Desde el portal de Rebelión traemos a ustedes este texto en el que se proveen detalles acerca de esta, la más reciente agresión en contra de Euskal Herria:
Begoña Zabala | Viento Sur
Las cifras que se manejan en este sumario son abrumadoras. Se trata del procesamiento realizado por la Audiencia Nacional a 47 personas. Aclaremos que son vascas, a las que la fiscalía les pide un total de 601 años. En peticiones individuales abarcan de 8 a 20 años. De la singladura del sumario se desprende que la instrucción se inició en el año 2013, si bien alguna de las personas había sido detenida y estaba procesada por hechos idénticos ya en el 2010, en otro sumario. Seis años más tarde, y a partir del 16 de septiembre, se celebrará la vista oral en los locales especiales habilitados para los macrojuicios en San Fernando de Henares (Madrid), con una duración que se prevé de tres meses.
Este procesamiento masivo se encuadra dentro de varias operaciones contra las organizaciones de apoyo y solidaridad con las presas y presos vascos Herrira, Jaiki Adi y Etxerat 1/, y también afecta a varios abogados y abogadas que actúan en la Audiencia Nacional y al grupo de interlocución del colectivo EPPK, de presas y presos vascos. En realidad, según ellas y ellos manifiestan, se está tratando de criminalizar la solidaridad. Y no solo eso, sino los cuidados que se realizan para estas personas, tan reivindicados ahora por el feminismo oficial. Cuidar a las personas presas por parte de los médicos, las abogadas, las sicólogas y sicólogos, las propias familias, los interlocutores, lo quieren considerar un delito. Y un delito o varios muy gordos.
Fue el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el que acordó procesar por pertenencia o colaboración con organización terrorista a los 47 acusados de integrar presuntamente el denominado frente de makos (cárceles) de ETA, bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte.
Actualmente, los imputados se encuentran en libertad provisional, teniendo que comparecer algunos de ellos cada quince días en sede judicial. Hay quien ha pasado tiempo en la cárcel, como la abogada Arantza Zulueta, que estuvo tres años, cuyo particular caso lo veremos más adelante. El comunicado realizado por los propios afectados señala de forma inequívoca los motivos del juicio: “Nos juzgan por organizar movilizaciones a favor de los derechos de los presos, por defenderlos en los juzgados, por realizar intermediaciones y por ser familiares de ellos”. Los delitos que se les imputan a estas personas son diversos: participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo, enaltecimiento continuado de terrorismo y quebrantamiento de medidas cautelares 2/.
Si bien la petición mínima es de 8 años de prisión, esta solo se pide a una de las personas. Todas las demás, es decir, 46 personas, tienen una petición como mínimo de 11 años por participación en organización terrorista. Varias de ellas tienen una petición más alta por este delito al considerar su participación en grado de dirigente. Además, varias de ellas tienen petición de financiación del terrorismo y/o enaltecimiento continuado de terrorismo y/o quebrantamiento de medidas cautelares . En muchos casos llevan penas anexas de inhabilitación, especial y absoluta, y multas diversas.
En resumen, las penas de prisión serían la siguientes:
- 8 años para una persona.
- 11 años para diecisiete personas, afecta a los abogados principalmente.
- 12 años para seis personas, afecta sobre todo a los mediadores o facilitadores.
- 13,6 años para once personas, principalmente a los pertenecientes a Herrira.
- 14 años para dos personas.
- 14,5 años para tres personas.
- 14,6 años para una persona.
- 15 años para tres personas.
- 17 años para dos personas.
- 20,5 años para una persona.
