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sábado, 1 de marzo de 2025

Egaña | BVE, el Terrorismo de Estado Olvidado

Hagamos un ejercicio de memoria de la mano de nuestro amigo Iñaki Egaña, uno en el que tengamos presente esa otra herramienta del terrorismo de estado al que recurrió Madrid en contra del pueblo vasco; el paramilitarismo.

Lean ustedes esta reseña del Batallón Vasco Español:


BVE, el terrorismo de Estado olvidado

Iñaki Egaña

Este año se cumple medio siglo del inicio de una de las marcas que conformaron la llamada “guerra sucia”, tanto indiscriminada como dirigida contra la disidencia vasca, también contra la española. El Batallón Vasco Español (BVE) tuvo varias franquicias, entre ellas la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista, en similitud con su homónima argentina), ATE (Antiterrorismo ETA), ANE (Acción Nacional Española) y GAE (Grupos Armados Españoles). Como los GAL, tuvieron tres patas, la verde (Guardia Civil), la azul (policías, en particular los que reivindicaban en nombre de los GAE) y la marrón, militares relacionados en su mayoría con el SECED, los servicios secretos de entonces. Hubo particularidades y grupos autónomos, ligados a Fuerza Nueva, Falange o los autodenominados “Guerrilleros de Cristo Rey”. Pero todos ellos obedecían a una única estrategia, especialmente, los que actuaron contra refugiados vascos.
El BVE y las franquicias citadas causaron 40 víctimas mortales en Euskal Herria o contra ciudadanos vascos (también en París y Caracas) y reivindicaron unos 600 atentados en ese escenario. Actuaron asimismo en España, ocasionando también víctimas mortales como la de los cinco abogados del PCE y CCOO, en Madrid en 1977. En 1982, la actividad de estos grupos fue decayendo, siendo sustituidos un año más tarde por los GAL, ya dedicados exclusivamente a atacar a la comunidad de refugiados vascos en Ipar Euskal Herria. Entre 1983 y 1987, los GAL mataron a 27 personas. Compartieron mercenarios con el BVE, que habían sido acogidos por España después de huir de Portugal, Italia, Francia o Argentina, y sus acciones no llegaron al medio centenar, lejos de las 600 del BVE y sus marcas paralelas. Y, sin embargo, cuando citamos a la guerra sucia, parece que únicamente la referencia fueron los GAL.

Así, las señas de identidad académicas sobre los protagonistas que insuflaron de fondos, dieron cobertura política y apadrinaron al BVE han quedado intactas. Apenas algunas críticas a la actividad de sus valedores policiales, como Manuel Ballesteros, Roberto Conesa, Antonio González Pacheco, Billy el Niño, puentes con los mercenarios… Pero los siete ministros del Interior que hicieron posible o arroparon la guerra sucia, hoy son respetados por la historia: Manuel Fraga Adolfo Suarez, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Antonio Ibáñez Freire, Juan José Rosón y José Barrionuevo, que compaginó el fin del BVE y su transformación en los GAL. Fraga murió siendo presidente honorifico del PP; Martín Villa fue presidente de Endesa y Sogecable; Suárez se ha convertido en aeropuerto madrileño; Lavilla fue miembro del Consejo de Estado e incluso Izquierda Unida le propuso para el Constitucional; Ibáñez Freire falleció con la Medalla de Oro de Bilbao en su chaqueta, una de las 500 franquistas que aún no han sido revocada por la alcaldía; A Juan José Rosón todavía le hace honores la televisión pública española, de la que fue presidente, y de Barrionuevo qué decir que no apareciera en aquella pancarta de sus camaradas a la puerta de la prisión de Guadalajara: “Todos somos Barrionuevo”.

La razón de este olvido está en la construcción de una narrativa que se ha convertido en oficial, gracias a la complicidad de medios, grupos políticos que magnificaron la Transición y, sobre todo, jueces. De aquellos 600 atentados, casi todas las diligencias se cerraron, algunas por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, pero las posteriores, por falta de interés o lo que es lo mismo, por complicidad. Implicados en esas 40 muertes, la mayoría a partir de 1977, únicamente Zabala e Iturbide (Triángulo de la Muerte) cumplían prisión en España, años después.

Esa narrativa fue construida con diques de contención marcados por las estructuras del Estado. Hoy se puede extraer en ChatGPT que el primer ingenio bajo un vehículo en Europa para hacerlo estallar a su contacto o movimiento, fue inaugurado por ETA en una acción en Pasaia en 1983, cuando en realidad lo fue en Biarritz ocho años antes, en junio de 1975 en el coche de Mikel Mugiro que iba a trasladar a Josu Urrutikoetxea y su familia al médico. El artefacto explotó cuando los mercenarios lo estaban preparando. Cuando el abogado Txema Montero aportó pruebas de la participación de policías del cuartel de Barakaldo en el atentado contra el bar Aldana de Alonsotegi (1980), que causó cuatro víctimas mortales, el juez las desestimó. La policía puso a investigarlo a José Amedo Fouce (condenado a 108 de prisión por su actividad en los GAL) del que Wikipedia dice que entonces trabajaba “en labores de espionaje relacionadas con el entorno de la organización terrorista ETA”. Cuando en 2015, Aitor Esteban, que será presidente del PNV a finales del próximo marzo, preguntó al Gobierno español por el atentado de Alonsotegi, la respuesta fue concisa: “Una vez consultados los archivos policiales, no existe informe que aporte datos relativos al esclarecimiento de los hechos”. En octubre de 2004, la jueza Ángela Murillo, se negó a reabrir el caso de José Miguel Etxeberria, Naparra, alegando que que no había indicios de que José Miguel fuera secuestrado y “mucho menos de que haya sido asesinado”.
Sobre el atentado contra la guardería Iturriaga de Bilbao (1980), con tres víctimas mortales, no hubo investigaciones judiciales. Sorprendentemente, COVITE y la AVT lo atribuyen a ETA, a pesar de que el resto de asociaciones, Gobierno central y de la CAV lo imputan al “BVE o satélites”. En 2001, la familia de Alfonso Etxeberria, solicitó a la dirección de Víctimas del Terrorismo, el reconocimiento de Espe Arana y Jokin Alfonso como víctimas. Un comando del BVE, con la complicidad de la embajada en la que estaba destinado Billy el Niño, mató a la pareja en Caracas en 1980. Interior negó la condición de víctimas: ““El asesinato de referencia es un incidente más que rodea a ETA y a su militancia, cuya autoría y motivación no ha podido ser aclarada”. Suma y sigue.

 

 

 

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jueves, 10 de octubre de 2024

Víctimas del Doble Cómputo

Los españolistos insisten en llamar "presos de ETA" al colectivo de presos políticos vascos.

¿Qué es necesario, según los organismos de derechos humanos, para que se tipifique como preso político a una persona privada de su libertad?

Que contra él o ella existan medidas de excepción encaminadas a intensificar el castigo en su contra y/o en contra de su núcleo social; familiares y amigos.

Y eso es precisamente lo que hace Madrid en contra de ese colectivo de presos vascos, aplicarles medidas draconianas, medidas de excepción.

De acabar con esas medidas nos habla este reportaje publicado por Naiz:


El 65% de los presos vascos afectados por el doble cómputo lleva más de 20 años entre rejas

El PP insiste este miércoles en instar al Gobierno del PSOE a retirar la reforma que aceptará al fin el criterio europeo sobre cómputo de cárcel con 16 años de retraso. NAIZ ha constatado que 28 de los 43 presos afectados por la situación lleva ya más de 20 años entre rejas.

Ramon Sola

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el Pleno del Congreso este miércoles para volver a instar al Gobierno del PSOE a retirar la reforma que está a punto de aprobarse en el Senado. Por la misma se aplicará al fin el criterio europeo de descuento de periodos de cárcel cumplidos en otro estado, inaplicado primero (2008-2014) y trampeado después (2014-2024) para los presos vascos. Grupos de víctimas de ETA intentan presentarlo como una señal de impunidad, pero la realidad es la contraria:el 65% llevan más de 20 años en la cárcel.

Con los datos actualizados del listado de Etxerat que tiene como referencia GARA en su portada diaria, de los 43 presos a los que atañería la nueva situación, 28 superan ya los 20 años entre rejas, primero en el Estado francés y luego el español, y de ellos 5 llevan presos más de 25.

Estos 43 presos y presas totalizan 869 años de cumplimiento de cárcel hasta la fecha.

Entre ellos las casuísticas son diferentes. Algunos han pasado muchos años encarcelados en el Estado francés antes de pasar al español, por lo que la aceptación del criterio europeo de 2008 tendría un impacto potente en su situación. Por contra, en otros el descuento no sería tan grande, o bien acumulan condenas dictadas por la Audiencia Nacional muy largas, por lo que no sería relevante en este momento.

Hay que recordar aquí que tras esta reforma seguiría vigente una excepcionalidad aún mayor que la de esta norma-trampa de 2014: la ley 7/2003 del Gobierno Aznar, que estiró el tope de cumplimientos de cárcel para presos vascos hasta los 40 años (antes 30), lo que impacta gravemente en las condenas posteriores a esa fecha.

