Éxodo de los 'Niños de la Guerra'

En el portal de Público se están dando a conocer reportajes acerca de la Revolución Española (mal llamada Guerra Civil) y en la edición de hoy se ha mencionado a las infancias de la Generación Gernika.

Aquí la información:

El éxodo de los 'niños de la guerra' ante el horror y el hambre

Ana Martínez Rus, historiadora y profesora de la Universidad Complutense, es la autora del tercer capítulo de la serie en el que narra el exilio de los menores tras el golpe de estado militar.

Ana Martínez Rus

Los civiles y, en particular, los niños fueron las principales víctimas de la Guerra Civil Española. Desde el principio fue prioritario para los gobiernos de la República alejarlos de la primera línea de fuego para evitar las secuelas físicas y psicológicas. 

Aparte de las colonias en el Levante español se organizaron evacuaciones fuera de España en las que participaron varios países y organizaciones internacionales de ayuda humanitaria bajo el lema: Salvad a los niños de España. Fueron los primeros exiliados del conflicto armado. En Europa, Francia fue el país que más niños españoles acogió con cerca de 20.000 menores, mientras que a Bélgica llegaron en torno a 5.000 niños y a Inglaterra alrededor de 4.000; cerca de 3.000 a la Unión Soviética; y Suiza acogió unos 800 niños. Fuera de Europa, México recibió 455 menores, los llamados Niños de Morelia.

Las imágenes de las 288 cintas que la Corporación Hearst grabó durante la Guerra Civil para los noticiarios de los cines de Estados Unidos son de gran calidad y tras su digitalización en la Universidad de California, cuentan con una extraordinaria nitidez. Estas grabaciones son inéditas en España ya que solo las vieron los ciudadanos que acudían a los cines propiedad de Hearst, representan un documento excepcional y una fuente de primera magnitud sobre el sufrimiento del pueblo español y las consecuencias de la contienda en la población.

Exilio y separación de las familias

La infancia sufrió las consecuencias de los bombardeos que provocaron la evacuación a lugares menos expuestos y más salubres, aunque conllevó la separación de las familias, cambios en la educación y una vida cotidiana marcada por la escasez, el miedo y el sufrimiento. El primer destino fue la costa mediterránea, pero meses después los bombardeos eran constantes y el territorio español ya no era seguro para garantizar la vida de esos pequeños, optando por la salida al extranjero. 

Madrid tiene el triste récord de ser la primera ciudad europea donde la población civil fue bombardeada sistemáticamente. Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en Madrid la conquista de la capital se convirtió en un objetivo prioritario para el bando sublevado. La ciudad fue asediada desde el norte por las tropas del general Mola y por el sudoeste por las del general Franco. Los intentos del ejército rebelde por tomar la capital fueron frenados por la defensa llevada a cabo por los madrileños, quienes, apoyados por los voluntarios de las Brigadas Internacionales, acuñaron lemas como el famoso Madrid será la tumba del fascismo o ¡No pasarán!, que tenía su origen en la batalla de Verdún de la Gran Guerra.  

Contra todo pronóstico, Madrid rechazó el avance de los rebeldes hasta prácticamente el final de la contienda, convirtiéndose así en un símbolo de resistencia internacional. Pero pagó un alto precio ya que cuando el ataque frontal a la capital se detuvo en Ciudad Universitaria gracias a la resistencia republicana, el ejército rebelde realizó bombardeos masivos y precisos cuyos objetivos no eran militares, sino civiles. Estos ataques fueron efectuados por los aliados de la Alemania nazi y la Italia fascista. Durante el mes de noviembre de 1936, Madrid se convirtió en la primera capital del mundo en la que las fuerzas aéreas fascistas italianas y nazis alemanas experimentaron la estrategia del terror aéreo sobre la población civil. 

En el documental se ve una colonia infantil en Madrid en septiembre de 1936 visitada por el diputado comunista francés y vicepresidente de la Asamblea francesa, Jacques Duclos, según la descripción, pero también podría ser perfectamente el pedagogo Lorenzo Luzuriaga ya que se parecen bastante. También se identifica perfectamente a Victoria Kent, responsable de la creación de guarderías y refugios para niños al inicio de la contienda. En junio de 1937 fue nombrada secretaria de la embajada de España en París del gobierno de la República para el cuidado de las evacuaciones de refugiados, especialmente los niños, a medida que caían los frentes republicanos. Entre sus tareas estaba la de buscarles asilo en Francia.

Lejárraga acompaña a los niños evacuados

Otra diputada republicana, María Lejárraga, fue destinada a Bruselas para ocuparse de los niños evacuados. En las imágenes se observan bebés y niños de corta edad en cunas bajo la atenta mirada de enfermeras, así como de otros niños de más edad bañándose en una piscina entre risas y levantando el puño. Esas primeras colonias abiertas en la capital, instaladas en colegios y otros edificios públicos, perseguían recoger a los huérfanos hambrientos y desorientados que recorrían sus calles. Constancia de la Mora y Concha Prieto también trabajaron en orfanatos y refugios seguros en Madrid para los niños huérfanos desde la Junta de Protección de Menores antes de trasladarse con ellos a Alicante. En Valencia también se organizaron numerosas colonias para niños como las que dirigieron Ángel Llorca y Justa Freire.  

El Ministerio de Instrucción Pública creó el Comité de Refugiados con la misión de evacuar a la población civil de los frentes de guerra hacia otras zonas. La Junta de Menores, establecida el 17 de octubre de 1936, inició una campaña de evacuación de la población infantil hacia ciudades menos castigadas y aún bajo control republicano. El objetivo era trasladar al mayor número posible de niños para alejarlos de la guerra y de la escasez de alimentos, que tantas víctimas habían causado en los primeros meses. Se establecieron en colonias escolares o bien en familias de acogida a través de las corporaciones municipales de destino. La otra opción fue la evacuación al extranjero, tras el agravamiento de la situación militar y el peligro que corrían los niños.

Posteriormente otras ciudades de la zona republicana como Bilbao sufrieron intensos bombardeos con los mismos fines de atemorizar a la población civil para conseguir la rendición. Así vemos en las imágenes a mujeres, ancianos y niños correr despavoridos hacia los diferentes refugios de la ciudad vasca o de las afueras. Muchas mujeres mientras están en el refugio dan el biberón a los niños o hacen labores como tejer lana. También se distingue a la ciudadanía rebuscando entre los escombros tras los bombardeos para ver si podían reaprovechar algunos enseres, así como hombres y mujeres cavando trincheras, y llevando cestas de escombros. 

La evacuación a Francia en barcos

La intensificación de los bombardeos impulsó la salida de los niños a Francia en diferentes barcos. En la grabación podemos observar la triste despedida de los padres en el muelle antes de embarcar, donde muchos progenitores lloran y se secan las lágrimas mientras agitan los pañuelos. Era lógica la angustia que se refleja en los rostros tras separarse de sus pequeños ante la incertidumbre de cuándo volverían a verlos. Muchos niños mayores llevan de la mano o en brazos a sus hermanos más pequeños. Las niñas tienen lazos o diademas en la cabeza y los niños pequeñas chapelas. Además, portan hatillos, pequeñas maletas y mantas. También van muy abrigados por el tiempo y porque era otra manera de llevar el mayor número de prendas para el viaje y la estancia. Igualmente se puede apreciar la marcha de personas ancianas y de bebés con sus madres. En la travesía les acompañan maestros, enfermeras y sacerdotes. Una vez que llegaron a Biarritz en el desembarco se aprecia cómo llevan una tarjeta identificativa colgada al cuello, y son recibidos en una amplia sala donde se les reparte un plato de comida antes de pasar a vacunarlos. A pesar del desarraigo muchos sonríen y posan para la cámara que los filma, aunque también se observan miradas perdidas y serias, incluso se ven a niños con heridas en la cabeza. El buque Habana fue el primero en zarpar que llevó niños a Francia y al Reino Unido. Algunos de los que llegaron a Francia fueron posteriormente trasladados a la Unión Soviética.

En enero de 1937 el Gobierno Vasco hizo un llamamiento para que las familias inscribieran a sus hijos de entre 5 y 12 años para que fueran evacuados lejos del conflicto.  La evacuación de la población más vulnerable se inició en marzo de 1937 con destino a Francia, siendo los puertos más utilizados los de Ondarroa y Bermeo (Bizkaia). 

En la primavera de 1937, después de los bombardeos de las ciudades de Durango y Gernika, las autoridades vascas aceleraron las gestiones con Reino Unido, Francia, Bélgica, México y la Unión Soviética para poner a salvo al mayor número de niños, acordando la acogida de los niños como refugiados en sus respectivos países.

Las evacuaciones más masivas de niños vascos se realizaron desde el puerto de Santurtzi (Bizkaia), desde donde partieron un total de 17 expediciones en las que fueron trasladados gran parte de los casi 38.000 niños evacuados durante la guerra. La primera expedición con destino a Francia partió del puerto de Santurce el 6 de mayo de 1937 y los refugiados viajaron a bordo de dos de los barcos más utilizados para este tipo de traslados, el vapor Habana y el yate Goizeko Izarra, propiedad de Ramón de la Sota, empresario vinculado al PNV. Asimismo, salieron más de mil niños asturianos, cántabros y vascos desde el puerto de El Musel en Gijón en septiembre de 1937 con destino a la Unión Soviética. 

La mayoría de estos niños volvieron tras la contienda, siempre que fueran reclamados por sus padres. Algunos no regresaron porque nadie los reclamó ya que los progenitores habían muerto o estaban en la cárcel.  Tampoco volvieron los que se marcharon a la Unión Soviética, que además tuvieron que padecer las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Muchos fueron repatriados en 1956 y 1957 junto con los veteranos de la División Azul.

 

 

 

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De Roldán a Cerdán

El 'caso Koldo' no se ha presentado por generación espontánea, más bien al contrario, es la constante en lo que se refiere a los gobiernos del PP y del PSOE a nivel estatal así como del PSN y UPN en lo que respecta a la Comunidad Foral de Navarra, Nafarroa.

