Reactivan el GIEI del Caso Ayotzinapa

El actual gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha reactivado el GIEI que en su momento se encargó del caso Ayotzinapa.

Aquí lo que nos informa Naiz:

Expertos retomarán la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del que forma parte el vasco Carlos Martin Beristain, retomará las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa después de que el Gobierno mexicano de López Obrador haya renovado su mandato.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre los que se encuentra Carlos Martín Beristain, podrá seguir con las investigaciones sobre la desaparición en setiembre de 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un hecho que conmocionó al país y alcanzó una gran repercusión internacional. Beristain lleva más de dos décadas trabajando con víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos en América Latina, Euskal Herria y el Sahara y ha participado en múltiples comisiones de la verdad.

La noche del 26 de setiembre de 2014, decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala, en el violento estado de Guerrero (sur), para hacerse con autobuses que querían usar en sus manifestaciones. Pero fueron capturados por policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos.

El anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) rechazó renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH, que estuvo en México un año para asegurar una investigación transparente y que descartó la llamada «verdad histórica» del Ejecutivo de Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una hoguera abierta en el basurero de Cocula. Esta hipótesis ya fue descartada por forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Padres y organismos internacionales denunciaron siempre irregularidades en las pesquisas y han pedido reiteradamente que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal en la desaparición de los estudiantes.

Este jueves, el Gobierno de López Obrador y la CIDH pactaron la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) a petición de los familiares de las víctimas.

Además de brindar un análisis técnico en las investigaciones, también vigilará la implantación del acuerdo para las víctimas, identificará «patrones de tortura» y examinará que hay «garantías de independencia» en la investigación.

En 2018, el presidente mexicano creó una Comisión de la Verdad, en la que también participan padres y madres de los estudiantes desaparecidos. De hecho, este fue el primer decreto que firmó tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018. «Les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste ni en ningún otro», afirmó una vez firmado el decreto para resolver este «asunto de Estado». «La justicia no debilita a las instituciones, las fortalece», remarcó. 

«El gobierno de Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó, se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México», denunció en la instalación de la Comisión de la Verdad, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascensio Bautista.

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Una Luz que Rompa la Oscuridad

Se acerca ya el tercer aniversario de la terrible noche de Iguala, esa noche en la que la descomposición de estado mexicano quedó completamente expuesta en la oscuridad. Fue la noche en que matarifes en la nómina de la policía municipal apoyados por policías federales, paramilitares y el ejército dieron rienda suelta a sus más bajos instintos.

Cuando por fin amaneció, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se encontraban desaparecidos.

Lo siguen estando al día de hoy.

Es tiempo que la luz rompa con la oscuridad que ha rodeado el actuar de las fuerzas armadas de México.

Les compartimos este texto publicado en La Jornada:

Yo sólo quería que amaneciera

Magdalena Gómez

Aniversarios de violaciones descarnadas de derechos humanos, como las que entrañan la desaparición forzada, con su ingrediente de continuidad del dolor y la rabia, ponen en juego no sólo el sentido de la justicia, sino que incrementan el costo para sostener la esperanza de que tarde o temprano se conocerá la verdad. Nada más cierto ahora, a una semana del tercer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sin duda, efemérides como ésta tienen impregnado el olor de la impunidad.

Es realmente encomiable la incansable lucha de las madres y los padres de los jóvenes estudiantes, como lo es de las organizaciones que los han acompañado. Si sólo colocamos la mirada en la línea de aporte efectivo y profesional, por ejemplo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para desentrañar los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, encontramos a un Estado, el mexicano, rebasado y sometido a sus propias deficiencias estructurales. Cuando se ha dicho "fue el Estado" refiriéndose al caso Ayotzinapa, no han faltado voces escandalizadas. Hoy podemos afirmar que la desviación de la investigación, el daño que a la misma hizo la llamada verdad histórica coloca precisamente al Estado como responsable directo de que la verdad real se vea muy lejana. Es indignante que apenas hace unas semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) informó al Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya confirmaron que algunos teléfonos celulares de los estudiantes siguieron funcionando días después de su desaparición, que asignaron un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para la investigación, que tienen elementos sobre la identidad de personas clave. En este punto el mecanismo consideró que "la identificación y posterior detención de estas personas contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes; la CIDH espera que la información recibida sea corroborada con elementos de prueba pertinentes". En fin, en la PGR reiteraron que ahora sí atenderán las recomendaciones contenidas en los informes del GIEI; nada dicen respecto de que de los 170 detenidos solamente 70 enfrentan cargos relacionados con la agresión y desaparición de los normalistas, los otros 100 enfrentan acusaciones por delincuencia organizada o bien por delitos contra la salud. Como lo ha denunciado el Centro Pro.

Mientras, Tomás Zerón protegido por el régimen, se da el lujo de continuar declarando a la prensa, que la investigación sobre la verdad histórica se sostiene y está muy bien hecha.

El mecanismo aludido concluirá en noviembre próximo con la presentación de un informe para el que necesita evidencias tangibles. Por ello en su reciente visita, apremió al Estado mexicano a detener a los policías de Huitzuco, Guerrero, involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. También exhortó al Estado a que avance en la investigación de los policías federales, quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos. Retomó, como lo hizo en su momento el GIEI, a abordar la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacia Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. Por ello exhortó al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús. Las novedades respecto al caso nuevamente provienen de fuentes externas. Forensic Architecture, con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, presentó el pasado 7 de septiembre una cartografía interactiva de los hechos de Iguala denominada Ayotzinapa: una cartografía de la violencia. Se trata de un grupo interdisciplinario de arquitectos, abogados y periodistas, especializado en armar narrativas innovadoras de hechos complejos. Se realizó a petición del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez apoyándose en los Informes del GIEI y en textos de John Gibler. Destaca la reconstrucción de la versión de un militar que presenció por casi una hora los ataques contra los normalistas que después desaparecieron cerca del Palacio de Justicia, en Iguala. El director del proyecto colocó el énfasis en la constante en casos de este tipo, donde el Estado se encarga de la destrucción de evidencias (como las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia).

