Voluntad Política

Les compartimos la editorial que Naiz ha dedicado al tema del reconocimiento oficial por parte de los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea de los casos de tortura, método de terrorismo de estado utilizado sistemáticamente por el régimen español en contra del pueblo vasco:

Si torturar fue una decisión política, reconocer y revertir la impunidad exige una voluntad a la par 

En el origen, hubo una decisión política para que los cuerpos policiales torturaran durante décadas y de forma sistemática a las personas detenidas en Euskal Herria. No hay otra explicación veraz. No fue, quizás, en una reunión con orden del día, o de manera explícita y documentada, pero sí una decisión consensuada por todos los estamentos implicados. Lo explican los informes criminológicos, y así lo denunció de nuevo ayer la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria.

Esa agenda torturadora se implementó en los cuarteles, se premió en el escalafón policial, se justificó en el debate público, se amparó en los juzgados y se tapó en los medios de comunicación. Esa decisión compartida caducó parcialmente en 2014, con el último caso documentado de torturas a ciudadanos vascos en el contexto del conflicto político. Sin embargo, no ha habido una decisión equivalente en sentido contrario: contra la impunidad, en favor de los derechos humanos y el reconocimiento de las víctimas.

No revertir lo sucedido tiene consecuencias. En primer lugar, para las personas torturadas, que exigen reconocimiento y un trato justo. En segundo lugar, para la sociedad vasca y su cultura democrática, que sigue lastrada por una memoria parcial que avala la irresponsabilidad. Por supuesto, la impunidad beneficia a todos los responsables de la tortura.

Hasta cierto punto, institucionalmente se ha asumido lo que todo el pueblo sabía: que se ha torturado a un número ingente de personas, que se ha hecho de manera salvaje y con total impunidad. Pero esa asunción es parcial y rebaja la gravedad de lo sucedido.

No haber aceptado la justicia transicional como marco general para la resolución se puede volver contra la parte más impune de un conflicto. Con dos agravantes: la violencia ilegítima ejercida por los Estados es siempre más grave; y la tortura no prescribe. Los lobbies españoles de la venganza, que responden a la misma disciplina contrainsurgente que hizo de la tortura estrategia, podrían revisar su impulso cruel.

Números que reflejan personas y vivencias

En su primer año de existencia, la Red de Personas Torturadas ha implicado a más de mil personas. Es una quinta parte de los casos certificados por vía forense o criminológica. Es impresionante y, a la vez, debe crecer hasta dar una imagen lo más real posible del fenómeno de la tortura en Euskal Herria.

El tiempo es un factor importante, porque muchas de las víctimas son mayores, o han muerto. Retrasar medidas y reconocimiento afecta a sus derechos. Asimismo, el apartado de la violencia sexista, que se ejerció especialmente contra las mujeres, es crucial para conocer la dimensión de la tortura.

Hasta el momento, se han reconocido oficialmente 71 casos en Nafarroa y 260 en la CAV; un total de 331 en el conjunto de Euskal Herria, en torno al 6% de los certificados. No avanza como debería, es evidente.

Lo que demandan es positivo y de justicia

La Red de Personas Torturadas exige al Gobierno de Lakua que reforme la norma para el registro de las víctimas del Estado, que amplíe el periodo y promueva que se garantice «un mecanismo integral de reconocimiento y reparación». Al Ejecutivo de Iruñea le pide que vaya más allá del franquismo y la transición.

Insisten en que «es tiempo de reconocimiento». «Si queremos construir en Euskal Herria un futuro basado en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y una memoria completa, es el momento de esclarecer por qué nos torturaron, quién autorizó esta práctica y cómo se permitió», sentenciaron ayer en la asamblea de Eibar.

Mientras llega el reconocimiento oficial, este colectivo se ha ganado el respeto social por su altura de miras y su voluntad de construir un país mejor.

 

 

 

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Segundo Grado para Garikoitz Aspiazu

Los españoles están un tanto cuanto sorprendidos de que el preso político vasco Garikoitz Aspiazu haya recurrido a la legislación española como parte de su reinserción a la sociedad.

Tanto él como decenas más podían haber accedido a dichas medidas contempladas por el andamiaje jurídico español de no ser porque contra ellos se han aplicado medidas de excepción, mismas que, paradójicamente, son los que los califican como presos políticos y no como presos comunes.

El caso es que dichas medidas les fueron negadas sistemáticamente, o han sido recurridas por las instancias del régimen tras haber sido concedidas. Lo anterior en detrimento del componente de Reinserción que forma parte del proceso de DDR de ETA.

Así que, establecido lo anterior, les compartimos la información provista por El País:

Txeroki sale de prisión en régimen de semilibertad tras el permiso concedido por el Gobierno vasco

El exjefe de ETA podrá salir de lunes a viernes, pero tendrá que volver a la cárcel para pasar las noches

El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, ha salido este lunes, poco antes de las ocho de la mañana, de la prisión de Martutene, en San Sebastián, según ha informado Europa Press. Su salida tiene lugar después de que el Gobierno del País Vasco le concediera un permiso para estar de lunes a viernes fuera de la cárcel, aunque con la obligación de dormir en el centro penitenciario.

La autorización se produce a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel donostiarra, que planteó la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida de semilibertad no supone alcanzar el tercer grado, sino que se trata de una fórmula intermedia de la que se han beneficiado otros condenados por terrorismo.

Las fuentes consultadas por EL PAÍS precisan que es una modalidad del segundo grado que se contempla para que los reclusos puedan preparar su incorporación a la sociedad a través de un trabajo en una empresa o de actividades de voluntariado.

Aunque el exjefe de ETA ya disfruta del permiso autorizado por el Gobierno vasco, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá que emitir un informe no vinculante sobre la medida. Finalmente, será el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de dicho tribunal el que deberá determinar si puede disfrutar o no del mencionado permiso. Si lo deniega, quedará sin efecto.

La medida de semilibertad tiene lugar después de que Txeroki fuera trasladado en 2024 desde la prisión francesa de Lannemezan al centro de reclusión de Martutene. En 2011, fue condenado a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional; en Francia cumplía varias penas que suman más de 30 años.

En 2015 fue condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión por ordenar un atentado con coche bomba perpetrado el 26 de agosto de 2007 en Oropesa (Castellón). Tres años después, volvió a ser condenado en España a 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero.

El Gobierno vasco ha concedido 111 terceros grados a presos de ETA desde que en octubre de 2021 asumió la competencia de la gestión de las tres cárceles vascas, según una respuesta parlamentaria de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, a una pregunta de la única representante de Vox en la Cámara autonómica, Amaia Martínez. Según el recuento realizado en octubre pasado, en las prisiones vascas había 119 reclusos de la banda terrorista (104 hombres y 15 mujeres). El centro penitenciario acogía a 53 presos, la de Martutene 44 y la de Basauri (Bizkaia) 22.

 

 

 

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Agur eta Ohore Juanje

Euskal Herria ha tenido que decir adiós a uno de sus guerreros más incansables, Juanje Soria.

Les traemos el obituario que Naiz le ha dedicado:

Juanje Soria, adiós al abogado de mil causas (algunas ganadas)

Ramon Sola

Bromeaba con que era «el abogado de las causas perdidas», pero Juanje Soria Gulina ha ganado muchas de ellas. Y sobre todo, la de la solidaridad y la amistad. Este sábado se ha conocido su fallecimiento.

Su huella queda en casi todas las peleas sociales y políticas de Nafarroa de las últimas décadas. Con mención especial a la de la insumisión; entre los 80 y 90 fue abogado defensor de muchos de quienes lideraron aquella pelea que acabó en victoria primera contra la Prestación Social Sustitutoria y luego contra el propio servicio militar español. Algunos de quienes estuvieron presos lo han recordado con cariño y agradecimiento.

Esto es lo que decía él mismo en la inauguración del Parque de la Insumisión en Iruñea en 2018, recordando aquella lucha en que «había veces que había que perder» como inversión para el futuro.

Como citaba el mensaje de Juan Kruz Lakasta, Juanje Soria fue también el abogado de Solidarios con Itoitz en sus incansables peleas contra el pantano, incluida la causa por el corte de los cables que llevaban el hormigón a la presa en 1996.

De ahí saltó, casi de modo natural, a una implicación intensa contra los macrojuicios políticos, tanto en la plataforma que combatió el 18/98 como en Eleak. Por ejemplo, se encargó junto a Expe Iriarte de leer el comunicado final en esta manifestación en Iruñea en 2011.

Para entonces, a los casos civiles que llevaba ya sumaba otros con importantes connotaciones políticas en la era de los gobiernos de UPN, como los relativos al euskara. Y aquí también con algunas victorias: en 2010 ganó un pleito al Gobierno Sanz tras la negativa a considerar como mérito el conocimiento de la lengua en un concurso de enfermería. En este mismo ámbito, defendió a responsables de AEK cuando fueron citados por la Audiencia Nacional en un sumario de Baltasar Garzón que intentaba ligarlos con ETA, allá por el año 2000.