Las personas imputadas
Si se analizan las personas imputadas por profesiones u organizaciones a las que se les acusa de pertenecer, en relación a sus actividades para con los presos, señalemos que la abogacía se lleva un importante número. Hay 13 personas que ejercen como abogadas y les solicitan 11 años a cada una. Una de ellas es el abogado y exsenador por la Comunidad Autónoma Vasca en Madrid, Iñaki Goyoaga. También se encuentra una abogada de larga trayectoria en las labores de defensa en la Audiencia Nacional, que actuó asimismo como abogada en el caso de algunos de los jóvenes imputados de Altsasu, Amaia Izko, actualmente concejala del Ayuntamiento de Iruñea por el grupo EH-Bildu. Hay otra abogada de extensa experiencia en la Audiencia Nacional, que es Arantza Zulueta, a la que se considera intermediaria y, por tanto, se le imputa participación activa en terrorismo en grado de dirigencia. Además, destacan 21 personas que son consideradas de Herrira, el colectivo de apoyo a los presos y presas vascas en el nuevo período que se inicia con el abandono de ETA de la lucha armada, a las que de forma sistemática se les imputa enaltecimiento del terrorismo y en muchos casos quebrantamiento de medidas cautelares.
De todo este listado de personas hay un joven abogado que en el momento de la detención pertenecía a la organización Herrira y nos ofrece su particular testimonio. Tenía 25 años cuando le detuvieron y actualmente es abogado del sindicato LAB y pertenece a la ejecutiva del mismo. Transcribimos de forma literal parte de su relato:
“Yo empiezo a trabajar en Herrira en el momento en el que ETA declara el cese definitivo de su actividad armada, en 2011. Es en este contexto en el que la gente se ilusiona, pues ve que hay expectativas de que el conflicto se pueda resolver y dejar un poco el sufrimiento a un lado. Entonces, cuando yo era joven (tenía 25 años, ahora tengo 31), se enciende un montón de dinámicas en los pueblos y en los barrios a favor de los presos. O sea, se hacen las movilizaciones más grandes por los presos y hay un ambiente en general a favor de las personas presas y exiliadas. Así entro en esta organización, que surge nueva, que se basa sobre todo en el activismo social. Una de las primeras dinámicas fue encerrarme en la catedral de Iruñea, junto con más compañeros y compañeras, pidiendo la liberación de un preso gravemente enfermo, Josu Uribetxeberria, que ya murió.
Cuando me detiene la guardia civil, me comunican los cargos y me dejan en libertad, con obligación de firmar cada 15 días en sede judicial: integración en organización terrorista, financiación del terrorismo y enaltecimiento del terrorismo. Luego me añaden quebrantamiento de medidas cautelares. Total: 14 años y medio, 4.800 euros de multa y varios períodos de inhabilitación.
Es curioso que en mi caso, y también en varios de los otros, me pide la fiscalía un año de prisión por quebrantamiento de medidas cautelares. Esto no tiene sentido, pues si se quebranta el cumplimiento de medidas cautelares vas directamente a la cárcel, por estar en situación de libertad provisional. Con las medidas cautelares que nos impusieron nos impiden participar, tanto activa como pasivamente, en movilizaciones a favor de las personas presas. Nos impiden, igualmente, salir del Estado español sin autorización judicial.
Y en mi caso debo acudir quincenalmente a firmar al juzgado”.
Uno de los casos más llamativos es el de la abogada Arantza Zulueta. Esta histórica abogada defensora de presos y presas vascas tiene una petición de 14 años por un único delito de pertenencia a organización en grado de dirigencia, acusándola de pertenecer al grupo de intermediadores o facilitadores. Permaneció más de tres años encarcelada, tres de ellos en celda de aislamiento, y en una entrevista realizada con ocasión de la muerte de Xabier (Antxo) Rey, que se quitó la vida precisamente en la misma cárcel en la que ella estuvo, la de El Puerto de Santamaría, Cádiz, da unas pinceladas de la experiencia sufrida en la celda de aislamiento:
“Las galerías (de aislamiento) suelen tener cuatro o hasta diez celdas. En mi caso había cuatro. La cuarta celda es donde amarran a los presos con correas y los tienen ahí horas, días, lo que quieran, hasta que ellos consideren que ya está tranquilo, que ha obedecido sus órdenes, que está sumiso. Se completa la galería con un patio de 20 metros por 5, un auténtico callejón, totalmente vallado y rejado por arriba, con un baño sin puerta. Siempre son bajos, así que la humedad es muy grande. Tienes limitados los efectos personales, desde cortaúñas a cepillo de dientes, cepillo de pelo... En el patio estás completamente sola. Cuando vuelves a la celda te puedes encontrar con que ha habido cacheo y está todo patas arriba. No hay teléfonos, así que para la llamada te sacan a otro sitio en el que estás rodeada de funcionarios. Y el resto del tiempo lo pasas en la celda sin ninguna actividad. Te van dando la comida a través de una rejilla a la altura de la cintura. A esto se añaden tensiones, gritos, eres testigo de maltratos...; en fin, todo lo que supone un sitio de castigo.