Lean ustedes esto que apunta Ramon Sola en su artículo publicado por Naiz:

Igual Cerdán es Roldán, pero la Nafarroa de 2025 no es la de 1994

Hay fondo y detalles en la ramificación navarra del «caso Koldo» que parecen clonados del «caso Urralburu» de hace tres décadas. A la espera de si son coincidencias malvadas o actitudes contumaces, lo irrepetible son las consecuencias políticas, Nafarroa ya no es aquella domesticada por UPN.

Ramon Sola

El «caso Urralburu» empezó a escalar también por lo más gráfico y grotesco. Hay dos imágenes de estos días que son casi clonadas de aquellas de hace 30 años e irrumpen de golpe en el subconsciente colectivo. Una es la radiografía del machismo y además en versión cutre, la señal de la degradación de quienes han ocupado direcciones de la Guardia Civil y ministerios: entonces Roldán en calzoncillos con aquel cangrejo de plástico en una de sus orgías, hoy Ábalos con Anais. La otra es la del despiporre mezclado con corrupción, el posado en un burladero sanferminero de la Plaza de Toros de Iruñea: entonces Urralburu, Roldán y el consejero Aragón; este viernes [en ‘El Mundo’] Ábalos, Cerdán y Alzórriz, felices de haberse conocido.

La historia se repite como farsa, eso sí. Aquel Roldán se convirtió en manzana que pudre el cesto desde las más altas responsabilidades: la Delegación del Gobierno navarro a la que había llegado desde Zaragoza. Ahora el germen es un nadie, un portero de discoteca amante de las palizas y las prostitutas, introducido en los ámbitos de poder vete a saber por qué y para qué. Por sus responsabilidades y por la UCO (que seguro no es una ONG), Roldán parecería Cerdán, pero por forma de ser, fisonomía y lo que sabemos hasta ahora, es Koldo.

A partir de ahí, de la depravación, el resto. De momento como presunción, pero también clonado. Adjudicaciones en obras públicas: entonces la autovía, ¿hoy Belate? Constructoras navarras: Huarte, ¿Servinabar? Constructoras españolas, igualmente impunes: Agromán, Obrascon, Focsa... ¿Acciona? Todo suena demasiado similar para que nadie hubiera aprendido alguna lección.

Aquel «caso Urralburu» fue realmente la última trama de corrupción en un gobierno que se descubrió periodísticamente y acabó en condena. Y es que hasta entonces había campado la impunidad más absoluta, no hacía falta esconder gran cosa: el presidente y el consejero de Obras Públicas con sus esposas, el testaferro Esparza, Roldán por supuesto... todos dejaron señales –visibles de Mallorca a Suiza– y todos cayeron. Cuando unos años después afloraron algunos casos posibles, también en UPN, las cosas ya se «hacían mejor». Si la tecnología se ha revolucionado en estas tres décadas, la ingeniería corrupta no lo será menos.

Hubo una comisión de investigación en el Parlamento (llamada «caso Huarte», no «caso Urralburu»), como se anticipa ahora. La sentencia en la Audiencia de Nafarroa no llegó hasta cuatro años y medio después, por cierto: es un dato relevante si se impone el criterio marcado por el PNV de esperar a las decisiones judiciales para tomar decisiones políticas rotundas, como hicieron los jeltzales con Rajoy.

Para entonces, en cualquier caso, el PSN ya había tirado la toalla dos años antes. Volvamos a hacer memoria: no fue tras el primer escándalo de Urralburu. El partido sobrevivió en las elecciones de 1995 llegando incluso a liderar el Gobierno en un tripartito-cuatripartito asemejable al de Chivite ahora. Rindió el fuerte tras el segundo asalto, cuando trascendió que el «lehendakari» Otano había titulado cuentas en Suiza, en junio de 1996.

Otro dato a tener en cuenta: al caer Otano no hubo elecciones anticipadas pese a que aún quedaban tres años de legislatura (habría sido lo lógico). UPN encontró alfombra roja del PSN para volver al Palacio de Nafarroa. El resto es historia. Miguel Sanz casi se eternizaría en el cargo (15 años) antes de pasar el testigo a Yolanda Barcina. Gobernaron casi siempre de la mano del PSN, incluso en coalición en la etapa de Roberto Jiménez hasta que Barcina le dio una patada en el culo. Su travesía del desierto fue tal que en 2007, ya 13 años después de aquellas fotos de Roldán, Ferraz impidió con el «agostazo» que el PSN emprendiera las alianzas actuales de Chivite.

La deriva judicial de este caso podría ser la misma que aquel... o no. Lo seguro es que las consecuencias políticas no serán las mismas. Aquello ocurrió es un escenario que UPN controlaba a su antojo, habitualmente desde el gobierno pero en caso contrario también desde la oposición: la larga mano de la derecha estuvo sin duda tras el estallido del «caso Otano», como se reconoció públicamente, y el motivo ni siquiera fue la corrupción sino un objetivo político, abortar el Órgano Permanente de Encuentro que se estaba tejiendo con la CAV. Otro recordatorio: Otano acabó absuelto, aunque fuera por prescripción.

Las manzanas podridas del PSOE quizás sigan aquí, pero el «quesito» de Sanz ya echó moho hace tiempo. Fue con el cambio de tiempo político de 2011, que impactó en Nafarroa al máximo nivel en 2015. La ciudadanía navarra es hoy tan combativa contra la corrupción como hace tres décadas pero sabe separar el grano de la paja y los deseos de UPN-PP-Vox de la realidad de este tiempo y lugar. Aquella Gestora del ínclito Víctor Manuel Arbeloa hoy no decantaría un gobierno; lo haría el voto de las navarras y navarros.

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Cerdán y la Corrupción en Nafarroa

 No puede pasar un día sin que surja un caso de corrupción en el estado español.

Este del que nos informa Naiz involucra a la Comunidad Foral de Navarra, Nafarroa. Pero ya veremos también como afecta en el ámbito estatal a Pedro Sánchez.

Aquí la información:

Cerdán dimite de sus cargos tras hablar el Supremo de «consistentes indicios» de comisiones

Después de que el Tribunal Supremo español le haya ofrecido declarar voluntariamente el 25 de junio ante los «consistentes indicios» de su posible participación en el cobro de comisiones, Santos Cerdán ha asegurado que acudirá y poco después ha dimitido de sus cargos.

Santos Cerdán ha dimitido de sus cargos como secretario de Organización del PSOE y entregará su acta de diputado. Lo ha hecho tras confirmar que acudirá a declarar voluntariamente al Tribunal Supremo español, que ve «consistentes indicios» del cobro de comisiones a partir del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que este jueves se ha hecho público tras levantarse el secreto parcial de la causa.

Cerdán ha anunciado su decisión a través de un comunicado en el que no aparece el membrete del PSOE y en el que señala que deja todos sus cargos en defensa de su partido, al que «tanto debe», y del Gobierno para poder dedicarse en exclusiva a su defensa y ofrecer «todas las explicaciones pertinentes» para demostrar que «jamás» ha cometido una ilegalidad, ni ha sido cómplice de ninguna».

«Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida», ha expresado en el comunicado, donde ha asegurado que ese cargo ha sido un honor que le acompañará siempre.

«Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas», ha añadido.

En esa línea, ha apuntado que «son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca».

«Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país. Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración», finaliza el texto del ya exsecretario de Organización socialista.

Iván Cacho, su sustituto en el Congreso

Cerdán era diputado por Nafarroa, elegido en las listas del PSN junto a Adriana Maldonado. El tercero en la lista, que sustituiría a Cerdán en el Congreso, es Iván Cacho, concejal en Antsoain. Cabe la posibilidad de que corra la lista y la nueva diputada sea Esther Iso, concejal de Tafalla y elegido secretaria de Organización del PSN en el último congreso del partido.

Horas, antes, a la salida del Pleno del Congreso de los Diputados, Cerdán ha afirmado que irá al Supremo a prestar declaración: «Sí, iré a declarar».

Además ha dicho que todavía no ha podido leer el informe de la UCO –aunque se le ha visto ojeándolo en el escaño– y tendrá que conocerlo antes de convocar una rueda de prensa para dar explicaciones.

Cerdán también ha negado otra de las acusaciones que lanza la UCO en su informe, que intervino en las elecciones primarias del PSOE de 2014, las primeras a las que se presentó el presidente del Gobierno español y secretario general Pedro Sánchez. «¿Las primarias?, por favor», ha despejado Cerdán en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Ante el TS, el 25 de junio

El Supremo ha ofrecido a Cerdán acudir a declarar el 25 de junio a las 10 horas tras hallar «consistentes indicios» sobre su presunta participación en la adjudicación ilegal de obras públicas junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El magistrado del TS Lepoldo Puente le ofrece declarar de forma voluntaria dada la condición de aforado de Cerdán por ser miembro del Congreso de los Diputados. Se trata de un paso previo a iniciar los trámites en el TS para solicitar formalmente el suplicatorio a la Cámara Baja para poder investigar al ‘número tres’ del PSOE.

En un auto, el juez señala que del mencionado informe policial, resulta la existencia de  «consistentes indicios acerca de la posible participación» de Cerdán, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y con Koldo García Izaguirre en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas. Por ello, y al ser Cerdán aforado, le ofrece declarar voluntariamente en la causa asistido por abogado el próximo 25 de junio.

El auto cita además de nuevo a declarar el 24 de junio Ábalos y Koldo García. Así, señala que «a la vista del informe policial, fechado el día 5 de junio del presente año, conteniéndose en el mismo referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, así como tomando en cuenta que en el curso de la investigación se habrían revelado nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen a la formación de la presente causa especial, acerca de los cuáles no han sido oídos en declaración los investigados en esta causa especial don José Luis Ábalos Meco y don Koldo García Izaguirre, es por lo que procede citar a los mismos nuevamente con este objeto».

A continuación, y en relación a Santos Cerdán, añade el auto que «también resulta del contenido del mencionado informe policial la existencia de consistentes indicios acerca de la posible participación de una persona tercera, actuando en connivencia con aquéllos, en la mencionada adjudicación indebida y a cambio de precio de las referidas obras públicas, lo que, siempre en los términos meramente indiciarios y con el carácter provisional que resulta propio de la fase procesal en la que nos encontramos, podría constituir sendos delitos de integración en organización criminal (artículo 570 del Código Penal) y cohecho (artículo 419 del mismo texto legal). Se trata de don Santos Cerdán León quien ostenta conocidamente la condición de Diputado del Congreso en la presente legislatura (XV)».

