Cuadra | El Amejoramiento del Fuero Navarro

El pueblo vasco está obligado a estudiar su historia para no caer en la trampa del relato revisionista por parte del españolismo y de sus lacayos.

Es por ello que traemos a ustedes este texto de la autoría de Sabino Cuadra, quien deja claro que es exactamente el tan cacareado "Amejoramiento".

Se ha publicado en el portal de Viento Sur y aquí lo tenemos para ustedes:

El Amejoramiento del Fuero Navarro: el pucherazo cumple 40 años

Sabino Cuadra Lasarte | diputado de Amaiur en el Parlamento español durante la legislatura de 2011 a 2015

En primavera de este año 2022 se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), título mayormente arcaico e ininteligible para el común de los mortales y que, según afirma el diccionario de la Real Academia Española (RAE), no es otra cosa que el “Estatuto de Autonomía de Navarra”.

La misma opinión tiene el Tribunal Constitucional (TC), quien en repetidas sentencias (la última, la 157/2021, de 16 de septiembre, en relación a la Ley Foral de actualización y modificación del Fuero Nuevo) ha venido a señalar que es la Constitución española, y la Lorafna de ella derivada, la fuente del poder competencial navarro y que eso de los fueros está bien, pero siempre que encajen en lo anterior, ya que, de no ser así, pueden servir para hacer discursos, pero no para sustentar leyes.  

En cualquier caso, y volviendo al tema que nos ocupa, la propia RAE hace referencia también a que el amejoramiento es una palabra formada por dos distintos vocablos, cuales son “mejorar” y “miento”, algo que se acerca bastante más a lo que la Lorafna, o como se le quiera llamar, ha sido y es en realidad: un fraude. Veamos las razones para realizar semejante afirmación.

La Transición en Nafarroa: el Amejoramiento

La Transición política de los 70 tuvo en Nafarroa importantes especificidades. Su Diputación, elegida en marzo de 1974 mediante un proceso franco-caciquil y en un marco de carencia absoluta de libertades, estaba entonces presidida [01] por Amadeo Marco Ilincheta, capitán de requetés durante la guerra y franquista pata-negra en la Dictadura: diputado foral, consejero nacional del Movimiento y procurador en las Cortes franquistas. ¡Todo un prócer don Amadeo!

Tras las primeras elecciones generales –junio de 1977–, se dio por todo el Estado un proceso de recambio de algunas de las viejas instituciones franquistas, a fin de acomodarlas a los resultados electorales habidos en cada territorio. Así, en Catalunya se restauró la Generalitat y, tras ella, surgieron diferentes gobiernos preautonómicos: Euskadi, Galiza, Aragón, Canarias, País Valencià, Andalucía… Los cambios, en realidad, tenían mucho más de fachada que de contenido, pero había que dar la impresión de que se vivía ya en una nueva fase: la democrática. En cualquier caso, en relación al denominado contencioso vasco-navarro, la separación preautonómica aceptada entre la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Nafarroa supondría poner unos pilares que después consolidaría la Constitución y recogerían los Estatutos de Autonomía: lo que se denomina Euskadi (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) marcharía por un lado y Nafarroa por otro.

En este proceso, Nafarroa fue excepción, pues aquí no se creó gestora ni órgano preautonómico alguno. La vieja Diputación franquista siguió en pie, vivita y coleando, condicionando en buena medida el asentamiento del nuevo régimen institucional foral. A pesar de la oposición del conjunto de fuerzas democráticas, nacionalistas y de izquierdas navarras que reclamaron la dimisión de la Diputación y negaron a esta legitimidad alguna para negociar nada en nombre de Nafarroa, el gobierno central de UCD y la derecha navarra se negaron a ello.