Lo que más mella te hace es que no puedes compartir nada, no hay risa, ni vacile, no tienes un abrazo, ni una palabra agradable, hasta que una vez a la semana vas al locutorio. Nunca nadie te sonríe siquiera, y estas cosas merman mucho cuando estás sola. Se trata de una continua búsqueda de romperte como persona, de que te sientas un animal y no una persona. Así que la pelea más dura en la cárcel a veces es por ser una persona. Y aquí entran tácticas como la de decirle buenos días y buenas noches al funcionario que te abre o cierra la puerta, para que vea que eres una persona. Tras pasar por esta experiencia te ves muy reflejada en todas esas personas que piden limosna en la calle y que dan los buenos días a quienes pasan, los miren o no. Es una forma de decirles: no soy un perro que está aquí tumbado.
Para hacer frente a esta situación el deporte y la gimnasia los llevaba a rajatabla. Y luego se trata de buscar algo que te ilusione, como los estudios. También me daba ánimos la pequeña satisfacción que sentía al escuchar por los altavoces que a Txema Matanzas o a cualquier otro kide (compañero) lo llamaban a locutorios para la visita. Aunque no los podía ver, piensas que están ahí y yo soy parte de ellos.
Algo vital en cárceles como Puerto III, en que muchos funcionarios son como robots, es que en los malos momentos puedas decirte a ti misma: hoy estoy jodida, pero no podéis conmigo. Existe la necesidad de reafirmarte continuamente como persona y como militante. La persona presa necesita solidaridad y cobertura social. Eso es muy importante: cartas, visitas... Que te sientas parte de un pueblo y parte de un proyecto.
Además está el caso del alejamiento y las penurias que impone a las familias. Mi padre tiene Alzheimer, así que no vino a verme. La madre, Arantza, tampoco pudo venir por la lejanía, salvo en los traslados a cárceles de Madrid, por diligencias”.
La valoración política
Situado este macrojuicio en un cambio claro del período que se inicia con el abandono unilateral de la actividad armada por parte de la organización ETA, seguida y amparada por la intermediación internacional y nacional del desarme definitivo, para terminar por la desaparición de la propia organización, este proceso se ve de forma muy negativa por los afectados. Imanol Karrera, procesado por pertenecer a Herrira, hace unos comentarios al respecto, que los viene repitiendo en todas las entrevistas:
“Hay dos palabras que definen muy bien esta actuación y es que este macrojuicio es una injusticia totalmente anacrónica. Son dos elementos, injusticia y anacronismo. Injusticia porque es una barbaridad que gente que ha organizado movilizaciones en favor de los derechos de las personas presas y exiliadas con muchos sectores de la sociedad, con personalidades, con agentes sociales, que por hacer eso te pidan catorce años y medio de cárcel; o que por dar asistencia jurídica a los presos, que es algo básico en cualquier democracia, asistir a las personas presas, que les pidan once años de prisión, o a los médicos y sicólogos por hacer sus asistencias, o, incluso, las personas que tienen designadas para poder trasladar sus iniciativas y compartirlas con la sociedad. Eso es una auténtica injusticia, no tiene sentido. Y penalmente el tiempo nos ha dado la razón, pues hoy se daría la paradoja de que cuarenta y siete personas podríamos ir a la cárcel por pertenecer a una organización que no existe.
Luego resulta que es anacrónico, porque no se corresponde con la realidad. Pasan seis años, desde la detención, no existe la organización a la que dicen que perteneces, y lo que hay, además, es una cosa esencial, es que ha desaparecido un sufrimiento, y la fase que hay en este país va en otra dirección: construir el futuro, todos los derechos para todas las personas.