Bonachón por aspecto y buena persona por naturaleza, Juanje Soria era de los que nunca sabía decir que no. O no quería. Y así ha ido acumulando causas. Causas judiciales primero y causas nuevas por las que luchar, cuando ya le llegó la edad de jubilación.

En los últimos años su aportación ha sido potente en el Foro Social Permanente, donde ha sido interlocutor habitual con el Parlamento navarro. Antes impulsó la iniciativa Tantaz Tanta por los derechos de las personas presas, en un momento en que la manifestación anual de enero estaba bajo amenaza de prohibición. Y dio varias charlas sobre Justicia Transicional cuando el concepto apenas era conocido en estas tierras.

También ha participado en iniciativas sociales como la denuncia del maltrato animal en Sanfermines, en esta carta pública en NAIZ este mismo año. O en la creación de medios alternativos como Ahotsa, uno de los que le ha recordado este sábado.

La defensa de las víctimas del Estado ha puesto colofón a estas décadas de trabajo incansable y contra vientos y mareas, pero siempre sin perder la sonrisa ni elevar el tono más de la cuenta. La Red de Personas Torturadas de Nafarroa se ha sumado a las condolencias con este mensaje.

 

 

 

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Tortura y Reparación

La tortura, ese crimen impune cometido miles de veces por el españolismo en contra de ciudadanos vascos.

De ellos nos habla este artículo de Gara compartido por Resumen Latinoamericano:

Estrategias «autogestionadas» para la reparación de la tortura

Personas que sufrieron torturas en Nafarroa por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participaron en un taller de cuidados y compartieron reflexiones sobre los malos tratos y los pasos a dar en términos de reparación. El estudio oficial, similiar al de la CAV, avanza en el herrialde, donde la tortura tiene más de mil caras.

Ibai Azparren

Desde la Red de Torturados de Nafarroa se subrayó la importancia de ofrecer espacios «seguros» para que las personas que han sufrido tormento físico o psicológico a manos de las FSE puedan ubicar lo vivido, dimensionarlo adecuadamente y encargarse del cuidado mutuo. Por ello, el pasado sábado organizaron un pionero taller con la colaboración de varios expertos dirigido a las personas supervivientes de esta práctica organizada y sistematizada.

Personas detenidas y torturadas en las décadas de los 80 y 90 compartieron diálogo con generaciones más jóvenes en este taller paritario que Roxika Iriarte, miembro de la Red, califica como «un primer paso». «Desde que pusimos en marcha la Red, un auzolan en definitiva, para identificar el número de casos de tortura que ha habido en Nafarroa, encontramos enormes resistencias por parte de mucha gente a la hora de ponernos frente al espejo y reconocer lo vivido; se identifican bloqueos emocionales», asegura.

Fue entonces cuando crearon un grupo de «cuidados» que cuenta con la ayuda de psicólogos especializados en este tipo de terapias. Maitane Arnoso, doctora en Ciencia Política y profesora e investigadora del Departamento de Psicología Social de la UPV/EHU, fue, junto a las psicólogas Olatz Barrenetxea y Jeannette Ruiz, una de las expertas que coordinó el taller, ideado para estimular la reflexión sobre las posibilidades de reparación, explica. Y añade que, por otro lado, «hemos querido estimular la reflexión sobre cómo puede exigirse una reparación oficial, pero también sobre cómo puede ser deseable pensar en estrategias autogestionadas de reparación».

Arnoso cree, asimismo, que es «fundamental» compartir con los y las demás la experiencia de la tortura, sobre todo debido a que una buena parte de la estrategia de esta práctica, del mecanismo empleado, estaba dirigido a «generar culpas individuales que machacan al individuo y en parte son responsables del silencio posterior». Cuando se comparte lo ocurrido, y se va comprendiendo colectivamente la estrategia de la tortura, «pueden desencadenarse procesos muy liberadores», afirma, a pesar de que «es obvio que existe el derecho al silencio, a no contar».

Primera fase

Existe una condena del Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) por «trato inhumano» y cuatro más por no investigar. Entre los años 1961 y 2012 ha habido personas torturadas de unas 80 localidades de Nafarroa. Ante esta situación, la puesta en marcha de una investigación fue una de las demandas crecientes por parte de la la Red de Personas Torturadas desde su fundación, y fue en junio cuando el Gobierno de Nafarroa activó un estudio oficial sobre la tortura para suplir un vacío evidente desde que en 2017 el Instituto Vasco de Criminología (ICAV) diagnosticara lo ocurrido en la CAV, recogiendo más de 4.000 casos. La Red estima que en Nafarroa fueron más de mil a lo largo de estas seis últimas décadas en las que la tortura ha estado presente en todos los territorios de Hego Euskal Herria sin distinción alguna.

En noviembre, la ICAV culminará la primera fase de la investigación que lidera, en la que se ha iniciado el peritaje y han sido entrevistadas varias personas que no se sometieron al Protocolo de Estambul. «Son entrevistas personalizadas en las que conectas emocionalmente y puedes hacer crack; muchos dicen que nunca han contado lo que vivieron de esta manera y eso supone abrir un melón, por lo que los cuidados son muy importantes», sugiere Iriarte para explicar la puesta en marcha del taller.

La ruptura que provoca la tortura se suele vivir como algo muy íntimo, y puede costar compartirlo, de ahí que, en un principio, pueda existir cierta dificultad para lograr que muchas víctimas concurran al proceso de ser reconocidas. «Cuando una milita en oposición al Estado, y aunque sepa que la tortura no es legal, sabe que el Estado no va a ser benevolente si le cogen y eso ha llevado a mucha gente a normalizarlo y no denunciarlo», señala Arnoso. Pero, además, «acudir a dejar tu testimonio a un espacio más o menos institucional que sabes que, en el fondo, te sigue señalando, cuando menos, como opositor político, tampoco debe ser sencillo», detalla.

El IVAC es «otra cosa», sostiene, pero matiza que «el deje institucional debe operar como resistencia». Con todo, destaca que el equipo es «meticuloso y fino», y espera que «pueda trabajar sin que se le pongan límites en lo que puede y no puede decirse». «El reconocimiento -y documentar que eso que ha sido sistemáticamente negado ocurrió- es indispensable», agrega, aunque cree importante que este tipo de trabajos vayan acompañados de una «identificación concreta de los responsables, de los mecanismos que se utilizaron y que hicieron posible que ocurriese, así como de recomendaciones de reparación que interpelen al Estado» español.

Además, la profesora e investigadora de la UPV cree que el Estado debería tener un compromiso con la difusión social. «No se trata sólo de hacer un informe del que se enteren las víctimas: luego hay que socializarlo, difundirlo, trabajar con él en las escuelas, en los barrios» en aras de convertirlo en una herramienta de trabajo comunitario para que realmente «se pueda reflexionar sobre la tortura como estrategia de control social y sensibilizar a la población de que no es una herramienta tolerable en una sociedad democrática».

El Estado español, en pañales

Iriarte contempla la investigación como un objetivo pero no como la meta final. «El informe debe ser una palanca para que haya reconocimiento, reparación y garantías de que no se repita lo sucedido», precisa. Pero, también, señala que es esencial para «poner sobre la mesa otros relatos» ante la adulteración los parámetros históricos y políticos del conflicto vasco, y completar «otra foto en la historia de Eukal Herria; no solo de cara al pasado, sino al presente, porque muchas que sufrimos torturas seguimos vivas, otras no, y necesitamos reconocimiento para vivir, porque vivimos con el mantra de la falta de pruebas y de la falta de credibilidad, algo que afecta psicológicamente».

A falta de reconocimiento por parte de las instituciones, podría parecer prematuro hablar de reparación, pero Iriarte indica que el proceso «no será lineal», sino contradictorio y enredado, y activar mecanismos como el taller pueden ser herramientas útiles ante esos bloqueos ocasionados por parte de las instituciones.

La justicia transicional brinda un marco constructivo en todo este ámbito, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde la resolución del conflicto. Implica, entre otras muchas cosas, reconocer el daño causado y la responsabilidad política. Arnoso ha participado, en ese sentido, en el estudio de las violaciones de derechos humanos en países como Chile y Argentina. «En los países del Cono Sur se han implementado políticas estatales de derechos humanos desde una perspectiva integral: han instaurado comisiones de la verdad, han juzgado a responsables, han acompañado con programas psicosociales específicos a los testigos en los juicios, han proporcionado indemnizaciones económicas a las víctimas, han pedido disculpas en nombre del Estado, hay museos, lugares y fechas conmemorativas donde recordar y aprender de lo que pasó. Aquí estamos en pañales», asegura.

