicó: "Ya sabía que me iba a contestar eso". A lo que Otegui le respondió: "Yo también sabía que lo iba a preguntar".

Meses después de aquella escena, en el juicio por la refundación de Batasuna, no se admitió la recusación de la magistrada Murillo. Y en eso se basó Estrasburgo para dar la razón a Otegui y a sus compañeros.

Ocho días después de que el Supremo anulase, este pasado verano, el juicio y la sentencia del 'caso Bateragune', la Asociación Voces contra el Terrorismo, Verde Esperanza, que llegó a estar presidida por la esposa de Alcaraz, reclamó la repetición del juicio ante la Audiencia Nacional. Pero este órgano determinó que no ha lugar a la repetición.

Por otro lado, la formación de Santiago Abascal también ha estado detrás de la solicitud para repetir el juicio contra Arnaldo Otegui y celebró el pasado mes de noviembre que la Fiscalía del Supremo apoyase su solicitud. 

Caso Atutxa

El Tribunal Supremo condenó en 2008 al expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa,  y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por un delito de desobediencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que su juicio no había sido justo y en 2019 el Supremo anuló las sentencias. "En este caso, nadie pidió repetir el juicio, por lo que el Supremo no tuvo que dirimir esa cuestión, como ha ocurrido ahora",  dice el magistrado Fernando De la Fuente Honrubia, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)

Este magistrado asegura que "no he visto en toda mi carrera la repetición de un juicio cuando el penado ya ha cumplido la condena. Habrá que esperar a ver las motivaciones del Tribunal Supremo. En caso de condena, se les computará el tiempo que ya pasaron en prisión y si resultan absueltos podrán reclamar una indemnización por mal funcionamiento de la Justicia".

 

 

 

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martes, 15 de septiembre de 2020

La «Autoilegalización» de Vox

Santiago Abascal ha recurrido a una bonita joya de la España atada y bien atada para enfilar su artillería pesada en contra de los partidos soberanistas de las naciones históricas.

Desde Naiz traemos a ustedes la jugada de ajedrez a la que Mertxe Aizpurua a sometido al bravucón de Abascal:


Vox ha llevado al Parlamento español una propuesta para ilegalizar «a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España». EH Bildu le ha recordado a la formación ultraderechista que «tras décadas intentando acabar con nosotras, no existe ecuación política posible sin la izquierda independentista vasca».

El Parlamento español debate y vota este martes una propuesta de Vox para ilegalizar cualquier partido de carácter independentista.

Fue el propio presidente del partido, Santiago Abascal, quien registró el pasado enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar «a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España».

El resto de fuerzas ya ha mostrado su rechazo al planteamiento de los ultraderechistas. Entre ellas está lógicamente uno de los objetivos que Vox quisiera declarar ilegal, EH Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, se ha mostrado contundente desde el estrado y no ha perdido la ocasión de recordar que Vox cuenta en Euskal Herria con «cero concejales, cero alcaldías, cero diputados y una parlamentaria. Cualquiera diría que es la ciudadanía vasca la que, de facto, les ha ilegalizado a ustedes. En las urnas y de manera democrática».

Ha recordado que en el pasado más reciente «miles de vascos y vascas fuimos ilegalizadas» por la Ley de Partidos vigente, «se embargaron cuentas, se cerraron sedes por la fuerza y se criminalizó a cientos de miles de personas por sus ideas». También .«se cerraron radios y periódicos», entre ellos ‘Egin’, en el que Aizpurua ejercía como periodista.

«Hoy podemos decir que, tras décadas intentando acabar con nosotras, no existe ecuación política posible sin la izquierda independentista vasca. Ni en Madrid, ni en Euskal Herria. El independentismo está más fuerte que nunca y cada vez somos más», ha remarcado.

La portavoz de EH Bildu se ha preguntado irónicamente si Vox podría estar incluso planteando una «autoilegalización», ya que su texto propone que «se considerará razón para la ilegalización la persecución de personas por razón de su ideología, religión, raza, sexo u orientación sexual Se han descrito a ustedes mismos. Palabra por palabra. Porque sí, vulneran las libertades de migrantes, feministas, MENAs o personas LGTBI».




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sábado, 8 de agosto de 2020

Egaña | Bateragune

El caso Bateragune no es una vergüenza para el régimen español, es una vergüenza para toda Europa que, complaciente, ha permitido a Madrid todo abuso de autoridad con el que ha podido salir.

Especialmente vergonzoso es lo llevado a cabo en contra del pueblo vasco sin que ni una sola institución europea haya echo algo contundente para detener tanta alevosía, recordemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sito en Estrasburgo ha fallado en numerosas ocasiones a favor del reino y en contra de los derechos humanos, civiles y políticos del pueblo vasco. El caso Bateragune es la punta del iceberg.

Hoy, traemos a ustedes la opinión de Iñaki Egaña acerca de este esperpento:

 

Bateragune

Iñaki Egaña

La detención de los imputados en el llamado caso Bateragune, hoy absueltos después de cumplir la condena integra, y paralelamente la gestión del Estado español del que debiera haber sido un Proceso de Paz, con el desmantelamiento y disolución de ETA, se ha conformado como uno de los hitos, en negativo, del periodo constitucional español abierto a la muerte del dictador.

Como en otras ocasiones, la inteligencia española falló estrepitosamente en sus previsiones e impulsó a los gobiernos sucesivos (Zapatero-Rubalcaba y Rajoy), a tramitar un guion que sonaba a “solución final”, victoria inapelable por 8-0, retirada y humillación del contrario y a otra cosa mariposa.

