Madrid Oculta Tortura

Los distintos poderes del estado español han optado por pacto de silencio en un intento por ocultar la tortura sufrida por el grupo de jóvenes arabeses a quienes imputa con el mismo "delito" con el que imputan a cualquier activista vasco. Hace un par de días en el blog Berriak Egunkaria denunciaban la sospechosa actitud de Amnistía Internacional con respecto a su reporte de las violaciones a los derechos humanos en el estado español, y es que si organismos internacionales no se muestran firmes en lo que respecta a los crímenes cometidos por estados como el español dejan la puerta abierta para que eventos como el relatado en esta nota publicada en Gara sucedan:

El fiscal ofrece un pacto y silencia el relato de Unai Romano en la Audiencia Nacional

La Fiscalía modificó en el último momento su petición y ofreció un pacto a los imputados en el sumario 15/02. Se da carpetazo así a un proceso marcado por la imagen del rostro desfigurado de Unai Romano. Los acusados llevaron esa imagen y la de Subijana ante el tribunal.

O. L. |

La Fiscalía ofreció ayer a los once alaveses imputados en el sumario 15/02, entre los que se encuentra Unai Romano, la oportunidad de no entrar en prisión pactando una pena de dos años de cárcel. De esta manera, se da carpetazo a un sumario que se ha dilatado más de nueve años y que ha estado marcado por las brutales denuncias de tortura interpuestas por la mayoría de los acusados. Unas denuncias que, además de ser archivadas por todas las instancias españolas, ahora han sido silenciadas en el tribunal especial, aunque la foto de las marcas de Unai Romano y Juan Karlos Subijana sí se hicieron ver ante el tribunal.

Los once alaveses acudieron ayer a la Audiencia Nacional española portando sendas camisetas en las que se podía observar el rostro desfigurado de Unai Romano y la cabeza magullada de Juan Karlos Subijana.

Se tratan de dos imágenes que evidenciaron las secuelas de lo ocurrido en los periodos de incomunicación en manos de la Guardia Civil y que alcanzaron gran difusión en Euskal Herria. En la Audiencia Nacional optaron ayer por ocultarlas. Los medios tampoco se hicieron eco de este juicio.

Siete años sin diligencias

Pese a que la celebración del juicio estaba prevista para las 10.30, la Fiscalía modificó en el último momento la petición para los acusados. La reunión con los letrados defensores se alargó y no fue hasta las 13.00, una vez logrado el consenso, cuando los imputados ratificaron el acuerdo ante la sala. El pacto estaba basado en que los imputados asumieran las acusaciones que se les achacan y que la Fiscalía redujera la petición a dos años de cárcel, un periodo que, según fija la ley, no deberán cumplir.

El Ministerio Público justificó la oferta en las dilaciones indebidas que han existido en este proceso. Jone Goirizelaia, una de las abogadas defensoras, explicó a GARA que sí han existido dichos retrasos ya que desde que se producen los arrestos, en 2001, hasta que se inicia el juicio pasan más de ocho años, y recordó que las últimas declaraciones y el cierre del sumario tuvieron lugar en 2002.

La abogada, sin embargo, no descarta que detrás de este pacto pueda haber un intento de silenciar las denuncias de tortura en la sala del tribunal especial.

Cabe recordar que la denuncia interpuesta por Unai Romano, después de haber sido archivada por todas las instancias españolas -como las denuncias del resto de los imputados- se encuentra en estos momentos en fase de tramitación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Goirizelaia apuntó que es posible que hayan tenido en cuenta este elemento a la hora de ofrecer la posibilidad de acuerdo. En cualquier caso, ratificó que las demoras han sido «muy importantes» en este proceso y puntualizó que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo eso puede catalogarse como «dilación indebida».

José Ramón Acedo, Zigor Bravo, Susana Atxaerandio, Unai Romano, Enrique Uriarte, Juan Antonio Cortés, Daniel Gutiérrez, Aitor Durán, Sendoa Domínguez, Jokin Zerain y Joseba Gorosarri, los once imputados que se presentaron ayer en el tribuna especial, no estuvieron solos en ningún momento. Y es que la labor desarrollada por la Asamblea de Torturados y Familiares hizo que un autobús repleto de representantes de agentes sindicales, vecinales o políticos, así como de allegados de los imputados, viajará hasta Madrid para arropar a los encausados y denunciar la práctica de la tortura.

GARA pudo hablar con uno de sus representantes a la vuelta de Madrid y detalló sentimiento cruzados: «Alegría y alivio, por una parte, y rabia y enfado, por otra, por tener que aceptar las imputaciones». También desde la Asamblea mostraron sus dudas en torno a que este pacto no sea «un mecanismo para silenciar las denuncias».

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Entrevista a Unai Romano

En el marco del proceso contra doce jóvenes arabeses que fueron torturados por las fuerzas represivas del estado español desplegadas por Euskal Herria como parte de la ilegal ocupación de esta nación europea Gara ha llevado a cabo esta entrevista con Unai Romano:

«Llevamos ocho años esperando que se acabe esta pesadilla»

Unai Romano
Imputado en el sumario 15/02

Hace ocho años, tras pasar por las manos de la Guardia Civil, su rostro desfigurado se convirtió en imagen viva de la tortura. Hoy se sentará en el banquillo de los acusados del tribunal especial junto a otros once alaveses para hacer frente a un juicio, que como denuncia el gasteiztarra, se sustenta en declaraciones policiales, y en el que podrían ser condenados a seis años de cárcel.

Oihana LLORENTE |

Hoy arranca en la Audiencia Nacional española el juicio contra doce alaveses. El proceso está marcado por las brutales denuncias de torturas que presentaron los acusados y que fueron archivadas por todas las instancias españolas. Antes de acudir a la vista, Unai Romano habló con GARA sobre el juicio, sus esperanzas y las sensaciones.

Después de ocho años desde que se iniciara el operativo, ¿qué expectativas tiene del juicio que arrancará hoy?

Expectativas pocas. Lo que sí esperamos es que se demuestre que ha sido un sumario sustentado en la tortura. Ésa es la esperanza que tenemos.

Algunos imputados esperan incluso que nos pidan perdón. Yo me imagino que perdón no nos van a pedir, porque el Estado español no admite la tortura, pero, por lo menos, queremos que este juicio sirva para demostrar que el sumario está basado en la tortura y que en el Estado español se sigue torturando. Y eso no sólo lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Relator de la ONU...

Concretamente, el ex relator contra la Tortura de la ONU Theo Van Boven ha hablado al respecto. ¿Qué les parece su intervención?

Nos parece muy bien que insista en el deber de investigar todas las denuncias de tortura y que diga que no se tendrían que tener en cuenta las declaraciones realizada bajo tortura. Nos parece correcto. Pero, desgraciadamente, y aunque me duela mucho decirlo, creo que estas declaraciones no tendrán ningún tipo de repercusión. Aunque aquí en Euskal Herria los medios se han hecho eco de estas declaraciones, me imagino que a nivel estatal habrán sido silenciadas, como todo lo relacionado con la tortura.

Theo Van Boven ha recordado la invalidez de las pruebas forzadas bajo tortura. Algo, en lo que a su juicio, se basa el sumario.

Nuestro juicio está casi totalmente basado en declaraciones policiales realizadas bajo tortura. Todo son carambolas de declaraciones autoinculpatorias. Esto no es nada nuevo. Sería un juicio como otros tantos si no contásemos con imágenes como la mía o la de Juan Carlos Subijana. Por ello, creemos que es un juicio bastante significativo.

¿Cómo han vivido los imputados todos estos años?

Ha sido una mezcla de diferentes sensaciones. Primero, después de tantos años estamos cansados y hartos. Ha sido muy duro para todos, ya han pasado 8 años y esta es la cuarta vez que nos llaman a juicio; esperamos, de verdad, que esta sea la buena. En general, existe una sensación de impotencia y hartazgo por parte de los imputados y familiares. Nos incomunicaron, nos torturaron y después de ocho años nos van a juzgar... El cansancio de todo el proceso se nota.

Además, esta situación te limita a todos los niveles. A nivel familiar, de amigos, personal y a nivel laboral también. Aunque intentes hacer planes de futuro, siempre acabas pensando en cuándo será el juicio. Durante ocho años hemos tenido que ir a firmar al juzgado semanalmente; para salir de vacaciones debíamos pedir permiso. Ha sido una constante, siempre esperando a ver cuándo termina esta pesadilla.

Después de que hoy declaren los imputados, mañana llegará el turno de los agentes de la Guardia Civil. ¿Cómo creen que van a sobrellevar escuchar el testimonio de aquellos que os mantuvieron incomunicados?

Me imagino que será uno de los momentos más duros del juicio. La Guardia Civil aparecerá totalmente tranquila, hasta chula, y dirán que el trato fue totalmente correcto, y que las declaraciones policiales se dieron sin presión. Además, será posible que algunos de nosotros reconozcamos por la voz a algún guardia civil; por la imagen no, porque nos mantuvieron con los ojos tapados, con capuchas y con antifaces, pero, por la voz.... Ahí habrá que aguantar y supongo que será el momento más duro del juicio.

¿Cómo se sentía cada vez que archivaban su denuncia de torturas?

Sientes una impotencia tremenda. Te vas dando cuenta de que no se admite nunca que se tortura. De lo contrario, se les caería su castillo de la democracia española, se caería la eficacia policial, se les caería todo.

Tras agotar todas las vías posibles en el Estado español, ha interpuesto la denuncia de tortura en Estrasburgo, ¿qué espera?

