¿A qué punto llega la locura del frenesí represivo del españolismo en contra del pueblo vasco?
Los muros de Ondarroa y Donostia han puesto de relieve un problema pendiente y que está muy extendido. Más de 80 son jóvenes a los que se llevará al banquillo por militar en Segi.
Ramón Sola
El escenario abierto por la decisión de ETA de abandonar definitivamente la lucha armada, hace ya diecinueve meses, ha estado muy marcado hasta ahora por el bloqueo en la cuestión de los presos, pero en las últimas semanas emerge con fuerza otro problema paralelo: la persistencia de juicios y encarcelamientos por procesos políticos. La resistencia popular a las detenciones del Boulevard de Donostia y la Alameda de Ondarroa ha puesto el foco sobre este asunto, que la mayoría de los partidos quieren presentar como un mero trámite, pero cuyos gravísimos efectos quedan a la vista si se repara en las cifras.
Eleak está ultimando un listado con los procesos políticos pendientes de resolución, pero según ha avanzado a GARA en ellos están afectados directamente unos 200 ciudadanos vascos, procesados exclusivamente por su actividad política en distintos organismos y movimientos. En la actualidad, en torno a 125 de ellos se encuentran en prisión, o bien preventiva o bien cumpliendo condenas de la Audiencia Nacional que están recurridas ante instancias superiores. Se les suman por ejemplo los cinco dirigentes condenados por el «caso Bateragune», que ahora revisará el Tribunal Constitucional.
Algunos de los casos todavía pendientes de juicio se remontan al año 2002. Es el caso del de las herriko tabernas o sumario 35/02, de modo que personas como Idoia Arbelaitz, Rufi Etxeberria, Jon Gorrotxategi, Juani Lizaso, Agustín Rodríguez... llevan más de once años sometidas al proceso judicial.
Este asunto podría ser juzgado por la Audiencia Nacional en la segunda mitad de este año, con lo que casi 40 personas se sentarían en el banquillo. Y también es posible que antes de acabar 2013 se lleve a vista oral un macroproceso contra la juventud independentista que conllevará un número similar de acusados y que tiene como punto de partida las 34 detenciones en una misma noche del 24 de noviembre de 2009.
Segi y Batasuna
Esto hace que Segi y Batasuna se hayan convertido en las dos organizaciones con mayor número de perseguidos penalmente, en ambos casos por su mera actividad política, convertida por las FSE y la Audiencia Nacional en presunto delito de «integración» o «colaboración» con ETA. En diversos procesos pendientes aparecen al menos 82 jóvenes a la espera de juicio por militar en Segi y más de 70 por hacerlo en Batasuna. Aquí sobresale también el proceso abierto a los detenidos en Segura en octubre de 2007, redada que alcanzó a 23 personas en un solo día.
Eleak constata también que hay casi una veintena de vascos pendientes de procesos abiertos en relación con Ekin. Y la lista se completa con los sumarios aún pendientes de resolución contra abogados, Askapena, EHAK, ANV, Askatasuna, Apurtu...
La cita más inmediata era la revisión en el Supremo del caso de cinco jóvenes de Iruñerria condenados a seis años por la Audiencia Nacional bajo la acusación de militar en Segi o Ekin. Sin embargo, la vista, que estaba prevista para el 28 de mayo, se ha aplazado, aunque se mantiene la reunión abierta en la Txantrea el día 23. Se trata de Mikel Jiménez, Xabier Sagardoi -liberado el pasado domingo-, Maider Caminos, Aritz Azkona y Luis Goñi.
Tras lo ocurrido en Ondarroa, este movimiento en defensa de los derechos civiles y políticos ha felicitado a todos los implicados en defensa de Urtza Alkorta. Apunta que tras lo de Donostia o antes Orereta y Gasteiz, «se ha dado un paso más, pero obviamente no es suficiente. Necesitamos seguir haciendo camino, profundizando en iniciativas cada vez más masivas, más desobedientes, más populares y contundentes». Para ello proponen «tejer entre todos redes desobedientes, que organicen y protejan a personas en riesgo por la aplicación de leyes injustas».
«Un buen gobernante no cumple leyes injustas», le dice Garitano a Urkullu
Los sucesos de Ondarroa tuvieron una amplia resaca política ayer en distintos foros, sobre todo en el Parlamento de Gasteiz. Pero también en los medios. Así, en una entrevista a Radio Euskadi el diputado general de Gipuzkoa por Bildu, Martin Garitano, negó que la izquierda abertzale «tensione inútilmente a la sociedad», como sostuvo el lehendakari. Y también respondió a la afirmación de Iñigo Urkullu de que a los responsables institucionales les compete aplicar las leyes. Garitano le replicó que «un buen gobernante no cumple leyes injustas».
La afirmación fue contestada a su vez por el portavoz del PNV en la Cámara de Gasteiz, Joseba Egibar. Dijo que el debate al respecto en su partido ya está superado hace tiempo y acabó determinando que la Ertzaintza sería «policía integral», por lo que entiende que está obligada a hacer este tipo de detenciones.
Por la misma sala de prensa del Parlamento pasaron los parlamentarios de EH Bildu, que vestían camisetas con el lema «Herri harresia aurrera». Julen Arzuaga hizo de portavoz en una rueda de prensa en la que recalcó el mensaje lanzado ya por Mintegi en Ondarroa: que Urkullu tiene que elegir entre «legalidad y legitimidad».
Sin citar expresamente el término «cipayos», Arzuaga puso de manifiesto que la detención de Ondarroa hizo recordar «un momento histórico en la India colonial bajo el Imperio británico en el que la Policía autónoma reprimía y golpeaba a gente que realizaba protestas absolutamente pacíficas».
«Pedimos coherencia al Gobierno de Urkullu porque esto no se puede repetir. Le pedimos una decisión acorde con los nuevos tiempos», apuntó Arzuaga.
EH Bildu ha solicitado la comparecencia de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, para que explique la actuación de Ondarroa. En realidad, esta demanda se ha convertido en general, porque también la han hecho, por razones justamente contrarias, PP y UPyD. Gorka Maneiro pretende también que acuda a la Cámara la titular de Cultura, Cristina Uriarte, para que dé cuenta del tratamiento informativo de EiTB, que UPyD vio demasiado blando.
En cuanto al PSE, José Antonio Pastor anunció otra iniciativa, esta vez dirigida a Urkullu. Le preguntarán si es cierto que Beltrán de Heredia contactó con Mintegi a primera hora de la mañana para hablar del operativo y si, en consecuencia, «le invistió de determinada autoridad» a la hora de controlar su desarrollo.
«No acabamos de entender que una parlamentaria, por muy de EH Bildu que sea, se pueda permitir el lujo de intentar condicionar las actuaciones de los responsables del operativo de la Ertzaintza como si no estuvieran establecidos claramente los protocolos de actuación», añadió el portavoz del PSE.