Otro aporte será presentado el día de mañana, se trata del informe que elaboró Fundar: Yo sólo quería que amaneciera: impactos sicosociales del caso Ayotzinapa, en el que se documentan las voces de las otras víctimas, como son las de las familias de los estudiantes desaparecidos. Fuerte, su contenido muy previsible; el grito está en su título. Que ya termine la oscura impunidad.

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Yo solo quería que amaneciera

La desaparición forzada es incertidumbre, con estas páginas acompañamos a las víctimas. A pesar del dolor, demuestran sus ganas de vivir y de justicia #Ayotzinapa

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Innsbruck Desmonta "Verdad Histórica" de Ayotzinapa

Y mientras en México el régimen de Peña Nieto aumenta la presión en contra del Grupo Internacional de Especialistas Independientes (GIEI) de la CIDH, en Austria le vuelven a desmontar el numerito a Murillo Karam y a la PGR.

Lean ustedes esta nota publicada en Revolución 3.0:

Universidad Médica de Innsbruck no identificó perfiles genéticos de los 43 normalistas en muestras de Cocula

La Universidad Médica de Innsbruck, en Austria, ha dado a conocer que  no identificó perfiles genéticos de los 43 normalistas de Ayotzinapa en los restos analizados.

Esta información fue revelada en presencia de dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de los padres de los 43 normalistas, del Equipo Argentino de Antropología Forense, la PGR abrió el sobre cerrado que le fue entregado el pasado martes en el Instituto de Medicina Legal de dicha universidad. Luego de reunión de más de tres horas de tres horas, la PGR declaró: “No fue posible obtener, hasta el momento, identificación de perfiles genéticos, en la totalidad de las muestras de los restos óseos, por las técnicas tradicionales de ADN STR Nuclear, ni ADN Mitocondrial”.

Por medio de un comunicado la procuraduría , informó que el documento entregado por los expertos, contiene resultados referentes a 53 muestras de ropa y cabellos adheridos a la ropa que se encontraron en los autobuses, enviadas al IMG en septiembre de 2015; así como 9 muestras óseas y cabellos, provenientes del basurero de Cocula y 2 muestras óseas de la bolsa del Río San Juan, remitidas para su análisis en diciembre del mismo año.

Las muestras, dijo, revisadas y clasificadas por peritos de la PGR y el EAAF, fueron sometidas por el IMG a un análisis de ADN para obtener los perfiles genéticos.

La PGR también informó que “en una comunicación previa con los padres por parte de sus representantes, se les informó de manera preliminar que, referente a la segunda entrega, no fue posible obtener hasta el momento, identificación de perfiles genéticos, en la totalidad de las muestras de los restos óseos, por las técnicas tradicionales de ADN STR Nuclear, ni ADN Mitocondrial. El Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, está aplicando a estas muestras, la técnica de Secuenciación Masiva Paralela, cuyos resultados serán recibidos posteriormente.

Agregando que “en relación con las muestras de cabello, el IMG identificó que algunas eran de origen humano y otras de origen animal. En relación con las de origen humano, se les aplicó la técnica de ADN Mitocondrial, por estar cortados y no tener bulbo, obteniéndose una misma secuencia, la cual no correspondió con ninguna de las secuencias de las familias. Esta muestra fue recolectada en una zona de la retícula principal en donde no hay restos óseos (cuadrícula E12) del basurero de Cocula, en el interior de un recipiente de metal mezclado con restos de basura”.

La apertura del sobre, se llevó a cabo en oficinas centrales de la PGR, estuvieron presentes Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Sara Mónica Medina, Coordinadora General de Servicios Periciales de PGR; Carlos Beristáin y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI; Mario Patrón y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes de los padres de los normalistas; Mercedes Doretti y Miguel Nieva, del EAAF, así como el agente del Ministerio Público de la Federación Edgar Nieves Osornio.

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La CIDH Defiende al GIEI

Les presentamos esta actualización en el caso de la campaña de hostigamiento que se está llevando a cabo en México en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepdendientes (GIEI) por las investigaciones que conduce con respecto a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada por parte del régimen.

El siguiente comunicado de prensa ha sido publicado en la página de la Organización de los Estados Americanos:

CIDH rechaza categóricamente campaña de desprestigio en México contra el GIEI y el Secretario Ejecutivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.

La Comisión desea destacar que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme  a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.

La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.

La denuncia señala: "Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos."

El acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.

La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron  lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.

La CIDH designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.

El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.

La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.

Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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El Régimen Mexicano y el GIEI

Con respecto a la campaña de desprestigio y hostigamiento en contra de la CIDH y del GIEI desde los espacios de poder de la más rancia derecha mexicana, aquí les compartimos esta nota publicada en La Jornada:

La postura ambigua del gobierno federal ante el GIEI

Ayer, al cumplirse 18 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de familiares de estas víctimas se manifestaron en esta capital por la continuidad de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo segundo periodo de trabajos en nuestro país concluirá en aproximadamente dos meses.

La víspera, un grupo de padres y madres de los normalistas desaparecidos manifestaron su rechazo a la "reparación del daño" planteada por el gobierno federal, que consiste, según los propios familiares, en ofrecimientos de dinero a manera de indemnizaciones por la desaparición de los muchachos.

Como queda de manifiesto, a año y medio de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, las autoridades siguen sin mostrar la sensibilidad y la altura de miras requeridas para atender las demandas de las familias de los normalistas, que en todo este tiempo, por lo demás, han sido consistentes: la búsqueda efectiva de los desaparecidos y el castigo a los responsables.

