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domingo, 10 de enero de 2021

Egaña | Castigo Económico

Desde su muro de Facebook traemos a ustedes este texto en el que Iñaki Egaña deja en claro que la estrategia represiva por parte del nacionalismo español en contra del pueblo vasco pasa necesariamente por el escenario económico. Las metrópolis siempre han recurrido a ese elemento para sofocar las oportunidades de desarrollo equilibrado de sus posesiones coloniales, asegurando así su primacía.

Lean:


Castigo económico

Iñaki Egaña

Hace cinco años, tras una fecha señalada anualmente para celebrar la solidaridad con los presos políticos vascos, la Guardia Civil ejecutó una operación gemela, la detención de 16 personas, entre ellas varios abogados encargados de la defensa de los presos, y la incautación de 105.888,68 euros recogidos en la manifestación para sufragar los gastos de la misma. La llamó “Mate”, después de una anterior que nominó “Jaque”. O no sabían de ajedrez, o seguían desconociendo la tremenda capacidad de muestro pueblo para superar las adversidades.

La Audiencia Nacional utilizó por enésima vez el comodín de ETA y señaló que la organización hoy extinta estaba detrás de la recaudación, lo que hacía cómplices de ella a decenas de miles de personas, las que aportaron donaciones en la manifestación, que, sin embargo, tuvieron la suerte de no ser arrestadas. Su detención, lógica siguiendo el razonamiento de fiscalía y jueces, habría creado un problema anexo, mayor del que el Estado quería atajar, el del mantenimiento en custodia de miles de arrestados.

La reflexión viene a cuento para enfocar los objetivos del Estado al abordar la causa vasca. No se trataba, como se propagó oficialmente, de la persecución de un delito monetario imputado a una organización que no tenía siquiera una dirección fiscal y menos aún un NIF, sino de una nueva embestida a la sostenibilidad económica de un proyecto político, atacada en este caso en su flanco solidario. Una lectura que tiene que ir acompañada de un contexto más extenso. En cada caso y en cada época.

Tal y como en tiempos pretéritos sucedió con Herri Batasuna, a la que el Estado no abonó desde su primera cita electoral allá por 1979, sin sentencia judicial que avalase el atropello, las cantidades que le correspondían por sus éxitos electorales. Millones de pesetas reservadas que, con la entrada del siglo XXI se acumularon en millones de euros que se evaporaron cuando en 2003 Herri Batasuna fue ilegalizada. Antes, sus dirigentes habían sido encarcelados y objetivo de la guerra sucia, sus concejales vejados y torturados, y sus sedes incautadas. Todo ello dentro de una estrategia global.

Una estrategia que, siguiendo las pautas de ese manual histórico, cargaba asimismo de deudas astronómicas a los integrantes de otros colectivos. Siguiendo el molde franquista, las individualidades de esos proyectos políticos eran sacrificadas económicamente, con multas, fianzas, embargos y confiscaciones. Nuevamente millones de euros de difícil cuantificación. ¿Cuántos millones de euros se han ido en fianzas? Los procesados en la pieza de las Herrikos, por ejemplo, salieron en libertad condicional tras abonar depósitos que alcanzaron, globalmente, los 700.000 euros.

Del mismo modo, el medio comunicativo relacionado con el soberanismo vasco fue atacado por los estados desde tiempo atrás. Durante los últimos años de la dictadura, recordar que en la Euskal Herria continental, Enbata fue cerrada en 1974 por el Gobierno francés, mientras en el territorio peninsular, toda publicación antifranquista era ilegal. En la Transición surgieron proyectos populares como Egin y Euskaldunon Egunkaria que también fueron clausurados, con la excusa del comodín eterno. Asimismo, sus dirigentes encarcelados, torturados y objetivos de la guerra sucia. El último capítulo, relacionado con la deuda fiscal de Egin, imputada a Gara. Tres millones de euros con un propósito notorio, cercenar los medios insumisos.

La cultura vasca ha sufrido, en esa misma estrategia, los embates de las vecinas que han hecho valer su supremacía lingüística e institucional. Desde que en 1971 el presidente francés Georges Pompidou largara aquello de “No hay lugar para las lenguas y culturas regionales en una Francia destinada a ser la vanguardia de Europa", el panorama no ha trasmutado en exceso. Debemos recordar las detenciones de la dirección de AEK, los enseñantes y alfabetizadores del euskara, o la de empresarios relacionados con la trasmisión de la cultura vasca, Elkar o Gráficas Lizarra. Una línea continua destinada, también, a cortar la financiación económica de los mimbres del progreso y normalización lingüística y cultural.

Aquellos movimientos correspondieron a la misma lógica de enfangar las expresiones populares y de convertirlas en marginales a través del ahogo económico, pero también de su criminalización. Ocurrió con las primeras ikastolas, con las primera guarderías populares, con las Gau eskolas, que surgieron con un apoyo económico y humano descomunal. Y para penetrarlas, tal y como indicaba el Plan Zen, la cultura “española”, o en otro caso la francesa, se valió de su hegemonía. Por cualquier vía. Pertenecen a la misma estrategia y son parte del mismo objetivo, el secuestro de Olentzeros o su denigración frente a los llamados Reyes Magos (tal y como lo ha hecho días atrás el célebre Haranburu Altuna), la financiación con fondos reservados de “casas regionales”, como las multas o detenciones.

En el mismo año de la incautación de la recaudación recogida por Sare, Etxerat señalaba que cada visita a los presos en el Estado francés, antes de los traslados a Mont de Marsan y Lannemezan, ocasionaba un gasto medio de 500 euros. En el Estado español el gasto medio en ese 2015 de cada visita era de 300 euros. Una media anual entorno a los 20.000 euros por preso. Multipliquen las cifras por los más de 9.000 presos políticos vascos que han llenado las cárceles desde 1960 y tendrán un resultado espeluznante.

Los ejemplos se agolpan sin descanso. Si desean, pueden sumar, asimismo, todas esas horas, días, años de dedicación exclusiva en voluntariado. Para ikastolas, gaztetxes, herrikos, visitas a presos, etc. Ahora que todo se mide por el txin-txin del dinero, sumen y sumen y la suma no podrá soportar los códigos habituales. Hasta en eso somos un pueblo singular. Y lo seguiremos haciendo porque, entre nuestros valores y pese a quien le pese, la solidaridad y el auzolan, cotizan al alza.

 

 

 

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domingo, 22 de septiembre de 2019

Entrevista a Ibon Meñika

Gara trae a nosotros esta entrevista a uno de los 47 encausados en el macrosumario 11/13. La misma arroja luz sobre el acuerdo al que se llegó sí, pero va mucho más allá.

Aquí la tienen:


Ibon Meñika, encausado en el Macrosumario 11/13 | Ibon Meñika vivió en primera persona el primer macrojuicio basado en la teoría del «todo es ETA» y le ha tocado sufrir el último, que se ha saldado con un acuerdo. Lo sitúa en un deseo colectivo de romper esquemas del pasado y abrir la puerta a otro futuro.

Iker Bizkarguenaga

¿Cómo valoran el acuerdo?

Nuestra voluntad ha sido desde el inicio hacer una contribución colectiva a la solución de problemas enquistados en nuestro país, haciendo hincapié en la situación de las personas presas y exiliadas. El modo en que se ha resuelto el juicio lo hemos planteado en esa perspectiva: que todo aquello que hiciésemos contribuyese a la superación de estrategias represivas que nos ataban a un pasado que la sociedad vasca quiere superar, y a la apuesta por seguir avanzando. Muchas veces este tipo de decisiones son complejas, pero lo hemos afrontado con serenidad y con responsabilidad, y creyendo que también puede contribuir a que las personas presas y exiliadas tengan una vía de solución, que a día de hoy desgraciadamente no se ha dado.

Ese acuerdo supone que 45 personas no entréis en prisión, pero sí deberán hacerlo Arantza Zulueta y Jon Enparantza. ¿Ha sido difícil tomar esa decisión?

Por supuesto. Nuestra máxima siempre ha sido que 47 personas no incrementáramos el número de presas y presos, y es evidente que ese reto no lo hemos conseguido plenamente. Tenemos que subrayar la iniciativa y la disposición de estas dos personas. Un día ya es demasiado en la cárcel. Ellos lo han vivido anteriormente, y cuando has vivido lo que es la prisión, mentalizarte para volver es muy duro.

