Voluntad Política

Les compartimos la editorial que Naiz ha dedicado al tema del reconocimiento oficial por parte de los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea de los casos de tortura, método de terrorismo de estado utilizado sistemáticamente por el régimen español en contra del pueblo vasco:

Si torturar fue una decisión política, reconocer y revertir la impunidad exige una voluntad a la par 

En el origen, hubo una decisión política para que los cuerpos policiales torturaran durante décadas y de forma sistemática a las personas detenidas en Euskal Herria. No hay otra explicación veraz. No fue, quizás, en una reunión con orden del día, o de manera explícita y documentada, pero sí una decisión consensuada por todos los estamentos implicados. Lo explican los informes criminológicos, y así lo denunció de nuevo ayer la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria.

Esa agenda torturadora se implementó en los cuarteles, se premió en el escalafón policial, se justificó en el debate público, se amparó en los juzgados y se tapó en los medios de comunicación. Esa decisión compartida caducó parcialmente en 2014, con el último caso documentado de torturas a ciudadanos vascos en el contexto del conflicto político. Sin embargo, no ha habido una decisión equivalente en sentido contrario: contra la impunidad, en favor de los derechos humanos y el reconocimiento de las víctimas.

No revertir lo sucedido tiene consecuencias. En primer lugar, para las personas torturadas, que exigen reconocimiento y un trato justo. En segundo lugar, para la sociedad vasca y su cultura democrática, que sigue lastrada por una memoria parcial que avala la irresponsabilidad. Por supuesto, la impunidad beneficia a todos los responsables de la tortura.

Hasta cierto punto, institucionalmente se ha asumido lo que todo el pueblo sabía: que se ha torturado a un número ingente de personas, que se ha hecho de manera salvaje y con total impunidad. Pero esa asunción es parcial y rebaja la gravedad de lo sucedido.

No haber aceptado la justicia transicional como marco general para la resolución se puede volver contra la parte más impune de un conflicto. Con dos agravantes: la violencia ilegítima ejercida por los Estados es siempre más grave; y la tortura no prescribe. Los lobbies españoles de la venganza, que responden a la misma disciplina contrainsurgente que hizo de la tortura estrategia, podrían revisar su impulso cruel.

Números que reflejan personas y vivencias

En su primer año de existencia, la Red de Personas Torturadas ha implicado a más de mil personas. Es una quinta parte de los casos certificados por vía forense o criminológica. Es impresionante y, a la vez, debe crecer hasta dar una imagen lo más real posible del fenómeno de la tortura en Euskal Herria.

El tiempo es un factor importante, porque muchas de las víctimas son mayores, o han muerto. Retrasar medidas y reconocimiento afecta a sus derechos. Asimismo, el apartado de la violencia sexista, que se ejerció especialmente contra las mujeres, es crucial para conocer la dimensión de la tortura.

Hasta el momento, se han reconocido oficialmente 71 casos en Nafarroa y 260 en la CAV; un total de 331 en el conjunto de Euskal Herria, en torno al 6% de los certificados. No avanza como debería, es evidente.

Lo que demandan es positivo y de justicia

La Red de Personas Torturadas exige al Gobierno de Lakua que reforme la norma para el registro de las víctimas del Estado, que amplíe el periodo y promueva que se garantice «un mecanismo integral de reconocimiento y reparación». Al Ejecutivo de Iruñea le pide que vaya más allá del franquismo y la transición.

Insisten en que «es tiempo de reconocimiento». «Si queremos construir en Euskal Herria un futuro basado en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y una memoria completa, es el momento de esclarecer por qué nos torturaron, quién autorizó esta práctica y cómo se permitió», sentenciaron ayer en la asamblea de Eibar.

Mientras llega el reconocimiento oficial, este colectivo se ha ganado el respeto social por su altura de miras y su voluntad de construir un país mejor.

 

 

 

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Juan Manuel Iglesias Sánchez

El mundo entero - y no pocos españoles - se lamentan por el asesinato a sangre fría de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE, el cuerpo paramilitar con el que el déspota Donald Trump se ha dedicado a hostigar a los migrantes en general y la comunidad hispana/latina en particular, con el resultado final de encarcelamientos y deportaciones.

A Renee la asesinaron a los ojos de muchos pero, principalmente, ante las cámaras de personas que se encontraban presentes en el bloqueo montado por los agentes de ICE. Las imágenes ya han sido vistas por millones de personas.

El joven vasco Juan Manuel Iglesias Sánchez no contó con toda esa cobertura mediática. El españolismo lo asesinó y luego ocultó su crimen.

Pero el pueblo vasco es un pueblo con memoria y desde Facebook traemos a ustedes este texto que recuerda los hechos:

Juan Manuel Iglesias Sánchez

Imanol Nieto Casanueva

Tal día como hoy hace 49 años, muere de un infarto en Sestao el joven de 15 años Juan Manuel Iglesias Sánchez, mientras era perseguido y golpeado por la Policía.

El 9 de enero de 1977 partió desde una iglesia local una manifestación que reunió a 3.000 personas a favor de la amnistía total para los presos políticos y en solidaridad con los empleados despedidos de Tarabusi, una empresa en la que trabajaban muchos vecinos de Sestao. La noche anterior 110 personas la pasaron en el interior de la iglesia.

Tras la manifestación, y cuando se iba a leer el comunicado en euskera al final de la movilización en la Plaza del Kasko, cargaron la Guardia Civil y la Policía Armada. Según muchos testigos, el suceso fue de lo más duro que se vivió en Sestao. A esa hora Juan Manuel se encontraba en un salón de juego hasta que la policía entró en el local. Los policías comenzaron a golpear a los que estaban dentro y Juan Manuel se marchó y entró en un portal contiguo. La policía también entró en ese portal y según algunos testigos, le propinaron golpes. Desde el descansillo del primer piso salto por un ventanuco a un patio interior. Después volvió a saltar de nuevo a un patio contiguo, más abajo, con una caída de 3 metros. Allí fue donde se desplomó.

Los vecinos de la casa se percataron más tarde de que había un muchacho tirado en el suelo. Lo recogieron y lo sacaron a la calle Villar y Villate por el portal número 2, donde fue atendido por un médico que, aunque le practicó los primeros auxilios, un masaje cardíaco y el boca a boca, no pudo salvarle la vida. Aquella tarde el Gobernador Civil emitió un comunicado en el que afirmaba que la policía no había actuado por la zona aunque todo el pueblo fue testigo de que las cargas fueron constantes por todo el centro, dejando a varios vecinos hospitalizados.

Cuando sus padres, Mari Carmen y Juan Manuel, llegaron al hospital su hijo se encontraba en el depósito de cadáveres. Allí les recibió un Brigada de la Guardia Civil que tuvo que oír a Juan Manuel. "Le grité asesino, me daba igual si era él o sus amigos o compañeros, ellos habían matado a mi hijo". Desde allí fue conducido al frigorífico, donde desde un pequeño nicho sacaron la mitad del cuerpo de su hijo. Estaba amortajado, solo se le veía la cara, lo indispensable para poder identificarlo.

Juan Manuel padre tiene muy vivo el recuerdo de su hijo y se queja de que sólo pudiese verle la cara. "Actuaron como si le hubiesen pegado. Está claro que no pude ver si tenía golpes, marcas de porrazos, de pelotazos o un tiro, porque aquellos disparaban muy fácilmente. Mi hijo murió de insuficiencia cardio-vascular, que es de lo que acabamos muriéndonos todos. Y si hubiese sido así... ¿Qué hizo que un chico de 15 años recién cumplidos muriese de un ataque fulminante al corazón?"

La mayoría de los agentes políticos vascos emitieron comunicados individuales y conjuntos en memoria de Juan Manuel y contra las cargas policiales.

Al día siguiente se organizaron paros en casi todas las empresas de la Margen Izquierda (Altos Hornos, General Eléctrica, La Naval, Aurrera, Astilleros de Olabeaga, Lemoniz, Mecánica Lapeña y Petronor, entre otras) para denunciar la muerte de Juan Manuel. Los trabajadores de la empresa Babcock & Wilcox, compañía en la que trabajaba su padre, presentaron un manifiesto el 11 de enero para hacer una huelga general. Representantes de las principales empresas vizcaínas se sumaron al manifiesto. También se incorporaron agentes políticos de izquierdas vascos como el Comité Central Socialista de Euskadi, EKA, Eusko Sozialistak, las organizaciones de coordinación KAS, LCR-ETA, EMK, ORT, EPK, PT, UGT, USO y Comisiones Obreras.

Al mediodía 25.000 personas se dieron cita en el funeral en la plaza de España de Sestao (actual plaza del Kasko). El féretro se colocó en el centro del quiosco de la plaza y a sus lados dos grandes fotografías del joven.

Tanto el funeral y como las huelgas en protesta por su muerte, fueron nuevamente reprimidos por una policía que actuaba con total impunidad. Hubo 4 heridos graves trasladados a centros hospitalarios, entre ellos la niña de 6 años Cristina Aizpurua, que perdió la visión de uno de sus ojos al estallar una pelota de goma contra los cristales de su casa mientras cenaba con su abuelo, que también resultó herido.

 

 

 

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ESAN Deniega Responsabilidades

En el mundo del revés, ese en el que los premios Nobel exigen intervenciones militares en sus propios países y organismos futbolísticos entregan premios de la paz a quienes despliegan unidades militares en preparación a una invasión... los victimarios tienen todo puesto a modo para hacerse pasar por víctimas.

Este es el caso de los integrantes del sindicato ESAN, tan mimado por personajes como Bingen Zupiria, quienes pretenden lavarse las manos de los casos Zarra y Cabacas de forma bastante grotesca, según se lee en el pliego que acaban de dar a conocer como respuesta al artículo de Iñaki Soto, mismo que ha sido publicado en su integridad por Naiz.

Así que solo resta un apunte antes de que ustedes procedan a la lectura; la criminal actuación de la Ertzaintza que llevó a la muerte de Iñigo Cabacas se dio en el contexto de un partido de futbol, escenario en el cual la izquierda abertzale poco o nada tiene que hacer... como en el caso Zabarte, por cierto.

