Fallece la Garzonesca Murillo

Justo en el día en el que en Euskal Herria se conmemora el Día Contra la Tortura, ha fallecido uno de los pilares de la represión más brutal desde el ámbito judicial en contra del pueblo vasco, Ángela Murillo.

Fiel a la escuela del 'todo es ETA' de Baltasar Garzón, Murillo protagonizó algunas de las acciones más grotescas y aberrantes que puedan ocurrir en un juzgado.

Aquí lo que nos informa Naiz:

Fallece la jueza Ángela Murillo, protagonista de varios juicios contra la izquierda abertzale

La magistrada Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 1993, ha fallecido a los 74 años de edad. Protagonizó algunos de los juicios más mediáticos de los últimos años y, entre ellos, varios de casos de persecución de la izquierda abertzale.

La magistrada Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 1993, ha fallecido este viernes a los 74 años de edad.

Ángela Murillo, jubilada desde septiembre de 2024, pasó 31 años a este tribunal, protagonizando algunos de los juicios más mediáticos de los últimos años, como el caso Nécora, los de las tarjetas black o la salida a bolsa de Bankia o la célula de Al-Qaeda en el Estado español.

Al jubilarse hace algo más de dos años, confesaba que el de Bankia era el que mejor recuerdo le había dejado pero en Euskal Herria dejó en la memoria varios casos de persecución a la izquierda abertzale.

Uno de los más conocidos fue cuando le respondió «por mí como si bebe vino» a la abogada Jone Goirizelaia cuando le preguntó si su defendido, Arnaldo Otegi, podía beber agua, ya que se encontraba en huelga de hambre.

Esta actitud de Murillo supuso que el Tribunal de Estrasburgo anulase la condena por el «caso Bateragune», al estimar que la jueza no garantizó la imparcialidad necesaria ya que el Supremo, al revisar un juicio anterior contra él por «enaltecimiento del terrorismo», consideró que la magistrada prejuzgó a Otegi al preguntarle si «condenaba rotundamente la violencia».

Se encargó también del macro juicio 18/98 contra militantes de la izquierda abertzale, donde mostró su desprecio a los encausados vascos, como recogió Iker Bizkarguenaga, quien siguió de primera mano el macrojuicio del 18/98.

Murillo también fue la encargada de presidir la vista del sumario 13/13, dirigido contra la asistencia de abogados a presos vascos. Este juicio estuvo marcado por la denuncia de irregularidades en el procedimiento. Pese a ello optó por continuar con la vista.

«Mítines, aquí no», les soltó a dos anarquistas chilenos acusados de atentar contra la basílica del Pilar de Zaragoza.

En el juicio por el atentado mortal de ETA contra el edil de UPN de Leitza José Javier Múgica, la juez Murillo llamó directamente «cabrones» a los enjuiciados Xabier García Gaztelu, Oskar Zelarain, Andoni Otegi y Juan Carlos Besance.

Agencias españolas han descrito este hostigamiento en los obituarios como «fruto de su espontaneidad», su «gracejo extremeño» y su «carácter campechano» que «creaba un ambiente relajado en sala».

Cuando se jubiló, aseguró que no le da pena irse y que sentía la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho siempre lo que «le dio la gana», y se jactó de no haber recibido nunca presiones de ningún tipo,

Pionera en la carrera judicial, fue la primera en presidir, en 2008, una sección de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cuarta, que abandonó en septiembre de 2024 al jubilarse tras emitir sus últimas resoluciones.

Una de ellas dirigida a enmendar la primera sentencia del caso Tándem, referido a los negocios de espionaje de Villarejo.

 

 

 

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Curar el Sufrimiento

Desde Gara traemos a ustedes la traducción de este reportaje centrado en un colectivo muy particular que año con año participa en la movilización anual de enero por la calles de Bilbo en solidaridad con los presos políticos vascos; sus hijas e hijos, a su vez represaliados políticos y víctimas de las políticas penitenciarias de excepción que se han aplicado a sus madres y a sus padres como parte de una estrategia diseñada por el estado español para infligir el mayo daño posible a la sociedad vasca.

Recuerden, esos jóvenes vivieron sus infancias sometidos a las inclemencias causadas por medidas como la dispersión, el aislamiento, la ampliación de las penas y la negativa a la concesión de segundo y tercer grado, etcétera.

Vaya, hasta la prohibición de hablar euskera durante sus visitas a los centros penitenciarios.

Adelante con la lectura:

Volver a casa para cerrar el ciclo del sufrimiento, la demanda de los más jóvenes

Los jóvenes nacidos en torno al año 2000 siguen sufriendo las consecuencias del conflicto y las siguientes generaciones se movilizaron ayer en Bilbao para no sufrirlas. “No se puede alargar más”, lo tienen claro, y para ello consideran necesario acabar con la legislación de excepción, que todos vuelvan a casa y que ellos mismos cuenten lo ocurrido.