Si no hubiera habido acuerdo y sí una condena general, además del quebranto personal, ¿qué habría supuesto para Euskal Herria que medio centenar de personas fueran encarceladas ahora de golpe y porrazo?

El análisis que hemos realizado ha ido encaminado en esa línea. Parece que cuando haces este tipo de acuerdos buscas una salida individual, o colectiva pero que estás buscando tu solución, y lo que nosotros hemos expuesto es que lo que no tiene sentido es engrosar las cárceles cuando el reto tiene que ser vaciarlas, y cuando la sociedad vasca está situada en esos términos de búsqueda de soluciones. Desde el primer momento hemos dicho que este juicio no era solo contra 47 personas, que hay un trasfondo político, una intención de que parezca que en este país nada ha cambiado, cuando en verdad este país sí que ha cambiado. El reto es ese: cómo hacemos para que diferentes sensibilidades, espacios y sectores confluyamos para que aquellos sufrimientos que a día de hoy siguen existiendo se superen. Que se acabe un ciclo y este país pueda abrir uno nuevo para poder abordar sus retos políticos y sociales como crea conveniente. Y nosotros ahí hemos intentado hacer una contribución política, personal y colectiva, siendo conscientes de que genera contradicciones y que no es fácil. A nivel interno hemos debatido y hemos reflexionado mucho. Éramos conscientes de que otros juicios habían acabado en términos de acuerdo, y hemos tenido tiempo para abordar esa posible situación. Y tras un debate sosegado hemos tomado una decisión colectiva.

La AVT se felicitaba porque, decía, su tesis había sido aceptada y se fortalecía su relato… ¿Cree que en Euskal Herria ese relato tiene algún recorrido?

Nosotros a la Audiencia Nacional nunca hemos ido en busca de justicia. La Audiencia Nacional es ese tribunal de excepción que durante años ha condicionado muchísimas vidas en este país, y sabemos por experiencia propia que intentar plantear ese tipo de retos en términos de justicia es irreal. Lo que sí nos hemos planteado es que tenemos que mirar a nuestro país, porque somos parte de él y porque como sujetos activos tenemos una responsabilidad. La pregunta que debemos hacernos es si la Audiencia Nacional es el sujeto que marca nuestra memoria, nuestro relato, nuestra iniciativa, o si es la propia sociedad vasca la que tiene que escribirlo. ¿Cuándo va a dejar de marcar las vidas de la ciudadanía vasca? Si situamos el foco en la Audiencia Nacional desenfocamos la reflexión; nosotros siempre hemos situado el foco en nuestro pueblo, y a él nos hemos dirigido. La Audiencia Nacional no puede marcar la iniciativa de este país, aunque lo intente.

Hay quien ha criticado el acuerdo…

Nuestra reflexión la hemos hecho teniendo en cuenta dónde está la gran mayoría de la sociedad vasca. Y a partir de ahí, pensando en cómo contribuir a avanzar en términos de justicia, de solución y de futuro para este país. Cada cual es libre de plantear cualquier tipo de posición alejada de la mayoría social, pero nosotros no vamos a movernos. Cada uno que haga lo que quiera, pero nosotros nos preguntamos constantemente dónde está el sentir de la mayoría de la sociedad vasca, y creemos que está en la necesidad de superar los sufrimientos, de buscar soluciones y de apostar por el futuro. Y desde esa posición, la situación de las personas presas y exiliadas adquiere un respaldo mayoritario, se sitúa en la agenda y lo hace en clave de construcción de país. Apostar por la paz y la convivencia es una apuesta ganadora.

El juicio duró 25 minutos, pero el proceso ha durado seis años. ¿Cómo les ha afectado?

La criminalización, la represión, y las consecuencias de todo este tipo de procedimientos se dan desde el primer día. Condiciona toda tu perspectiva vital, y condiciona a tu entorno más cercano. En este colectivo hay 39 menores que se podían haber convertido en niños y niñas de la mochila, que podían entrar en la ruleta de la dispersión, de la cárcel, de visitar a sus padres y madres tras un cristal, y si como decía antes el reto que tenemos es que aquellos que sufren ahora dejen de hacerlo, contribuir a que otros menores estén igual no creemos que sea bueno.

Y luego, este pueblo está mirando al futuro, y nosotros somos parte del país y conectamos con él. Lo que nos tenemos que plantear es cuál es el legado que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Tendremos que dejar un legado de memoria integral, de reconocimiento del sufrimiento padecido por todos y todas, y un legado en el que cualquier iniciativa o ideario político pueda llevarse a cabo de forma democrática, para que esta sociedad aborde sus retos de la mejor forma posible.

Creo que las calles de Bilbo el sábado dijeron eso, dijeron algo que iba más allá del rechazo a este juicio; que los problemas que permanecen abiertos hay que solucionarlos. Y eso significa que hay que poner en marcha de forma urgente una agenda que aborde el regreso a casa de las personas presas y exiliadas, que toda iniciativa política, social e institucional debe estar encaminada a ello, y a la construcción de un futuro en el que las siguientes generaciones puedan materializar sus ansias de libertad de forma democrática.

Tenemos que profundizar en la activación social y en la búsqueda de elementos comunes, ya que esa forma de actuar conecta con Euskal Herria y construye un país mejor. Hoy el reto principal es vaciar las cárceles, es tiempo de vaciar las cárceles.

Sufrió hace quince años el juicio que abrió la lista de macrosumarios y ha vivido el último. ¿Qué balance hace de ellos?

De ahí ha salido mucho sufrimiento, pero no les ha valido para el objetivo que buscaban. La sociedad vasca ha superado esas estrategias represivas, con sufrimiento, pero las ha superado. A nivel personal, situarte otra vez ante esta realidad te lleva a un déjà vu permanente, es el día de la marmota. Quince años después estoy en el mismo lugar, siendo juzgado casi por el mismo tribunal, y en base a la misma tesis judicial y policial, el «todo es ETA». Esto enfatiza nuestra responsabilidad para que esta fase se supere. Pero la pregunta que tendría que hacerse otro tipo de instancias es: ¿Qué han conseguido con esto? Yo hoy tengo el mismo pensamiento político que tenía hace quince años, esas convicciones las tengo todavía firmes. Con todo lo que hemos sufrido, las ansias de libertad de este pueblo cada día están más asentadas.

En los últimos meses han recibido la solidaridad de muchísima gente, ¿dónde van a invertir todo ese respaldo?

Esa solidaridad existía antes de nuestro juicio y existirá después también. Nosotros hemos sido una especie de puente, pero no somos tan importantes. Este país tiene la capacidad de reaccionar social y políticamente para afrontar situaciones tan injustas como la que suponía este procedimiento judicial. Nuestra responsabilidad ahora es seguir trabajando para que la cuestión de las personas presas y exiliadas se resuelva, y para que esa activación social se mantenga de forma constante. Lo que hemos conseguido es que 47 personas sigamos contribuyendo a esa línea. Toda la solidaridad personal, política y económica la vamos a invertir en lograr que las personas presas y exiliadas regresen a casa.






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sábado, 14 de septiembre de 2019

Entrevista a Ainhoa Baglietto

Fue arrestada junto con otras 16 personas como parte de la redada bautizada como Operación Mate.

Hoy está a escasas horas de ser sentada en el banquillo de los acusados como parte del esperpento denominado macrosumario 11/13 con el que Madrid busca criminalizar la solidaridad para con los represaliados políticos vascos.

Ella fue responsable directa de que el TEDH sito en Estrasburgo derogara la Doctrina Parot.

Desde El Salto Diario traemos a ustedes esta entrevista:


Ainhoa Baglietto es una de las 47 imputadas del macrosumario 11/13, cuyo juicio arranca el lunes 16 de septiembre en la Audiencia Nacional. La fiscalía solicita penas de prisión que van desde los 8 a los 20 años.

Gessamí Forner

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el cual abandonó su carrera judicial entre 1995 y 2003 para ser nombrado director general de Justicia de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular de Eduardo Zaplana, instruyó el macrosumario 11/13, en el que imputó delitos de terrorismo a 47 personas del entorno del colectivo de presos de ETA (abogados, familiares y médicos). Ainhoa Baglietto es una de las 12 juristas acusadas en este juicio que arrancará el próximo lunes 16 de septiembre en la Audiencia Nacional.

¿Qué delito se te imputa?

Integración en banda armada.

Define como abogada ese delito.