Aclarado el punto, aquí la información:

Esan responde a NAIZ culpando de las muertes de Zarra y Cabacas a «la IA y sus voceros»

El sindicato Esan ha dado otro paso adelante en el negacionismo de la autoría de las muertes de Rosa Zarra e Iñigo Cabacas afirmando que ambos casos «tienen responsables, y están en los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros». Responde así al artículo publicado en GARA y NAIZ el martes.

Ramón Sola

NAIZ y GARA publicaron este martes un artículo-análisis del director del diario, Iñaki Soto, bajo el título ‘Ya les dieron los coches para patrullar, ahora pedirán la tele en color y las rondas’. En el mismo se analiza la evolución de la Ertzaintza tomando como punto de partida varias noticias concatenadas el viernes pasado, y se aludía directamente a la posición tomada por Esan y otros sindicatos sobre las muertes de Iñigo Cabacas y Rosa Zarra. La respuesta de Esan, segundo sindicato en representación en la Policía autonómica, ha sido pisar el acelerador. En una nota colgada en X como réplica a ese artículo, se afirma tras citar ambos casos que «las desgracias sufridas en este país tienen responsables, y están en los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros».

De paso, la nota no solo carga contra estos medios, sino que cuestiona además directamente a la Comisión de Valoración que reconoció a Zarra como víctima de un pelotazo de la Ertzaintza 30 años después de los hechos, e indirectamente también a la sentencia judicial que acreditó la muerte de Cabacas también por otro pelotazo, si bien solo condenó a un mando de la Ertzaintza.

Frente a todas estas evidencias extrajudiciales y judiciales, Esan sigue sosteniendo que en el caso de Rosa Zarra «no hubo impacto de pelota de goma». Y en cuanto a la muerte de Cabacas en 2012 tras la carga en el callejón de la ‘herriko’ de Indautxu, indica que «si aquel escenario acabó en tragedia, fue porque ellos lo crearon. Sois los responsables».

Cualquier comentario añadido sobre la nota sobra. Resulta más revelador leerla íntegramente:

«Desde Esan Sindikatua denunciamos las acusaciones constantes que los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros lanzan contra la Ertzaintza por el triste fallecimiento de Rosa Zarra y el triste fallecimiento de Iñigo Cabacas.

Quienes llevan décadas atacando a los ertzainas no van a blanquear su pasado señalando a quienes protegieron, asistieron y actuaron en situaciones creadas por ellos mismos.

El triste fallecimiento de Rosa Zarra:

En el caso de Rosa Zarra, los juzgados de Donostia y los informes forenses fueron tajantes: no hubo impacto de pelota de goma. Existió un informe toxicológico que apuntaba a causas médicas.

Sin embargo, los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros han encontrado ahora un nuevo aliado en su campaña de manipulación: la Comisión de Derechos Humanos (sic) del Gobierno Vasco, que ha elaborado un informe no público, que ocultan, que no entregan a quienes lo solicitan, y que contradice los fallos judiciales y los análisis forenses realizados en plena democracia.

Una Comisión que, en vez de respetar los hechos acreditados, se dedica a hacer revisionismo político, actuando como un tribunal paralelo y descalificando a quienes sí dijeron la verdad desde el primer día: el Consejero Atutxa y el Viceconsejero Martiarena, a quienes esa Comisión llega a tachar de ‘manipuladores de la verdad’ simplemente por defender lo que acreditaron los hechos oficiales.

Es intolerable y profundamente antidemocrático.

El triste fallecimiento de Iñigo Cabacas:

En el caso de Iñigo Cabacas, es necesario decirlo con toda claridad: el caso Cabacas lo provocaron ellos, como siempre. Cuando una ambulancia intentaba acceder para prestar asistencia médica, fueron los de siempre, impulsados por los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros, los que eran sus jóvenes empezaron a lanzar botellas y objetos contra los ertzainas, generando un caos que obligó a intervenir para abrir paso sanitario. Si aquel escenario acabó en tragedia, fue porque ellos lo crearon. Sois los responsables.

Por todo ello, lo afirmamos sin ninguna ambigüedad. Los responsables del accidente fatal de Rosa Zarra y del accidente fatal de Iñigo Cabacas son quienes alimentaron el enfrentamiento, quienes atacaron a los ertzainas, quienes justificaron la violencia y quienes han hecho del odio a la Ertzaintza su forma de existir políticamente.

Durante décadas, los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros han legimitado agresiones, han señalado a los ertzainas, han azuzado el odio en la calle y han celebrado los asesinatos de los 15 ertzainas ejecutados por ETA. Ellos son los culpables. No la Ertzaintza. 50 años de violencia con el mismo origen.

Las tragedias, el dolor y el miedo que Euskadi han sufrido durante medio siglo tienen un origen claro: Los dirigentes de la izquierda abertzale, sus voceros, su discurso, su violencia, su respaldo a quienes atacaban a los ertzainas y su permanente campaña de hostigamiento.

Esan Sindikatua no va a permitir que quienes sembraron el terror intenten ahora presentarse como víctimas ni que instituciones públicas participen en este revisionismo interesado.

Las desgracias sufridas en este país tienen responsables, y están en los dirigentes de la izquierda abertzale y sus voceros».

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Juguetes de Lujo para los Niñatos

A la policía española con label Basque Country le está yendo muy bien, pidieron juguetes nuevos y Lakua, en manos del PNV y del PSOE pero siempre atendiendo a esas formaciones políticas marginales como los son el PP y Vox... les facilitaron sus juguetes.

Todo es generosidad para quienes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para apalear vascos, actuando con la misma impunidad que en los tiempos en que las condiciones eran establecidas por ese constructo denominado "los años del plomo".

Y es que, tal como lo hemos manifestado en este blog, si algo ha caracterizado al actual proceso de paz en Euskal Herria esto ha sido su unilateralidad, con el peso de su éxito sobre las espaldas del pueblo vasco mientras que el estado español continúa sin llevar a cabo acciones que realmente demuestren que su virulenta estrategia represiva respondía a la actividad armada de ETA.

Porque visto lo visto, la brutalidad y el cinismo mostrados tras la culminación del proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción hace ya varios años, obviamente obedecen más a un férreo control colonialista sobre una nación histórica que exige respeto a sus derechos civiles y políticos, que a una respuesta obligada por las circunstancias.

Establecido lo anterior, les compartimos esto que nos informan vía Naiz:

Ya les dieron los coches para patrullar, ahora pedirán la tele en color y las rondas

El viernes proliferaron las noticias relacionadas con la Ertzaintza y todas ellas son un reflejo de la deriva en la que está inmersa la Policía autonómica. El autor recuerda que el chantaje que empezó con ‘Ertzainas en Lucha’ terminó con un pacto histórico para mejorar sus condiciones laborales.

Iñaki Soto

Hay una famosa canción que Janis Joplin canta a capela y que, irónicamente, ella considera de «gran importancia social y política». Es ‘Mercedes Benz’ y comienza así: «Oh Señor, ¿no quieres comprarme un Mercedes Benz?/ Todos mis amigos conducen Porsches, debo enmendar mis errores./ He trabajado duro toda mi vida, sin ayuda de mis amigos./ Así que, oh Señor, ¿no quieres comprarme un Mercedes Benz?».

El pasado viernes pensé que los ertzainas silbarán esa tonada en los vestuarios de Arkauti o tras las reuniones sindicales. O cuando patrullen en sus flamantes BMW.

Antecedentes

Alguien podía pensar que concederles todos sus deseos saciaría a los sindicatos policiales. Se equivocaba, y cada semana los policías dan razones para preocuparse más. Son insaciables, con un relato esquizoide entre el victimismo y la chulería que les hace parecer fuera de la realidad. Si se atiende a sus declaraciones públicas y a sus actuaciones, se comprueba que están obligados a servir a una sociedad que ni entienden ni les gusta. Y, si se atiende a lo que dicen cada vez más a menudo, creen que tienen derecho a rebelarse. Muy complicado de gestionar.

Haciendo un poco de memoria, hay que recordar que el chantaje que empezó con la dinámica de Ertzainas en Lucha terminó con un pacto histórico para mejorar las condiciones laborales de los policías. Los BMW son lo más llamativo (cada uno cuesta 75.000 euros), pero cabe destacar que en su último acuerdo con el Departamento de Seguridad los ertzainas lograron mejoras inconcebibles en ningún otro área de la función pública, ni qué decir en el sector privado.

De forma muy resumida, lograron una subida salarial mínima de 4.200 euros al año (salen 350 por mes) con 2028 como horizonte. Ese aumento se camufla a través de pluses para regatear los límites legales. Límites que se utilizan para no mejorar las condiciones de otros trabajadores. La lista de pluses es inabarcable y muy difícil de justificar, porque no supone ninguna mejora en el servicio, sino pagarles más por hacer lo mismo o menos.

«Que nos dejen actuar»

Volviendo al viernes, las noticias sobre la Ertzaintza se solaparon durante todo el día, y todas fueron pésimas. Por un lado, informamos de que siete ertzainas habían comparecido en los juzgados de Donostia, cinco como investigados y dos como testigos, por su participación en el operativo en el que resultó gravemente herida la aficionada de la Real Amaya Zabarte. Según explicó el abogado de Zabarte, para justificar la presencia de proyectiles de uso prohibido que aparecen en el atestado los agentes adujeron que «se les cayeron de una bolsa». Es lo más parecido a «el perro se comió mis deberes» que se pueda decir, solo que siendo policía y delante de un tribunal.

Ese mismo día se supo que el Juzgado de Tolosa ha dictado de nuevo el sobreseimiento de la causa abierta por las heridas causadas durante los carnavales de 2024 por un proyectil de foam lanzado por la Ertzaintza contra Xuhar Pazos. El joven perdió la visión de un ojo por el impacto, pero la jueza ha considerado que la Ertzaintza actuó correctamente, siguiendo los protocolos y de forma proporcionada.