Últimátum absurdo y ratificación del PSOE

En el Pleno de hoy, Feijóo ha trasladado una especie de ultimátum a Pedro Sánchez para que retire esa reforma «en el plazo de cinco días». El planteamiento resulta meramente propagandístico, puesto que ese es precisamente el plazo reglamentario en el que se debe realizar la última votación en el Senado, antes del lunes 15. Cabe entender que tendrá que convocarse un pleno extraordinario a tal efecto.

Hay que hacer dos incisos para completar el cuadro de la situación. Por un lado, incluso en el caso de que se produjera un rechazo en el Senado, la reforma legal quedaría aprobada al no haberse registrado enmiendas (este es el motivo por el que el PP insta al Ejecutivo a retirar el texto, única opción factible de que encalle).

Por otro, es sabido que tanto PP como Vox han aprobado las anteriores fases de esta reforma, que lleva meses de tramitación, en hasta cinco votaciones, bien dándolo por bueno o bien sin haber reparado en su contenido. Ambos sostienen esta última tesis tras las presiones desatadas por la AVT, pero paradójicamente no se tomarán medidas contra los diputados y senadores que han puesto su cargo a disposición del partido. «Se trata de un error colectivo», alegan desde el PP.

Mientras tanto, tanto el Gobierno español como el PSOE dejan claro que no piensan retirar la reforma porque la ven adecuada, además de «pacífica» hasta la irrupción de la AVT este lunes. Patxi López, portavoz parlamentario, ha recordado este miércoles al llegar al Congreso que «no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo hecho» (aunque de facto esto sea lo ocurrido durante 16 años al desobedecerse la directriz europea de 2008). Y la portavoz del Ejecutivo Sánchez, Pilar Alegría, ha lanzado un «basta ya» incidiendo en recordar que ETA dejó de atentar, y luego desapareció, hace ya 13 años.

En Euskal Herria, el consejero de Seguridad de Lakua, Bingen Zupiria, ha sostenido este miércoles en ETB-1 que «la mayoría de la sociedad e instituciones vascas decidió hace tiempo que había que superar las medidas de excepción» hacia los presos. «Esas medidas se adoptaron cuando vivíamos en un clima de violencia. Hoy no vivimos ese clima», ha remarcado.

 

 

 

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miércoles, 9 de octubre de 2024

Maniobras y Trampas Punitivas

Madrid nunca se ha sentido como integrante pleno de la Unión Europea.

Y es que dicha entidad supraestatal ha promovido una serie de modificaciones legales en favor de los derechos humanos que deben acatar los estados que la conforman. Muchas de estas modificaciones legales han chocado frontalmente con la estrategia represiva montada por Madrid en contra del independentismo vasco.

El resultado se ha materializado en un constante caracoleo por parte de Madrid para implementar medidas que eviten que dichas modificaciones terminen beneficiando al colectivo de represaliados políticos vascos.

Es necesario que en este blog apuntemos que son precisamente esas leyes creadas o modificadas ad hoc que convierten a los represaliados vascos en represaliados políticos, por mucho que Madrid insista en que son presos comunes.

Dicho lo anterior, les compartimos el reportaje publicado por Naiz:


Maniobras a la desesperada para mantener la trampa legal de 2014 contra los presos vascos

El Senado español debía votar este martes la reforma de la ley sobre resoluciones penales en la UE, en la que se corrige al fin la medida excepcional que ha alargado «ad hoc» los encarcelamientos a presos vascos contra el criterio europeo. El PP lo ha pospuesto, pero asume que no podrá impedirlo.

Ramon Sola

El Pleno del Congreso avaló el pasado 18 de septiembre, por unanimidad, la modificación de la ley que en 2014 adaptó la legislación española a criterios de la UE sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales. El Senado tenía previsto hacer lo mismo este martes, aunque tras una información sesgada en ‘El Confidencial’ este lunes, la AVT ha liderado una campaña de presiones basada en que con ello pueden acabar siendo excarcelados decenas de presos vascos.

El PP ha aprovechado su mayoría en la Cámara Alta para retirar la cuestión del orden del día, aunque deberá posicionarse al respecto antes del lunes 14 según admite la Presidencia del Senado. En este plazo de apenas unos días se intentaría forzar al Gobierno Sánchez a que retire el trámite en marcha.

Lo que se reprocha ahora al PSOE es precisamente lo que hizo el PP en 2014, con la diferencia de que ahora sí se cumple el criterio europeo y entonces no. La reforma integral de la ley suprime la excepcionalidad introducida entonces –vía disposición adicional de última hora– contra estas personas, con el objetivo de suprimirles el descuento de periodos de cárcel cumplidos en otros estados de la UE, estipulado por Europa.

Aquel ardid ha tenido un impacto muy directo, puesto que decenas de ellos han pasado varios años presos en el Estado francés antes de ser entregados y luego encarcelados en el español. Como ocurrió en su día con la «doctrina Parot», en realidad se derogará tarde porque muchos de sus efectos son irreversibles.

PP, Vox o UPN aprobaron esta reforma hace unas semanas en el Congreso, según afirman ahora sin haber reparado concretamente en su contenido. Pero de hecho la han votado ya cuatro veces en las dos cámaras españolas sin haber puesto objeciones hasta estas últimas horas previas a la aprobación definitiva. El ministro Félix Bolaños ha incidido en que el proceso hasta ahora ha sido «absolutamente pacífico». Ha sido tras las presiones y críticas desatadas por AVT o Dignidad y Justicia cuando el PP alega que no advirtió de sus consecuencias e intenta culpar al PSOE y sus socios. Por su parte, Vox añade que «fue un error» y pide «disculpas» a las víctimas de ETA.

Tanto el PSOE como el Gobierno español han respondido a esta presión. Desde el partido, Patxi López ha esgrimido que «no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo delito» (aunque así ha ocurrido hasta la fecha en el caso de muchos vascos) y ha recordado la anulación de la «doctrina Parot». Por su parte, la portavoz del Ejecutivo Sánchez, Pilar Alegría, ha levantado la voz: «Ya vale, ya es suficiente. Han pasado trece años, trece años, desde que ETA desapareció. Lo verdaderamente indigno es que usen el terrorismo para tapar su vacío de proyecto y liderazgo».

Habrá que ver hasta dónde llegan las maniobras  del PP, pero todas las fuentes políticas y jurídicas que están valorando la cuestión subrayan que estatuariamente no hay margen para impedir la aprobación de la reforma, más allá de dilatarla unos días. Incluso en el caso último de que el Senado la bloqueara forzando al máximo cualquier interpretación, acabará siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado, toda vez que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado. A partir de ahí debería procederse a su materialización caso por caso, con lo que entrarán en juego los tribunales.

Dieciséis años contra el criterio europeo

La trampa legal para alargar artificialmente los encarcelamientos de presos vascos se produjo hace ahora justo diez años, con una artimaña de última hora forzada por la mayoría del PP en el Senado. No obstante, en realidad hay que irse otros seis años atrás, hasta 2008, para explicarla en su totalidad; fue entonces cuando Europa introdujo la directriz de que los tiempos de prisión cumplidos en un Estado miembro de la Unión tenían que descontarse si luego esa persona era encarcelado en otro.

Este criterio tenía que ser trasladado por cada Estado a sus legislaciones internas. El Gobierno español (hasta 2011 en manos del PSOE y luego del PP) evitó hacerlo durante seis años. Y cuando al final afrontó esta tarea, lo vació de contenido para los presos vascos con una disposición adicional «ad hoc» que evitaba la excarcelación de decenas de personas que tenían derecho a ello.

Desde entonces, en esta década, varias de ellas –quizás decenas– han agotado ese plus de cárcel indebido. El caso más reciente es el de Joseba Arregi Erostarbe, que acaba de agotar condena 32 años después, pero debió quedar libre hace años si se le hubieran computado los que pasó encarcelado en el Estado francés.

Esta desobediencia al criterio europeo dio pie a varias iniciativas jurídicas y políticas, aunque todas infructuosas. De entrada, en 2015 la Unión Europea aseguró a través de la comisaria de Justicia, Vera Jourová, que analizaría la actitud del Estado español, pero luego eludió corregirla.

En paralelo, varios de estos presos recurrieron a Estrasburgo la negativa a descontarles estos tiempos de prisión, pero esta instancia evitó darles la razón en fallos que se sucedieron en 2018. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entró al fondo del asunto; es decir, a si la trasposición de la normativa europea a la legislación española había sido correcta o no. Los abogados de los presos vascos no ocultaron su «sorpresa» y «malestar» por esta inhibición.

A partir de ahí, ya en 2018 se exploró la opción de una modificación legal que revirtiera la trampa de 2014. El PNV llevó una proposición al Congreso, pero el PP y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstuvo, por lo que no prosperó.

En los últimos años, la necesidad de implantar el criterio europeo y acabar con esta anomalía había dado pie a sucesivas filtraciones sobre reformas legales que no terminaron de materializarse. Mientras tanto, los informes de los juristas de Behatokia y de Sare incidían en que esta 7/2014 supone la mayor muestra de excepcionalidad vigente contra los presos vascos junto a la ley 7/2003 del Gobierno Aznar.

Aunque PP y Vox intenten situar ahora esta corrección como una muestra de impunidad, los presos que pueden ser excarcelados en los próximos meses han pasado más de dos décadas en la cárcel. Por dar un ejemplo significativo, los focos se están dirigiendo sobre todo a Xabier García Gaztelu, que lleva preso 23 años y medio, desde febrero de 2001.

