«Sugerencias» Fascistoides

El Parlamento Europeo se ha dejado empantanar por los más retrógrada de la derecha española, convirtiéndose en tontos útiles por voluntad, como la ONU cuando votó la Resolución 1530 en contra de ETA por el 11-M.

Utilizando como pretexto supuestos crímenes por resolver han terminado por dejar caer la mascareta democrática para mostrar su rostro fascistoide.

Obvian para ello todos los crímenes sin resolver de la dictadura franquista y del régimen emanado de la misma tras la muerte del sanguinario Francisco Franco.

También se olvidan por completo del proceso de paz abierto hace diez años el cual incluye planteamientos como la reconciliación y la convivencia, para lo cual sería necesario implementar una estrategia de justicia transicional que facilite precisamente ese proceso.

Lo suyo pues es el revanchismo y la imposición del relato oficial pergeñado por Madrid.

Les dejamos con lo que nos reporta Naiz:

«Sugerencias» inconstitucionales en el texto final europeo sobre «crímenes sin resolver»

La Eurocámara ha aprobado finalmente este jueves el informe emanado de la polémica visita de la Comisión de Peticiones, en el que se aboga por intentar endurecer la legislación contra los «crímenes sin resolver» de ETA, aun a sabiendas de que sería inconstitucional, como ha expuesto el PSOE.

Ramón Sola

El Parlamento Europeo ha «recomendado» este miércoles al Gobierno español que explore la posibilidad de reconocer los atentados de ETA sin resolver como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de que esta figura entrase en su Código Penal, una opción que ha descartado la Audiencia Nacional y sobre cuya inconstitucionalidad ha alertado el PSOE.

El informe final tras la misión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a Euskal Herria y Madrid en noviembre pasado ha sido aprobado finalmente este jueves por 27 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

La visita ya fue muy polémica, porque estuvo copada por la derecha española, lo que resulta totalmente irregular en estos casos en que se opta por delegados de otros países. La vicepresidenta de la comisión, Tatiana Zdanoka, declinó participar por el evidente sesgo político del viaje. Y desde Lakua se expresó sorpresa por que no se hubiera solicitado una entrevista con el lehendakari Iñigo Urkullu. La agenda sí incluyó visita al Memorial instalado en Gasteiz, reuniones con víctimas de ETA y con Guardia Civil, Policía española, Audiencia Nacional...

En ningún momento de la misma se abordaron otras violencias en el conflicto vasco, argumentando que la petición ciudadana que dio origen a esta visita se circunscribía a la perpetrada por ETA.

Tras meses de trabajo posterior se ha aprobado un informe que posiblemente no tendrá traslación práctica directa, puesto que plantea únicamente sugerencias y además estas resultan contrarias a principios constitucionales como la irretroactividad.

Con todo, sí crean un caldo de cultivo propicio para que la Audiencia Nacional siga manteniendo sus escollos a la progresión legal o el impulso a la reapertura de procesos judiciales o imputaciones de lesa humanidad. Y pueden suponer una presión añadida para el Gobierno Sánchez.

Así, en el informe aprobado se recoge la sugerencia a las autoridades españolas de «agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal» para dar tratamiento diferenciado a los atentados mortales de ETA sin resolver, cuyo número se infla hasta los 379 [el cuadro general de la cuestión, en este reportaje de Iñaki Egaña].

Esta recomendación entró en el texto final pese a que la Audiencia Nacional ya había descartado que sea posible juzgar como de lesa humanidad los delitos de ETA previos a 2004, el año en el que esta tipificación entró en el Código Penal español.

El PSOE había tratado de eliminar esta sugerencia a través de una enmienda alegando precisamente que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año y que solicitarlo contravendría el principio de legalidad penal que recoge la Constitución.

«Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad y seamos conscientes de la imposibilidad de aplicar de manera retrospectiva la aplicación de los delitos de lesa humanidad para evitar así que los delitos etarras puedan prescribir», dijo la diputada socialista Cristina Maestre, que promovió esta y otras enmiendas al texto.

Las «sugerencias»

El informe, por su parte, también recuerda que ya se han presentado «varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», una opción de reforma que ya apuntaron durante los debates en comisión otros diputados españoles.

El Parlamento Europeo aboga además por que los beneficios penitenciarios y el tratamiento que se pueda conceder a los condenados se vinculen a «su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento»

También proponen establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un atentado específico o promover esfuerzos para «evitar la glorificación pública» de exprisioneros, así como formar una comisión de juristas para elaborar informes sobre cada uno de los casos no resueltos.

Otra recomendación apunta a explorar la posibilidad de que los miembros de la cúpula de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos puedan ser procesados como instigadores del crimen.

Satisfacción de la derecha española

«Desde el Parlamento Europeo estamos enviando un mensaje contundente, claro y firme de apoyo a las víctimas del terrorismo. Nada de complacencias con los terroristas. Cuesta entender la postura de los socialistas españoles presentando este tipo de enmiendas», ha señalado en un comunicado la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat.

También Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) ha celebrado que el informe ponga «en negro sobre blanco la historia de la persecución de una parte de la población vasca y el difícil y sacrificado trabajo de quienes mantuvieron el Estado democrático de Derecho».

Por su parte, el abogado de la asociación Dignidad y Justicia y peticionario impulsor de esta iniciativa, Miguel Ángel Rodríguez, ha celebrado que la Eurocámara haya recogido en el informe todas las reclamaciones que se le hacían, incluyendo la cifra de crímenes sin resolver que él mismo ofreció, sin cuestionamiento alguno.

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El Cosmopaletismo de 'Maixabel'

Esperemos que ya pronto surja un director o directora de cine que aborde el conflicto vasco -de 1936 a la fecha- desde el punto de vista, precisamente, del pueblo vasco. Si dicho o dicha cineasta, además de todo, resulta ser vasco o vasca, pues que mejor.

Pero, desafortunadamente, por hoy, hay que seguir lidiando con el relativismo y con la falta de valentía que se pone de manifiesto una y otra vez.

Tal es el caso de la película 'Maixabel', obra de Iciar Bollain con la que la industria española del cine se suma a la estrategia del 'divide y vencerás' con el que el régimen borbónico franquista intentó fragmentar al colectivo de presos políticos vascos, misma que ha pasado a la historia por su infamia y que es conocida como 'la Vía Nanclares'. El cine como propaganda.

Dicho lo anterior, les dejamos con este artículo de opinión inspirado en esa cinta, mismo que traemos a ustedes desde Naiz:

Maixabel, crónica de un relato sesgado

Pedro A. Moreno Ramiro

Es imprescindible entender que para poder hablar con cierta legitimidad del conflicto vasco, la persona que lo haga debe haber estado afincada en este país, al menos durante unos cuantos años, para así poder entender el clima que se vivía en sus calles y plazas. Es por esta razón entre otras que la película “Maixabel” de Icíar Bollaín y que protagoniza Blanca Portillo junto con el gallego Luis Tosar, poco tiene que ver con la realidad vasca que se vivió y en cierto modo se vive aún en la actualidad en este territorio; los clichés utilizados, la falta de perspectiva historiográfica y la ausencia del «otro relato» en este film evidencian lo sesgado que es el mismo y que ni por asomo refleja los diferentes sufrimientos que se vivieron en Euskal Herria. Por no hablar de que infantiliza, ridiculiza y aborda desde un punto de vista muy paternalista los motivos por los que los protagonistas entraban en ETA o de como dicha organización no era más que un «engaña chiquillos» sin la capacidad crítica de abordar el fenómeno como lo que fue, un conflicto armado y político que se vivió por unos motivos concretos y que tenían un trasfondo muy definido a nivel ideológico.