Para ello contó con el apoyo habitual de sus pilares, medios de comunicación, patronal, jueces, policías y organizaciones políticas. Incluso, como habían hecho antes con el 11M, viajaron a Washington para convencer al entonces equipo de Obama y Hillary Clinton y por extensión a la OTAN, que la opción elegida era la correcta, que el Informe que llevaban estaba sustentado en análisis irrefutables y que el conflicto vasco se iba a diluir como un azucarillo en un vaso de agua.

Aquel informe, del que conoceremos sus detalles tras la desclasificación del mismo en EEUU o su filtración en un nuevo WikiLeaks, decía que “el bebé se estaba ahogando en su propia leche”. Que no era operativo el fin de ETA porque sus rescoldos permitirían durante años mantener una política securitaria acorde con la tendencia internacional y, sobre todo, introducir al separatismo vasco en el baúl del terrorismo internacional (yihadista). Que unos cuantos atentados al año e incluso algunas muertes eran asumibles por la consolidada democracia española. Pérez Rubalcaba, el cabeza visible de aquella estrategia, repitió en más de una docena de ocasiones que ETA se iba a convertir en un segundo GRAPO.

La exposición de la inteligencia española añadía que el proyecto independentista, gracias a la Ley de Partidos, daba muestras de agotamiento y que en poco tiempo el cerco electoral daría sus frutos definitivamente. Los 40.000 contaminados se convertirían en el doble en poco tiempo y el flujo biológico sería incapaz de ir más rápido que su contención. En refuerzo de esa tesis, ya se enviaba a cientos de jóvenes a prisión con la intención de cortar el cordón umbilical.

En este escenario, cualquier apuesta en el sector independentista por virar su estrategia sería criminalizada. Porque la paz no entraba en la ecuación. La guerra, aunque de baja intensidad, aunque en ocasiones ficticia, daba más réditos a Madrid que cualquier otra opción. Las asociaciones de víctimas del terrorismo se convirtieron en arietes de esta estrategia, en actores políticos y en vanguardia mediática, alentados desde Interior y cubiertos desde el Tesoro.

El Informe contaba también con un apartado intuitivo supuestamente sólido, fruto de escuchas, confidencias de soplones, grabaciones a abogados y en cárceles, declaraciones bajo torturas y seguimiento de los medios afines al independentismo: la escisión era cuestión de tiempo. Con un anexo histórico en el que con flechas y diagramas se dibujaban decenas de teóricas disidencias y rupturas. No tenían en cuenta, sin embargo, que, en 30 años, con alguna excepción (Aralar), la izquierda abertzale había sido monolítica.

Todo parecía atado. En la Comunidad Autónoma Vasca gobernaba el PSOE con el apoyo del PP, en la Foral Navarra UPN también con el apoyo del PP. El Tribunal de Estrasburgo avalaba la Ley de Partidos y el Supremo español confirmaba las condenas a los solidarios con los presos que habían coordinado Gestoras pro Amnistía. Y entonces, para completar el puzle, llegaron las detenciones de Bateragune. Unas semanas después, la mayor razia contra los jóvenes independentistas. Objetivo, detener a medio centenar, algunos de los cuales lograron huir.

Algo sin embargo descarrilaba del Informe de inteligencia. Consecuencia de confundir objetivos con resultados, de objetivar lo subjetivo, de avanzar las conclusiones cuando la tesis aún está en desarrollo. Aunque algunos de los autores del escrito base para el viraje político de la izquierda abertzale habían sido encarcelados, su texto se movió con gran rapidez. En 10 días, 250.000 “bajadas” desde Gara.

Y fue en ese inicio de 2010 que en Madrid comenzaron a aflorar los nervios. El juez Garzón, que había ordenado las detenciones, salió a los medios a decir que el debate de la izquierda abertzale se la fumaba que “son realizados en clave de poder de decisión en el seno del complejo terrorista y sin trascendencia hacia el exterior”. Y llamó idiota a quien creyera que el viraje era posible. Unas declaraciones suficientes para anular el proceso. Arte y parte.

Rubalcaba salió a la palestra, poco después, anunciando atentados inminentes. A una patronal aparentemente relajada transmitió que tenía datos solventes para señalar que un secuestro estaba próximo. Hasta en Leitza un guardia civil anunció que había sufrido un atentado. Falso también. La dirección de las Fuerzas de Seguridad, que unos meses antes habían señalado que ETA estaba inutilizada, alumbró un sorprendente comunicado: “ETA tiene ahora mismo la infraestructura operativa necesaria para atentar en los próximos días”.

Han pasado diez años desde entonces. Diez intensos años. Aquellos del viraje, que se inició con el polo soberanista, se han convertido en la principal fuerza municipal de Euskal Herria. Con un notable ascenso electoral en las últimas autonómicas de Gasteiz. Con un porcentaje de incidencia política y electoral sostenido y similar en sus 686 municipios.

Catalunya ha abierto la puerta a su independencia, desnudando a Madrid que nuevamente ha dado señales de su naturaleza represiva. El rey que pilotó su restauración a la muerte del dictador está en fuga, como su abuelo Alfonso XIII. El evidente fracaso de aquel Informe definitivo de la inteligencia española es de la misma magnitud que su arrogancia. ¿A quién corresponde la derrota?

 

 

 

 

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