Madrid Mima a Sus Sicarios

El régimen borbónico franquista está dispuesto a llegar al ridículo frente a la comunidad internacional con tal de dotar de la más completa inmunidad a sus sicarios.

Los tiempos que corren en el concierto internacional le exigieron al PNV hacer algo con respecto a las víctimas de la violencia sistemática generadas por el terrorismo de estado implementado por Madrid en Hegoalde con el afán de impedir algo que se ha venido dando desde hace ya doscientos años; el proceso de autodeterminación e idependencia de sus colonias. A estas alturas del siglo XXI Madrid se aferra a sus hazañas imperialistas y en esa tesitura es que durante el siglo pasado y lo que va de este se ha erigido como la nación más retrógrada de Europa, torciendo la ley hasta el punto de quiebre o incluso quebrándola, con tal de mantener su dominio sobre la colonia africana que aún retiene - Las Canarias - así como las que se encuentran localizadas en la propia europa: Euskal Herria, Catalunya, Galiza y Andalucía.

Pero esa ley de víctimas pergeñada en Gasteiz no gustó, como era natural, en Madrid que impune, exigió fuese modificada a su capricho. Los del PNV no se hicieron del rogar y su tonto útil Jonan Fernández, solícito como siempre, se apresuró a calmar las ansias revanchistas de los habitantes de La Zarzuela e inhabitantes de La Moncloa.

Lean ustedes este artículo publicado en El Diario:

Euskadi, dispuesta a modular la ley de víctimas de violencia policial para evitar al Constitucional

Jonan Fernández asegura que hay margen hasta mayo para atender las "inquietudes" del Gobierno del PP y dotar de mayor "seguridad jurídica" a una normativa que ampara a unas 400 personas

Iker Rioja Andueza

El Gobierno vasco se ha mostrado dispuesto a modular la ley de víctimas de violencia policial, aprobada en verano de 2016 para el reconocimiento de quienes padecieron violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, si el Estado tiene “alguna inquietud” en torno a la falta de seguridad jurídica de un texto que completa a normativas anteriores sobre víctimas del terrorismo de ETA o de los GAL. El objetivo es evitar que la pelota quede en el tejado del Tribunal Constitucional.  “Tenemos la disposición de darle, mediante reglamento, aquellas garantías de seguridad que sean necesarias”, ha enfatizado en el Parlamento Vasco Jonan Fernández, ahora secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación en su segunda legislatura como comisionado del lehendakari, Iñigo Urkullu, para la gestión del final de ETA.

Esta normativa, que da cobertura a unas 400 víctimas desde la Transición hasta 1999, salió adelante en el último pleno de la pasada legislatura con los recelos del PP. Meses después, en octubre, el Gobierno de Mariano Rajoy mostró su voluntad de acudir al Tribunal Constitucional si en el plazo de seis meses de negociación bilateral que fija la normativa constitucional los Ejecutivos central y vasco no alcanzaban un acuerdo de interpretación respecto a un punto de la norma que no fija como imprescindible la existencia de una sentencia judicial para catalogar a una persona como víctima de violencia policial. La Abogacía del Estado ya recurrió por motivos similares tanto la normativa navarra como un decreto anterior de la oficina de Jonan Fernández sobre estas víctimas y que dio origen a la ley ahora en el alero.

Hay margen de negociación “hasta mayo”, aunque de momento sólo ha habido una reunión, ha dicho Fernández en la Cámara, en la que ha comparecido durante más de tres horas para exponer las líneas generales de su segunda etapa al frente de las políticas de convivencia, ahora ya no de “paz” y sí de “derechos humanos”, según la denominación oficial de su cargo. El asesor del lehendakari ha indicado que la ley fue redactada con la “convicción” de que no ofrecía resquicios de inseguridad jurídica. De hecho, el PNV y el PSE-EE pactaron varias enmiendas precisamente para buscar una redacción más exquisita en este sentido.

Fernández, que mantiene intacto su equipo con Monika Hernando, Aintzane Ezenarro y Enrique Ullibarri-Arana, ha querido matizar, eso sí, que la ley de víctimas de violencia policial “no está recurrida” ni suspendida. “Es una ley vigente aunque está en reflexión”, ha puntualizado ante la confusión existente en torno también a otras iniciativas vascas como la Ley de Vivienda, recurrida igualmente por el Gobierno pero no en su punto sustancial, la consideración de un alojamiento digno como un derecho.

En su comparecencia, Fernández ha reconocido que uno de los ‘debes’ de sus cuatro años al frente de las políticas de convivencia ha sido precisamente no haber trabado una buena relación con el Gobierno de España. “En un balance fundamentalmente positivo [de la legislatura 2012-2016] es cierto que hay una serie de objetivos importantes que no hemos conseguido. No hemos conseguido el final de ETA ni una política penitenciaria consensuada o una reflexión autocrítica con el pasado. Y las relaciones con el Estado no han sido lo fluidas que sería deseable. No tengo problema en asumir la cuota de responsabilidad. No voy a negar que estamos un poco frustrados de la experiencia de la pasada legislatura, pero pasemos página. Estamos dispuesto a compartirlo todo [con el Estado]”, ha explicado sobre sus frías relaciones con el PP a preguntas de la oposición.