La propia AN alertó a Luxemburgo

En este contexto ha salido a la luz un dato muy revelador: la Audiencia Nacional tenía muy serias dudas sobre la legalidad de su práctica habitual, de modo que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está pendiente de respuesta.

Según explica Europa Press, fue la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -entonces presidida por el magistrado José Antonio Mora- la que se dirigió en diciembre de 2023 al TJUE a raíz de uno de los juicios contra Marixol Iparragirre.

La Sección Segunda de la Sala Penal alertó al TJUE de que «en el estado actual que mantiene la legislación española, que impide dar cualquier reconocimiento a las sentencias de condena extranjeras, el doble enjuiciamiento en Francia y en España traería como consecuencia» que Iparragirre tuviera que enfrentar «un mínimo de cumplimento de 50 años de prisión efectiva real», lo que calificó de «grave desproporción punitiva».




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martes, 8 de octubre de 2024

Commutar Penas Cumplidas

Todo aquello que se lleva a cabo en favor de los represaliados políticos vascos es un paso en la dirección correcta. No olvidemos que al final de cuentas, todos ellos son víctimas del terrorismo de estado español.

Tampoco es de extrañar que la muy franquista AVT se oponga a pasos concretos en favor de los presos políticos vascos, si por ellos fuera, les hubieran aplicado el garrote vil.

Así, habiendo establecido lo anterior, les compartimos esto que se ha publicado en las páginas de Noticias de Gipuzkoa:


El Gobierno vasco, favorable a la reforma de la ley para conmutar a los presos penas cumplidas en otros estados

La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, recuerda que la legislación es una transposición de la normativa europea de obligado cumplimiento

El Gobierno vasco apoya la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, que permitiría a los presos, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero.

Después de que el PP haya conseguido aplazar este martes la aprobación en el Senado de la modificación de la norma, que el pleno del Congreso avaló por unanimidad el pasado 18 de septiembre, la portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que se trata de "una trasposición de una directiva europea y, por lo tanto, cumplimiento de la Ley".

Siempre a favor del cumplimiento de la ley

Por ello, ha afirmado que el Gobierno vasco siempre estará a favor de que se cumpla y aplique la Ley, y ha rehusado entrar a valorar la postura del PP, que tras apoyar la reforma legal, ha admitido su "error", y busca opciones para poder revertir la modificación de la norma después de lograr aplazar su votación hoy en el Senado.

Tampoco ha querido referirse Ubarretxena a las críticas de asociaciones de víctimas de ETA, como la AVT y Covite, que han denunciado que la reforma legal beneficiaría a 44 reclusos de la banda, a los que se le descontarían las penas cumplidas en el Estado francés, mientras que otros siete podrían ser excarcelados en próximos meses.

La portavoz del Ejecutivo presidido por Imanol Pradales ha afirmado que el Gobierno vasco no puede facilitar datos concretos de cómo incidiría esta modificación de la Ley en las condenas que cumplen presos de ETA porque no disponen de ellos.  




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domingo, 12 de noviembre de 2023

Egaña | El Coste de la Amnistía

Desde su página de Facebook traemos a ustedes este texto de Iñaki Egaña que nos ayudará a entender el berenjenal en el que se encuentra en estos momentos el escenario político del estado español.

Lean ustedes:


El coste de la amnistía

Iñaki Egaña

A cuenta de la amnistía para quienes fueron protagonistas del referéndum catalán de 2017, hemos asistido a un bombardeo incesante de la eufemísticamente conocida como Brunete Mediática, expresión que esconde a la banca, Iglesia, monarquía y Ejército, los pilares de la España uniforme. Hay una deriva que recupera para la actualidad el derecho natural, la ocupación de territorios por un interés supremo, el de la patria salvadora. El que reivindica para sí la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, que diría Machado.

Así, cualquier contestación a esa unidad o al régimen que la hace posible es considerada como un ataque directo a la naturaleza del proyecto España. Por ello, el 1-O catalán fue una afrenta, enlatada en conceptos como sedición y terrorismo. En consecuencia, reivindicar, solicitar y, por supuesto, alcanzar la amnistía es una cuestión subversiva, susceptible de convertirse en el centro de hostilidades.

No pretendo dar consejos, siquiera lecciones. Quiero intentar, por el contrario, refrescar esa memoria que nos hace humanos, esa memoria que, con el paso del tiempo, parece convertirse, para Frascuelo, en una memoria vaciada, olvidada, pesada y quemada, como expresaba Eduardo Galeano.

Tiene su gracia el hecho de que, en 1977, cuando se debatía el proyecto de Ley de Amnistía que finalmente vería la luz en octubre de ese año, las posiciones de la derecha eran exactamente las mismas que está proyectando en 2023. Su portavoz (bajo las siglas de Alianza Popular, refundada en el actual PP) era entonces Antonio Carro Martínez. Su discurso fue explícito: «El Grupo Parlamentario que me honro en representar no puede avalar con su voto positivo el proyecto de ley de amnistía, porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores». ¿A qué democracia se refería Carro Martínez, portador de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas (emblema de Falange) y ministro de la Presidencia del dictador Franco?

Entre quienes manifestaron su enfado públicamente por la concesión de la amnistía y, en su caso, por la legalización de la ikurriña, franquistas de pro, como Juan María Araluce Villar, consejero del reino, diputado a Cortes y presidente de la Diputación de Gipuzkoa (si este artículo fuera un libro se podría añadir a pie de página que su hija Maite es presidenta de la AVT). En el lado contrario, sacerdotes, asociaciones de vecinos, grupos culturales, deportistas, ayuntamientos, miembros de Euskaltzaindia y un largo etcétera que llegaron a enviar una carta al ya rey Juan Carlos en la que solicitaban la amnistía total para los presos vascos. En dicho documento, cuya primera firma correspondía a la del antropólogo Joxemiel Barandiaran, los firmantes aludían a la tortura en los interrogatorios, al aumento de detenciones, a la proliferación de acciones de las bandas parapoliciales, y al recrudecimiento de la represión en general.

Xabier Larena, procesado en Burgos en 1970, fue uno de los últimos en abandonar el presidio y dio en el clavo, en su recibimiento en Santurtzi, con una idea que sobrevoló entre los movilizados: «habéis derrotado al fascismo armado, pero la amnistía arrancada es muy corta. No ha llegado a los presos sociales, ni ha abarcado a los delitos de la mujer y muchos obreros no han podido volver a sus puestos de trabajo».

En Euskal Herria, la reivindicación de la amnistía provocó uno de los periodos más violentos de nuestra historia cercana, azuzados por esos poderes visibles de la España inmortal. Una represión que afectó a toda la sociedad vasca que se vio mancillada, apaleada, torturada, encarcelada, ilegalizada y saturada por el odio a cualquier expresión relacionada con la amnistía. Incluso cerca de un año después del decreto de octubre, la Policía disolvió a los asistentes a la Plaza de Toros de Iruñea con la excusa de retirar una pancarta a favor de la amnistía, en plenos sanfermines. Mataron a Germán Rodríguez en la capital navarra y a Joseba Barandiaran en Donostia.

La lista de agravios es interminable: apaleamiento, detención y tortura a menores de edad; entrada con botes de humo a recintos supuestamente sagrados para desalojar a los congregados; atentados parapoliciales (en especial contra fundadores de las Gestoras pro Amnistía); asalto a fiestas donde se reivindicó la amnistía, como en Zarautz, donde decenas de niños y ancianos fueron asistidos en centros sanitarios. ¿Cuántos jóvenes se tuvieron que tragar las pegatinas que llevaban al ser parados en controles? ¿Cuál fue el importe total de las multas que tuvieron que pagar los manifestantes? ¿Cuántos torturados por reivindicar la amnistía? Quien no vivió aquellos años no puede siquiera imaginar la saña con la que se emplearon las fuerzas policiales, amparadas por la impunidad y jaleadas por los medios de comunicación.

A José Luis Cano, manifestante por la amnistía en Iruñea, le persiguieron los agentes hasta el bar donde se refugió, lo apalearon y ya en el suelo, le descerrajaron un tiro en la cabeza. Aun después de muerto, su cadáver fue golpeado. En Santurtzi, «incontrolados» guardias civiles mataron a Normi Mentxaka. En Donostia, José Miguel Sarasola Lizarralde sufrió un infarto mortal al recibir a la Policía. Luis Santamaría, 72 años, murió de un infarto después que un policía le disparó una pelota de goma cuando se encontraba asomado en su balcón.

A Gregorio Maritxalar lo mató con una bala explosiva un francotirador de la Guardia Civil. A Rafael Gómez Jauregi, 78 años recibió el impacto de una ráfaga de metralleta disparada también por la Guardia Civil cuando asistía en Errenteria a una asamblea informativa. Francisco Javier Nuñez, José Luis Aristizabal, Isidro Susperregi, Manuel Fuentes, Juan Manuel Iglesias… Tras tres indultos y una amnistía, los presos políticos vascos salieron a la calle. Con un coste humano enorme. Valió la pena, con el recuerdo añadido a los que la hicieron posible.