Como casi siempre que se habla de ETA en el cine o en cualquier trabajo documental, de nuevo en esta cinta se eligen unos victimarios muy claros y unas víctimas muy definidas. Sí que es verdad y toca decirlo, que utilizar a Juan María Jauregi como protagonista pone sobre la mesa a un personaje histórico diferente con un recorrido político vinculado a la izquierda en el pasado, eso sí, el cual con el paso de los años acaba militando en el PSE-EE. De igual forma, la perspectiva con la que afronta la muerte de Juan María Jauregi su viuda Maixabel Lasa y el distanciamiento de la misma con otras asociaciones de víctimas estrechamente relacionadas con la extrema derecha, da un paso adelante en la forma de tratar el conflicto que en otras ocasiones no hemos visto en la gran pantalla. Es verdad también, que al espectador vasco y de sensibilidades euskaltzales e independentistas se le puede quedar un sabor más agrio que dulce, ya que la directora madrileña no profundiza en el conflicto y solo humaniza a aquellos exmilitantes de ETA que se acogieron a la «Vía Nanclares», perdiendo así la oportunidad de abordar la temática tratada desde una óptica más amplia donde el contexto, los orígenes históricos de la banda armada y la sociología vasca cuentan con un peso fundamental para poder explicar qué es lo que pasó en Euskal Herria. Dicho esto, considero que es una cinta que tampoco va a gustar a la caverna española (PP, VOX, AVT…) y que desde luego también, es un trabajo que va a provocar debate y polémica en algunas zonas del territorio estatal al ser visualizada.

Si seguimos abordando el conflicto vasco y todas sus consecuencias, podemos apreciar que en ciencia política lo que aquí sucedió muchas estudiosas en la materia lo podrían calificar como «guerra de baja intensidad». Esto quiere decir que para los militantes de cualquier organización armada, el Estado contra el que luchan y sus fuerzas de seguridad son un objetivo, al igual que para el ejército o los cuerpos de seguridad los miembros de esa organización «x» son unos objetivos que pueden perfectamente eliminar en un tiroteo o en una confrontación armada. En este punto es importante mencionar, que muchos de estos Estados en estas de «guerras de baja intensidad» vulneran los derechos humanos llevando a cabo torturas como método de presión, desmoralización y obtención de información del enemigo -me limito a hacer una explicación académica de lo que es una «guerra de baja intensidad»-. De hecho, lo que paso aquí y salvando las distancias, lo hemos visto en Irlanda con el IRA o en Alemania con la RAF, por poner dos ejemplos recurrentes. Es fundamental enunciar que todos los Estados se han dotado de cloacas para enfrentarse a los grupos armados disidentes sin respetar su propio Estado de derecho.

Ni qué decir tiene que la violencia es un drama y que nadie en su sano juicio recurre a la misma de buen gusto. El estrés postraumático que sufren multitud de militares es un ejemplo de las secuelas psicológicas que puede dejar la guerra y la muerte incluso en personas que han sido formadas para matar a otras personas en escenarios de guerra. Nadie duda de la crudeza de los conflictos violentos y del dolor que producen a los bandos implicados, eso sí, en torno al conflicto vasco todo el mundo habla de las 864 víctimas que causo la Organización armada vasca, pero nadie o casi nadie profundiza en el dolor causado por el Estado español y sus cuerpos para-policiales, según el informe del Gobierno Vasco “Sobre víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL”: fueron asesinadas sesenta y seis (66) personas y heridas de distinta consideración otras sesenta y tres (63). Hubo así mismo un secuestro. El GAL asesinó a veinticuatro (24) e hirió a veintisiete (27) más. El Batallón Vasco Español cometió dieciocho (18) asesinatos y causó heridas a otras dieciocho (18). La Triple A cuenta, por su parte, con ocho (8) asesinatos en su haber, por otros seis (6) del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

Los datos proporcionados con anterioridad no tienen en cuenta las torturas o violaciones de derechos humanos cometidas en dependencias policiales; del mismo modo, no se refleja el castigo asistido a las familias de las presas políticas vascas de la mano de la dispersión, las muertes causadas en la carretera fruto de dichos desplazamientos o la vulneración de derechos básicos que han sufrido muchas ciudadanas vascas por el mero hecho de ser vascas.

ETA paró su actividad armada en 2011, aun así, lo que no ha parado ha sido la represión, las detenciones, los montajes policiales o la violencia que ejerce el capitalismo español sobre la clase trabajadora. Sistema que nos obliga a pluriemplearnos, pagar alquileres que no se corresponden a nuestros salarios, desangrarnos con facturas de la luz cada vez más altas, desahucios, etc. Por no hablar que aquello que pedían hace unos años en Euskal Herria, es decir, que se utilizasen vías exclusivamente políticas para la resolución del conflicto vasco, hemos visto como en Catalunya utilizándose esas vías por parte de los políticos y las políticas catalanas, las mismas solo han derivado en represión y penas de cárcel impuestas por el Estado español o en el mejor de los casos el exilio de dirigentes políticos independentistas.

En definitiva, la violencia que causa el capitalismo o el Estado con sus herramientas económicas, políticas, judiciales o represivas no se contemplan en ningún informe, aún siendo el suicidio una de las principales causas de muerte en el Estado español por encima de los accidentes de tráfico. Solamente en el año 2019 las muertes por suicidio han subido un 3,7% según datos del INE y estos suicidios, son una prueba más de que algo falla en mundo basado en la competitividad, el credencialismo salvaje y la precariedad más feroz.

Para terminar, me gustaría remarcar lo que ya he expresado, la violencia es un drama, no es deseable y mucho menos para casi nadie es un gusto utilizarla. Por ello, debemos hablar de la misma desde una perspectiva integral, que no de manera sesgada y partidista, de seguir haciéndolo así, una parte de la sociedad vasca siempre se sentirá pisada, humillada y maltratada. Los relatos no se basan en el blanco y en el negro, sino que por el contrario, son la gama de claro-oscuros los que determina la historia sociopolítica de cualquier país.

Seguramente aún quedan muchos años para que algún director o directora se atreva a contar la otra verdad, la de aquellos y aquellas que vivieron en Euskal Herria la violencia directa del Estado con sus numerosas muertes, torturas, humillaciones o la tan cotidiana represión que sufrían y sufren miles de jóvenes vascas. Voces silenciadas, las cuales merecen ser tan escuchadas y llevadas a la gran pantalla como las voces del otro lado del conflicto, las cuales por cierto, siempre cuentan con todo el respaldo institucional y la propaganda del relato único. Relato sesgado e impropio de un conflicto armado y político que debería de intentar abordarse desde la más precisa veracidad y objetividad posible.

 

 

 

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Radiografía de la Excepcionalidad Penitenciaria

Les invitamos a leer este reporte acerca de la situación que sufren los presos políticos vascos, víctimas de la violencia estatal que se materializa en un arsenal de políticas penitenciarias de excepción que terminan por afectar no solo a ellos sino a sus familiares y allegados.

Aquí la información:

Radiografía actual de la situación penitenciaria

Esta radiografía evidencia que aún estamos lejos de un escenario de resolución de esta cuestión y corrobora la propuesta que realizó el Foro Social Permanente el pasado 2 de enero en Bilbao: un itinerario de reintegración como el definido en la «Vía vasca de todos y para todas» que ya se está demostrando eficaz para los primeros casos.

Aitzol Asla y Teresa Toda | Abogado y periodista, miembros de Behatokia

En los últimos días, y tras la cierta aceleración producida desde el pasado 19 de junio en los movimientos en política penitenciaria, estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión en torno a cómo está evolucionando esta política, generada por una tormenta de datos, muchos de ellos interesados e inexactos.

El pasado 30 de junio, en Bilbao, el Foro Social Permanente presentó Behatokia-Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política.

Behatokia quiere ser un observatorio que ofrezca datos contrastados sobre los avances, los atascos y los retrocesos que está teniendo el cambio en la política penitenciaria aplicada a esta tipología de personas presas. Un cambio anunciado por el presidente Pedro Sánchez en TVE pocos días después de su elección en 2018.

A través de este artículo deseamos exponer una radiografía precisa de la situación.

Las personas presas vascas encarceladas por delitos de motivación política son a fecha de hoy 235. De ellas, 222 pertenecen al colectivo EPPK, seis a ATA –lo que podríamos denominar disidencia de la izquierda abertzale–, tres a la Vía Nanclares y hay cuatro que no pertenecen a ningún colectivo.

Según datos del colectivo EPPK, nueve se encuentran en cárceles de la CAV (tres de ellos en prisión atenuada) o de Navarra, tres cumpliendo prisión en sus domicilios, veintitrés en cárceles a un máximo de 250 kilómetros de sus lugares de origen o entornos familiares y veinte en cárceles a un máximo de 385 kilómetros.

Las 168 personas restantes se encuentran aún en las cárceles del Estado español más alejadas de su lugares de arraigo familiar y social. La mayoría, en cárceles de Andalucía, Levante y Galicia. Otras 31 permanecen en cárceles del Estado francés.