Precisamente el PP ha sido uno de los partidos más críticos con la labor de Fernández. El ‘popular’ Carmelo Barrio ha insistido en que es un error “meter en el mismo paquete” la gestión del final de ETA y otras cuestiones como la política penitenciaria. “Me parece un poco excesivo o distorsionador hacer un bloque y ligar la convivencia a cambios en la política penitenciaria”, ha incidido Barrio. Su compañera Juana Bengoechea también ha sido muy dura con las iniciativas formuladas por el responsable de Derechos Humanos: “El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

Fernández ha querido tender la mano a los ‘populares’ y ha dicho que víctimas y presos de ETA son “dos carpetas diferenciadas” y que se tratan con enfoques “igualmente diferenciados”. Pero ha matizado que “no se puede decir que no pasa nada con la política penitenciaria” porque “es un problema y hay que hincarle el diente”. En este sentido, ha planteado llevar a un decreto el programa de reinserción de presos Hitzeman, pese a que Euskadi carece de competencias en materia de Prisiones.

EH Bildu y Fernández también han mantenido un cruce dialéctico. Se ha producido después de que el secretario de Derechos Humanos planteara la importancia de la autocrítica entre quienes dieron cobertura al terrorismo de ETA. “No es por ánimo de fastidiar ni de humillar, pero resulta un problema que no haya una valoración crítica sobre lo que han supuestos las vulneraciones de derechos humanos cometidas por ETA”, ha remarcado el colaborador de Urkullu, a lo que el abertzale Julen Arzuaga ha respondido que su formación ya se ha acercado a las víctimas aunque, ha reconocido, no con el lenguaje que otros partidos le demandan.

Arzuaga, asimismo, ha lamentado que se haya caído la palabra “Paz” del cartel de la puerta de la oficina que dirige Fernández. El representante de EH Bildu ha insistido en que la violencia continúa activa en el País Vasco y ha vuelto a citar la política penitenciaria del Estado como un ejemplo de ello. Ha denunciado que este cambio de nomenclatura es una concesión del PNV a sus socios del PSE-EE.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Equo) ha tomado la palabra Pili Zabala, hermana de un asesinado por los GAL. Zabala, de nuevo hablando en primera persona de su experiencia vital, ha dicho sentirse “humillada” por la preponderancia que se le da a ETA con respecto a otros terrorismos. Fernández, en su intervención, había hablado de todas las víctimas “sin equiparaciones pero sin exclusiones” aunque ha matizado que “ETA merece una valoración expresa” por la “dimensión y significación” de su actividad, tanto en el  tiempo como por el “acompañamiento sociopolítico” que tuvo de la izquierda abertzale.

Por parte del PSE-EE ha tomado la palabra Rafaela Romero. Los socialistas, de quienes se había dicho que recelaban de la continuidad de Fernández en su Gobierno de coalición con el PNV, han mostrado un tono conciliador con el responsable de Derechos Humanos. Y éste ha devuelto el guiño asegurando que existen “amplios campos de colaboración” con el PSE-EE.

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Via Nanclares a la Jeltzale

El insoportable e hipócrita colaboracionismo de la dirigencia del PNV ha llegado a su cota más baja al pretender, por obra del impresentable de Jonan Fernández, invitar al colectivo de presxs políticxs vascxs a acogerse a la Vía Nanclares.

El EPPK, ya de por sí bajo asedio por parte de los duros de ATA, ahora es testigo de otra intentona por parte de colectivos e individuos afines al régimen borbónico franquista por sembrar división.

Aquí les presentamos esta nota publicada en OK Diario:

El Gobierno Vasco informa por carta a presos de ETA de los beneficios penitenciarios

El Gobierno Vasco ha remitido a los presos de ETA un documento “informativo” para que conozcan los pasos que pueden dar para acogerse a los beneficios penitenciarios que contempla la legislación.

El documento ha sido remitido individualmente a cada preso condenado por delitos relacionados con el terrorismo de ETA y en él se detallan los procesos que existen para pasar del primer al segundo grado y de éste al tercero, han explicado fuentes del Gobierno Vasco.

Las cartas fueron remitidas a los reclusos el pasado mes de abril por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, a cuyo frente está Jonan Fernández, y su carácter era “meramente informativo” para que los presos conozcan los procesos de tramitación de progresión de grado de carácter legal.

El Gobierno Vasco presidido por Iñigo Urkullu siempre ha defendido que los presos de ETA aprovechen los beneficios penitenciarios. El lehendakari ha apoyado en varias ocasiones que los presos tengan capacidad para tomar en libertad decisiones individuales con el fin de acceder a beneficios penitenciarios y favorecer la reinserción.

Precisamente, el Ejecutivo vasco ha puesto en marcha durante esta legislatura dos iniciativas relacionadas con los presos denominadas “Zuzen Bidean” e “Hitzeman”, enmarcadas dentro del Plan de Paz y Convivencia.

La propuesta “Zuzen Bidean” defiende la necesidad de “recomponer la normalidad penal y penitenciaria” una vez desaparecida la amenaza de ETA y recoge varias medidas que están dentro de las posibilidades explícitas que ofrece la legislación, según el Ejecutivo vasco.