En el Estado español, pero también en Euskal Herria, remarca Arnoso, existen «serias dificultades» para asumir la responsabilidad del Estado en la violencia que ha ejercido. «Lo que se asume es, en parte, la violencia perpetrada durante el franquismo, pero se invisibiliza la perpetrada en los años de democracia, porque los responsables ya no son solo los franquistas, sino otros a quienes no se está dispuesto a señalar -por ejemplo, la Policía autonómica-», subraya. «Está bien tomar medidas de reparación para las víctimas de ETA, pero el Estado no se hace cargo de las víctimas que él ha generado, que sería lo suyo», expresa.

«Falta más verdad y reconocimiento sincero, falta identificación de responsabilidades, garantías de no repetición, indemnizaciones, disculpas sinceras y un plan de formación extenso en derechos humanos, que incluya también poner en valor la movilización social y la militancia política como herramientas para el cambio social, que valide militar en espacios que cuestionen al Estado (y obviamente no hablo de ETA)», argumenta Arnoso. Y sentencia que «la literatura científica lo que nos señala es que los Estados que toman medidas de justicia transicional presentan mejores índices de respeto a los derechos humanos en el futuro».

Foto: Roxika Iriarte, sufrió torturas en el año 2010 y forma parte de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa | Créditos: Jagoba Manterola (Foku)

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Una Gran Lección en Iruñea

Les presentamos la editorial de Naiz dedicada a la manifestación llevada a cabo en Iruñea en favor de las víctimas del terrorismo de estado español en su modalidad de tortura.

El texto está impregnado por una reflexión muy importante.

Adelante con la lectura:

Las personas torturadas dan una lección y no adoptan la crueldad de sus victimarios

La manifestación de ayer en Iruñea supuso un paso importante en la denuncia de la tortura y, especialmente, en el reconocimiento a las personas torturadas durante las últimas décadas en Nafarroa. En ese tiempo, todo el mundo sabía que cuando las FSE arrestaban e incomunicaban a una persona, las opciones de que sufriese malos tratos eran muy grandes.

Una parte de la sociedad navarra sufrió esa amenaza, otra miró para otro lado, y no faltó quien justificó esta violación de derechos humanos. Los gobernantes asumieron aquella estrategia, permitiendo y cooperando en estos delitos. Solo así fue posible semejante barbaridad y solo así se puede entender la impunidad posterior. En la marcha de ayer hubo una relevante representación institucional y social, lo cual supone un cambio y tiene un gran valor.

Un sistema criminal organizado y engrasado

Bajo la «ley antiterrorista», el régimen de incomunicación permitía que, como mínimo, los policías amenazasen, golpeasen y atemorizasen a los detenidos durante días. De ahí en adelante, esas personas perdían todos sus derechos y caían en un sistema sofisticado de tormento. Los jueces lo facilitaban, los forenses lo permitían y los medios de comunicación lo ocultaban o lo justificaban. Se instauraba una versión oficial –«se ha autolesionado», «siguen la directriz de denunciar» o «existe un manual»– y se apuntalaba.

El objetivo de la tortura era romper a la persona, que se autoinculpase y culpase a otros de delitos que podían, o no, haber cometido. Un segundo objetivo era aterrorizar a la sociedad, en especial a la juventud y a sus familias, para que no «entrasen en política».

La tortura en Euskal Herria pasó por diferentes etapas, desde el salvajismo del franquismo hasta la barbaridad monitorizada del nuevo milenio. Se depuró el método, se sistematizó el tormento, se perfeccionó el encubrimiento. Más de 1.000 casos en Nafarroa, más de 5.000 en todo el país, sin un solo torturador arrestado ni encarcelado.

Justicia transicional peculiar

Pero el objetivo ahora, lo dicen los propios torturados y torturadas, no es volver atrás, sino mirar hacia adelante. En esta iniciativa no hay afán de venganza. Hay una voluntad de convivencia, y para ello defienden que hay que saber qué paso, tiene que haber un reconocimiento y una reparación. Esa es, además, la mejor base para que no vuelva a suceder.

Es un ejemplo peculiar de justicia transicional, porque no se basa en un acuerdo de resolución homologado por organismos internacionales, sino que parte de la voluntad y magnanimidad de las víctimas de la violencia estatal. Renuncian al punitivismo y apuestan por la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, lo que conforma una justicia ajena a la crueldad. La sociedad civil vasca vuelve así a demostrar imaginación, serenidad y perseverancia suficientes para desbloquear injusticias y convertir situaciones desoladoras en oportunidades para el país.

Mientras tanto, los poderes españoles siguen negando la evidencia, eludiendo su responsabilidad y sin asumir sus consecuencias. Antes podían justificarlo en la necesidad de atender a sus escuadrones de torturadores, en mantener la impunidad que les garantizaron en el marco del conflicto. Siempre olvidan que la tortura es un crimen de lesa humanidad y que no prescribe. Que si no cambian de estrategia, a sus soldados les aguardan aún décadas de incertidumbre.

Hace 25 años que la jornada de hoy se instauró como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Es hora de que todas las instituciones que violaron así los derechos humanos reconozcan lo que hicieron y ofrezcan una reparación justa. Hoy o, a más tardar, mañana.

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Solidaridad con Parot y Esnal

Europa entera ha guardado cómplice silencio con respecto a lo que los estados francés y español han perpetrado en contra de Ion Kepa Parot y Jakes Esnal.

Mediante trampas legaloides y argucias delirantes les han mantenido tras las rejas mucho tiempo después de lo que debió haber sido su liberación. Tanto París como Madrid se han confabulado para violentar todos los tratados en materia penitenciaria, eso sí, honrando a Nelson Mandela cada vez que les es posible, en el paroxismo de la hipocresía.

Pues bien, Naiz nos comunica algo a este respecto en tono positivo, aunque aclaramos, no tiene que ver con la acción y la omisión de los estados, sino con el compromiso de la sociedad organizada.

Lean:

Responsables de la Liga de Derechos Humanos demandan la libertad de Esnal y Parot

Dos voces de referencia de la Liga francesa de Derechos Humanos, su presidente Malik Salemkour, y su presidente de honor, Henri Leclerc, han hecho suyo el artículo escrito poco antes de morir por Michel Tubiana, en demanda de la libertad de los presos vascos Ion Kepa Parot y Jakes Esnal.

Maite Ubiria

«Llamamos a recuperar la inteligencia, del corazón y de la razón; llamamos a no aumentar los dramas de pasado, a no hacer la opción del odio, ya que de la puesta en libertad de Jakes Esnal y de Ion Kepa Parot, de sus vidas, depende la paz en el País Vasco».

El enunciado es obra del artesano de la paz y presidente de honor de la Liga francesa de Derechos Humanos (LDH), Michel Tubiana, fallecido en octubre de 2021.

El digital ‘Mediapart’ ha reproducido con fecha de 31 de enero ese escrito titulado ‘Optar por la paz es optar por la vida’, a cuyo pie aparecen las firmas de dos referencias actuales del reputado organismo civil, a saber, su actual presidente, Malik Salemkour, y su presidente de honor, Henri Leclerc.

En esa columna se da cuenta del camino recorrido desde que en 2011 callaran las armas de ETA y esa organización clandestina se desarmara, con el concurso de la sociedad civil en 2017, antes de desaparecer definitivamente un año después «haciendo la opción del compromiso con las vías políticas democráticas y el reconocimiento de sufrimiento causado».

«Junto a otras numerosas personas elegimos el campo de la paz y trabajamos para que cesaran las violencias engendradas por ese conflicto y para construir el camino a una resiliencia a la que apelamos con todas nuestras fuerzas», relatan los firmantes, que se declaran conscientes de que esos pasos eran las «premisas indispensables de un proceso de paz que está por construir».

Expresan los sucesores del fallecido artesano de la paz que «restablecer el debate democrático, dar a conocer la verdad sobre lo ocurrido y garantizar la justicia a todas las víctimas» constituyen un pilar indispensable para un proceso de paz.

Aunque también estiman como condición sine qua non para la reconciliación y el asentamiento de la paz «que se resuelva la situación de las personas condenadas, imaginando un tratamiento adaptado a cada caso y teniendo en cuenta el cambio de la situación».

«Persisten las señales de guerra»

«No sirve de nada hablar de paz si persisten las señales de guerra», remarcan los dos representantes de la LDH, organismo de la sociedad civil que, siendo independiente, tiene estatus de entidad consultiva ante el Gobierno francés.

«Dos hombres, Jakes Esnal y Ion Parot, de más de 70 años de edad, condenados por la Justicia francesa a cadena perpetua por graves crímenes cometidos en España, llevan más de 30 años encarcelados», explican a continuación.

«No comprendemos el ensañamiento de la Fiscalía anti terrorista que ha elegido la vía de la muerte legal y de la humillación», aseveran los dos representantes de la organización de defensa de los derechos humanos.