El 75% del EPPK se encuentra ya realizando el camino de la legalidad penitenciaria, tal y como se le ha trasladado al Foro Social desde la interlocución que mantiene en la cárcel de Albolote con los representantes del colectivo. Quienes no lo están haciendo no es por oposición a ese camino, sino por razones personales y otros motivos, como puede ser la cercanía del fin de sus condenas, etc.

En lo que se refiere a la evolución de grados, elemento fundamental en el itinerario individualizado de reintegración que debe recorrer cada persona presa tal y como define la legislación penitenciaria: 143 se encuentran todavía en primer grado; de ellas, veintiuno en módulos de aislamiento en las cárceles de Huelva, Córdoba, Sevilla II, Estremera y Soto del Real. 49 se encuentran en primer grado pero con flexibilización del art. 100.2; 42 en segundo grado (de los cuales dos en prisión atenuada) y siete en tercer grado (de los cuales uno en prisión atenuada).

De los clasificados en segundo y tercer grado, dos se encuentran en prisión domiciliaria por enfermedad y dos en centros abiertos.

Analicemos ahora los acercamientos, principal elemento en la ceremonia de confusión. De los 31 acercamientos producidos en 2020, veintisiete lo han sido a partir del 19 de junio (como es lógico, el confinamiento congeló esta dinámica), pero solo seis a cárceles vascas o a la navarra y uno al centro Aita Meni. Tras ellos, hubo tres puestas en libertad por cumplimiento de condena.

A fecha de hoy, hay ocho acercamientos anunciados por Instituciones Penitenciarias a la espera de que se materialicen, pero de ellos solo uno a cárceles vascas y otro cumplirá su condena en el plazo de un mes. Debemos tener en cuenta que se está produciendo un efecto de doble anuncio, primero el de Instituciones Penitenciarias y posteriormente cuando Etxerat confirma su materialización.

Para terminar la radiografía, quisiéramos ofrecer otros tres datos relevantes. Existen diecisiete personas presas enfermas con diversas patologías; la reciente muerte del preso Igor González Sola ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de esta cuestión; existen tres personas encarceladas con más de setenta años, a las que deberíamos sumar otras tres que cumplen esa edad en 2020; y actualmente, 89 menores se ven obligados a viajar cientos de kilómetros para poder ver a sus padres y/o madres.

Algunas consideraciones:

1. Aunque es evidente que para la familia es mejor que la persona presa cumpla condena en Asturias que en Cádiz, no entendemos bajo qué criterios no se les pueden acercar hasta las cárceles vascas que, además, tienen espacio suficiente y donde se garantiza su arraigo social y familiar, algo reconocido como importante para los procesos de reintegración.

2. Nos preocupa mucho que, nueve años después de la Conferencia de Aiete, se mantenga a veintiún presos en módulos de aislamiento en las cárceles de Huelva, Córdoba, Sevilla II, Estremera y Soto del Real, y que las respuestas negativas a la evolución de grado sean un «corta y pega» sacado de textos de etapas anteriores y sin ningún criterio individualizado.

3. El artículo 100.2 es un régimen de flexibilización del modo de vida en cualquiera de los grados transitorio, para facilitar el proceso de reintegración de las personas presas. Es urgente que las 49 personas que se encuentran en esta situación evolucionen a segundo grado para que puedan acometer con garantías su itinerario de reintegración.

Esta radiografía evidencia que aún estamos lejos de un escenario de resolución de esta cuestión y corrobora la propuesta que realizó el Foro Social Permanente el pasado 2 de enero en Bilbao: un itinerario de reintegración como el definido en la «Vía vasca de todos y para todas» que ya se está demostrando eficaz para los primeros casos. Los datos que mostramos aquí confirman que hoy día la inmensa mayoría de personas presas que componen el colectivo EPPK está ya dando pasos decididos en ese camino.

Sin embargo, y para concluir, entendemos que no es de recibo que, precisamente cuando las personas presas inician ese itinerario individualizado de reintegración aparezca un lobby que plantee un nuevo endurecimiento de la ley, cuestionando la profesionalidad de Instituciones Penitencias en los casos que están fallando favorablemente a las progresiones de grado.

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Egaña | Rehenes

Lo sucedido hace un par de días en el Parlamento de la CAV ha dejado claro que tanto el PP - y los demás partidos estatales para ese caso - como los cuerpos policíacos españoles así como las asociaciones de víctimas son en realidad piezas del mismo engranaje represivo.

Engranaje que es movido desde La Zarzuela, no desde La Moncloa.

Pues bien, dicho lo anterior, les compartimos este texto de Iñaki Egaña:

Rehenes

Iñaki Egaña

La cuestión de los presos ha sido uno de los temas que emocional y políticamente ha concitado mayor preocupación y dedicación en Euskal Herria desde las detenciones masivas que se produjeron al concluir la guerra civil en suelo vasco, en torno a las 60.000 personas. La solidaridad con los presos ha sido, de lejos, el movimiento popular más constante y numéricamente mayor de la historia reciente.

Desde que, por razones de maquillaje de su pasado, los estados pusieron el cronometro en el nacimiento de ETA, unos 7.500 hombres y mujeres han pasado por prisión acusados de haber pertenecido a la organización vasca, así como a otras también armadas, tales como Iparretarrak, Comandos Autónomos o Iraultza.

Con algunas excepciones en la década de 1960 y la primera de 1970, todos los acusados, juzgados con diferentes códigos penales, salieron de prisión después de cumplir íntegramente sus penas. Las excepciones fueron las rebajas de penas de la década primera, relacionada con hechos como el cumpleaños del dictador o la nominación de un nuevo dirigente de la iglesia católica. También aquellos tres indultos generalizados que afectaron a varios centenares de presos vascos entre finales de 1976 y el verano de 1977 para avalar al nuevo régimen.

Entre las excepciones también habría que compartir aquellas que afectaron a diversas negociaciones bilaterales entre los polimilis y el gobierno de UCD luego avaladas por el PSOE, a cambio de su disolución y que concernieron a casi dos centenares de presos. Y desde la década de 1980, las distintas vías que atañeron a varias decenas de presos, entre ellas y la última, la llamada Vía Nanclares.

Estas constataciones nos dejan un número terrible. Casi 7.000 hombres y mujeres han cumplido su condena integra, para poder recobrar su libertad de nuevo. Salieron con dignidad, no sin antes haber pagado un precio altísimo. Como jamás había sucedido en ninguna época de la historia vasca, ni siquiera de la española o de la francesa. Jamás grupo alguno sufrió tantos años de prisión colectivamente como el relacionado con ETA y otras partidas armadas vascas.

Ni siquiera los colaboracionistas franceses con el nazismo, ni los carlistas derrotados en el siglo XIX, ni los soberanistas navarros que sufrieron la victoria y el escarnio de Castilla y Aragón en el siglo XVI penaron tantos años en prisión. Y recordar que en 2003 se alargaron las condenas hasta los 40 años de cumplimiento íntegro. Castigo superior a la cadena perpetua histórica.

La extensión del castigo tiene que ver con la crisis del Estado español y su modelo territorial. Es cierto que en la primera crisis profunda, la que le llevó a la desaparición de su imperio, impuso la pena de muerte como sustitución de la prisión, lo que hoy llamaríamos ejecución extrajudicial, el asesinato masivo del disidente. Hecho que volvió a repetir en su enésima crisis, esta vez ahondada por el hecho social. La que promovió el golpe de Estado de 1936. De nuevo los asesinatos masivos, como en otras zonas del Estado, miles de vascos fueron ejecutados.

Y esta última crisis, la de las últimas décadas, ahondada en los últimos años por la apertura de un frente que hasta entonces Madrid suponía bajo control, el catalán. La detención de los líderes soberanistas catalanes, con el único argumento supremacista y uniformador, el español, augura una vuelta a los orígenes. España necesita rehenes para afianzar su naturaleza territorial. No va con su proyecto el hecho político.

Por ello, es ingenuo pensar en un escenario de Presos Políticos igual a Cero, de la misma manera que es ingenuo creer que España pedirá perdón por su ensañamiento, por las torturas, por las ilegalizaciones, las ejecuciones extrajudiciales. En un escenario de retroceso evidente de libertades civiles y democráticas, no estaría hoy en día siquiera asegurado que abandonando las aspiraciones soberanistas las cárceles quedarían vacías.