 

 

 

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sábado, 14 de enero de 2023

Egaña | Teníamos Razón

El comentario de Iñaki Egaña acerca de lo más reciente en el caso Montejurra:


Teníamos razón

Iñaki Egaña

Las recientes filtraciones sobre los sucesos acontecidos en Jurramendi (Montejurra) en mayo de 1976, vienen a confirmar hechos ya conocidos a los que, en su momento, únicamente dimos credibilidad quienes habíamos apostado por una ruptura con el régimen dictatorial franquista. Entonces, los partidos hoy constitucionalistas, más el PNV, apostaron por la reforma del régimen, es decir que fueran los actores de la dictadura los que pautaran los cambios, con el riesgo evidente –el tiempo nos ha dado la razón- que la democracia monárquica naciera contaminada.

Ricardo García Pellejero y Amiano Jiménez Santos, fueron las víctimas mortales de esta razia montada por el Estado: Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación (Interior) y Ángel Campano, director de la Guardia Civil. Los jueces imputaron las muertes a tres “disidentes”, y definieron lo sucedido como un enfrentamiento entre facciones. Ellos también estaban en el ajo, porque el hecho es que Jurramendi fue un laboratorio en el que participaron decenas de mercenarios que luego aparecerían firmando, en nombre de España, con las siglas ATE, AAA, BVE y GAL.

La investigación y el sumario consecuente ya dejaron claro que detrás de la razia de Jurramendi estaba el Estado, los reformistas que querían acabar con un carlismo progresista que incluso se había declarado “socialista autogestionario”. EKA, el partido carlista, fue prohibido en las primeras elecciones generales de la “democracia” de 1977, junto a otros de la izquierda abertzale o de la izquierda revolucionaria. Los mercenarios, lo dice el informe “El libro negro de Montejurra”, fueron financiados por Antonio Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado) y por José María Araluce (diputado general franquista de Gipuzkoa y miembro del Consejo del Reino). Araluce habría desviado, según el citado informe, varios millones de la venta del Servicio Telefónico de Donostia a la Compañía Telefónica Nacional de España, en el marco de la que llamaron “Operación Reconquista”.

El relato de la Transición se fue tragando la razia de Jurramendi. Ángel Campano votó “si” al proyecto de reforma política a finales de ese año de 1976, Fraga fue venerado como un pope ortodoxo y candidato a la presidencia española, amén de numerosos cargos políticos. La hija de Araluce, que fue muerto por ETA unos meses después de los hechos de Jurramendi, preside en la actualidad la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), un grupo que, como saben, integra también a los agentes de la dictadura, pero no a sus víctimas.

La participación del Estado se vio reflejada, en esa que llamaron “Modélica Transición”, en los flancos abiertos que tenía entonces. En los disidentes por entendernos. El carlismo, alternativa al “juancarlismo” era uno de ellos. Pero también había otros notorios: el movimiento popular, el obrero y la cuestión vasca. En todos ellos, la Reforma marcó su impronta de forma violenta, con la ayuda de los aparatos del Estado, entonces no tan profundo.

El movimiento popular tenía en la demanda de amnistía su eje central. En la segunda semana pro amnistía de 1977, un año después de las muertes de Jurramendi, siete muertos a manos de las fuerzas policiales. Durante el año más víctimas mortales por pedir la liberación de los presos. Todavía un año más tarde, en los Sanfermines de 1978, fuego real contra las peñas que reivindicaban la amnistía a través de una pancarta. Dos muertos. En todos estos hechos, algún imputado por “imprudencia”, pero ningún condenado.

Con respecto al movimiento obrero, pujante en Hego Euskal Herria con una fuerza impresionante, que había llevado hasta el decreto de un par de estados de excepción, el paradigma fue el 3 de Marzo de Gasteiz. El mensaje claro: a los obreros que quisieran revertir el orden reformista (plasmados en los posteriores Pactos de la Moncloa) les esperaba una represión bestial. En Gasteiz, aquel tres de marzo maldito, cinco muertos por la Policía, más otros tres en las manifestaciones posteriores de solidaridad.

¿Qué añadir sobre la intervención del Estado en la cuestión vasca? Con el reciente informe de la tortura en Nafarroa, ya se han contabilizado 5.900 casos de tortura y malos tratos en Hego Euskal Herria. Seguro que son más. La actividad de aquellos mercenarios, algunos estrenados en Jurramendi, generó 83 víctimas mortales.

La impunidad, también denunciada por los rupturistas, ha llegado hasta nuestros días, con el añadido de que, en los últimos tiempos, los verdugos de las atrocidades cometidas reivindican su estatus para aparecer con laureles en ese relato trampeado de la “Transición Modélica”. Barrionuevo se vino arriba, como antes lo habían hecho Rafael Vera o Rodríguez Galindo. El fin justifica los medios, cuando el fin es la unidad hispana. Hace poco, sorprendentemente, Jorge González Bellier, uno de los capos de la Movida Madrileña, reivindicaba su paternidad en la organización de la OAS, con sus reuniones clandestinas en Donostia, y el reclutamiento de algunos de los protagonistas de Jurramendi, del BVE y de los GAL, como Jean Pierre Cherid.

La “Modélica Transición” es un bluf alimentado desde las cloacas del poder, una operación de marketing que se sustenta en los relatos interesados (poderoso caballero es Don Dinero) construidos desde el Melitonium, el BOE, las hagiografías y los medios del sistema. Para ello contaron con una gran operación, diseñada por Martin Villa, que pasó a la historia como el ministro del Interior de la Transición y también (puertas corredizas) presidente de Endesa y Sogecable. Martín Villa, miembro de la Academia española de Ciencias Morales y Políticas, ordenó la quema de millones de documentos relacionados con la represión franquista.

La Ley de Secretos Oficiales es otra pinza insalvable, destinada precisamente a evitar dar la razón a todos aquellos que apostamos por la Ruptura. Hoy, cada filtración, demuestra cuán acertados estábamos en nuestros análisis. Porque la Transición fue un auténtico fraude.

 

 

 

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domingo, 10 de julio de 2022

«Hoy Euskadi y España son Países Libres»

De todos los medios noticiosos que han publicado algo con respecto a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez en Ermua hemos querido compartir con ustedes lo dado a conocer por ABC, claro, por tratarse del medio más ranciamente españolista.

Y es que, precisamente, el españolismo se ha volado la barda con este aniversario luctuoso del militante del PP Miguel Ángel Blanco pues no solo se apersonó el ya mencionado Pedro Sánchez, también hizo llegar sus pasos hasta ahí Felipe, el individuo que más fielmente personifica la continuidad del Franquismo a través de la persona de su padre, el impune emérito

Y pues bueno, las estridentes declaraciones de un Javier Ortega Smith o de Pedro Otamendi no hacen mas que dejar claro que efectivamente, el estado español no es libre pues sigue atado y bien atado mientras que la CAV, esas tres séptimas partes de Euskal Herria cada vez se desprende más del oprobio de la ocupación colonial.

Adelante pues con la lectura:



Un lapsus o unas palabras desafortunadas. Pedro Sánchez ha protagonizado este domingo un momento que las redes no han pasado por alto durante su discurso en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco por el 25 aniversario de su asesinato. Con el rey presente, el alcalde de Ermua y la hermana del exconcejal popular, Marimar Blanco, el presidente del Gobierno se ha referido a Euskadi como país al mismo nivel que España.

«Si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas las que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y al odio», ha señalado en la tribuna.

Al acto de homenaje han asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su homóloga en el Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, la presidenta de las Juntas, Ana Otadui, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, así como consejeros del Gobierno Vasco y el alcalde del municipio, Juan Carlos Abascal.

También han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, además de representantes sociales y sindicales. Del mismo modo, la cita ha contado con la asistencia de representantes de Covite, así como familiares de Sotero Mazo, vecino de Ermua asesinado en 1980, al quien también se ha recordado.

Al acto no han asistido otras asociaciones de víctimas como AVT o Dignidad y Justicia y tampoco han estado presentes ni representantes de Vox ni de Sortu ni EH Bildu.

A lo largo de la jornada, se ha evidenciado la tensión y las diferencias entre populares y socialistas, ya que, en declaraciones a los medios de comunicación fuera de acto, el PP ha vuelto a reprochar al Gobierno de Sánchez que pacte con EH Bildu, una formación que no ha condenado el asesinato de Blanco, mientras que los socialistas han recordado a este partido su lucha contra ETA y criticaban que «demonice» la Ley de Memoria.

Los miembros de Vox, pese a no estar presentes en el momento del discurso de Sánchez, han denunciado sus palabras a través de las redes con descalificaciones al presidente del Gobierno.

El video del momento:

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martes, 12 de abril de 2022

Madrid Amenaza a Atristain

Una vez más Madrid recurrirá a la lawfare en contra del pueblo vasco y, una vez más, es el grupúsculo de choque conocido como AVT el que provee con el pretexto para violentar los derechos humanos de los represaliados vascos que han encontrado una medida de justicia en el Tribunal Europero de Derechos Humanos sito en Estrasburgo.

Como antes lo hicieron con el fallo en favor de Inés del Río por la Doctrina Parot, ahora mueven ficha en contra de Xabier Atrsistain y la incomunicación -sí, esa que sufre el periodista vasco Pablo González en Polonia desde el 28 de febrero-.

Aquí lo que nos informa Naiz:


La Abogacía del Estado recurrirá la sentencia de Atristain pese a que el dictamen fue unánime

Fuentes del Ministerio de Justicia español han avanzado su intención de recurrir la sentencia europea contra la incomunicación (caso Atristrain), atendiendo a las presiones de organismos como la AVT y pese a que el dictamen fue unánime. Intentarán así demorar sus efectos, como con la doctrina Parot.