Según los españoles, era integración todo lo que en su época sonara a vasco y a rebelión. En esa definición, que ha ido amoldándose a medida que se ha ido renovando el código penal, con un compendio de delitos dirigidos directamente contra las personas, ahora también incluyen a los catalanes. Es decir, es un delito personal, no objetivo.

¿Por qué es personal?

Si miramos uno de los artículos de terrorismo, vemos que no es lo mismo quemar un coche en Valencia que en Euskal Herria. Pasa de uno a tres años a veinte años de prisión.

Suenas a vasca y a independentista. ¿Eres culpable?

Según esa perspectiva, sí. Pero eso no puede ser delito.

¿Por qué crees que se te imputa?

Durante 20 años he sido abogada de personas que pertenecían al colectivo de presos. Y durante muchos años he denunciado lo que ocurría en la Audiencia Nacional, en otros tribunales y en comisarías. Por último, y sobre todo, diría que fui detenida en este procedimiento porque ETA había decidido dejar las armas y buscaban el aislamiento total y absoluto de los presos en un momento clave en el que estaban explorando distintas vías de resolver su camino en prisión. Había un debate sobre acogerse a grados y qué respuesta buscar, y decidieron dejarles solos. Para eso necesitaban detener a médicos, a abogados y a personas que indicaban que toda esta situación debía desbloquearse.

¿Recuerdas el día de tu detención?

Casualidades de la vida, eran las seis y media de la mañana y me estaba preparando para salir a correr. Me asomé al balcón para ver si llovía y en la esquina de la plaza vi luz y a varias personas. Pensé “ya están aquí”. Aún así, me preparé y salí a correr hasta Getaria. A la vuelta, cuando llegué a casa, vinieron a detenerme como los hombres de Harrelson. Lo siguiente que recuerdo fue en el Patrol de la Guardia Civil viendo el amanecer al pasar por las peñas de Aia, que es un monte muy especial, y pensar que sería lo último que vería de mi tierra en un tiempo.

Tras la detención, dejaste la abogacía.

Era una decisión que ya estaba tomada, había enfermado antes. Ser abogada ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho, pero también una de las más duras. Conoces a muchísima gente y situaciones que, desde fuera, no se ven. Durante muchos años, era un agujero por el que muchas personas han terminado condenadas sin defensa. Recuerdo a una compañera que, en el alegato final, dijo al juez que sentía que hablar con él era como hablar con una pared, que daba igual lo que ella dijera, que él haría lo que el fiscal mandara. Y dio su alegato de espaldas al juez.

ETA mató a tu tío en 1980 cuando era alcalde por UCD en Azkoitia. Tu familia es un caso típico de dicotomía política en Euskal Herria. 

Tengo amigas del PSOE, del PNV y familiares que se presentan en listas por el PP. En muchas ocasiones, el que la historia la escriban unos y no todos hace que haya bandos diferentes. Lo que pasó en Euskal Herria durante la dictadura marcó una situación de la que algunos no quieran escuchar hablar. Sin embargo, durante el franquismo era el PSOE el que quería hablar de independencia, no soy yo la que ha cambiado.

¿Cómo se construye la paz y la convivencia?

Escuchando a los demás y, sobre todo, con mucha libertad. Escuchando a los demás debes entender que, si alguien quiere ser libre, quién eres tú para negarle esa libertad. Hablando, entendiéndose y colocándose en el lugar de los demás. Hay mucho dolor y sufrimiento por todas partes, eso es así. Pero creo que se ha hablado mucho del sufrimiento de una parte, que es real, por supuesto, y muy poco de la otra. Creo que esto se arregla como se está arreglando y hablando en Errenteria, pero no con procedimientos como este. Y se arregla desactivando todas las medidas excepcionales y de guerra que se impusieron cuando ETA ejercía una actividad armada, como la aplicación de 30 o 50 años íntegros o el deber de pedir perdón, cuando eso no existe en cualquier delito para pedir la condicional, ni en pederastas.

Conseguiste tumbar la doctrina Parot. ¿Tu detención tiene tintes de venganza?

No lo achaco tanto a ello, para ellos podría ser. Fue algo importante que nos hizo creer que Europa iba a impartir más justicia. Por supuesto que les haría daño, pero no es casualidad que nos acusen de la época en que ETA deja su actividad armada. No nos acusan de épocas anteriores. Me acusan de ser de ETA en el momento en que ETA decide dejar las armas y de ayudarles a dejarlas.

¿En qué consistía tu trabajo?

Yo era abogada, nada más.

¿Qué relación hay entre el sumario 11/13 y el 18/98?

Que todo es ETA. Esperemos que no acabe como aquello. Mi delito y relato de hechos no es individual. El sumario no dice “Ainhoa hizo tal, el día tal y se encontró con tal”. A mí se me acusa de dar ruedas de prensa y de ser del colectivo que defiende a los presos de ETA.

¿Qué esperáis que ocurra en el juicio?

Distinguiría dos impresiones. Mi primera impresión es la jurídica, la segunda es la que tengo que pensar. La impresión jurídica es que no hay absolutamente nada. Que se me acuse de estar integrada en una organización armada que ha dejado las armas no tiene sentido. El sumario no tiene ni pies ni cabeza. Responde a un solo objetivo: dejar solos a los presos. Y por eso fuimos detenidos médicos, familiares y abogados. Arrestaron al amparo de su realidad con la calle, las personas que daban voz a lo que estaba ocurriendo en las prisiones, a por qué no se les daba el grado, por qué no se les daba la libertad condicional, por qué se les torturaba y por qué se les incomunicaba sistemáticamente. Y esto obedece al mismo modus operandi sistémico de detención, incomunicación, tortura y condenas de una época.

¿Cuál es tu segunda impresión?

Desde mi punto de vista personal, y como todo el mundo me recuerda, es la Audiencia Nacional quien me juzga y la Guardia Civil es la única prueba. Si siguen con la misma teoría del sumario 18/98, seremos condenados todos a la pena máxima que nos piden. De 8 a 20 años. A mí me piden 11.

¿Cómo os enfrentáis a ello emocionalmente?

Si quieres que te sea sincera, siempre he pensado que hay que ser fuerte porque siempre he estado en el otro lado de la barrera inculcando valor. Pero la verdad es que cuando te toca, es muy duro. Yo no tengo hijos, pero hay situaciones muy graves.

¿Sientes apoyo social?

Tengo amigos que irán a la manifestación de mañana en Bilbao y otros que no irán, pero su apoyo lo siento igual. Ha venido a hablarme muchísima gente, mucha no la esperaba, que ven lo injusto de la situación. A la hora de construir una verdadera situación de paz o de entendimiento el problema está, en muchas ocasiones, en los partidos políticos porque ponen muchos límites a lo que podemos construir la gente del pueblo.

¿Tienes Altsasu en la cabeza?

La tengo por dos cosas. Para recordar que es casi imposible una situación de justicia y para recordar todo el tiempo que llevan esos chavales en prisión. Pero como de ellos, también me acuerdo de los catalanes y de los 250 presos que siguen en prisión y deberían estar en libertad, en progresión de grados y muchísimos, en casa.






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martes, 3 de septiembre de 2019

¿El Último Macrojuicio?

Nuestro amigo Danilo Albin ha dado a conocer en Público este artículo en el que recalca algunos detalles del macrosumario 11/13 con el que Madrid busca criminalizar el amor de padres y madres por sus hijos e hijas víctimas del revanchismo institucional borbónico franquista.

Lean ustedes:


47 militantes abertzales, entre los que se encuentran abogados y familiares de presos, serán juzgados a partir del 16 de septiembre bajo la acusación de formar parte del “frente de cárceles”. Dos días antes habrá una movilización en Bilbao.

Danilo Albin

Amaia Izko, Jaione Karrera y Alfonso Zenón están acostumbrados a lidiar en los tribunales. Sin embargo, dentro de pocos días no lo harán como abogados defensores, sino como acusados de distintos delitos que podrían llevarles a prisión. “Está en juego nuestra libertad”, afirma Izko –quien además ejerce como concejala de EH Bildu en Pamplona– a las puertas de que comience el macrojuicio 11/13, en el que junto a estos tres letrados serán juzgadas otras 44 personas, señaladas como integrantes del “Frente de Cárceles” de ETA.