Entre ellas figura la transferencia de la competencia sobre prisiones al Gobierno Vasco, el acercamiento de los presos de ETA, agrupar a los reclusos con hijos dentro de la misma cárcel y poner en libertad condicional a los mayores de 70 años.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la reinserción, este programa propone dar una respuesta oficial al “compromiso asumido por los presos de la ‘vía Nanclares'”, e institucionalizar experiencias como los encuentros restaurativos entre etarras y víctimas.

El otro programa, “Hitzeman”, busca favorecer la reinserción y resocialización de condenados por delitos de terrorismo mediante mecanismos que coinciden con las políticas que se hacen con otro tipo de presos. Propone una serie de recorridos para estos presos relacionados con compromisos académicos, asociativos, institucionales o solidarios.

Según el programa, una comisión gestora emitiría un dictamen favorable o desfavorable al proceso de reintegración social y el Gobierno Vasco convalidaría esta certificación y la trasladaría a las instituciones competentes, ya que en última instancia los organismos que tiene las capacidad de decisión sobre los internos son las Juntas de Tratamiento de las cárceles y los jueces.

Hitzeman también ofrecerá durante dos años a los presos asesoramiento personal y legal y apoyo psicológico, y favorecerá su inserción laboral y la búsqueda de vivienda.

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Piden lo que No Hacen

Los jeltzales han perdido todo contacto con la realidad del pueblo vasco. Preocupados por hacer honor a sus siglas (Patronato del Neoliberalismo Vascongado), se han dedicado a hacer negocios de famiglia mientras otros hacían política. Y mientras ellos se codeaban con la realeza y la nobleza de la Monarquía Bananera los otros eran ilegalizados, perseguidos, represaliados, hostigados, torturados, encarcelados y en no pocos casos, asesinados. Ahora ellos le exigen a los otros que hagan un ejercicio de autocrítica.

Cínicos.

Les presentamos esta nota publicada en Naiz:

Lakua anuncia el programa ‘Zuzendu’, que vinculará la reinserción con la autocrítica

El Gobierno de Lakua ha anunciado que está trabajando en un proyecto piloto, que se pondría en marcha tras los comicios municipales y forales, y que vinculará la reinserción de presos con la autocrítica. Estará ligado a la iniciativa ‘Hitzeman’ para la reinserción, que en su día ya fue calificado de «brindis al sol» al no tener el Ejecutivo competencias para llevarlo adelante.

En una comparecencia ante los medios, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, han presentado el programa ‘Zuzendu’ para la «divulgación de una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos», que estará ligado a la iniciativa denominada ‘Hitzeman’ del propio Ejecutivo en materia de reinserción.

La iniciativa ‘Hitzeman’, presentada el pasado mes de octubre, fue calificada de «ineficaz» por Etxerat y Sortu la definió como un «brindis al sol», teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Lakua no tiene competencias para desarrollar los contenidos del citado programa.

Posteriormente, en noviembre, presentó otro proyecto, ‘Zuzen Bidean’, que recoge veinte medidas encaminadas a «retornar a la normalidad penal y penitenciaria».

Sobre la iniciativa que ha anunciado este miércoles, Urkullu ha explicado a los periodistas que los procesos de autocrítica «están relacionados con el reconocimiento del daño causado», y pueden ser «individuales o colectivos».

En ese sentido, ha considerado necesario «pasar de la coexistencia a la convivencia», ya que ve «difícil» que se dé una convivencia «si no hay un ejercicio autocrítico del reconocimiento del daño causado».

El proyecto piloto se desarrollará, en palabras de Urkullu, tras la próxima cita con las urnas de mayo, para evitar que se vea afectado «por el ruido del debate electoral».

Además, el programa prevé la organización de unas jornadas anuales promovidas por Lakua sobre «el valor social y político de la autocrítica». La primera, ha detallado, se celebrará en el segundo semestre de este año y su organización correrá a cargo de una entidad «especializada e independiente».

Urkullu ha hecho un balance positivo del Plan de Paz y Convivencia pero ha reconocido que la «parálisis de la izquierda abertzale» en ámbitos como la crítica a las vulneraciones de derechos humanos causadas por ETA o el «inmovilismo» del Gobierno español son dificultades que no permiten avanzar.

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Maquillar la Política Punitiva

Gara trae a nosotros este texto en el que Julen Arzuaga hace cera y pabilo del proyecto Hitzeman con el que Lakua intenta abrir una segunda Vía Nanclares contra los presos políticos vascos.

Lean ustedes:

Hitzeman o la gestión vasca de la excepción española

Julen Arzuaga realiza en este artículo una acerada crítica del proyecto que bajo la denominación Hitzeman ha presentado recientemente el Secretario de Paz y Convivencia Jonan Fernández. Señala el parlamentario y abogado que Hitzeman se sustenta sobre la legalidad de excepción impuesta al colectivo de presos y presas vascas, y más concretamente «sobre la que es buque insignia de la excepción penitenciaria: la ley 7/2003 `de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas', confeccionada en la era Aznar en plena borrachera antiterrorista».