La crisis del modelo territorial español que han generado ambos proyectos, catalán y vasco, por vías diferentes, es de tal magnitud que únicamente hay dos salidas: victoria o derrota. Y frente a la dicotomía, Madrid juega a la grande: mantener todo el aparato y legislación de excepción de una fase anterior.

Nuestros presos lo fueron en una época de confrontación político-militar, mientras los catalanes en una de confrontación democrática. Sin embargo, unos y otros son juzgados y criminalizados sobre los mismos supuestos. Los presos corresponden a distintos modelos, estrategias, tiempos, hechos y lógicas. Por eso, liberarlos necesita de tácticas diferentes. Y el estado va a utilizar las suyas según interés coyuntural.

Y las gubernamentales pasan por mantener rehenes, dentro de un concepto de una estrategia bélica más amplia para modificar los objetivos de la disidencia territorial (victoria) o “morir matando”, activando todos los resortes de su agonía (derrota). Lo hicieron con el Bateragune, lo han hecho con dirigentes del Procés.

Por ello, una estrategia republicana e independentista, vista la naturaleza política de España y el calado de su crisis, tiene un coste asegurado: nuevos presos y exiliados. En la medida que las dinámicas se aceleren, la represión también se precipitará. Madrid continuará con esos cientos de presos en sus cárceles, poniendo palos a las ruedas de su excarcelación, modificando leyes, atrasando la aplicación de la legislación europea. Y volverá a las detenciones masivas o selectivas para alentar el miedo entre la población periférica.

Pero, ¿mientras? ¿Cómo abordamos y cerramos ciclos? ¿Cómo equilibramos ese necesidad de tener a nuestros presos en casa, fruto de una estrategia anterior, con los previsibles que nuestro proyecto acarreará con la respuesta hispana? El futuro más cercano sigue anunciando nubes de confrontación. Y como cantaba Lluis Llach (“Abril 1974”): “Compañeros, si sabéis donde duerme la luna blanca, decidla que la quiero pero que no puedo acercarme a mirarla, porque aún hay combate”.

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El Sinsentido de Grande Marlaska

Fernando Grande Marlaska es hoy en día Ministro del Interior con Pedro Sánchez, pero en su tiempo fue uno de los jueces utilizados por el Tribunal del Orden Público para cerrar la pinza institucional durante los peores años del terrorismo de estado español en contra del independentismo vasco.

Mientras las fuerzas armadas - incluidos los grupos militares como el BVE, ATE y GAL - secuestraban, asesinaban, torturaban y demás desde los claustros de la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se adoptaban las medidas necesarias para proveer de inmunidad política a los unos y machacar los derechos de los otros. Prueba de lo anterior, lo que la jueza María Paz Batista opina con respecto a los excesos de Eduardo Inda.

Así que el cambio de opinión con respecto a los rehenes vascos del estado español - repetimos, ETA no tiene presos - y las medidas de excepción en su contra es más que bienvenida viniendo de alguien que en su día incluso avaló la tortura de quienes caían en las redes de los operativos policíacos.

Ahora bien, es importante señalar que así como en su momento de desactivó a los grupos paramilitares antes mencionados ya va siendo tiempo de que La Zarzuela haga lo propio con los grupos de choque denominados por Grande-Marlaska en su alocución en Canarias como "asociaciones de víctimas".

Aquí lo que nos informa el Diario Vasco:

Marlaska no ve sentido a mantener la dispersión de presos una vez que ETA ha desaparecido

El ministro de Interior asegura que esa medida se corresponde con «una política antiterrorista, pero no con una política penitenciaria»

Miguel Villameriel

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves que la dispersión de los presos de ETA en diferentes cárceles de España «era una política antiterrorista, no una política penitenciaria«, por lo que no cree conveniente mantenerla una vez disuelta la organización armada.

En su intervención en un foro en Las Palmas de Gran Canaria, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ha sido interpelado por el público sobre el posible traslado a Euskadi de presos condenados por terrorismo. Grande-Marlaska ha explicado que no cree en medidas «indiscriminadas», sino en la aplicación de las leyes y, en este caso, ha asegurado que todos los pasos que se den se realizarán «siempre en contacto con las asociaciones de víctimas», a las que ha agradecido el respaldo que están dando a su departamento.

A este respecto, el ministro de Interior ha pedido que se analice el balance de sus siete meses en el cargo, en el que solo han sido trasladados a cárceles del País Vasco dos presos de la denominada 'vía Nanclares', que hace tiempo renegaron de ETA, pidieron perdón a las víctimas y ofrecieron medidas para reparar el daño que ocasionaron sus atentados.

Sin embargo, también ha apuntado que, «con ETA disuelta y derrotada por la sociedad«, no le ve sentido a mantener una política antiterrorista »cuya finalidad era debilitar a la organización, impidiéndole que controlase a sus militantes encarcelados«. En las actuales circunstancias, ha argumentado Grande-Marlaska, debe atenderse a «criterios penitenciarios», a lo que las correspondientes juntas de tratamiento consideren más conveniente para cada recluso, algo en lo que no ha ocultado que se debe tener en cuenta «la cercanía a su entorno familiar».

Sare pide que las palabras de Marlaska se conviertan «en realidad»

La red de apoyo a los presos de ETA Sare ha considerado «positivas» las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que estas palabras se conviertan «en realidad con urgencia».

Sare ha asegurado en un comunicado que ha recibido con «cierta esperanza» las declaraciones de Grande-Marlaska, pero también «con prudencia» ya que, según denuncia, «no se han dado pasos reales para acabar con la política de alejamiento» de los reclusos de ETA.

«No entendemos que los presos deban pasar un día más alejados de sus familiares y sin que se cumpla la ley», ha denunciado Sare, que ha recordado que, tras la manifestación del día 13 de enero en Bilbao en apoyo a los pesos de ETA, solicitó una entrevista con el ministro del Interior para abordar la situación de estos reclusos.

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Incautan Bienes a Expresos

Por si alguna duda quedaba con respecto al talante represivo del régimen español, ahora resulta que elementos de las fuerzas paramilitares de ocupación han iniciado un operativo para incautar bienes de los expresos políticos vascos con la intención, dicen ellos, de que se salden las indemnizaciones ordenadas en su momento por los jueces instructores.

O sea, ni siquiera después de haber cumplido la totalidad de sus extendidas condenas los represaliados vascos están libres de la violencia del estado español.

A eso se refiere Otegi cuando habla de brutalidad y de incapacidad.

Les invitamos a leer este reportaje dado a conocer por Gara:

La Guardia Civil pone en marcha la incautación de bienes de expresos

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorías de la Audiencia Nacional, lanzó una operación de incautación de bienes contra una cincuentena de ciudadanos vascos que ya cumplieron, en algunos casos hace más de una década, la condena que les impusiera dicho tribunal. Según el Ministerio de Interior, la investigación se inició hace un año, lo que no le impidió vender el operativo como una demostración de firmeza tras el final de ETA.

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorías de la Audiencia Nacional española, pusieron en marcha ayer una operación para la intervención de bienes muebles e inmuebles cuya propiedad se atribuye a una cincuentena de personas condenadas en causas judiciales relacionadas con ETA o con actos de kale borroka.

Según la nota de prensa emitida por el Ministerio de Interior español, la operación tendría por objeto liquidar «una deuda contraída con el Estado por la responsabilidad civil» a la que fueron condenadas en su día estas personas. La institución presidida por el ministro Juan Ignacio Zoido estima la cantidad pendiente de pago en algo más de ocho millones de euros.

El operativo se tradujo en imágenes poco habituales, como la retirada de vehículos de la vía pública. De acuerdo a la nota de Interior, la Guardia Civil se llevó con la ayuda de la grúa cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana, que habrían quedado embargados.

Según distintas fuentes, los agentes se llevaron un Toyota RAV4, aparcado en el polígono industrial Beruko de Barakaldo y que, según se hicieron eco algunos medios, sería utilizado como vehículo de trabajo por una persona condenada en causas de violencia callejera. También retiraron una furgoneta blanca estacionada en el boulevard de Salburua, en Gasteiz, propiedad de otro expreso.