El colmo de aquel esperpento fue ver a Amadeo Marco, en nombre de la Diputación, y a Martín Villa, ministro del Interior del gobierno de UCD, negociando y acordando el Real Decreto 121/1979, de 26 de enero, sobre Ordenación de las Instituciones Forales, también llamado de “Democratización de las Instituciones Forales”. En él se regularon las primeras elecciones al Parlamento Foral, de abril de 1979, y la elección de la nueva Diputación. Es decir, dos franquistas que desde su más tierna infancia no habían hecho sino vivir aferrados estrechamente a la dictadura, decidían cómo debía ser democratizada Nafarroa y realizadas sus primeras elecciones forales. ¡Ver para creer!

En el Parlamento surgido de estas elecciones [02] había una mayoría (37-33) favorable a la creación de un marco institucional común para los cuatro territorios vascos. En cualquier caso, de las propias elecciones surgiría una Diputación [03]La Diputación estaba compuesta de 7 miembros, 4 de UCD, 1 de HB, 1 del PSE y un último de la Agrupación Electoral Orhi Mendi. que en modo alguno reflejaba aquella correlación de fuerzas, pues UCD contaba en ella con mayoría y ostentaba su presidencia. Se evidenciaba así que la democratización foral acordada mano a mano entre Martín Villa y Amadeo Marco había dado sus frutos.

El siguiente paso en el proceso de elaboración del Amejoramiento fue la elección de la Comisión encargada de llevar a cabo las negociaciones con el gobierno central de UCD. Esta estaría compuesta por 7 miembros, de los que 3 pertenecerían a UCD, otros tantos al PSE y el séptimo a UPN. Se excluía así de la negociación a fuerzas que representaban un tercio del Parlamento: HB, Amaiur, Unai, PNV y EE. El secretismo que vistió todo aquel proceso negociador exigía la exclusión de testigos molestos.

El texto acordado entre la Comisión y el gobierno central sería después aprobado por el Parlamento Foral (marzo de 1982) y el Congreso español (junio de 1982). El proceso negociador fue muy largo, durando más de dos años (los Estatutos de Catalunya y la CAV llevaban ya dos años y medio aprobados), período durante el cual el PSE abandonaría su postura favorable a dotarse de un marco institucional común con Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y pasaría a afirmar lo contrario. El retraso en las negociaciones no tuvo, pues, nada de inocente.

Todo este proceso tendría finalmente un broche de oro: la negativa a que el texto aprobado fuera sometido a referéndum entre la ciudadanía. Al igual que Navarra fue el único lugar en el que se mantuvo en pie durante la Transición la vieja Diputación franquista, también sería el único territorio histórico (Catalunya, Galiza, Andalucía, CAV) en el que su Estatuto no fue sometido a referéndum ciudadano. El déficit democrático con el que nació el Amejoramiento no fue así peccata minuta, sino algo substancial.

Con posterioridad a su aprobación, el Amejoramiento ha sido considerado como texto sagrado. Sus dos únicas reformas, de 2001 y 2010, han tenido que ver básicamente con temas formales y procedimentales, sin que afectasen a su contenido competencial en relación con el Estado. En todo este tiempo, tanto la derecha (UPN, PP, C’s) como el PSN, lo más que han llegado a reclamar ha sido la asunción de transferencias pendientes (tráfico…), pero nada más. Evidentemente, hablar tan solo de su reforma sacaría a relucir sus importantes déficits democráticos –falta de refrendo ciudadano–, con todo lo que esto supondría. Por eso, ¡mejor no tocallo!

El denominado contencioso Nafarroa-Euskadi

Hay quienes, en vez de la Biblia, toman la Constitución y los editoriales de El País, o cosas peores, como verdades reveladas, construyendo con ellas sus dogmas de fe patrios, declaraciones políticas y guiones tertulianos. Según esta lectura, defender hoy un proyecto institucional compartido entre todos los territorios de Euskal Herria (sur), es decir, entre Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, es algo anacrónico, carente de fundamento histórico y político y sustentado únicamente en postulados identitarios y esencialistas.