Como si nada de lo anterior hubiera pasado –o, precisamente, para evitar que se hablara de ello–, convocados por los sindicatos que firmaron el acuerdo –Erne, Esan y Si.P.E.–, un centenar de policías se concentró el mismo viernes en Donostia ante la comisaría del Antiguo. Se presentaron como víctimas de una supuesta «escalada de agresiones» y denunciaron la «tibieza» a la que les fuerzan los mandos. «Estamos hablando de órdenes que hacen que nos tengamos que replegar en vez de ser contundentes en las actuaciones», resumieron, a la vez que exigían poder utilizar más armas, desde pelotas de goma a pistolas táser o gas pimienta.

Las referencias explícitas a la necesidad de utilizar pelotas de goma para evitar males mayores son especialmente delirantes y crueles. Si a la memoria de Iñigo Cabacas se le suma la reciente postura despiadada de esos sindicatos ante el reconocimiento de Rosa Zarra como víctima, la cosa se agrava.

Los problemas crecen

La misma mañana de la concentración, en sede parlamentaria, el consejero Bingen Zupiria aseguraba que en el proceso de selección de la Ertzaintza se garantizará la limpieza y el cumplimiento de la cadena de custodia de las pruebas. Toda vez que en la anterior convocatoria suspendieron el 90% de los aspirantes, para la actual OPE se han relajado los criterios de evaluación. Sigue sin haber una explicación oficial y veraz de por qué ha habido una crisis en la academia de Arkauti, que coincidió con la OPE fracasada y que terminó con los ceses de la directora general, Miren Dobaran, y su mano derecha, Amaya Angulo.

Su sucesor, Jon Goikolea, que fue jefe de prensa de Juan María Atutxa, tiene el encargo de «materializar el nuevo modelo educativo de la academia». Ese modelo lo está negociando el Departamento con los mencionados sindicatos. Entre otras cuestiones, está ligado a Arkampus, que también lleva asociado un complemento por formación profesional según el acuerdo de este año.

Precisamente, el año que viene habrá elecciones sindicales en la Policía autonómica. El colectivo Ertzainas en Lucha se desmarcó del acuerdo firmado por el 75% de los representantes sindicales y puso como objetivo las elecciones, en las que quiere «echar de sus poltronas» a los sindicalistas que llegaron al acuerdo. Eso explicaría, en parte, la radicalización de las centrales tradicionales.

Pero hay más factores si se quiere explicar la deriva en la que está inmersa la Ertzaintza. En clave interna, desde la permisividad hasta el nepotismo, pasando por un modelo de relaciones laborales litigante, nada ha favorecido un desarrollo profesional e institucional acorde con los tiempos y las prioridades de la sociedad vasca. Las tensiones y derivas dentro del PNV también han tenido reflejo en una Policía que nació bajo el control férreo del partido. Esa quinta fundacional se ha jubilado, dejando un legado dudoso, más pensado para justificar algunas de sus derivas operativas e institucionales que para adaptarse al nuevo tiempo político.

Desde una perspectiva política más general, la obsesión con la «batalla del relato» ha recreado una confrontación que rearma la visión más represiva del cuerpo policial. Se simulan conflictos que justificarían otras medidas. Y se abona la nostalgia, también entre quienes no vivieron los tiempos más duros.

De lo global a lo local

Tendencias globales como la oleada autoritaria han tenido sus reflejos locales en los perfiles de aspirantes a policías. Los gimnasios y las academias de opositores difícilmente pueden promover valores socráticos. En un mundo gobernado por la incertidumbre, es difícil que un agente pueda responder ante situaciones complejas si aprobó el psicotécnico a fuerza de repetir test como si fuese el carnet de conducir. Ponérselo más fácil no parece la mejor estrategia. Todo ello aleja de la carrera policial a otros perfiles profesionales.

En las siguientes estrofas de la canción, Joplin le pide a Dios que le compre una televisión en color y que le pague una noche de juerga en la ciudad. Que nadie dude de que, tras los BMW y las dietas, vendrán otras demandas igualmente inaceptables, pero que se justificarán y, si nadie lo remedia, se asumirán. Tras aumentar sus prebendas, parece que los grupos de presión quieren ahora aumentar su arsenal represivo.

«Oh Señor, prueba que me quieres y págame la siguiente ronda», dice Joplin. Allá ellos, pero que no digan que no avisamos, y que no pidan ayuda ni comprensión, ni ahora ni después de la borrachera represiva subvencionada.

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Cinismo en el Caso Zabarte

Pasamos de la impunidad de la que ha gozado la Ertzaintza en el caso del joven tolosarra Xuhar Pazos al más completo cinismo y chulería en el caso de Amaya Zabarte.

Y es que tanto el rango como la fila de la Ertzaintza entienden que por ser un cuerpo policíaco español con label Basque Country, pueden desplegar todo tipo de comportamientos brutales, demostrando así que el tema de la represión a todo tipo de expresión popular vasca nunca tuvo nada que ver con la actividad armada de la organización ETA y sí mucho con la estrategia de supresión total de derechos por parte de Madrid.

Aquí les tenemos esto también desde las páginas de Naiz:

Ertzainas del ‘caso Zabarte’ dicen que los proyectiles prohibidos «se les cayeron de una bolsa»

Siete agentes han comparecido en los juzgados de Donostia por su relación con las cargas previas al partido entre la Real y el PSG. Han revelado que se prohibió un tipo de foam que en el atestado aparece como usado, pero que los proyectiles realmente «se les cayeron de una bolsa».

Los ertzainas que han comparecido este viernes en los juzgados de Donostia por su participación en el operativo en el que resultó gravemente herida la aficionada de la Real Amaya Zabarte han asegurado que la presencia en el atestado de proyectiles cuyo uso se había prohibido se debió a que «se les cayeron de una bolsa», según ha revelado el letrado de la acusación, Iker Sarriegi.

Siete ertzainas han prestado declaración, cinco como investigados y dos como testigos, en una nueva sesión para aclarar lo sucedido en los prolegómenos del partido de Champions contra el PSG en Anoeta.

Los agentes no han querido responder a las cuestiones planteadas por Sarriegi, pero este, al término de la sesión, ha explicado a los medios que los ertzainas han expuesto «sorpresivamente» un dato desconocido hasta la fecha. Al parecer, el mismo día del partido «prohibieron unas horas antes el uso de los proyectiles Foam SIR-X, que son los más potentes, y solo podían lanzar los SIR».

Sin embargo, «en el atestado aparece que hubo tres proyectiles Foam SIR-X, que los habían utilizado», lo cual «han justificado diciendo que se les había caído de la bolsa de las pelotas de foam».

Preguntado sobre si entre los ertzainas investigados estaría el presunto autor del disparo del proyectil que impactó en la cabeza de Zabarte, el letrado ha explicado que ninguno de los agentes sabe «desde dónde hicieron las cargas».   

La Fiscalía, «nada de nada»

Sarriegi ha criticado que «después de casi dos años el Ministerio Fiscal no ha aparecido, la anterior vez tampoco, no ha hecho ni un escrito, ni una acusación, ni investigación, nada de nada».

En este sentido, ha señalado que «por comparar, para entender las cosas y verlas igual más sencillas», su despacho lleva también la defensa de dos jóvenes, socios de la Real, investigados por un «delito de odio» por presuntamente proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, y en ese caso «enseguida el fiscal, desde la primera declaración, apareció allí».

«Dependiendo quién pone la denuncia y quién es el denunciado, el Ministerio Fiscal aparece o no aparece», ha sentenciado.

Joseba Novoa: «Que no se escuden en un verduguillo»

Antes de iniciarse la sesión ha hecho también declaraciones a los medios Joseba Novoa, el marido de Zabarte, quien quería «poner cara» a los posibles autores del disparo contra su pareja. «Ya que ellos conocen mi cara públicamente, pues por lo menos que no se escuden en un verduguillo».

Novoa ha recordado que aquel día «dispararon a tres mujeres a la cabeza» y ha criticado a los sindicatos de la Ertzaintza porque «da mucha pena que ellos, como sindicatos responsables de sus compañeros, no han sido capaces de condenar cómo patearon a mi mujer». A su juicio no se trata tanto de cambiar «protocolos» como de «actitudes», de cómo «comportarse respecto a la sociedad».

También ha criticado que Asuntos Internos «sigue manipulando, sigue mintiendo. Todo esto es, todo el rato, tapar y mentir en vez de reconocer que lo hemos hecho mal ese día, no funcionó la forma de proceder y vamos a tomar medidas. Por mucho que lo quieran tapar, los hechos están ahí, las imágenes están ahí».

Joseba Novoa ha denunciado que «la instrucción está siendo nefasta» y se ha mostrado convencido de que la jueza instructora «va a intentar cerrar el caso».

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Impunidad en el Caso Xuhar

El estado profundo y su continuo asedio en contra del pueblo vasco se vuelve a mostrar con esta nueva muestra de impunidad con respecto a la violencia que la Ertzaintza genera a cada oportunidad que tiene.

Esto es lo que se reporta desde Naiz:

La jueza decreta el sobreseimiento de la causa por el pelotazo a Xuhar Pazos

El fallo considera que los ertzainas que hirieron de gravedad al joven menor de edad con un proyectil de foam durante los carnavales de Tolosa actuaron de forma correcta. Argumenta que los hechos ocurrieron en un contexto de disturbios graves y que el golpe lo recibió de rebote.

Iker Bizkarguenaga

El Juzgado de Tolosa ha dictado de nuevo el sobreseimiento de la causa abierta por las heridas causadas por un proyectil de foam lanzado por la Ertzaintza contra el joven Xuhar Pazos durante los carnavales de esa localidad, en febrero de 2024, según ha informado este viernes tarde la agencia Efe. Cabe interponer recurso de apelación en un plazo de cinco días.