La ejecutoria lanzada por la AN afectaría a bienes diversos, como viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, pero también a cuentas corrientes y rentas salariales. En algunos casos, la intervención se concretó en dar traslado a los registros de propiedad la orden respectiva para que estos procedan a hacer el apunte correspondiente, a fin de evitar la transmisión o venta de los citados bienes.

Así se habría procedido en el caso de 14 propiedades inmobiliarias situadas en Hego Euskal Herria y en la Rioja.

Cuentas y nóminas

En otros casos, se procedió a ordenar el bloqueo y embargo de unas 45 cuentas bancarias en diferentes entidades financieras. Finalmente, también se libró oficio a algunas empresas que tienen a personas expresas en sus plantillas a fin de que retengan la parte de la nómina que supera el salario mínimo interprofesional. Según Interior, «se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados».

Siempre de acuerdo a las informaciones difundidas por Interior, entre las personas que habrían sido investigadas para determinar si disponían de ingresos o bienes susceptibles de ser embargados a fin de hacer frente a la responsabilidad civil «se encuentran 10 miembros de ETA», mientras que «el resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por esa organización».

Interior remarcó que entre las personas objeto de estas actuaciones se encuentran «algunos históricos activistas» de ETA, tras lo que los medios de comunicación desgranaron los nombres de presuntos afectados.

De acuerdo a la agencia Efe, entre las personas afectadas por esta operación se encontrarían Mertxe Galdos, que recobró la libertad en 2005, tras purgar más de 19 años de prisión y también Enrike Letona.

Galdos se negó a declarar en marzo pasado ante la Guardia Civil que le citó para dar explicaciones sobre el acto de despedida a Belén Gonzalez.

Letona, por su parte, salió de prisión en mayo de 2003, tras cumplir dieciséis años de prisión. Meses después de recobrar la libertad fue detenido en relación a otro sumario relativo a un atentado de 1981. Tras pasar cinco meses encerrado salió en libertad previo pago de una fianza de 12.000 euros.

En todo caso, la mayoría de los medios estatales se centraron en remarcar que en el listado figuraría una expresa, la oreretarra Idoia López Riaño que, tras acogerse a la llamada vía Nanclares, recobró la libertad el año pasado. Distintos medios remarcaron que presos que se acogieron en su día a programas de reinserción «no aportaron sino cantidades simbólicas» a la hora de salir de prisión.

Al tiempo, esos medios remarcaban que la actuación de ayer, circunscrita a «sentencias vivas» (no prescritas), podría extenderse más allá del medio centenar largo de afectados por la que la Guardia Civil bautizó como «Operación Zerga».

Mensaje oficial

Tras dar cuenta de que la investigación en el origen de la operación comenzó hace más de un año, el Ministerio de Interior señaló que la misma «pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean».

La operación vendría a demostrar, al tiempo, «la continuidad en la lucha antiterrorista» en la que insiste el Gobierno del PP, con más insistencia si cabe desde el anuncio de final de ETA, según enfatizó el ministro de Interior, José Ignacio Zoilo, tras presentar en la Playa de Palma el Plan Turismo Seguro 2018.

Instituciones Penitenciarias actualiza datos sobre presos

La Secretaría de Instituciones Penitenciarias (IIPP) restó ayer relevancia al encargo de un censo actualizado sobre presos vascos. Según informaciones aparecidas en prensa, la gestión se habría centrado en presos vascos en segundo grado y/o con enfermedades incurables. El informe se habría encargado dos meses antes del anuncio del final ETA. La filtración de esa información fue utilizada por algunas asociaciones de víctimas para pedir explicaciones al Gobierno de PP. Por su parte, el portavoz de Interior de Podemos en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Delgado, que ha ejercido como Guardia Civil durante 25 años, apeló a «tratar con mucha cautela el tema del acercamiento de los presos» y consideró que, tras la desaparición de ETA, «habrá que tomar decisiones». Mientras, el Gobierno de Gasteiz consideró como un trámite ordinario el encargo del censo, secundando en su justificación a IIPP.

En todo caso, la publicación de la información volvió a plantear el debate del cambio de política penitenciaria, ello el mismo día en que Etxerat confirmaba el traslado de Luis Iruretagoiena desde Alençon a Mont-de-Marsan. Con él son ya 13 los presos vascos acercados por París.

Sortu aboga por impulsar el nuevo ciclo frente a los ataques

Sortu considera que la mejor manera de contestar a la operación de la Guardia Civil contra expresos y expresas es impulsar el nuevo ciclo. Su secretario general, Arkaitz Rodríguez, denunció que «esta es la respuesta del Estado español al final de ETA». «Quieren mantener este pueblo atado al pasado cuando la sociedad vasca desea avanzar. Siguen haciendo la guerra cuando la sociedad vasca desea la paz», enfatizó.

Rodríguez advirtió de que episodios como esta operación, las pintadas de Hernani, intoxicaciones mediáticas o el juicio de Altsasu tienen como objetivo «obstaculizar el camino de la paz y la libertad». Ante la apuesta estatal por la violencia, Sortu deja claro que «no conseguirán mover un ápice ni a la izquierda abertzale ni a la sociedad vasca» en esa apuesta.

Desde LAB abogaron porque los agentes vascos hagan frente al inmovilismo. «Deberíamos ponernos en el camino de construir nuevos consensos», apuntaron, no sin antes señalar el papel que está jugando el PNV con su apoyo a los presupuestos del Gobierno del PP y en darle estabilidad.

Sare aseguró que la operación supone profundizar en la vulneración de los derechos humanos de las personas presas, tanto en las cárceles como cuando recobran la libertad tras cumplir la condena.

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Entrevista a Agus Hernán

En Deia han publicado esta entrevista concedida por Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente, al periodista Javier Nuñez. En la misma, Hernán nos habla acerca de los pasos que se están dando para destrabar el proceso de DDR de ETA y así poder transitar hacia el tan ansiado proceso de paz y reconciliación abierto por la sociedad vasca hace ya seis años.

Lean ustedes:

“La posición de España con los presos tal vez sea dejar que Francia dé los pasos y ver qué consecuencias tienen”

Agus Hernán, coordinador del Foro Social, se muestra optimista con los pasos que va a dar el Gobierno francés con respecto a los presos, pasos que quizá se trasladen después al Estado español

Javier Núñez | Fotografía de Oskar González

Agus Hernán, coordinador del Foro Social, dice ser un “optimista antropológico” y por ello está convencido de que la reconciliación llegará a Euskadi con la desmovilización de ETA, el reconocimiento a las víctimas y la excarcelación de los presos.

Por empezar por lo más próximo en el tiempo, Francia aplazó el martes una reunión sobre los presos con dirigentes de Iparralde, pero sí ha habido encuentros con Covite y con la Fundación de Víctimas del Terrorismo ¿Le dice algo esto?

-Nada, absolutamente nada. Valoramos de forma positiva que Francia se reúna con las víctimas. Nos parece normal que contraste sus intenciones con las víctimas, aunque está claro que las asociaciones de víctimas no pueden determinar las políticas públicas.

Entonces, ¿no se puede decir que los gobernantes galos hayan cedido a presiones ejercidas por las asociaciones de víctimas?

-Es normal que el Ministerio de Justicia francés quiera reunirse con asociaciones de víctimas. Nos parece un procedimiento normal.

De todos modos, lo importante es que las autoridades francesas han dado un primer paso anunciando el acercamiento de los presos.

-Lo que hemos dicho desde un principio es que hay que valorar el marco reconocido por la propia ministra francesa de Justicia y los dirigentes de Iparralde. Están en un marco de resolución de la problemática de los presos dentro de la legalidad vigente. Están viendo cómo se puede resolver la problemática de los 58 presos vascos en Estado francés.

¿Tiene usted conocimiento de los ejes básicos del plan del Elíseo?

-Lo que ya sabemos es que van a comenzar por los presos que están cerca del cumplimiento de condena y que no tienen delitos de sangre. Es un primer paso de un trabajo que se está realizando. Lo que sí podemos decir es que encima de la mesa está la resolución de la totalidad de la casuística. Es lógico que empiecen así. Y, en este sentido, tenemos que decir que tomamos nota de la posición de Covite. Que no se opongan a este plan nos parece realmente interesante. Luego cada uno pone el acento donde cree conveniente, pero de entrada su postura nos parece muy interesante y tomamos nota de ella.