Iraitz Mateo Gogorza

Conocen bien la calle Autonomía de Bilbao Eztizen Artola Iturrate, Amaiur Iragi Viso y Peru Del Hoyo Sánchez. Recuerdan a la gente, el frío, los aplausos, las pegatinas, los familiares, los ojos mojados y los rayos de luz. No recuerdan cuándo acudieron por primera vez a la movilización de enero en favor de los presos y exiliados vascos, pero saben que fue «muy niño». Cuando empezó el año pasado le preguntaba a su madre, nerviosa: «¿ Vendrá la gente? ¿Cuántos autobuses vendrán ?». La propia movilización se ha sentido “compañera de viaje”, ya que el calor de la gente ha sido grande todos los años. Artola también tiene recogidas entre sus recuerdos de infancia las concentraciones de Etxerat que celebraban todos los martes en el Arriaga, y Del Hoyo también tiene solidaridad y apoyo desde la infancia, ya que su padre ingresó en prisión cuando él tenía mes y medio.

Desde niños han sido niños con mochila y conocen bien los achaques provocados por la legislación de excepción, las prisiones, los viajes y el nerviosismo y la fuerza que les ha dado la cita anual en Bilbao. “No se puede alargar más”. Ese ha sido el lema y la exigencia de este año, los tres jóvenes se suman totalmente al clamor. Están convencidos de que su generación debe ser la última en sufrir estas consecuencias. Porque ya se ha alargado demasiado, y no, no se puede alargar más. Pero, a la verdad, les cuesta mucho imaginar la “solución”, dibujar el día en que puede existir una verdadera paz, aunque enumeran los pasos a seguir inexorablemente.

“Los niños con mochila hemos sufrido en carne y hueso el hambre de venganza de los estados español y francés desde el momento en que nacimos y sabemos para qué son capaces. Cuando hablamos de solución, además, yo no hablo sólo de una Euskal Herria sin presos, exiliados y deportados políticos, yo hablo de una Euskal Herria libre ", ha explicado Artola. Y Iragi añade que algunos de los que están actualmente en prisión están siendo abuelos, “está sumando otra nueva generación, algunos de los que fueron niños con mochila están siendo madres, es el caso de un compañero que iba conmigo a las visitas, y el padre todavía está en prisión”. No obstante, Iragi destaca que en los últimos años se ha “avanzado mucho” y considera que dar continuidad al camino recorrido debe ser responsabilidad de todos.

Quince años después del fin de la lucha armada de ETA, el hecho de que la gente no tenga derecho a volver a casa "no tiene sentido" para Del Hoyo: "Yo siempre he pensado que la cárcel no sirve para nada, menos cuando se pone de rabia, no son un instrumento de reinserción, aunque algunos así lo venden, las cárceles son una venganza. Y hoy en día, mantenerlo en la cárcel por motivos políticos no tiene sentido. Si se quiere acabar con la violencia, lo que está claro es que una de las partes ha terminado, y la otra lo sigue haciendo ". Para Artola, a pesar de que las condiciones penitenciarias han mejorado, “la cárcel sigue siendo una prisión”: “Acabada la lucha armada hace quince años, ¿cómo puede entender que los niños que hoy tienen siete años van a mantener a su padre o a su madre en la cárcel?”.

La ignorancia, tan grave como natural

Para el niño de siete años la situación puede ser incomprensible, el joven de diecisiete años, igual no conoce esa realidad o se le queda lejos, así lo cree Del Hoyo: «Es natural, la gente que no ha sufrido no ve el sufrimiento, y a lo mejor lo estamos olvidando. La juventud en general no sabe lo que ha pasado, los padres no se lo han contado, en la ikastola tampoco, si no tienen algún compañero muy politizado o víctima, no se habla de eso. Eso me da pena, ¿en qué película aparece nuestra vida ?». Y al mismo tiempo le parece «natural»: «Cuando murió mi padre, pensando en mi salud, me aparté un poco, no directamente, pero sí un poco. Y ahí entendí lo fácil que es no mirar, o no ver, y seguir haciendo tu vida».