Tardara unos cuantos años, pero de cara a Estrasburgo sí que tengo esperanza. Está claro que en el Estado español no se admite que se tortura, pero yo tengo todas las esperanzas puestas en Europa y allí vamos. Hay pruebas, hay informes médicos, hay una base sólida... Será difícil pero ilusión sí que tengo.

Hace ocho años, tras pasar por las manos de la Guardia Civil, su rostro desfigurado se convirtió en imagen viva de la tortura. Hoy se sentará en el banquillo de los acusados del tribunal especial junto a otros once alaveses para hacer frente a un juicio, que como denuncia el gasteiztarra, se sustenta en declaraciones policiales, y en el que podrían ser condenados a seis años de cárcel.

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El TS y el 18/98

Las contradicciones y aberraciones jurídicas relacionadas con la macrofarsa 18/98 son tan absurdas que ni siquiera el mismo tribunal supremo, que no es mas que otra herramienta represiva en manos de Juan Carlos Borbón y Zapatero, pudo sostener el castillo de naipes construido por la Audiencia Nacional sin caer en aberraciones propias en el intento. Este artículo acerca del más reciente desarrollo en el caso ha sido publicado en Gara:

El Supremo rebaja las condenas del 18/98 y desmonta ahora la tesis usada para cerrar «Egin»

El Tribunal Supremo hizo pública ayer su sentencia sobre el recurso presentado por las condenas de la Audiencia Nacional en el proceso 18/98 y en la misma señala que deja sin efecto la declaración de ilicitud de actividades y la disolución de Orain SA y del resto de empresas dedicadas a la edición de «Egin» y Egin Irratia. Además, rebaja las penas a todos los imputados absolviendo a nueve de ellos, aunque mantiene fuertes condenas por su mera actividad política.

Manex ALTUNA - Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

Cuando están a punto de cumplirse once años desde que la madrugada del 15 de julio de 1998 cientos de policías españoles, dirigidos por el juez de instrucción Baltasar Garzón, entraran en las instalaciones de «Egin» y Egin Irratia para proceder a su cierre, el Tribunal Supremo decidió ayer dejar sin efecto la declaración de ilicitud de las actividades y la disolución de Orain SA y el resto de empresas que contribuían a la edición del periódico. Además, el Supremo deja invalidada «el comiso y liquidación de su patrimonio».

La misma decisión se aplica a otras empresas de distintos ámbitos que también fueron disueltas en el marco del macrosumario 18/98, como fueron MC Uralde SL, Untzorri Bidaiak, Ganeko, Grupo Ugao SL y Gadusmar SL.

En su sentencia -adelantada por la web de GARA en la tarde de ayer y que tiene una extensión de 1.098 folios-, el Tribunal Supremo acepta totalmente los recursos de casación impuestos por la defensa en lo relacionado a todas estas empresas.

«Aplicación indebida»

Los abogados de la defensa señalaban en su recurso que la Audiencia Nacional había aplicado indebidamente el artículo 129 del Código Penal, que permite la disolución de una empresa, puesto que en ningún momento había procedido a declarar a las empresas como «asociaciones ilícitas», ni podía hacerlo porque ninguna de las acusaciones lo pidió.

El Tribunal Supremo da la razón a la defensa. Por una parte, admitiendo que al no haber declarado a las empresas asociaciones ilícitas en ningún caso cabía su disolución.

Señala la diferencia existente en la sentencia entre estas empresas y las organizaciones KAS, Ekin y Xaki, a las que la Audiencia Nacional sí declara expresamente «asociaciones ilícitas» y procede a su disolución.

La Fiscalía, para tratar de salvar esta situación, había intentado hacer valer ante el Supremo que «si todas las empresas que conformaban el grupo Orain pertenecían al conjunto organizativo ETA-KAS, resulta obvio que participan de la consideración de dicha banda terrorista como asociación ilícita conforme al art. 515,2 del Código Penal», por lo que debería considerarse «irrelevante» que las mencionadas sociedades no fueran expresamente declaradas ilegales antes de proceder a su disolución.

El Tribunal Supremo señala en su resolución que, aun cuando la equiparación que pretende el fiscal entre las empresas y «ETA-KAS» pudiera plantearse, «lo cierto es que la sentencia omite pronunciarse sobre la misma como fundamento de la disolución».

Pero añade otro punto también importante en este momento. Señala que lo que resulta «relevante» es que todos los miembros del Consejo de Administración han sido condenados no por «integración en banda armada y organización terrorista», sino por «colaboración», que es un delito que «no prevé la consecuencia accesoria de la disolución».

Una cuestión recurrente

El hecho de que el delito de «colaboración» -que es el que finalmente se imputa al conjunto de miembros de los consejos de administración de las empresas relacionadas con «Egin»- no pueda conllevar la suspensión de actividades ya fue objeto de debate en el inicio del proceso judicial, y llevó a las defensas a acusar a Baltasar Garzón de haber utilizado una trampa jurídica para poder cerrar el mencionado periódico y la emisora.

De hecho, en julio de 2001, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional decidió dejar sin efecto la imputaciones de «integración en banda armada» de todos los consejeros del grupo Orain procesados, por lo que quedaba en evidencia que el juez Baltasar Garzón no disponía de indicios suficientes para cerrar el diario «Egin» ni Egin Irratia. Según declaró en aquellas fechas un miembro de la defensa, la clausura de aquellos medios de comunicación «sólo fue posible gracias a una calificacion jurídica ad hoc hecha por Garzón con esa finalidad».

El abogado añadió que el hecho de que Garzón actuara de esa manera respondía a su necesidad de «poder conseguir así un objetivo que no era procesal, sino estrictamente político».

Cabe recordar que en aquellos años la Sección Cuarta revocó varias de las decisiones adoptadas por Baltasar Garzón en relación con éste y otros procesos contra la izquierda abertzale, convirtiéndose así en un elemento incómodo para la estrategia que llevaba adelante el Gobierno de José María Aznar. Al poco tiempo, los magistrados integrantes de la Sección Cuarta se vieron envueltos en una extraña fuga de un narcotraficante que derivó en la «suspensión cautelar» de aquellos jueces y en el cambio de componentes.

La sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar ahora que, como señalaron aquellos magistrados de la Sección Cuarta, los miembros del Consejo de Administración de Orain no podían ser condenados por «integración en organización terrorista» y que, por tanto, tampoco cabía la ilicitud de la empresa.

De momento, la extensísima sentencia del TS está siendo analizada por los abogados de la defensa para determinar el alcance de las decisiones adoptadas, tanto en lo relativo a las empresas como a las personas que siguen padeciendo fuertes condenas de cárcel.

Rechazan liberar a cinco dirigentes abertzales

La Audiencia Nacional española hizo público ayer un auto en el que rechazaba poner en libertad a Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Karmelo Landa y Joseba Álvarez. Los cinco dirigentes de la izquierda abertzale se encuentran procesados en el sumario 35/02 junto con otras 35 personas dentro de la causa abierta contra Batasuna y permanecen encarcelados desde hace más de un año tras ser arrestados en distintas redadas policiales. La Sección Segunda del tribunal especial alega para justificar su decisión que existe un «elevado riesgo de fuga» habida cuenta de la alta pena que lleva aparejado el delito de «integración en ETA» que se les imputa.

EMPLAZAMIENTO

El movimiento pro-amnistía pidió a los agentes que se posicionen contra la sentencia de modo verbal que expliquen qué están dispuestos a hacer para acabar con el «estado de excepción» impuesto en Euskal Herria.

Reduce las condenas hasta casi la mitad de lo que impuso la Audiencia Nacional

El fallo emitido por el Tribunal Supremo rebaja casi a la mitad las condenas impuestas por la Audiencia Nacional española en diciembre de 2007. Si el tribunal especial condenó a penas de prisión que sumaban en total los 525 años para 47 procesados en el sumario 18/98, la sentencia del Alto Tribunal no supera los 290 años y ha ratificado la absolución de 9 personas como ya se había hecho público.

Las penas impuestas a los 38 condenados siguen suponiendo muchos años en prisión, aunque han sido reducidas en todos los casos. En algunos de ellos, la notificación oficial debe suponer la inmediata puesta en libertad, como sucede con Xabier Otero e Iñaki Zapiain. Tal y como advirtieron sus letrados cuando se produjeron sus detenciones hace un par de semanas, las penas de un año y 10 meses por «colaboración» que les han sido impuestas pueden cumplirse sin ingresar en prisión.

Asimismo, la rebaja más llamativa es la de José Luis Elkoro, que deberá hacer frente a una pena de ocho años cuando en primera instancia fue condenado a 24. El histórico militante abertzale recibió en su día la condena más severa, que en esta ocasión ha recaído sobre Xabier Alegría. El Supremo califica en la sentencia al vecino de Lezo como «máximo responsable de KAS» y le impone, por ello, una pena de 10 años y 9 meses. A ésta le suman otros dos años impuestos por «alzamiento de bienes». La sentencia impone distintas penas según el grado de relevancia que entiende que desempeñaba cada uno de los procesados.

Tras Alegría, el Supremo sitúa a Txema Matanzas y Rubén Nieto por su labor en Ekin y les condena también a 10 años y 9 meses. En un segundo nivel, impone 10 años a Joxean Etxeberria y 9 años y seis meses a Mikel Egibar, al que acusan de dirigir Xaki. Etxeberria deberá cumplir dos años más por «alzamiento». El Supremo modifica también las calificaciones y penas impuestas a Bigarren Ibarra, Txente Askasibar, Elena Beloki, Joxe Mari Olarra, Juan Mari Mendizabal y Karlos Trenor, a los que la Audiencia Nacional condenó en grado de dirigentes. Sin embargo, ahora impone para cada uno de ellos penas de ocho años y seis meses por el delito de «integración» en ETA. En el caso de Trenor, son dos más por «alzamiento».