Dicen que estás en una organización Herrira, que sucede a otras anteriores y que está bajo la dirección de ETA. Pero aquí quiero remarcar que la guardia civil en sus propios informes, que son los que se van a utilizar para nuestro juicio, reconoce que no hay nada que vincule Herrira y ETA, o sea, no hay absolutamente nada. Y más adelante la guardia civil reconoce que hace la operación policial contra Herrira y suspende sus actividades porque entiende que el nivel de movilización que está consiguiendo en favor de los derechos de las personas encarceladas es muy alto. Entonces eso es lo que quiere abordar. O sea, el Estado español, lo que hace a través de jueces y policías es evitar que se puedan dar pasos a través de una solución que traiga un futuro en paz.
Y lo que también es llamativo es la detención de las abogadas, los médicos y sicólogos, que las detienen porque están haciendo una tarea que esas mismas personas la siguen haciendo durante estos años y siguen asistiendo a los presos, porque es lo que en una sociedad democrática y de derecho tiene que corresponder”.
La abogada Amaia Izko, concejala en la actualidad del Ayuntamiento de Iruñea, realiza una valoración desde su perspectiva y su larga experiencia de muchos años en la profesión:
“A nosotras de lo que se nos acusa es de haber realizado nuestra actividad profesional normal, esto es, la asistencia a presas y presos políticos en las cárceles, la defensa en la Audiencia Nacional y en los juzgados de vigilancia, por orden, o dentro de una estrategia diseñada, dirigida, por ETA. Para sostener esa acusación está, de un lado, efectivamente, la actividad profesional que siempre hemos realizado, sin esconderlo nunca, de forma absolutamente visible. Y la otra pata de la acusación ellos la sostienen en un informe de la guardia civil en el que se dice que toda esa actividad se interpreta que ha sido realizada en apoyo a ETA, en apoyo a sus actividades y dentro de una estrategia marcada por ella. Para esto lo que hace es básicamente interpretar documentos –mezclando documentos de hace muchos años con documentos de ahora– y concluye de la forma siguiente: como existió el frente de makos (cárceles) que era una pieza de ETA y eso está juzgado y condenado, pues estos de ahora son exactamente lo mismo. Porque fueron son, porque lo que dijeron en aquellos documentos lo dicen en los de ahora... Esa es la interpretación. El sumario al que se hace referencia, contra Askatasuna, fue en el año 2001-2002. Las sentencias vendrían más tarde, fueron en el 2008, 2009. Pero todos los documentos que utilizan como base de esa imputación son anteriores.
Así, a todas nos acusan por integración en organización terrorista y es la única acusación. Y nos piden once años a cada una de nosotras. Yo empecé en esto en el año 1996. Al principio, con la pretensión de defender y llevar causas penales, tanto en la Audiencia Nacional como en Iruñea, pero con el inmensísimo trabajo que en pocos años hubo en la Audiencia Nacional, me he dedicado exclusivamente a esta, a visitar las cárceles, a ir a ver a los presos, con ese inmenso costo de kilometraje y tiempo que supone. O sea que llevo 22 años. Y no me han detenido nunca, hasta esta vez. Y es, casualmente, cuando ETA ha dejado la actividad armada.
Y eso lo estamos comentando, pues no es el primer ataque contra el movimiento de asistencia y apoyo para los derechos de los presos, pero ahora, si cabe, es más extremo, más grave, porque se nos acusa de seguir la estrategia de una organización que ya había declarado unilateralmente que dejaba toda su actividad armada y que su único fin a partir de 2011 era desaparecer. Y en ese tiempo, precisamente, a partir de 2012 nos acusan a nosotros de formar parte de una estrategia terrorista y violenta y demás de ETA. Precisamente cuando estaba en proceso de desaparecer como luego se ha visto. Y por eso también subrayamos que tanto el operativo contra Herrira como contra nosotros, como contra médicos, familiares e intermediarios y facilitadores tenía el objetivo de entorpecer ese final de ETA, esa desaparición, y entorpecer el hecho de que el colectivo hiciera una apuesta decidida por esa desaparición y una apuesta decidida por buscar soluciones en un nuevo ciclo. Ese es el verdadero objetivo de nuestras detenciones. Contra Herrira claramente, porque estaba haciendo todo ese trabajo de activación social. Y contra quienes estábamos asistiendo al colectivo, para acogotar de alguna forma, bloquear al colectivo, dejarle sin oxígeno y no permitirle que hiciese esa reflexión ni que avanzase hacia la búsqueda de soluciones”.