A Artola le preocupa ese desconocimiento, «no tanto el desconocimiento de lo que hemos vivido los niños con mochila, sino el hecho de no cuestionar el relato de ‘delincuentes y víctimas 'que se ha construido sobre el conflicto. Muchos de mis mayores han visto ‘Patria ',‘ La Infiltrada', ‘La línea invisible '... y cosas así de principio a fin. Y al terminar, ¿qué habrán pensado? ¿Habrán buscado algún otro relato? ¿Cuántos de ellos han visto ‘Inviernos Cercanos ',‘ Canción de cuna de cebolla', ‘Carpetas Azules ',‘ Nuestras Palabras', por ejemplo? ¿Cuántos han leído ‘Gurpilak 'o‘ Sorginak, putak, terroristak' de Olatz Dañobeitia ?». Cuando acude a los institutos a presentar la novela ‘Gurpilak 'que publicó el año pasado con Txalaparta, cuenta que la mayoría le mira “atónita”, “les cuesta entender que se haya alargado hasta la actualidad, y quién sabe cuándo se puede alargar. Precisamente por eso debemos seguir contando lo que está sucediendo, completando el relato, profundizando en la historia reciente de este país expresando nuestras verdades y nuestros dolores ”. La misma preocupación tiene Iragi, que dice que “en el momento en que se interrumpe la transmisión también se interrumpe la lucha” y advierte: “Yo, como familiar, como reconozco y entiendo los dolores de los demás, no podemos permitir que nuestro relato quede fuera, todos tienen que estar encima de la mesa”.

Relatos plurares

Los tres consideran que todos los relatos deben ser escritos y difundidos, y lo sitúan entre las prioridades en la lista de tareas, pero al hacerlo consideran imprescindible acabar con la legislación de excepción y «volver todos a casa». Forman parte de la generación politizada en el nuevo ciclo político y necesitan acabar con las consecuencias de la anterior para seguir adelante, para esa Euskal Herria libre antes citada. Artola lo tiene claro: "La vuelta a casa es el paso básico para empezar a curar el sufrimiento, son los cambios reales los que abrirán nuevos caminos".

En ese camino, el reconocimiento para cerrar el ciclo del sufrimiento juega un papel importante. Pero no el reconocimiento vano, Artola no lo quiere, pero "el reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición, hacen suyas esas exigencias".

Tras confesar que lo de la confesión le produce «pereza», Del Hoyo habla desde dentro: «A mí el perdón no me sirve de nada, un perdón no devolverá a mi padre. Pero me gustaría al menos pasar a la historia y que la gente supiera que España ha torturado; que la dispersión no ha tenido sentido, o que si lo ha tenido, no han sido motivos éticos, y que España ha asesinado». Cuenta cómo para un documental le preguntaron si sabía lo que había hecho su padre, contestó honestamente: «Pues no, porque no he tenido la oportunidad de mantener una conversación con mi padre los dos solos y sin que haya nadie, y yo no quiero saber lo que dice ‘El Correo 'sobre mi padre, yo quería hablar con él».

Su padre murió en la cárcel de Badajoz en julio de 2017, o como él mismo ha dirigido, «fue asesinado por la cárcel», sin embargo no tiene hambre de venganza, «la venganza o el odio acaba haciendo más daño a uno mismo. El odio beneficia a los responsables de estas políticas de excepción y penitenciarias, a los que instrumentalizan ese odio para ganar más votos». En consonancia con el lema de que no se puede alargar más, cree que el odio tampoco puede pasar de generación en generación, "quizá algunos ya tenemos ese odio y no podemos hacer nada, pero transmitirlo no traerá nada bueno".

Convencido de que estamos en el camino y en la época del desalojo de las cárceles, el golpe ha sido la sentencia confirmada esta semana por el Tribunal Supremo contra los abogados del caso 13/13. Iragi no entiende que ahora que se están vaciando las cárceles se vuelva a encarcelar a esos miembros. “En 2026 ingresarán en prisión cuatro abogados, Arantza [Zulueta], nuestra vecina durante siete años y medio. Es inaceptable, nos hablan de paz mientras las cárceles se llenan ", dice Artola con dolor.

De qué y de dónde salen los jóvenes

En la de ayer pasó la cita anual en el álbum de su memoria desde pequeños, volvieron a sentir la Autonomía llena de solidaridad, escucharon los aplausos y dieron los abrazos. Con la esperanza de que sea la última generación que sufra ligada al conflicto de muchos años y a la resolución de sus consecuencias, y con el compromiso de seguir luchando, han hecho un llamamiento al nuevo año. Iragi: «Cada uno en la medida de lo posible, tanto joven como adulto y anciano, debemos avanzar todos juntos. Y creo que pronto tendremos que volver a ver esa colectividad, porque está claro que no vienen tiempos tiernos».

Considerando que existe un abismo entre la resolución de las consecuencias del conflicto armado y las generaciones más jóvenes, Eztizen Artola tiene clara la función de los jóvenes: tomar las calles. «Me parece que es responsabilidad de los jóvenes poner las calles patas arriba cuando van a seguir llenando las cárceles [se refiere al asunto 13/13]. Nos toca organizarnos y luchar para que todo esto acabe de una vez».