Por ello, ofrece al aforado Cerdán la posibilidad de declarar voluntariamente en esta causa especial el próximo día 25 de junio del presente año, a las 10.00 horas, asistido de su Letrado, en la sede de este Tribunal Supremo, con carácter previo a resolver acerca de la procedencia de elevar la correspondiente exposición razonada a la Sala Segunda de este Tribunal Supremo. Se añade que «a este fin, a través de su representación procesal, si desea personarse en las actuaciones, deberá manifestar su voluntad conforme a la referida declaración a la mayor brevedad, quedando, en caso contrario, sin efecto el señalamiento».

El auto levanta el secreto parcial de la presente causa especial, «poniendo fin a la pieza separada formada con dicho objeto que se integrará a todos los efectos en el procedimiento principal». Acuerda poner en conocimiento de las partes personadas en esta causa especial «la totalidad de lo actuado en la mencionada pieza, en concreto: el informe policial presentado el pasado día 5 de junio, la resolución que decretó el secreto parcial de las actuaciones y todas las posteriores disponiendo la práctica de determinadas diligencias, así como los informes obrantes, emitidos tanto por el Ministerio Fiscal como por la propia unidad policial».

El encargado de gestionar los presuntos pagos

Poco después, ha empezado a conocerse el contenido del informe de la UCO de la Guardia Civil, en el que se señala que Cerdán era  «la persona encargada de gestionar» los «presuntos pagos» de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. «Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo», habría llegado a asegurar el cargo socialista a este último.

En el documento de 490 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes indican que la «vinculación» entre Cerdán y Koldo García «estaba jerarquizada, quedando patente la subordinación» del que fuera asesor de Ábalos al ‘número 3’ del PSOE.

La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas «contraprestaciones económicas». En concreto, las «dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono».

De los 620.000 euros presuntamente procedentes de Acciona, la UCO explica que 550.000 estaban asociados a dos adjudicaciones en Murcia, y 70.000 estarían «vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto».

Además de Acciona, el informe habla de presuntas irregularidades en contratos adjudicados a constructoras mencionadas por el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama: OPR y LIC.

La UCO afirma que la «presunta participación» de Koldo García en las adjudicaciones bajo sospecha es «el verdadero hilo conductor» de los hechos expuestos en el informe, que se remontan a 2015, cuando comenzarían sus relaciones con Acciona y «la relación directa de ambas entidades con el propio Santos».

El informe se prolonga durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes –entre 2018 y 2021– y después de su salida, hasta febrero de 2024, y analiza contratos presuntamente amañados bajo el dominio del Ministerio de Transportes y que afectan a Adif y a la Dirección General de Carreteras.

Ayer agentes de la Guardia Civl registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Nafarroa, otra en Granada y una última en Valencia.

Defensa del PSOE y del PSN

El PSOE lamenta que una vez más se conozcan actuaciones policiales por medios de comunicación, lo que genera «indefensión y juicios mediáticos» a los afectados. 

Más contundente se ha mostrado el PSN a la hora de defender a Cerdán a través de su vicesecresatario general y portavoz de esta formación en el Parlamento de Nafarroa, Ramón Alzórriz, quien ha reiterado su «confianza» en su «compañero y amigo». 

Ha expresado su «malestar por la cacería que se está realizando por esa manada de hienas que viene a atacar a una persona y a un partido sin que la justicia haya determinado nada y además intentando traer ese lodo de Madrid a Navarra, reinterpretando, manejando una información desde los medios o la desinformación de medios que nos llenan y nos inundan de ‘fake news’ y de mentiras».

Alzórriz ha explicado que esta misma mañana ha hablado con Cerdán. «Además de ser mi secretario de Organización federal, es mi amigo. Y como amigo también y como secretario de Organización le he llamado para ver cómo estaba. Es un momento duro, porque hay una indefensión manifiesta, porque él no tiene las investigaciones que la UCO ha realizado, mientras que otros medios de comunicación parece ser que tienen sesgos, cuestiones delimitadas y no el global de la investigación. Por lo tanto, lo que quiere y lo que desea es que salga todo a la luz y que él se pueda defender», ha afirmado.

Ha destacado que «hay una investigación judicial, la cual respetamos y esperamos que se vayan sabiendo las cosas de una manera oficial para que el Partido Socialista y, en este caso, Santos Cerdán, se puedan defender y demostrar su inocencia».

El portavoz del PSN ha asegurado que «se están mezclando numerosas cuestiones, en este caso, de manera intencionada». «Los túneles de Belate se adjudicaron de una manera limpia y legal, de una manera honesta y transparente. En este Parlamento ha habido 37 iniciativas en la anterior legislatura y 46 iniciativas en esta legislatura. Ha habido comparecencias de la presidenta del Gobierno de Navarra explicando todo lo que se le ha preguntado. Ha habido comparecencias del presidente de la Cámara de Comptos diciendo que la adjudicación fue absolutamente legal», ha señalado.

Los socios piden «transparencia»

Por su parte, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria, socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez, prefieren esperar a conocer el informe completo de la UCO, en vez de pronunciarse sobre las filtraciones publicadas por algunos medios. Pero, en todo caso, han pedido al PSOE «transparencia y más información» con este asunto.

«Todavía no conocemos el alcance de lo que se está diciendo en las filtraciones y esperaremos a tener más noticias, pero pedimos transparencia y más información», ha reclamado la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, a su llegada al Congreso español al ser preguntada por el asunto.

Una línea muy similar a la expresada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien ha optado por esperar a ver cuál es la información definitiva, porque «todavía no conocemos nada más allá de las filtraciones».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a insistir al presidente del Gobierno español en que salga a dar explicaciones sobre el «serial» en torno a la corrupción vinculada al PSOE y al Ejecutivo, aunque ha avanzado que su formación sólo se plantearía dejar de apoyar a Sánchez si hubiera «indicios claros» y «pruebas» de que «han robado a manos llenas».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que espera «todas las explicaciones» de Cerdán  y ha apelado a la presunción de inocencia en este caso, como en otros. Ha descartado una moción de censura y afirmado que los independentistas ya sufrieron «condenas mediáticas».

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que de confirmarse las últimas noticias sobre el secretario de Organización del PSOE, «es evidente que el presidente del Gobierno no puede permanecer por más tiempo escondido y de espaldas» al Congreso.

La diputada Águeda Micó, de Compromís, ha reconocido que estas informaciones preocupan a su formación y ha subrayado que el Gobierno español tiene que dar explicaciones, ya que las conversaciones publicadas pueden ser «graves o no», pero la ciudadanía necesita una respuesta por parte del Ejecutivo.

Por su parte, la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha rechazado estar «preocupada» por las informaciones que se están haciendo públicas sobre Cerdán puesto que cree que quien debería estar preocupado es el PSOE.

«Nosotros estamos preocupados por la imagen lamentable que la ciudadanía está recibiendo de la actividad política y esto desde luego es muy grave», ha alertado, haciendo hincapié en que la «desafección» en la calle «no hace más que crecer».

Por ello, ha hecho un llamamiento a que los parlamentarios analicen a qué dedican su tiempo y dejen de «adelantarse a las sentencias de los jueces» trasladando a la clase política un debate judicial. «Sería bueno un debate sobre el Estado de la Nación, sería bueno que pudiéramos debatir sobre Presupuestos Generales en tanto que la legislatura continúa», ha incidido.

Desde el BNG también piden esperar a conocer la totalidad de los audios, así como el informe de la UCO, pero ya aseguran que, si lo publicado es cierto, deberá producirse «la depuración de todas las responsabilidades».

Fuentes del partido lamentan que se estén extendiendo «el fango, el lodo y la crispación», y prometen mantenerse firmes «frente de los reaccionarios» y en defensa de los intereses de Galiza y de las clases populares.

Desde el PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su preocupación tras conocerse el informe de la UCO y ha señalado que de él se desprende que «parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado» de hacerlo.

«Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder», ha dicho Feijóo en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Sobre qué hará el PP, ha señalado que no se van a precipitar ni a improvisar y que van a finalizar la lectura con detalle del sumario. Y a la pregunta de si va a presentar una moción de censura ha añadido que no iba a hacer ninguna otra valoración. «Creo que estamos en un momento, insisto, de extraordinaria dificultad y de una enorme decepción», ha apostillado.

Reacciones desde el Gobierno español

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE que dé «todo tipo de explicaciones cuanto antes» ante la «gravedad» de las informaciones conocidas.

«Este asunto es muy serio y, por tanto, pedimos que se esclarecen y se den todo tipo de explicaciones cuanto antes. Es de una gravedad manifiesta lo que estamos conociendo y, por tanto, que se dé todo tipo de explicaciones y clarificaciones cuanto antes», ha señalado la también ministra de Trabajo tras participar en el Foro de la Coalición Global para la Justicia Social en Suiza.

El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado favorable a que Cerdán declare voluntariamente. «Hay que actuar con total ejemplaridad y contundencia para desmentir o asumir las responsabilidades ante cualquier acusación de esta índole», ha defendido.

Más directa ha sido la líder de Más Madrid y ministra española de Sanidad, Mónica García, quien ha exigido la dimisión del secretario de Organización del PSOE a través de sus redes sociales. «Lo que estamos conociendo en las últimas horas es muy grave. Es el momento de tomar medidas contundentes y sin miramientos. Santos Cerdán debe marcharse y el PSOE dar todas las explicaciones necesarias. Estemos a la altura de nuestro país», ha reclamado la ministra. 

En esa línea, la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que el cese de Cerdán es el «paso mínimo para despejar cualquier sombra de corrupción». «Exigimos medidas contundentes y total transparencia y responsabilidad», ha afirmado en un mensaje en la red social Bluesky.

 

 

 

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Entrevista a Olivier Peter

Mientras a Mikel Erentxun le preocupa que la gente tenga que usar pinganillos cuando algún vasco habla en euskera, al suizo Olivier Peter le ocupa el tema del terrorismo de estado español en contra del pueblo vasco, en específico, el que se refiere a la tortura.