Julen Arzuaga | Parlamentario de EHbildu

Fue el jurista nazi Carl Schmitt quien definió al soberano como «quien decide sobre el estado de excepción». Este punto de vista verifica quién es el soberano (Estado español) que dispone de la capacidad de imponer la excepción y quién el subordinado (pueblo vasco) que la sufre. Esa lógica perversa establece quién se ve capacitado para imponer violencia excepcional y quién está impedido de sacudirse dicha coacción.

No es cierto que exista una política punitiva excepcional, como muchas veces denunciamos. Hay dos: hay una legislación penal, penitenciaria del enemigo y, en contraposición, una del amigo. Está la que se aplica a quienes se oponen o combaten al Estado y, por el contrario, la que beneficia a quienes lo defienden con todas las armas, incluidas las ilegales. La política excepcional del castigo, de la venganza y revancha a presos políticos vascos frente a la de la impunidad, del indulto, del ascenso, condecoración y pensión vitalicia a perpetradores de la violencia estatal. Por eso hay presos de un lado y no los hay del otro. Dos excepcionalidades que queremos revertir, resituar en parámetros de verdad, justicia y reparación. Impulsamos avanzar de una legislación especial de guerra a una legislación ordinaria, y de ahí a una que coadyuve a la paz y la normalización política.

El programa Hitzeman de Jonan Fernández, en vez de enfrentar esta dicotomía, la obvia. En vez de revertir la excepción, descansa sobre ella. El secretario para la paz y la convivencia ha soportado este programa en la actual legislación especial que se aplica a los presos políticos vascos, precisamente por ser presos, políticos y vascos. Instituye Hitzeman sobre la que es buque insignia de la excepción penitenciaria: la ley 7/2003 «de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», confeccionada en la era Aznar en plena borrachera antiterrorista. Esa ley que impone penas cuadragenarias solo superables bajo requisitos tales como abandonar los «fines y medios» de la organización a la que pertenecieron, la delación para la «identificación y captura» de presuntos excompañeros, la «petición expresa de perdón» a sus víctimas, la «desvinculación del entorno»... Delación, arrepentimiento, humillación, banderas que hoy UPyD, PP y PSOE (en ese orden) ondean prepotentes.

Efectivamente, Hitzeman se dice un programa apoyado en la legalidad vigente. Legalidad ilegítima. He ahí su grave tacha. Una legalidad trasgresora de derechos de las personas presas. Una legalidad que conculca los derechos a su vida privada y familiar, a su derecho a la integridad física y a la atención médica, a la comunicación, al estudio, a su derecho al acceso a la libertad... Vulneraciones que se mantienen a día de hoy aun y cuando el hecho excepcional que presuntamente lo justificó (la lucha armada de ETA) es hoy inocuo. Una legalidad que enfrentamos -en lo que me toca- en el Parlamento día a día y cuya mayoría se está expresando en decisiones contra la dispersión, tortura, juicios políticos, funciones de la Audiencia Nacional... Pero Fernández todavía prefiere hacer caso omiso a este mandato parlamentario para transitar otros derroteros. Los derroteros de la asunción de la legalidad injusta, ilegítima y del fatalismo al que conduce (presuntamente) no poder (o no querer) enfrentarla y cambiarla.

Más doloroso aún. Reconoce que el programa Hitzeman no tendrá efecto en el plazo inmediato, sino que desplegaría sus supuestas virtudes en el corto, largo plazo. ¿Nos augura el señor Fernández tres, seis, diez... años más de excepción? ¿Considera que en ese plazo no habrá avance, la sociedad vasca no tendrá éxito contra la excepción, no podrá hacer caer esa muralla? No podemos entender su derrotismo sino como consecuencia de la nula determinación que demuestra su Secretaría en arrimar el hombro para superar ese estadio.

Y es que, tras una cortina de falso pragmatismo, de hipotético posibilismo, primero alega que es esta la única posibilidad viendo la cerrazón de Madrid y al mismo tiempo verifica la dificultad para llevar a la práctica su programa al depender del concurso y voluntad del Gobierno de España. Carece de la competencia de prisiones. Pero tampoco establece su estrategia para obtenerla. Aporta, por el contrario, un programa imbuido de mero voluntarismo: «no tiene garantías», asume.

El ministro Fernández Díaz le ha respondido. En su estilo. Le ha dicho, en línea con Schmitt, el jurista de cabecera del III Reich, que el soberano, quien dispone del monopolio de la decisión última sobre la excepción, es él. El Estado español impone. Porque puede. Lamentablemente. Jonan Fernández conocía que esta sería la respuesta. De hecho, sabía que este plan no agradaría a nadie, evidencia del inconfundible oportunismo de Hitzeman. Ante el vértigo de que se verifique que no hace, el Secretario de Paz y Convivencia tiene que hacer que hace. Sabía que no recibiría apoyo, pero en sintonía con su práctica habitual, lo prefiere así para dar la impresión de que todos ladran, luego él cabalga. Nuevos fuegos de artificio con los que brillar. En nombre del consenso, pero contra todos. Oportunismo que le sitúa en el centro para poder mantener la cantinela del reconocimiento de sufrimiento injusto siempre unidireccional.