El galdakoztarra también ha hecho un llamamiento a la lucha: "Cada uno sabrá cuál es su lucha, pero nos toca seguir luchando y tenemos que unirnos, la lucha personal está bien, pero colectivamente tenemos más fuerza. Y hay que elegir bien contra quién o contra qué luchar». Del Hoyo ha concluido con el mismo clamor adoptado ayer por las calles de Bilbao para seguir adelante con los procesos y proclamas del nuevo ciclo político: «Denak etxera».

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Mojarse por los Presos

Con la resolución en contra de los indiciados en el sumario 13/13 en la mente, miles de personas han desafiado las inclemencias del tiempo para marchar por las calles de Bilbo reclamando el final de la legislación de excepción que el estado español mantiene en contra de decenas de presos políticos vascos. 

Si a eso agregamos que se reporta en varios medios del estado español que José Luis Rodríguez Zapatero se ha dedicado los últimos meses a negociar la liberación de golpistas detenidos en Venezuela, el asunto pasa de los paradójico a lo irónico.

Aquí la crónica publicada por Naiz:

Una multitud se moja en Bilbo por el fin de la «injusta legislación de excepción» carcelaria

Acabar con las legislaciones y prácticas de excepción carcelaria es la demanda que ha unido en Bilbo a decenas de miles de personas a convocatoria de Sare, unas 65.000 según el recuento de NAIZ, en un contexto de avances pero también de riesgos. «No se puede alargar más», han proclamado.

Marcel Pena

La lluvia no ha servido de excusa para que, un año más, decenas de miles de personas hayan respondido este sábado en Bilbo a la convocatoria de Sare y hayan salido a la calle para pedir el fin de la «injusta legislación de excepción» que sufren los presos vascos. La calle Autonomía se ha vuelto a llenar, esta vez para expresar la reivindicación de que ya es hora de sellar las consecuencias del conflicto, con tres claves: «Resolución, paz y convivencia».

La mañana ha estado marcada en Bilbo por la intensa lluvia, pero no ha sido impedimento para que a las 17.00 decenas de miles de personas hayan tomado la calle Autonomía desde La Casilla, mientras algunas otras han preferido esperar en la zona del Ayuntamiento, donde ha concluido.

La marcha ha ocupado unos dos tercios del recorrido. Cuando la cabeza ha llegado al Ayuntamiento, exactamente a las 17.59, las últimas filas estaban todavía en la calle Autonomía, a la altura del cruce con la calle Ávila. Ello supone una ocupación espacial algo mayor que la del año pasado, cuando llegó hasta la calle Enrique Eguren, algo más cerca de Zabalburu.

Calculando que la densidad ha podido ser esta vez algo menor por la proliferación de paraguas, NAIZ estima una participación de unas 65.000 personas, muy similar a la de los tres últimos años, confirmando que esta reivindicación social es muy estable. Ha vuelto a ser la mayor movilización política del año en Euskal Herria. Y con la dificultad añadida de la mala climatología, que ha podido hacer retraerse a muchas personas.

Minutos antes del inicio, los representantes de las formaciones políticas y organizaciones sociales y sindicales que han acudido a Bilbo han hecho declaraciones a los medios, en las que han coincidido en su deseo de que este sea el último año en que tengan que acudir a esta movilización.

EH Bildu, que ha enviado una amplia delegación encabezada por su secretario general, Arnaldo Otegi, el portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, el senador Gorka Elejabarrieta, la portavoz de la formación en Nafarroa, Laura Aznal, y la secretaria de EH Bildu en ese herrialde, Miren Zabaleta, entre otros, ha puesto en valor «la apuesta de la sociedad vasca por la paz, la resolución y la convivencia» y ha destacado que, «un año más, una amplia mayoría de la sociedad vasca ha expresado su firme compromiso en favor de la paz, la resolución y la convivencia». La coalición soberanista se ha comprometido a «seguir trabajando para que se haga realidad» y ha subrayado que «la paz, la resolución y la convivencia requieren necesariamente que no haya presos políticos en las cárceles».

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha señalado que no «hay ninguna explicación política ni jurídica para justificar la excepción penitenciaria» y ha reivindicado que «la ley tiene que ser igual para todos, por razones democráticas y de derechos humanos».

Su homóloga de LAB, Garbiñe Aranburu ha recordado que hace 15 años que ETA finalizó su actividad armada y que es «está fuera de lugar que todavía tengamos que estar aquí» y que «no se adopten medias para superar los obstáculos para que los presos y exiliados vuelvan a casa». Ha mencionado también la ratificación de la sentencia del sumario 13/13 esta misma semana, «otro anacronismo», y ha llamado a reforzar la presión social. «para obligar a los gobiernos» a dar pasos.