El joven, de 16 años de edad cuando ocurrieron los hechos y vecino de Amasa-Villabona, resultó herido de gravedad en el ojo tras recibir el impacto del proyectil, pero la jueza entiende que la actuación de los policías investigados se enmarca en la eximente del art. 20.7º del Código Penal por obrar en cumplimiento de un deber.

También sostiene que del conjunto de declaraciones, registros de llamadas, informes médicos e imágenes se desprende que los hechos ocurridos durante aquella madrugada lo hicieron en un contexto de disturbios graves, en los que los ertzainas estaban siendo agredidos mediante lanzamiento de objetos contundentes. A su juicio, la Ertzaintza hizo uso del material antidisturbios según la normativa, a una distancia prudencial, empleando el medio menos lesivo disponible y limitando su intervención a las personas que estaban realizando esas agresiones.

Xuhar –otra joven también recibió heridas en la cabeza aquella noche– siempre ha defendido que él ni siquiera se dio cuenta de que había pelea alguna y ha explicado que, al ver que la gente huía, él tambien empezó a correr. «Se metió en un callejón y una pelota le dio en el ojo», precisaron en aquellas fechas desde la familia.

En esta tesitura, la jueza defiende que el menor recibió el impacto del proyectil de rebote, e insiste en que los ertzainas actuaron según el protocolo.

Los disturbios, cuando llegó la Ertzaintza

Por contra, los abogados de Xuhar replican, tras conocer la resolución, que «los disturbios más graves comenzaron con la llegada de la Ertzaintza», y se preguntan si nadie fue capaz de prever que iba a pasar lo que finalmente ocurrió. También cuestionan «a quién le corresponde actuar con responsabilidad» en una situación de disturbios, «a los jóvenes que están de fiesta o a funcionarios públicos entrenados que van armados».

Respecto al uso del material policial, destacan que «solo contamos con una versión, la de la Ertzaintza», que sostiene, tal como ha asumido la jueza, que fue utilizado de forma correcta y que el proyectil golpeó al joven en el ojo de rebote. Frente a ello, ante la constatación de que Xuhar ha perdido un ojo y que la otra joven fue igualmente herida en la cabeza, señalan que «o el material no se utilizó de forma correcta o ese material no era el adecuado».

Recuerdan, asimismo, que en esta causa han aportado imágenes en las que se ve a ertzainas apuntando hacia arriba, a pesar de que los protocolos indican que debe evitarse apuntar a cabeza y cuello, pese a lo cual en la sentencia se considera que actuaron de forma correcta.

Ya decretó el archivo

El juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa ya decretó en noviembre de 2024 el archivo del caso, tras la declaraciones de los agentes policiales y consideró que la Ertzaintza actuó «conforme a la ley y de forma proporcional». La defensa interpuso un recurso de reforma en el mismo juzgado, pero este también se archivó. Tras apelar a la Audiencia de Gipuzkoa, esta ordenó que se reabriera la causa, en septiembre pasado. El joven prestó declaración por primera vez ante la jueza en Tolosa el pasado 17 de noviembre.

Entonces, Aiert Larrarte, abogado de Xuhar, lamentó que «cuando es la Ertzaintza la investigada, lo primero que se hace es archivar«, y expuso que «lo que se tiene que investigar es si la utilización de material antidisturbios por parte de la Ertzaintza ha sido conforme al protocolo, si se han respetado las distancias, el ángulo de disparo». La jueza, sin embargo, no ha variado un ápice aquella primera valoración, realizada solo con la declaración de los policías.

 

 

 

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Asumir Responsabilidades por la Tortura

Damos seguimiento al tema de la tortura como método de represión por parte del régimen español en contra del pueblo vasco con este artículo de Naiz acerca del reclamo por parte de la Euskal Herriko Torturatuen Sarea:

Torturados reclaman asumir responsabilidades e impulsan el acto del 14D por Zabalza

El 40 aniversario de Mikel Zabalza y la iniciativa para reactivar su caso de Raúl Fuentes han sido saludadas por Torturatuen Sarea. Remarcan que ya es hora de que se asuman responsabilidades por esta lacra y se deje de lado la impunidad. Y animan al acto del 14D.

Una representación de las personas integrantes de la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria-Torturatuen Sarea ha comparecido este sábado en el Boulevard de Donostia para dar eco a dos hechos de plena actualidad: el 40 aniversario de la muerte de Mikel Zabalza en Intxaurrondo y la decisión del preso Raúl Fuentes de pedir la reapertura de su caso de torturas tras el dictamen de la ONU que le reconoce y lo declara imprescriptible.

Sobre este último paso, han remarcado que «respaldamos la decisión que ha tomado Raúl, ya que es una iniciativa que abre nuevas vías hacia la verdad, la justicia y la reparación en nuestra lucha por el reconocimiento colectivo de la tortura». Le trasladan su apoyo al igual que a Iratxe Sorzabal y Peio Alcantarilla, que han emprendido actuaciones judiciales similares en las últimas semanas. «Estamos contigo y esperamos que este camino sirva para abrir grietas en el muro de impunidad construido para ocultar la responsabilidad que diferentes aparatos del Estado español han tenido en la aplicación de la tortura política», han indicado Amaia Urizar y Enkarni Blanco como portavoces.

Junto a ello han calificado el caso de Zabalza como «uno de los ejemplos más estremecedores de esa impunidad». «Nadie puede negar ya que Mikel Zabalza murió a consecuencia de las torturas sufridas en el cuartel de Intxaurrondo. Ha sido reconocido como víctima de la violencia del Estado en las principales instituciones del sur de Euskal Herria. Sin embargo, estos reconocimientos no han permitido aún esclarecer plenamente el relato de lo sucedido: qué ocurrió exactamente, dónde, quiénes fueron los responsables y cómo actuaron. Cuarenta años después, estas preguntas siguen sin respuesta oficial, y consideramos que ha llegado el momento de asumir responsabilidades públicas».

La situación no se agota en Fuentes, Sorzabal, Alcantarilla y Zabalza, ni mucho menos, han proseguido Urizar y Blanco, torturadas en diferentes décadas: «Esa misma impunidad atraviesa también el caso de las miles de personas que han sufrido torturas en Euskal Herria. Por ello, desde la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria reclamamos el reconocimiento de todos los casos de tortura, reivindicación que consideramos imprescindible porque constituye la base para poder garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Dicho todo esto, han marcado una fecha: dentro de dos semanas, el domingo 14 de diciembre, la plantilla de D-Bus llevará de vuelta al Boulevard de Donostia el autobús de la dinámica dedicada a Mikel Zabalza. «Aquí no está el conductor, ¿dónde está?», preguntaba la pancarta que, hace 40 años, los compañeros de entonces desaparecido colgaron del autobús en una marcha que llegó hasta el Ayuntamiento donostiarra. «Con la voluntad de volver a representar aquella movilización, recibiremos al autobús y daremos fin a la dinámica con un acto central en el Boulevard de Donostia», han explicado. Será ese 14 de diciembre, coincidiendo con los 40 años de la ‘aparición’ del cadáver en las aguas del Bidasoa, a las 12.30.

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Reapertura del Caso Fuentes

Damos seguimiento al caso de tortura de Raúl Fuentes y su relación con el caso de Iratxe Sorzabal con este artículo publicado por Naiz:

Raúl Fuentes solicita la reapertura de su caso de torturas tras el dictamen de la ONU

Como ocurrió recientemente con Iratxe Sorzabal, el preso vasco Raúl Fuentes Villota ha solicitado la reapertura de su caso de torturas tras el dictamen de la ONU que hace ya siete meses señaló al Estado español por ello. Ni jueces ni fiscales han actuado en este tiempo, denuncia GEBehatokia.

El pasado mes de abril el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió un dictamen favorable a la queja del preso vasco Raúl Fuentes Villota a raíz de las torturas sufridas en 1991 en Bilbo. Manifestó que «existieron indicios razonables» y marcó un precedente al recordarle que este es un delito que no prescribe. Pasados siete meses desde aquello, ni jueces ni fiscales han puesto en marcha ninguna actuación de oficio, de modo que ha sido el propio Fuentes quien ha solicitado la reapertura de su caso, según ha informado este jueves GEBehatokia.

Se reproduce así de algún modo lo ocurrido con Iratxe Sorzabal, que también ha pedido reabrir la investigación de sus torturas, en este caso tras acreditarlas la propia Audiencia Nacional en una sentencia absolutoria. Y también se asemeja al caso de Peio Alcantarilla, que ha presentado una querella contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

GEBehatokia recuerda que Fuentes fue detenido por la Policía española el 6 de junio de 1991 y explicó que había sido brutalmente torturado durante la investigación. «Presentaba varias lesiones, incluida una parestesia en los dedos de la mano», derivada de la llamada ‘tortura de los lápices’.

Entonces se hizo caso omiso de todo ello. Ya en 2018 Fuentes presentó formalmente denuncia por torturas, que fue archivada rápidamente en los tribunales españoles alegando prescripción de los hechos. Tanto la Audiencia de Bizkaia como el Tribunal Constitucional lo dieron por bueno ante los respectivos recursos. Sin embargo el preso no desistió y llevó el tema al Comité contra la Tortura de la ONU, que el 22 de abril de este año ha emitido una decisión condenatoria para el Estado español. En ella se citan las «alegaciones creíbles de tortura» por parte del detenido, se recuerda que había obligación de investigar ya en 1981 aun sin denuncia formal dado que ese relato se conocía, y se añade que la obligación sigue vigente actualmente porque no cabe prescripción en este delito.

España tenía 90 días para tomar medidas

Pues bien, ni siquiera tras ello jueces y fiscales han movido ficha, constata GEBehatokia. Censura que «España tenía 90 días para adoptar medidas para cumplir dicha decisión e informar al CAT al respecto y no lo ha hecho. Los torturadores están identificados y sus nombres constan en el sumario».