Reconocimiento sobre el que interpela a los presos, sin los presos. Les impone tareas sin contrastarlas. Establece qué deben hacer sin siquiera ponerse en contacto con sus destinatarios. Vuelve a tratar a los presos como objeto, en vez de sujetos, sujetos con voz y con derechos.

Yerra Jonan Fernández en el análisis con Hitzeman al no enfrentar la excepción, sino legitimarla. No combatirla, sino reforzarla al soportar su programa sobre ella. EHBildu, por contra, trabaja para la superación de toda excepción. Lucha por traer un marco legal que no margine derechos de nadie, sino que haga efectivos los de todos y todas. Por supuesto, también los de los y las presas políticas vascas. EHBildu extiende su mano para establecer una legislación que si ha de ser excepcional lo sea por restaurar todos y cada uno de los derechos y libertades de la ciudadanía vasca y, con ellos, la paz y la normalidad política. Que esta reivindicación básica se convierta en fuerza incontenible.

Huelga decir que frente a aquella visión fascista de Schmitt del soberano como gestor de la imposición, el concepto de soberanía que defiende EHBildu es el que reposa sobre la determinación, la voluntad y la decisión libre de este pueblo.

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La Vía Nanclares de Hitzeman

Y al final el gran proyecto de Lakua con respecto a lxs presxs políticxs vascxs resultó un petardo, lean esta nota publicada en El Mundo:

Garitano cree que el programa Hitzeman es 'reflejo de una experiencia fallida' como la 'vía Nanclares'

Subraya que Jonan Fernández reconoció que el programa 'no garantiza nada'

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, cree que el programa Hitzeman del Gobierno vasco para acompañar la reinserción de los presos de ETA "es el reflejo de una experiencia que se ha demostrado fallida" como la llamada 'vía Nanclares'. "La 'vía Nanclares' no creo que ha dado los frutos que quien la puso en marcha pensó que podía ofrecer", ha señalado en un entrevista en "Radio Euskadi".

Además, ha subrayado que el propio secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, reconoció ayer durante la presentación pública del Programa Hitzeman que "no garantiza absolutamente nada". "Creo que la solución a la cuestión de los presos y los huidos tiene que ser de otra dimensión y de otras características. Tiene que ser global, tiene que ser entendiendo que en este país muchos han sufrido mucho, que ha habido muchas violencias y que la carga de la culpa no puede recaer solamente sobre unos", ha indicado. Preguntado sobre la dificultad de poder abordar un proceso global con las actuales leyes, ha dicho que éstas pueden cambiarse," como demostró el Gobierno español cuando modificó la Constitución en 24 horas".

A su juicio, se deben poder alcanzar "acuerdos de calado" cuando el objetivo es "la normalización política y la paz duradera, estable y definitiva". "Desde la voluntad política todo es posible", ha añadido. Garitano también se ha referido al derecho a decidir y ha asegurado que "Escocia, Cataluña y Euskal Herria son tres realidades nacionales emergentes que más pronto que tarde van a ver cómo se encauza su sed de soberanía". En este sentido, ha indicado que "en Euskal Herria estamos dando pasos de gigante en los últimos años", entre los que ha citado la iniciativa de Gure Esku Dago, "la mayor movilización de la historia de este país".

"Cuando un pueblo, una sociedad, entiende que conforma una realidad que debe plasmarse también en una realidad política y ese sentimiento es mayoritario no hay texto legal, no hay fiscalía del Estado ni tribunal que lo pueda frenar", ha advertido. El diputado general se ha mostrado partidario de, si es posible, abordar con el Estado el proceso "de forma pactada", aunque ha dicho ser consciente de que "el rancio nacionalismo español impide a muchos mandatarios españoles tomar decisiones políticamente avanzadas, democráticas y valientes". "Con los mandatarios españoles actuales hay muy pocas cosas que hacer", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "si no hay forma de pactar habrá que hacerlo desde la unilateralidad".

Y es que cuando pones los intereses de Madrid por arriba de los intereses de tu propio pueblo, bueno, pues resulta que terminas proponiendo más de lo mismo.

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La Tibieza de Lakua y los Presos

Pues nada, más de lo mismo, mucho ruido y pocas nueces.

Lean esta nota publicada en Naiz.info:

Lakua lanza un plan para los presos «sin ninguna garantía» de excarcelación

El Gobierno de Lakua ha concretado su llamado programa Hitzeman, dirigido a la «resocialización» de los presos vascos e incluido en el Plan de Paz de Urkullu. Su contenido será trasladado ahora a los agentes vascos, incluidos los representativos de los presos, para su debate durante cinco meses, pero ya ha sido presentado antes por el lehendakari a Mariano Rajoy, presidente español, sin recibir respuesta alguna.

Ramón Sola

Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, ha dejado claro que la propuesta de recorrido que hacen a los presos no tiene «ninguna garantía» final de excarcelación, dado que eso no compete a Lakua sino a las juntas de tratamiento de las prisiones y las autoridades judiciales estatales. «No es una fórmula mágica ni pretende crear expectativas falsas de solución a una problemática muy compleja», ha dicho en Donostia. No obstante, ha afirmado confiar en que con el tiempo se puedan ir dando cambios en la política carcelaria que allanen el camino, por lo que este programa se lanza con un ritmo bastante lento. Fernández habla por ahora solo de «abrir un camino legal, viable, realista y progresivo».