Sin embargo, a nada que uno escarbe un poco en las referencias históricas de los dos/tres últimos siglos, comprobará cómo la generalidad de geógrafos, lingüistas, viajeros, enciclopedias (Espasa-Calpe, Larousse, Enciclopedia Británica…) que ha analizado la realidad histórica, política, lingüística y cultural del País Vasco ha reconocido la existencia de un ente político llamado Euskal Herria y situado a Nafarroa como parte integrante del mismo.

Desde comienzos del pasado siglo XX, la unidad política de los cuatro territorios vascos peninsulares no ha sido algo reservado al discurso nacionalista, sino también asumido por otras fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas. Sin ir más lejos, la Federación Socialista vasco-navarra, nacida en los años veinte del pasado siglo, fue partidaria desde sus inicios de una institucionalización conjunta vasco-navarra. Luego, en 1931, junto con republicanos y carlistas, apoyó el texto del primer Estatuto Vasco-Navarro –Estatuto de Estella–, en el que se afirmaba:

   

El País Vasco, integrado por las actuales provincias de Álava, Guipúzkoa, Navarra y Vizcaya, constituye una entidad natural y jurídica con personalidad política propia y se le reconoce como tal el derecho a constituirse y regirse por sí mismo como Estado Autónomo dentro de la totalidad del Estado español.

Entre los 427 municipios de toda Euskal Herria que aprobaron por aclamación aquel Estatuto se encontraban 220 navarros, representantes del 89,93% de la población de Nafarroa.

Más adelante, en vísperas del golpe militar fascista, el Frente Popular Navarro [04]Estaba constituido por Izquierda Republicana, Unión Republicana, Acción Nacionalista Vasca, PSOE, PCE, Juventudes de IR, JJ.SS., Juventud Comunista y UGT. dio a conocer una declaración en la que, haciendo frente al boicot de las derechas para con el Estatuto Vasco de 1936 y su defensa de un marco estatutario exclusivo navarro, se afirmaba que:

   

Ese Estatuto aislado –el Estatuto navarro– vendría a confirmar y consagrar el dominio de las derechas en Navarra, a proveerse ellas de mayores facultades para mantener sojuzgado al pueblo navarro y a impedir que el contacto y la trabazón con la democracia vasca diera a las izquierdas de Navarra una mayor representación y fuerza que mermase su poderío y sus privilegios.

En esa medida, la declaración reclamaba del Gobierno central, la Comisión de Estatutos y todos los componentes del Frente Popular “que no desamparen a las izquierdas navarras… y procuren facilitar la entrada de Navarra en el Estatuto Vasco, proporcionando una mayor comunidad de fuerzas de izquierda y de afanes de democratización social entre las cuatro provincias”.

Más adelante, durante todo el franquismo, el reconocimiento del derecho de autodeterminación y de un estatuto de autonomía conjunto para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa fue una reivindicación general asumida no solo por las fuerzas nacionalistas y abertzales, sino también por la totalidad de fuerzas de izquierda (PSOE, PCE, PSP, ORT, MCE, OIC, PTE, LCR...) y centrales sindicales que lucharon contra la dictadura (CC OO, UGT, ELA, LAB, USO, SU, CSUT…). Todas esas fuerzas, sin excepción, defendieron en Nafarroa aquellas dos importantes exigencias con fuerza y convicción.

Desde que el PSOE renació en Nafarroa a principios de los 70, formó parte del Partido Socialista de Euskadi, en pie de igualdad con sus agrupaciones hermanas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La ikurriña presidió sus sedes y ondeó en sus ayuntamientos. Luego, en las elecciones de 1977, el PSE presentó candidaturas conjuntas al Senado con el PNV reclamando un Estatuto de Autonomía para los cuatro territorios y, pasados tres días tan solo de su celebración, sus parlamentarios acudieron a Gernika y cantaron allí el Gernikako Arbola junto al resto de electos vascos de los cuatro territorios hermanos.