Desde Catalunya, el diputado de Junts Josep Pagès ha señalado que en Catalunya la situación de los presos «nos concierne de forma muy directa». «Sus derechos tienen que ser respetados, no es aceptable este régimen penitenciario especial. Que termine de una vez», ha revindicado.

Kènia Domenech, de ERC, ha querido acompañar al pueblo vasco en esta reivindicación y ha tenido un «pensamiento especial» para la presa Lola López Resina, vecina de Granollers, «la pesa política del Estado español con más edad». 

El secretario primero de la Mesa del Congreso español, Gerardo Pisarello (Catalunya en Comú), ha destacado que es importante acompañar a Sare «en un momento en que la internacional del odio intenta desplegar sus políticas de utilización arbitraria de la violencia» y, tras exigir que «se aplique la ley penitenciaria a los presos y presas vascos de manera garantista», ha mostrado su deseo de que esta marcha se convierta «en un antídoto contra esos discursos represivos que la ultraderecha está intentando imponer en el mundo entero. Bilbao es hoy esa capital antireprresiva que todos necesitamos».

Por parte de la CUP, Su Moreno ha dicho que «es momento de defender los derechos básicos que están siendo cuestionados». «No valen medias tintas, hay que seguir luchando por los derechos de todos y todas y por libertad y soberanía de los pueblos».

Desde Catalunya también han tomado la palabra representantes de la ANC y de Òmnium Cultural, para destacar que «hasta lograr la autodeterminación y la libertad de los presos no habrá justicia», y reivindicar «los derechos fundamentales y el fin del sufrimiento provocado por las políticas penitenciarias, que son una cara más de la represión contra la disidencia».

Asimismo, Cèsar Lagonigro, de la Coordinadora de la Advocacia de Catalunya, ha apoyado la «reclamación legítima» de que se aplique a los presos la ley penitenciaria de forma ordinaria. «Que sea la última vez que venimos».

Desde Galicia, Paulo Ríos (BNG), ha afirmado que «tras los pasos dados por la sociedad vasca en los últimos años es necesario que las instituciones respondan a esta necesidad de democracia, paz y convivencia» y «es fundamental que los derechos básicos de los presos sean respetados».

Pancarta plural

La cabecera ha arrancado puntual, cuando pasaban pocos minutos de las 17.00. En ese momento, miles de personas ya abarrotaban la plaza de la Casilla y los primeros metros de acera de la calle Autonomía, tomada por la reivindicación y los gritos de «Euskal presoak etxera!». Mientras tanto, los colaboradores y encargados de la organización de la marcha abrían paso por delante del grupo de zanpantzar que animaba el paso y la pancarta principal, llevada por personas que reflejan la pluralidad de esta reivindicación. En ella estaban Arantxi Padilla (periodista), Olatz Iglesias y Amaiur Iragi (familiares de presos), Rosa Rodero (víctima de ETA), Ixone Fernandez (víctima del Estado), Eba Ferreira (Harrera), Fouad Baker (jurista palestino), Garazi Hanch Embarek (activista saharaui), Xabier Amuriza, Xabat Illarregi y Aitor Etxeberriazarraga (bertsolaris, los dos últimos han intervenido al final de la marcha), Francis Diez (cantante de Doctor Deseo) y Hur Gorostiaga (director de Seaska).

Detrás se han colocado los familiares de presos y presas. Y junto a ellos, miles de personas de todas las edades, muchas de ellas jóvenes. Sare y Etxerat han hecho hincapié esta vez en la idea de que este problema no debe pasar a otra generación más.

La marcha ha sido apoyada desde el ámbito político por EH Bildu, Podemos Euskadi, Sortu, EA, Alternatiba, EH Bai, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú. El respaldo sindical resulta más abrumador: se han adherido ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, EHNE, CGT, CNT y Etxalde.

La espectacular fotografía desde Zabalburu que cada año da fe del grito unánime por un futuro sin presos políticos ha estado esta vez protagonizada por los paraguas. La lluvia no ha dado tregua en todo el recorrido, lo que no ha servido como excusa para que decenas de miles de personas hayan salido a la calle un año más respondiendo a la convocatoria de Sare. Un día gris y frío que multiplica el valor de la imagen que hemos visto en Bilbo.

Como viene siendo habitual, a su llegada a la plaza Zabalburu, la marcha ha parado unos instantes para que los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga hicieran declaraciones. «Esta es la expresión democrática de una reivindicación democrática, cuando decenas de miles de personas, año tras año, salen a la calle reivindicando derechos para los presos y presas, es porque se están vulnerando esos derechos. Hace 15 años que ETA tomó decisión de poner fin a su actividad, y 15 años después se siguen vulnerando los derechos de los presos y presas vascos; hay que poner punto final a esta vulneración», han proclamado.