La solicitud de extender la presencia del GIEI en el país se inscribe, por otra parte, en el contexto de una intentona por desacreditar a varios integrantes del grupo de expertos en lo individual, como ha quedado de manifiesto con las denuncias formuladas por las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz respecto de las calumnias que en su contra han lanzado grupos ultraconservadores y medios de comunicación.

Tales difamaciones, lanzadas contra estas y otros integrantes del GIEI, resultan doblemente peligrosas e inaceptables: por un lado, porque denotan un afán insoslayable por desacreditar la labor de ese equipo interdisciplinario en su conjunto, que ha venido a arrojar luz sobre uno de los hechos más indignantes en el de por sí abultado historial de violaciones a derechos humanos en el país; por otra parte, ante la falta de interlocutores válidos y confiables para las familias de los desaparecidos y su entorno social de apoyo, las calumnias contra el GIEI amenazan con cancelar acaso el único canal de comunicación institucional entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos y el Estado mexicano, en la medida en que fue este último el que invitó a los expertos a realizar pesquisas y coadyuvar con las autoridades nacionales en el esclarecimiento del episodio.

Las autoridades federales tienen ante sí una disyuntiva de suma importancia: profundizar en la configuración de un entorno propicio para el surgimiento de las calumnias mencionadas o apuntalar la labor del GIEI y atender, de esa manera, una demanda legítima y comprensible de las familias de Ayotzinapa. Hasta ahora, el gobierno federal ha mantenido frente a las tareas del GIEI una postura ambigua, pues por un lado ha expresado disposición para prorrogar el trabajo del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro ha rechazado avanzar en las líneas de investigación que involucran a las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas y ha exhibido, con ello, su incomodidad por la labor del grupo de especialistas independientes.

A la luz de estos elementos de juicio, lo menos que cabe esperar del gobierno federal es un respaldo inequívoco y contundente al GIEI y un agotamiento de las líneas de investigación trazadas por éste. A fin de cuentas, la labor desempeñada por ese equipo de especialistas ha hecho un gran favor a un país como el nuestro, donde la justicia es difusa, errática y tardía para las víctimas y sus familias.

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El TPP se Solidariza con el GIEI

Hace un par de días les alertábamos acerca de la escalada en el hostigamiento que desde diferentes ámbitos se ha hecho al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIEI, por sus siglas- que investiga el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada desde la noche del 26 de septiembre de 2014.

Al respecto, se ha publicado este texto en La Jornada:

El GIEI y el Tribunal Permanente de los Pueblos

Gianni Tognoni*

La larga campaña de ataques desarrollada en contra de los trabajos y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humano, se ha caracterizado por sus objetivos de desprestigiar la metodología y la fiabilidad de su trabajo y por la absoluta ausencia de atención a los datos que reconstruyen los eventos dramáticos, hasta la fecha impunes, que habían motivado la necesidad urgente de nombrar a este grupo internacional independiente y competente por un organismo tan conocido por su autoridad moral y su trayectoria rigurosa.

Nos sentimos obligados y autorizados a tomar la palabra en cuanto representantes de otro organismo internacional, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que ha trabajado intensamente a lo largo de cuatro años, investigando (con el respaldo y la colaboración muy activa de un sinnúmero de grupos de ciudadanos y expertos de México) la extensión, las causas, las responsabilidades de las violaciones masivas de derechos humanos de las personas, las comunidades y pueblos del país. Uno de los miembros de la comisión que ha sufrido más ataques, Carlos Martín Beristain, es también integrante del TPP.

Los hechos investigados por el GIEI han coincidido con la fecha de una de las audiencias del TPP que, en su sesión final realizada en noviembre de 2014, escuchó también testimonios de la masacre de Ayotzinapa. Las evidencias presentadas han sido tan contundentes que el jurado del TPP decidió asumir lo que ocurrió a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa como resumen trágico y ejemplar de todos los hechos que el TPP había documentado y analizado mediante los datos, los informes y los testimonios recogidos; como pruebas fidedignas del carácter sistemático de las violaciones sufridas por el pueblo de México, durante las 10 audiencias temáticas dedicadas a todos los sectores afectados por la violencia en el país: trabajadores, mujeres, jóvenes, activistas y defensores de derechos humanos, maestros y educadores, periodistas y comunicadores, migrantes, soberanía alimentaria, comunidades indígenas y campesinas, medioambiente y salud.

Por eso declaró que “los días de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más críticos en la vida de la sociedad mexicana.

"La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la audiencia final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y la connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en la larga lista de violaciones a los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se está manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos."

Sin pretender retomar los detalles del texto de la sentencia final del TPP, es preciso recordar algunas de las afirmaciones más pertinentes del veredicto: "El TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible, que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, la pobreza, la emigración, la violencia social y la desprotección, y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo."

No es difícil reconocer en estos escenarios de responsabilidades e impunidad una estrecha coincidencia con los resultados del trabajo del GIEI. La trayectoria del TPP y la competencia, autonomía y representatividad que la integran, así como la consistencia de sus conclusiones, son bien reconocidos y se han construido a lo largo de más de 40 sesiones, en las que se han investigado y juzgado algunas de las realidades más críticas y trágicas de la historia de los recientes 30 años.

La coincidencia de dos organismos internacionales independientes, tanto en las conclusiones como en la demanda de transparencia, que queda sin respuesta de las autoridades públicas, es una prueba más de un contexto de impunidad programada frente al cuadro de violaciones masivas de los derechos humanos en México. Y esa realidad no se puede modificar con campañas de desprestigio contra quienes la muestran en toda su extensión.

*Italiano, doctor en medicina y cirugía; es especialista internacional en políticas sanitarias. Desde su fundación en 1979, es secretario general del TPP. Dirige el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes en los principales sectores de la medicina y en políticas de medicamento.