Las reducciones de condenas se producen también en los casos en los que el delito imputado se mantiene. Esa situación se da en los acusados por «integración» que en su día fueron condenados a 11 años y ahora les han impuesto penas de 7 años y seis meses. Asimismo, a Juan Pablo Diéguez, Patxi Gundín, Mirian Campos, Nekane Txapartegi e Inma Berriozabal les han rebajado la pena y el delito ya que han sido condenados por «colaboración».

En cuanto a los procesados por Orain, las rebajas han sido más escasas salvo en el caso mencionado de Elkoro. La condena impuesta a Teresa Toda también ha mermado.

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España Tortura y Enjuicia a Sus Víctimas

El gobierno de "buen talante" de José Luis Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por perseguir un solo objetivo, rebasar a la derecha por la derecha. Solo así se puede explicar que doce víctimas de tortura a manos de la Guardia Civil cuando José María Aznar ocupaba el puesto de máximo ministro a las órdenes de Juan Carlos Borbón estén a punto de ser enjuiciados de acuerdo con la nota de Gara que presentamos un poco más adelante.

Así pues, José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho mas que apostar a la violencia de estado que ha sido piedra angular del régimen franquista que ha gobernado el estado español desde el triunfo del golpe de estado liderado por Francisco Franco. El político "socialista" se encargó de descarrilar el proceso de paz iniciado por individuos y colectivos de la sociedad vasca comprometidos con la restauración de la soberanía de Euskal Herria, ha llevado el Apartheid político a extremos nunca siquiera imaginados por el PP al ordenar ilegalizar a Iniciativa Internacionalista después de haber hecho los mismo com EHAK, ANV y D3M usando para este fin la Ley de Partidos que le heredó Aznar, es socio de la guerra colonialista y genocida por parte de los EUA en Afganistán, y ahora parece haber reactivado a las GAL como lo indica el secuestro de Jon Anza durante el trayecto entre Baiona y Tolosa. José Luis Rodríguez Zapatero ya parece haber igualado a su maestro Felipe González, ahora busca emular al propio Franco con su propia versión del Juicio de Burgos.

Un juicio con la tortura como culpable

Doce alaveses, entre los que se encuentra Unai Romano, se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados por una acusación que ha ido mutando hasta llegar a «pertenencia a ETA». Mientras, la imagen de su rostro deformado ha tenido que acudir hasta Estrasburgo para reclamar justicia después de que todas las instancias judiciales españolas la obviaran.

Oihana LLORENTE

El jueves arranca en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio que sentará en el banquillo de los imputados a doce alaveses. Las acusaciones que los magistrados españoles dirigen contra estos ciudadanos vascos se remontan a agosto de 2001, fecha en la que la Guardia Civil inició un operativo policial que acarreó la detención e incomunicación de cerca de veinte personas y la comparecencia voluntaria ante el juez de al menos otras nueve. La sombra de la tortura sobrevoló todo el operativo. Y la imagen por la que la sociedad vasca recuerda este episodio policial no merece explicaciones añadidas: era el rostro totalmente deformado de Unai Romano.

Romano fue uno de los apresados en el curso de esta redada. La foto recoge su aspecto en el momento de ingresar en prisión; hasta entonces estuvo sólo en manos de la Guardia Civil. Pero su caso no fue el único, ya que la mayoría de los detenidos en el operativo denominado 15/02 denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos en el transcurso de la incomunicación -en la parte inferior de las páginas se recogen fragmentos de estos testimonios-.

La operación -que arrancó en el verano de 2001 y se alargó todo un año con decenas de arrestos, registros e irrupciones policiales hasta en el gaztetxe de la capital alavesa- extendió el pánico en el herrialde. Las detenciones partían de las declaraciones e imputaciones que otros arrestados eran obligados a hacer mientras duraba la incomuni- cación, lo que acarreaba que todo conocido del arrestado pudiera llegar a estar en el punto de mira. Cabe destacar que personas que denunciaron torturas durante la incomunicación fueron puestas en libertad poco después del arresto y sin ni siquiera comparecer ante un magistrado.

Los ingresos en prisión dictados por el tribunal especial también seguían la teoría de la autoinculpación. Muestra de ello es que gasteiztarras como Susana Atxaerandio, Juan Antonio Cortes, Jokin Zerain o Zigor Bravo fueran arrestados y enviados a prisión días después de que se hubieran presentado de manera voluntaria en el juzgado especial y quedaran en libertad.

De Madrid a Estrasburgo

Los arrestados detallaron constantes golpes con la mano abierta, con palos o listines telefónicos, asfixia mediante la aplicación de la «bolsa», aplicación de electrodos, extenuación física o congelamientos. Refirieron también métodos de tortura psicológicos como que se les impidió ver, que sufrieron amenazas e insultos, que padecieron maltratos sexuales verbales o mediante tocamientos, que fueron obligados a permanecer desnudos o que se les hicieron ofertas de colaboración con las FSE. Los testimonios eran plenamente coherentes aunque estas personas lógicamente pasaron su periodo de cautiverio sin comunicación con el resto.

La gran mayoría de las denuncias fueron sin embargo archivadas en menos de dos años, y únicamente en cinco casos se practicaron diligencias. Sólo las de Subijana y Romano tuvieron cierto recorrido, pero a pesar de la evidencia de la fotografía de la cabeza de Romano machacada por los golpes o de las marcas de Subijana, toparon con un muro. En el caso de Romano, ha visto además cómo él mismo pasaba a ser denunciado por no callarse.

Después de agotar todas las instancias judiciales españolas, Romano llevó su caso el pasado mes de octubre hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde está a la espera de resolución.

Ahora, por contra, ocho años después de que se iniciara todo, doce alaveses se sentarán en el banquillo de los acusados bajo la imputación de «pertenencia a banda armada», por lo que la Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno de ellos.

La petición resulta especialmente significativa, ya que estos vascos fueron acusados inicialmente de un supuesto delito de «colaboración con banda armada» o algunos incluso por acciones de kale borroka. Fue cinco años después, en 2006, cuando el fiscal decidió que la imputación fuera elevada a la categoría de «pertenencia». Una calificación que, por consiguiente, incrementa también el periodo posible de prisión, mientras quienes los detuvieron continúan impunes.

La denuncia del juicio desde araba hasta madrid

La asamblea de torturados y familiares ha realizado un extenso trabajo de denuncia en torno a este operativo y sus consecuencias. En diciembre del 2006, cuando estaba previsto uno de los inicios de este juicio -la de ahora es ya la cuarta convocatoria-, la asamblea consiguió que el debate llegara al Parlamento de Gasteiz, y logró que fuera aprobada la moción que exigía la supresión de la detención incomunicada, la desaparición de la Audiencia Nacional y el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de torturas. PNV, EA, Aralar y EHAK unieron sus votos.

Durante estos años han mantenido viva la denuncia y muestra de ello son el medio centenar de adhesiones que han cosechado entre agentes sociales, sindicales y políticos de todo tipo o la manifestación de ayer. Esta semana ha habido una mesa redonda sobre la tortura. Y el jueves, una delegación de los agentes adheridos acudirá a Madrid.

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Lengua Vulnerable

Ya puedo escuchar el cerebro retorcido y vil de Fernando Savater retorcerse al enterarse del tema que ocupa al artículo de Gara que reproduzco a continuación.

Por un lado el filósofo del franquismo se regocija ante la noticia de que su odiado euskara está catalogado como una lengua vulnerable lo cual significa que su amado castellano avanza inexorablemente en su larga trayectoria como lengua colonizadora, impuesta a sangre y fuego en le pasado, a golpe de mentiras en el presente.

Pero por otro lado su enfermiza mente ya elucubra maneras para hacer ver a la UNESCO como parte del entorno de ETA por tener la osadía de defender la lengua de los "violentos", tal vez un manifiesto firmado por sus cómplices de renombre como Mario Vargas Llosa, Nadine Gordimer, Carlos Fuentes et al salga a luz en los días por venir.

Aquí tienen el artículo:

ATLAS DE LAS LENGUAS

La Unesco define al euskara como "vulnerable"

La Unesco ha publicado el Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo, en el que el euskara está descrito como "vulnerable".

19/02/2009 15:49:00

DONOSTIA-. La Unesco ha publicado el Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo, cuya tercera edición ha sido complementada ahora con una edición on-line y que considera al euskara como una lengua "vulnerable", lo que la organización define como una lengua que la mayoría de los niños hablan, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos (el hogar familiar, por ejemplo).

En el atlas que publicó anteriormente la Unesco, el euskara estaba descrito como un idioma "en peligro", a diferencia de este tercer atlas, que utiliza la palabra "vulnerable" para definir la situación de la lengua vasca. Esa nueva interpretación es la consecuencia del cambio de los baremos entre un atlas y el otro.

Según la Unesco, la mitad de las 6.700 lenguas habladas actualmente corren peligro de desaparecer antes de que finalice el presente siglo. Este proceso sólo se puede frenar si los gobiernos y las comunidades de hablantes toman medidas urgentes.