Para esta entidad que se presenta como «fiscalía social» de las víctimas del Estado, «el Poder Judicial es sin duda el último eslabón que sigue sin sumarse a las exigencias internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición. Un búnker judicial negacionista ha cerrado filas en torno a los perpetradores de gravísimas vulneraciones de derechos humanos». Frente a ello, «esta es la pretensión: abrir el camino con este caso junto a los de Alcantarilla y Sorzabal. Y lo hacemos precisamente en un momento en que el 40 aniversario del asesinato por torturas de Mikel Zabalza pone en evidencia el escándalo que conlleva la impunidad de que han gozado quienes han practicado la tortura y la cobertura de la ley franquista de secretos oficiales».

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Secretos y Ascensos

Se cumplen cuatro décadas del secuestro, tortura y asesinato de Mikel Zabalza a manos de esbirros del régimen español, una de las heridas abierta que ha dejado el terrorismo de estado en suelo vasco.

A Pedro Sánchez le ha tocado responder los cuestionamientos al respecto por parte de los representantes de los partidos políticos vascos con presencia en el congreso de la metrópoli y Noticias de Navarra nos narra lo ocurrido:

40 años sin respuestas: el Gobierno sigue bloqueando la desclasificación del caso Zabalza

El PNV recalca a Sánchez que la memoria histórica no es "sólo hablar de Franco": "¿A qué tienen miedo? Pero sobre todo, ¿a qué están esperando?" / EH Bildu reprocha el ascenso a general de Arturo Espejo, implicado en el caso, y el presidente se escuda en la reforma pendiente de la Ley de Secretos

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Bakero, ha recalcado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "la memoria democrática no debería servir sólo para hablar de Franco" y le ha exigido que, en aras de la "verdad, la justicia y la reparación" para con las víctimas que propugna el Ejecutivo proceda a desclasificar documentos aún secretos del franquismo, la Transición y años posteriores, en especial, los relativos al asesinato de Mikel Zabalza. 

Se lo ha dicho en el Pleno del Congreso justo el día en que se cumplen 40 años de la detención de Zabalza, un conductor de autobús y militante del sindicato ELA que fue arrestado en San Sebastián en el marco de una operación antiterrorista y llevado al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. Pasados veinte días su cuerpo apareció en el río Bidasoa.

Las otras cinco personas que fueron detenidas junto a él y que quedaron en libertad sin cargos denunciaron torturas, como ha recordado Bakero, incidiendo en que nadie se creyó la versión oficial de que había muerto ahogado en su huida.

"Y mucho menos se sostiene tras conocer los audios entre Perote y García Nieto", ha añadido. Perote era coronel del CESID (antecesor del Centro Nacional de Inteligencia) y García Nieto, teniente de la Benemérita. En esos audios, difundidos en 2021, el agente reconocía que se les "fue la mano" con Zabalza "en el interrogatorio".

En este contexto, Bakero ha afeado al Gobierno que, pasadas cuatro décadas, el Gobierno se cierre en banda a "esclarecer" estos hechos. "Hablan de verdad, justicia y reparación, pero se lo niegan a la familia Zabalza", ha denunciado.  

"No hace falta una nueva ley"

La portavoz del PNV considera que con la vigente Ley de Secretos Oficiales, el Ejecutivo puede ya desclasificar los documentos relativos al fallecimiento de Zabalza y ha instado a Sánchez a dejarse de "excusas" y a hacerlo. 

Sánchez ha mostrado su respeto por la "memoria" de Mikel Zabalza y la "solidaridad" con su familia. "Entendemos que, en efecto, ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas ni tampoco de la fiscalización de sus actos, y más aún cuando estamos hablando de las consecuencias tan trágicas", ha dicho.

Pero ha insistido en que para poder desclasificar documentos se tiene que aprobar una ley que sustituya a la vigente norma franquista. El Gobierno ya ha remitido al proyecto de ley de Información Clasificada, pero aún no ha iniciado su tramitación y, además es una de las leyes que Junts ya ha anunciado que bloqueará.   

Una de las más importantes de la legislatura

Por eso Sánchez ha aprovechado la ocasión para volver a pedir el apoyo del Congreso para poder tramitarla pues, a su juicio, se trata de "una de las leyes más importantes de la legislatura". "Creemos en la transparencia y en el derecho de la ciudadanía a conocer su historia y, por tanto, a tener una ley moderna que, por fin, establezca la desclasificación automática transcurridos ciertos plazos", ha defendido Sánchez.

Pero, como en ocasiones anteriores, el presidente no ha convencido al PNV. "No nos han servido hasta ahora las excusas que han dado para la no desclasificación", ha recalcado Bakero, recriminando a Sánchez que ya en 2022 se comprometió a una reforma rápida y aún están esperando.

"Han pasado tres años y todo sigue igual. Y tienen donde elegir, porque hay dos proyectos en esta Cámara, dos", ha destacado, recordando que desde hace varias legislaturas el PNV registra su propia proposición para reformar la Ley de Secretos Oficiales y no se tramita.

Según Vaquero, en este "Estado que se dice democrático y derecho, la verdad, la justicia y la reparación son, sobre el papel, grandes principios", pero tienen un "contenido incierto cuando se trata de conocer lo que ocurrió" en la "mal llamada Transición, en los años posteriores y durante la dictadura".   

No se queden en simples "escenificaciones"

"Está en sus manos que los actos de memoria democrática no se queden en simples escenificaciones. La memoria democrática, presidente, no debería servir solo para hablar de Franco, ni ser de parte. El Estado tiene aún muchas zonas oscuras y usted la oportunidad de verter luz sobre ellas. Solo le falta cumplir su palabra. ¿A qué tienen miedo? Pero sobre todo, ¿a qué están esperando?", ha concluido la portavoz del PNV.

El presidente ha contestado que no tiene "miedo a nada" pero ha insistido en que la desclasificación no depende de él, sino la aprobación de la nueva ley para lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos. "El objetivo compartido que tenemos ambos grupos parlamentarios es el de consolidar una memoria democrática que en efecto afecte y arroje luz sobre todas aquellas cuestiones que se están planteando", ha agregado el presidente.

En la misma sesión, el portavoz de Justicia del Bildu, Jon Iñarritu, ha tenido un debate similar con el ministro del ramo y responsable también de Presidencia, Félix Bolaños. "Un Gobierno que aboga por la profundización democrática, por la memoria histórica y por apoyar a las víctimas, no debería mantener bajo llave documentos que podrían esclarecer qué ocurrió", le ha soltado el diputado.   

"Y encima ascienden al responsable"

Tras denunciar que hubo "torturas hasta la muerte, encubrimientos, coartadas falsas y humillaciones a las víctimas", ha clamado sobre todo contra la "impunidad" y ha recriminado al Gobierno que, en vez de hacer como los Ejecutivos vasco y navarro y reconocer a Zabalza como "víctima de violencia policial", su única actuación haya sido ascender a general a Arturo Espejo.

Iñarritu se ha referido a Espejo, que era teniente en Intxaurrondo cuando detuvieron a Zabalza, como "responsable policial" de los hechos. "¿No le parece incongruente y un sinsentido?", ha preguntado a Bolaños, que no ha entrado al trapo. 

Aunque ha mostrado su apoyo a una nueva ley sobre información clasificada, el diputado ha pedido al ministro que no lo "fíen todo" a esa reforma y procedan ya a la desclasificación que reclama la familia Zabalza. "Si quieren, puede, no es una cuestión jurídica, sino de voluntad política", ha dicho.

Bolaños ha reiterado el compromiso del Gobierno "con el esclarecimiento de la verdad" y ha pedido también apoyo para la reforma que promueve. Según ha recordado, esa ley, además de prohibir la clasificación de comportamientos que supongan violación de Derechos Humanos", "establece el derecho de todas las personas con interés legítimo a recurrir" la clasificación, lo que abriría la puerta a que la familia Zabalza lo hiciera.

Además, ha defendido el procedimiento que viene aplicando el Consejo de Ministros para la desclasificación de documentación reservada. "El Gobierno tiene un criterio claro: Si lo solicita un tribunal o bien una comisión de investigación en esta Cámara, el Gobierno, salvo que afecte a la Seguridad Nacional, lo concede. Es un criterio absolutamente democrático, en línea con lo que hacen otros Gobiernos de nuestro entorno", ha indicado.  

 

 

 

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Martín Villa Llamado a Declarar

Teófilo del Valle Pérez tenía tan solo veinte años cuando fue asesinado por el Franquismo.

No importaba que ya fuese febrero de 1976 y que el genocida Francisco Franco haya fallecido en noviembre de 1975 (dos meses después de mandar fusilar a Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez-Bravo y Sanz), el régimen, transmutando, seguía matando.

Y ese es el caso de terrorismo de estado en el que se centra este artículo de Naiz:

Martín Villa, llamado a declarar por primera vez en el Estado por crímenes contra la humanidad

Por primera vez en el Estado español, el exministro Rodolfo Martín Villa y el policía Daniel Aroca del Rey están llamados a declarar la próxima semana por un juzgado de Elda, como investigados por la muerte a tiros del trabajador Teófilo del Valle en un contexto de crímenes contra la humanidad.

La familia de la considerada primera víctima mortal de la denominada Transición española, Teófilo del Valle, mantiene la esperanza de que «por fin se haga justicia» tras haber sido citados a declarar la próxima semana como investigados por la muerte de este joven el exministro Rodolfo Martín Villa y el policía franquista que supuestamente le disparó seis veces en una calle de Elda, en Alacant, en 1976, hace ahora casi cincuenta años.

En rueda de prensa presencial y por videoconferencia, convocada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), el hermano de la víctima, José Antonio del Valle, ha dicho este jueves que ambas citaciones en sede judicial las ven como «un rayo de esperanza, una luz después de un túnel de tantos años de impunidad» porque, según ha subrayado, la muerte de Teófilo fue «un asesinato».

Teófilo del Valle tenía 20 años cuando falleció tras recibir varios disparos de la entonces Policía Armada durante una huelga del calzado el 24 de febrero de 1976 en la ciudad de Elda.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite hace un año la querella de la familia de Teófilo del Valle contra el agente que supuestamente le disparó seis veces con un tiro en la nuca incluido, Daniel Aroca del Rey, así como a los mandos de la extinta Policía Armada que le dieron cobertura y a los responsables políticos, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa.