Deben ser actuaciones individualizadas por parte de los presos...

-Debe ser así porque la legislación penitenciaria solo se puede abordar de forma individual, tanto en el Estado francés como en el español, pero también viene derivado del debate que se ha dado dentro del seno del EPPK, donde se han aceptado las actuaciones individuales.

Francia ha dado pasos importantes que el Estado español no da. ¿Por qué esa actitud del Gobierno del PP?

-Cada vez se está confirmando más una cosa: después de conocerse los planes del Gobierno francés, a los dos días el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, dio una entrevista en la que quedó claro que el Gobierno español está perfectamente informado. Al igual que sucedió con el desarme, la posición de España con los presos tal vez sea dejar que Francia dé los pasos y ver qué consecuencias tienen. En cualquier caso, todos los agentes se están situando en el escenario post desmovilización de ETA.

La sociedad vasca se ha mostrado favorable a un cambio de la política penitenciaria y la mayoría de los partidos también. Sin embargo, el Gobierno español se mantiene impermeable a los cambios.

-Por una parte está claro que la mayoría de la sociedad es favorable a dar una solución a la problemática de los presos. También hay pasos por parte de partidos. Por lo que respecta al Gobierno español, para que avance en esta cuestión creemos que se deben dar tres condicionantes: 1) un acuerdo en el marco vasco de todos los partidos políticos, algo que ya está en curso;2) la movilización de la sociedad civil, y el pasado 13 de enero en Bilbao se vio que la sociedad está movilizada; 3) generar una corriente en el Estado español favorable a buscar una solución a la cuestión penitenciaria. Y en estos tres aspectos estamos trabajando.

El Gobierno vasco ha intentado muchas veces que el Ejecutivo del PP varíe la política penitenciaria, todas ellas sin éxito. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo de Gasteiz? ¿Cuál debe ser su papel?

-El Gobierno vasco está remando con todos en la misma dirección. Eso es claro. Ahora, por ejemplo, ha sido uno de los actores que ha trabajado para solucionar la situación de Ibon Iparragirre. Hay que destacar también el trabajo de los parlamentos vasco y navarro. Estamos todos remando en el mismo sentido, todos los remos son necesarios y esta txalupa debe llegar cuanto antes a un escenario de convivencia y a una sociedad sin presos.

¿Cómo valora el traslado de Ibon Iparragirre al centro Aita Menni de Arrasate? Etxerat mostró su decepción, ya que considera que debe ser trasladado a su domicilio.

-Ha habido un trabajo de muchísimas personas para intentar resolver esta cuestión. No está en su casa, que es donde nosotros consideramos que debería estar por la enfermedad que sufre, pero son muchos los que han trabajado en esta cuestión.

Usted mantuvo una entrevista con Olarra Guridi, portavoz del EPPK, donde le dijo que los presos estaban dispuestos a reconocer el daño causado. ¿Es un paso importante?

-De aquella entrevista hay que destacar, por un lado, el reconocimiento del daño causado y, por otro, y esto es importante, mostró la disposición para buscar un marco adecuado para entablar un diálogo con las víctimas, e ir avanzando, huyendo de la dinámica de los reproches.

Sin embargo, en una reciente entrevista, David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, señalaba que no lamentan la historia y lo realizado por la organización. ¿Es una contradicción con lo manifestado por Olarra Guridi?

-No valoramos las declaraciones de forma individual de ninguno de los actores de este proceso. Lo que sí entendemos es que ETA debe proceder a una desmovilización que de cara a la sociedad vasca debe ser definitiva y concluyente y debe incluir lo que llamamos las tres C: crítica, constructiva y compartida. Eso sería un avance que, si se hace en los términos correctos, supondría una gran aportación al proceso de reconciliación social en este país.

Olarra Guridi también mostró la disposición de los presos a hablar con las víctimas. ¿Es algo que ya se dio, pero el Gobierno español lo cerró? De hecho, ¿estos pasos se parecen a los que dieron los presos acogidos a la ‘vía Nanclares’?

-En este país ha habido experiencias anteriores. Nos parece que las iniciativas de la vía Nanclares correspondían a un contexto determinado, pero ahora estamos en otro contexto, en 2018, con 300 presos y hay que avanzar. Depende también desde qué perspectiva se haga. Entendemos que los presos del colectivo lo deben hacer porque quieren aportar a la convivencia en este país. Y con respecto a ese marco entre víctimas y presos, lo importante es que se den porque quieren aportar a la sociedad.

Artesanos de la Paz, Foro Social, colectivos de dirigentes de Iparralde, muchas asociaciones... ¿Cuál es el peso del EPPK en el proceso?

-Nosotros podemos estar trabajando para generar una hoja de ruta, pero en la problemática de los presos habrá que contar con los presos. Lo que estamos intentando, y por ello la entrevista con Olarra Guridi, es recoger sus aportaciones y trasladarles lo que estamos trabajando desde la calle. Insisto, es difícil establecer una hoja de ruta para los presos sin contar con los presos.

Desmovilización, disolución... ¿Cómo va ser el último paso de ETA?

-Defendemos el marco estándar integrado en la ONU, que se llama DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración). Creemos que en el caso vasco, por su singularidad, tenemos que salir de los debates terminológicos. No sabemos qué términos hará públicos ETA para anunciar el final, pero lo que sí creemos es que deben ser concluyentes y que generen suficiente confianza al conjunto de actores: miembros de la sociedad civil, partidos, sindicatos... Así, se formule cuando se formule, debe ser claro, concluyente y contundente.

¿Lo ve más pronto que tarde?

-Por los datos que manejamos a través de los mediadores internacionales, creemos que esto se hará antes de que termine este curso político (antes de junio). En este país se ha sufrido muchísimo y tenemos que ir avanzando hacia la convivencia.

Luego, tras el final de ETA, vendrá la lucha por el relato, en esta ocasión una pelea incruenta.

-Soy un optimista antropológico. Pienso que primero hay que cumplir con todo lo que hemos hablado: desmovilización de ETA; la verdad, justicia y reparación de las víctimas;una sociedad sin presos. Cuando se haya dado todo esto, la cuestión del relato se va a abordar de una manera mucho más tranquila. Va a ser difícil que haya un relato único. Es más, creo que no hay un relato único en ningún conflicto del mundo. Lo importante es que el relato de una de las partes no signifique sufrimiento para las otras.

¿El problema de Catalunya está retrasando el proceso de normalización en Euskadi?

-Es evidente que la cuestión catalana ha influido pero, aunque cada partido tiene un postulado en ese materia, han sabido seguir trabajando juntos por lo que respecta al proceso de normalización en Euskadi. Hay dos lecturas. Una dice que, si el foco está en Catalunya, podemos trabajar en Euskadi con más tranquilidad;y otra afirma que, mientras no se resuelva lo de Catalunya, no se va avanzar nada. Eso es lo que dicen los partidos aunque, la verdad, no hay datos que avalen una u otra postura.

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EL EPPK y el DDR

Recientemente el Foro Social Permanente anunció que estaría trabajando en el componente Desmovilización dentro del proceso de DDR iniciado unilateralmente por ETA hace ya seis años.

En ese tenor, les presentamos esta nota publicada por EiTB:

Agus Hernán: 'Los presos están dispuestos a reconocer el daño causado'

El EPPK comunica al Foro Social su disposición a su aportación a una hoja de ruta 'con plazos razonables' para su excarcelación.

El coordinador del Foro Social Permanente, Agus Hernán, ha desvelado en Radio Euskadi que el colectivo de presos EPPK ha mostrado su disposición 'a reconocer el daño causado y entablar marcos de diálogo adecuados con las víctimas'. En una entrevista en 'Boulevard', Hernán ha explicado que recientemente han mantenido una reunión con uno de los portavoces del colectivo de presos, Jon Olarra Guridi, en la cárcel de Granada, donde les ha trasladado la 'clara voluntad' del EPPK de participar en los diálogos que el Foro Social viene manteniendo con partidos políticos y sindicatos de Hegoalde. 'Su disposición como colectivo ha quedado meridianamente clara', ha destacado Hernán. En este sentido, el EPPK aboga por una 'hoja de ruta en plazos razonables' para su excarcelación.