Poco después, durante el Aberri Eguna de 1978, el PSE, junto con el conjunto de fuerzas nacionalistas y de izquierdas, portó una pancarta reclamando el reconocimiento del derecho de autodeterminación en la Constitución que por aquellas fechas se estaba elaborando. El estatuto conjunto para los cuatro territorios fue la otra afirmación que se paseó por las calles de Bilbo, Donostia, Iruñea y Gasteiz en las manifestaciones de aquel día, en las que participaron en total cerca de 200.000 personas.

Pero llegó el consenso constitucional y el abandono de la ruptura democrática. Para las derechas navarras y estatales, la Nafarroa aislada era una pieza de especial valor a fin de mantener el máximo de engarces con el régimen franquista anterior. También entonces, tal como señaló el Frente Popular en 1936, romper la unidad vasco-navarra facilitaba debilitar las exigencias de democratización del Estado franquista y, a su vez, entorpecer los lazos de unión entre las fuerzas progresistas y de izquierda de Euskal Herria. Y así, poco a poco, las viejas exigencias del PSE fueron abandonadas. Las ikurriñas fueron arriadas de sus sedes y ayuntamientos y, finalmente, en su congreso de junio de 1982, la agrupación navarra se separaría del PSE, creándose el PSN. Tres meses después entraría en vigor el Amejoramiento.

A estos efectos, la disposición adicional cuarta de la Constitución contempla la posibilidad de que Nafarroa se “incorpore” a la Comunidad Autónoma Vasca, previa aprobación del Parlamento Foral y la realización de un referéndum. Se habla así de “incorporación” a un régimen autonómico acordado por otros, algo que ha servido para que la derecha navarra presente la unidad vasco-navarra como un trágala y una inadmisible anexión. A estos efectos, Jaime Ignacio del Burgo, entonces dirigente y senador de la UCD navarra, que fue uno de los artífices principales de la Adicional comentada, afirmó en 2019: “Sin la Constitución, Navarra ahora mismo sería Euskadi”.   

Frente a ello, la izquierda soberanista vasca define hoy a Nafarroa como un ente político soberano y, partiendo de ese presupuesto básico, se trabaja por construir una república vasca de carácter confederal, construida entre distintos territorios en pie de igualdad y sin espacio primogénito alguno que gobierne la casa común [05], su gobierno recurrió 15 leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra, accediendo el TC a suspender su aplicación en 14 de ellas. De todos los casos recurridos han sido dictadas ya 14 sentencias, de las que tan solo en dos casos han sido favorables a Nafarroa y en el resto se ha declarado su nulidad total (11 casos) o parcial (2 casos).

Las leyes anuladas se referían a:

•     Asistencia sanitaria gratuita para todas las personas, tengan papeles o no.
•     Rechazo del copago farmacéutico.
•     Funcionarización del personal estatutario y laboral fijo.
•     Clubs de cannabis, aprobando su consumo en los mismos.
•     Endeudamiento de entidades locales, incrementando el poder municipal.
•     Equiparación del personal de Justicia integrado al régimen foral.
•     Impuesto sobre la energía: exenciones para los pequeños productores.
•     Abono de una paga al funcionariado para compensar sus recortes salariales.
•     Pago obligatorio del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por la Iglesia.
•     Fracking, prohibiendo su realización.
•     Víctimas de violencia policial: fuerte recorte a la capacidad para investigarlos.

Como puede verse, en ningún caso se trataba de leyes que plantearan una confrontación respecto a materias constitucionales básicas de carácter republicano, antimilitarista, lingüístico, nacional o económico, sino que sus contenidos tenían que ver con temas sociales, laborales y democráticos que pretendían, en casi todos los casos, ampliar sin más la cobertura de derechos reconocidos en el marco estatal.