El programa de la Unesco relativo a las lenguas en peligro de desaparición tiene por objeto movilizar la cooperación internacional, a fin de atraer la atención sobre esta situación y promover soluciones innovadoras emanadas de comunidades, expertos y organismos oficiales, asegura la organización.

En la realización de esa tarea, la de salvaguardar las lenguas en peligro de desaparición para el mantenimiento de la diversidad cultural en el mundo, una de las actividades de la UNESCO es la publicación del Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo.

Aquí tienen el enlace al Atlas de las Lenguas de la UNESCO que detalla la situación de los idiomas del mundo.

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Oro en Ciclismo

Esta nota nos llega vía EITb:

Ciclismo

Campeonatos de España de pista

Diez medallas de oro para los ciclistas vascos

04/02/2008

Destaca la actuación de Leire Olaberria, con cuatro oros: scratch, puntuación, persecución, y keirin. La guipuzcoana ha demostrado ser la más fuerte del pelotón estatal.

Los ciclistas vascos han cuajado unos grandes campeonatos de España de pista. Han conseguido 15 medallas en Mallorca, diez de ellas de oro.

Entre los nombres propios destacan Leire Olaberria, con cuatro victorias: scratch, puntuación, persecución, y keirin. La guipuzcoana ha demostrado ser la más fuerte del pelotón estatal, y sigue dando pasos hacia los Juegos Olímpicos.

Hodei Mazkiaran ha ganado tres oros en categoría sub 23: velocidad, kilómetro, y keirin. Muy destacables son también las dos platas de Asier Maeztu en pruebas de gran nivel; también trabaja para poder ir a Pekín.

Ya está cerca el día en que en eventos internacionales como los juegos olímpicos los atletas vascos competirán bajo su propia bandera.

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Coincidencias

El castillo de mentiras que el estado español (por boca del ministro Rubalcaba) ha construido sobre el caso de tortura a los jóvenes Igor Portu y Mattin Sarasola se derrumba por su propio peso.

Cínicamente, Grande-Marlaska lo admite, aún así, es necesaria la entrega de chivos expiatorios que paguen por el acto de sabotaje de Rodríguez Zapatero en contra del proceso de paz.

Esta nota en Gara habla de como las versiones de Igor y Mattin coinciden a pesar de que ambos están incomunicados.

Aquí la tienen:

Denuncias de torturas tras las últimas detenciones

El testimonio de Sarasola coincide con el de Portu, aun estando incomunicados

Tras cinco días incomunicados en los que no han podido mantener ninguna comunicación, el testimonio que anoche relató Mattin Sarasola en la Audiencia Nacional española sobre su detención y las torturas padecidas coincide con lo narrado por Igor Portu al juez de Donostia. El propio juez Grande-Marlaska así lo admite en su auto judicial. Ambos relatan que fueron torturados en un bosque y un río cercano desde el primer momento de la detención.

12/01/2008 10:02:00

Gari MUJIKA | DONOSTIA

El testimonio de Mattin Sarasola anoche ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska coincide con lo relatado por Igor Portu a la Comisión Judicial que investiga las lesiones que obligaron su ingreso en la UCI del Hospital Donostia; a ello se le suma la plena concordancia con lo aportado por el testigo presencial de los arrestos que declaró el jueves en el Juzgado de Bergara. Con ello se confirma que no hubo detención violenta, sino maltratos que Sarasola y Portu refieren desde el primer momento y un lugar cercano, antes de ser llevados a Intxaurrondo.

Todo ello contrasta frontalmente con la versión del Ministerio de Interior. Requiere un especial énfasis el hecho de que Portu ofreció su testimonio al titular del Juzgado de instrucción 1 de Donostia en estado de incomunicación, por lo que desconocía las explicaciones de las autoridades españolas, y por lo tanto su testimonio no podía pretender desmentirlas. A su vez, Mattin Sarasola, tras cinco días incomunicado, coincide con lo narrado por Igor Portu. Grande-Marlaska lo admite en el auto ha decretado el envío del testimonio de Sarasola al Juzgado de Donostia, donde se investigan los malos tratos denunciados por los lesakarras.

Sarasola relata «salvajes torturas»

En concreto, Grande-Marlaska subraya en el auto de ingreso en prisión de Sarasola que su declaración, «en situación de incomunicación», coincide en que «no se opusieron a la detención; que aun cuando en el lugar de la detención había varios Patrols de la Guardia Civil, no existía un control señalizado; y que antes de ser llevado a los calabozos fue trasladado a una pista forestal, donde le golpearon».

Pasadas las 23.15, Askatasuna facilitó a GARA extractos de las torturas denunciadas por Sarasola ante el juez. Además de confirmar que lo llevaron a una bosque, el lesakarra subraya que la Guardia Civil se ensañó con él haciéndole la bolsa «una y otra vez». Denuncia que «durante cinco días ha sido torturado salvajemente, y que ha sido muy, muy duro». Relató a sus abogados que se desmayó al menos dos veces, que recuerde, y que lo tuvieron atado a una silla. Subraya que los golpes por todo el cuerpo y las amenazas han sido una constante en los cinco días. Además del fuerte moratón en un ojo, tiene todo el cuerpo contusionado y con hematomas.

Por la mañana, Torturaren Aurkako Taldea facilitó a los medios la transcripción de la declaración de Igor Portu el día siguiente de ser hospitalizado de urgencia en Donostia. Portu relató al juez que su detención, junto a la de Sarasola, se produjo «alrededor de las 11.00 en Arrasate, junto a una escuela y unas viviendas, a la salida de Udala». Añade que «se metió en un Patrol con cuatro guardias civiles, dos delante y dos detrás, y él en el medio. Que al poco tiempo, en menos de 50 minutos, empezaron a darle puñetazos y tortazos, en especial el que iba de copiloto».

La transcripción prosigue diciendo que «fueron por un camino. Le dijeron que iban a llevarlo a un río. Que lo llevan a una carretera a 1 ó 2 kilómetros de Arrasate, a una especie de puerto. Que al fondo había un río». (...) «Le sacan del patrol y entre tres le llevan a una especie de bosque pendiente abajo hasta un río (...) Estaba esposado desde el primer momento con las manos a la espalda. Le dijeron que le iban a meter al río. Le ordenan ponerse de rodillas. Le siguieron pegando y le metieron la cabeza en el río hasta que casi no podía más».

«Que le metieron la cabeza en el agua varias veces hasta que vieron que no tenía respiración casi. Luego otros dos le metieron sujetándole por las piernas de arriba y dejan que trague agua, que trague agua», sigue.

Ante las preguntas del juez, en la declaración se recoge que «no había ningún control ni echaron a correr cuando les detuvieron». Relata que fue objeto de duros golpes incesantemente y de manera continua.

GARA ha estado en los lugares

El dato que aporta sobre que «al volver del río a la carretera siguieron pegándole y él pensó que cómo podía ser si por allí podía pasar gente» y la descripción del lugar como «una especie de puerto» -a «1 ó 2 kilómetros de Arrasate» y que «al fondo había un río»- permite concretar el lugar de los hechos, aunque sólo los implicados podrían certificarlo. Concuerda con el paraje que GARA ha visitado, donde la Guardia Civil colocó un retén con el que se impedía el paso a personas y coches. Tal y como publicó GARA ayer, varios testigos confirmaron la existencia de un control a partir de las 10.00 en la «muga» de Gipuzkoa con Araba, dirección Aramaio, en una curva donde hay un cruce que es el único camino para los barrios de Untzilla y Suiña de Aramaio.

GARA ha podido saber que en un tramo de varias decenas de metros, en el marco del retén de las cercanías de Aramaio (a dos kilómetros de Arrasate), la Guardia Civil impidió el paso a todas las personas. En el lugar discurre el río Aramaio. E inmediatamente después del cruce hacía Untzilla y Suiña hay un tramo que desciende al río, con marcas visibles de algún vehículo de grandes dimensiones. En las cercanías del municipio se pueden encontrar más lugares con los mismos elementos.

Transcripción textual de la declaración judicial de Igor Portu

«La detención se produjo alrededor de las 11.00 de la mañana en Arrasate. Iban junto a un coche y llegaron 3 ó 4 patrol. Le pidieron el DNI y tras mirarle lo que tenían, a registrarle. Le pidieron que se fuera al otro lado de la carretera. Se metió en un patrol con 4 guardias civiles, dos delante y dos detrás, y él en medio. Al poco tiempo, en menos de 50 minutos, empezaron a darle puñetazos y tortazos; en especial el que iba de copiloto.

En el momento de la detención que se produjo en Arrasate, junto a una escuela y unas viviendas, a la salida de Udala, cree que había gente, porque había casas y la gente iba y venía.

Empezaron a agredirle enseguida mientras estaban en marcha. Empezaron los gritos. Fueron por un camino. Le dijeron que iban a llevarlo a un río. Lo llevan a una carretera a 1 ó 2 kilómetros de Arrasate, a una especie de puerto. Que al fondo había un río. Allí coincidió con el otro detenido, Sr. Sarasola, que iba en otro patrol.

Siguieron pegándole y amenazándole con matarle. Le pegan con la mano abierta y puñetazos.

Le sacan del patrol, y entre tres le llevan a una especie de bosque pendiente abajo hasta un río. Que al compañero le habían llevado abajo y le hicieron algo porque oyó un disparo y pensó que era una simulación de ejecución. Luego le llevaron a él preguntándole incesantemente. Al lado del río le pegan en el vientre, costillas, cabeza. Fueron golpes duros. Estaba esposado desde el primer momento con las manos a la espalda. Le dijeron que le iban a meter al río. Le ordenan ponerse de rodillas. Le siguieron pegando y le metieron la cabeza en el río hasta que casi no podía más.