Sin obviar la alusión a la tortura que, dicen planea sobre algunos de los sumarios que conciernen a esos presos, la crítica a los entendimientos entre autoridades franco-españolas o el incumplimiento por Emmanuel Macron del compromiso con la paz que expresara en Biarritz en 2019, los firmantes consideran que esas actitudes no equivalen a una voluntad de «hacer justicia» sino más bien a la decisión de «remplazar la indispensable humanidad por una venganza destructora de toda esperanza».

«No seremos cómplices de una infamia»

«La Fiscalía antiterrorista, los jueces y la más alta representación de la República asumen la responsabilidad de hacer revivir los peores fantasmas de pasado al programar la muerte en prisión de Jakes Esnal y Ion Parot», denuncian los firmantes que ratifican la misiva del fallecido Michel Tubiana.

«No seremos cómplices de esa infamia», advierten, antes de demandar que se recupere «la inteligencia, del corazón y de la razón», y se acepte la liberación condicional a los dos veteranos presos vascos, a cuya suerte ligan los firmantes de la carta «el futuro de la paz en el País Vasco».

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Aukerak

Cuando hemos leído este titular en El País lo primero que hemos pensado es en la reacción que esta noticia va a causar entre los más cavernario de la fachongada. Ya desde la misma redacción del artículo podemos ver la negativa a abandonar fórmulas del pasado, mismas que ya han sido ampliamente rebasadas por un proceso de paz que se iniciase hace ya una década pero, principalmente, por un DDR de ETA acompañado por la comunidad internacional ante la incapacidad mostrada tanto por Madrid como por París.

Ya veremos como resulta el tema, sobre todo cuando las instituciones españolas decidan violentar la autonomía de la CAV en materia penitenciaria cuando de los presos políticos vascos se trate.

Lean por favor:

Euskadi crea una agencia penitenciaria que favorecerá la reinserción de todos sus reclusos sin distinciones

El Gobierno vasco asegura que valorará sin favoritismos la concesión de permisos a los 84 presos etarras y a los 1.281 internos restantes

Mikel Ormazabal

El modelo penitenciario que el Gobierno vasco ha puesto en marcha en los 100 primeros días de gestión incluye la creación de una oficina encargada de favorecer la reinserción social de los 1.365 reclusos, incluidos los 84 presos de ETA, que cumplen condena en las tres cárceles vascas. La denominada Agencia de Reinserción Social Aukerak (Oportunidades, en euskera) tiene el cometido de favorecer la resocialización de los internos con el objetivo de que el 40% de estos pueda hacerlo en situación de semilibertad. El Ejecutivo ha insistido en que la política de reinserción se llevará a cabo “sin excepcionalidades ni tratamientos específicos para colectivos específicos”, ha afirmado este miércoles la consejera vasca de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

En contra de lo que han venido criticando el PP y Vox, no habrá ningún tipo de distinción ni favoritismo en las cárceles vascas, ha insistido Artolazabal al hacer un balance de los 100 días de gestión propia desde que el Gobierno de Urkullu asumió la competencia de las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene. Las decisiones sobre las progresiones de grado y los permisos penitenciarios para los reclusos, sean de ETA o no, se basarán en “criterios objetivos y científicos” y serán propuestas por las juntas de tratamiento de cada prisión, aunque la decisión final corresponde a la justicia, ha recordado la consejera.

De los 84 presos de ETA encarcelados en Euskadi (el 6,1% de la población reclusa), 36 están en la prisión de Álava, 24 en la de Bizkaia y 23 en la de Gipuzkoa. De ellos, 14 cumplen condena en régimen abierto, nueve se encuentran en libertad condiciones y los 61 restantes, en régimen ordinario. Un total de 28 reclusos de la banda (24 varones y 4 mujeres) participan en talleres de reinserción, 27 trabajan en las propias penitenciarías y un preso lo hace en una empresa externa.

La agencia Aukerak, con una plantilla de 17 personas, pretende intensificar la participación de los internos en programas de formación y, en última instancia, aprovechar sus “habilidades y conocimientos” para lograr su “inclusión sociolaboral”. La citada oficina, dirigida por Carlos Roy, ofrecerá a los reclusos talleres relacionados con la logística, la atención sociosanitaria, la hostelería, la dependencia o la artesanía.

La consejera Artolazabal también ha reiterado el deseo del Ejecutivo vasco de que se ponga fin a la política penitenciaria de excepción que, según ha dicho, se está aplicando a los presos de la banda terrorista. El 51% de estos se encuentran ya cumpliendo sus condenas en las cárceles de Euskadi y Navarra, y ninguno lo hace en centros penitenciarios más alejados de Madrid tras la política de traslados que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018. Artolazabal ha manifestado que cualquier preso que sea trasladado al sistema vasco, “tendrá que asumir, sea cual sea su delito, los códigos y el reglamento establecido sin distinciones ni para beneficiar ni para perjudicar” a ningún interno.

 

 

 

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Presos y Justicia Restaurativa

Pasos en positivo han sido anunciados por Lakua con respecto a los presos políticos vascos.

Suponemos que esto no agradará ni al vascófobo Alejandro Toquero ni a su comparsa Carlos Iturgaiz, furiosos ante las movilizaciones convocadas por Sare.

Traemos a ustedes la información desde Público:

El Gobierno Vasco blindará el fin de la política penitenciaria de excepción contra los presos de ETA

El Ejecutivo autonómico facilitará la justicia restaurativa, de manera que podrán acceder a regímenes de semilibertad. Se trata de un paso más dirigido a fomentar la aplicación de medidas ordinarias a los reclusos de ese colectivo.

Danilo Albin

Euskadi será testigo y protagonista de los cambios sustanciales en la política penitenciaria que se aplica contra los presos de ETA. Con la competencia de gestión de Prisiones ya transferida, el Gobierno que dirige Iñigo Urkullu recurrirá a la justicia restaurativa y fomentará que los reclusos puedan acceder a medidas de semilibertad, una medida que, en última instancia, dependerá del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Los cambios que el presidente Pedro Sánchez anunció en el verano de 2018 se han acelerado durante los últimos meses. El Gobierno señaló entonces que se aplicaría otra política penitenciaria, ajustada al nuevo escenario sin ETA.

En una primera etapa apenas hubo acercamientos u otras iniciativas legales dirigidas a desactivar esas medidas de excepción que, encuadradas en la lucha antiterrorista, se aplicaban contra ese colectivo de presos desde los años ochenta.

Tras la conformación del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, los tiempos cobraron otro ritmo. A día de hoy, 79 presos han sido acercados a cárceles vascas. Otros 12 están en Navarra, mientras que 84 se encuentran en centros penitenciarios ubicados en la mitad norte de España.

Salvo 10 presos que se encuentran clasificados en tercer grado, el resto se encuentra en segundo grado. Esto último supone también un cambio: hasta hace apenas unos meses la mayoría seguía clasificado en primer grado, el régimen más restrictivo.

De acuerdo a un artículo del diario El País, el Gobierno Vasco considera que "la política penitenciaria de dispersión no tiene sentido cuando ETA lleva diez años sin actividad", por lo que "los presos de ETA se incorporarán como un preso más". "El criterio para su traslado a cárceles vascas es el cumplimiento de la pena cerca de su lugar de residencia porque facilita su reinserción", señalan las fuentes citadas por ese periódico.

Movilizaciones en Euskadi

En ese contexto, este sábado tendrán lugar alrededor de 200 movilizaciones en Euskadi promovidas por la red ciudadana Sare, todas ellas organizadas con el objetivo de reclamar que se siga avanzando hacia el fin de la política penitenciaria de excepción.

Estos actos sustituyen a la movilización anual que se celebra cada enero en Bilbao en defensa de los derechos de los presos de ETA. La situación pandémica hizo que los convocantes readaptaran el formato para evitar las clásicas aglomeraciones que se producen ante este tipo de actos. En su lugar, habrá movilizaciones de carácter local en los municipios vascos.

En cada uno de esos escenarios se pedirá "el acercamiento de todos y todas las presas vascas, sin excepción y demora"; "el desbloqueo de la progresión de segundo a tercer grado" y del "disfrute de permisos penitenciarios y de la libertad condicional"; así como la "reivindicación de continuar avanzando en pro de la convivencia y la paz, con responsabilidad, respeto y empatía".

El acto más significativo tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Podemos Navarra participarán en un acto organizado por Sare. También estarán los sindicatos ELA, LAB, UGT, CCOO, CGT, CNT o STEILAS, entre otros. También habrá una representación de la Oficina del Ararteko (Defensor del Pueblo vasco), mientras que varias víctimas de la violencia "han manifestado su interés en asistir, como oyentes, a la mesa redonda", han anunciado los organizadores.

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Aiete, Hamar Urte

Desde Gara traemos a ustedes este artículo en el que se detallan las actividades que formarán parte del seminario titulado 'Aiete, Hamar Urte, Irakaspenak eta Erronkak' con el que la ciudad de Baiona hace eco de este hito. Y es que simplemente no nos podemos olvidar ni por un momento el papel que jugó la sociedad civil de Iparralde en el proceso de DDR de ETA como parte de los acuerdos logrados en Aiete.