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Estulticia Contra la CIDH en México

Durante su larga campaña en contra de Hugo Chávez los consorcios televisivos mexicanos, meros altavoces de los oscuros intereses de la oligarquía globalizada, a menudo le recriminaban el que el gobierno de Venezuela fuese crítico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy que es México el que está bajo la lupa de la CIDH por el caso de Ayotzinapa y la "verdad histórica" de Murillo Karam, olvidan su galante defensa en contra de Chávez y se lanzan al abordaje utilizando las mismas retorcidas estratagemas que el régimen borbónico franquista ha empleado durante décadas: delegar a "organizaciones ciudadanas" la tarea de actuar como parte acusatoria para así salvaguardar la fachada democrática del régimen ante la comunidad internacional.

En el estado español han servido para ello plataformas como Foro Ermua, Para la Libertad, Dignidad y Justica o Manos Blancas; en México le corresponde hacer el golpeteo a algo denominado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Lean ustedes esta nota publicada en Sin Embargo:

La PGR inicia investigación contra Álvarez Icaza por presunto fraude en labor del GIEI

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició ayer la averiguación previa luego de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la PGR a Alvarez Icaza por una supuesta malversación de fondos obtenidos del Gobierno mexicano para la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), por un supuesto fraude aproximado de 2 millones de dólares obtenidos del Gobierno federal para la investigación del caso Iguala.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició ayer la averiguación previa luego de que el pasado 15 de marzo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la PGR a Alvarez Icaza por su “conducta antisocial” en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

La dependencia dijo la denuncia tendrá que ser ratificada por el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, quien acusa Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”, denunció el líder.

Antonio Ortega denunció el 15 de marzo en la PGR a Álvarez Icaza de una supuesta malversación de los fondos que el Gobierno de México ha otorgado a la CIDH, pues, dijo, es responsable del dinero que ha recibido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, ha denunciado en repetidas ocasiones que el GIEI “ha pretendido con una clara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar los avances de la investigación de la PGR, basados en evidencia e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los responsables”.

“En este caso las víctimas del engaño son el Gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el Gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyos integrantes deberían ayudar al Gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.

El presidente del Consejo Ciudadano también ha acusado a tres integrantes del GIEI de ser deshonestos, pues asegura que tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los 43 normalistas desaparecidos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.

¿Recuerdan aquel debate entre Denise Dresser y la impostora Isabel Miranda de Wallace?

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Denise Dresser destroza a Isabel Miranda de Wallace en debate por Ayotzinapa

La Sra. Wallace no sabía ni lo elemental, se inventó el concepto de conflicto de interéses, "refutó" a una Dra. en Ciencias Políticas conceptos universales sobre derechos humanos con argumentos burdos dignos de un mal estudiante de secundaria, su entera defensa de que el caso fue un secuestro se basó en que así está la acusación ante el juez (¿y quién hace la acusación)... demostrando que no tiene ni los mínimos conocimientos de Derecho Procesal.

Pero claro, si te "cae mal" una politóloga experta con décadas de experiencia resulta que cualquier hermana perdida de Ricardo Alemán es válida para debatirle con la más vil ignorancia ¡y aplaudirle!.

Ya tienen rato con Emilio Álvarez Icaza en la mira.

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La Tortura y el Terror de Estado

Sin mayores preámbulos, les compartimos este reportaje publicado en DesInformémonos:

La tortura busca aterrar a la población para provocar parálisis social frente al despojo: Fazio

Rosa Rojas

La finalidad de la tortura  es destruir al ser humano concreto y al ser político para aterrar a la población; los sistemas que promueven el uso de la tortura “lo hacen con lúcida conciencia” como demostración de poder, indicó Carlos Fazio, catedrático de la UNAM, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de esa casa de estudios.

Por su parte, la antropóloga Elena Azaola informó que se realizaron entrevistas  a jóvenes recluidos en centros de detención de  Coahuila, Morelos, Hidalgo y Sinaloa, lo que reveló que 76 por ciento de ellos fueron víctimas de tortura.

El impacto que queda después de una experiencia así es demoledor, de ahí en adelante ¿en qué autoridad pueden confiar? cuestionó la investigadora, quien leyó algunos de los testimonios del severo maltrato sufrido por los jóvenes de parte de las autoridades que los detuvieron.

En su conferencia, titulada La práctica sistemática y generalizada de la tortura en México, herramienta para la dominación de clase, Fazio mencionó dos casos, la violación de 23 de mujeres detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando era gobernador el ahora presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y el caso del joven  Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa, ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En el caso de Atenco, queda claro que la violencia erótica es la concreción del poder, además de que los policías que cometieron los abusos sexuales y violaciones “cumplían órdenes superiores, es decir había una cadena de mando”.

La tortura en Atenco fue también una demostración de poder y un reflejo de la relación entre los detentadores del poder y los opositores, apuntó.

El también articulista de La Jornada mencionó que en el caso de Mondragón, a diferencia de sus compañeros, que fueron desaparecidos, su cadáver con el rostro desollado no fue ocultado. “La tortura se planificó para ser vista, sus verdugos quisieron enviar un mensaje, por eso tomaron fotos del cadáver y las difundieron por Twitter a sólo cuatro horas de su muerte. El mensaje de terror escrito en el cuerpo de Julio César es la concreción más extrema del uso del poder. Fue como un ritual simbólico que pretendía recordarnos el poder disciplinador del Estado” subrayó.

Fazio mencionó por otra parte que hay intelectuales orgánicos y unos 25 o 30 periodistas de Televisa, TV Azteca, Milenio, que tienen voz en la televisión, radio y en los periódicos, que son utilizados por el gobierno para, por ejemplo, el golpeteo contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar desacreditarlos cuando su investigación llega al papel que desempeñaron los militares en Ayotzinapa.