Hubo 2 ó 3 sesiones parecidas. Le preguntaban sobre si era buen nadador. Le metieron la cabeza en el agua varias veces hasta que vieron que no tenía respiración casi. Luego otros dos le metieron, sujetándole por las piernas de arriba y dejan que trague agua, que trague agua. Tragó agua. Esto fue entre tres Guardias Civiles.

Le humillan y le insultan. En el camino al patrol le dieron golpes muy fuertes en las costillas y en el pecho. Le pusieron la bota sobre la cabeza, arrastrándole y le dieron golpes entre dos o tres por todos los sitios.

Le dijeron que esos eran los primeros 20 minutos y que tenían 5 días. Luego le metieron en el coche y le pusieron una capucha, con la cabeza agachada entre las piernas. Siguieron pegándole cachetes y golpes en la cabeza.

Le llevaron a Intxaurrondo, según cree, en donde vio al otro detenido y le metieron en un calabozo. En el calabozo le golpean. Le hicieron estar de pie y si se cansaba le hacían hacer flexiones. No veía porque estaba con el antifaz. Estaba empapado de agua. Llevaba dos camisetas. Le quitaron la ropa y le dieron otra que no estaba mojada. No sabe con qué le quitaron la ropa. Al ir a casa, a Lesaka, le dijeron que si quería ponerse las camisetas pero que les dijo que no porque estaban mojadas.

En el calabozo había 2 ó 3 guardias civiles. Le hicieron hacer flexiones y le pegaron en el pecho y en las costillas. A ratos se iban, a ratos venían... gritos y de todo.

Le tomaron las huellas dactilares. Hubo otro rato, justo antes de llevarle a Lesaka, que entraron muy fuerte, incesantemente, con preguntas... no lo puede precisar. Que cuando le detuvieron no había ningún control ni echaron a correr cuando les detuvieron.

A los guardias civiles nunca les pidió ver un médico porque la actitud de éstos era de todo lo contrario, porque le decían que le iban a matar. Alguien le comentó que iba a ir al médico forense.

Precisa igualmente que en los calabozos de Intxaurrondo le pusieron unas mantas enroscadas en el cuerpo y alguien se puso encima presionando. Eran un par de mantas. Que también hubo patadas y golpes en los pies, en el vientre. Precisa también que al volver del río a la carretera, siguieron pegándole y él pensó que cómo podía ser si por allí podía pasar gente».

Siendo las 19'05 horas se da por finalizada la diligencia. Se hace constar que se manifieste por el detenido que antes de ir al forense, guardias civiles, antes y después de ir a Lesaka, le amenazan que se atuviera a las consecuencias si contaba algo de todo esto.

Que los Guardias Civiles que estuvieron en la 1ª ó 2ª noche, no recuerda bien, le amenazaron con que en 24/48 horas le sacarían de la UCI y le llevarían a planta y que iba a ser mucho peor. Cree que fue en la 1ª noche».

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Garzón : Espionaje Represivo

Este siniestro personajillo de poca monta moral saltó a la fama hace unos años gracias a un golpe publicitario sin sustancia alguna, pregonó a los cuatro vientos que él iba a juzgar (y por lo tanto encarcelar) a Augusto Pinochet.

Un par de años más tarde el Subcomandante Marcos lo desenmascaró como el cobarde mentiroso que realmente es, me refiero al Inquisidor Español Estrella, el juez de la franquista Audiencia Nacional que lleva el nombre de Baltasar Garzón.

Pues bien, Rebelión reproduce un artículo de Gara que habla de como el actuar de Garzón este último jueves muestra que Madrid se ha dedicado a espiar a los miembros de Batasuna como en los buenos tiempos de la Gestapo, la KGB y la Stasi.

Aquí tienen la nota:

Ataque contra la izquierda abertzale

Garzón demuestra que el gobierno espió a Batasuna mientras negociaba

«La izquierda abertzale, hoy como ayer, y como mañana, tiene un compromiso con la solución que necesita este pueblo. Y tenemos que decirle a Madrid, con total convencimiento, que no tiene un problema con las 23 personas que detuvo en la noche de ayer; no tiene un problema con la izquierda abertzale; Madrid tiene un problema muy grave con un pueblo que quiere ser dueño de su futuro, con Euskal Herria». Pernando Barrena hizo estas declaraciones en medio de un mar de micrófonos, expectantes por conocer la primera valoración de la izquierda abertzale tras la operación policial. La respuesta no pudo ser más contundente: «Euskal Herria decidirá su futuro libre y democráticamente, y se hará aunque Madrid detenga a miles de personas».

El mahaikide destacó que, como históricamente ha hecho, la izquierda abertzale «seguirá luchando por la libertad y la paz para este pueblo».

Frente a la cárcel de Martutene, y acompañado por los dirigentes de Sinn Féin Bairbre De Brun y Pat Rice, además de decenas de personas que habían secundado la llamada de la izquierda abertzale, Barrena es- timó que «estamos ante una campaña política-mediática, intencionada políticamente, que busca golpear al independentismo vasco y hacerle pagar las posiciones mantenidas en el proceso negociador». Una campaña que, según denunció, tiene al PSOE detrás y respecto a la que «bastante medios de comunicación están demostrando un cierto interés en llenar con historias». «En algunas ocasiones se hace un periodismo que simplemente busca objetivos políticos y, en este caso, la vulneración por parte del Estado de los derechos más básicos, como son el derecho de libertad de expresión y el de asociación», reprochó de forma muy crítica en respuesta a las preguntas de algunos periodistas. Y es que, como recordó GARA en su edición de ayer, hacía días que varios medios habían anunciado una inminente operación contra la izquierda abertzale y habían dado pábulo a interesadas filtraciones policiales.

El mahaikide denunció «muy duramente» la operación y la forma en que se habían producido las detenciones, y recordó que cuando algunas de estas personas han sido citadas en la Audiencia Nacional han acudido a Madrid. Por ello, valoró que «sólo hay una explicación, y es que este juez, como es habitual en él, quiere crear e impulsar una alarma social que sólo existe en su cabeza».

Más allá de las formas, para la izquierda abertzale «es claro que ésta es una operación política impulsada por el PSOE contra el independentismo vasco, y que busca el castigo y la venganza». «Venganza por la posición de firmeza que ha mostrado la izquierda abertzale durante el proceso de negociación, y por no agachar la cabeza ante lo que quería imponer el PSOE, un acuerdo que sólo buscaba el desarme y que no respetaba la palabra y la decisión de Euskal Herria», explicó.

Pasarán el domingo

Los 23 mahaikides y militantes de Batasuna detenidos en la noche del jueves por la Policía española en Segura y Olaberria permanecían ayer incomunicados en dependencias policiales, a la espera de que Baltasar Garzón decida qué hacer con ellos.

Según anunciaron ayer fuentes judiciales, es posible que comiencen a declarar ante el juez a partir de las 10.00 de mañana. Algunos de los detenidos, de hecho, ya fueron trasladados ayer a Madrid, como Ibon Arbulu y Ana Lizarralde.

La operación estaría relacionada, según argumentaron estas mismas fuentes, con el sumario 35/02, abierto por el mismo juez hace cinco años, y en la que están encausados numerosos dirigentes de HB, EH y Batasuna. Este sumario fue el marco utilizado por Garzón en agosto de 2002 para ordenar la suspensión de actividades de Batasuna, antes de que meses después el Tribunal Supremo decretara su ilegalización.

Lo cierto es que nadie duda de que esta nueva actuación contra la izquierda independentista se sostiene en criterios de puro oportunismo político, ya que muchos de los detenidos han protagonizado un sinfín de comparecencias públicas en los últimos años, y también son incontables las reuniones que como la del jueves ha celebrado la dirección de Batasuna.

Así, según ha podido conocer este diario, hace dos semanas la Mesa Nacional celebró otra reunión en Agurain, y la Policía española estuvo presente en esta localidad alavesa, en torno a la cual pusieron varios controles. Los agentes policiales controlaron el desarrollo de la reunión e incluso pararon a varios de los participantes, pero no actuaron. Sí lo hicieron el jueves.

Registro en la sede de EHAK

Nada más producirse las detenciones comenzaron a producirse los registros de los domicilios de los militantes abertzales. Registros que se prolongaron durante toda la noche hasta bien entrada la mañana, y en las que se vivieron momentos de gran tensión entre las personas que acudieron a animar a los arrestados y la Policía española.

Uno de los inmuebles que ésta registró, en cualquier caso, no se correspondía con la vivienda de ninguno de los detenidos, sino que se trató de la sede que EHAK tiene en el polígono donostiarra de Belartza.

Desde primeras horas de la mañana varias decenas de policías se hallaban apostados en la sede de la formación abertzale, legal y con 9 parlamentarios en la Cámara de Gasteiz, sin dejar entrar al interior a nadie. Tampoco pudieron hacerlo el abogado Iñigo Iruin ni la portavoz del grupo parlamentario Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, que denunció esta actuación y la calificó de «muy grave».

Los policías entraron al interior sobre las 16.15 horas y estuvieron cerca de cuatro horas. Al registro se llevaron a Joseba Permach y Marisa Alejandro, y los policías se llevaron numeroso material -hasta 85 bultos- entre cajas de cartón, archivadores, carpetas, bolsas, 10 CPU de ordenadores, 4 ordenadores portátiles e incluso una caja fuerte.