Junto a ello, hay que mencionar también aquellas leyes aprobadas por el Congreso español que, a pesar de haber sido rechazadas expresamente por el Parlamento Foral, han sido impuestas a este sin atender a sus acuerdos: reforma laboral –febrero de 2012–; Ley de Estabilidad Presupuestaria –octubre de 2012–; LOMCE –septiembre de 2013–; reforma de las pensiones y ley mordaza, de marzo de 2015…

Pues bien, si a las leyes anuladas sumamos estas últimas que han sido impuestas, el saldo final resultante es muy desfavorable para todo lo relacionado no solo con la soberanía navarra, sino con facultades elementales tendentes a mejorar la calidad de vida ciudadana. De esta manera, en vez de recuperar y ampliar competencias, estas se han visto recortadas, creándose una situación en la que el Parlamento Foral tiene que legislar con el freno de mano echado y bajo el chantaje permanente de la espada de Damocles constitucional, manejada al arbitrio de los distintos gobiernos centrales y su TC.

El Gobierno del cambio: una oportunidad perdida

Tras las elecciones forales de mayo de 2015 se consiguió echar a UPN del Gobierno de Navarra y conformar un gobierno, denominado del cambio, gracias a un acuerdo cuatripartito alcanzado entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IU-Batzarre. El programa de este, de carácter claramente progresista, despertó las ilusiones de mucha gente pues posibilitaba abrir las puertas a un cambio democrático y social importante. Siempre que hubiera voluntad política para ello, ¡claro!

En el punto relativo al “Autogobierno como proyecto de futuro. Reforma de la Lorafna”, el acuerdo señalaba:

   

Abrir un proceso participativo y parlamentario al objeto de reformar el amejoramiento para definir el estatus político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de derechos sociales, dándoles el mayor rango legal posible, haciéndolos efectivos en su cumplimiento, y sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano.

Pero el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) no dio ningún paso adelante alguno en esta dirección. El incumplimiento de lo firmado fue flagrante. No hubo proceso participativo y parlamentario, ni propuestas de reforma del Amejoramiento bajo premisas sociales (ni tampoco bajo otras diferentes), ni, sobra decirlo, asomo alguno de refrendo ciudadano. El tema no fue abordado en toda la legislatura. Lo firmado había sido un mero brindis al sol.

Y así hemos llegado a la actual legislatura en la que el Gobierno tripartito presidido por María Chivite (PSN), con participación de Geroa Bai y Podemos, ha recogido en su programa “la creación de una ponencia en el Parlamento de Navarra que estudie la actualización de la Lorafna dentro del marco constitucional vigente”. Los pasos atrás dados son evidentes. El proceso participativo ha quedado limitado a la creación de una ponencia parlamentaria; la reforma de la Lorafna, a su mera actualización sometida al marco constitucional vigente (el definido por un TC que ha anulado leyes forales a su antojo) y, finalmente, de refrendo ciudadano, cero patatero.

En base a lo anterior, en noviembre de 2021, a propuesta del gobierno de María Chivite, el Parlamento de Navarra aprobó, con el voto a favor de todos sus grupos, salvo el de Navarra Suma (UPN-PP-Cs), un acuerdo que habla de impulsar el pleno desarrollo de las competencias de la Lorafna y reclamar la negociación de otras nuevas, así como:

   

Celebrar unas jornadas con especialistas del ámbito académico y universitario en torno al autogobierno foral y al balance de la vigencia de la Lorafna. Crear una ponencia con presencia de todos los grupos y agrupaciones representadas en el Parlamento Foral que estudie la actualización de la Lorafna.

En el debate de este punto, EH Bildu presentó una propuesta reclamando “abrir un debate político y social encaminado a actualizar la Lorafna y someterla posteriormente a votación”, pero no salió adelante porque PSN y Navarra Suma votaron en contra. Es decir, serán doctos académicos y catedráticos universitarios los que nos iluminen, pero sin dar voz a lo que puedan aportar los grupos sociales, sindicales, culturales, ecologistas, feministas… Y punto. El debate, si se hace, no trascenderá de los muros del Parlamento y, mucho menos aún, se abrirá a refrendo de la ciudadanía navarra.