Ramón Sola

La Abogacía del Estado recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 18 de enero que condenó al Reino de España al considerar vulnerado el derecho a un proceso justo a Xabier Atristain. El fallo supuso un varapalo total a la incomunicación y a sus efectos jurídicos. Conllevó la excarcelación de Atristain y también la absolución posterior de Gorka Palacios en otro juicio en la Audiencia Nacional, al dar por sentado este tribunal que la única prueba existente había sido arrancada en la incomunicación y que Estrasburgo había establecido una nueva jurisprudencia al respecto.

Fuentes de Justicia han avanzado esta decisión después de que la titular del Ministerio, Pilar Llop, señalara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes que la Abogacía del Estado seguía estudiando la posibilidad de dar ese paso y pidiera «sosiego».

La decisión es finalmente favorable a interponer un recurso, como solicitó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que dice temer que la decisión del TEDH siente un precedente que provoque una excarcelación masiva.

Posibilidades y plazos

Se repite así lo ocurrido en 2013 con la doctrina Parot tras el fallo favorable a Inés del Río. Cabe recordar que entonces la Gran Sala mantuvo la decisión inicial y en consecuencia la doctrina tuvo que ser derogada por el Estado español.

No obstante, hubo quince meses de impasse entre ambas decisiones, lo que supuso que los cumplimientos de condena de decenas de presos vascos siguieran siendo alargados ilegalmente. Algunos llegaron a pasar más de seis años extra de cárcel de modo indebido.

En esta ocasión se suma la circunstancia de que la sentencia favorable a Xabier Atristain se ha producido sin un solo voto en contra, de modo unánime. Incluso por parte de la representante española en esa instancia, María Elósegui.

Cabe la opción de que este recurso no sea admitido siquiera a trámite por la Gran Sala, lo que podría cerrar el ligitio en un plazo relativamente corto. Pero en caso de que se aceptara debatirlo y resolver sobre el fondo de la cuestión, los efectos del fallo relativo a Xabier Atristain (aún imprecisos) quedarían en un limbo al menos durante un año posiblemente.

El citado tribunal consideró que se vulneraron los derechos de Atristain en 2010 al no permitirle elegir un abogado para su defensa cuando estaba detenido en régimen de incomunicación y al limitarse tremendamente la capacidad de actuación del letrado de oficio impuesto. La sentencia fue muy contundente, como destacaba en esta entrevista a GARA su abogado, Zigor Reizabal.




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jueves, 7 de abril de 2022

Reprimenda de AVT a Grande-Marlaska

Fernando Grande-Marlaska, el juez que se encargó de tomar la estafeta de la mano de Baltasar Garzón llevando a cotas nunca antes alcanzadas la doctrina represiva del "todo es ETA", el mismo juez que ha sido señalado por el Tribunal de Derechos Humanos sito en Estrasburgo por no haber hecho lo suficiente ante las denuncias de tortura por parte de los independentistas vascos procesados por la Audiencia Nacional... ahora en su calidad de Ministro del Interior es vilipendiado por quienes en su momento aplaudieron su más que lamentable actuar.

Roma no paga a traidores dicen por allí.

Desde Naiz les compartimos la más reciente balandronada por parte de la AVT:


La AVT retira a Grande-Marlaska la Cruz de la Dignidad que le concedió cuando era juez

La decisión adoptada «por aclamación» en la movilización del 26 de marzo en Madrid ya tiene marchamo de oficialidad. La AVT critica al ministro español de Interior por su «radical cambio de posicionamiento» en política penitenciaria y le quita la Cruz de la Dignidad que le otorgó en 2017.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha explicado por carta al ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión «con enorme pesar» de retirarle la Cruz de la Dignidad que le otorgó en 2017 «asombrada por su radical cambio» desde que dejó de ejercer como juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial para pasar a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Desde que fue nombrado ministro del Interior, y a pesar de que hemos tenido mucha paciencia debido a su brillante pasado en la lucha antiterrorista, las víctimas del terrorismo hemos asistido asombradas a su radical cambio de posicionamiento», señala la AVT en una misiva fechada el 31 de marzo.

Respecto a la «brillante» trayectoria de Marlaska como juez, cabe recordar que ha sido señalado en más de media docena de ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar denuncias de torturas.

La asociación que preside Maite Araluce –firmante de la carta– se remite a la manifestación del pasado 26 de marzo contra el «Gobierno traidor» celebrada en la Plaza de Colón de Madrid en la que, según recuerda, «por aclamación de los asistentes» –no llegaron al millar de personas, según de Delegación del Gobierno– y aprovechando la presencia de la totalidad de la junta directiva de la AVT se decidió retirar la condecoración al hoy ministro del Interior.

Mantener la dispersión

Lo justifican en las políticas con respecto a los presos vascos, que califican de «incompatibles con los principios que le hicieron merecedor de dicha distinción». La AVT es muy crítica con los acercamientos y se opone a cualquier relajamiento en la política de dispersión.

La asociación también ha criticado que los «herederos del brazo institucional de ETA –en referencia a EH Bildu– se hayan convertido en socios preferentes del Gobierno», y reprochan la falta de concreción legislativa para acabar con los recibimientos a los presos y presas cuando regresan a sus respectivas localidades al salir de la cárcel.

La AVT entregó su Cruz de la Dignidad a Grande-Marlaska en un acto celebrado en el Senado el 10 de noviembre de 2017, dentro de un acto titulado «La derrota policial de ETA». El magistrado era entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial y la asociación reconocía su papel como juez de la Audiencia Nacional, con un «incansable trabajo al frente de la Sala de lo Penal y su incondicional apoyo a las víctimas del terrorismo».




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martes, 5 de abril de 2022

Juzgar lo Juzgado

La Audiencia Nacional, esa institución franquista a la que la inmaculada transición solo cambió de nombre, recién hace unos días le mostraba al mundo que el régimen español no está dispuesto a asumir su responsabilidad en el proceso de paz, reconciliación y convivencia abierto por la sociedad vasca al imponer penas de cárcel a los acusados del macrosumario 13/13.

Pues bien, con la cerrazón que les caracteriza lo han vuelto a hacer enfilando sus baterías en contra de Josu Urrutikoetxea... y de eso nos habla este artículo de Naiz:


La AN da otro paso para juzgar a Josu Urrutikoetxea por el atentado de Zaragoza

La Audiencia Nacional ha filtrado este martes noche su rechazo a la alegación de «cosa juzgada» de la defensa de Josu Urrutikoetxea, con lo que se pone en marcha de nuevo el intento de sentarle en el banquillo por el atentado de Zaragoza de 1987.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado otro paso para juzgar a Josu Urrutikoetxea por el atentado cometido en 1987 por ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, tras desestimar la excepción de cosa juzgada que alegaba, al haber cumplido ya condena en el Estado francés por hechos equivalentes.

En concreto, París ya le condenó a ocho años de cárcel en 1990 como autor, entre otros, de un delito de «asociación de malhechores», «equivalente al delito de pertenencia a organización terrorista» en la legislación española.

En noviembre, la AN acordó abrir juicio oral contra Urrutikoetxea por este atentado, pero en febrero la defensa formuló un artículo de previo pronunciamiento, donde invocaba la excepción de cosa juzgada, que detuvo el proceso hasta ahora, cuando los magistrados José Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada y María Teresa García Quesada han rechazado la argumentación poniendo nuevamente en marcha la maquinaria judicial.

Sobre Urrutikoetxea se han formulado desde el Estado español en estos últimos años otras imputaciones que han ido decayendo, y ahora la Audiencia Nacional centra todas sus fuerzas en este sumario.

«El Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones mantienen, y así lo comparte este tribunal, que no concurre la excepción de cosa juzgada, por no tratarse de los mismos hechos materiales», resuelven los magistrados de la Sección Segunda en un auto del lunes, que ha sido difundido por Europa Press.

«A lo sumo», podría hablarse de una «misma calificación jurídica de los hechos», si bien apostillan que hay una «muy abundante jurisprudencia del TJUE» que establece «claramente» que «la cuestión debatida debe analizarse desde un punto de vista fáctico y no desde la calificación jurídica».

2.354 años de petición fiscal

Los magistrados se han alineado por tanto con el fiscal Pedro Rubira y las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española Guardia Civil (AEGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil y Sindicato Justicia Policial, entre otros, que habían sostenido en sus escritos y en la vista oral del pasado 31 de marzo que los hechos juzgados en los dos estados «no son en absoluto coincidentes».

«Nuestra acusación se muestra satisfecha por haber desactivado la última artimaña del sanguinario etarra para eludir el banquillo de los acusados y dar la cara frente a las víctimas», ha reaccionado AEGC en un comunicado.

«Ahora se espera que, por parte de Francia, se produzca cuanto antes la extradición o entrega temporal a España para poder celebrar una vista histórica demorada durante demasiado tiempo por las tácticas y huidas de Ternera. Un juicio para poder hacer justicia», ha enfatizado AEGC.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 2.354 años de prisión para Urrutikoetxea por este atentado: 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de «asesinato consumado» y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de «asesinato frustrado». El fiscal Rubira le considera autor «tanto por inducción como por cooperación necesaria».