Según Hernán, el reconocimiento del daño causado se daría en un 'marco de diálogo adecuado con las víctimas, marcos en los que se busque dialogar, evitar marcos de reproche, de emplazamientos...'. Así, el coordinador del Foro Social ha puesto como ejemplo los foros de convivencia locales, experiencias que se han llevado a cabo en Errenteria o Lasarte. 'Evidentemente, cuando ellos hablan de marcos correctos, marcan distancia con los encuentros de la 'vía Nanclares'', ha indicado.

Por otra parte, el EPPK ha trasladado al Foro Social que los presos han comenzado a dar pasos para gozar de beneficios penitenciarios. 'Nos han informado de que en cerca de veinte cárceles han pedido destino, es decir, trabajar en la cárcel', ha explicado Hernán, una posibilidad a la que los presos del colectivo no han querido acceder hasta ahora. Además, aseguran que la mayoría de reos han pedido el paso de primer a segundo grado, pero con resultado negativo.

Por último, Agus Hernán ha adelantado que el jueves se va a celebrar en el Colegio de Abogados de Bilbao una mesa redonda a la que han sido invitados todos los partidos de la CAV, bajo el título 'Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo'. A falta de la respuesta del PP, el resto de formaciones con representación en el Parlamento Vasco han confirmado su asistencia.

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Cuando Nanclares te Lleva a Estrasburgo

La tienen jodida los de la Vía Nanclares, siguen presos después de haberse traicionado a sí mismos aceptando ser lo que el régimen borbónico franquista dictaminó que fueran.

Ahora, en un vuelco muy interesante, derrotados y sabiéndose títeres del estado al que alguna vez combatieron, recorren el camino que abrieron los que sí se mantuvieron fieles a sus principios revolucionarios y antifascistas.

Patéticamente paradójico.

Lean esta nota publicada en el Diario Vasco:

Estrasburgo admite el recurso de un preso de Nanclares para que le resten la pena en Francia

El tribunal europeo reabre el debate sobre el doble cómputo y la posible excarcelación de 50 reclusos tras el carpetazo de la justicia española

Jorge Sainz

El Tribunal de Estrasburgo reabrirá el debate sobre si los presos pueden rebajar de su condena el tiempo purgado en Francia. La Corte europea de Derechos Humanos ha admitido a trámite el recurso presentado por el recluso de la vía Nanclares (disidentes de ETA) Kepa Pikabea contra la decisión de la Audiencia Nacional, ratificada por los tribunales Supremo y Constitucional, de no restar del total de la pena en España los años cumplidos en cárceles galas, según fuentes conocedoras del caso. La negativa de los jueces españoles impide a los reclusos afectados, unos 50, adelantar su puesta en libertad. La aceptación de la demanda por parte de Estrasburgo otorga esperanza tanto a otros presos de Nanclares como Rafael Caride Simón o Idoia López Riaño, 'La Tigresa', como a los internos de la propia ETA, con tres recursos ya presentados en el tribunal europeo, a la espera de que se decida si son admitidos a trámite.

La de Pikabea es la primera de las demandas presentadas sobre el doble cómputo que va a lograr ser debatida por Estrasburgo. El Tribunal de Derechos Humanos es una referencia para los reclusos de ETA desde que en 2013 aboliera la doctrina Parot y agilizara la salida a la calle de unos setenta internos. El recurso de este preso de la cárcel alavesa de Zaballa había sido rechazado en septiembre, sin ni siquiera admitirlo a trámite, por el Constitucional, agotando la vía judicial en España. Pikabea denunciaba que la Audiencia Nacional incumplió la Ley Orgánica 07/2014 por la que España tradujo a la legislación estatal una decisión marco de la UE en 2008 que trataba de evitar que, ante un mismo delito, se pudieran cumplir dos o más penas en diferentes Estados socios. Durante su tramitación en el Senado, el PP introdujo de tapadillo una modificación en el texto según la cual esa normativa comunitaria no sería aplicable a sentencias anteriores al 15 de agosto de 2015. Esto en la práctica suponía que no sería efectiva para la gran mayoría de los presos de ETA.

Avalancha de demandas

Esta reforma legal empleada por el PP paralizó la excarcelación de medio centenar de reclusos, entre ellos los tres de la vía Nanclares que van a utilizar la baza europea y que habían avanzado por el camino de la autocrítica por su pasado y el perdón a las víctimas. Tras el portazo del TC en septiembre, Pikabea, Caride y López Riaño recurrieron a Estrasburgo. En el primer caso, los jueces han decidido ahora analizar la demanda. El problema para los reclusos es la tardanza en las resoluciones de la Corte comunitaria, que podrían llegar en años, cuando ya los afectados hayan purgado en prisión los años de más que denuncian.

La admisión a trámite del recurso de Pikabea coincide en el tiempo con el anuncio de los presos de ETA de una avalancha de recursos en Europa contra la dispersión y el doble cómputo de las penas en Francia. Se preparan 261 demandas contra el alejamiento y 24 para que se rebaje en España la condena cumplida en Francia. Tres de las demandas de este último grupo ya han sido presentadas en Estrasburgo: las de los históricos exdirigentes de la banda Santiago Arrospide, 'Santi Potros', y Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito', y el de Alberto Plazaola. Sus letradas esperan que sean admitidas a trámite.

Además de por la rebaja de penas en Francia, Pikabea también ha presentado otro recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la decisión de las distintas instancias judiciales españolas de denegarle el acceso al tercer grado o libertad condicional. El preso cree que ya cumple las condiciones al haber cumplido la mayoría de la condena y haber expresado su rechazo a la violencia y su perdón a las víctimas.

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YouTube | Arnaldo Otegi en "En Jake" de EiTB

Arnaldo Otegi es entrevistado en el programa "En Jake" de EiTB y entre otros temas se inicia hablando del documento dado a conocer por EPPK:

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Entrevista a Arnaldo Otegi en "En Jake" de EiTB

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Colaboracionista Humo Jeltzale

El colaboracionismo jeltzale ya no engaña a nadie, especialmente cuando está dirigido en contra de un tema tan sensible para el pueblo vasco como lo son las políticas de excepción en contra del colectivo de presxs polítcxs.

Aquí les presentamos esta nota publicada en EiTB:

Sare: 'El Gobierno Vasco plantea botes de humo sin contenido'

La red ciudadana en defensa de los derechos de los presos afirma que no ha sido informada de la propuesta del Ejecutivo: "Se trata de una actuación que no tiene que ver con un proceso de paz real".

La red ciudadana en defensa de los derechos de los presos Sare ha considerado hoy que la secretaría para la Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, que este viernes anunció un proyecto para promover la reinserción de presos condenados por terrorismo, plantea, más que a los presos a la opinión pública, "botes de humo carentes de contenido".

El titular de esa secretaría, Jonan Fernández, presentó las bases de un proyecto de decreto para dar "cobertura normativa" a la reinserción de presos condenados por delitos de terrorismo mediante "el acompañamiento a itinerarios de reinserción y el apoyo asistencial a la reintegración social postpenitenciaria".

En un comunicado, Sare ha señalado que en los últimos meses hay "una creciente cascada de propuestas y declaraciones" procedentes de esa secretaría, "en las que, como si de un laboratorio de ideas se tratara, se lanzan en forma de globos sonda propuestas en relación a la situación" del colectivo de presos de ETA.

Sare no ha sido informada

Tras censurar que no se ha informado a Sare de este asunto, esta organización ha criticado que "una vez fracasada la denominada 'Vía Nanclares', se proponen apoyos a procesos legales e individuales de reinserción, ignorando lo que en repetidas ocasiones se ha venido trasladando desde el colectivo de presos".

Ha señalado, además, que el planteamiento se hace "obviando que, desgraciadamente, el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca carece de competencia alguna en esta materia".

A su juicio, se trata de una actuación "que nada tiene que ver con un verdadero proceso de paz, en el que las consecuencias de las diferentes violencias vividas" en Euskadi "sean superadas".

Según ha advertido, "difícilmente se podrá superar esta situación" si la secretaría "denominada de Paz y Convivencia, da la espalda a una sociedad vasca que quiere que, como paso importante para la resolución de este conflicto, se respeten de una vez los derechos" de los presos.