Hablando de la violencia del Estado, añadió, lo que viene en 2017 y 2018 es una nueva fase de despojo del campesinado pobre, “lo que necesita del miedo, de la parálisis social”, por lo que es necesario multiplicar foros como éste para que haya conocimiento de este estado de cosas. La música, el cine, la poesía tendrían que servir para concientizar a la gente y pasar a la fase de la organización para enfrentar esto, aseveró Fazio.

A su vez Jacinto Rodríguez, de Harvard University, quien disertó sobre El arte de invisibilizar la violencia- Tortura, la función de los medios de comunicación en los años de la Guerra Sucia en México, cuestionó cómo fue posible que la tortura se hiciera costumbre en México, tal cual ha sucedido.

El investigador citó como ejemplo de la construcción del “diseño del enemigo” a través de los medios de comunicación desde 1968, “que es el primer ensayo de lo que vendría después en la guerra sucia”, la columna Granero Político que se publicaba en el diario La Prensa, donde se hablaba de los “terroristas” para referirse a los opositores.

La paradoja es que entonces México recibía a políticos latinoamericanos que eran perseguidos en sus países de origen por gobiernos dictatoriales, para muchos de los cuales no hubo guerra sucia en México, apuntó.

Habló también del papel de los intelectuales, “hay varios niveles en los que se termina invisibilizando la violencia del Estado mexicano” sobre todo en el caso de Luis Echeverría Alvarez, además de la legitimidad mediática que le dan al gobierno los medios de información, que silencian la violencia o caracterizan como terrorismo las acciones de los opositores; hay también una “corresponsabilidad de las universidades” en ese silencio, añadió.

Apuntó que el sistema político mexicano, no sólo el presidente sino “los que regresaron después de 12 años” y que “no sabemos si se vayan en el 2018”, que se dan cuenta de que la historia “es incómoda y es peligrosa” y han vuelto a cerrar los archivos sobre la guerra sucia que abrió Vicente Fox, buscando otra vez invisibilizar la historia.

Afirmó que la gente no tiene en la conciencia lo ocurrido en la guerra sucia por lo que los intelectuales y los medios tienen una gran responsabilidad para difundir lo ocurrido, aunque ahora el internet es un elemento que rompe la correlación, hay que seguir hablando. El sueño, dijo es que  aparezca en la conciencia social en México que el Estado no ha pedido perdón, aunque sea simbólico, por lo que ocurrió en esa etapa de nuestra historia.

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Una Voz por Ayotzinapa en Europa

Hace unos días denunciábamos la actitud colaboracionista por parte de las instituciones europeas para con el régimen de Enrique Peña Nieto por su caótico e interesado mal manejo del caso Ayotzinapa. Recordemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -¿recuerdan la virulenta reacción de las "democracias occidentales" ante el distanciamiento del gobierno de Caracas con respecto a esa misma institución?- incluso ha llevado a cabo la presentación de un segundo informe en el que termina de desmontar la monstruosa versión oficial. 

Pues bien, afortunadamente ya se ha alzado una voz en Europa ante este despropósito, aquí les presentamos esta nota publicada al respecto en La Jornada:

 

Censuran al Parlamento Europeo por posponer reunión con el GIEI

Oficina ecuménica de Alemania lo acusa de ceder a "presiones" de México

José Antonio Román

La Oficina Ecuménica por la Paz y Justicia de Munich, Alemania, reprochó a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo haber cedido a las "presiones diplomáticas" del gobierno mexicano para posponer el encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el pasado primero de diciembre, donde le presentarían un informe de su trabajo en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En carta dirigida a Elena Valenciano, presidenta de dicha subcomisión, la Oficina Ecuménica calificó de "vergonzosa" la actuación de esa representación del Parlamento Europeo, al postergar dicho encuentro para "algún momento" después de la visita que prevén realizar a México algunos de sus integrantes, cuando la lógica indica que lo adecuado habría sido recibirlos antes.

Se destaca que la reunión previa a su viaje habría servido a la subcomisión no sólo para estar bien informada antes de emprender la visita, sino para demostrar públicamente el apoyo al "ejemplar trabajo de investigación" que el grupo de expertos internacionales estárealizando acerca de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, el asesinato de seis civiles y la agresión a los demás estudiantes de Ayotzinapa; uno de los casos más nefastos en materia de violación de derechos de la población de un país.

“Señora Valencia, y por extensión a todos sus colegas que han sido cómplices de esta maquinación de la diplomacia mexicana en Bruselas: queremos decirle lo mismo que hemos dicho a los funcionarios de la Comisión Europea: si lo que quieren es defender los negocios de las empresas europeas en México, propiciando con su silencio el llamado ‘buen clima de inversiones’, háganlo, están en su derecho; pero no intenten engañarnos diciendo que les interesa la defensa y promoción de los derechos humanos”, señala la carta.

Además, en el mismo tono la misiva destaca que con esta decisión el Parlamento Europeo se ha "alineado" con la Comisión Europea y los distintos gobiernos de la región, que desde un principio saludaron las falsas promesas de esclarecimiento de los hechos realizadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

"¿Acaso se ha cuestionado si después de esto podría usted ver a los ojos a los grandes referentes de la socialdemocracia, como Olof Palme, quienes no dudaron en ponerse de pie para luchar contra las injusticias?", señala la misiva, enviada también con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre.

Y bueno, la tal Elena Valenciano ha resultado ser española, así que ya sabemos por donde va el asunto.

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Ni Cenizas de la "Verdad Histórica" en Caso Ayotzinapa

Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) muestra pruebas que desmontan por completo la versión oficial dada por el régimen de Enrique Peña Nieto.