La iniciativa Navarra XXI Nafarroa

Al pairo del 40 aniversario de la aprobación del Amejoramiento del Fuero, el pasado mes de octubre de 2021 surgió en Nafarroa una iniciativa ciudadana denominada Navarra XXI Nafarroa (www.na21.org), que partiendo de la base de afirmar que el proceso seguido para aprobar la ley conllevó “un déficit democrático que hay que subsanar”, recalca la necesidad de impulsar “un debate plural, transparente, participativo y finalmente refrendado sobre su futuro político”.

Junto a las razones anteriores, de carácter claramente democrático, hay otras de indudable importancia. En primer lugar, la actual Nafarroa es muy diferente de la existente en 1982 cuando el Amejoramiento fue aprobado. Frente a las 385.000 personas que componían entonces su censo electoral, este es hoy de 484.000. Es decir, más de un 75% de la actual población no hubiera podido votar en aquellas fechas, bien sea por no haber nacido, no haber tenido edad legal para hacerlo o haber venido posteriormente de otros países a compartir su vida con nosotros y nosotras.

Por otro lado, la fotografía de la Nafarroa actual es también muy distinta, tanto desde un punto de vista económico (sectores primario, industrial y de servicios, penetración de capital extranjero, integración en la Unión Europea, moneda única…) como sociológico (envejecimiento poblacional, población migrante…) e ideológica y cultural (religiosidad, conciencia feminista y ecologista, euskara…). Por ello, hacer del Amejoramiento del Fuero una especie de Biblia o Corán, escrito por Dios y para siempre, no es en modo alguno de recibo. Por ello, es preciso actualizarlo, sin límite alguno previo con respecto a su contenido futuro, a fin de rellenar el foso existente entre el marco competencial y las necesidades ciudadanas.

La necesidad de lo anterior es obvia. La última crisis económica y la situación creada por la última pandemia han evidenciado la clara insuficiencia del marco autonómico actual a fin de poder contar con herramientas que permitan hacer frente a los grandes y nuevos problemas planteados. Herramientas que permitan, desde la cercanía y con nuestros propios criterios, actuar ante al paro juvenil y la precariedad, el régimen de pensiones, el marco laboral y de negociación sindical, la seguridad social, las libertades democráticas y derechos sociales, el atraco de las multinacionales eléctricas, energéticas y farmacéuticas y de la banca, la desigualdad y marginación de las mujeres y el patriarcado estructural, las agresiones medioambientales, etc.  

Respecto al proceso a impulsar, este no puede limitarse únicamente al ámbito parlamentario, sino que debe promover la participación social y ciudadana por todo Nafarroa, impulsándose para ello todo tipo de foros y encuentros que permitan a la población conocer, contrastar y debatir sobre las propuestas existentes al respecto. Finalmente, y eso es esencial, el texto resultante aprobado en el Parlamento debería ser sometido a referéndum, subsanándose así el vicio antidemocrático de origen del actual Amejoramiento. La voz de la ciudadanía navarra no puede ser arrinconada de nuevo.

Mientras tanto, la iniciativa sigue dando pasos. Tras su presentación pública el pasado otoño, se está realizando ya una extensa labor de socialización y divulgación de sus objetivos (decenas de charlas en distintas localidades, difusión de materiales escritos y audiovisuales…), con la vista puesta en la primavera de este año, cuando se realizarán movilizaciones de envergadura. Esperemos que todo esto sirva para situar en la hoja de ruta y órdenes del día de partidos, sindicatos y grupos sociales de todo tipo la necesidad de poner en hora el reloj de la democracia en nuestra tierra. Hala bedi!

 

 

 

 

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