Adelante con la lectura:

Una jornada en Baiona para revalidar el trabajo compartido en el proceso de paz

El seminario “Aiete 10 años, enseñanzas y retos” pivotará entre el palacio donostiarra que acogió la conferencia internacional que dio un impulso definitivo al proceso de resolución y la capital labortana, en la que en 2014 se aprobó la Declaración de Baiona, dos compromisos que han enmarcado la construcción de una paz justa en Euskal Herria.

Maite Ubiria Beaumont

Agus Hernán (Foro Social) y Anaiz Funosas (Bake Bidea) fueron los encargados de presentar, en una comparecencia organizada ayer en Hiriburu, las mesas de reflexión organizadas en la Cité des Arts de Baiona, dentro del seminario «Aiete 10 años, enseñanzas y retos».

Aunque el grueso del programa del décimo aniversario se desarrollará en el Palacio de Aiete los días 14 y 15 de octubre, también el Auditorio Henri Grenet de Baiona acogerá una maratoniana jornada, el día 16.

Ese encuentro servirá, de partida, al conjunto del arco político de Ipar Euskal Herria –a excepción de la extrema derecha, tampoco invitada al acto en Donostia– para «celebrar los avances» dados desde 2011, sin obviar «los obstáculos y retos pendientes», por citar los términos principales de la declaración de invitación al encuentro organizado, junto a Bake Bidea y Foro Social, por Conciliation Resources y Fundación Berghof.

Baiona, ciudad de referencia para los firmantes de una declaración de maduración de los compromisos de Aiete, adoptada en 2014, acogerá tres mesas redondas para evocar la retrospectiva, los retos pendientes y las oportunidades abiertas, no sin dificultades, por un proceso de paz cuya nomenclatura defendió ayer Anaiz Funosas.

La presidenta de Bake Bidea dio especial valor «al apoyo de la sociedad, al trabajo entre diferentes y al respaldo de la comunidad internacional» en que se sustentó esa vía vasca que debió imaginar nuevos modos ante la falta de implicación positiva de los estados. De ese recorrido plagado de obstáculos pero con unos cuantos retos superados, podrán dar testimonio los participantes en la primera mesa, que reunirá a varios protagonistas directos del encuentro de Aiete y también a representantes políticos que han asumido posteriormente un papel activo, especialmente en el seno de la delegación vasca que en 2017 abrió interlocución con el Ministerio de Justicia galo.

En ese panel echarán la vista atrás el presidente del Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos, el centrista Jean-Jacques Lasserre; el presidente de la Mancomunidad Vasca y representante de la UDI, Jean-René Etchegaray; la senadora y consejera regional del PS, Frédérique Espagnac; el también senador y consejero departamental por Les Républicains (LR), Max Brisson; el diputado e integrante de la mayoría legislativa macronista, Vincent Bru; el alcalde de Hiriburu y representante de EH Bai, Alain Iriart; y la exconsejera regional ecologista Alize Leizagezahar.

En la segunda mesa redonda, destinada a ahondar en la reflexión sobre lo realizado pero también a perfilar los retos de futuro tomará la palabra, junto a Funosas y Hernan, la socióloga Caroline Guibet.

El tercer y último panel explorará cuáles son las posibilidades de un proceso de paz, y en el mismo intervendrán el especialista en justicia transicional Brandon Hamber, el miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia Carlos Martin Beristain, y Jean-Pierre Massias, profesor de Derecho en la Universidad de Baiona.

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Justicia Restaurativa y Antipunitiva

Si por algunos sectores de la caverna españolaza, esa que lamenta el retiro de las estatuas de Cristobal Colón, a los presos los tendrían con grilletes en mazmorras sin iluminación y sin ventilación. Pero saben que el cheque en blanco por parte de eso a lo que llaman "comunidad internacional" contiene ciertas líneas rojas. Manteniéndose sin pasar esas líneas rojas, el régimen español ha logrado mantener en pie un modelo penitenciario represivo sin que nadie en la "comunidad internacional" siquiera levante una ceja.

Eso debe cambiar y ya. Es por ello que les compartimos este artículo de Naiz acerca de una propuesta muy necesaria si realmente se quiere avanzar por el camino de la paz y la reconciliación.

Adelante con la lectura:

Salhaketa reivindica un modelo vasco de justicia restaurativa y antipunitiva

La asociación de apoyo a presos y sus familias Salhaketa ha reivindicado que se aproveche la transferencia las competencias de Prisiones para plantear un debate y una «apuesta decidida hacia el desarrollo de un modelo de ejecución con orientación social».

La asociación Salhaketa de apoyo a las personas detenidas, presas, penadas, expresas y sus familias ha apostado por que en la CAV se aproveche la próxima asunción de la competencia penitenciaria para avanzar en la «progresiva eliminación del uso de la prisión, así como en la reducción de las tasas de criminalidad».

Salhaketa ha recordado que con la transferencia, que se hará efectiva este próximo viernes, lo que «en realidad se transfiere es la gestión económica y administrativa de las cárceles, pero no a las personas presas, que es el punto esencial».

Añade que la legislación y reglamentación (Código Penal, Ley Penitenciaria -LOGP- y Reglamento Penitenciario, etcétera) seguirán estando en manos del Estado español, «condicionando de esta manera la aplicación de medidas que afectan al cumplimiento de las condenas como el tercer grado, las libertades condicionales, etcétera».

También ha recordado que, los traslados de las personas presas, hacia dentro y hacia fuera de las cárceles de la CAV, siguen estando en manos del Gobierno español «y seguirá teniendo la última palabra en todos los casos».

Para esta asociación, este modelo «puede llevar a convertir el encarcelamiento de personas en un mero negocio del que cobren o se lucren entidades privadas o particulares. Por lo tanto, más de lo mismo».

«Si el Gobierno Vasco no se plantea un cambio total en el modelo de prevención y lucha contra el delito, en las medidas tanto para responder a las infracciones, como para la reparación y restitución a las personas victimizadas, se reproducirá el mismo patrón», ha añadido en un comunicado.

Salhaketa señala que con el traspaso de la titularidad de la competencia «cambiarán los rótulos, se maquillarán las mazmorras para seguir haciéndose lo mismo de siempre: que muchos vivan del negocio de tener encerradas, desesperadas o abandonadas a las personas presas, a las víctimas del delito y a sus familias».

Debate público

Por todo ello, Salhaketa ha emplazado a asociaciones que trabajan en el ámbito cercano a las cárceles, partidos políticos, sindicatos, instituciones como ayuntamientos, diputaciones y a toda entidad asociativa pública y privada, a «plantear un debate y una apuesta decidida hacia el desarrollo de un modelo de ejecución con orientación social que esté basado en la persona, haciéndose cargo de las personas presas residentes o con arraigo en la CAV».

En la misma línea, ha animado a abrir un debate público sobre qué modelo de policía se quiere en materia de seguridad y de prevención y lucha contra el delito y la criminalidad.

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168

Desde Facebook traemos a ustedes este reportaje publicado por Naiz en el que se da a conocer la postura por parte de Sortu con respecto al tema de los presos políticos vascos dentro del contexto de un proceso de paz que cumple ya una década y en la que se retoma, una vez más, la necesidad de implementar una estrategia de resolución que pase por un programa integral de justicia transicional.

Lean:

«168 presos tendrían que pisar ya la calle»; Sortu fija un reto clave para la convivencia

Una entrevista pública a Oihana Garmendia y Rufi Etxeberria ha remarcado un cambio de fase para Sortu en la cuestión de las personas represaliadas. Tras estos meses de desbloqueo, ven en Euskal Herria «voluntad y madurez» para afrontar excarcelaciones. Y ponen números a ese camino.

Tras una década desde el cambio de ciclo de Aiete, varios años de batalla legal de EPPK y un último curso de deshielo en Madrid, Sortu ve llegada la hora de afrontar un salto cualitativo que se puede resumir así: vaciar cárceles para llenar la convivencia, traer a exiliados y deportados para llevarse el pasado y sus ataduras. Y lo ha puesto sobre la mesa con propuestas concretas y números detallados.

De ello se han encargado Oihana Garmendia y Rufi Etxeberria en una sesión en Donostia retransmitida por streaming. La entrevista –realizada por Ion Telleria (NAIZ Irratia)– se enmarcaba en el Día Internacional de las personas presas por motivos políticos, este próximo sábado, cuando habrá movilizaciones en las capitales de Hego Euskal Herria. Además, Sortu marcó su posición en una comparecencia hace cuatro días, en la que incidió en la necesidad de soluciones políticas y con la convivencia como horizonte.