Claro, esto no ha gustado a los priistas, acostumbrados a que los organismos internacionales se hagan de la vista gorda ante los crímenes y excesos cometidos por un partido político corrupto y corruptor.

Un hecho es incontestable, al régimen que mal gobierna México le incomoda la educación pública, lo quieren privatizar todo. Las normales rurales son el último bastión antes del asalto final a la UNAM, es por esto que el PRI ha hecho suyo un asunto que ni siquiera le pertenecía políticamente, porque al final sirve a sus fines la represión de estado en contra de los normalistas de Ayotzinapa.

Les presentamos este reportaje publicado en La Jornada:

El GIEI derrumba por completo la verdad histórica del caso Ayotzinapa

Señala que recibió información incompleta de 11 militares interrogados por el Ministerio Público y que es urgente rentrevistarlos

José Antonio Román y Víctor Ballinas

Con nuevas evidencias que terminan por echar abajo la "verdad histórica" sobre el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Basado en pruebas y estudios meteorológicos, así como en imágenes satelitales de la región durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, se reveló incluso que en varias horas de esos días hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros en Iguala, y condiciones similares en Cocula.

Al presentar los avances de la segunda parte de su mandato de seis meses, el informe del GIEI señaló también que fue en la última revisión del expediente cuando se percataron de que 11 de los 27 militares del 27 batallón con los cuales han solicitado de manera reiterada e infructuosa poder entrevistarse, ya se presentaron a dar su declaración o a ampliar la misma ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pero que no fueron notificados de esta diligencia.

"El grupo ya analizó sus palabras; sin embargo, debido a la forma en que se toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el Ministerio Público en tales entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos claves pendientes de profundizar, pues no se responde ni se evalúan", señala el informe presentado en conferencia por los expertos Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Alejandro Valencia.

Por ello, los expertos insistieron en la necesidad de "re-entrevistar" a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos.

Dijeron que el GIEI ya tiene preparado un cuestionario que quiere formular a los 27 militares de su petición inicial.

No obstante, advirtieron que si no están presentes en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El GIEI destacó que en dichas declaraciones –rendidas el 26 de agosto y el 11 de septiembre reciente– sólo se incorporó una copia Power Point de las fotografías que hace meses el grupo alertó que estaban en poder del 27 batallón, pero que aún no se ha proporcionado un video tomado en la zona de Palacio de Justicia, donde fue detenido y desaparecido el grupo de normalistas.

Ya en la conferencia de prensa, Carlos Beristáin destacó que esa entrevista con los militares es esencial para el esclarecimiento de los hechos, pues se ha documentado que estos elementos de las fuerzas armadas estuvieron presentes en cuatro de los sitios donde se dieron los hechos: antes y después de la llegada de los normalistas; en los lugares donde se dio la agresión contra ellos, la clínica donde trataron de refugiarse los jóvenes tras la agresión, y en el sitio donde apareció muerto el normalista Julio César Mondragón.

En la conferencia, realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Ángela Buitrago se refirió al plazo de seis meses previsto para este segundo mandato y si este será suficiente. "Ya hemos tomado la decisión de que debe ser necesariamente suficiente, y hemos apuntado todo para que esta segunda etapa inclusive se trabaje con mayor fuerza que en la primera para tratar de dar con el paradero de los muchachos. Esa es nuestra decisión y pretensión", dijo.

Aunque reconoció que en un delito de desaparición forzada se necesita mucho tiempo más para poder terminar, la decisión del GIEI es tratar de dar los mayores elementos posibles como coadyuvantes de la PGR, "para que se logre el objetivo final de saber dónde están".

Dividido en tres temas, el informe aborda la constitución del nuevo equipo de la PGR encargado de la investigación, las líneas de pesquisas y búsqueda, y la atención y relación con los familiares de las víctimas.

En el primero, el GIEI informó que "trabaja de lleno" en las propuestas proporcionadas a la PGR sobre los nuevos escenarios de búsqueda y diligencias, y donde "se ejecuta un plan que ya está arrojando nueva información relevante para el caso".

Incluso, sin dar nombres de regiones o estados, citaron que la PGR "ha hecho desplazamientos a otros lugares donde busca información y realiza acciones de búsqueda de los normalistas", además de que se ha pedido revisar todas las actuaciones sobre el llamado quinto autobús tomado por los normalistas y que podría tener relaciones con el móvil de los hechos.

Del nuevo peritaje que pretende encargar la PGR sobre el basurero, se dijo que ellos lo consideran innecesario.

Sobre la atención y relación con los familiares, el GIEI señaló la necesidad de que se agilicen los trámites para la prueba del ADN al cuerpo de Julio César Mondragón, por el retraso de trámites judiciales.

La viuda y hermanos de Julio César Mondragón exigieron la agilización de los trámites, pues de lo contrario el cuerpo podría permanecer en cámaras de refrigeración hasta enero próximo.

Farolazo de la Calle

"Farol de la calle y oscuridad en su casa" reza el dicho.

A nadie le queda mejor el saco que al empleadillo de Barack Obama en México, un violento analfabeto funcional de nombre Enrique Peña Nieto.

Se contabilizan alrededor de 53 mil muertes violentas en lo que va de su sexenio, pero ni por un momento podemos olvidar el preámbulo que se escribiese allá en 2006 cuando el entonces gobernador del Estado de México ordenó el brutal operativo policíaco en contra de los habitantes de San Salvador Atenco, con el saldo de dos asesinados (un adolescente y un jóven bailarín), decenas de mujeres violadas y  un sinnúmero de torturados.

Tampoco podemos soslayar el terrible manejo del caso Ayotzinapa y su falsa salida verbigracia de la ahora infame "verdad histórica" hecha añicos por el GIEI de la CIDH, dictamen del que no quieren saber nada sus socios (¿patrones?) de la Unión Europea.