La petición de la familia ha sido preparada por los servicios jurídicos de la asociación Acción contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano (ACIF), miembro de Ceaqua.

El abogado del equipo jurídico de Ceaqua, Jacinto Lara, ha explicado que el juzgado eldense ha citado para declarar a Aroca del Rey el 17 de noviembre y a Martín Villa dos días después, ambos por videoconferencia desde los juzgados de Albacete y Madrid, respectivamente, por la muerte de Teófilo del Valle en «un contexto de crímenes contra la Humanidad», como «consecuencia de la actuación de la Policía Armada de la época».

Por primera vez

Ha destacado que la citación de ambas declaraciones es la primera vez que «sucede en los juzgados y tribunales del Estado español», ha considerado importante su fijación al suponer, en su opinión, un «impulso principal en esta fase de instrucción» y ha dicho que esperan que «continúe tramitándose» por parte del juzgado.

La familia presentó la querella tras la investigación de Manuel de Juan, guionista y director del documental sobre la figura de Teófilo del Valle.

«Descubrimos que fueron varios los policías que ese día persiguieron a manifestantes por las calles de Elda y, uno de ellos, disparó seis veces por la espalda a Teófilo mientras huía de los grises. Esto estuvo oculto durante 45 años y se ha acreditado con declaraciones, fotografías y croquis. La bala provenía de Daniel. Hay pruebas contundentes y potentes», ha manifestado De Juan.

«Gracias a esta investigación –ha añadido– la familia conoció las circunstancias del fallecimiento de Teófilo y su hermano decidió presentar una querella y le hemos prestado todo nuestro apoyo».

Ha asegurado que el juicio militar que se celebró entonces contra el agente fue «una farsa» porque los familiares de la víctima se encontraron en una «indefensión» al denegar el tribunal castrense su petición de personarse en la causa.

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La Voz de Ixone Fernández

Damos seguimiento al tema de la tortura como herramienta represiva institucional del estado español con este artículo de Naiz en el que se hace un recuento de la participación de la víctima de terrorismo de estado Ixone Fernández en una actividad de Gogora, esa institución de la CAV tan inclinada a hacer suyo el relato de Madrid.

Aquí la información:

El Día de la Memoria da voz, por primera vez, a una víctima de la tortura

Por primera vez, una víctima de la tortura ha tomado la palabra en el acto institucional organizado por Gogora con motivo del Día de la Memoria. Ixone Fernández ha defendido que el dolor de las víctimas es el mismo, y ha advertido de que «no podemos construir una memoria en la que falte una parte».

Ion Salgado

Ixone Fernández fue detenida y torturada por la Policía española hace veinte años, en 2005. Su caso, al igual que el de otros muchos ciudadanos y ciudadanas vascas, más de 5.000, ha sido acreditado por el Instituto Vasco de Criminología. Este lunes, se ha dado un paso más, ya que, por primera vez, una víctima de la tortura, ha tomado la palabra en el acto institucional organizado por Gogora con motivo del Día de la Memoria. Ha compartido espacio con Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jauregi, víctima de ETA, y Amelia Machimbarrena, nieta de Diego Fernández Montes, fallecido también en una acción de ETA. Las tres han narrado sus historias y han llegado a un punto es común, es preciso reconocer el dolor de todas las víctimas, sin excepciones. 

«Si queremos avanzar hacia la convivencia todas las verdades deben estar recogidas. No podemos construir una memoria en la que falte una parte», ha manifestado Fernández en el acto celebrado en el Palacio de Congresos Europa de Gasteiz, donde ha remarcado que «se tiene que saber lo que pasó, aunque duela, aunque no nos guste lo que escuchemos. Es la única manera de que no se repita y se aprenda para avanzar en conjunto hacia una Euskal Herria donde podamos convivir todos y todas».

Estas palabras, respondidas por un atronador aplauso, han estado precedidas de un duro relato, que da cuenta del calvario al que han sido sometidas las víctimas de la violencia estatal: «Cuando partes de una vivencia traumática que es negada y ocultada, cuando te dicen que lo que relatas forma parte de un manual de desprestigio, lo acabas interiorizando y te condiciona la vida, por que de lo que no se habla no existe. Y lo que no existe no se puede reparar, no puede sanar, y te bloquea».

«Ves que se sigue dando, y que goza de una impunidad terrible, que incluso se premia a las personas que fueron las ejecutoras, a los torturadores, eso te victimiza y no te deja avanzar o hacer un proceso de reparación», ha explicado, y ha reconocido que dar cuenta de su relato en base al Protocolo de Estambul «no resulta fácil porque es hurgar en la herida, pero cuando te lo explican motiva». «Sacaba a la luz mi infierno personal y me hacía existir, me permitía reconocerme como víctima. Era una manera de salir a la luz».

«El Protocolo de Estambul fue un punto de inflexión. Quedó claro que no eran casos aislados, sino que había habido una impunidad durante décadas. A mí me torturo la Policía, pero no era un abuso policial aislado, era algo de un entramado mucho mayor, porque estaban implicados todos, policías, políticos, forenses, abogados... todo ese entramado, con esa impunidad, había permitido que se diese esa vulneración de derechos permanentemente. Y no hay ninguna razón de estado que pueda justificar que se vulnere los derechos humanos de esa manera», ha apuntado antes de reclamar un cambio legal. 

En este sentido, ha recordado que «hay una ley de reconocimiento que en estos momentos a mí me excluye porque no cumplo los requisitos. Esa ley es importante para que las personas que somos víctimas podamos existir, tener derecho a la verdad y a la reparación y por supuesto que haya una garantía que esto no vuelva a pasar nunca más. Por eso pido que se abra ese arco temporal –de  1978 a 1999– que limita a las víctimas, que desaparezca y que todas tengan derecho a acceder».  

El relato de Fernández ha sido respondido con empatía. «No me puedo imaginar lo que ha pasado. Es estremecedor», ha reconocido Machimbarrena, que ha indicado que hace décadas el dolor propio impedía ver el dolor ajeno. Sin duda, el trabajo realizado por personas como Maixabel Lasa ha sido importante para dar la vuelta a esa situación, impulsando encuentros reiterativos y logrando que algún dirigente institucional pidiese perdón. Ibarretxe lo hizo ante las víctimas de ETA. «Intentamos que López también hiciese una petición de perdón, pero no lo conseguimos». 

Víctimas del alejamiento

El encuentro de las tres víctimas ha sido el punto álgido de una jornada marcada por el desmarque de la derecha española, ausente en el acto celebrado en el Parlamento de Gasteiz; la negación de ESAN, que rechaza que ha exigido retirar la placa en recuerdo de Rosa Zarra, víctima de la Ertzaintza; y la reivindicación de Etxerat, que se ha concentrado ante la Cámara autonómica para recordar a las 16 personas que pedieron la vida a consecuencia del alejamiento impuesto durante décadas a los presos y presas vascas. 16 personas que «siguen sin recibir reconocimiento oficial por parte de las instituciones». 

«Bajo la excusa de que la actual ley de víctimas carece de base jurídica suficiente, el dolor y el sufrimiento de estas víctimas no hace sino prolongarse», han censurado los integrantes de Etxerat, que han pedido «voluntad tanto a los responsables políticos como a los partidos para poder seguir dando pasos en la lógica de la memoria colectiva y de la construcción de escenarios de convivencia. Pedimos voluntad para que utilicen todas las herramientas que tienen entre manos para ahondar en el reconocimiento institucional de estas 16 víctimas que sigue causando sufrimiento».

«Es el momento de llegar a una resolución definitiva, de reconocer el daño causado por los responsables políticos que durante tres décadas utilizaron la política de dispersión y alejamiento para causar sufrimiento y, de paso, es momento de profundizar en el camino a casa de nuestros familiares que aún hoy siguen tanto en prisión como en el exilio», han añadido los familiares, que han recibido el apoyo de EH Bildu. 

El portavoz de la formación soberanista en la Cámara de Gasteiz, Pello Otxandiano, ha defendido una «memoria inclusiva, que reconozca y respete todos los sufrimientos y a todas las víctimas, porque creemos firmemente que ese es el camino para construir una convivencia verdaderamente democrática».

«Para nosotras y nosotros, el ámbito de la convivencia y la memoria no debe convertirse en un terreno de disputa política, y mucho menos en un espacio para el enfrentamiento estéril», ha apuntado, incidiendo en que «este año, además, el Día de la Memoria llega marcado por una efeméride y un contexto especiales: se cumplen 50 años de la muerte de Franco, de la coronación de Juan Carlos de Borbón y de los últimos fusilamientos del franquismo, entre otros, los de Txiki y Otaegi».

«El lehendakari advirtió de que pueden llegar tiempos oscuros y de que existen sectores fascistas y autoritarios que pretenden hacernos retroceder. Por eso, consideramos que la memoria debe servir para extraer lecciones y unirnos como pueblo frente al fascismo», ha sentenciado en un mensaje publicado en X.

Mensaje de Pradales a los jóvenes

Por su parte, Imanol Pradales ha abogado por «construir una memoria de país, inclusiva, que supere la miopía del ‘nosotros’ frente al ‘ellos’», para evitar «la instrumentalización del sufrimiento». Ha subrayado que «aunque quisiéramos pensar lo contrario, siguen vivos el sufrimiento y el dolor. Sigue viva la larga huella que dejó la guerra, la dictadura, el terrorismo, la persecución o la tortura».

«Cada día tenemos que seguir alimentando la memoria. Una memoria honesta y constructiva que nos ayude a avanzar. Memoria crítica que reconozca, sin tibieza, que el dolor causado por todas las formas de violencia es injusto. Y una memoria terapéutica que busque la empatía con todas las víctimas», ha destacado, para concluir con un mensaje a los jóvenes «que no conocieron los tiempos oscuros de nuestro país. Que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo aporta un sufrimiento infinito. Que la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores».