Los visitantes a este blog están al tanto del reconocimiento más reciente de víctimas de tortura en Nafarroa, veintiuno en total, ente quienes se encuentra el referente de la izquierda abertzale Pernando Barrena.

Pues bien, para dar seguimiento al tema, les dejamos con esta entrevista publicada por Naiz:

«Cada decisión sobre la tortura abre una grieta y ese muro acabará cayendo»

Olivier Peter | Abogado suizo especializado en represión en Euskal Herria | La decisión del Comité contra la Tortura sobre Raúl Fuentes abre nuevos caminos y es además otro golpe al negacionismo español. Desde la perspectiva que dan Suiza y el trabajo en esas entidades, su abogado deja una cosa clara: «En Europa y la ONU se sabe que España torturó a miles de vascos».

Ramon Sola

Vive en Ginebra pero con un ojo sobre Euskal Herria, a diario. Olivier Peter resultó clave en la anulación de la «doctrina Parot» cuando apenas tenía 25 años; ha sido el abogado de torturados como Igor Portu, Nekane Txapartegi o ahora Raúl Fuentes; y además ha defendido a independentistas catalanes como Anna Gabriel y Jordi Cuixart, lo que le da una perspectiva completa de cómo se maneja el Estado español ante las disidencias.

Hace dos años y medio avanzaba en una entrevista a NAIZ, realizada por Aritz Intxusta, que tenía entre manos un caso que no quería concretar pero que podía adquirir mucha relevancia a futuro si lograba establecerse que la tortura es un delito que no prescribe. Así ha sido; el dictamen del Comité contra la Tortura de la ONU resulta claro al respecto. Peter ha pasado por Bilbo para detallarlo y ahí ha atendido a NAIZ.

El nombre que no quería decir era el de Raúl Fuentes, ahora lo hemos sabido. ¿Por qué es tan importante este tema?

Es un caso que identificamos como estratégico, desde el principio, en 2018. Quiero destacar el papel de la familia y amigos, no solo en apoyarle a él sino en mover este tema. Junto a Iñigo Iruin vimos que había algo que hacer con ello por la cuestión de la prescripción, y que eso afectaría a más casos. Es algo que remarca siempre Raúl; que no lo hace solo por él, sino sobre todo por sus compañeros. Tiramos para adelante sabiendo que sería un proceso largo y difícil. Nunca conviene generar expectativas excesivas, pero lo afrontamos con cierto optimismo. Siete años después vemos que teníamos razón en intentarlo. Y hay otras dos cosas importantes más en la decisión del CAT...

¿Cuáles?

Primero, le dicen a España que tiene que investigar los hechos y determinar responsabilidades, incluidas las de los mandos superiores: quién ordenó y encubrió las torturas. Y es que ya sabemos que no hay excesiva tradición de perseguir a superiores... Esto debería suponer una apertura del caso a nivel judicial. De momento el Estado español tiene 90 días para explicar qué está haciendo. Habrá un seguimiento.

Segundo, España intentó explicar en el procedimiento que en 1991 Raúl no presentó una denuncia formal, aunque sí le explicó al juez instructor que le habían torturado y hubo una carta de su abogado. Y sobre esto, el CAT dice que si el Estado tiene conocimiento de algo de torturas, debe investigarlo, haya denuncia formal o no. Esto es importante para las víctimas que no denunciaron en su momento.

Fuentes había llevado su caso hasta el Constitucional español, donde ni siquiera fue admitido a trámite...

Cuando empezamos, no había nada, ni siquiera un procedimiento judicial. Su caso sí había sido incluido en el estudio del Instituto Vasco de Criminología [de 2017], eso existía. Entonces, cuando se presentó la denuncia ya preveíamos que la iban a archivar inmediatamente: si no investigan los casos que no están prescritos, imagínese aquellos que ellos argumentan que sí han prescrito. La idea era pasar las vías judiciales internas lo más rápido posible para llegar a una instancia internacional, y que ahí se reconociera, por primera vez en un caso individual, que la prescripción no puede ser un argumento para negarse a investigar torturas. Esto se había dicho en varios informes como principio general y abstracto, pero nunca en un caso concreto.

Esa decisión española de no investigar el caso es realmente reciente (2018). ¿Acaso España no sabe que ha firmado convenios que establecen que la tortura no prescribe?

El Estado español es consciente de que vulnera derechos fundamentales y vulnera sus obligaciones internacionales. Es consciente cuando mata migrantes que pasan sus fronteras, o cuando hiere a mil personas que se manifiestan pacíficamente el 1 de octubre de 2017, y también lo es cuando no investiga torturas en Euskal Herria. Pero cree que políticamente lo puede asumir, porque no hay una presión social suficiente para que esto cambie. Lo hemos visto con los presos políticos catalanes; han estado en la cárcel hasta que la presión internacional ha sido suficiente como para liberarlos. Creo que aquí es lo mismo: habrá impunidad hasta que exista una presión social e internacional suficiente. Hasta entonces seguirá con las vulneraciones de derechos humanos.

Hay una especificidad en este caso, como en el reciente de Iratxe Sorzabal aceptado por la Audiencia Nacional: existen informes forenses que señalaban la tortura. En otros muchos casos los tribunales españoles lo tienen fácil para negarla...

Diría dos cosas al respecto. En el caso de Raúl fue importante buscar a las personas detenidas junto a él y ver si había existido también la ‘tortura de los lápices’. Y fue muy impactante ver que las torturas son las mismas, porque lógicamente los torturadores son los mismos. Cruzar la información aporta muchos más indicios. Por otro lado, no debemos focalizarnos en las marcas físicas. La tortura deja huellas muy profundas a nivel psicológico y esas son heridas mucho más importantes que un moratón. Hay huellas psíquicas 30 años después que hoy se pueden documentar con el Protocolo de Estambul.

En el caso de Raúl había unos datos forenses importantes y un testimonio muy claro, detallado y coherente. Pero esto lo encontramos en muchos casos. Son muchos los que se pueden llevar a instancias internacionales gracias a lo que ha dicho el CAT.

Cuantos más casos se aceptan internacionalmente, ¿más fácil es que se avalen otros nuevos? Quiero decir, ¿esto crea una especie de jurisprudencia o siempre se empieza de cero?

Quiero recordar que Encarnación Blanco ganó el primer caso en 1998 [en la ONU]. Sin aquello, quizás no estuviéramos aquí. Luego han venido Beatriz Etxebarria, Oihan Ataun, Orkatz Gallastegi, Martxelo Otamendi... no puedo citar todos. Está claro que hay una tendencia.

En estos 27 años desde Blanco hay trece decisiones internacionales... y no ha habido trece condenas por torturas en el Estado español. Es decir, ¡hay más condenas a España por torturar o no investigar torturas que en España a torturadores por torturar! Esta es la foto. Y demuestra que no es un problema de 2025, sino que la impunidad es un muro muy sólido construido durante décadas. Cada decisión abre una grieta y ese muro acabará cayendo, aunque no sepamos cuándo.

No obstante, la tortura en Euskal Herria nunca ha sido un escándalo a nivel internacional, como Guantánamo o Abu Ghraib en su momento, y ello pese a que existan informes oficiales con más de 5.000 casos certificados. ¿A qué lo atribuye?

Por un lado, en Europa hay una tendencia a ver las vulneraciones de derechos humanos que pasan lejos, pero no a lo que pasa en sus calles o en sus comisarías. Creo que es un enfoque colonial que tenemos que deconstruir; Europa también vulnera los derechos humanos de las personas vulnerables y de los opositores políticos.

Por otro lado, esto se sabe en Europa, se sabe en la ONU, se sabe que España tortura y que no quiere investigar. A partir de ahí, que no sea un escándalo en Francia o Inglaterra, que no lo tengan como prioridad política, quizás se pueda entender. Pero la realidad de la tortura es conocida, esto es claro. Pelear estos casos concretos no es para que se sepa, sino más bien para que no se olvide. No hay ningún relator de la ONU ni miembro de un comité que no sepan que España ha torturado a miles de vascos.

Ha defendido también al independentismo catalán. ¿Hay un patrón similar de represión por parte del Estado español, más allá de la diferencia que marca la tortura?

Sí lo hay. Es la facilidad para vulnerar derechos humanos de la oposición política cuando puede constituir una amenaza para su «orden». Pasa también con otros movimientos sociales; cuando tocas el corazón del Estado (la monarquía, ciertos intereses, la unidad de España...), reacciona con brutalidad.

Yo considero que hay una amnistía de facto para la tortura en el País Vasco. Es curioso porque cuando el movimiento social reivindica la amnistía les dicen que es imposible, pero ya existe para estos policías que torturaron.

Le pregunto por los presos. Usted participó en la derogación de la «doctrina Parot», ¿qué conclusión sacó de aquello?

Vuelvo a unirlo con la tortura. Resulta que a Raúl Fuentes se le dice que no se pueden investigar sus torturas porque son de 1991, y mientras tanto a Jaione Jauregi la extraditan por hechos de 1982, casi diez años antes. Estoy viendo también que se construyen teorías muy «creativas», por ejemplo para intentar condenar a Josu Urrutikoetxea. Esto tiene un nombre claro: es el Derecho Penal del Enemigo, la manera diferente de tratar a personas del movimiento independentista y a funcionarios policiales, para unos muy severa y para otros casi inexistente. Si es verdad que el conflicto ha terminado, quizás habría que aplicar un estándar similar a los dos, y si unos se benefician de la impunidad...

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Egaña | Mikel Salegi, en el Cobijo de la Memoria

Un importante ejercicio de memoria de la pluma de Iñaki Egaña quien nos comparte este texto acerca del asesinato de Mikel Salegi Urbieta en su perfil de Facebook:

Mikel Salegi, en el cobijo de la memoria

Iñaki Egaña

Aquel nefasto 18 de diciembre de 1974, Mikel leía en la prensa matutina una noticia extraordinaria. Como a todos nosotros, el drama humano nos encogía el corazón desde días atrás. Una familia de abuelos suizos, había sobrevolado la selva amazónica en Perú, desapareciendo sin dejar rastro. Nueve hijos y sobrinos de los Zender, de corta edad, se habían esfumado entre la niebla que cubría las copas de los árboles del caucho, las bromelias y las ceibas. No había pista alguna de los niños, tampoco del piloto, un joven de apenas 24 años. Y Mikel leyó apresurado la noticia porque la radio la había salpicado la víspera de que de los nueve niños que viajaban en la avioneta, seis habían sobrevivido, junto al piloto, alcanzado por su pie, la población de Izcocazín.