Erauskin, junto a los también parlamentarios Julián Martínez e Itziar Basterrika, explicó que los policías habían dejado sus oficinas «patas arriba», y que se habían llevado casi todo lo que había en su interior. La portavoz abertzale hizo responsable de la operación al PSOE, y opinó que su objetivo consiste en intentar «acabar con el independentismo». «No lo van a conseguir», replicó a continuación, para reclamar a los partidos políticos que «condenen de forma contundente» esta nueva actuación del Estado español contra la izquierda independentista.

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Cronopiando : Jarabe Para la Memoria

Y con ustedes el Cronopiando más reciente de Koldo:

Cronopiando

Jarabe para la memoria

Koldo Campos Sagaseta

Para compensar la pérdida de memoria que afecta a la mayoría de los ciudadanos traigo a colación algunas declaraciones de impresentables como Aznar o Rajoy, más una joya de doña Ana Botella, la esposa de Aznar.

1.-Aznar: “El traslado de los presos de ETA es una medida muy positiva. Se trata de una medida acordada por el gobierno que yo presido”. (7/7/1999)

2.-Aznar: “Lo que Dios ha creado, el hombre no debería cambiarlo con estructuras faraónicas. En el problema del agua hay que respetar una España húmeda y otra seca. Este elemento no debe ser alterado sustancialmente por el hombre”. (1995)

3.-Aznar: “A mi me gusta que la mujer sea mujer, mujer”. (1996)

4.-Aznar: Luego de que una militante del PP le gritara a Aznar durante un mitin que tenía los cojones muy bien puestos, el entonces presidente respondió: “Tómate lo que quieras. Si alguien tiene un metro por ahí se lo prestáis y si quiere que me mida, a ver como ando de medidas”. (La Cartuja, Sevilla, 22/5/2003)

5.- Aznar: “Yo soy el milagro”. (Entrevista en el Wall Street Journal, 20/5/1997)

6.-Aznar “Me encanta inspirarme en el silencio, como Leonardo Da Vinci. Leonardo amaba el silencio y los resultados de su silencio fueron maravillosos”. (4/7/1999)

7.- Aznar: “Yo sólo confío en mi mismo”. (Finantial Times 19/9/2001)

8.- Aznar: “Yo apuesto por la mili obligatoria. No soy partidario de romper el cordón del compromiso ciudadano con las FFAA. (26/3/1995)

9.- Aznar: “El otro día, en Canadá, durante la Cumbre del G-8, estaba con el presidente Bush cuando éste puso los pies encima de la mesa y me preguntó: ¿Sigues haciendo deporte? Yo le dije que sí y él comentó: Hago 4 kilómetros en 6 minutos 24 segundos. Yo puse entonces los pies encima de la mesa y le respondí: Yo hago 10 kilómetros en 6 minutos y 20 segundos. Es la primera vez que superamos a Estados Unidos en algo”. (5/7/2002)

10.- Aznar: El otro día vi un lío por la calle, mucha gente por la calle y había gente muy variada. Estaban los de IU que no se pierden ni una y estaba, parece ser, lo que queda del PSOE que debe ser bastante poco porque la cosa no era muy brillante. A lo mejor darse un paseito por las calles es muy divertido, o ponerse detrás de una pancarta aunque te dé igual lo que diga”. (5/12/2001)

11.- Aznar: Pujol es el responsable de la grave crisis política, moral y económica que afecta a España”. (19/9/1995)

12.-Aznar: “Pujol es una persona con alto sentido de la responsabilidad que comprende lo que significa la oportunidad que tenemos”. (10/3/1996)

13.- Aznar: “Augusto Pinochet me parece un personaje que pertenece a la historia de Chile y a su modelo de transición política”. (4/2/1998)

14.- Aznar: “Tienen muchos problemas que tampoco son exclusivos del aeropuerto de Barajas porque basta viajar un poco para darse cuenta de que otros aeródromos también tienen sus problemas y sería bueno contar con la colaboración de todos porque realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo por algunas razones. Puede haber razones, puede haber problemas de otro tipo de razones en el espacio aéreo y, en fin, puede haber otros problemas”. (3/7/1998)

15.- Aznar: “Yo le quiero decir a usted que soy muy consciente y todo el mundo es consciente de que la capacidad de crear alarma es ilimitada. Se pueden crear todas las alarmas que se quieran e, incluso, porque no voy a decirlo, en algunas ocasiones se hace y, además, se hace conscientemente de que se está creando alarma y, probablemente, además, no existen elementos de contratación de algunas informaciones que se están dando desde un punto de vista real, desde un punto de vista fundamentado” (Roma/28/11/2002)

16.- Aznar (En relación al acuerdo de paz con ETA) “Estoy dispuesto al perdón y a la generosidad”

17.- Aznar: No he ido a Galicia porque ya han estado varios ministros” (22/11/2002)

18.- Rajoy: “A una profundidad de 3.500 metros y a dos grados de temperatura, el fuel estaría en un estado sólido por lo que, en principio, el combustible no se verterá”. (24/11/2002)

19.- Rajoy: “Afecta a una parte importante de la Coruña pero no es una marea negra” (23/11/2002)

20.- Rajoy: “Todo apunta a que el combustible que contiene el petrolero Prestige hundido el martes se va a solidificar en el fondo del mar y no va a haber ningún vertido más. No hay ningún tipo de peligro de que la marea negra alcance a las Rías Bajas”. (21/11/2002)

21.- Rajoy: “Salen unos pequeños hilitos del Prestige. Hay, en concreto, cuatro regueros que se han solidificado con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de alguna de las grietas”. (5/12/2002)

22.- Rajoy: “El muchacho de 17 años que en un mitin del señor Aznar gritó No a la Guerra, estaba vulnerando la libertad de expresión del señor Aznar que era el que estaba hablando en ese momento” (12/02/2003)

23.- Rajoy: “Antes os decía que yo tenía innumerables defectos, pero también que soy una persona coherente y sin complejos. Y como quiero seguir siendo una persona coherente con lo que piensa y con lo que dice, es mi voluntad mantener lo que han sido las políticas básicas de los gobiernos de los que, por otra parte, yo he formado parte. Y antes os decía y reitero ahora que no tengo ningún problema para decirlo así, antes al contrario, porque no soy ningún acomplejado ni tengo, por tanto, necesidad de reafirmarme ante nadie ni de inventarme diferencias ni matices. Y como antes os dije, no me importan las disquisiciones que algunos puedan hacer, me importa el interés de España y de los españoles que creo que el presidente Aznar ha defendido muy bien”. (2/9/2003)

24.- Rajoy: “Un exceso de migración provoca marginación y delincuencia”.

25.- Rajoy: “La guerra de Irak o la catástrofe del Prestige son dos asuntos llamativos, pero su influencia en la vida real de la gente no es tanta”. (16/3/3)

26.- Rajoy: “La posición del gobierno es política, es una decisión política consistente en apoyar políticamente la intervención en Irak; no hay ningún expediente administrativo que la justifique porque no es preciso ningún informe preceptivo ni mucho menos vinculante”. (28/5/2003)

27.- Rajoy: “Mire usted, Irak tenía armas de destrucción masiva y que las tiene es casi un hecho objetivo. Yo tengo la convicción de que aparecerán las armas de destrucción masiva”. (27/4/2003)

28.- Rajoy: “Hay un dato que no podemos obviar, que es que el 45% de los detenidos este año en Madrid son extranjeros. Eso no quiere decir nada, simplemente, que son extranjeros”. (3/10/2001)

29.- Rajoy: “La popa está mejor que la proa. Sólo tiene un par de pequeñas grietas”. (7/12/2002)

30.- Rajoy: “En total, el Prestige pierde unas 125 toneladas al día por sus 14 grietas”. (9/12/2002)

31.- Ana Botella: “En la catástrofe del Prestige sólo hay un culpable: el barco” (12/12/2002)

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Palabras Contundentes

La Editorial de La Jornada deja bien claro a que extremo llegó la vergonzosa actuación de ocho ministros de la SCJN el día de ayer:

La SCJN: de espaldas a la justicia

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la extradición a España de los ciudadanos vascos Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola, María Asunción Gorrochategui, José María Urquijo y Asier Arronategui, reclamados por el gobierno de ese país por su presunta vinculación con ETA, constituye una decepcionante claudicación del máximo organismo judicial en sus obligaciones de impartir justicia, tutelar principios esenciales del derecho y preservar los valores institucionales y constitucionales del Estado mexicano.

La SCJN no se manifestó sobre la extradición en sí, sino sobre las objeciones de la defensa de los afectados al tratado de extradición bilateral, los señalamientos de que se trata de perseguidos políticos y que su entrega a Madrid pone en grave riesgo sus derechos humanos y su integridad física.

El sello de validez otorgado por el máximo tribunal al instrumento mencionado es, por principio de cuentas, una aberración, toda vez que el tratado no requiere que el país que reclama un reo acredite mínimamente el cuerpo del delito ni la responsabilidad del sospechoso. Por ello, el convenio expone a prácticamente cualquier persona, tanto en México como en España, a traslados arbitrarios y discrecionales, además de que contraviene el principio elemental de presunción de inocencia.

Si la justicia española no presentó en los tribunales mexicanos ninguna fundamentación de las acusaciones formuladas contra los seis afectados, no hay elementos que permitan discernir si son o no perseguidos políticos. En consecuencia, los ministros de la SCJN carecían de fundamentos para desechar ese atendible argumento de la defensa.