‘Presoen askatasunaren bidean, lorpenak eta erronkak’ era el título de la entrevista pública, por lo que ha tenido dos partes bien diferenciadas. Mirando a la segunda, presente y futuro, ambos han incidido en una premisa: culminar un escenario de «convivencia democrática» exige solucionar la situación de las personas represalias. Y es aquí donde viene el salto cualitativo, que Etxeberria ha propuesto afrontar «con todas las fuerzas», como anteriores etapas.

Enumerar las cuestiones que mantienen las cárceles es extenso. Garmendia ha recordado por ejemplo que la negativa a descontar condenas cumplidas en otros estados afecta a 50 presos, de los que 11 quedarían libres inmediatamente si se desactivara la artimaña con que se dejó sin efecto el criterio europeo.

Desactivando todo el cúmulo de excepcionalidades, tanto en la letra legal como en la práctica, Sortu concluye que «168 presos tendrían que estar pisando la calle», aunque solo fuera con permisos, puesto que han cumplido la cuarta parte preceptiva de la condena. Del mismo modo, a 134 les correspondería el tercer grado por haber superado la mitad y 63 deberían estar en libertad condicional.

La ley ordinaria debería llevar a casi todos a la puerta de casa

«La ley ordinaria debería llevar a casi todos a la puerta de casa», ha resumido Oihana Garmendia. Considera que en Euskal Herria «hay voluntad y madurez suficiente» para encararlo. Y añade que en Madrid y París pasaría por renunciar a las leyes de excepción, y también a lo que no está escrito: «Las prácticas, las inercias». Así, ha puesto en valor que cárceles con resonancias históricas como Herrera de la Mancha ya no tengan presos políticos vascos dentro, pero ha recordado que ello no supone que estén en casa, sino en otros penales.

¿Qué ocurre con quienes quedan fuera de este grupo? Garmendia ha dicho que en Sortu son conscientes de que la ley ordinaria no solucionaría hoy el problema de quienes tienen largas condenas y porcentajes de cumplimiento aún cortos, pero ha añadido que existen «esquemas internacionales de Justicia Transicional» en los que caben «excarcelaciones anticipadas». Se trata, en resumen, de «deshacer toda la arquitectura» construida durante décadas con una intención evidente, en palabras de Etxeberria, de «eternizar» la existencia de presos y otros represaliados políticos.

La vía legal y los compromisos de los presos

A este nuevo suelo se ha llegado con no pocas dificultades en la década transcurrida desde Aiete. La utilización de la vía legal aprobada por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa «está dando resultado», ha apuntado Rufi Etxeberria, citando efectos como la visualización de «la arbitrariedad de las políticas que se aplican» o el fomento de los lazos con agentes vascos. Y obviamente en estos últimos tiempos se ha probado que «es un camino válido» porque ha abierto las puertas a permisos, terceros grados…

Etxeberria ha querido matizar aquí que esta vía legal tampoco es estrictamente novedosa, porque siempre se ha practicado hasta el punto de que el Estado decidió centralizar la Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional para garantizarse así los rechazos a las peticiones de los presos. «Y esta es una realidad que hoy todavía tenemos enfrente», ha reconocido. Garmendia le ha añadido la actitud de Juntas de Tratamiento de ciertas cárceles que siguen en una lógica «de guerra», o la de fiscales y jueces que recurren y anulan lo que los presos van logrando. «El Estado profundo» se hace notar, ha apuntado la exprisionera.

La posición de los escritos de los presos tiene una profundidad política y ética evidente

Volvamos a enfocar la nueva fase. Con el salto cualitativo que se propone, ¿no se exigirá a las personas presas también un salto en su aportación? Rufi Etxeberria ha afrontado esta pregunta recordando primero que no solo EPPK puso por escrito su posición de reconocimiento del daño causado, sino que también la mayoría de los presos la han hecho suya, «por iniciativa propia y no precisamente en las mejores condiciones para ello». En sus escritos se comprometen con una acción exclusivamente política, asumen el daño causado y muestran su empatía con el sufrimiento de las víctimas, ha reseñado antes de concluir que «eso tiene una profundidad política y ética evidente».

«Ciertamente siempre se pide más, pero tras ello hay una intención política malvada», ha advertido, resumible en reproducir una y otra vez el esquema de «vencedores y vencidos». Le ha añadido una conclusión de perogrullo: no tiene legitimidad una posición cuando es impuesta por la fuerza, obligada.

En paralelo aflora la cuestión de los casos pendientes de esclarecer, sobre la que también se ha mojado Etxeberria. Ha recordado que la violencia no reconocida ni aclarada es sobre todo la estatal y se ha preguntado si cuando se formula esta cuestión se hace con ánimo constructivo o solo para «alimentar la represión. Lo que habría que llevar a cabo son políticas constructivas, que no encadenen a la sociedad vasca al pasado. La izquierda abertzale estaría dispuesta a hablar de todo el pasado, pero no solo ella tendría que hacerlo, también los demás, y habría que poner los mecanismos para ello. Los hay en el ámbito internacional. ¿Por qué no una Comisión de la Verdad en Euskal Herria?».

Por cierto, Etxeberria y Garmendia no solo han demandado soluciones para las personas presas sino también para las exiliadas y deportadas. El primero ha recordado la iniciativa de los exiliados políticos, que en realidad venía ya desde Lizarra-Garazi con un marcado carácter unilateral, y que se ha traducido en el retorno de unos 200 de ellos. Pero hay otros 42 que siguen atrapados por las «trampas» de la Audiencia Nacional al estirar los plazos de prescripción o negar información a los abogados.

«De la humanización a la resolución»

En cuanto a la primera parte, los logros, Etxeberria y Garmendia no solo los han limitado a la personas presas sino también a los agentes vascos que han ido empujando. Así han recordado cómo los estados incumplieron su parte de Aiete o respondieron a la apuesta legal de los presos activando la represión en un primer momento.

Por encima de ello emergió el convencimiento de la sociedad vasca y el protagonismo civil. Una de las resultantes es la interlocución abierta en París para esta cuestión (Etxeberria ha apuntado que ya hay vía de diálogo también con el nuevo ministro de Justicia) y de modo indirecto también el «desbloqueo» por parte del Gobierno español.

Sobre el mismo, Garmendia ha resumido que «se ha comenzando a humanizar la cuestión, pero no es suficiente; hay que resolverla». Y así ha vuelto a saltar de los logros a los retos, de la primera fase en marcha a la segunda por abrir.

 

 

 

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Es la Impunidad, Tontos

Esta editorial de Naiz le pone el punto sobre las íes a quienes por acción o por omisión permiten que se permite la impunidad con la que el régimen español ha premiado a sus represores y de paso, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una estrategia de resolución que incluya la puesta en práctica de la justicia transicional.

Lean:

El debate es la impunidad, no las condenas cumplidas

Ayer era el Día Internacional del Derecho a la Verdad y, sin embargo, algunas fuerzas vascas quisieron seguir con la tradicional hipocresía. En Madrid, el PNV demandó en el Pleno del Congreso que esta institución exija al Gobierno la desclasificación de documentos oficiales que podrían contribuir al esclarecimiento de la muerte de Mikel Zabalza. El PSOE, su socio en todas las instituciones vascas, respondió con una «enmienda Pilatos», en palabras de Aitor Esteban, en la que se limitó a desear un esclarecimiento y sostuvo que el Estado de derecho funcionó. Pura palabrería que no asume responsabilidades y garantiza la impunidad: que no se sepa la verdad sobre la tortura a detenidos vascos, que no se haga justicia y que no exista reparación. La tortura es la gran violación de derechos humanos pendiente de juicio en Euskal Herria.

Sin embargo, el PNV reutilizó el agua de la «enmienda Pilatos» y quienes protegen a los torturadores seguirán igual. Sin complejos, en el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Ellos, que no pueden con la tortura ni con la mentira. El nivel de exigencia que no tienen con el PSOE, lo reservan para los presos políticos vascos. Presos que cumplen íntegras condenas excepcionales y en condiciones inhumanas, que son recibidos por sus allegados como lo que son: entre otras cosas, supervivientes de una política penitenciaria criminal impulsada por PNV y PSOE. Presentar mociones en pueblos para criminalizar esos recibimientos, que no homenajes, y seguir, así, mirando al pasado y embarrando el futuro, es miserable. Asumen los mandatos de unas víctimas a la vez que ningunean a otras.

La solución real vendría de una justicia transicional que obligue a compromisos cruzados vinculantes, que priorice la verdad, la reparación de todas las víctimas y las garantías de no repetición, que mire adelante y piense en las siguientes generaciones. Esa sería si no fueran hipócritas y les importaran en serio la verdad y los derechos humanos.

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Por la Convivencia y la Pacificación

Este texto dado a conocer en el portal de Público va a levantar más de una ampolla.