Pues bien, muy francófilo y ecoloco hare krishna, anda haciendo declaraciones extremadamente hipócritas en la París del auto-atentado.

Les compartimos esta nota publicada en la página de Aristegui Noticias:

Ante la intolerancia y barbarie, unidad internacional: Peña en París

"Hace apenas unos días, París y Francia entera, cuna de las libertades, la igualdad y fraternidad, y los derechos humanos, fueron atacados por quienes están en contra de estos valores esenciales", aseveró el presidente.

Ante la intolerancia y la barbarie sólo caben la unidad y la fraternidad internacional, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al reiterar su solidaridad al pueblo francés por los atentados ocurridos el pasado 13 de noviembre.

“Junto a Francia y los franceses estamos todos los países y sociedades que creemos en la vida, en la libertad y en la democracia”, afirmó el mandatario en su mensaje de inicio al moderar la segunda sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21).

Ante mandatarios de diversos países, lanzó una condena ante el hecho de que Francia, cuna de las libertades, la igualdad, la libertad, la fraternidad y los derechos humanos, fue atacada por quienes están en contra de estos valores universales.

“Reitero al pueblo y al gobierno francés nuestro respaldo, así como nuestra solidaridad con los familiares de quienes fallecieron en estos hechos”, expuso en relación con los ataques terroristas perpetrados por yihadistas del Estado Islámico, en los que murieron 129 personas en la capital francesa.

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Bruselas en Contubernio con Peña Nieto

El entreguismo que ha caracterizado al régimen del priista Enrique Peña Nieto le ha servido para recibir un favorcito de parte de Bruselas en el caso Ayotzinapa según nos relata esta nota publicada en Proceso:

Elude UE fijar postura sobre reporte del GIEI en caso Ayotzinapa

Marco Appel

La alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, evadió fijar su postura respecto del reporte que elaboró el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa que cuestiona la versión oficial de que los normalistas fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

En una carta, un grupo de 17 eurodiputados del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) manifestó a Mogherini que el reporte del GIEI arroja que “no hay pruebas que apoyen la conclusión del gobierno mexicano de que los estudiantes hayan sido ejecutados y sus cuerpos hayan sido quemados por una banda de narcotraficantes”.

El informe del GIEI, señalaron los eurodiputados, “indica que las brutales acciones muestran la impunidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad del Estado junto con la delincuencia organizada”, por lo que las conclusiones de ese grupo de expertos “son una dura reprimenda al gobierno (mexicano) y sus autoridades”.

Los eurodiputados del grupo ALDE preguntaron a la alta representante si compartía “la grave preocupación” del GIEI y si se planteaba “las mismas preguntas que las formuladas por los expertos independientes en el informe”. Además, le solicitaron que expresara su acuerdo o no en que los hallazgos del GIEI “revelan problemas sistemáticos” en México.

En su respuesta escrita, Mogherini se limitó a decir que el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, se había reunido con el GIEI en abril pasado durante una visita a México y que la delegación de la UE y los servicios diplomáticos de la misma mantienen “contactos frecuentes” con las autoridades mexicanas.

La semana pasada el Parlamento Europeo aplazó a una fecha todavía no determinada la presentación del informe del GIEI que tendría lugar el 1 de diciembre pasado. Así lo decidieron los dos grupos mayoritarios, el del Partido Popular Europeo y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos, argumentando que era mejor invitar al GIEI después del viaje que realizarán a México miembros del Subcomité de Derechos Humanos en febrero próximo. Los demás grupos se opusieron.

Un grupo de ciudadanos mexicanos y europeos lanzó una campaña en las redes sociales para exigir que “el GIEI sea escuchado en el Parlamento Europeo”, y se invita a los usuarios a dejar mensajes en el muro de Facebook de la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de esa institución, la española socialista Elena Valenciano.

De esta forma Bruselas agradece la entrega de los recursos naturales de los mexicanos a las trasnacionales estadounidenses y europeas.

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La CIDH Desmonta "Verdad Histórica" sobre Ayotzinapa

A escasos días de que se cumpla un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la CIDH a través de GIEI ha desbararatado por completo la versión oficial acerca de lo sucedido en Iguala y las horas posteriores.

No sabemos que hará la prensa oficialista Zabludovsky-López Dóriga que se ha dedicado a "defender heroícamente" a la CIDH ante los ataques de los "populistas" Nicolás Maduro y Evo Morales ahora que dicha institución le ha proporcionado todo un varapalo al "gran demócrata" Peña Nieto.

Aquí la reseña completa publicada en La Jornada:

Mantener búsqueda de los 43 normalistas, recomienda el GIEI

Blanche Petrich y Emir Olivares

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa realizó una veintena de recomendaciones al Estado mexicano tras presentar sus conclusiones por el crimen contra los estudiantes de esa normal.

Al presentar el informe final de sus primeros seis meses de trabajo, los expertos dividieron las sugerencias en varios tópicos: las referentes a la investigación, sobre la responsabilidad, por la búsqueda y las ligadas a la atención a las víctimas.

Entre otras, los cinco miembros del GIEI recomiendan: considerar otras investigaciones a derechos humanos, realizar más diligencias y abordar las gestiones pendientes; confrontar los peritajes con la evidencia balística; realizar cruces entre las muestras de ADN halladas en lo autobuses donde viajaban los normalistas y en sus ropajes con los perfiles genéticos de sus familiares.

Los expertos independientes nombrados por la CIDH también sugirieron que leas autoridades apoyen sus investigaciones con peritos independientes que indaguen probables actos de tortura contra los presuntos perpetradores del ataque y probable incineración de los normalistas.

Asimismo, agregaron que se abran las indagatoria para analizar la responsabilidad de otros cuerpos de seguridad, y no sólo de las policías de los municipios de Iguala y Cocula, y llevar a cabo nuevas capturas, particularmente de otros funcionarios implicados.