El día ya está marcado en rojo en el calendario de los acusados: a partir del próximo 16 de septiembre, las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares acogerán el macrojuicio contra representantes de distintos ámbitos. Hay abogados –entre ellos Arantza Zulueta, que permaneció encarcelada en régimen de aislamiento en la cárcel de Puerto III (Cádiz)–, pero también periodistas –es el caso de Beñat Zarrabeitia, trabajador de Gara–, psicólogos o integrantes de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA.

Todos ellos fueron detenidos en el marco de distintas actuaciones policiales –conocidas como “Jaque”, “Mate” y “Pastor“– realizadas tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Los operativos estuvieron dirigidos contra Herrira, una plataforma que pedía cambios en materia de política penitenciaria, así como contra los abogados que hicieron tareas de mediación para conseguir que el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) apostara por recorrer las vías legales o el grupo Jaiki Hadi, que trabaja en cuestiones relacionadas con el estado de salud de los reclusos.

"Dependencia orgánica"

La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce como acusación particular, reclaman penas de entre 8 y 20 años de prisión para cada uno de los encausados por “participación activa en organización terrorista”, delitos continuados de “enaltecimiento del terrorismo” y “financiación del terrorismo”. En total, las peticiones alcanzan los 601 años de cárcel.

En el auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco se basó en informes de la Guardia Civil para señalar que el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) en el que participaban los acusados era utilizado por ETA para “dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad” a la ya desaparecida organización terrorista. De hecho, el magistrado considera que los imputados son “plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines“ de la extinguida organización.

"Incertidumbre"

“Un tribunal como la Audiencia Nacional va a tomar una decisión sobre tu vida en poco tiempo. Eso supone incertidumbre”, sostiene Izko. Esta abogada y concejala de EH Bildu sostiene que este juicio supone una “fortísima criminalización” contra aquellas y aquellos que “trabajan por los presos”. Si bien asegura que “no es la primera vez que se criminaliza de esta manera ese trabajo”, Izko sostiene que este procedimiento tiene un “plus”: “se está hablando de que todo el movimiento de apoyo a los presos es ETA, cuando ETA ya no existe”.

Ahí está, precisamente, lo que los acusados señalan como el “mayor anacronismo y hándicap” que presenta el macrojuicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. “Las acusaciones siguen considerando que apoyar de cualquiera de las maneras al colectivo de presos es parte de la estrategia de ETA. La sociedad ve esto fuera de tiempo y lugar”, añade Izko.

“Trabajo público”

En ese marco, la plataforma de acusados ha denunciado que se trata de una causa judicial “nacida en las cloacas del Estado”, al tiempo que reivindican que su trabajo ha tenido un carácter “totalmente público” y que ha estado enfocado en “organizar movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos, cuidar su salud, defenderlos en juzgados, realizar intermediación”, así como dar pasos para “hacer frente a la dispersión”.

Son días agitados para todos ellos. Antes de partir a Madrid estarán en las calles de Bilbao, donde el próximo día 14 está convocada una manifestación. El juicio se extenderá hasta el 28 de noviembre.






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viernes, 12 de abril de 2019

Nuevo 18/98 en Septiembre

A ocho años de la apuesta por el proceso de paz unilateral, a dos años del desarme en Baiona y a un año de la desmovilización en Kanbo, se anuncia un nuevo macrosumario en contra de la solidaridad con los represaliados políticos vascos.

Esa es la España que hoy juzga a los catalanes por supuestamente haber agredido a los integrantes de los cuerpos policíacos el 1° de octubre de 2017.

Vuelve el Macrosumario 18/98. Ahora es el 11/13.


Les compartimos este artículo de Gara:


El 16 de setiembre comenzará en la Audiencia Nacional el juicio contra 47 ciudadanos vascos. Son abogados y personas que han participado en organizaciones como Herrira o Jaiki Hadi, creadas para defender los derechos humanos de los represaliados. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 20 y 11 años de prisión. En total suman 601 años de cárcel.

Ion Salgado

El 16 de setiembre comenzará un nuevo macrojuicio político en la Audiencia Nacional. 47 ciudadanos vascos se sentarán en el banquillo, acusados de formar parte del «frente de cárceles» de ETA. Se trata de abogados y otras personas vinculadas a organizaciones creadas para defender los derechos de los represaliados, como Herrira y Jaiki Hadi, detenidas entre los años 2013 y 2015 en tres operaciones denominadas “Jaque”, “Mate” y “Pastor”.

La Fiscalía solicita para ellas penas de entre 20 y 11 años de prisión por «participación activa en organización terrorista», delito «continuado de enaltecimiento del terrorismo» y «financiación de terrorismo». Fran Balda, integrante de Herrira que se enfrenta a una petición de 20 años y medio de prisión, está imputado además por un supuesto delito de «quebrantamiento de medida cautelar».

En un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación, los encausados denunciaron que «durante todos estos años hemos sido conscientes de que en cualquier momento nos veríamos ante un juicio. Esta situación ha condicionado nuestras vidas y también las de nuestro círculo más cercano», que, tal como remarcaron, vive con el temor de que sus seres queridos sean encarcelados por «organizar movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos, cuidar de la salud de los presos, defenderlos en los juzgados, realizar intermediación, ser familiares de presos y organizarnos para hacer frente a la dispersión». «Esas han sido las labores que hemos realizado y esos son los hechos que se van a juzgar», destacaron antes de advertir de que este nuevo macroproceso es «una aberración jurídica y social nacida en las cloacas del Estado».

«Nuestros trabajo ha sido público y ha tenido unos objetivos claros: que los derechos de los y las presas sean respetados, para consolidar de una vez una situación de paz y justicia en Euskal Herria», indicaron, y enmarcaron la situación de los represaliados vascos «en la terrible involución de derechos que se está dando a nivel mundial». «El caso de los jóvenes de Altsasu y lo que está ocurriendo en Catalunya nos demuestra hasta donde llegan la regresión y la persecución», manifiestan.

Un juicio «inaceptable»

Sare señaló que este juicio es «inaceptable». «En vez de avanzar en pro de la convivencia dando solución a la problemática de los y las presas vascas, este juicio camina en dirección contraria, creando más y más dolor. No vale más que para abrir nuevas heridas y seguir atando más y más nudos». Para LAB, «este pueblo necesita soluciones, no vías agotadas que solo traen más castigo, prisión, dolor y sufrimiento». En el banquillo estará su portavoz en Nafarroa, Imanol Karrera.


Y aquí el comentario editorial de Naiz:

Un macrojuicio que nadie entiende ni debe aceptar

Un nuevo macrojuicio político se anuncia para septiembre de este año. Esta vez serán juzgadas 47 personas para las que la Fiscalía solicita penas de prisión que van desde los 8 hasta los 20,5 años. Un castigo tremendo simplemente por haber realizado una labor relacionada con la defensa de los derechos de los presos políticos vascos. No hay más que ver quiénes son estas personas: abogados, médicos, activistas sociales, familiares de presos...

Se trata de la última macrocausa que se ha instruido al amparo de la doctrina de «todo es ETA». Durante los últimos veinte años, esa ha sido la excusa para atacar al independentismo vasco. Una tesis absurda desde el principio, pero se ha convertido en directamente delirante tras la desaparición de esa organización. No cabe olvidar que todas las detenciones de las personas procesadas en esta causa se produjeron después de que ETA anunciara el fin de su acción armada en 2011, lo que demuestra la voluntad de seguir recreando el pasado. Pero también conviene recordar que el Estado ha demostrado que, cuando hay no ya voluntad política sino puro sentido común, caben soluciones; la reforma del Código Penal que rebajó grados de condena para los «delitos menos graves» ha resuelto algunos de estos macroprocesos sin llenar más las cárceles.

Es evidente que este macrojuicio pretende, una vez más, castigar y criminalizar cualquier muestra de solidaridad con las y los prisioneros vascos. Pero a pesar del titánico esfuerzo que ha dedicado el Estado a esta tarea, los derechos de los presos se han convertido en una de las reivindicaciones más amplias y mayoritarias en la sociedad vasca. Las enormes movilizaciones que durante los últimos años han protagonizado estas demandas así lo atestiguan. También por este motivo, nadie en Euskal Herria entiende que se celebre este juicio anclado en caducos esquemas del pasado. Y todavía menos se entendería que este proceso terminase con nuevos encarcelamientos.