Lo que Lakua propone en concreto a los presos en Hitzeman es que suscriban una declaración inicial de «compromiso de contribución a una consolidación definitiva de la paz y la convivencia». A partir de ahí, serían invitados por una comisión gestora a recorrer «itinerarios» en el terreno académico, asociativo, institucional o solidario, en proyectos concretos. Luego el Gobierno de Lakua evaluaría este camino y certificaría si efectivamente se ha producido una «resocialización». Ahí acabaría todo. Jonan Fernández concreta que se han inspirado en la llamada «vía Nanclares» y en los criterios europeos sobre esta cuestión.

En paralelo, dentro también de Hitzeman el Gobierno Lakua se compromete a reivindicar la transferencia de prisiones o a demandar la humanización de la actual política carcelaria. En este sentido, «un preso enfermo o mayor de 70 años no necesita seguir el programa Hitzeman para que se le aplique la legalidad, como tampoco el acercamiento lo requiere», ha matizado Fernández. A preguntas de los periodistas, ha añadido que tampoco se lo requerirían, por ejemplo, a los condenados por el «caso Bateragune» sino a quienes realmente hayan militado en ETA.

Ese último párrafo, terrible, queriendo hacer una distinción entre los presos políticos vascos, víctimas todos por igual del desenfreno represivo español.

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EH Bildu y el Laberinto de Urkullu

Desde Gara compartimos con ustedes la valoración que desde la izquierda abertzale se ha llevado a cabo con respecto al laberíntico Plan de Paz que ha presentado Urkullu:

EH Bildu ve avances, pero critica la premisa y echa en falta las causas del conflicto

EH Bildu, que ve aspectos positivos como el reconocimiento de la tortura, destacó ayer que la realidad no ha cambiado, tal como sostiene el lehendakari, Iñigo Urkullu. A su juicio, la detención de Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu en Urnieta y Andoain, respectivamente, evidencian los escollos existentes y siembran dudas sobre la viabilidad de este plan.

Los partidos políticos presentes en el Parlamento de Gasteiz recibieron con prudencia este Plan de Paz y Convivencia del Gobierno autonómico. La citada propuesta incluye una apuesta por consensos, pero las distintas formaciones mostraron sus dudas al respecto.

La valoración más detallada fue la realizada por EH Bildu, que contempla algún elemento positivo en el texto, como puede ser el reconocimiento de las torturas a las que han sido sometidos muchos ciudadanos vascos y la apuesta del Gobierno por reparar a las víctimas de malos tratos, pero hizo hincapié en que el Plan de Paz y Convivencia marca «un punto de partida falso», ya que es obvio que las autoridades españolas y francesas mantienen intacta su actitud represiva y que eso supone un gran lastre.

En una rueda de prensa, Julen Arzuaga, que aprovechó su comparecencia para denunciar la incomunicación impuesta por las autoridades españolas a Rubén Genbeltzu y Jon Lizarribar, destacó que la detención de estos dos ciudadanos vascos en Urnieta y Andoain demuestra que la situación política no ha cambiado tanto como se desprende del plan del lehendakari.

«Ese principio de realidad es cierto solo en parte, porque la realidad, al menos en el ámbito de las políticas represivas del Estado español, sigue sin cambiar», denunció antes de enumerar actuaciones judiciales puestas en marcha por las autoridades españolas contra la ciudadanía vasca. Entre las mismas citó la reciente negativa del Tribunal Constitucional español a excarcelar a los condenados por el «caso Bateragune», el próximo macrojuicio contra exdirigentes de Batasuna y el maltrato a los presos vascos.

A este respecto, Arzuaga cuestionó el Programa Hitzeman, que, según explicó el Gobierno de Gasteiz, nace para facilitar el proceso de reintegración social de las presas y los presos. El parlamentario de EH Bildu recordó que las comunidades autónomas carecen de competencias en materia penitenciaria y criticó que Lakua no haya contrastado su idea con los represaliados vascos.

Asimismo, lamentó que el plan se centre «principalmente en una lectura de las consecuencias del conflicto», sin reparar en las razones que lo generaron. A su parecer, esto es un error, porque el análisis de los motivos constituye un elemento «básico para alcanzar una solución integral» que acerque la paz y la convivencia a Euskal Herria. Dos conceptos esperanzadores que, en opinión del parlamentario, deben ser entendidos como «un compromiso de no violencia y no imposición».

PP y UPyD marcan distancia

Desde el PSE, Idoia Mendia, que no había recibido el documento cuando fue interpelada sobre el mismo, se limitó a mostrar un deseo de que el tema de la paz y la convivencia quede «fuera de la lucha partidaria».

«Esperamos leer el documento con detenimiento y haremos nuestras aportaciones. Trataremos de sumar experiencia porque aquí de lo que se trata es de que construyamos el país entre todos para que todos nos sintamos parte de él», destacó la anterior portavoz del Gobierno de Lakua.