Lean:

Euskadi: la derecha contra la convivencia

Luis Suárez-Carreño | Miembro de La Comuna

Aunque ETA dejó de actuar en octubre de 2010 (fue anunciado como ‘cese definitivo de actividad’), y se disolvió definitivamente en mayo de 2018, habiendo entregado sus arsenales a las autoridades francesas un año antes... aunque la rendición de ETA ha sido incondicional, es decir, sin contrapartida alguna… aunque los crímenes de ETA en su mayoría han sido investigados y juzgados, y sus culpables condenados… aunque éstos hayan cumplido sus condenas íntegramente sin reducción o beneficio penitenciario alguno… aunque las víctimas del terrorismo hayan recibido un reconocimiento y respeto público prácticamente unánimes… a la derecha española, en particular a su partido de momento hegemónico, es decir, el PP, todo esto no parece importarle demasiado ya que le estropea el discurso ‘antiterrorista’, parte sustancial de su programa demagógico más que propiamente político. Por ello la derecha hace como que nada de lo anterior hubiera pasado, como si ETA siguiera siendo una amenaza real, sus víctimas se encontrasen desamparadas y fuera necesario hacer diarias profesiones de firmeza justiciera o, más bien, vengadora.

Aclaro enseguida: el hecho de que los crímenes cometidos por ETA desde el fin de la dictadura, o más precisamente, desde la Ley de Amnistía de octubre de 1977, hayan sido en su mayoría castigados, y de que llevemos más de 10 años sin actividad de ETA, no reduce, a mi juicio, la importancia de aquellos hechos, la necesaria solidaridad con las víctimas, ni la condena que los mismos merecen. Considero particularmente significativo subrayar, por lo que luego explicaré, que soy firme defensor del ejercicio de la memoria democrática respecto a ese pasado, contrario por lo tanto a su olvido voluntarista –ingenuo o negacionista– interesado.

Sirva lo dicho como preámbulo para referirme a la iniciativa del Foro Social Permanente de Euskadi, impulsada por sindicatos, entidades sociales y personas a título individual, para construir un marco de paz postconflicto y sentar las bases de su no repetición. Entre los objetivos o mecanismos de reconciliación que se plantea ese proceso hay dos destacados: por una parte, el diálogo entre víctimas y victimarios; y por otra el acercamiento y el tratamiento humanitario de presas y presos de ETA. Ambos son atacados y en la medida de lo posible torpedeados por la derecha española.

Empezando por lo último: no debiera ser necesario explicar por qué las sociedades que se pretenden democracias avanzadas deben de tratar a sus presos y presas con humanidad y con políticas sobre todo rehabilitadoras. La doctrina internacional al respecto es ingente, pero baste citar nuestra Constitución, y concretamente su artículo 25, cuando en su epígrafe 2 dice: ‘Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social’.

De hecho, como se ha venido repitiendo –en esta misma columna, sin ir más lejos, en varias ocasiones–, el alejamiento geográfico de Euskadi y otras políticas revanchistas (más que penales o de justicia) aplicadas a los presos y presas de ETA –y, por cierto, también a sus familiares– y no solo son antihumanitarias, sino dudosamente legales. Su mitigación no debería ser noticia como proceso de normalización o enmienda de una situación que era excepcional.

En cuanto al diálogo, se trata de un mecanismo en primer lugar voluntario, es decir, a nadie se le obliga a practicarlo, que persigue ante todo que los victimarios que en este caso actuaron movidos por una convicción o fanatismo ideológico, se asomen a la realidad viva detrás de sus acciones, a los sentimientos y circunstancias de quienes soportaron los efectos de aquellas. Y puedan así ejercitar una mirada humana al ‘otro/otra’ que corrija la visión deformada y fría de la verdad revelada; es, por tanto, un acto de humildad, y como tal hace mejor persona a quien lo practica. Desde el lado de la víctima es un ejercicio puro de generosidad, que también enriquece y sana.

Ese encuentro y conocimiento mutuo no busca perdonar, ni olvidar, ni mucho menos justificar, solo ayuda a sobrevivir, a reconciliarse, no tanto con el de enfrente, como con la vida y la humanidad. Por más que tenga lugar en el ámbito individual o privado, cada acto de diálogo tiene vocación social, escribe una propuesta ética y didáctica para su lectura colectiva en favor de la convivencia y la pacificación. Cada diálogo es por eso una lección de valentía y ciudadanía que nos dice: se puede hablar, hacedlo.

Pues bien, las víctimas que participan en este programa de diálogos están siendo insultadas, acosadas y amenazadas por la derecha, tanto en redes como en medios de comunicación. La derecha, que ha venido utilizando de manera oportunista y electoralista el llamado ‘conflicto vasco’ y en particular a sus víctimas, algunas de ellas convertidas en emblemas de los partidos españolistas, no puede soportar que haya víctimas que no se presten a su manipulación.

En esto la derecha vuelve a mostrar su hipocresía e indecencia: mientras que defienden el olvido y el carpetazo respecto a los crímenes franquistas, nunca perseguidos, nunca juzgados, nunca reparados, bajo slogans fútiles como la concordia, en Euskadi alientan permanentemente el revanchismo, el odio y la confrontación, repudian las iniciativas en favor del diálogo y la pacificación.

Las víctimas del franquismo luchamos contra la impunidad y por la memoria democrática; rechazamos el olvido y el blanqueo respecto a todos los crímenes políticos, no solo los del franquismo. Si no fuera así no seríamos ni coherentes ni honestos ni demócratas; es decir, nos pareceríamos mucho a la derecha. Denunciamos, sí, la enorme injusticia y discriminación institucionalizadas que padecemos las víctimas del franquismo con respecto a las víctimas del terrorismo en el Estado español. Pero esta discriminación no es responsabilidad de estas otras víctimas, sino de los poderes públicos que administran torticeramente la solidaridad oficial.

Hoy en particular, como víctima del franquismo yo me siento próximo a las víctimas de ETA que se niegan a la capitalización política de su dolor, y que tienen el valor de sentarse con sus victimarios para contribuir a sentar las bases de un clima de convivencia y paz duraderos en Euskadi.

No son, ni nunca han sido, las víctimas del terrorismo las culpables de la impunidad del franquismo. Es el mismo Estado, la misma derecha que nos niega el acceso a la verdad, justicia y reparación la que pretende mantener movilizadas a aquellas para sus fines partidistas y sectarios.

Desde Madrid, yo, víctima del franquismo, en nombre de la justicia y la memoria, reclamo la solidaridad de todas las personas demócratas del Estado español con las víctimas de ETA comprometidas con la convivencia y la pacificación en Euskadi.

 

 

 

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Justas Demandas por Mikel

Traemos a ustedes esta editorial de Gara inspirada en el caso Zabalza, uno de los más lacerantes en tiempos recientes para una sociedad vasca a merced del terrorismo de estado generado por el españolismo.

Lean:

Deberían tener verdad, justicia y reparación. Demandan verdad.

Hace 35 años, tal día como hoy, Mikel Zabalza ya estaba muerto. Hacía tres días que había sido detenido bajo la Ley Antiterrorista y dos desde que habían comunicado su desaparición, tras una «fuga» inverosímil a la que se agarraba la versión oficial. En aquel momento, solo sabían de su muerte cierta quienes lo mataron. Claro está que lo sospechaba todo el país. Para entonces, lo sabían también los responsables políticos que iban a tapar esa muerte; hasta hoy.

A estas alturas nadie se atreve a negarlo: Mikel Zabalza murió cuando estaba siendo interrogado y torturado por guardias civiles. Nadie, a excepción de los autores impunes de su muerte, sabe qué pasó concretamente en el cuartel de Intxaurrondo. Pero es evidente que las Fuerzas de Seguridad del Estado ocultaron su cuerpo y lo hicieron aparecer en el río Bidasoa días más tarde. Apareció flotando delante de una patrulla de la Guardia Civil, en un lugar donde los buceadores de la Cruz Roja habían realizado un minucioso rastreo días antes. Era un burdo intento de hacer cuadrar la versión oficial sostenida por el Gobierno de Felipe González y por su criminal ministro de Interior, José Barrionuevo.

Hace 35 años, tal día como hoy, aún faltaban 17 días para que el cuerpo sin vida del joven de Orbaitzeta apareciese en el río, intacto, sin marcas. Fue un 15 de diciembre. Calcular los días que faltan es escalofriante.

Durante aquel periodo en el que no se conocía su paradero, hubo policías que informaron a la familia de que Mikel estaba vivo y a salvo, refugiado en Ipar Euskal Herria. Incluso fueron a su casa a decirles a sus padres y hermanos en qué lugar estaba. Cuando estaba muerto y en sus manos. La familia fue a buscarlo a Hendaia, claro, víctimas de un grado de miseria más allá de todo límite.

Relato, impunidad y justicia transicional

La hermana de Mikel, Lourdes Zabalza, ha recordado aquellos terribles momentos en diferentes entrevistas. Además del relato de los hechos, que aun mil veces escuchado resulta estremecedor, la familia siempre ha denunciado que su caso fue excepcional por el desenlace, pero que la practica de la tortura era común y salvaje, y que todo el mundo lo sabía. La compañera de Mikel, Idoia Aierbe, y sus hermanos, Patxi y Aitor, fueron detenidos en la misma operación. También lo fue Ion Arretxe, que dio testimonio de las torturas sufridas.

