Este texto solidario de parte de Corriente Roja ha sido publicado en inSurGente:
Declaración de Corriente Roja ante la redada contra 34 jóvenes de SEGIEn la madrugada del martes 24 de noviembre el delirio represivo del Estado gobernado por el PSOE, en íntima conexión con la Consejería de Interior del gobierno vasco, puso en marcha una gran redada ejecutada por cientos de policías y guardias civiles para detener a treinta cuatro jóvenes vascos y vascas.
El engranaje procedimental, la misma troika de siempre: una asociación vinculada a la extrema derecha que acusa (AVT o Manos Limpias), un juez de la Audiencia Nacional que ordena y el Ministerio del Interior que ejecuta. El corifeo de la “Brunete mediática” se encarga de trasladar el mensaje listo para ser digerido: “los cachorros de ETA han sido detenidos”, “reclutaban adolescentes en institutos y universidades”, “ETA los entrenaba mediante acciones de kale borroka”.
Han hecho lo mismo que con las detenciones de los dirigentes de de la izquierda abertzale en la sede de LAB el pasado 13 de octubre, igual que cuando el Tribunal Supremo ilegalizó a Iniciativa Internacionalista, de la misma manera que en el cierre de EGIN, de EGUNKARIA, que contra los encausados en el 18/98.
A los y las treinta y cuatro jóvenes se les acusa sola y exclusivamente pertenecer a la dirección de SEGI: ni de tener armas, ni de violencia callejera, ni siquiera de “enaltecimiento del terrorismo” o de no condenar la violencia. El aberrante laberinto jurídico-policial está convirtiendo en papel mojado el núcleo duro de lo que cualquier Constitución burguesa considera inviolable, los Derechos y Libertades fundamentales que la Constitución de 1978 establece en su Titulo I: el artº 14 – “Todos los españoles son iguales ante la Ley”, el artº 16 – “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, el artº 25 – “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”, el Derecho de Asociación, el de Participación Política, el de Presunción de Inocencia, el de Reunión, el de Libertad de Expresión y un largo etcétera.
Toda vez que ya sabemos que otros derechos como al trabajo, a la vivienda, a las sanidad pública de calidad… etc, son directamente brindis al sol, puede decirse con todo rigor que el PSOE y el PP – con la complicidad, más nauseabunda aún, de quienes callan desde supuestas posiciones de izquierda – están liquidando cualquier vestigio de legitimidad democrática. Cuando a la explotación económica, consustancial al capitalismo, le unimos la opresión política, estamos hablando de dictadura.
Pese a la chulería y la desvergüenza con que presentan sus hazañas represivas, haciendo creer a sectores de la opinión pública del Estado cada vez más fascistizados que así se camina hacia la destrucción de ETA y su “entorno”, la realidad es que la estaca con la que golpean el Estado español y el Gobierno de Vitoria está podrida; que cada vez que arremeten con toda su parafernalia represiva retroceden en legitimidad ante un pueblo vasco que ve cada día más claro que la única respuesta de ambos ante sus problemas y aspiraciones es la represión.
La evidencia es que la escalada represiva iniciada el 13 de octubre, la que le siguió ayer y las que vendrán, va dirigida no a frenar la violencia, sino a intentar abortar de la forma más bestial el proceso político que la Izquierda Abertzale (I.A.) ha abierto en Euskal Herria y que ha recibido en la calle y por parte de organizaciones políticas, sindicales y sociales vascas un fuerte apoyo. El intento del Gobierno del PSOE de subyugar a la izquierda abertzale es desesperado porque, pese a que la represión golpea con dureza, lo hace sobre una organización que está inscrita en un pueblo que jamás renunciará ni a su dignidad ni a su soberanía.
La I.A. en su comunicado ante la redada contra SEGI reafirma su voluntad de llevar adelante el proceso político iniciado: “Pese a los ataques, la izquierda abertzale ratifica su compromiso con los contenidos del documento presentado en Altsasu. Ningún ataque represivo nos sacará de este camino. Aunque ladren, no nos desviaran de nuestra decisión de iniciar y desarrollar un Proceso Democrático. La izquierda abertzale está preparada para la confrontación política con el Estado, y tiene la mano tendida a los agentes políticos, sociales y sindicales para ello”.
Corriente Roja asume que la principal tarea de las organizaciones revolucionarias del Estado es recabar y contribuir a organizar la más amplia solidaridad de todo tipo de organizaciones, especialmente de las juveniles, para acabar con la impunidad y el avasallamiento de derechos y libertades que se está llevando a cabo por el Estado español en Euskal Herria y en apoyo de una solución dialogada y democrática al conflicto vasco.
Estamos convencidas de que si se da este esperpéntico intento de liquidar políticamente a las organizaciones de la izquierda independentista es porque se enfrentan a los mismos orígenes e instrumentos de explotación económica y de opresión política contra los que luchamos en resto del Estado: el gran capital, la monarquía, la Constitución de 1978, el aparato del Estado heredero de la dictadura, elPSOE y el PP y demás fuerzas políticas del pacto antiterrorista – incluidas las que para su vergüenza dicen ser de izquierda – y la burocracia sindical de CC.OO. y UGT.
Si la lucha de clases y la lucha por los derechos nacionales de los pueblos son dos caras de la misma moneda, la estructura de la dominación descansa sobre el ocultamiento de su vinculación. Descubrirla en cada lucha concreta, en la experiencia directa de la pelea por la soberanía y por la construcción de poder popular, reanudar los lazos de solidaridad rotos, deshacer su manipulación mediática y dar a conocer de primera mano la realidad de las luchas, son tareas urgentes que necesitan de miles de inteligencias, de voluntades, de manos y de ideas organizadas que ya están haciendo falta.
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