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, no cerró la puerta al Plan de Paz y Convivencia, aunque sí reconoció que, a su parecer, el documento es «muy mejorable y tiene muchas cosas que corregir».

Como era de esperar, hizo hincapié en la necesidad de «hacer más fuerza en deslegitimar» la actividad armada de ETA, sin reparar en las vulneraciones de derechos cometidas por los estados español y francés.

Por su parte, Gorka Maneiro (UPyD) cargó directamente contra un plan que, a su juicio, «diluye las responsabilidades de ETA». En su lugar, UPyD propone «un plan para deslegitimar las ideas totalitarias», sin ningún otro contenido.

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Urkullu en su 'Laberinto de Paz'

Gara nos desglosa la postura oficial por parte del gobierno de la CAV en referencia al panorama actual de resolución del conflicto vasco.

Una galimatías que no lleva a nada pero que sirve para que en el futuro se pueda decir "oye, mira, que yo lo he intentao".

Lean por favor:

Urkullu introduce presos y torturas en un Plan de Paz de difícil efectividad práctica

Tiene como novedad la apertura a todas las vulneraciones de derechos. Propone una serie de «microacuerdos» entre las cuatro grandes sensibilidades, algunos de los cuales ya se aprobaron en el Parlamento. EH Bildu ve algún avance, pero también carencias sobre las causas del conflicto.

Iñaki Iriondo

Se dio a conocer ayer la propuesta de «Plan de Paz y Convivencia 2013-16» elaborada por Lehendakaritza y que queda abierta a las aportaciones que partidos y grupos sociales puedan hacer antes de su definitiva aprobación oficial en octubre. Con respecto a documentos anteriores, este plan recoge una visión más completa de las vulneraciones de derechos humanos que se dan en el transcurso del conflicto político y plantea el «reconocimiento y reparación» de todas las víctimas, tanto las que ya tienen cobertura legal como aquellas «sin amparo en la actual legislación».

El plan cuenta con unas bases teóricas que lo sustentan, una segunda parte que pretende poner los cimientos para que se puedan alcanzar unos acuerdos básicos entre los partidos y un tercer capítulo que aborda dieciocho iniciativas gubernamentales en relación al pasado, el presente y el futuro. Esta división temporal aparece en todas las partes del documento.

El Gobierno autonómico sostiene que estamos en la etapa de consolidación de la paz y de tejer un plan de convivencia que pueda servir a las cuatro grandes sensibilidades políticas del país. Sus impulsores aseguran que en la llamada transición se cometió el error de que quedara fuera una de estas sensibilidades (la izquierda abertzale) y eso tuvo después trágicas consecuencias. Por esto, en esta ocasión, se intenta que nadie quede fuera de las bases de la futura convivencia. Para ello, desde el Ejecutivo se aclara que este es un plan para el conjunto de la legislatura, no para llegar a acuerdos de inmediato.

Vulneraciones | Informe de constatación de las vulneraciones de derechos humanos

La primera iniciativa que contempla el plan, y una de las más novedosas, es la elaboración de un informe de constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han producido desde 1960 en el contexto de la violencia de motivación política.

La base de este trabajo está ya elaborada y su redacción ha sido encargada a Jon Mirena Landa, quien en su día fue director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua con Joseba Azkarraga y que ya realizó un primer informe de este tipo; al obispo emérito Juan María Uriarte; a la juez Manuela Carmena, que trabajó para el Ejecutivo de Patxi López en la redacción del decreto 1960-1978; y a Ramón Mújica, notario y exconcejal de Bilbo elegido en las listas del PP como independiente.

Estas cuatro personas entregarán su informe el viernes al lehendakari y se hará público. Se trata de una clasificación y cuantificación de las vulneraciones de derechos humanos, realizada de acuerdo a estándares internacionales y sin valoraciones o interpretaciones.

El objeto del informe, según se recoge en el plan, es «disponer de una referencia autorizada que fundamente la acción posterior del Gobierno en materia de memoria, revisión crítica del pasado y reparación y reconocimiento a las víctimas».

El documento debe también ser útil como «una base que, en su caso, pudiera servir en el futuro a otras investigaciones o informes de memoria más precisos».

La propuesta del Gobierno es que en lo que queda de año este informe se entregue a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento y ponerlo a disposición de toda la red de asociaciones de este espacio. También se prevé «analizar y proyectar investigaciones y acciones derivadas del contenido y las recomendaciones del informe».

Víctimas | Reconocimiento y reparación a las que no tienen amparo legal

Además de las medidas destinadas a las calificadas legalmente como «víctimas del terrorismo», el Plan de Paz y Convivencia contempla acciones de «apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual legislación».

Se trata, por un lado, de culminar el trabajo del decreto sobre las víctimas de la violencia estatal que ya está en vigor para el periodo 1960-1978, corrigiendo algunas deficiencias que se han observado. Y, además, crear «las herramientas legales necesarias» para el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos causadas en lo que en la nueva terminología del plan se denominan como «acciones de contraterrorismos ilícitos». Estas «herramientas legales» deberían estar definidas antes de fin de año.