Han recordado que en estos momentos hay 120 presos y presas todavía en las cárceles; y que entre ellos hay 40 presos que llevan más de 20 años privados de libertad y hay más de 21 que están por encima de los 25 años de cumplimiento de las penas», por lo que muchos de ellos podrían estar en régimen de libertad condicional o régimen abierto «si no estuvieran bajo la aplicación de medidas de carácter excepcional». Por ello, han reclamado al «ámbito legislativo y al ámbito político poner fin a esta situación».

Junto a ello, han destacado que hay que «diseñar un marco final de resolución de este conflicto», que tiene que contemplar el fin de las medidas de excepción, la salida de todos presos mediante la aplicación ordinaria de la legislación penitenciaria, y un tratamiento «homogéneo y respetuoso» de las víctimas de todas las violencias.

Denominador común

El denominador común de la protesta es combatir unas leyes y prácticas «ad hoc» contra estos presos y presas, que hacen que hoy haya todavía 67 entre rejas desde hace más de 20 años, 44 a quienes se niega la opción de cualquier tipo de salida, 15 mayores de 65 años... Todo ello en una semana en que se ha confirmado además la condena de cárcel a abogados que les asisten. Y sin perder de vista la posibilidad de que se produzca un vuelco político en el Estado español que complique aún más la que debiera ser «recta final» de este conflicto.

En Hurtado de Amézaga, donde acaba la plaza Zabalburu y la calle se ensancha, las aceras aparecían más despejadas de gente, lo que quiere decir que el grueso de la marcha ya estaba formado tras la pancarta. Aquí, ante la estación de Abando, militantes de Ernai han encendido varias bengalas tras una pancarta en la que se podía leer «Iraganera iltzatuta biziko den azken belaunaldia».

Como también viene siendo habitual en esta cita solidaria, reivindicaciones internacionalistas se han intercalado a lo largo del recorrido. En concreto, en la plaza Circular un grupo de personas con banderas de Venezuela y una pancarta con los ojos de Hugo Chávez denunciaba la «agresión imperialista yanqui», mientras sostenían carteles que pedían la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Pocos metros más adelante, las banderas palestinas hacían acto de presencia para denunciar el «negocio» de CAF con el «genocidio».

La movilización ha continuado bajo la lluvia y la cabecera ha llegado al Ayuntamiento a las 18.00. Antes, en el puente que une la calle Buenos Aires y la plaza Ernesto Erkoreka, los zanpantzar han formado un pasillo de antorchas, manteniendo encendido el fuego bajo la lluvia de la misma forma que miles de manifestantes han desafiado la tormenta con su presencia en Bilbo.

Ambos lados del puente del Ayuntamiento se han llenado rápidamente para escuchar, en primer lugar, a los bertsolaris Xabat Illarregi y Aitor Etxebarriazarraga, quienes han mencionado en sus bertsos a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, que esta misma semana han visto confirmadas las condenas por el Tribunal Supremo español.

A continuación han tomado la palabra Bego Atxa y Joseba Azkarraga, que han intercalado su discurso en euskara y castellano y que han insistido en que la excepcionalidad penitenciaria no se puede prolongar más y «hay que darle salida ya» porque «hablamos de la vulneración de derechos humanos, de parar las injusticias y las legislaciones de excepción» y porque «hablamos de tejer la convivencia reconociendo nuestra pluralidad». 

«En la recta final»

Atxa y Azkarraga, que también han trasladado su solidaridad a Zulueta y Enparantza, han puesto en valor que desde 2023 se han ido dejando atrás el alejamiento, la dispersión y el cumplimiento en primer grado penitenciario de las condenas de las presas y presos. Ahora «estamos en la recta final» y «vamos consiguiendo los objetivos que nos marcamos en 2014: el fin de la vulneración de los derechos de los presos y presas vascos, y la aplicación de una legislación penitenciaria ordinaria que posibilite su regreso a casa para poder rehacer sus vidas».

Pese a ello, han advertido de que este es «un proceso inacabado», por lo que «solo si reivindicamos juntos los derechos humanos pondremos punto final a décadas de confrontación y sufrimiento». En ese sentido, se han mostrado convencidos de que «el compromiso de la sociedad vasca hará posible la resolución, la paz y la convivencia».

«No se pueden alargar más situaciones injustas. Son demasiados años de confrontación y sufrimiento que han abocado a nuestro Pueblo a una convivencia quebrada», han subrayado.

Los coportavoces de Sare han incidido en la necesidad de construir una «convivencia democrática y normalizada, basada en el reconocimiento y respeto del otro, y en los derechos de las personas», un objetivo en el que solo sobran «quienes se empeñan en utilizar el dolor y sufrimiento de las víctimas por intereses partidistas o se empeñan en defender diferentes categorías de víctimas», «quienes se empeñan en mantener la vulneración de los derechos penitenciarios», «quienes piden autocrítica a otros pero se niegan a realizar su propia autocrítica, sea por torturas sistemáticas practicadas, sea por terrorismo de Estado, sea por leyes especiales», y «quienes basan su estrategia en la venganza y el odio».