Como en todas las historias de supervivencia, la crónica se detenía en una heroína, Gladys Zender, que a sus 16 años había repartido los caramelos que llevaban para el viaje entre sus hermanos y primos, y luego, al agotarse, recopiló raíces, cortezas y frutos silvestres para alimentarse, poniéndose en marcha por la orilla de un pequeño riachuelo. A algún lugar les llevaría, hasta que finalmente alcanzaron, una semana después, Izcocazín. El mundo suspiró endulzado cuando conoció el final feliz. Con el tiempo, Gladys desapareció de la historia. El año pasado, una historia similar se volvió a repetir, esta vez en la Amazonia colombiana, cuando cuatro niños de la familia indígena Mucutuy, sobrevivieron 40 días tras un accidente de aviación.

Noticias de este tipo nos desviaban la atención de un escenario complicado, acogotado en aquella época por la guerra en Vietnam y sus titulares diarios. Necesitábamos, entonces y ahora, paréntesis de esa traza, para aliviar esa tremenda carga que ofertaba el lado más oscuro de la naturaleza humana, guerras, dictaduras, brechas sociales… Para reafirmar, por el contrario, esa condición eterna de que en cualquier parte del planeta, éramos capaces de descubrir, emocionados, la otra cara de la humanidad, la solidaridad y el halo por la supervivencia que nos hizo progresar como especie.

No soy capaz de adivinar certeramente el influjo que produjo la lectura de la aventura selvática de Gladys en el ánimo de Mikel. Pero, al menos y a pesar de la lejanía, me atrevo a conjeturar que, como a cualquiera de nosotros, un soplo de aire fresco, de alivio, le recorrió el semblante. Es lo mismo que yo hubiera sentido en su lugar. Y a fin de cuentas, no somos tan diferentes los unos de los otros. Un mismo entorno, una cultura similar y unas pasiones cercanas matizadas por nuestra condición humana. Una comunidad.

Al margen, había otro hecho que marcaba aquel 18 de diciembre. Mikel y sus compañeros de trabajo en el Instituto Social de la Marina habían preparado para ese noche una cena de confraternización. Por lo que, también supongo en esta ocasión, el ánimo de Mikel era excelente. Con 21 años la vida se muestra excelsa, a pesar de las circunstancias y de esas historias de guerra, cárcel y exilio que había vivido décadas atrás la familia Salegi. Como el tiempo que circula en una única dirección, siempre hacia adelante, los latidos de la juventud tienen la cadencia del futuro.

Esa noche, sin embargo, los colores de la vida de Mikel se desvanecieron sin apenas percibirlo. Nunca sabremos cómo advertimos ese cruce de la frontera entre la luz y la oscuridad, cuando el último aliento languidece. Mikel lo supo por un instante, sin tiempo a contárnoslo. Fueron 18 impactos de bala los que acabaron con su recorrido vital, los que segaron su juventud, apenas cinco años más que los de Gladys, la heroína al otro lado del Atlántico. Un control de guardias civiles, los mismos que Federico García Lorca había versado “con sus almas de charol vienen por la carretera”, apostados en Errekalde, a la entrada de Donostia, amartillaron sus armas. Y dispararon. “Tercos fusiles agudos, por toda la noche suenan”, escribió el poeta.

La vida volvió a su lugar, al blanco y negro asignado por la dictadura y la inquinidad no tuvo límites. Ni siquiera una nota de prensa, una versión maquillada. Mikel sólo existió en un par de esquelas, con una única expresión permitida: “falleció en trágico accidente”. Para los medios, bajo la batuta de Pío Cabanillas, director del ramo, Mikel no constaba. Ni en vida, ni en muerte. Fue borrado de la fotografía de la ciudad. Que, por cierto, asistió a las dos caras de una moneda trucada. Mientras los fieles a la misa en la catedral del Buen Pastor alababan a la dictadura y al fascismo, en el primer aniversario de la muerte de Carrero Blanco, en Santa María, la Policía apaleaba tanto en el interior como en el exterior de la iglesia a compañeros y amigos de Mikel que asistieron a su último adiós. De nuevo pavor y horror, miedo y terror. “Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas, en un aire donde estallan rosas de pólvora negra”, nos dejó Lorca.

Ha pasado medio siglo. Lluvia y sequedad, nieve y canícula. Han circulado en estos 50 años tantos acontecimientos que se me escapan a esa memoria que, con la edad, se va fragilizando. Murió el dictador, fue nombrado monarca aquel que agasajaba a Martín Villa. Y la Transición consiguiente fue un fraude. Decenas de miles de protagonistas franquistas se acostaron una noche exaltando al fascismo, y a la mañana siguiente se despertaron demócratas. No fue una paradoja, sino un truco de magia política. Continuaron los controles, y como a ti Mikel, acribillaron a balazos a Gonzalo Pequeño en Sestao, a Efrén Torres en Barakaldo, a Emilio Fernández en Elorrio, a Marian Barandiaran en Gasteiz, a Mikel Arregi en Etxarri, a Marcelo Gartziandia en Lasarte… me tiembla el pulso, se me cae la lista de las manos. ¿Sabes Mikel que todos sus verdugos quedaron impunes? Los lejanos Zender quedaron en un recorte de periódico. Mikel, más cercano y en cambio, en nuestro refugio de la memoria, donde se revela nuestra fortaleza colectiva y emocional.

 

 

 

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Oro Alemán para la Sokatira

Desde Deia traemos a ustedes los logros más recientes del único seleccionado vasco con reconocimiento oficial; la sokatira.

Aquí la información:

Otro éxito de la sokatira vasca en el Mundial de Mannheim, Alemania

La expedición de la tricolor regresa del mundial sobre tierra celebrado en Mannheim con un botín de nueve medallas, cinco obtenidas por clubes y cuatro con la Euskal Selekzioa

C. Zárate

El himno de Euskadi ha sonado en Mannheim (Alemania) este pasado fin de semana con motivo de la celebración del Mundial de sokatira, en el que la expedición vasca ha logrado un total de nueve medallas, cinco por clubes y cuatro con la Euskal Selekzioa, que ha participado bajo la denominación Basque Country.

Un nuevo éxito deportivo para la sokatira vasca, cuyos representantes regresaron ayer lunes a Euskadi y fue recibida con honores por parte de amigos y familiares en el aeropuerto de Bilbao. Entre ellos, algunos aficionados de Laukiz y Erandio, que se acercaron para saludar a los integrantes de los clubes vizcainos Gaztedi y Goiherri, cuyos tiradores y tiradoras han firmado una excelente actuación durante todo el campeonato.

Por un lado, nada más comenzar el Mundial se vivió una final vasca entre el Gaztedi, de Laukiz, y el Goiherri, de Erandio, en la prueba de 560 kilos masculina. Los de Laukiz lograron la medalla de oro al superar a los erandioztarras.

En categoría femenina sub’23, Goiherri sumó una nueva presea de plata en la prueba de 500 kilos. Del mismo modo, Gaztedi también se colgó otra medalla, de plata, en la prueba femenina de 500 kilos después de afrontar la final con el sobreesfuerzo realizado en las semifinales, en las que tuvieron que realizar hasta cinco tiradas, lo que les obligó a disputar la final justas de fuerzas, pero vendiendo el oro muy caro.

Posteriormente, en la última jornada de competición entre clubes, en la categoría sub’23 mixta, los tiradores de Goiherri se proclamaron campeones del mundo al firmar una gran remontada en las semifinales y en la final, en la que derrotaron al combinado de Inglaterra sub’23.

Victoria ante los anfitriones

En la competición por selecciones, la Euskal Selekzioa se proclamó campeona del mundo en 560 kilos en categoría masculina, tras vencer en la semifinal a la vigente campeona Suiza y derrotar en la final a la anfitriona Alemania. Igualmente, la representación femenina consiguió el sexto puesto en la prueba de 540 kilos y el bronce en categoría sub’23 e idéntico metal se colgaron las tiradoras vascas en la prueba de 500 kilos. Finalmente, el bronce del equipo mixto sub’23 cerró el medallero de la expedición de la tricolor. Unos resultados que mejoran los del año pasado en Suiza, cuando la representación vasca consiguió seis medallas –dos de plata y dos de bronce por equipos–, y dos de plata con la Euskal Selekzioa. 

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Alonso | Dividir para Romper

Gara ha publicado este reportaje en donde el autor expone todas las miserias del españolismo en su obsesión por retener el control colonialista sobre Euskal Herria.

Recordemos, mientras leemos, que los personajes mencionados, especialmente José Luis Rodríguez y Alfredo Pérez se autodenominan socialistas y por ende, eso los convierte en la izquierda de espectro político del estado español.

El problema radica en que un nacionalismo tardoimperialista como el español no permite expresiones auténticas de izquierda.

Lean ustedes:

Dividir para romper

Cuando en la primavera de 2006 José Luis Rodríguez Zapatero lo nombró ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ya tenía un recorrido en la lucha contra el independentismo vasco y andaba moviendo los hilos de las conversaciones entre la izquierda abertzale y el Gobierno español.

Fernando Alonso

A juzgar por sus declaraciones, su intención no era ir a la raíz del contencioso político de soberanía entre Euskal Herria y España, sino acabar con ETA y con el independentismo. Sobre ese eje enfocó su estrategia en las conversaciones con la izquierda abertzale y el diálogo entre el Gobierno y la organización armada, lo que había abocado a la crisis del proceso a finales del año 2006.

A pesar del atentado contra la T4 de Barajas, las conversaciones se reanudaron en mayo en un hotel de Ginebra. En esta ocasión se reunieron de manera simultánea, aunque en estancias diferentes, los delegados del Gobierno y ETA, por una parte, y los de Batasuna y PSOE, por otra.

Pero para entonces estaba ya fijada la estrategia del Gobierno de no afrontar las raíces políticas del conflicto y generar fricciones en el conjunto de la izquierda abertzale que la reventaran desde dentro.