Tortura | Estudio científico de los casos y medidas de reparación

Otra de las novedades de este plan es que aborda de forma específica el problema de la tortura, que califica como «una de las vulneraciones de derechos humanos más deleznables que puedan existir».

El plan parte de que los organismos internacionales vienen dejando constancia de la existencia de la tortura más allá de una realidad «incidental o esporádica». Por otra parte, existen abundantes denuncias públicas -más de 5.500- y unas pocas condenas. Por ello, el Gobierno encargará a primeros de 2014 un estudio científico sobre la realidad objetiva de la tortura, que utilizará como herramienta de referencia el «Protocolo de Estambul», instrumento considerado internacionalmente como eficaz para definir la veracidad de las denuncias de tortura.

El objeto del estudio es posibilitar que se adopten «las medidas de reconocimiento, reparación y prevención que sean necesarias y plausibles».

Presos | Búsqueda de nuevos consenso y programa propio «Hitzeman»

Esta iniciativa del Gobierno de Lakua parte con la dificultad de que carece de competencias en materia penitenciaria, aunque insistirá en la transferencia de las mismas. Por ello, el Plan considera extremadamente importante lograr consensos que posibiliten que el programa tenga efectividad jurídica para los presos y presas que participen.

El plan incluye un «un programa propio orientado a facilitar el proceso de reintegración social de las personas presas», al que se le ha dado el nombre de «Hitzeman». La base es el compromiso y la responsabilidad. «De un lado, -se lee en el documento- el compromiso de la sociedad que asume la responsabilidad de la normalización social. De otro lado, el compromiso de las personas presas que asumen la responsabilidad del pasado, el presente y el futuro».

Las personas presas que participen en el programa «mediante la adhesión a un compromiso de consolidación definitiva de la paz y por la convivencia» deberían inscribirse personalmente y el Gobierno de Lakua pondría en marcha «varios itinerarios» para ellas, en función de «las circunstancias». Según los planes gubernamentales, el objeto es que la participación de los presos en estos itinerarios «facilite o, en su caso, agilice el informe favorable a los procesos de reintegración social».

El Ejecutivo prevé presentar este programa «a entidades representativas de los presos y presas» durante el segundo semestre de este año, al tiempo que se buscan consensos en el ámbito político y la implicación de «entidades colaboradoras».

Entre sus objetivos en esta materia, el Plan recoge la aportación de Lokarri de «contribuir, atendiendo a la experiencia internacional, a que la política penitenciaria constituya un factor de consolidación de la paz y la normalización social».

Además, el Gobierno de Iñigo Urkullu insiste en seguir «reivindicando» el «acercamiento de presos a las cárceles vascas, la normalización del acceso a los beneficios penitenciarios, la continuidad de procesos como los Talleres de Convivencia y los Encuentros Restaurativos, soluciones humanitarias para los presos enfermos y medidas de sentido común para aquellos presos cuyas condenas están relacionados con actividades políticas antes ilegalizadas y ahora legales».

En fase de consulta hasta el 20 de setiembre

Al tiempo que el lehendakari hacía públicas las líneas generales de esta propuesta de «Plan de Paz y Convivencia 2013-2016», el documento era remitido al conjunto de grupos parlamentarios para que comiencen su estudio. En realidad, los integrantes de la Ponencia de Paz y Convivencia ya tuvieron un adelanto de los contenidos generales y de los borradores de microacuerdos en la exposición que el secretario general del ramo, Jonan Fernández, les realizó el pasado 29 de mayo.

A partir de ahora, el Gobierno de Lakua abre un periodo de consultas que se extenderá hasta aproximadamente el 20 de setiembre, puesto que su intención es que el Ejecutivo acabe aprobando el plan definitivo en el mes de octubre.

Según han explicado los redactores de la propuesta, este documento es el fruto del trabajo realizado ya tanto con los partidos políticos como con las asociaciones que trabajan en el campo de la resolución de conflictos, derechos humanos y víctimas del terrorismo. De hecho, en el plan se detalla la autoría de algunas aportaciones recibidas.

Durante los próximos días y semanas, los integrantes de la Secretaría General de Paz y Convivencia realizarán diversas presentaciones de la propuesta. Hoy mismo, Jonan Fernández se reunirá en Bilbo con agentes y representantes de la red asociativa para entregarles el documento.

El Gobierno aspira a que todos los grandes partidos acepten este plan al menos como una herramienta que sirva de base para el trabajo.

El plan contempla un total de 18 iniciativas que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu espera abordar a lo largo de toda la legislatura. Además de las destacadas en esta misma página, una de las iniciativas que más llamó la atención de algunos medios fue la que contempla el «compromiso social de la Ertzaintza por la Convivencia y los Derechos Humanos». Su mero enunciado fue entendido como una suerte de reproche a la Policía Autonómica.

En lo que el «Plan de Paz y Convivencia 2013-16» se muestra más continuista respecto a proyectos del pasado es en lo relativo al Instituto de la Memoria, el Memorial de Víctimas del Terrorismo y las iniciativas relacionadas con el mundo de la educación. En este último caso, se observa que la mayoría de las propuestas que se han recogido provienen de aquellas fundaciones y grupos que ya venían operando en este terreno.

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