La solidaridad
Tan pronto como se conoció la noticia de la fecha de la celebración del juicio oral, empezó una iniciativa de solidaridad importante. En una rueda de prensa las personas encausadas dieron a conocer las cifras de las peticiones del fiscal y las posibles condenas, a lo que sigue casi de inmediato la elaboración de un manifiesto para su difusión y apoyo. En el mismo también se convoca a una manifestación para el 14 de septiembre, la antevíspera del inicio del juicio. Las firmas de apoyo se inician con gente que muestra la diversidad del apoyo y el compromiso constante de muchas personas conocidas en los ámbitos culturales, deportivos, profesionales de la medicina y la abogacía, profesorado de la universidad, activistas de movimientos sociales. En la propia página se puede ver el listado completo, que se inicia con dos bertsolaris muy conocidos y de ejercicio solidario patente con las presas y presos: Jon Maia y la exdiputada del Congreso en Madrid Onintza Enbeita. Destacamos algunas personas, sobre todo por su variedad y diversidad: Begoña Errazti (expresidenta de EA), Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea (expresidentes de la Comunidad Autónoma Vasca), Toti Martínez de Lezea, escritora; Mikel San José, jugador del Athletic; Juan Kruz Lakasta, periodista; José Mª Arrate, expresidente del Athletic; Irati Jiménez, escritora; Nora Cortiñas, Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Pako Letamendia, profesor de la Universidad del País Vasco; Hassana Aalia, refugiada saharaui; Roberto Moso, músico y periodista; Ane Muguruza, familiares de represaliados, y Jaime Pastor, politólogo y editor de viento sur.
En estos términos se escribe la parte central del comunicado:
“La sociedad vasca quiere avanzar y para afrontar el futuro con las mejores garantías es necesario cerrar las heridas y resolver los nudos del pasado. No debemos inventar nuevas cadenas ni queremos nuevos nudos que nos aprieten todavía más. No necesitamos piedras en el camino ni queremos que se abran nuevas heridas y se genere más dolor. No cabe duda de que nuestro pueblo mira a las soluciones, quiere ir hacia adelante y no está dispuesto a aceptar situaciones que nos hagan retroceder.
La convivencia, la paz y la justicia son tesoros muy preciados para cualquier sociedad, también lo son para la nuestra. Debemos responder a ese deseo de la sociedad vasca y parar los procesos creados y puestos en marcha en el marco de una lógica de conflicto, para que no contaminen el presente que estamos construyendo.
Queremos construir una nueva sociedad y estamos convencidas de que los valores y la sensibilidad respecto a los derechos fundamentales forjados durante estos años son los cimientos sobre los que construirla: el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas, los derechos colectivos, la solidaridad, la empatía y la convivencia. El futuro es la casa común que tenemos que construir entre todos y todas, por la vía del diálogo y el respeto de todos los derechos”.
Preguntada por la rápida extensión de la solidaridad frente a este macrojuicio, precisamente a los criminalizados por el ejercicio de la solidaridad, y en relación principalmente al sector jurídico, Amaia Izko contesta esto:
“La gente más cercana de profesionales, la abogacía más cercana, nos muestra sin ninguna duda su solidaridad. Es cierto que este mundo de la abogacía es, desde el punto de vista institucional, retrógrado, conservador, muy difícilmente posicionable... Entonces no hemos entrado en lo que son instituciones oficiales. Eso sí, hemos encontrado muchísimo apoyo en los compañeros y compañeras y además destacamos que en el manifiesto que hemos lanzado para firmar y corre por las redes sociales está encontrando un apoyo muy grande de colectivos de abogados y abogadas catalanes. También compañeras de Madrid que están sobre el tema, los de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid y aquí desde luego todos los compañeros de la abogacía que está más cercana, que no ejerce de una manera tan tradicional, que ejerce más de cara a los derechos humanos, más de cara a quienes sufren distintas opresiones..., nos remite una solidaridad total.