Para gestionar esa maniobra de ruptura contaban con material proporcionado por los Servicios de Información e Inteligencia del Estado, que llevaban tiempo sobre el terreno recogiendo y tratando información sobre el estado interno del conjunto del movimiento independentista.

Batasuna fue incluso espiada en Bruselas, y en Euskal Herria fueron varios los aparatos de escucha y seguimiento que se descubrieron. Como señaló Rubalcaba: «Si sale bien, logramos el fin del terrorismo sin concesiones políticas. Y si sale mal y aguantamos, ETA tendrá problemas con Batasuna, que quiere un final dialogado».

Así, mientras se intentaba recuperar las conversaciones con contenido entre ETA y Gobierno y la izquierda abertzale seguía haciendo propuestas y se movía a todos los niveles para abrir espacios de diálogo, las maquinaciones para fomentar disensiones se incrementaban y la represión se mantenía en todos los frentes.

Apartheid Político

A esos frentes se unió el electoral con la convocatoria de comicios municipales para el 27 de mayo. La cuestión era evitar que la izquierda abertzale estuviera presente, para lo que los tribunales se aplicaron con esmero.

Tras explorar varias fórmulas y presentar candidaturas como Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), finalmente la izquierda abertzale decidió pedir el voto para EAE-ANV.

Y es que en cuanto entró en escena ASB, que reunió 85.000 avales en tiempo récord, Gobierno y Fiscalía se pusieron a impugnar candidaturas y más de 250 fueron ilegalizadas por el TS. Otro tanto ocurrió cuando EAE-ANV anunció su intención de presentarse a las elecciones. Entre las de ASB y las de ANV, cerca de 400 listas fueron vetadas. Para los vetos hubo una auténtica competición por ver quién impugnaba más, si el PSOE, el PP, Fiscalía, los lobbys de víctimas…

Mientras el PSOE se ponía la medalla de la persecución política, Josu Jon Imaz, como presidente del EBB del PNV, llamaba «parásitos» a quienes se oponían a las ilegalizaciones. En aquel tiempo Imaz era ya una figura crepuscular y, tal vez por eso, iba perdiendo la vergüenza. En abril se reunió en Madrid con Mariano Rajoy y, unos días más tarde, también en la capital española, pidió un pacto para facilitar la vía policial y aseguró que no tendría problema alguno en apoyar a Rajoy, si acaso llegaba a La Moncloa.

Felipe González no ocultó su agradecimiento: «Lo mejor que le ha pasado al País Vasco se llama Josu Jon Imaz». Un mes después del beso del padrino, Imaz anunció que abandonaba la política. El 30 de septiembre se despidió insultando a la izquierda abertzale desde el atril del Alderdi Eguna. Rubalcaba se sinceró, confesando que sin Imaz iba a sentirse solo.

Pero antes de irse aún tuvo tiempo para aconsejar que la prioridad del PNV debía ser deslegitimar a la izquierda abertzale. Luego se fue unos meses a los EEUU y regresó en julio de 2008 para hacerse cargo de la presidencia ejecutiva de Petronor.

En las elecciones del 27 de mayo las candidaturas de ANV que superaron el apartheid lograron cerca de 100.000 votos, a los que habría que sumar otros tantos de las invalidadas. Así pues, teniendo en consideración todas las papeletas depositadas en las urnas, EAE-ANV habría obtenido 187.000 sufragios, convirtiéndose en la segunda fuerza municipalista, con mayoría absoluta en 55 municipios.

PNV y Eusko Alkartasuna se presentaron por separado. Los jelkides perdieron votos y concejales y EA quedó lejos de sus expectativas.

La constitución de los ayuntamientos fue conflictiva en las localidades en las que no se respetó la voluntad de los vecinos, y lo mismo PNV que PSE que PP se aplicaron al apartheid para privar a ANV de alcaldías y de lo que le correspondiera por votos logrados. Los concejales que no siguieron las órdenes fueron represaliados e incluso suspendidos de militancia.

El «Agostazo»

El apartheid político se aplicó también en las elecciones al Parlamento de Nafarroa, donde la candidatura de ASB fue ilegalizada. Con la tercera fuerza fuera de la contienda electoral, la suma de UPN y CDN daba 24 parlamentarios frente a los 26 de NaBai, PSN e IUN. Desde la sociedad navarra se apostaba por el cambio político y la formación de un Ejecutivo entre esas tres fuerzas. Pero se impuso la voluntad del PSOE desde Madrid y entregaron el Gobierno a la derecha.

Volvía a quedar claro que Nafarroa es cuestión de Estado. El llamado «agostazo» llegó dos meses después de que fracasaran las conversaciones políticas y ETA anunciara el 4 de junio el fin del alto el fuego.

Entonces Pérez Rubalcaba amenazó con hacerlo pagar y con detenciones. La primera fue inmediata, el 8 junio, cuando fue arrestado y encarcelado Arnaldo Otegi, precisamente interlocutor de la izquierda independentista.

Poco después se reunieron, por un lado, Zapatero y Rajoy para mostrar unidad en el objetivo de «derrotar a ETA» y, por otro, Rubalcaba y el consejero de Interior Javier Balza para acordar el trabajo policial.

Las detenciones de condenados en el 18/98 empezaron antes incluso de que la sentencia fuera pública. El 30 de noviembre ordenaron el arresto de 46, la mayoría de los cuales se llevaron a cabo en los tres días posteriores. 33 ingresaron en prisión y otros quedaron en libertad bajo fianza. La sentencia salió el 19 de diciembre y en ella se condenaba a más de 500 años de cárcel a 47 «terroristas desarmados».

18 de los juzgados en el sumario contra Jarrai-Haika-Segi fueron detenidos por la Ertzaintza en el bilbaíno frontón de la Esperanza, donde estaban arropados por cientos de personas. Pocos días después, los 22 condenados estaban ya dispersados en 17 cárceles.

Más de 700

Una noche de comienzos de octubre Garzón ordenó una macrorredada contra una reunión de la izquierda abertzale en Segura. Hubo 23 detenidos, en una maniobra en la línea de Rubalcaba para abortar el camino hacia la superación del ciclo de lucha armada. Estaba claro que al Estado le interesaba políticamente que ETA permaneciera activa.

Zapatero se vanagloriaba de que había habido alrededor de medio millar de detenciones desde que él era presidente.

Así, 2007 se cerró con más de 700 prisioneros políticos vascos, cifra que aumentaría al siguiente año hasta casi los 800, el número más alto desde la instauración del régimen del 78. Cada vez había más prisioneros, más dispersión y aislamiento y mayor hostilidad desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

La cárcel también la conoció en los 70 Eva Forest, precisamente por su solidaridad con Euskal Herria. La compañera de Alfonso Sastre murió el 19 de mayo y sus cenizas fueron aventadas en la Bahía de Txingudi.

2007 fue el año de Korrika 15, que salió de Karrantza para concluir en Iruñea en homenaje a la mujer euskaldun por su fundamental papel en la transmisión del euskara.

A ras de suelo y sin escenario, los de Barricada celebraron en la Txantrea su 25º aniversario. Y es que «…cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo».

 

 

 

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Tortura e Impunidad en Nafarroa

Encontramos sumamente importante que un integrante de la diáspora vasco-argentina haya participado en una mesa de diálogo acerca de la práctica de la tortura por parte de las fuerzas represivas del régimen español en contra de ciudadanos vascos.

Aquí la información:

Un panel internacional de expertos sobre tortura exige en Iruñea el fin de la impunidad

La Red de Torturados de Navarra ha organizado este jueves una charla con expertos en la lucha contra la tortura, incluido el argentino Santiago Bereciartua, y el abogado suizo Olivier Peter. El acto se ha celebrado a pocas semanas de conocerse el informe sobre la tortura en Nafarroa de 1960 a 2011.

Aritz Intxusta

Lohizune Amatria, la presentadora del evento, lo ha deslizado en la introducción. El informe del Instituto Vasco de Criminología ha analizado un millar de testimonios que apuntan hacia 800 víctimas de maltratos policiales en Nafarroa desde 1960 a la actualidad. Este informe, hermano del realizado en la CAV hace ya seis años y que apuntaba hacia 4.000 víctimas, se reactivó una vez cayó judicialmente el recurso del PP contra la ley que lo amparaba.

La Red de Torturados de Navarra ha celebrado esta tarde una charla con ponentes internacionales para tratar sobre el fenómeno en el Colegio de Médicos, a la que han acudido, entre otros, la consejera de Relaciones Ciudadanas (Ana Ollo) y el director de Paz y Convivencia (Martín Zabalza), así como el presidente del Parlamento (Unai Hualde) y representantes de EH Bildu (Bakartxo Ruiz y Julen Arzuaga) y Sortu (Haimar Altuna).

Entre los ponentes, Jorge del Cura (fundador de la Asociación contra la Tortura estatal) ,quien ha denunciado que los sindicatos policiales funcionan como un «lobby» para protegerse unos a otros. Y ha cuestionado la justificación de la tortura en medios de comunicación, así como en películas y series.

Del Cura ha puesto algunos datos sobre la mesa. La Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, entre 2004 y 2017, reportó 9.085 casos en el Estado, de los que en la CAV se registraron más de 800 y en Nafarroa 374. La gran mayoría no llegaron siquiera a instruirse.

Por su parte, Olivier Peter, abogado suizo que ha llevado asuntos como el que consiguió la condena al Estado por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola, ha subrayado que en Euskal Herria ha habido generaciones que «han nacido, vivido y muerto con la práctica generalizada de la tortura».

Asimismo, ha recordado que otros países han asumido esta práctica sistémica del maltrato por parte del el Estado español y que ha sido, precisamente, este reconocimiento el que ha impedido que se tramitaran peticiones de extradición realizadas desde Madrid.

Peter, además, ha cuestionado el mecanismo perverso de incomunicación, no investigación e indultos que ha seguido el Estado español para dotar de una completa impunidad a los torturadores.

También ha recordado que las torturas han servido para sostener las condenas del propio condenado y de terceros.

Helena Solà, de la Organización Mundial Contra la Tortura, ha apuntado que la tortura existe en todo el mundo «a pesar de los intentos por silenciarla, ocultarla y minimizarla». Ha pedido, además, protección para las víctimas para favorecer que se atrevan a denunciar y así se logre combatir esta lacra.