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miércoles, 9 de febrero de 2022

Autoinculpación Bajo Tortura

Desde Naiz traemos a ustedes una actualización del juicio farsa que el régimen borbónico franquista le ha montado a Iratxe Sorzabal, víctima del terrorismo de estado que el propio franquismo borbónico a desatado sin miramientos en contra del independentismo vasco.

Lean por favor:


La autoinculpación obtenida bajo tortura, única prueba contra Iratxe Sorzabal

El juicio contra Iratxe Sorzabal en la Audiencia Nacional ha quedado visto para sentencia. La defensa ha solicitado la libre absolución al entender que la única prueba contra la irundarra es la autoinculpación obtenida bajo torturas a manos de la Guardia Civil. Las acusaciones piden 36 años.

Aitor Agirrezabal

La defensa de Iratxe Sorzabal ha pedido la libre absolución de la irundarra recordando el contexto en el que se consiguen las pruebas contra ella por dos explosiones sucedidas en Xixón en 1996. «La detención de Iratxe llega tras las declaraciones policiales que se dan ‘en aquellas circunstancias’, tras la detención de Aitor Olaizola», que inculpó a la juzgada durante su incomunicación, ha recordado la defensa.

La acusación presentada en sede judicial se basa en la declaración realizada por Sorzabal en los calabozos de la Guardia Civil durante aquel arresto, así como una carta en la que relató a ETA lo declarado en sede policial, bajo régimen de incomunicación y evidencias de haber sido torturada. «Estas declaraciones no fueron ratificadas, lo ha dicho el Ministerio Fiscal», ha recordado la defensa.

La Audiencia Nacional ha juzgado este lunes y martes a Sorzabal por la única causa por la que ha sido entregada temporalmente por el Estado francés, donde cumple condena.

Durante la segunda y última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, han testificado varios agentes de la Policía española y la Guardia Civil, así como los peritos forenses.

La única prueba presentada por la acusación contra Sorzabal, además de la declaración en sede policial, es una carta obtenida durante una redada en el Estado francés contra varios miembros de ETA. En la misiva, la irundarra relata las autoinculpaciones e inculpaciones realizadas durante el periodo de incomunicación. «Esto es lo que le dije a la Policía», comienza. La Guardia Civil recibió una traducción de la misma. La acusación considera que lo relatado ahí es «una relación de los actos realizados por la acusada».

En esta carta traducida, tal y como ha destacado la defensa, se omiten varias frases. Los guardias civiles que participaron en la elaboración del informe han achacado a su desconocimiento del euskara el no haberse percatado de la ausencia de estas frases. Sin embargo, tampoco lo compararon con la declaración de Sorzabal en sede judicial.

La tortura, en el centro del juicio

En la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova, Sorzabal ya negó los hechos que se le imputaban y recordó que su autoinculpación se debió «al infierno» al que fue sometida mediante torturas durante los días de incomunicación. «Les dije que si quería firmaba que había matado a Carrero Blanco. Me dijeron que eso no podían hacerlo creíble, pero que estuviese tranquila, que me iban a meter otros muchos».

La acusación, sin embargo, ha tratado hoy de restar credibilidad a la denuncia de torturas, a pesar de haber sido corroborada por el Protocolo de Estambul durante otro procedimiento judicial en el Estado francés. «ETA desde sus inicios tiene una orden de denunciar de forma sistemática malos tratos», han señalado dos peritos de la Guardia Civil que presentaron un informe sobre la supuesta estrategia de ETA de denunciar los malos tratos. Ante ello, la defensa ha puesto sobre la mesa el informe con el que la justicia del Estado español rechazó la denuncia de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola que repite palabra por palabra lo presentado en este juicio. La justicia europea, después, daría la razón a los dos ciudadanos vascos, condenando al Estado español. «Son muchas más las absoluciones», se han defendido los agentes.

El perito forense citado por la acusación, médico forense de la Audiencia Nacional, sin embargo, ha reconocido que le entregaron unas fotocopias en blanco y negro de las fotografías realizadas a Sorzabal al ser trasladada al hospital. «No se podía observar nada sobre lo que se me requería», se ha limitado a apuntar en relación a las marcas dejadas por los electrodos en la piel de la irundarra.

En sus conclusiones, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la AVT han retirado de sus acusaciones contra Sorzabal el delito por «pertenencia a organización terrorista» al considerar que ya ha sido condenada en estos términos por tribunales franceses. Por contra, han mantenido su acusación sobre la participación de la irundarra en los ataques realizados en Xixón en 1996, extremo que Sorzabal ya negó en la jornada de ayer.




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lunes, 7 de febrero de 2022

Autoinculpación Bajo Tortura

Ha iniciado el nuevo juicio en contra de la víctima de tortura y represaliada política vasca Iratxe Sorzabal. Así es como funciona la democracia en el estado español, así es como el régimen borbónico franquista entiende los procesos de paz y reconciliación.

Naiz nos trae algunos detalles de la primera jornada:


Sorzabal: «Me autoinculpé, con el infierno que me hicieron pasar no podía hacer otra cosa»

Iratxe Sorzabal ha negado en la Audiencia Nacional los hechos que se le imputan, una acusación que, tal y como ha recordado, se basa en la autoinculpación realizada durante la incomunicación. «Me autoinculpé e inculpé a otros. La Guardia Civil me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones».

Aitor Agirrezabal

Iratxe Sorzabal, durante el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional, ha relatado las torturas sufridas a manos de la Guardia Civil tras ser detenida e incomunicada en marzo 2001. «Me autoinculpé e inculpé a otros. La Guardia Civil me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. Todas esas acusaciones son falsas», ha subrayado a preguntas de la Fiscalía. «Durante esas sesiones de tortura me obligan a aprender cosas de memoria, repetimos declaraciones».

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Iratxe Sorzabal por una acción armada en Xixón en 1996 que no causó víctimas, la única causa por la que recientemente ha sido entregada temporalmente por el Estado francés, donde cumple condena. Fiscalía y AVT piden 46 años de cárcel para la presa irundarra.

Tras ser detenida y pasar por el cuartel de Intxaurrondo, Sorzabal fue trasladada a Madrid en un vehículo de la Guardia Civil. «Allí empezó todo el infierno», ha señalado. «En el coche me pusieron un antifaz, me aplicaron las descargas, me golpean, me insultan, me soban, me vejan, me asfixian con una bolsa», ha recordado.

Las sesiones de tortura continuaron en dependencias de la Guardia Civil, donde estuvo cinco días incomunicada y tuvo que afrontar interrogatorios sin un abogado de confianza. Según ha narrado, durante aquellas sesiones se dedicaban a aprender de memoria la declaración. «Ensayábamos todo y me decían que me iban enseñar unas hojas y unas fotos y que tenía que reconocer a este o esta. Y, después del ensayo, tenía que hacerlo».

El primer día no pudo narrar ante el médico forense lo que estaba sufriendo. «Era en un cuartucho al lado de donde me torturaban. Pensaba que era un Guardia Civil que se hacía pasar por forense para ver que decía. No me fiaba. No le dejé ni tocarme. Estaba aterrorizada».

El segundo día de aquella incomunicación Sorzabal tuvo que ser trasladada al hospital, donde fue reconocida por el médico forense. «El segundo día estaba tan destrozada que pensaba que más de lo que me estaban haciendo no podían hacerme. Le enseñe las marcas, en carne viva, y al verme vio que debía ir al hospital».

La Guardia Civil quería estar presente en la consulta durante el reconocimiento en el hospital. «No podía contarle al médico lo que me sucedía con ellos delante», ha recordado. Al final los agentes del Instituto Armado abandonaron la sala, a pesar de que un miembro de la seguridad de hospital estuvo en todo momento presente. «El médico me dirigió a distintos especialistas por todas las marcas de los electrodos, me hicieron una biopsia y tenía una vértebra desplazada».

«Si no hago lo que dicen, más electrodos, más bolsa»

De vuelta en sede policial, Sorzabal ha relatado que le pusieron tres opciones sobre la mesa. «Si no subo a declarar, si no hago lo que dicen, me dan el mismo trato. Más electrodos, más bolsa. Si subo y no digo lo que ellos dicen, será peor. Si hago lo que dicen, ya no me tocan». Es ahí cuando decide autoinculparse e inculpar a otras personas. «Elijo la tercera. Después del infierno que me estaban haciendo pasar no podía elegir otra», ha apuntado visiblemente conmocionada.

«Me autoinculpo de delitos muy graves e inculpó a personas que conozco y a las que no conozco. Les dije que si quería firmaba que había matado a Carrero Blanco. Me dijeron que eso no podían hacerlo creíble, pero que estuviese tranquila, que me iban a meter otros muchos», ha añadido.

Tras los cinco días de incomunicación, ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno declaró que no eran ciertas las declaraciones realizadas en sede policial. «Le conté lo que me hicieron y las torturas».

Sorzabal denunció las torturas sufridas a manos de la Guardia Civil, un caso que quedó archivado «como otros muchos», pero que, según ha relatado la irundarra, «está a punto de reabrirse al encontrarse nuevos detalles».

Unas torturas que han quedado también reflejadas en la investigación que ha llevado a la realización del documental ‘Bi arnas’, del que se hizo eco NAIZ el pasado viernes. En unas imágenes encontradas durante el proceso de elaboración, en una grabación de 2001, poco después de ser detenida, Sorzabal relata lo vivido y destaca que no tenía «miedo» a morir durante las sesiones de tortura. «Yo no tenía miedo a morir, tenía ganas de morir».