Atxa y Azkarraga han destacado que una sociedad «que aspira a ser verdaderamente democrática no puede negar el derecho de los presos a normalizar sus vidas, a abandonar las celdas, a cumplir penas en régimen abierto o simplemente a volver a sus casas». «No se puede exigirles nada que vaya más allá de lo que la legislación ordinaria requiere de toda persona privada de libertad», han insistido, para reivindicar a continuación la aplicación de una política penitenciaria ordinaria que permita «abrir las puertas de las celdas».

En su intervención, han apelado también a hacer «una reflexión colectiva» para poder construir «una memoria colectiva del conjunto de vulneraciones de derechos en nuestro país», porque «una paz sin violencia, pero con injusticias y desmemoria, no sirve». Así, han citado las 16 personas fallecidas en las carreteras cuando acudían a visitar a sus seres queridos, los 35 presos muertos en prisión... y han exigido respeto al dolor de las víctimas, no minusvalorar ni «instrumentalizar su sufrimiento por intereses partidistas», así como «el mismo reconocimiento para las miles de personas torturadas; a las asesinadas por las fuerzas de seguridad, para las víctimas de todas las violencias, incluidas las víctimas de una política penitenciaria diseñada para quebrar el alma y los cuerpos de los presos vascos y de sus familias». «Estas víctimas existen y muchas estáis hoy aquí, aunque quieran haceros invisibles», han proclamado.

Para terminar, han instado a «sellar y poner fin a todas las consecuencias del conflicto». «Enfilamos la recta final de un proceso muy largo y dificultoso. Aún nos queda un camino por recorrer. Y si en algún momento sentimos que nos cansamos, aprendamos a descansar, pero nunca a renunciar. Se lo debemos a las generaciones pasadas, pero sobre todo debemos dejar a las generaciones futuras una sociedad mejor que la que nosotros recibimos de nuestros mayores. Ezin da gehiago luzatu. Preso, iheslari eta deportatuak etxera», han concluido.

Un Pantxoa Carrere emocionado y Olaia Inziarte han puesto colofón al acto final interpretando la canción ‘Azken dantza hau’.

 

 

 

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Vuelta de Tuerca al Sumario 13/13

Con el mundo entero denunciando el imperialismo trasnochado de Trump, otros imperialismos, en este caso el españolista, continúan machacando los derechos de los habitantes de las naciones históricas bajo su yugo.

Madrid, que tanto garantizó libertades si se acababan "las balas de ETA", continúa utilizando su entramado jurídico como arma arrojadiza.

Aquí lo más reciente en el caso del Sumario 13/13:

El Supremo confirma las condenas a Zulueta y Enparantza y reduce las de Zuriarrain y Sarriegi

El Tribunal Supremo español ha confirmado las penas a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, de siete años y medio y cuatro años, respectivamente, por el sumario 13/13. Reduce las condenas contra Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi.

Aitor Agirrezabal

La Sala Penal del Tribunal Supremo español ha confirmado las condenas del sumario 13/13 a los abogados y solidarios con los presos Arantza Zulueta y Jon Enparantza, mientras que ha estimado parcialmente los recursos de Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi. De este modo, condena a 7 años y medio de prisión a Zulueta y ha ratificado la pena de 4 años de Enparantza, mientras que rebaja la condena a Zuriarrain de 3 años y 6 meses de prisión a 2 años, y a Sarriegi, de 3 años a 1 año y 6 meses.

La Audiencia Nacional castigó en 2022 a los cuatro abogados dando por buena la acusación fiscal de «integración en organización terrorista». En el caso de Zulueta, además, fue condenada por «depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista». En aquel juicio fueron absueltos Julen Zelarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo.

El Supremo, en una sentencia de 174 páginas, da por bueno el castigo a Zulueta y Enparantza, mientras estima parcialmente los recursos de Zuriarrain y Sarriegi, al considerar que «su responsabilidad era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación, en la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas».

Por contra, desestima íntegramente el recurso de Zulueta y Enparantza que, entre otros extremos, también pedían que, en caso de condena, se les aplicase la reducción de pena que permite el artículo 579 bis.4 del Código Penal cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

Falta de «vestigios objetivos» sobre las torturas denunciadas

En el juicio quedaron de relieve irregularidades como la actuación matriz del CNI, que llevó a la defensa a reclamar la nulidad de todas las actuaciones. También se escucharon en la Sala los testimonios de torturas de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre.