«Es importante subrayar que existe una prohibición absoluta de la tortura, incluso en contexto de guerra, pero a pesar de ello se da de forma generalizada», ha afirmado Solà.

El argentino Santiago Bereciartua, abogado y defensor de los derechos humanos, ha insistido a su vez en que existen herramientas en el Derecho Internacional que deben ser aplicadas.

Bereciartua ha dado un mensaje de esperanza al recordar que en su país los activistas se encontraron con problemas muy similares a los que plantea hoy el Estado español y que supieron resolverlos. Pero, por otro lado, ha alertado de que en todo el mundo se escuchan cada vez más discursos legitimadores del uso de la tortura.

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Nekane Vuelve a Casa

Largos 15 años son los que ha pasado lejos de casa la víctima de tortura Nekane Txapartegi tras haber sido juzgada y condenada en el juicio farsa del macrosumario 18/98.

Hoy ya está de vuelta con los suyos.

Esto es lo que nos informa Naiz:

Nekane Txapartegi vuelve a Euskal Herria 15 años después y tras pasar por la AN

Han pasado casi quince años desde que Nekane Txapartegi decidió exiliarse tras la condena del 18/98 y haber sufrido gravísimas torturas de la Guardia Civil. Este martes vuelve a casa tras haber pasado por la Audiencia Nacional y constatar que la acusación se reduce a falsificación de documento.

Ramón Sola

Uno de los exilios políticos más conocidos de los últimos tiempos en Euskal Herria entra en cauce de resolución. Nekane Txapartegi vuelve a casa tras casi quince años marcados por la condena del 18/98, las torturas de la Guardia Civil en su detención y una nueva imputación posterior relacionada con su huida. Tras viajar desde Suiza, este martes a mediodía ha comparecido ante la Audiencia Nacional, donde ha podido constatar que la acusación contra ella se reduce a falsificación de documento y ha quedado libre a la espera de juicio.

Txapartegi ha superado el retorno sin problemas, dado que la orden de búsqueda y captura había quedado sin efecto una vez anunciada su voluntad de pasar por el tribunal especial para regularizar su situación.

En estos años ha residido en Suiza, donde fue encarcelada en 2016 a consecuencia del impulso político del Estado español pero no llegó a ser extraditada. Su causa ha contado con apoyo incesante y desde allí ha tenido ocasión de seguir denunciando la tortura, como hizo con gran impacto en el juicio del caso 18/98 y también posteriormente en trabajos como este de ETB.

Dos procesos

Durante este tiempo se ha visto afectada por dos procesos judiciales, que en ambos casos han ido evolucionado lenta pero positivamente. El primero es el citado macroproceso 18/98, en el que fue condenada dentro de la pieza relativa a Xaki. Inicialmente se le impusieron once años de cárcel por «pertenencia» en la Audiencia Nacional, reducidos luego a seis años y nueve meses de prisión por «colaboración» en el Supremo. Entre medio de ambas decisiones Txapartegi abandonó Euskal Herria, a finales de 2007.

Cuando en 2015 se produjo la modificación legal que contempló rebajas de grado de condena para «delitos menos graves» (en los que no mediara utilización de armas y explosivos, como es el caso de este macroproceso político), su defensa reclamó la pertinente revisión de condena, que quedó fijada finalmente en tres años y seis meses de cárcel. En virtud de esta duración, la pena fue declarada extinguida por prescripción en 2017 y conllevó además su excarcelación en Suiza.

Sin embargo, para entonces a Nekane Txapartegi ya se le había abierto otro sumario en la Audiencia Nacional por su marcha. Aunque informes policiales intentaron sustentar una nueva acusación de «integración en ETA», con argumentos similares a los usados contra Antton Troitiño tras haber marchado también al exilio, finalmente esta causa ha quedado reducida a la imputación de falsificación documental, que acarreará en el peor de los casos una condena de carácter leve.

Tras constatar toda esta situación jurídica, Txapartegi ha dado el paso de volver a Euskal Herria y podrá hacerlo sin problemas tras haber pasado ya este martes por el tribunal especial español.

En estos tres lustros esta asteasuarra no ha dejado de contar con apoyo de plataformas vascas y suizas, como ‘Free Nekane!’. Y ha estado plenamente asentada en Zurich, con su familia más cercana, entorno de amistades y trabajo.

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Juanca el Corruptazo

Traemos a ustedes la segunda entrega del texto que José Antonio Martín le dedica a la impunidad del monarca franquista Juan Carlos Borbón.

Lo traemos a ustedes desde La Haine, disfruten:

Retrato de un rey corrupto (y II)

El acontecimiento estrella de entre toda esta catarata de sucesos inimaginables en una "democracia" lo ostenta, con notable diferencia, la "donación" de 100 millones de euros

José Antonio Martín Pallín

El retrato inicial que describía en mi anterior entrega (https://lahaine.org/gA4g) quizá debería ser retocado para añadir a un personaje exótico con vestimenta árabe, asomándose por una puerta al fondo como en el cuadro de Las meninas de Velázquez. Lamentablemente, en este país nadie puede escandalizarse por el hecho de que se cobren comisiones por adjudicación de obra pública. Este tributo, o alcabala, forma parte de un imaginario de fiestas nacionales entre las cuales se encuentran los toros, las oposiciones y algunas otras fiestas de relevancia mundial como los Sanfermines, las Fallas o la tradicional Semana Santa. Incluso la hemos exportado a los países de la América hispana. Algunos como México le han dado un sentido autóctono con una denominación que ha hecho fortuna: la coima. Esta expresión ha enriquecido el diccionario de la lengua española. María Moliner la define como “dinero con que se soborna a un funcionario público”. Se puede extender a la conducta de un funcionario público que exige el pago de una cantidad en concepto de comisión, para adjudicar alguna obra, suministro o servicio público.

Solo un cínico, como el capitán Louis Renault en la película Casablanca, podría exclamar al verse envuelto en esta circunstancia: “¡Qué escándalo, me piden una comisión!”.

Los 67 folios del segundo informe de la Fiscalía sobre la investigación de las andanzas personales del rey Juan Carlos nos proporcionan algunas secuencias que son difíciles de comprender si no derrochamos una gran dosis de fantasía e imaginación 'oriental', como si estuviésemos leyendo un cuento de Las mil y una noches. Para no alargar en exceso este escrito me centraré en algunos aspectos que, además de su relevancia penal, tienen unas derivaciones o consecuencias políticas que creo que han obviado los partidos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública.

En mi opinión, el acontecimiento estrella de entre toda esta catarata de sucesos inimaginables en una "democracia" con sólidos valores lo ostenta, con notable diferencia, la donación de 100 millones de euros que el rey Abdalá bin Abdelaziz de Arabia Saudí “regala” al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón. Este rasgo de generosidad, insólito en las relaciones internacionales, por muy amistosas que sean, merece una explicación verosímil y no una burda e insultante justificación.

La entrega de 100 millones de dólares, transferidos por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí al rey emérito el 8 de agosto de 2008 a la Banca Mirabaud, es un hecho cierto e incontrovertido que ha acreditado la Fiscalía del Cantón de Ginebra y acepta, sin objeciones, el dictamen de nuestra Fiscalía. Para tratar de soslayar el árido lenguaje burocrático, relataré los hechos en un tono literario parecido al de los cuentos de Las mil y una noches.

Érase una vez un rey árabe, llamado Abdalá, que gobernaba un país de ingentes riquezas. Era famoso por sus alardes de generosidad con los monarcas de otros países, a los que regalaba dinero y otros bienes Sucedió que el rey generoso pensó en construir un tren de alta velocidad entre las dos principales ciudades de su Reino con destino a La Meca, santuario al que acuden los musulmanes de todo el mundo. En un país llamado España, su rey Juan Carlos I conoció el anuncio de este proyecto en el año 2006 y se interesó para que la obra se adjudicase a empresarios de su país. Abdalá, movido, al parecer, por su inmensa magnanimidad, pensó que debía hacer una generosa donación de 100 millones de dólares al rey de España porque, según consta en la documentación del banco receptor, se trataba de un “importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”.

Para que el ambiente oriental adquiera más exotismo, en la cuenta del emérito español aparece una donación de cerca de dos millones de dólares del sultán de Bahréin. El rey agraciado, seducido por la belleza de Scherezade, le entregó la totalidad del dinero recibido a la mujer. ¿Adivinan quién es Scherezade? Aquí se acaba la historia y no le den más vueltas, amables lectores, porque los cuentos, cuentos son. Y como dice el lema de la Orden de la Jarretera: “Que se avergüence quien de esto piense mal”.

Si tenemos en cuenta la fecha en que ocurrieron estos fantásticos acontecimientos, no tiene mucho sentido enredarse en la discusión sobre si pudiera haber un hipotético delito de cohecho pasivo impropio, porque estaría prescrito y además cubierto por el sagrado manto de la inviolabilidad.

En una sociedad democrática regida por el principio de la soberanía popular, cualquier interpretación que considere que la inviolabilidad permite a la persona del rey cometer toda clase de delitos, me parece pura teología teocrática. Me recuerda a la sentencia del teólogo escolástico Juan Duns Escoto cuando resolvió el dogma de la Purísima concepción con una frase rotunda: Dios pudo, quiso y lo hizo.

En mi opinión, la inviolabilidad absoluta de la persona del rey se basa en una afirmación apodíctica, apoyada exclusivamente en la literalidad de la palabra, sin aportar razonamiento alguno. Lo desmintió el propio beneficiado, el entonces rey Juan Carlos, en el mensaje de Navidad, en un momento en el que se encontraban inmersos en un proceso penal su hija Cristina y su marido Iñaki Urdangarín. Afirmó solemnemente: “Todos somos iguales ante la ley”.

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Juanca el Corrupto

En la que promete ser la primera entrega de más información por venir, el autor -quien no es en lo absoluto lo que pudiéramos llamar un improvisado- de este texto que traemos a ustedes desde La Haine ha procedido a exponer en toda su crudeza la corrupción del régimen español, tanto en su etapa con el genocida Francisco Franco en su papel de figura prominente como en la posterior, con Juan Carlos Borbón a cargo de llevar las riendas de un estado paria que como estrategia para validarse ante la comunidad internacional ha recurrido a la vulgar trampa del bipartidismo, ahora desdoblado con la aparición de Podemos y más recientemente Vox.