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jueves, 23 de junio de 2016

Archivan Caso Contra Hasier Arraiz

Buscaron el enroque, llevaron la partida hasta sus últimas consecuencias pero al final han recordado el fallo del TEDH en Estrasburgo a favor de Arnaldo Otegi cuando este declarase, con toda razón, que Juan Carlos Borbón y Franco era el jefe máximo de los torturadores al servicio del régimen español... ¿quién más si no él?

Les compartimos esta nota al respecto publicada en El Mundo:

El Tribunal Superior de Justicia vasco archiva la querella contra Arraiz por amenazas a la Guardia Civil

Considera que sus declaraciones en las que animaba a la sociedad vasca a dar "jaque mate" a este cuerpo de seguridad no tiene carácter delictivo

Sergio R. Viñas
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado el sobreseimiento de la querella contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por injurias y amenazas graves hacia la Guardia Civil. Arraiz llamó en su día a la sociedad vasca a dar "jaque mate" a este cuerpo de seguridad, expresión que el TSJPV considera que no tiene carácter delictivo, razón por la que ha decidido archivar la querella.

La sentencia es definitiva, no cabe recurso alguno, por lo que Arraiz no irá a juicio por este asunto. Hace algo más de un año el TSJPV decidió admitir a trámite una querella presentada por Dignidad y Justicia por supuestas injurias hacia la Guardia Civil, a la que también acusó de ser una "amenaza violenta" y un instrumento de un "Estado terrorista".

Ahora, el TSJPV ha decidido archivar el caso "por no tener carácter delictivo los hechos investigados". El auto, firmado por los magistrados Nekane Bolado, Francisco de Borja Iriarte y José Damián Iranzo, estima considera que Arraiz hizo uso de su libertad de expresión, "sin que quepa considerar estas manifestaciones como incitadoras de la violencia o relacionadas con el discurso del odio".

El Tribunal se apoya, entre otra jurisdicción, en el "Asunto Otegi", en referencia al juicio al secretario general de Sortu por afirmar que el Rey Juan Carlos I era el "jefe de los torturadores". El Tribunal de Derechos Humanos, en 2011, acabó condenando al Estado a indemnizar a Otegi por vulnerar su libertad de expresión.

El auto incide en que la libertad de expresión "goza de especial protección en lo que se refiere a los representantes políticos, a los que se debe otorgar el derecho a un componente de provocación". "Sólo la incitación a la violencia o el discurso del odio son límites aceptables" en el caso de los representantes públicos, insiste el auto.

El TSJPV entiende además que sancionar a Arraiz por este motivo supondría el riesgo "de perjudicar la pluralidad ideológica de nuestros sistema", ya que existe "una reclamación histórica de una parte de la sociedad vasca de que abandone el País Vasco". La "eventual coincidencia" entre las palabras del presidente de Sortu y "expresiones utilizadas" por ETA tampoco convierte las declaraciones en delictivas, según el auto.

También considera el Tribunal que las declaraciones de Arraiz eran "de indudable interés público, al menos para una parte sustancial de la sociedad" en el ámbito de la actuación política del entonces también parlamentario de EH Bildu, ya que hacían referencia a la detención de doce abogados supuestamente vinculados a ETA el 12 de enero de 2015.

El auto, no obstante, reprocha a Arraiz que haga unas declaraciones de esa índole, "evidentemente rechazables moral y socialmente", además de "reprobables e inapropiadas".






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miércoles, 25 de mayo de 2016

Extorsión Españolaza Contra Arraiz

Y mientras el independentismo vasco juega al ajedrez, desde los estamentos más retrógradas del régimen borbónico franquista insisten en mantenerse en el Juego de la Oca.

Aquí les presentamos esta nota con respecto a la saga de Hasier Arraiz y su jaque mate:

El Estado pide una multa de 16.200 euros a Arraiz por el «jaque mate» a la Guardia Civil

La Abogacía del Estado ha pedido una multa de 16.200 euros a Hasier Arraiz por pedir «jaque mate» a la Guardia Civil y que el Istituto Armado abandonase Euskal Herria. La solicitud de acusación apunta a un delito de «injurias graves» pese a que la Fiscalía pidió el «sobreseimiento libre».
La Abogacía del Estado ha pedido que se imponga al presidente de Sortu, Hasier Arraiz, una multa de 16.200 euros por decir que es el momento de dar «jaque mate» a la Guardia Civil y de que se vaya de Euskal Herria, pese a que la Fiscalía pidió el «sobreseimiento libre».

Esta solicitud figura en un escrito de acusación presentado por la Abogacía del Estado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en el que atribuye a Hasier Arraiz un delito de «injurias graves».

Este precepto señala que procede aplicar la circunstancia agravante si el delito de injurias graves se comete «por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad».

La Abogacía del Estado explica que Hasier Arraiz compareció ante los medios de comunicación a los que había convocado en ruedas de prensa el 12 y el 14 de enero de 2015. Subraya que Arraiz dijo: «El Estado español nos paga con venganza nuestro compromiso político a favor de Euskal Herria».

«El Estado español emplea una y otra vez la venganza contra Euskal Herria, estamos sin lugar a dudas frente a un Estado terrorista, ante un Estado quijote, que ve gigantes donde solo hay molinos, que ve terrorismo donde solo hay abogados y que en lugar de ver militantes políticos ve peligrosos criminales aunque nuestras únicas armas solo sean el bolígrafo y el papel», indicó Arraiz.

A lo que añádió que a aquella operación le dieron el nombre de Mate porque complementa a otra anterior que se llamaba Jaque. «Pues nosotros y nosotras decimos que es el momento de que este pueblo le dé Jaque Mate a la Guardia Civil, es el momento de que se vayan de Euskal Herria».

El TSJPV ya ha condenado este mismo mes a Hasier Arraiz a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público, que le ha supuesto dejar su escaño en el Parlamento de Gasteiz pero no su ingreso en prisión.





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viernes, 22 de abril de 2016

Nueva Salvajada Madrileña Contra Solidarixs

Sin importarle el panorama actual,el régimen borbónico franquista vuelve a hacer de las suyas castigando a diferentes colectivos solidarios con los represaliadxs políticxs vascxs.

Lean esta nota publicada en Naiz:

La AN procesa a 47 personas ligadas a la labor en defensa de los derechos de los presos

La Audiencia Nacional española ha procesado a 47 ciudadanos vascos por «integración» o «colaboración» con ETA, a los que acusa de formar parte del «frente de cárceles». Entre los procesados hay personas detenidas en redadas contra abogados, Herrira y Jaiki Hadi. El juez Eloy Velasco también ha dictado una euroorden de busca y captura para detener y encarcelar a Emilie Martin.
El juez Eloy Velasco ha dictado auto de procesamiento contra 47 ciudadanos vascos vinculados a la labor legal y social en defensa de los derechos de los prisioneros políticos vascos. A todos les acusa de formar parte de lo que denomina «frente de cárceles bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, entre ellos el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat». Les imputa «integración» o «colaboración» con ETA. Se trata de las personas arrestadas en las operaciones denominadas ‘Jaque’, ‘Mate’ y ‘Pastor’.

Entre los procesados están los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza –para quienes la Fiscalía pide 19 y 12 años de prisión–, Alfonso Zenon, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregi, Ainhoa Baglietto, Arantxa Aparicio, Onintza Ostolaza, Aiert Larrarte, Ane Ituiño, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Karrera y Atxarte Salvador, arrestados en enero de 2015. De esa misma redada procesa a Fran Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín.

También han sido encausados José Luis Campo, Asier Aranguren, Aitziber Sagarminaga, Egoitz López de Lacalle, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Naia Zuriarrain, detenidos junto a Enparantza y Zulueta en la operación contra los mediadores de EPPK en enero de 2014.

Amaia Esnal, Eneko Ibarguren, Ekain Zubizarreta, Robeto Noval, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Oscar Sanchez, Gorka González, Jon Garai, Sergio Labayen, Manu Ugartemendia, Eneko Villegas, Nagore García, Jesús Mari Aldunberri, Beñat Zarrabeitia, Ane Zelaia, Imanol Karrera son los procesados detenidos en la redada contra Herrira en setiembre de 2013.

El juez, además, cursa una euroorden al Estado francés para la busca y captura e ingreso en prisión de Emilie Martin «por su liderazgo en Herrira».

Fernando Arburua y Oihana Barrios, –integrantes de Jaiki Hadi–, Izaskun Abaigar y Nagore López de Luzuriaga –de Etxerat–, todos detenidos en marzo de 2015, completan la lista de Velasco.