Por lo demás, no es ningún secreto que en España se criminaliza a los disidentes y se emprenden persecuciones políticas contra ellos: cientos de independentistas vascos no partidarios de la violencia ni vinculados al terrorismo etarra han sido procesados y encarcelados por su forma de pensar y por sus opiniones. Madrid ha ilegalizado partidos políticos, arrestado a sus dirigentes y ordenado la clausura de publicaciones por el simple hecho de que unos y otras abogan por la independencia o la ampliación de las atribuciones autonómicas del País Vasco.

En otro sentido, da la impresión de que la mayoría en el tribunal supremo de México no ha leído jamás los documentos de acreditados organismos internacionales humanitarios, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), en los que se documenta la vigencia de la tortura en territorio español:

"La declaración del gobierno según la cual los casos de tortura o malos tratos son 'muy aislados' en España se aparta mucho de la verdad" (AI, 21/11/02); "AI destaca la falta de atención por parte del gobierno de expresas observaciones y recomendaciones dirigidas recientemente por el Comité contra la Tortura" (AI, 12/03/03); "Llamamos a todos los grupos parlamentarios a promover (...) la inmediata ratificación del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas (AI, 15/04/04); "La credibilidad del gobierno español en cuanto a su compromiso con los derechos humanos en el mundo dependerá de que también haga frente a las violaciones de derechos humanos en España" (AI, 11/06/04); "En España no se protegen debidamente los derechos de las víctimas de tortura y malos tratos ni (se pugna por) una reparación justa y adecuada" (AI, 03/12/04); "AI manifiesta su decepción por la falta de compromiso de los partidos políticos con la promoción y defensa de los derechos humanos dentro y fuera de España" (AI, 26/02/04).

"En España las medidas antiterroristas aún vulneran los derechos básicos de individuos sospechosos de cometer actos terroristas"; "La detención incomunicada da lugar a mayor riesgo de maltrato"; "Los sumarios de casos de terrorismo están sometidos con frecuencia a tal secreto que algunos abogados defensores no saben las razones exactas de la permanencia en prisión de sus clientes"; "Los sospechosos de terrorismo pueden estar encarcelados hasta cuatro años antes de ser llevados a juicio" (HRW, 27/01/05).

Si los magistrados ­en especial Salvador Aguirre­ hubieran consultado alguno de los textos citados tal vez no habrían desechado tan desparpajadamente la objeción de la defensa a la extraditación de los seis vascos.

Con todo, si el fallo de la SCJN causa un daño grave a personas posiblemente inocentes, no es menor el perjuicio que provoca al Estado atropellar el derecho de asilo y desacreditar la imagen tradicional de México como tierra de refugio.

Es cierto que en la destrucción de estos principios el Ejecutivo federal ­en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox­ ha realizado un vasto y deplorable trabajo, pero cabría esperar que el Judicial fuera capaz de preservar lo que ha sido una inapreciable norma rectora de nuestra política exterior.

Sin embargo, y con la excepción honorable del ministro Genaro Góngora Pimentel, los integrantes de la Suprema Corte optaron por dar la espalda a la justicia, a la vigencia de las garantías individuales y a las tradiciones humanistas del Estado mexicano.

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El Putrefacto Estado Español

Este escrito les dará una idea del grado de descomposición al que ha llegado el Estado Español en su obsesiva represión de todo lo vasco.

Aquí lo tienen:

Informe de la comisión internacional de juristas sobre el juicio a Jarrai, Haika y Segi.

El Estado español pretende criminalizar actividades legales, publicas y transparentes.

Comisión Internacional Euskal Herria Watch

La Comisión Internacional Euskal Herria Watch compuesta por abogados y abogadas de distintos países, ha observado el transcurso de la vista oral en el proceso acumulado 18/01 y 15/02 contra las organizaciones juveniles vascas Jarrai, Haika y Segi.

En las siguientes líneas expondremos nuestras preocupaciones principales en base a las observaciones realizadas, así como las conclusiones referidas a este juicio concreto.

Acusación

La físcalía acusa a un total de 42 acusados de pertenencia a organización terrorista. El representante de la Asociación de Victimas del Terrorismo -acusación popular- considera incluso la existencia de un delito de genocidio. En base a esta acusación, los acusados serían miembros de las organizaciones juveniles JARRAI o sus sucesoras, HAIKA y SEGI que a su vez formarían parte de ETA.

Derecho a la defensa

La defensa ha tenido solo unos días desde la notificación del comienzo del juicio oral. Yace aquí un considerable obstáculo a la defensa y una violación del Art. 6(3b) de la Convención Europea de Derechos Humanos CEDH- y del Art. 14(3b) del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos -PidPC-, según los cuales todo acusado tiene el derecho a un tiempo justo para la preparación de la defensa. Los acusados detenidos han permanecido además dispersados en prisiones en distintos puntos del Estado español lo que ha supuesto una dificultad para preparar la defensa.

Los acusados y testigos, que querían expresarse en euskara no han tenido a su disposición traductores cualificados. La traducción ha sido muy deficiente y en algunos casos manifiestamente incorrecta.

Los testigos policiales son automáticamente considerados testigos protegidos siendo la regla en este juicio que no puedan ser vistos y solo sean identificados por un número. Los acusados y el público pueden oír con dificultades pero no pueden ver las personas ni sus gestos. Se aduce que los acusados lo son por terrorismo y esto provoca inseguridad en los testigos. La estructura arquitectónica de la Sala de seguridad facilita la anomalía por la que los que declaran puedan hacerlo sin ser vistos. Esto supone una violación de los derechos de los acusados a reconocer a los testigos.

La defensa tiene el contacto limitado con los acusados que están sentados en una jaula de seguridad. Esto viola concretamente el derecho de la defensa de tener contactos temporales durante el juicio y establecer las siguientes líneas de defensa.

Individualización de los hechos y acusación colectiva

Durante la práctica de la prueba no se dio ni una sola alegación sobre hechos concretos ni acusaciones particulares. La pretensión de las acusaciones es probar el caso en la genérica participación de los jóvenes en las organizaciones ilegalizadas y en insinuaciones sobre actividades de apariencia delictiva en vez de presentar pruebas definitivas sobre la participación individual de los imputados en hechos criminales. Sin una conducta criminal individualizada la construcción de una conexión estructural entre Jarrai, Haika y Segi con ETA es mas que dudosa.

Calidad de las pruebas aportadas

Para probar la acusación contra estos jóvenes, el Ministerio Público tiene la obligación de establecer el vínculo entre la organización ETA y las organizaciones de la juventud vasca, las cuales operaban abiertamente en la legalidad. Para hacer esto, se está presentando pruebas sobre la Coordinadora Abertzale Socialista, KAS, que en algún momento contó con la participación de la organización Jarrai. La pretensión era probar una cadena: el acusado A participó abiertamente en Segi, Segi es el sucesor de Haika que a su vez es continuación de Jarrai, Jarrai en algún momento era uno de las organizaciones que participaba en la Coordinadora KAS, la Coordinadora estaba supuestamente controlada por ETA. Por lo tanto, A es miembro de ETA.

Los testimonios de los integrantes de ETA no aportaron nada a favor de esta tesis, bien al contrario, explicaron la diferencia entre la actividad militar e ilegal y las actividades de expresión espontánea y/o organizada del pueblo a través de organizaciones con actividad legal y abierta. También declararon que no han existido directrices, control o alguna otra manera de conexión entre ETA y las organizaciones juveniles

Asimismo, la prueba documental muestra ciertas irregularidades tanto en sentido formal como sustantivo. En referencia al primero por la falta de un proceso riguroso de autenticación de los documentos presentados. Como ejemplo de lo segundo, un documento presuntamente incautado a José Luis Santacristina, Txelis, durante su detención en 1992 estaría datado en 1993.

Grabaciones telefónicas; algunas de estas pruebas fueron descartadas dada la manera irregular en la que fueron obtenidas, y las otras no probaron ninguna actividad delictiva. Dichas grabaciones únicamente sirvieron para confirmar el compromiso de los acusados en actividades transparentes, públicas, sociales y políticas bajo las estructuras de Haika y Segi.

La prueba pericial, por último, fue presentada por miembros de la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y de la UCI de la Policía Nacional. Su intervención basada en documentos intervenidos a ETA y las organizaciones intervenidas, así como en declaraciones de personas detenidas no deja de ser una interpretación subjetiva de la materia a juzgar. Según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativo a los informes periciales, el Juez instructor lo acordará cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. La apreciación de los policías difícilmente puede aparecer como un conocimiento objetivo, menos aún científico y por ello, infalible.

A ello añadimos que los peritos no pudieron determinar a que procedimientos judiciales pertenecían estos documentos intervenidos a ETA, ni quienes eran las 30 personas detenidas, vulnerándose uno de los requisitos establecidos por la Ley para poder ser válido un Informe Pericial como tal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, entre otros requisitos, que los peritos harán en el Informe una relación detallada de las operaciones practicadas, para que no sean simples opiniones y sean autenticas pruebas validas, pero ocurre en estos Informes una ruptura en el detalle de las fuentes de investigación, al no detallarse en que Documentos y Declaraciones de detenidos se basaban.

La utilización de la detención preventiva para reprimir los movimientos disidentes

El hecho de que estos jóvenes cumplieran 4 años sumariados levanta una gran preocupación en cuanto a la utilización de la detención preventiva como una medida puramente represiva. Esto supone una violación del articulo 5.3 de la CEDH y del articulo 14(2) del PIdDCP. Según ello todo acusado tiene el derecho a un proceso en corto plazo. Ni la duración en la instrucción del sumario ni alguna otra base son evidencias para justificar que el enjuiciamiento no comience hasta 2 años después de haber cerrado la instrucción.