Y es que a menudo se olvida que durante el reino de terror de Francisco Franco no solo se segó la vida de decenas de miles de personas sino que también se dio vía libre para que tanto el mismo Franco como muchos de sus allegados amasaran grandes fortunas producto del despojo a los "enemigos de la Sacrosanta Unidad de España".

Así que, aclarado lo anterior, les invitamos a la lectura del escrito:

Retrato de un rey corrupto (I)

Las conclusiones de la Fiscalía destruyen el prestigio del que fuera Jefe del Estado impuesto por Franco. La impresión es que no se ha profundizado en la investigación

José Antonio Martín Pallín    

La lectura de los dos informes de la Fiscalía General del Estado sobre el resultado de las investigaciones abiertas para dilucidar si los tejemanejes económicos del rey honorífico eran o no constitutivos de delito, mientras reinó y después de su abdicación, proporciona un retrato realista y coral de su persona y de los acompañantes que le ayudaron en su tarea de enriquecerse sin límites económicos ni éticos.

En el retrato ocupa, como es lógico, un lugar preferente la figura de Juan Carlos de Borbón y Borbón, acompañada, como en El entierro del Conde Orgaz, de personajes que actúan como oficiantes en la ceremonia de la corrupción y el fraude fiscal.

La historia de los acontecimientos se desarrolla en paraísos fiscales –las islas del Canal de la Mancha Jersey, Guernsey y Panamá– y en entidades bancarias de países tan poco propicios a proporcionar detalles sobre el secreto de operaciones financieras como Suiza. No hace falta ser un sagaz sabueso para llegar a la conclusión de que todo el dinero que pasa por esos parajes es, en principio, sospechoso de alguna actividad irregular. Pero vayamos a los hechos, y nada mejor que resumir los pasajes más llamativos de este minucioso y clarificador informe de la Fiscalía General del Estado.

Todos sabemos que, para disponer de una cobertura económica, en el caso de necesitarla por razón de jubilación o cualquier otra eventualidad, lo más adecuado es acudir a un banco nacional y concertar un fondo de pensiones o cualquier otra cobertura semejante. Los asesores del emérito podían haber realizado esta operación con un banco de nuestro país, pero consideraron que era más seguro y opaco realizarla en paraísos fiscales, para sustraerla a la fiscalización de las autoridades financieras españolas.

Para resguardarse de indiscretas investigaciones, los asesores del rey honorífico utilizaron un instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón que se conoce como trust. No se alarmen, este artefacto económico no tiene excesivas complicaciones. Se crea un patrimonio separado, en este caso una cantidad en metálico, que se ingresa en un banco; se administra por unos gestores y existen unos beneficiarios a los que se destinan las cantidades depositadas. Me imagino, sagaz lector, que ya habrá adivinado quién era el beneficiario: Juan Carlos de Borbón y Borbón. Para desentrañar la madeja de los sucesivos fondos que pasan de mano en mano tendremos que remontarnos al periodo comprendido entre los años 50 y 70, según el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

El hilo conductor que puede ayudar a comprender el enrevesado relato del Ministerio Fiscal comienza precisamente en la época que indican los investigadores. En los años 50, Juan Carlos de Borbón ya había iniciado sus estudios en España en virtud de un acuerdo entre su padre, don Juan de Borbón, y Franco, en una reunión celebrada el 25 de agosto de 1948. Después de una serie de acontecimientos políticos, Franco designó a Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en julio de 1969. Es un hecho suficientemente conocido que don Juan se quejaba a sus amigos y visitantes de su “penuria económica”. Muchos fieles monárquicos y otras personas, por razones diversas, aportaron cantidades de dinero y hasta le regalaron un barco para que disfrutase de su afición favorita.

Entre los años 50 y 70, comienza a constituirse un fondo para asegurar a Juan Carlos un respaldo económico ante las vicisitudes políticas que pudieran derivarse de su inestable condición política como sucesor del dictador. Me parece razonable que, ante las estrecheces que había vivido, decidiera imitar a Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, cuando juró ante Dios que “jamás volvería a ser pobre”. El juramento surtió efecto y la hucha de solidaridad monárquica, denominada “Nadine Limited” y administrada por Manolo Prado y Colón de Carvajal, acumuló cantidades cuya cuantía se desconoce. Esta operación, en principio, no tiene naturaleza delictiva. Sin embargo, tiempo después se intenta justificar la entrega de 80 millones de dólares americanos al señor Prado y Colón de Carvajal, en concepto de “pagos de guerra”. La procedencia es tan sospechosa y repugnante que merecía la pena haber agotado la investigación sobre esta cuestión. ¿Podría tratarse de tráfico de armas?

Carrusel de trusts

Alrededor de finales del siglo pasado comienza a gestarse la creación de un verdadero carrusel de trusts que, bajo una única denominación, acogen una importante suma de dinero que administra una persona, ayudada por gestores encargados de rentabilizar los capitales y cumplir sus fines. En todos los entramados que aparecen en el informe de la Fiscalía existe un “tercer beneficiario”, al que se destinan generosamente parte o la totalidad de los fondos. Y siempre, directa o indirectamente, el agraciado es S.M. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. La aparición, desaparición o trasvase de los fondos son tan vertiginosos que pueden marear al lector. Trataré de resumir el acelerado vals de los dineros, fijando mi atención en los aspectos que me parecen más llamativos y reveladores.

Las investigaciones del SEPBLAC se centran en la constitución de un trust denominado “The JRM (Joaquín Romero Maura) 2004 Trusts”, al que, como los ríos que van a dar a la mar, se vierten una serie de cantidades procedentes de otros trusts anteriores. Fue constituido en Jersey, el 9 de marzo de 2004, por D. Joaquín Romero Maura, historiador de nacionalidad española, nacido en Niza, profesor en Oxford y nieto del político Miguel Maura. Los fondos iniciales del trust ascendieron a 14.923.604 euros (dos millones de euros de una aportación inicial y otra adicional de 12.923.604 euros) y se depositaron en Barclays. El administrador Romero Maura fue clasificado por el banco como persona expuesta políticamente (PEP) en atención a su perfil de riesgo, fundamentalmente al ser próximo a una “importante figura política española”. Según los analistas financieros de Barclays, en 2004 la situación política en España era estable: el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trusts y la presencia en ellos de D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal era evidente.

Una de las cantidades que se ingresan en este fondo procedía de una aportación de 9 millones de dólares realizada por Simeón de Bulgaria, que, a su vez, tenía su origen en una serie de inversiones financieras en la banca J.P. Morgan en Suiza. A juicio de los investigadores, diversos indicios apuntan a que el exjefe del Estado español era el propietario último de esos fondos. Simeón de Bulgaria contrajo matrimonio en 1962 con Simoneta Gómez-Acebo, y la infanta Pilar, hermana de Juan Carlos, se casó el 5 de mayo de 1967 con Luis Gómez-Acebo. Es sobradamente conocido que los Gómez-Acebo eran los mayores accionistas de la entidad financiera Banesto, que a su vez tenía relaciones estrechas con JP Morgan. ¿Podemos deducir, amable lector, de dónde procedían esos fondos generosamente donados?

Existe un pasaje en el informe del Ministerio Fiscal que reproduzco, casi en su integridad, porque me parece de interés informativo. En el fondo JRM 2004 Trust aparece un llamado tercer beneficiario cuyas señas de identidad son fácilmente identificables. Se trata de un “beneficiario contingente”. El señor Romero Maura condiciona la entrega de cantidades del fondo al “tercer beneficiario” al hecho de que ocurran ciertos acontecimientos improbables, en circunstancias que califica de “tiempos problemáticos”. Sería la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de España, a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante. Aclara que la expresión Head of State debe interpretarse ampliamente, incluyendo no sólo al monarca sino a otros servidores públicos reconocidos en ese momento por “una Constitución liberal democrática”. No era necesario que esa persona hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada. Bastaría que le ocasionara una pérdida de estatus implícita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armonía civil. ¿Se estaría refiriendo a la abdicación?

Todo suena muy inglés, muy sutil. Romero Maura pide a los gestores del fondo que, cuando se tenga que hacer efectivo el dinero del trust, le asesoren para determinar la identidad y condición del “tercer beneficiario”. ¿De verdad necesitaba ayuda? Para despejar tan enrevesada duda, el trust podría consultar con los editores de los cinco principales periódicos del Reino Unido. Durante mucho tiempo, nosotros hemos estado en la inopia. Pero vayamos al grano. El señor Romero Maura manifiesta igualmente su deseo de que los trustees “reserven 10 millones de dólares estadounidenses para el caso de que se llegue a designar a este llamado tercer beneficiario”. Por fin, las cosas claras.

Por si alguien decidiera atar cabos, otro de los responsables del fondo aclara que este generoso depósito nada tiene que ver con el regalo de 100 millones de dólares regalados por el rey de Arabia, ni con los fondos Torres Kio. Según el informe de la Fiscalía, más allá de la procedencia de los fondos del JRM 2004 Trust, “que tienen una indudable conexión con quien fuera Jefe del Estado español”, lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho trust en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014 (fecha de la abdicación), es posible establecer alguna vinculación entre los fondos del mismo y Juan Carlos de Borbón.

En todo caso, las conclusiones de la Fiscalía destruyen el prestigio y la valoración, en el concepto público, de la persona del que fuera Jefe del Estado, en su condición de rey de España, durante el desempeño de su cargo. En mi opinión, no se ha profundizado suficientemente en la investigación. Había muchos más cabos de los que tirar. Es posible que no nos llevasen a buen fin desde el punto de vista de la construcción de una sólida acusación penal. El último servicio para blindar la irresponsabilidad e impunidad de Juan Carlos de Borbón lo presta la Agencia Tributaria, al dictaminar que las prebendas procedentes de JRM 2004 Trust, con posterioridad a la abdicación, lo han sido en unas cuantías que, en ningún caso, alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español. ¿La Agencia Tributaria hubiera procedido de igual manera si se tratase de cualquier otro ciudadano español? En sus manos dejo la respuesta.

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