Citados el 9 y 10 de mayo

El juez les cita a declarar en la Audiencia Nacional el 9 y 10 de mayo.

En su auto, el magistrado también se refiere al senador y abogado Iñaki Goioaga, cuyo procesamiento por el Tribunal Supremo se ha conocido hoy mismo.

De forma paralela al auto de procesamiento, Velasco ha abierto una pieza separada para investigar «posibles delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda y contra los derechos de los trabajadores».





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martes, 22 de marzo de 2016

No Olvidemos a Arantza Zulueta

Con respecto al caso de la abogada y represaliada política vasca Arantza Zulueta, les damos a conocer esta información publicada en la página de Abokatuak:

Alfonso Zenon | Abogado
Informe sobre la situación de la abogada vasca Arantza Zulueta
Arantza Zulueta es Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, en ejercicio desde el año 1991, habiendo desarrollado su trabajo sobre todo en el ámbito de la Audiencia Nacional. En los últimos años pertenecía al Grupo de Mediadores del EPPK (Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos). Este grupo estaba formado por personas que anteriormente habían estado en prisión ya sea de manera provisional o cumpliendo sus condenas. Además, nace en un contexto político nuevo, un escenario en el que ETA desde el año 2011 declaró el cese definitivo de su accionar armado.

Desde su nacimiento el Grupo de Mediadores había venido realizando una labor absolutamente pública teniendo relación con decenas de agentes sociales, políticos y sindicales, al objeto de facilitar la comunicación y participación del EPPK con el resto de agentes sociales y políticos, difundir los análisis del Colectivo de presos y poder estar presente en distintos foros o encuentros, como el Foro Social, siempre de cara a la consecución de la resolución del conflicto vivido en Euskal Herria, que permita superar las consecuencias generadas por el mismo, entre las que se encuentra la situación de los propios presos.

El EPPK en su Declaración pública de junio de 2012 consideró el Acuerdo de Gernika (2010) referencia principal de cara a la resolución integral del conflicto. Posteriomente en su Declaración de diciembre de 2013 muestra su compromiso con el nuevo escenario abierto tras el cese de la lucha armada de ETA y se compromete a utilizar vías y metodos políticos y democráticos; también añade la posibilidad de aceptar los cauces legales de forma individualizada dentro de un plan de actuación global que facilite su vuelta a casa.

1.-Procedimiento ante el Juzgado Central de Instrucción nº6: situación de prisión provisional.

La abogada Arantza Zulueta fue detenida, junto a otras 7 personas, el 8 de enero de 2014 y, tras prorrogarse su detención hasta los 5 días, fue decretada su prisión provisional por Auto de fecha 13 de enero de 2014, todo ello ordenado por el juez D. Eloy Velasco Núñez, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en el marco del Sumario 11/2013.

En este procedimiento que instruye D. Eloy Velasco se investiga la presunta pertenencia de los referidos abogados al “KT” (Koordinazio Taldea), órgano del que se valdría ETA para controlar a los presos y presas del EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos) y garantizar su “concienciación y homogeneidad ideológica”.

El 12 de enero de 2015, en el marco de este procedimiento, se procedió a la detención de otras 15 personas, entre ellas 12 abogados compañeros de la anterior, entre los cuales se encuentra el firmante de este informe, a quienes se imputa varios delitos de integración en organización terrorista, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Para estos 12 abogados/as fue decretada la libertad con medidas cautelares sin la imposición de fianza alguna.

Pese a haberse solicitado su libertad en varias ocasiones, la misma es rechazada sistemáticamente por el Juzgado Instructor, habiendo transcurrido ya más de 2 años y dos meses desde que ingresó en prisión. El pasado 11 de marzo se acordó por el Juez Instructor la libertad bajo fianza de 20.000 euros del abogado Jon Enparantza, que al igual que Arantza Zulueta, se encontraba en prisión.

En la actualidad, de 46 personas investigadas en el procedimiento penal, es la única que continúa en prisión.

Por parte de la Sección Segunda de la Sala de lo penal, órgano superior encargado de resolver las apelaciones, también ha sido rechazada su libertad en varias ocasiones. En este sentido, hemos de destacar el Voto Particular emitido por el Magistrado D. José Ricardo de Prada Solaesa en relación con el Auto de 12 de diciembre de 2014 desestimatorio del recurso de apelación contra Auto que desestimaba la libertad de la Sra. Zulueta. En opinión de este Magistrado es desproporcionado mantener la situación de prisión de la Sra. Zulueta pues considera que no existe peligro de fuga alguno y que el posible peligro de reiteración delictiva podría ser evitado con el establecimiento de alguna medida de prohibición de visitar a presos en las prisiones o similar. Además, este Magistrado expresa sus serias dudas respecto de la consideración como delito de los hechos que se imputan a la Sra. Zulueta. Así señala que:

“Se me plantean serias dudas respecto de la consideración penal de la conducta que se imputa a la recurrente. Su actividad referida a presos de la organización terrorista ETA, en un claro contexto de cese de actividad terrorista real y aparentemente irreversible existente desde hace más de tres años, y que concretaría en la coordinación y búsqueda de soluciones políticas a su situación jurídica de presos penados de larga duración, en un paradigma político-social transformativo, difícilmente admite ser penalmente reprochable. Se da una constatada ausencia de actividad terrorista y únicamente permanece una organización en tránsito hacia su definitivo desarme, disolución y definitiva desaparición, por lo que incluso es difícil identificar el contenido del injusto de la conducta imputada a la recurrente. Su relación con la organización, con ciertamente una inmensa potencial peligrosidad, predicable de ella en otros momentos, pero que se encuentra en estos momentos controlada y sumamente mermada, y respecto de la que su actividad no se dirigiría a su activación o potenciación de la actividad terrorista característica, sino por el contrario únicamente a “la búsqueda de soluciones para la situación de los presos”, aunque pueda serlos desde planteamientos política o jurídicamente inasumibles, me hace plantearme muy serias dudas sobre la consideración de esta conducta como delictiva, lo que en todo caso debería pesar y ser tenido en cuenta como elemento a valorar en la adopción o mantenimiento de cualquier medida cautelar y más dada la duración en el tiempo de la que se recurre.”

2- Procedimiento en el Juzgado Central de Instrucción nº3.

Anteriormente, en el marco de otro procedimiento, el Sumario 10/2013 del Juzgado Central de Instrucción nº 3, la Sra. Zulueta fue detenida en dos ocasiones, el 14 de abril de 2010, junto al Sr. Enparantza, y el 14 de julio de 2011. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminó que procedía la libertad provisional de la Sra. Zulueta (por dos ocasiones) y del Sr. Enparantza.

En este primer procedimiento, la Sra. Zulueta estuvo casi 10 meses en prisión provisional, siendo que en la actualidad se encuentra procesada por Auto de fecha 30 de junio de 2014, manteniéndose la situación de libertad provisional en la que se encontraba (habiendo prestado una fianza dineraria, con la obligación de comparecer en el juzgado más cercano a su domicilio y con prohibición de abandonar el territorio nacional).

Pues bien, en este primer procedimiento se le imputan los mismos hechos y el mismo delito que en el procedimiento por el que se encuentra en prisión pues en el Auto de Procesamiento se dice que Arantza es quién “por orden de la dirección de ETA, controla al “colectivo de abogados”, siendo su máxima responsable.” “Dicho colectivo de abogados tenía por misión fundamental controlar a los presos de la banda para que se mantuvieran fieles a la organización, de tal manera que mediante las visitas de los abogados a las prisiones (“rondas” en el argot de ETA), los letrados conocían el pensamiento y estado de los presos y se lo hacía llegar a la dirección de ETA.”

Y así coexisten dos procedimientos por hechos idénticos, aunque se pretenda diferenciarlos en el tiempo, lo cual presenta una alta dificultad si tenemos en cuenta que en el Auto de Procesamiento dictado en el Sumario 10/2013 del JCI nº3 se procesa a la abogada por los hechos ya mencionados de forma continuada “al menos desde el año 1999 hasta la fecha”, siendo la fecha del mencionado auto el 30 de junio de 2014.