Política penitenciaria "contraria a las propias leyes internas y a la jurisprudencia europea"

Para Sare, "preocupa" tener que señalar al secretario de Paz que la política penitenciaria del Gobierno "es contraria a las propias leyes internas y a la jurisprudencia europea en lo que afecta a la política de dispersión y alejamiento; al cómputo de penas cumplidas en otros países de la UE y al mantenimiento en la cárcel de los presos y presas gravemente enfermos".

Sare ha recordado que recientemente la secretaría de Paz envió una carta a los presos de ETA "informándoles de los pasos que deben dar para avanzar hacia su libertad", pero "lo que no decía en su escrito -ha reprochado- es que todos los pasos que de manera individual" han dado estos reclusos "han sido rechazados de manera colectiva por parte del Gobierno español".

Para esta organización, "poner siempre la 'carga de la prueba' sobre una de las partes de este conflicto, mientras se obvia o se critica tibiamente el inmovilismo del Gobierno Español, es algo que posibilita el enrocamiento de un proceso que hace tiempo debería haber encontrado su cauce de solución".

Jonan Fernández es un impresentable, tratando de revivir la Vía Nanclares, se necesita ser cínico o imbécil.

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Rechazo a la Vía Nanclares Versión Jonan

En El Mundo han publicado un artículo en el cual se muestra la insatisfacción que ha causado la respuesta que seis ex presos políticos vascos han dado a Jonan Fernández por intentar revivir la Vía Nanclares.

Aquí se los compartimos:

Ex presos de ETA arremeten contra el Gobierno vasco por legitimar "leyes de excepción"

Kubati y otros seis ex reclusos creen que el Gobierno vasco pide a los presos "el suicidio político y la cabeza política de la izquierda abertzale"

El ex preso de ETA Antton López Ruiz, "Kubati", y otros seis ex reclusos rechazan que la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco haya pedido a los penados de la organización terrorista que cumplan la "legislación de excepción", con lo que pretende "insuflar vida" al "cadáver" de la vía Nanclares.

"Kubati", quien fue condenado por el asesinato de la ex dirigente de ETA reinsertada Dolores González Catarain, Yoyes, firma hoy un artículo de opinión en el diario Gara en el que responde a la carta que el pasado mes de abril remitió la Secretaría de Paz y Convivencia a todos los presos de ETA encarcelados en España.

En esta carta "informativa", la Secretaría que dirige Jonan Fernández explicaba a los reclusos los pasos que pueden dar para acogerse a los beneficios penitenciarios que contempla la legislación vigente.

Los siete ex reclusos firmantes del artículo -Ohiana San Vicente, Juan Mari Gabirondo, Juan Carlos Arruti, Oihana Garmendia, Iñigo Akaiturri y Mertxe Galdós, además de "Kubati"- indican que algunas recomendaciones del Gobierno vasco incluidas en esa carta se fundamentan en las exigencias de tipo "político" que la legislación vigente, en concreto la Ley Orgánica 7/2003, impone para acceder a determinados beneficios penitenciarios.

"Entendemos que exigir posicionamientos políticos para acceder a la legislación ordinaria es darle carta de naturaleza a las leyes de excepción que basan su razón de ser en el derecho penal del enemigo y en el populismo punitivo", sostienen los expresos.

"Invitar al EPPK a cumplir esta legislación de excepción legitima una práctica que nos lleva a una vía muerta que algunos se han empeñado en revitalizar. Besar un cadáver no significa insuflar vida en él", añaden los firmantes, en alusión a la llamada vía Nanclares.

Tras reclamar el derecho a "utilizar la legalidad ordinaria" para acceder a los beneficios penitenciarios, los expresos opinan que, por el contrario, "aceptar las disposiciones de leyes excepcionales nos posiciona en la vía Langraitz (Nanclares), que no es aceptada ni por el EPPK ni por la izquierda abertzale. Estamos a otra".

"Kubati" se refiere a los requisitos que la Ley 7/2003 introdujo para acceder al tercer grado penitenciario, en primer lugar, y a la libertad condicional, posteriormente.

Esta ley establece requisitos específicos para los condenados por terrorismo, como que "el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista", además de colaborar con las autoridades para "impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada".

La ley propone para ello que los presos firmen "una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia", además de "una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito", entre otras exigencias.

"Kubati" y los otros seis expresos entienden que lo que se pide a los reclusos etarras es "el suicidio político, entregar la cabeza política de la izquierda abertzale en una bandeja de plata".

Además, critican que se exija a todos los presos cumplir con esta ley, incluidos los que fueron condenados antes de su aprobación, un aspecto que no tiene en cuenta, critican, el documento del Gobierno vasco.

Se muestran conscientes de que "se deben dar pasos, mostrar actitudes constructivas y realizar declaraciones comprometidas que nos acerquen al objetivo deseado de normalidad y reconciliación", pero afirman que "no se puede hacer desde el marco oficial que se ofrece" porque está diseñado "para declarar vencedores y vencidos".

"Nos toca construir uno nuevo que trate con equidad y de manera crítica todos los espacios de verdad, justicia, memoria y reparación", añaden.

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Via Nanclares a la Jeltzale

El insoportable e hipócrita colaboracionismo de la dirigencia del PNV ha llegado a su cota más baja al pretender, por obra del impresentable de Jonan Fernández, invitar al colectivo de presxs políticxs vascxs a acogerse a la Vía Nanclares.

El EPPK, ya de por sí bajo asedio por parte de los duros de ATA, ahora es testigo de otra intentona por parte de colectivos e individuos afines al régimen borbónico franquista por sembrar división.

Aquí les presentamos esta nota publicada en OK Diario:

El Gobierno Vasco informa por carta a presos de ETA de los beneficios penitenciarios

El Gobierno Vasco ha remitido a los presos de ETA un documento “informativo” para que conozcan los pasos que pueden dar para acogerse a los beneficios penitenciarios que contempla la legislación.

El documento ha sido remitido individualmente a cada preso condenado por delitos relacionados con el terrorismo de ETA y en él se detallan los procesos que existen para pasar del primer al segundo grado y de éste al tercero, han explicado fuentes del Gobierno Vasco.

Las cartas fueron remitidas a los reclusos el pasado mes de abril por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, a cuyo frente está Jonan Fernández, y su carácter era “meramente informativo” para que los presos conozcan los procesos de tramitación de progresión de grado de carácter legal.

El Gobierno Vasco presidido por Iñigo Urkullu siempre ha defendido que los presos de ETA aprovechen los beneficios penitenciarios. El lehendakari ha apoyado en varias ocasiones que los presos tengan capacidad para tomar en libertad decisiones individuales con el fin de acceder a beneficios penitenciarios y favorecer la reinserción.

Precisamente, el Ejecutivo vasco ha puesto en marcha durante esta legislatura dos iniciativas relacionadas con los presos denominadas “Zuzen Bidean” e “Hitzeman”, enmarcadas dentro del Plan de Paz y Convivencia.

La propuesta “Zuzen Bidean” defiende la necesidad de “recomponer la normalidad penal y penitenciaria” una vez desaparecida la amenaza de ETA y recoge varias medidas que están dentro de las posibilidades explícitas que ofrece la legislación, según el Ejecutivo vasco.

Entre ellas figura la transferencia de la competencia sobre prisiones al Gobierno Vasco, el acercamiento de los presos de ETA, agrupar a los reclusos con hijos dentro de la misma cárcel y poner en libertad condicional a los mayores de 70 años.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la reinserción, este programa propone dar una respuesta oficial al “compromiso asumido por los presos de la ‘vía Nanclares'”, e institucionalizar experiencias como los encuentros restaurativos entre etarras y víctimas.

El otro programa, “Hitzeman”, busca favorecer la reinserción y resocialización de condenados por delitos de terrorismo mediante mecanismos que coinciden con las políticas que se hacen con otro tipo de presos. Propone una serie de recorridos para estos presos relacionados con compromisos académicos, asociativos, institucionales o solidarios.

Según el programa, una comisión gestora emitiría un dictamen favorable o desfavorable al proceso de reintegración social y el Gobierno Vasco convalidaría esta certificación y la trasladaría a las instituciones competentes, ya que en última instancia los organismos que tiene las capacidad de decisión sobre los internos son las Juntas de Tratamiento de las cárceles y los jueces.

Hitzeman también ofrecerá durante dos años a los presos asesoramiento personal y legal y apoyo psicológico, y favorecerá su inserción laboral y la búsqueda de vivienda.

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