La privación de libertad debe ser considerada como una pena o medida a la que hay que acudir como último recurso, de manera que se debería aplicar solo cuando otra pena o medida se muestre manifiestamente inadecuada en atención a la gravedad del delito, siendo la institución de la prisión provisional, una medida excepcional de acuerdo con la norma que la regula y la doctrina jurisprudencial.

La ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 502 y siguientes, regula esta institución que ha de tener dos rasgos básicos, la excepcionalidad de su aplicación y la proporcionalidad. La excepcionalidad deriva de que en nuestro ordenamiento jurídico la regla general ha de ser la libertad del imputado o acusado y que la privación de libertad ha de ser la excepción. El principio de la proporcionalidad en los casos de prisión provisional, significa que las normas legales restrictivas de derechos fundamentales, en cuanto que restrictivas de los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, deben tener un contenido tal que la limitación de los derechos fundamentales sea proporcionada a los fines que con ella se pretenda obtener.

En este proceso la utilización de la prisión preventiva ha tenido un carácter sistemático y discrecional, por lo que se aleja de los rasgos constitucionales que deben presidir la misma, la excepcionalidad y la proporcionalidad de su utilización, buscando con ese uso abusivo un efecto ejemplarizante. El hecho de que el juicio haya comenzado casi al límite de los cuatro años de prisión preventiva de varios de los procesados así lo demuestra.

En el presente caso el Fiscal había solicitado que se prorrogara la prisión provisional cuatro meses, pero el Tribunal ha decidido dictar Auto de libertad para las seis personas que habían cumplido el límite legal de los cuatro años, no estimando la actuación dilatoria de las defensas que se argüía por la Fiscalía y la AVT que se adhirió a la petición.

Torturas

Testigos que habrían sido detenidos y manifestaron vínculos entre su militancia en alguna de estas organizaciones juveniles y actos de sabotajes denunciaron que estas declaraciones habían sido arrancadas bajo tortura, después de varios días de detención en estado de incomunicación. Por tanto, estas denuncias no deberían tener ninguna validez. El tribunal no mostró interés por estas declaraciones. Todo parece que estas declaraciones serán consideradas prueba competente para lograr convicciones en el presente caso.

La utilización expansiva de los tipos penales

En el informe fiscal, así como el informe de la acusación particular se pidió al tribunal una nueva definición de terrorismo para poder así introducir las conductas sujetas a juicio en este procedimiento. En efecto, el fiscal pidió al Tribunal que, apartándose de la jurisprudencia clásica que propugna una interpretación limitada del concepto de banda armada, la amplíe a la participación de organizaciones que, sin ser armadas, coincidan en sus objetivos y coadyuven a ellos con su actividad. Precisamente, en cuanto a la prueba, la acusación consideraba que lo hechos, por ser notorios no necesitan ser probados, porque son conocidos por todo el mundo. Así, las pruebas demostrarían que los acusados tienen una militancia ideológica y por tanto una cierta responsabilidad en las acciones violentas a pesar de no ser posible probar su participación directa. De esta manera, se pretende un nuevo concepto de la autoría por conexión ideológica.

Sentencia

La sentencia N 27/05 del 20 de Junio de 2005 viene a contradecir la conocida como tesis Garzón que postula que todo es ETA, ya que, según se dicta en la misma y tomando en consideración la definición de terrorismo de Naciones Unidas, así como la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo español como del Tribunal Constitucional[1], el conjunto de elementos necesarios para considerar las organizaciones juveniles organización terrorista no concurren en las organizaciones JARRAI, HAIKA Y SEGI. En concreto, se reconoce que si bien dichas organizaciones podrían tener una finalidad ideológicamente próxima a la que, con su actividad armada, persigue la organización terrorista ETA desplegaban actuaciones -además de las legitimas- que nunca se enmarcaban en la utilización de armas, en los términos recogidos por la ya reseñada jurisprudencia.

Sin embargo, aunque el Tribunal no considere las organizaciones juveniles como organizaciones terroristas, por otro lado la sentencia dicta su ilicitud y adjudica las penas máximas -tres años y medio- por ese delito para los acusados -si bien es verdad que muchos de los acusados habían cumplido ya en el momento de dictarse sentencia mas tiempo en prisión del que la propia sentencia les impone- incluyendo además una inhabilitación especial del derecho al sufragio, penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, elevadas multas y el abono de las costas del proceso.

La misma sentencia dedica gran parte de las 118 páginas de las que consta, a establecer conexiones entre ETA y las organizaciones juveniles. Así, y mediante un repaso histórico que parte del año 1974, se relaciona la organización armada y las organizaciones juveniles, con la calidad probatoria que los observadores ya pudieron comprobar. Concretamente, sustentándose en pruebas periciales de inteligencia de la Guardia Civil y de la UCI de la Policía y en base a tales, se considera probado que las referidas organizaciones juveniles tienen también como finalidad desde su origen (demostrado por su vinculación a la KOORDINADORA ABERTZALE SOZIALISTA, K.A.S. luego Ekin- y, a través de ambas indudablemente vinculadas pero siempre ajenas a la organización terrorista armada ETA), la realización de actos que, atentan a bienes patrimoniales (daños) o a bienes eminentemente personales, como la libertad y la seguridad, por medio de actuaciones delictivas. Se da por probado, pues, que las organizaciones juveniles pueden ser conformes a la definición de organización ilícita. La misma sentencia considera en sus doce hechos probados la conexión entre Haika-Segi y ETA si bien falla en sus conclusiones que por definición es imposible que estas organizaciones puedan ser consideradas organizaciones
terroristas sino ilegales.

Conclusiones

1. La dificultad en el acceso al derecho a la defensa y la violación de la igualdad de armas entre la acusación y la defensa es alarmante.

2. La falta de concreción en los hechos presuntamente delictivos y en la individualización de las acusaciones contraviene esencialmente las bases de un estado de derecho, por la que un imputado debe de serlo por una conducta criminal concreta contra la que pueda defenderse.

3. El empleo de la prisión preventiva hasta su límite máximo de cuatro años sin que se celebre el juicio consiste en una ilegítima y desproporcionada medida represiva.

4. La utilización de declaraciones que se alega haber sido dadas bajo tortura constituye además de la violación de derechos humanos intrínseca por el acto en si, un elemento que dota de invalidez a la práctica de la prueba.

5. La calidad de las pruebas practicadas ha resultado completamente deficiente, con irregularidades en las escuchas telefónicas, dudas racionales sobre el origen de las pruebas documentales e ineficacia manifiesta de las testifícales desde el punto de vista de las pretensiones de la acusación. Merece un comentario especial la prueba pericial practicada por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que teniendo un valor de simples sospechas, presunciones y especulaciones policiales se les ha dotado por el tribunal de calidad científica, objetiva e infalible.

6. La invocación a tipos penales ambiguos y su aplicación de forma expansiva contradice el principio de legalidad.

7. El Estado por medio de un juicio de índole política pretende criminalizar actividades legales, públicas y transparentes. Esto supone en si mismo una grave agresión a la libertad de expresión, de opinión y de asociación. Pero además, la ilegalización de Jarrai-Haika-Segi en estas condiciones, genera inseguridad jurídica para otras organizaciones que desarrollando una actividad similar pueden verse acusadas de actividad ilegal o terrorista con bases genéricas y etéreas.

8. Si bien no se ha determinado la responsabilidad de las personas acusadas en toda la extensión que se pretenda en un primer momento por el juez instructor y por las acusaciones fiscal y particular, consideramos excesivamente graves las penas impuestas a los acusados, varios de los cuales todavía tendrán que enfrentar varios años de prisión.

9. Consideramos asimismo que el Tribunal, por verse circunscrito a la alta politización de la Audiencia Nacional, se ha visto sometido a una gran presión por parte de sectores políticos y mediáticos. Tenemos una profunda sensación de que esta sentencia, mas que buscar justicia, ha sido una sentencia de compromiso, auto justificativa además de las penas que de facto habrán cumplido los jóvenes durante la prisión preventiva con la condena posteriormente impuesta.

10. Dado que la propia sentencia no considera los hechos dados por probados como constitutivos de actividad terrorista o actividad encuadrable en los tipos penales de terrorismo, y al ser estos mismos hechos base de los procedimientos que se siguen en los sumarios 18/98 y otros, entendemos que no en los sucesivos sumarios la Audiencia Nacional debe inhibirse a favor de los tribunales ordinarios competentes. De cualquier manera, creemos firmemente que esta sentencia constituye un hito, un grave precedente en la administración de justicia que se desarrollar en sucesivos procesos similares.


[1] El Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de Julio de 1998 (Caso Marey) exige, como elementos, la existencia de una banda, lo que comporta en primer lugar, la presencia de una asociación que tenga por objeto cometer delitos, bastando la unión de varios para ese fin y teniendo dicha unión una cierta duración y estabilidad en el tiempo; en segundo lugar, que tal banda sea armada, es decir, que se utilice, en esa actuación delictiva, armamento, entendiendo por tal las armas de fuego de cualquiera clase, bombas de mano, granadas, explosivos u otros instrumentos semejantes (..) y la alteración de la convivencia ciudadana que constituye tercer elemento- el de la finalidad del grupo cual es que. Precisamente por el uso de las armas o por la clase de delitos que cometen causen inseguridad en la población (...).

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