Es más que evidente que, con toda seguridad, uno de los dos procedimientos (el presente por que se encuentra en prisión o el primer procedimiento – el del JCI nº3- ) está abocado al sobreseimiento en virtud del principio “non bis in ídem”, pero mientras tanto, la Sra. Zulueta está sujeta a dos procedimientos penales bajo la misma acusación. Y mientras en uno se encuentra en libertad bajo fianza en el otro se le mantiene en prisión.

Además, resultaría que, entre uno y otro procedimiento, habría cumplido ya 3 años de prisión provisional por el mismo delito, aun cuando fuera en distintos procedimientos.

3.- Imputaciones falsas (sin base probatoria alguna).

Como se ha dicho anteriormente, en el Auto de 12 de enero de 2015 se imputa a la abogada (y al resto de compañeros) un delito de integración en organización terrorista (al estar integrados en el llamado “Colectivo de Abogados-BL” que dependería de ETA) y de dos delitos de fraude fiscal y dos de blanqueo de capitales en base a los siguientes argumentos que se recogen en el Auto:

“Por otro lado, en lo que respecta a la financiación del “Colectivo de Abogados-BL”, sería la organización Herrira la encargada de la misma mediante la sufragación de la asistencia jurídica de los miembros del EPPK. El valor de estos servicios prestados por el “Colectivo de Abogados-BL” ascendería a las cantidades de 766.112,76 euros en el año 2012 y 792.200 euros en el año 2013, de cuyos ingresos no se tiene constancia en la Hacienda Pública. Los miembros del “Colectivo de Abogados-BL” habrían defraudado un total de 270.336,074 euros en concepto de cuota de IVA, motivo por el que serían presuntamente responsables de la comisión de dos delitos fiscales, correspondientes cada uno de ellos con los años 2012 y 2013.

Se infiere de lo anterior que los miembros del colectivo “BL”, además de ser los presuntos responsables de la comisión de dos delitos fiscales en relación a las cuotas del impuesto sobre el valor añadido defraudadas en los años 2012 y 2013, serían asimismo presuntos responsables de dos delitos de blanqueo de capitales al haber adquirido, poseído, utilizado y convertido las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública a sabiendas de que las mismas procedían de un delito contra la misma.”

El Juez afirma en su resolución que en la Hacienda pública no se tiene constancia de ingreso alguno declarado por los abogados, es decir, habrían declarado tener ingresos cero provenientes de sus actividades económicas como abogados.

Pero nada más lejos de la realicad. La Sra. Zulueta ejerce la abogacía de forma colectiva, junto el resto de abogados también imputados, salvo uno de ellos, Sra. Salvador, que lo hace de manera individual. En concreto bajo la forma de sociedades cooperativas, Larrun Abokatuak Koop. E. (CIF F95355707) y Noain Abokatuak Koop. E. (CIF 20897781), y de sociedad irregular, Zugarrondo Abokatuak S.I. (CIF 71054803).

Y en los ejercicios 2012 y 2013 han presentado ante las Haciendas correspondientes las declaraciones de IVA y demás conceptos tributarios a que se encuentran obligados, habiendo ingresado en las arcas públicas en concepto de IVA las cantidades que a continuación se desglosan:

Larrun Abokatuak Koop. E. (CIF F95355707):

    IVA 2012: 22.045,31 euros

    IVA 2013: 23.791,57 euros

Noain Abokatuak Koop. E. (CIF 20897781):

    IVA 2012: 24.628,40 euros

    IVA 2013: 30.817,97 euros

Zugarrondo Abokatuak S.I. (CIF 71054803):

    IVA 2012: 12.074,04 euros

    IVA 2013: 11.291,01 euros

Atxarte Salvador Navarro (NIF 14611098-A):

    IVA 2012: 4.083,49 euros

    IVA 2013: 3.877,80 euros

Los abogados y las sociedades mercantiles en cuyo seno ejercen su actividad profesional han presentado en las distintas Hacienda Forales las declaraciones fiscales correspondientes y se encuentran al corriente del pago de sus obligaciones tributarias.

Así, la Sra. Zulueta, junto al resto de sus compañeros, habrían ingresado en las distintas Haciendas Forales cantidades que ascienden a 62.831,24 euros en el ejercicio 2012 y 69.778,35 euros en el ejercicio 2013, con lo cual es absolutamente falso que, ni siquiera de forma conjunta, se haya alcanzado la cantidad de 120.000 eros que marca el tipo penal para que tenga consideración delictiva un posible fraude fiscal.

No existe fraude fiscal, y, por consiguiente, tampoco blanqueo de capitales.

La imputación es radicalmente falsa, tal y como queda demostrado con las declaraciones de IVA realizadas y aportadas en el procedimiento, y se imputa, sin sustento indiciario alguno, graves delitos fiscales y de blanqueo de capitales y además se produce en unión de unas detenciones en el marco de una operación policial de gran repercusión social y mediática, que afecta indudablemente a la reputación profesional y personal de los abogados.

4.- Procedimiento contra el abogado y Senador Iñaki Goioaga ante el Tribunal Supremo.

El también abogado Iñaki Goioaga, dada su calidad de aforado, tiene abierto un procedimiento ante el Tribunal Supremo con las mismas imputaciones que el resto de abogados.

El 3 de diciembre de 2015 prestó declaración como imputado, a instancia suya y de forma voluntaria, y tras ser interrogado por su actividad profesional jurídica para con los presos y presas vascas no ha sido acordada medida cautelar alguna respecto del mismo.

Es de destacar que no se le hizo por parte del Magistrado instructor pregunta alguna en referencia a los posibles delitos contra la Hacienda y de blanqueo de capitales.

Recientemente se ha otorgado por el Senado el suplicatorió para poder procesar al Sr. Goioaga, pero, únicamente, por presunto delito de integración o colaboración con organización terrorista. Mientras tanto se mantiene en prisión a Arantza bajo imputaciones de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

5.- Vulneración del derecho a la igualdad y a la libertad de los art. 14 y 17 de la CE y art. 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ha de valorarse la eficacia de otras medidas alternativas a la prisión de menos intensidad que aquella y que servirían igualmente para conjurar los riesgos constitucionalmente relevantes. El art. 502.2 LECrm. señala que la prisión provisional sólo se acordará “cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

Porque, además, en el mismo procedimiento y respecto de otras 4 personas imputadas por el mismo delito de integración en organización terrorista y además por otros delitos como el de financiación de terrorismo del art. 576 bis CP y enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP, se dictó por Auto de 3 de octubre de 2013 su prisión eludible con fianza de 20.000 euros.

También en el mismo procedimiento y respecto de otras 10 personas, imputadas por los mismos delitos que los anteriormente mencionados, se dictó Auto de 3 de octubre de 2013 decretando su libertad provisional con la obligación de:

-Prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado.

– Obligación de comparecer ante la Sede Judicial en el sentido de que deberá firmar en el Juzgado más cercano a su domicilio todos los días 1 y 15 de cada mes.

– Obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde el imputado pueda ser localizado en cualquier momento, con la obligación de fijar domicilio comunicando cualquier cambio de residencia.

– Prohibición de participar en el control de presos de ETA y en organización de actos de enaltecimiento a presos de ETA.

Respecto de otras 6 personas que fueron detenidas junto a la abogada, en febrero y marzo de 2015 se impuso fianza para eludir la prisión provisional pues se decía por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal en Auto de 27 de febrero de 2015 lo siguiente:

“Pero el tiempo transcurrido aconseja que la prisión provisional sea transformada en una prisión condicional bajo fianza; la gravedad de los hechos imputados y la pena que le puede recaer en el futuro, más de seis años de prisión, sigue manteniendo un alto riesgo de fuga que solo puede ser conjurado con la prestación de una fianza.”

“En este ámbito también existe un cierto riesgo de continuidad delictiva por parte del recurrente que hay que neutralizar mediante la adopción de una serie de prohibiciones que limiten la posibilidad de esta reiteración.”

No se encuentra explicación lógica sobre la razón de este trato desigual en el mismo procedimiento, más aún cuando se trata de personas, algunas, a las que se les imputa varios delitos más que a mis dos compañeros.

Además, desde el punto de vista del riesgo de reiteración delictiva, todas estas personas que se encuentran en libertad han sido anteriormente condenadas por delitos de terrorismo, y en cambio no se predica de ellas ese riesgo, y si respecto de mis compañeros cuando nunca han sido juzgados ni condenados y les ampara el derecho a la presunción de inocencia.