Ausencia del PP

Muy diferente ha sido la postura del presidente del PP en la CAV, Javier de Andrés, que no parece estar dispuesto a reconocer a todas las víctimas. «La exigencia ética hacia aquellos que causaron tanto daño se tiene que mantener, tiene que estar presente, y no tiene que diluirse con otras violencias, otras circunstancias que son completamente distintas», ha señalado en alusión a ETA.

«Nosotros vamos a seguir, firmes y convencidos de que es imprescindible mantener un suelo ético, una exigencia ética integral», frente a la «laxitud con la que otros partidos se conforman y diluyen responsabilidades», ha concluido, sin reparar en que cargos de su partido sí que han estado presentes en el acto organizado por el Ayuntamiento de Donostia. 

 

 

 

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La Tortura es Violencia Estatal

Desde Naiz traemos a ustedes la cobertura que se hace de las declaraciones del abogado Iñigo Iruin con respecto a la responsabilidad insitucional del estado español en lo que se refiere a los casos de tortura.

Aquí la información:

Iruin: «La tortura no es violencia policial, es violencia de Estado con sus tres poderes»

Iñigo Iruin lleva 45 años de ejercicio como abogado y en ese tiempo nunca ha visto a un juez o fiscal acudir a comisaría a interesarse por un detenido que era torturado. Este dato elocuente se incluye en el análisis de cómo ha funcionado esta lacra, este jueves en la jornada internacional de Iruñea.

Ramón Sola

La Red de Personas Torturadas de Nafarroa ha celebrado este jueves su conferencia internacional anual, en Iruñea. En la sesión, un testimonio irlandés, el de John Finucane, abogado al que NAIZ ha realizado una entrevista que se publicará próximamente, y otro vasco, con capacidad de mirada larga y profunda sobre la tortura: Iñigo Iruin.

Su análisis ha puesto perspectiva –y además detalle y ejemplo– a «un binomio: tortura e impunidad». Partiendo de una idea, con la que ha querido rebatir la opinión de un catedrático en la reciente mesa redonda de Gogora sobre el atentado del Hotel Monbar: «La tortura no es violencia policial, es violencia de Estado. Intervienen los tres poderes y hay una decisión de Estado. Y cuando un Estado toma una decisión de torturar, busca además que sea jurídicamente inexistente: que no haya pruebas, que no se llegue a los tribunales. Así que el Estado hizo un plan que le permitía esta impunidad». 

En ese plan confluían los tres poderes, algo que ha comenzado a diseccionar Iruin partiendo por el legislativo. Se impuso un «diseño legal con un tronco común: la incomunicación. El Tribunal de Estrasburgo siempre lo subraya en sus decisiones: son detenciones incomunicadas».

Las normas se van adaptando a las necesidades. Así, hasta 1983 ni siquiera había un letrado que asistiera al detenido; después sí se permitió, pero de oficio y sin acceso al espacio de detención. Ha apuntado aquí la cobertura permitida por la Ley de Secretos Oficiales, dado que se usa para negar la identificación de los policías y guardias civiles. Así, se dio el caso de un proceso en que hubo condena al instructor y al secretario del atestado, pero no a los agentes, al no saber quiénes eran. «El caso de Mikel Zabalza también es evidente: se utiliza la Ley de Secretos Oficiales para no responder a los requerimientos del juzgado de instrucción. Primero no se responde y luego se dice que no hay información», ha explicado.

Hay más leyes destinadas al mismo horizonte final. Empezando por el propio Código Penal: «En el de 1973 la palabra ‘tortura’ ni existía y además las penas eran muy benignas». O la ley de fondos reservados, utilizada para «premiar a quienes participan en actos de tortura».

En cuando al Poder Ejecutivo, Iruin ha citado algunas declaraciones públicas en que se reconoce más o menos explícitamente el aval de los gobiernos a la tortura. Hace ahora tres años, el exministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch reconoció en ‘El Español’ que «en Interior se permitía la tortura y que con él se acabó, lo que no es cierto». De aquella época, es conocido el episodio en que su mano derecha, Margarita Robles, se reunió con «mandos antiterroristas al llegar al cargo, en 1994, y la cuestión que se le planteó es si iban a poder seguir trabajando ‘con red’. Era el eufemismo que se usaba entonces para aludir a ‘protección’». Este blindaje se prolongaba luego con indultos o condecoraciones, ha recordado Iruin.

El Ejecutivo, eso sí, no se pillaba las manos. Para ello dejó la macabra práctica en manos de «unidades especiales antiterroristas de Policía y Guardia Civil. Eran unidades que trabajaban con absoluta autonomía y de manera totalmente antirreglamentaria, al margen de las normas y de la jerarquía del propio cuerpo. El escenario del horror era clandestino», ha resumido.

Como efecto, surge una «frontera» o «barrera» entre «la actuación policial y el Poder Judicial, hay una imposibilidad de acceso». Ha detallado el caso de Intxaurrondo, que conoce muy bien por experiencia propia: «Allí no había libros de registros, ni de entrada y salida de detenidos, ni hojas de servicio… De tal manera que cuando el 12 de diciembre de 1985 el juez que estaba investigando lo que aún era la desaparición de Mikel Zabalza se desplaza a Intxaurrondo, les pide la documentación y se encuentra con que no hay absolutamente nada. En el caso de Zabalza yo solo conseguí dos documentos: el de entrada y registro en su domicilio y el acta en que presuntamente se le leen sus derechos, ¡no había más!».

La tercera pata es el sistema judicial, con el que el abogado vasco ha chocado obviamente una y otra vez en estas décadas. La primera falla se produce cuando los cuerpos policiales «no esperan a la decisión judicial para detener. El control de los primeros momentos es absoluto por su parte, lo que les permite también generar las condiciones para la impunidad posterior».

Se continúa con «la absoluta pasividad de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional», una «dejación de funciones» que se resume en el axioma «ya irá el forense a visitar al detenido. Y el juez a veces ni mira esos partes», ha añadido.

Le ha seguido una revelación potente: «No he conocido nunca un juez que se haya personado en dependencias policiales en base a denuncias de maltrato, aunque es una obligación. No lo he conocido nunca en 45 años de ejercicio profesional. El único fue en el caso de ‘Egunkaria’, por una solicitud de ‘habeas corpus’ tuvo que ir a un hospital a ver a uno de los detenidos. Al detenido muchas veces no se le deja ni narrar, se le dice que eso será competencia de otro juzgado y que ahí está solo para deliberar un delito de terrorismo».

¿Y cuál es la actitud de los jueces a los que les corresponde investigar torturas en tribunales territoriales, más allá de los instructores de la Audiencia Nacional? «Hay algunos patrones que recogen las condenas de Estrasburgo por no investigar –ha certificado Iruin–. En primer lugar, solo se reconocen las señales físicas de los informes del forense, no las afecciones síquicas. En segundo, a la única persona a la que se interroga es a la forense para que ratifique su informe, no se quiere conocer el relato de hechos del torturado. Y además no se practican diligencias, por ejemplo para identificar a los policías y guardias civiles».

Un último apunte en que este bloque ha sido para los fiscales, que «no hacen absolutamente nada. No he visto un fiscal que se haya desplazado a una comisaría cuando llegan informe de malos tratos a detenidos. Eso sí, para permitir la incomunicación, siempre tres líneas de manera automática».

Un sistema que ‘aprende’ para perpetuarse

«En resumen: tres poderes interactuando para posibilitar la impunidad de la tortura». ha concluido Iruin. Y a partir del diagnóstico, los datos objetivos, resumidos en los informes oficiales de los gobiernos de Lakua e Iruñea: «Miles de denuncias de tortura y solo 20 sentencias firmes de condena, que además se refieren a hechos entre 1979 y 1984 con la única excepción de Kepa Urra (1992). Es decir, quitando este caso en los últimos 41 años no hay constancia en los tribunales españoles de que se haya torturado a algún ciudadano vasco», ha dicho Iruin como dato palmario.

Se ha detenido un momento para profundizar en ello. ¿Por qué sí fue posible condenar, aunque con cuentagotas, entre 1979 y 1984? «Porque los detenidos aún no eran trasladados a Burgos ni a Madrid, se quedaban en dependencias en Euskal Herria. Por eso correspondía investigar a los juzgados de Donostia, de Bilbo… Intervenían los forenses de estos juzgados de aquí y sus informes eran mucho más concretos y detallados».

«Luego, aprenden y toman determinadas medidas. ¿Por qué se consigue condenar en el caso de Juana Goikoetxea, Olano… y luego no? Porque entonces agredían y lo hacían sin cubrirse la cara. ¿Qué hacen luego? Encapuchar al detenido, y mandar a los detenidos a Burgos primero y Madrid luego para que los forenses de aquí no investiguen», ha añadido. Otro ejemplo claro de la distorsión que supone alejar de Euskal Herria las pruebas y las diligencias es el posterior de Igor Portu y Mattin Sarasola, en 2008: en ese caso las pruebas forenses se hacen en Gipuzkoa y el juicio en Donostia, lo que deriva en condena, pero luego el Supremo la anula desde Madrid.

Entre los «casos flagrantes» ha citado el de la urnietarra Gurutze Iantze (1993), apuntando que «el informe de la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco es brutal, manifiesta claramente que hay una negligencia médica, se limitaron a escucharle por teléfono el dolor que se sentía, la forense no se desplazó a Tres Cantos, no fue enviada a un hospital, le recetaron un mucolítico para bronquitis.… y al final falleció»

Preguntado por su sensación a nivel más personal sobre todo esto, Iruin ha reconocido «la impotencia del Derecho frente a la tortura», y en paralelo, «la impotencia del Estado de Derecho frente a la razón de Estado. Y es que incluso los procedimientos judiciales son utilizados por el propio Estado, por un lado para mantener que la tortura es un residuo del pasado, algo obra de unos policías cualesquiera, y por otro para mejorar sus propios procesos –ha constatado–. ¿Renunciamos entonces a los procedimientos penales? Por supuesto que no, hay que seguir en la pelea como estáis vosotros, pero siendo conscientes de cómo va actuando el Estado», ha planteado.