La denuncia de torturas, a pesar de un corto camino judicial en el Estado español, tuvo mucho eco porque al contrario de otras denuncias, en su caso hubo fotografías de las marcas de los electrodos. De hecho, diferentes organismos internacionales se interesaron por la denuncia e investigaron los hechos y un experto en el protocolo de Estambul analizó su denuncia durante la última causa por la que fue juzgada en el Estado francés y ratificó la versión de Sorzabal.

Niega su implicación en los hechos juzgados

Durante el juicio Sorzabal ha reconocido su pertenencia a ETA, después de haber quedado en libertad, pero ha rechazado su vinculación con el comando Ibarla, al que relacionan con los hechos juzgados, del mismo modo que ha negado las acusaciones que se le imputan en este juicio.

Del mismo modo, ha relatado el trabajo que realizaba en Gestoras Pro Amnistía cuando fue detenida por la Guardia Civil en 2001 donde se dedicaba a la denuncia de la tortura, trabajando con organismos internacionales y cuando todavía no era miembro de ETA. «No tenía ni idea de por qué me detienen. Unos días antes detuvieron a Aitor Olaizola, del pueblo (Irun) pero que yo no conocía. Y, como supe después, le obligaron a decir que yo le había captado para ETA. En cinco días la Guardia Civil no me preguntó nada sobre Aitor Olaizola».

Iñarritu: «La tortura es sistemática y sistémica»

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, ha comparecido ante los medios a las puertas de la Audiencia Nacional y ha recordado que el juicio se basa en «declaraciones obtenidas bajo tortura», subrayando que no es un caso aislado. «En Euskal Herria ha habido muchos casos. En el informe de Lakua queda claro que son más de 5.000».

En el caso de Sorzabal, ha destacado que su denuncia fue avalada por el Protocolo de Estambul. «Es intolerable. La tortura es sistemática y sistémica. Todavía hoy vemos como las instituciones del Estado y la propia justicia miran hacia otro lado. Se deben tomar medidas de una vez y este tipo de juicios no se deben seguir realizando», ha manifestado.

 

 

 

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miércoles, 2 de febrero de 2022

Madrid Seguirá Negando Descuentos

Hace unos días el españolismo inició una embestida en contra de Wikipedia en euskera pues ahí se caracteriza a ciertas personas y a ciertas organizaciones como alineadas a la extrema derecha española.

Pues bien, la realidad es que no es necesario caracterizar a ciertas organizaciones como de extrema derecha, son sus propias acciones las que así las definen.

Como ejemplo, baste el que hayan logrado que Madrid se posicione en contra de la directriz europea con respecto al descuento de condenas por el tiempo cumplido en otros estados. La excepcionalidad es lo que define a los estados que apuestan por el apartheid, rasgo muy característico de los regímenes de derecha, como el israelí o el turco.

Aquí la información que nos provee Naiz:


Madrid aclara a la AVT que seguirá incumpliendo la directriz europea para descontar condenas

AVT y otras asociaciones han presionado al Gobierno español el fin de semana con filtraciones sobre presuntos planes para adaptar la ley española al criterio europeo y descontar condenas cumplidas en otros estados. Objetivo logrado; el Ejecutivo les ha dicho por carta que no tiene tal intención.

Ramón Sola

La Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Ministerio del Interior, ha negado que el Gobierno español trabaje en un cambio legal para descontar a los presos vascos las condenas cumplidas en otros estados. La aclaración se produce después de insistentes filtraciones este fin de semana, comenzadas el viernes en ‘Abc’, sobre un presunto plan para adoptar la norma española al criterio europeo.

En concreto, la Dirección General ha enviado un correo electrónico a las asociaciones y fundaciones, consultado por Europa Press, en el que señala que los cambios se refieren a trasposiciones de directivas europeas, pero que «no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea».

El cambio legal se relaciona con el «avance en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE», particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales.

Antecedentes: 2008 y 2014

El asunto se remonta a 2008, cuando Europa emitió una directriz que establecía que a las personas presas en un Estado se les debería descontar el tiempo de cárcel cumplido en otro, sin acumular ambos. Es la práctica habitual contra los presos y presas vascas encarcelados en el Estado español tras haber estado presos también en el francés (y en algún caso, también al revés). En la actualidad hay unos 50 que padecen esta negativa a descontar condenas.

Esta directriz europea era de obligada traslación a la normativa española, pero primero el Estado español demoró la decisión durante varios años, y después la mayoría del PP recurrió a una artimaña legal para vaciarlo de contenido al hacer la trasposición. Fue en 2014 y supuso «de facto» que los presos y presas vascas se les siguiera denegando este descuento de cumplimiento de cárcel, hasta la actualidad.

El pasado viernes la AVT convocó una rueda de prensa para asegurar que el Gobierno español estaba avanzando una reforma en este terreno, presentándola como «favorecedora de la impunidad» aunque en realidad solo supondría adaptarse al criterio europeo.

La aclaración de Madrid

La Dirección General dependiente del Ministerio del Interior le ha indicado ahora en su mensaje aclaratorio que la inclusión en el Plan Anual Normativo del Anteproyecto de Ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, se refiere al intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Menciona que, una vez consultado al Ministerio de Justicia sobre el alcance del citado anteproyecto, este departamento ministerial les ha comunicado que la propuesta responde al cumplimiento de la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019.

En concreto, se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en el que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo (Directiva ECRIS).

A tales efectos, el Ministerio de Justicia está elaborando un anteproyecto de ley que modifica la Ley 7/2014, de 12 de noviembre, en cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Según el escrito de la Dirección General, afecta «solo en cuestiones relacionadas con el intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros».

«En consecuencia –aclara–, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea».

Con esta transposición, justifica el Gobierno, «se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE».




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viernes, 7 de enero de 2022

Los Mucho Españoles Toquero e Iturgaiz

Vuelve a las andadas el vascófobo Alejandro Toquero, esta vez, haciendo mancuerna con el infumable Carlos Iturgaiz. Resulta que ambos han decidido lanzarse de lleno en contra de las movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos convocadas por Sare. 

Recordemos que este año, debido a las dificultades propias que conlleva la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de SARS CoV-2, se ha decidido no convocar a la habitual mega marcha de Bilbao y a cambio, se ha optado por que en cada ciudad, pueblo y barrio de Euskal Herria se lleven a cabo actos en favor de los presos. 

Todo ello, recordemos, dentro del marco del proceso de paz abierto ya hace más de diez años.

Les dejamos pues con la información provista por Naiz:


Iturgaiz y Toquero intentan arremeter contra las convocatorias de Sare

Carlos Iturgaiz y Alejandro Toquero han sido los protagonistas de los últimos intentos de la derecha de arremeter contra las movilizaciones convocadas mañana por Sare. El alcalde de Tutera, incluso, ha pedido que se prohíba la convocada en la ciudad ribera (Plaza de San Jaime, 17.00).

El parlamentario del PP Carlos Iturgaiz y el alcalde de Tutera, Alejandro Toquero (Navarra Suma), han intentado arremeter contra las movilizaciones convocadas por Sare para mañana en defensa de los derechos de los presos y para reclamar el fin de la política de excepción.

En el caso de Toquero, incluso, ha pedido al delegado del Gobierno español en Nafarroa, José Luis Arasti, que prohíba la movilización convocada en la plaza de San Jaime de Tutera a las 17.00, sin motivo alguno para ello.

Iturgaiz ha criticado por su parte que «EH Bildu pida en las calles la excarcelación de los terroristas mientras PNV-PSE lo facilitan».

«Ni a los terroristas de Bataclan en París, ni a los de las torres de Nueva York, no a los del mercado en Berlín se les homenajea en las calles de Francia, Estados Unidos o Alemania», ha argumentado.

Toquero, por su parte, se ha dirigido a Arasti pidiendo la prohibición de la movilización de Tutera, sumándose a la petición en el mismo sentido realizada por la AVT, que considera «justa y coherente», obviando que, en cualquier caso, una decisión de este calibre correspondería a la Audiencia Nacional española y no al delegado del Gobierno.

El alcalde de Tutera interpreta que «el objetivo de esta manifestación no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA y su largo y sangriento historial criminal de la banda terrorista».

Por ello, asume que «nuestra misión como responsables públicos es mantener el verdadero relato sobre la historia del terrorismo en nuestra tierra y en nuestro país».

«Considero que la manifestación de este sábado humilla a las víctimas, por lo que solicito oficialmente que acepte esta solicitud», concluye el alcalde.




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domingo, 2 de enero de 2022

'Vuelta a Casa, Víctimas y Verdad'

Desde Naiz traemos a ustedes este artículo de opinión acerca de lo que su autor considera los grandes pendientes tras diez años de iniciado un proceso de paz técnicamente unilateral, acompañado sí por la comunidad internacional, pero con participación más allá de renuente por parte de las metrópolis involucradas.

Lean ustedes:


Tres V que no necesitan otra década: vuelta a casa, víctimas, verdad

El reciente décimo aniversario de Aiete no solo ha traído balance de resultados, sino que además ha reenfocado las tareas pendientes y ha catalizado nuevas condiciones para afrontarlas, como la Declaración del 18 de Octubre. No es trabajo de un año pero tampoco debería exigir una década.