Por último, señalar que para los 12 abogados/as que se detuvo en enero de 2015, a quienes se imputa delito de integración en organización terrorista y delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, fue decretada la libertad con medidas cautelares sin la imposición de fianza alguna.

El tambien abogado Jon Enparantza ha sido puesto en libertad bajo fianza el pasado 11 de marzo de 2016.

No se entiende porque no se aplica el mismo criterio respecto de esta abogada. Sin duda alguna, con este proceder se estaría vulnerando el Derecho a la Igualdad contemplado en el art. 14 de la Constitución Española.

De las 46 personas que han sido detenidas e imputadas en el procedimiento que nos ocupa, hoy en día, únicamente Arantza Zulueta continúa en prisión.

6.-Situación de aislamiento extermo en el Centro Penitenciario Puerto III, en Puerto de Santa María (Cádiz).

El pasado 6 de Junio de 2015 Arantza Zulueta fue nuevamente trasladada desde la prisión de Estremera, donde se encontraba, a la de Puerto III, directamente al Módulo de Aislamiento.

Zulueta ha estado en situación de aislamiento durante los más de dos años y 2 meses que lleva en prisión.

El régimen de vida al que se ve sometida supone no tener derecho a ninguna actividad, salir a un patio de reducidas dimensiones y cerrado en su parte superior durante 4 horas al día sola, sin la compañía de ningúna otra presa. Tiene limitados los efectos que puede tener en su celda, efectos de limpieza, higiene personal, ropa o libros. No tiene contacto con ningún otro preso.

En estos módulos especiales o de aislamiento el cacheo corporal por palpación es automático cada vez que el preso sale de la celda y son continuos los registros en la celda, registros que terminan con los pocos efectos que uno tiene por el suelo.

A esto hay que añadir, en el caso de Zulueta, el ruido continuo y atronador de motores que hay en la galería de mujeres del módulo de aislamiento de Puerto III, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Estas condiciones de vida en absoluto se ajustan al régimen que le ha aplicado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: art. 10 LOGP y 91.2 del RP y 94 RP. De acuerdo a los artículos señalados la medida de aislamiento debe ser excepcional, y en este caso se está convirtiendo en normal por lo prolongado en el tiempo en régimen de aislamiento.

El art. 91 RP realiza una distinción entre módulos de régimen cerrado y módulos de aislamiento, y de acuerdo a su apartado dos, aplicado al caso de ambos, les correspondería un módulo de régimen cerrado, pero no un módulo especial o de aislamiento, o en su caso, aun estando en un módulo de aislamiento las condiciones debieran de ser de un módulo cerrado pero no de aislamiento.

Además de acuerdo al art. 94, debería disfrutar de vida en común y poder participar en actividades tres horas a la semana que se sumarían a las cuatro de vida en común, y al menos las actividades se deberían realizar con un mínimo de 5 internos.

La realidad es bien distinta ya que la aogada está recluida en un Módulo de Aislamiento en donde no se dan las condiciones de un régimen cerrado, no existe sala común, no hay actividades culturales o deportivas programadas y no existe vida en común alguna. En el módulo de aislamiento donde se encuentran no está destinado ningún otro preso o presa ya que únicamente se utiliza para cumplir sanciones.

En definitiva, se incumple el régimen penitenciario que se le ha impuesto.

La severidad de sus condiciones de encarcelamiento supone un maltrato continuado a lo largo de los más de 2 años de estancia en distintos centros penitenciarios, ya que desde su ingreso en prisión sufre unas condiciones de aislamiento alarmantemente severas.

El caso se ha puesto en conocimiento del Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del la ONU.

En Bilbao, marzo de 2016.



No olvidar tampoco que Hasier Arraiz también ha sido hostigado por sus declaraciones tras lo que las fuerzas represivas del régimen español llamaron "Operación Mate".







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miércoles, 17 de febrero de 2016

El Jaque Mate a la Libertad de Expresión


¿Están enterados de la pueril acusación en contra de Hasier Arraiz?

¿Les importará de enterarse?

Aquí les compartimos esta nota publicada en Naiz:

Hasier Arraiz declara acusado de «amenazas» a la Guardia Civil tras la operación ‘Mate’
Hasier Arraiz ha acudido a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la CAV acusado de «amenazas» a la Guardia Civil tras la operación ‘Mate’ de enero de 2014 en la que fueron arrestados 16 ciudadanos vascos. Entonces, Arraiz afirmó que era hora de «dar jaque-mate a la Guardia Civil». Decenas de personas le han arropado a su llegada con carteles que reclamaban «libertad de expresión».

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz ha acudido esta mañana a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la CAV, en Bilbo, por las declaraciones realizadas en enero de 2014 tras la operación ‘Mate’, en la que la Guardia Civil detuvo a 16 ciudadanos vascos, entre ellos 12 abogados.

Harraiz está acusado de «amenazas» por señalar que era hora de «dar jaque mate a la Guardia Civil». Junto a él, han estado varios miembros de Sortu, que han realizado una concentración frente al juzgado, con el fin de mostrarle apoyo y con carteles que reclamaban «libertad de expresión».

En una nota, la formación abertzale ha denunciado que «los estamentos policiales y judiciales atacan a la disidencia política» con juicios como este. Así, ha subrayado que la Audiencia Nacional española es «un instrumento de excepción».







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martes, 17 de noviembre de 2015

Querella contra Eloy Velasco

"Jueces" como Baltasar Garzón, Fernando Grande Marlaska, Ángela Murrillo o el citado Eloy Velasco son la mejor prueba de la corrupción y podredumbre del régimen borbónico franquista, también son prueba de la impunidad con la que se desenvuelven quienes son puestos a cargo de la estrategia de hostigamiento en contra de la sociedad vasca.

Cualquiera que haya dado seguimiento a los abusos cometidos por estos y otros "jueces" podrá constatar que de hecho reciben un auténtico cheque en blanco en el momento en que son reclutados para sus labores de sabotaje en la ZEN.

Se necesita ser o tonto o cómplice para no entender que los poderes judicial y legislativo están sometidos a los designios del ejecutivo, tanto más cuando se trata de criminalizar la vida diaria de la ciudadanía vasca.

Lean esta nota publicada en la página de EiTB:

Abogados de presos vascos presentan una querella contra Eloy Velasco

Le acusan prevaricar por imputar un fraude de 270 mil euros de IVA a catorce letrados detenidos en el marco de las operaciones Jake y Mate. Además, denuncian detención ilegal.
Los abogados de presos vascos imputados en la causa abierta en la Audiencia Nacional han presentado una querella criminal contra el juez Eloy Velasco por prevaricación, ya que, según aseguran, les imputa "delitos inexistentes" de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, denuncian "detención ilegal".

La querella contra Velasco fue presentada ante el Tribunal Supremo el pasado 22 de octubre, según han anunciado en una rueda de prensa celebrada en Bilbao los letrados Jone Goirizelaia y Alfonso Zenon, que han explicado que "ya tiene juez instructor" designado, que ha dado traslado al fiscal, y se está a la espera de la resolución.

Goirizelaia y Zenon han explicado que, en la querella contra Velasco, se acusa al juez de un delito de prevaricación porque imputa a los acusados "una serie de delitos totalmente inexistentes". El juez les acusa un fraude de 270.000 euros de IVA, correspondiente a 2012 y 2013, a los catorce letrados detenidos en el marco de las operaciones Jake y Mate. Sin embargo, Goirizelaia y Zenon afirman que los abogados no adeudan nada y que tienen al día el IVA y sus contribuciones. Es más, Jone Goirizelaia afirma que las declaraciones del IVA y de los Impuestos de Sociedades de los abogados imputados han sido entregados a la Guardia Civil y al juzgado, pero que ni siquiera las han mirado.

Por otra parte, han solicitado una prueba ante el Tribunal Supremo, piden que las propias haciendas vascas envíen informes que avalan que no existe delito alguno.

También aluden "detención ilegal" que, a su entender, se produjo, puesto que los abogados "estaban a disposición de la Justicia, habían comparecido en el procedimiento y planteado que iban a comparecer en cualquier momento que fueran llamados", por lo que "no había ninguna necesidad de detención" en función de la legislación vigente.

En el marco de las operaciones Jake y Mate catorce letrados fueron detenidos. Doce de esos abogados están en libertad, pero con medidas cautelares. Arantza Zulueta y Jon Enparantza, por su parte, se encuentran desde hace dos años en prisión incomunicada.




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