Iñigo Iruin había abierto su intervención saludando el trabajo de la Red: «Es digno de aplauso. Uno de los objetivos de la tortura es inhibir a la gente y está claro que no lo han conseguido. Estamos viendo los frutos además continuamente: el documental de Sakana ‘ArgHitzen’, las declaraciones de la presidenta Chivite…»

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Sola | Ertzaintza ¿Víctima o Multirreincidente?

Les recomendamos la lectura de este excelente reportaje por parte de Ramon Sola acerca de ese cuerpo represivo español con label Basque Country, mismo que ha sido publicado en Naiz:

Ertzaintza, ¿víctima o multirreincidente?

Pasados 14 años del fin de la acción de ETA, algo no ha cambiado: el polémico modo de actuar de la Ertzaintza. A las cargas con heridos graves se suman oscurantismo, connivencia con la ultraderecha y chantaje a sus mandos políticos. Zupiria tampoco ha enderezado la deriva. Estos son los datos.

Ramon Sola

El operativo del 12 de octubre en Gasteiz ha hecho rebrotar la polémica sobre la Ertzaintza. Cuando al inicio de la pasada década desapareció el factor de los atentados de ETA y se produjo la conmoción por la muerte de Iñigo Cabacas, pocos habrían pensado que llegado 2025 ese modelo policial seguiría intacto. Hay actitudes anteriores que se mantienen (cargas, escándalos…). Otras se han hecho perennes (conexiones con la ultraderecha, privilegios...) Y algunas parecen empeorar (presiones al Ejecutivo).

Este es un recopilatorio de hechos recientes, sin pretensión de exhaustividad: son todos los que están, aunque obviamente no están todos los que han sido. Un catálogo conveniente para responder a estas preguntas muy presentes en el debate político: ¿Hay motivos para criticar a la Ertzaintza? ¿Se le ataca injustamente o ataca injustamente? ¿Puede cambiar? ¿Debe cambiar?

Cargas con heridos

A Aritz Ibarra la Ertzaintza le partió la boca, literalmente, hace tres semanas en Gasteiz: rotura de mandíbula, extracción de un diente y desplazamiento de otros dos. No fue el único; se contaron en total unos 30 antifascistas heridos con fracturas, equimosis o laceraciones. Tampoco es un caso aislado este último año. A Iker Arana le extirparon un testículo también por un pelotazo de foam durante el desalojo del gaztetxe de Errekalde, en abril pasado. Doce meses antes, Amaya Zabarte sufrió graves heridas en la cabeza, que le dejarán secuelas de por vida (microhemorragias en el cerebro), en una carga en Donostia antes del Real Sociedad-PSG. 

Son al menos tres heridos muy graves en apenas año y medio. Zabarte no vio el impacto, pero tanto Ibarra como Arana sí constatan, y las imágenes lo atestiguan, que se les disparó a bocajarro y a zonas especialmente vulnerables del cuerpo.

Viene de antes. A la pandemia le sucedió un repunte en cascada de estas cargas de la Ertzaintza. Al secretario general de Industria de CCOO, Javi Gómez, la Ertzaintza le rompió el tabique nasal de un porrazo en una protesta en PCB en Ezkerraldea en 2021. Apenas semanas después, varios trabajadores de Tubacex resultaron heridos en dos acometidas.

Con apenas 16 años, Xuhar Pazos perdió la visión un ojo a consecuencia de un proyectil disparado en los carnavales de Tolosa de 2024. Antes, otro impacto había roto la mandíbula a Nahuel Gómez, camarero de la Parte Vieja, el día grande de Donostia de 2021. La misma lesión sufriría una de las víctimas de la carga contra la manifestación del 3 de Marzo en Gasteiz este pasado año. Y hubo dos jóvenes hospitalizados cuando la Policía autonómica arremetió contra una movilización de Ernai en Bilbo en 2021, en este caso a porrazos.

Algunos de estos hechos han generado anuncios de investigación interna que luego no han llegado a nada. Varios siguen judicializados, pero sin sentencia. Entre medio, y pese a la constatada peligrosidad de las pelotas de foam, sindicatos de la Ertzaintza siguen añorando las de goma y la Brigada Móvil continúa entrenándose con este material «como recurso de ‘última ratio’».

Oscurantismo

Estos hechos han trascendido siempre por denuncias de sus víctimas o vídeos anónimos, nunca por comunicación oficial. Así ocurrió incluso con una actuación de la Ertzaintza que concluyó con una persona fallecida, Eneko Valdés, en Astigarraga en 2024, en lo que pareció un caso de mala praxis policial.

Este 2025, tuvieron que pasar tres semanas para conocer que Karen Daniela Agredo había sido hospitalizada y sufre secuelas graves tras una detención por la Ertzaintza en Donostia. En este caso sí hubo un atisbo de autocrítica: el consejero Bingen Zupiria admitió que debió ser ingresada antes y que no encontraba explicación para ello.

Sin salir de Donostia ni de esta década, nunca se ha aclarado por qué se precipitó al Urumea un vehículo policial en diciembre de 2020, con un agente fallecido, aunque el propio Zupiria (entonces portavoz de Lakua) habló inicialmente de «un cúmulo de fatalidades».

Connivencias con la ultraderecha

El operativo de Falange deja otra constatación inquietante: las imágenes y testimonios que afirman que ertzainas cooperaron directamente con los ultras. A posteriori se ha anunciado un expediente al promotor del acto, pero esa mañana ni se cargó ni se detuvo a ningún falangista.

Más connivencias: «Vamos a estar aquí, si la cosa se pone fea nos pegáis un toque», le dice un ertzaina a Dani Esteve, jefe de Desokupa, en un desahucio al estilo matonil en 2021 en Abadiño. El consejero Josu Erkoreka negó tajantemente que hubiera compadreo. Antes también desmintió o quitó hierro a las imágenes sobre uso de simbología ultra por parte de ertzainas. Su sucesor Zupiria ha confirmado que no existe ningún expediente por tatuajes, pulseras y demás.

Drogas, violencia machista, agresiones...

Un ertzaina dio positivo por drogas esta pasada semana en una persecución en Etxebarri. La noticia generó más humor que inquietud, pero pocas bromas con esto: dos ertzainas han sido condenados en setiembre a seis y siete años de cárcel tras hallarles 54 kilos de cocaína en Galdakao. Otro aceptó en Donostia 18 meses de prisión por prometer ayuda a un detenido a cambio de droga (la Fiscalía pedía seis años). Ambos casos son de este 2025.

En la misma ciudad, el verano pasado trascendió la detención de un ertzaina acusado de intento de homicidio contra su esposa en Txomin Enea. Luego se supo que se había registrado como mujer, por lo que se pasó a investigar si acaso pudo cambiar de género fraudulentamente para evitar condenas por violencia machista. No se ha sabido más.

En este capítulo de situaciones que van más allá de las cargas encaja la condena en 2023 a un ertzaina por agredir en la comisaría de Getxo a Silvia, una mujer racializada. Fue decisivo un vídeo que salió a la luz pública y acreditó las bofetadas y puñetazos, aunque luego solo se le impusieron seis meses.

Revuelta contra el Ejecutivo

Los casos citados hasta ahora tienen un hilo conductor con muy contadas excepciones: el amparo del Departamento de Seguridad a sus agentes. Ello contrasta con la agresividad creciente de la Ertzaintza contra sus mandos políticos.

La dinámica, tanto asindical (‘Ertzainas en Lucha’) como sindical, iniciada en 2023 amenazó directamente con boicotear el paso del Tour por Euskal Herria. Retó al lehendakari Urkullu reprochándole «soberbia» y «chulería» tras una intervención en Arkauti en la que alertaba de que la Ertzaintza «no puede perder el respeto de la sociedad». Señaló directamente en sus pancartas, fotos incluidas, a responsables como la directora de Recursos Humanos Izaskun Urien. Y cortó el paso al tranvía en Gasteiz mientras sus compañeros uniformados no actuaban, sino que aplaudían desde la acera.

Erkoreka se marchó impotente ante este ‘motín’. Zupiria fue elevado a consejero por sus capacidades, aparentemente más útiles para enfriar la temperatura en torno a la Ertzaintza, pero también ha sido ‘quemado’ rápido por los sindicatos, que le reprochan operativos concretos.

El ejemplo más palmario de que la situación interna sigue revuelta ha sido la crisis en Arkauti, donde su mano derecha, Miren Dobaran, ha dimitido como directora tras apreciar las resistencias a cambios, una crisis que se ha evitado explicitar. Ocurrió este verano, en paralelo a la noticia de que más de la mitad de los aspirantes habían suspendido la prueba de conocimiento.

En esta dinámica de desplantes a Lakua, sindicatos y exdirigentes de la Ertzaintza se han plantado contra la reciente admisión como víctima de Rosa Zarra, muerta en 1996 por un pelotazo en Donostia. Antes, en 2021, Esan ‘forzó’ al ‘Teleberri’ a rectificar una información sobre la realidad de los hechos.

350 euros más y 300 BMW

Especialmente en el sector de la Administración pública, hay otra cuestión relacionada con la Ertzaintza que ha molestado y enlaza con la anterior: el acuerdo entre el Departamento de Seguridad y la mayoría de los sindicatos policiales cerrado en abril. Incluye una subida salarial mínima de 4.200 euros al año (salen 350 por mes) con 2028 como horizonte. Se articula a través de pluses, bien aumentándolos –en algún caso hasta un 257% (dietas de Navidad)– o bien de nueva creación (el complemento de formación profesional que se ha denominado Arkampus). Ninguno de ellos supone realmente más trabajo, sino más bien al contrario, porque se han introducido otros beneficios en lo que atañe a la jornada laboral.

Este acuerdo fue engrasado con una medida previa: 300 coches BMW para la Ertzaintza con un gasto total de 24 millones de euros por parte de Lakua.

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