Ramon Sola

Proceso de paz y proceso de resolución fueron los dos conceptos más usados, desde las ópticas propias de dos bloques diferentes, para definir el escenario que arrancaba en 2011. Diez años después, es más ajustado a la realidad hablar de proceso de construcción de paz y de proceso de transformación del conflicto, puesto que ni la paz completa ha llegado ni la resolución política se atisba en el horizonte. Con todo, las condiciones sembradas en este cambio de año son mejores que nunca, más incluso que las de aquel momento inicial de efervescencia que se topaba con la inquietante llegada del Gobierno Rajoy. Los puntos que más riesgo de colapso generaban se han ido solventando: inicialmente solo prosperó la relegalización de la izquierda abertzale, pero en los últimos cuatro años se han materializado el desarme y posterior fin de ciclo de ETA y se ha iniciado el deshielo en la política carcelaria de excepción.

En este sentido, contra la hipótesis inicial de que muchas cosas podrían resolverse en un primer golpe y luego los ritmos se irían ralentizando, la realidad muestra que ha sido en el último lustro cuando se ha producido una aceleración (que bien podría tener como punto de partida más que simbólico Luhuso, hace justo cinco años).

De entrada estaba claro que esta no sería una carrera lineal de 100 metros. Si se compara el proceso con una carrera de obstáculos, en esta segunda vuelta a la pista las vallas que toca saltar no son tan altas como las que ya han sido superadas. Si se prefiere tomar como metáfora la maratón, algo seguramente más certero, es probable que el «muro» que aparece entre los 30 y 35 kilómetros ya haya sido vencido con el impulso de 2017 a 2021; otra cosa es lo que cueste llegar de ahí al final.

Presos: humanidad o Aznar

2021 ha sido el año de la supresión del alejamiento extremo, el aislamiento y el primer grado, tres patas de la política de excepción a la que falta añadir una cuarta: la excarcelación a tiempo de los presos enfermos. La apuesta de EPPK por la batalla legal desde 2016 ha sido decisiva para ello al desmontar excusas. Pero por esa vía hay todavía mucho camino que recorrer.

Los datos ofrecidos este año por agentes diferentes como Sortu o Sare constatan que eliminando las normativas y las prácticas de excepción hoy día más de 150 presos tendrían que estar pisando la calle, aunque solo fuera con permisos por haber cumplido la cuarta parte preceptiva; que a unos 120 les correspondería el tercer grado por haber superado la mitad; y que casi totalidad de estos últimos debería estar en libertad condicional.

Más allá de ello, pasar definitivamente la página de la cárcel por estas décadas de confrontación armada aboca a derogar, o al menos modificar, la ley 7/2003 que estableció cumplimientos de condena de hasta 40 años para presos y presas vascos. No tiene parangón en Europa ni adecuación a las actuales estrategias penales internacionales. Y tampoco soporte argumental hoy en el Estado español más allá de la ultraderecha («que se pudran en la cárcel» fue el lema con que José María Aznar la lanzó) ni adecuación al actual contexto vasco.

Si se van a acabar corrigiendo normas del Ejecutivo Rajoy como la Ley Mordaza o la reforma laboral, ¿cómo cabe defender la vigencia de esta más antigua y más inhumana? Dependerá en gran parte de que se estabilice la actual mayoría progresista en el Estado creada con soporte independentista catalán y vasco, pero debería tener punto final en cualquier contexto. Y más aún cuando persiste una Audiencia Nacional inclinada ideológicamente a usar la batería normativa contra los presos, haciendo como si ETA aún existiera. Sin duda es más fácil cambiar la 7/2003 que a los jueces y fiscales del tribunal especial.

Comisión de la Verdad o 18-0

La cuestión de las víctimas es el segundo gran ámbito pendiente en el bloque de la llamada pacificación. Un matiz de entrada: aunque en nuestro entorno no esté asentada esa percepción, los expertos internacionales que siguen el proceso vasco volvieron a remarcar en octubre, en las jornadas del décimo aniversario, que ven una evolución buena y hasta rápida en esta cuestión, puesto que en otros lares ha necesitado una o más generaciones para desencallarse. La presencia de víctimas de ETA en la mesa redonda del próximo 8 de enero en Bilbo es un indicador relevante, impensable hace una década. Y elementos como la Declaración del 18 de Octubre de la izquierda independentista o la renuncia expresa de EPPK a recibimientos públicos van a facilitar sin duda este humus de convivencia.

Ello debe contribuir a encarar una cuestión más espinosa y muy bloqueada diez años después: la verdad. Al fin y al cabo, es la demanda primera y principal de víctimas de uno y otro lado en general, por encima de las de justicia y/o reparación.

Nada más desmontarse el argumento/excusa de los «ongi etorris», los detractores de este proceso han corrido a buscar un nuevo parapeto, y han escogido los «crímenes sin resolver». No se advierte en esa campaña un afán prioritario de buscar su esclarecimiento, sino un objetivo instrumental, que es seguir impidiendo excarcelaciones o incluso forzar nuevos sumarios o citaciones (la de Mikel Albisu solo ha sido la más sonada). No obstante, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha puesto realismo sobre el tema al reconocer que «hablar de crímenes sin resolver es algo peligroso si no se hace con rigor, pues se pueden dar falsas esperanzas».

Con todo, si esta cuestión se encarara realmente de modo constructivo, con la verdad como horizonte y sin un objetivo punitivista, en clave de justicia transicional, quizás hubiera una opción de avanzar: conviene repasar lo que dijo la última dirección de ETA en el libro-entrevista de GARA sobre el caso de los tres gallegos desaparecidos en 1973 o lo manifestado por EPPK al Foro Social en la última reunión en la cárcel de Logroño.

Cada conflicto y cada cultura han tenido su forma de afrontar esto: entre las catárticas audiencias públicas de Sudáfrica y la apuesta por no abrir esos cajones en Irlanda debe haber un punto medio vasco. Pero ¿cabe una Comisión de la Verdad como la que ha puesto sobre la mesa EPPK en esa reunión de Logroño? No parece que el Estado esté dispuesto a abordarlo ni siquiera de modo teórico, primero porque supondría renunciar a su falaz relato de una única violencia y segundo y principal porque a estas alturas hay más crímenes sin resolver por su acción que por la de ETA. Lo innegable es que en esta década post-lucha armada no se ha resuelto un solo caso nuevo de guerra sucia ni ha habido una nueva condena por torturas en el Estado español (sí en Europa, la de Portu-Sarasola). Y ni siquiera el informe de Lakua que detallaba 4.113 casos ha roto esa barrera negacionista.

Para llegar a ese escalón de la verdad seguramente habrá que pisar otro previo, que es el del reconocimiento. En el PSE ya se admite en privado que más pronto que tarde habrá que hacer alguna reflexión pública sobre los GAL. También al PNV se le acumulan voces que le recuerdan que en el informe firmado por su Gobierno aparecen 300 casos de torturas de la Ertzaintza. Si van a hacer su 18 de Octubre, para su impacto político en Euskal Herria no resultará indiferente que eso sea este año o dentro de una década, ni será lo mismo que lo enuncie un Eneko Andueza o un Felipe González (que lo más lejos que ha llegado ha sido a decir que le propusieron «volar a la cúpula de ETA, y dije no»). Como no ha sido lo mismo que en Aiete se pronunciara Arnaldo Otegi o, pongamos por caso, Maddalen Iriarte.

En una balanza figurada, con el paso del tiempo lo lógico y deseable sería que la verdad ganara peso mientras la perdiera el relato, convertido en mera batalla muchas veces partidista. Es decir, que la realidad de los hechos tomara el lugar de su memoria distorsionada. Hay mucho de inercia generacional en la sobreexplotación de esta cuestión. Como muestran algunos estudios recientes, los más jóvenes desconocen casi todo sobre los avatares del conflicto armado y tampoco parecen muy preocupados por aprenderlo.

Postconflicto o prerresolución

Estos nudos pendientes en el ámbito de las consecuencias del conflicto han sido utilizados durante esta década para demorar la cuestión política, el cuarto punto de Aiete, las causas. No cabe negar que el elemento político ha perdido pulso en Euskal Herria en este tiempo, dividible por trienios desde 2011: en 2014 la exitosa cadena humana de Gure Esku mostró que había una movilización pujante por el derecho a decidir, pero en 2017 no hubo un acompañamiento decidido al proceso catalán –que más bien pareció suscitar temor– y en 2020 la pandemia introdujo otras prioridades que lo han dejado sepultado.

¿En qué temperatura estará esta cuestión en la Euskal Herria de 2023 o de 2026? Dependerá de múltiples factores: la factura que pasa la pandemia al actual modelo de autogobierno, el desenlace de la mesa política Gobierno-Govern, la activación o no del debate del Nuevo Estatus que lleva una década aletargado, la apertura o no de la prometida reflexión sobre el Amejoramiento en Nafarroa…

De momento, sin haber tenido demasiado eco, la reciente Declaración de Arantzazu corrobora que sigue habiendo una mayoría plural por el derecho a decidir que no se ha disgregado y que está dispuesta a implicarse por la resolución integral al conflicto. Aunque esto sí suene realmente a trabajo por encima de décadas, sin fecha previsible.




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