Otra de las ideas que defiende Lourdes Zabalza es que la presión popular impidió que hicieran desaparecer definitivamente a su hermano, que lo eliminaran después de muerto, como habían hecho antes con José Luis Moreno Bergaretxe “Pertur”, Jean Louis “Popo” Larre, JoseMiguel Etxeberria “Naparra” y Tomás Hernández.

En aquellos días de incertidumbre, por debajo del dolor de la familia, del espanto y la indignación de la sociedad vasca, se escuchaba a los poderes del Estado calculando qué hacer. Fue la movilización social demandando que el Gobierno español contase lo sucedido y que, si Mikel Zabalza estaba muerto, se entregase el cuerpo a su familia, la que forzó aquella torpe escenificación. Tristemente, pese a hundir la versión oficial, aquella pantomima criminal sirvió para garantizar la impunidad a quienes mataron al joven navarro.

Hoy, en Orbaitzeta, se formará una caravana de coches que rememorará la que se organizó el 18 de diciembre de 1985, el día del funeral. La obra “Adiorik gabe” y el documental “Non dago Mikel?” han contado lo que pasó. El libro “La sombra del nogal”, en el que Ion Arretxe narra lo vivido durante su detención y sus consecuencias, es uno de los testimonio más contundentes de las torturas que se aplicaron a ciudadanos y ciudadanas vascas bajo la «legislación antiterrorista». Una violación de los derechos humanos que se sofisticó y mantuvo en el tiempo, tal y como quiere relatar el documental “Krask soinua”, que está en pleno crowdfunding.

Hay que contar la memoria de las torturas. Hay que transmitir lo vivido, lo sufrido a las generaciones más jóvenes, para que no prevalezca la versión oficial. Un pueblo se define, entre otras muchas cosas, por la veracidad de aquello que le escandaliza. «Verdad, pedimos verdad. Para nosotros ese reconocimiento sería suficiente. Dicen que no se puede hacer el duelo sin conocer la verdad. Nosotros estamos así 35 años después, sin poder pasar la página», resumía Lourdes. En esa idea hay magnanimidad y hay realismo. Es una oferta de justicia transicional de facto y de propia voluntad. Hay que ser cobarde y ventajista para no conceder ni eso. 

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El Valor de Marixol Iparragirre

Desde Naiz traemos a ustedes una nota que nos habla acerca de la estrategia seguida por la defensa de la represaliada política vasca Marixol Iparragirre dentro del contexto de una muy necesaria apuesta por una estrategia jurídica apegada a los principios de la Justicia Transicional.

Aquí la información:

El abogado defiende la libertad de Marixol Iparragirre para avanzar hacia la paz en Euskal Herria

«Para ese futuro que queremos todos es mucho más valiosa la figura de Marixol Iparragirre en la calle que en prisión». Así de contundente se ha pronunciado el letrado de la represaliada en la segunda sesión de juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

Marixol Iparragirre ha defendido su libertad en la segunda sesión del juicio que se celebra en su contra en la Audiencia Nacional española; su abogado ha señalado que la presa vasca «es más valiosa» en libertad para poder avanzar en la consecución de la paz.

«Fue la persona que leyó la declaración del fin de ETA y es parte activa y responsable de que no se vuelva a repetir lo mismo y de que las generaciones venideras no se vean atrapadas en las mismas circunstancias», ha manifestado.

Y ha añadido que «para ese futuro que queremos todos es mucho más valiosa la figura de Marixol Iparragirre en la calle que en prisión». Algo que ha sido ratificado por la propia represaliada, que el año pasado fue entregada a las autoridades españolas tras cumplir la condena impuesta en el Estado francés.

El fiscal José Perals, por su parte, ha mantenido su petición de 122 años de prisión por su supuesta implicación en una acción armada realizada por ETA en 1995 en León contra un militar.

Primera sesión

Cabe recordar que en la primera sesión del juicio, celebrada esta miércoles, Iparragirre negó su participación en dicha acción, y aseveró que no le comunicaron la acusación hasta 2014, cuando estaba presa en el Estado francés.

Denunció que el Estado español ha puesto en marcha este proceso judicial por ser una de las voces del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas (EPPK). Como tal se reunió con expertos internacionales en resolución de conflictos, que abogan por la justicia restaurativa y transicional.

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Reflexiones Tras el U11

Gara ha dado a conocer esta editorial en la que se delinea el panorama actual tras las marchas conjuntas en solidaridad con los represaliados políticos vascos que han tomado lugar en Baiona y Bilbo.

Lean ustedes:

Algún reproche y tres caminos viables para la normalización

Una parte importante de la sociedad vasca ha demostrado que está dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos para solucionar la situación de los y las presas políticas y sus familiares. Es una prioridad política con consecuencias humanas profundas. No se puede decir lo mismo de la mayoría de las instituciones del país y de algunos partidos, que no han estado a la altura del momento histórico. El PNV ha llegado a frenar el cambio de lógica del PSOE y la nueva perspectiva aportada por Podemos en este tema, por ejemplo.

Durante un tiempo el PNV reivindicó la discreción, pero es evidente que no ha sido exigente cuando ha apoyado al PP en Madrid y no ha priorizado la cuestión de la reconciliación cuando ha pactado con el PSOE. Parapetado en el relato del daño injusto –mientras se certificaban 4.113 casos de tortura, el 73% de ellos posteriores a 1978, y en grados salvajes bajo sus mandatos–, es triste imaginar el nivel de reconciliación y el dinamismo sociopolítico que tendría el país ahora si el lehendakari Urkullu no hubiese jugado al bloqueo con los presos y las consecuencias del conflicto.

La dinámica de Ipar Euskal Herria, con el lehendakari Etchegaray a la cabeza, muestra la alternativa, sin por ello ser ni menos moral ni menos leal institucionalmente. Haciendo política para evitar sufrimiento, accidentes y, en el peor de los casos, muertes. Simplemente, sin jugar al ventajismo y cumpliendo la palabra. Esto sí es ético. La diferencia se vio de nuevo ayer en Baiona.

La inmensa manifestación de ayer en Bilbo llega en un momento político especial, tras la formación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y bajo el asedio de las fuerzas de ultraderecha. En la sesión de investidura se vio que no hace falta que este Gobierno haga nada para que la derecha monte en cólera como si hubiese hecho algo criminal. Visto el coste de no hacerlo, lo mejor es tomar decisiones audaces y capitalizarlas.

Hay al menos tres caminos para transitar de la política penitenciaria de venganza a una que garantice derechos y fomente la convivencia. El hecho de que el PSOE, además de sufrir la violencia de ETA, haya protagonizado parte relevante de las violencias que ha vivido el país, con los GAL y con las torturas, y que estas hayan quedado impunes debería facilitar el tránsito a esas vías.

La palabra dada a la comunidad internacional

Si Pedro Sánchez reivindica ahora el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, lo mejor sería que asumiese los compromisos que este dejó pendientes en 2011 con la comunidad internacional. Sería una buena fórmula para afrontar la paz y reforzar el relato sobre la supuesta victoria lograda por el Gobierno del PSOE. Esta opción tiene una lectura sobre la resolución de conflictos y otra si se quiere más ligada al honor, el de tener palabra.

Incluso, ante la perspectiva de tener que recurrir a esa comunidad internacional para lograr mediación y legitimidad en la resolución de las violaciones de derechos en Catalunya –el sistema va a implosionar a base de sentencias europeas contra la degeneración del estado de derecho en España–, el cumplimiento de la palabra en el expediente vasco reforzaría su maltrecha credibilidad.

Desmantelamiento de la política de excepción

El PSOE hizo del endurecimiento penal marca de la casa. En concertación con la derecha, hizo de la excepcionalidad norma. Toca desmontar ese andamiaje represivo, por higiene democrática y por estrategia a medio plazo.

El fin de la excepcionalidad jurídica tiene que ir acompañado del desmantelamiento de la estructura posfranquista que se ha mantenido en los principales puestos de poder de la judicatura. De igual manera que en la Transición se limpió el Ejército de sus elementos más ultras a base de retiros forzados y bien pagados, hace falta una reconversión para lograr que la cultura democrática y el estado de derecho guíen la práctica jurídica española. Si no, el sabotaje siempre vendrá de ahí.

Justicia transicional y derechos humanos

Los únicos derechos humanos que se están vulnerando hoy en día en el marco del conflicto político vasco son los de los presos y presas y sus familiares. Ya ha habido varias muertes en la cárcel y decenas de accidentes. El coste humano lo paga la sociedad vasca, el político el Estado español. Es mejor para todos cambiar de juego. En el fondo, este Gobierno debe elegir entre valores como la crueldad y la venganza o la humanidad y la libertad.

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