Mantener además el proceso de búsqueda de los 43 normalistas y otras personas que han sido desaparecidas.

También recomiendan que en los procesos judiciales se rechacen todas las pruebas obtenidas bajo tortura, que se reformen las fuerzas de seguridad a fin de profesionalizar a la policías, entre otras tantas.

Descarta GIEI incineración de estudiantes en basurero de Cocula

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, descartó que los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014 de esta normal rural fueran incinerados en el basurero de Cocula. "Este evento, tal como ha sido descrito (por la PGR) no pasó ", concluyeron.

El GIEI llegó a esa conclusión con base en información científica realizada por el experto en ciencias del fuego José Torero, graduado de la Universidad de Berkeley, quien colaboró en el departamento de Fuego de la Universidad de Edimburgo, Escocia, y es actual miembro del Departamento de Ingeniería y Fuego de la Universidad de Queensland, Australia.

Torero visitó el pasado 12 de julio el basurero donde, de acuerdo con la hipótesis central de la Procuraduría General de la República (PGR), habrían sido incinerados los normalistas por miembros del crimen organizado, lo que fue calificado por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”.

En la presentación del informe final del GIEI, que se realizó este domingo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Francisco Cox, uno de los cinco integrantes de este grupo, detalló los resultados de los estudios realizados por Torero.

El experto en fuego concluyó que el ambiente "más ineficiente" para realizar la cremación de un cuerpo es al aire libre, debido a que es sólo un bajo porcentaje de la energía generada por el fuego el que se dedica al consumo del objeto, debido a que mucha de esa energía se extiende hacia los lados y hacia el aire.

Los cálculos de Torero -dijo Cox- para quemar solamente un cuerpo se requeriría 700 kilos de madera o 310 kilos de neumáticos en una duración de 12 horas. Por lo que para incinerar 43 cuerpos se requerirían 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 de llantas y la duración sería de 60 horas.

El integrante del GIEI sostuvo que la declaración de uno de los presuntos responsables de haber incinerado a los normalistas asienta que el tiempo que estuvieron en el basurero de Cocula para quemar a los cadáveres fue de 16 horas. "Con base en esta investigación científica, el GIEI descarta esa afirmación", sentenció Cox.

Torero también hizo un ejercicio para llevar al mínimo el metraje en el que se pueden incinerar 43 cuerpos. Así, concluyó que podría darse en un espacio de 12 por 2.5 metros, con 1.5 de altura, un espacio más reducido que el que considera la PGR en sus indagatorias.

Con base en ello, el experto internacional aseveró que la altura de la llama hubiera alcanzado siete metros y el humo o penacho se habría levantado a una altura de 300 metros, lo que hubiera podido ser visto por los habitantes de Cocula, pues de acuerdo con los inculpados estuvieron en en lugar hasta las 16:30 horas del 27 de septiembre.

El experto de la Universidad de Edimburgo también analizó el nivel de energía o radiación que se habría sentido en el lugar donde presuntamente fueron quemados los normalistas.

Dijo que el nivel de radiación pudo haber alcanzado entre los 16 y los 2 kilowats. Este nivel es capaz de quemar la piel de quien se acerque a escasos metros de la fogata. Esto contraviene una de las declaraciones de los inculpados por la PGR, que aseguran que después de 6 horas de que iniciaron el fuego bajaron a la barranca del basurero a colocar más combustible sobre la hoguera.

El experto internacional también analizó el estado de la vegetación del lugar. Concluyó que si bien las hojas de los árboles vuelven a nacer rápidamente, la madera de los árboles debió haber sufrido daños, pues con el nivel de energía que se concentra en una hoguera para quemar a más de 40 cuerpos, la madera de la vegetación debió presentar daños que tardan en subsanarse varios meses, incluso años.

Sumado a ello, dijo Cox, debido al plástico que existe en el basurero, si si hubieran incinerado los cuerpos de los normalistas en esa barranca del basurero, "se hubiera tenido que generar en el lugar un incendió forestal que destruyera toda la zona".

Por ello, agregó, el GIEI concluyó que "los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula".

Tras informe del GIEI, padres de normalistas piden reunión con Peña Nieto

Las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa atacados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 señalaron que los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)para el caso mostró que la llamada "verdad histórica", no es tal, sino por el contrario es una "mentira histórica".

Los familiares de los normalistas presentaron esta tarde su posición tras la presentación del informe final del GIEI esta mañana en el que se concluyó entre otras cosas que hay evidencia científica de que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada desde hace casi un año no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, que ha sido la principal tesis de la PGR, presentada por el ex titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam.

Los familiares de las Víctimas hicieron varias demandas, principalmente pusieron énfasis en dos: que el gobierno de Enrique Peña Nieto refrende de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la CIDH hasta que se alcance verdad, justicia y sanción para los responsables, así como hasta que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos.

También exigieron una reunión inmediata con Peña Nieto, antes del 10 de septiembre, pues el titular del Ejecutivo federal no ha cumplido ninguno de los diez puntos a los que se comprometió con los padres y madres en la primera y única reunión que ha tenido con ellos en octubre del año pasado.

Exigieron también una búsqueda inmediata de sus hijos desaparecidos y lamentaron que el gobierno federal, a través de la PGR haya mentido no sólo a los familiares, sino a todo el pueblo de México y el mundo con "el teatro" creado por Murillo Karam.

En ese sentido demandaron que tanto el ex procurador como otros funcionarios federales sean sancionados.

Los padres y madres recordaron que desde el primer momento no creyeron en la tesis oficial, y enfatizaron que no descansarán hasta hallar con vida y sanos y salvos a sus hijos.

Si desean descargar el informe completo del GIEI lo pueden hacer en esta página.

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