Yo pienso que la Audiencia Nacional y la fiscalía, creo que también apoyadas por algunos sectores del Estado, lo que quieren es crear la apariencia o dar la sensación de que aquí no ha cambiado nada. Y entonces las recetas que se han de imponer son siempre recetas represoras. Eso es lo que pretenden, porque les interesa, efectivamente, que aquí no evolucione la sociedad, no evolucionemos hacia soluciones y yo creo que también, en gran manera, porque quieren justificar su existencia y mantener el poder que les da una institución como la Audiencia o como la fiscalía. Además, creo que en nuestro caso esto tiene también un poco de venganza. Creo que claramente se nos está pasando una factura por haber sido una pieza molesta para el Estado desde nuestro ejercicio de la abogacía y la reivindicación de los derechos humanos, en los tribunales de aquí y también en los tribunales europeos. Esto tiene mucho de venganza”.
Desde el análisis de su experiencia, Imanol Karrera, que ha militado en Herrira, contesta a la extensión de la solidaridad:
“La solidaridad que estamos recibiendo es fruto del trabajo que hicimos hace ahora seis años. O sea, si Herrira consiguió algo fue romper con una filosofía y plantear algo que ponía en el centro los derechos de las personas presas y exiliadas. Y ahí logró un consenso mayoritario en la sociedad con todo el espectro político, salvo con el PP. Partido que sí que nos recibía y con el que estuvimos reunidos, por ejemplo, con Maroto, en privado. Todo el mundo nos reconocía en la interlocución. El juez de aquellos tiempos, Bermúdez, en el Colegio de Abogados de Bizkaia dio una charla junto con el IRA para hablar de la situación penitenciaria de los presos y de las posibles soluciones. Nosotros hicimos también una interlocución con todos los partidos en el Congreso de Madrid. Creo que toda esa gente con la que trabajamos de manera sincera creía, porque así lo estábamos haciendo en la práctica, que lo que estábamos diciendo era otra filosofía, que era una aportación a la paz. Esa gente cuando ve que nos quieren encarcelar, hasta con 20 años y medio, como es el caso de Francisco Balda, se dan cuenta de que es una barbaridad y entonces se remueven y muestran su enfado y su preocupación contra este juicio y nos dan su adhesión. En solo una semana más de 8.000 adhesiones al manifiesto. Entonces es muy gratificante. Ya estamos poniendo en marcha la campaña y la respuesta de mucha gente es siempre sí.
Ahora mismo se dan elementos que se han dado antes, es decir, elementos de enfados de la gente porque entiende que es una injusticia y porque ven que el sistema judicial español no responde. Es heteropatriarcal, eso lo vimos en el caso de la Manada, a pesar de que ahora se haya maquillado un poco. No responde a las necesidades ni a la justicia social que se pide. En el caso de los jóvenes de Altsasu la condena es totalmente injustificada y vengativa y es absolutamente parcial. Y yo creo que en nuestro caso se mezcla efectivamente un ánimo de no querer solucionar nada, es decir, la cuestión de los presos, que es algo que lo tiene muy bien agarrado el Estado, ellos tienen la llave de las cárceles. Y saben que ahí se puede dar la solución, abandonar definitivamente todos los sufrimientos. A mí me gusta una definición, y es que son enemigos de la paz, es decir, no quieren la paz”.
Los llamados no pueden ser más contundentes y directos. Las respuestas están siendo igualmente impresionantes por el número y por la cualidad de las personas que se suman y que recogen. No es que las actividades que han realizado sean reprobables o supuestos de delitos, sino que esta actividad solidaria está recibiendo el premio de su propia filosofía: la solidaridad como sistema de convivencia y de paz.
Notas
1/ Herrira (Al Pueblo) es una organización de apoyo y solidaridad con el colectivo encarcelado.
Jaiki Adi (Levántate) es una asociación de personal de asistencia sanitaria y sicológica para asistencia en las cárceles al colectivo de presas y presos. Etxerat (A Casa) es una asociación de familiares de presas y presos.
2/ Esta información está disponible en la página
https://11-13makroepaiketa.eus/ donde se detallan las personas, con su petición y la organización o actividad por la que son imputadas.
Begoña Zabala forma parte de la redacción de viento sur
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