La sentencia del Supremo también hace referencia a esta denuncia de Zurriarain por las torturas sufridas (coacciones, insultos y golpes) durante su detención en 2010 a manos de la Guardia Civil, por las que pedía la nulidad de la condena. A pesar de que el auto reconoce «la realidad de los informes periciales que aduce el recurso y que en su emisión se siguieron las recomendaciones del Convenio de Estambul, concluyendo las psicólogas actuantes que observaron una coherencia entre el síndrome postraumático que presenta la recurrente y los hechos que relató en su denuncia», subraya acto seguido que no existen «vestigios objetivos» sobre los abusos denunciados.

Asimismo, señala que «estar vinculada» a Euskal Preso Politikoen Kolektiboa acarrea «circunstancias que permiten cuestionar la espontaneidad o veracidad de un relato carente de corroboraciones objetivas». Zurriarain está reconocida por Lakua como víctima de tortura.

La actuación del CNI

También desestima la alegación sobre la participación del CNI, que debería invalidar la causa si se hubiera tenido en cuenta. El CNI se negó a que sus agentes compareciesen en la vista para explicar cuál fue su intervención en el inicio de la investigación que culminó en el proceso 13/13. 

Así, no aprecia «ninguna irregularidad» en la actuación del CNI, y en la investigación de inteligencia que realizó, «verificándose la cobertura judicial de la misma y su sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad».

De esta forma, da por buena la tesis aceptada por la Audiencia Nacional española a partir de una acción inicial del CNI y el posterior informe de la Guardia Civil y establece concretamente que los cuatro condenados deben ser considerados como integrantes de ETA, «no cometiendo directamente acciones violentas sino contribuyendo a la cohesión y persistencia de los militantes privados de libertad, para que siguieran vinculados a la criminal organización que les dio cobertura para cometer los ilícitos actos contra las personas y contra las propiedades que perpetraron o intentaron cometer en su momento».

LAB: «Ataque a la convivencia democrática»

El sindicato LAB, al que pertenece Zulueta, considera la sentencia del Supremo «absolutamente grave y contraria a la voluntad de la ciudadanía vasca de construir una convivencia democrática, ya que es imprescindible garantizar los derechos de todas las personas y este tipo de sentencias solo pretenden obstaculizar ese esfuerzo».

LAB recuerda que desde el inicio denunció que este era el objetivo de la causa 13/13 y que reclamó que el juicio no debería haberse celebrado.

«LAB quiere mostrar su solidaridad y apoyo a las y los condenados. Asimismo, hace un llamamiento a participar en las movilizaciones para denunciar la sentencia, así como a sumarse a la manifestación nacional que se celebrará el sábado en Bilbao en defensa de los derechos de los presos y una resolución integral», añade.

Sare, un motivo más para manifestarse

Sare ha denunciado por su parte que la sentencia castiga «la labor ejercida por estos abogados/as, que se desarrolla en el marco de defensa de personas condenadas por su colaboración y/o pertenencia a ETA y por tanto es una clara intromisión en la labor profesional de los mismos. Insisten en su intencionalidad del castigo judicial-político, algo que nada tiene que ver con la justicia».

Ve en ello una razón más para que «este sábado en Bilbo hombres y mujeres que apuestan por la paz y la convivencia exijamos poner fin a la persecución política; a los juicios-políticos, en definitiva a los intentos de que nada cambie para impedir que nuestro país de pasos en favor de una verdadera convivencia».

 

 

 

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El ELDH y el Macroproceso 13/13

No todos quienes integran la comunidad internacional se hacen de la vista gorda con respecto a los excesos cometidos por el régimen borbónico franquista en contra de quienes considera "enemigos de la Sacrosanta Unidad de la España Una Bajo Dios", afortunadamente.

Ejemplo de ello son los juristas europeos integrados en el ELDH.

Aquí lo que nos informa Naiz acerca de su postura en relación al esperpéntico macroproceso 13/13.

Adelante con la lectura:

Juristas europeos, preocupados por la persecución a abogados vascos tras la sentencia del 13/13

La Asociación Europea de Juristas ELDH ha reaccionado a la sentencia de la Audiencia Nacional española que condena a prisión a los letrados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi y Naia Zuriarrain y ha denunciado que se vulneran los llamados Principios de La Habana.

La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH) ha mostrado su preocupación por que el Estado español «vulnere sistemáticamente» los principios básicos sobre la función de los abogados (Principios de La Habana), después de conocer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario 13/13 que condena a penas de entre 3 y 7 años de prisión a los abogados Jon Enparanta, Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Naia Zuriarrain.

Según estos principios, los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencia indebida.

Además, el texto dicta que «cuando la seguridad de los abogados se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones, serán debidamente resguardados por las autoridades». Sin embargo, la asociación ELDH considera que el Gobierno español «amenaza la seguridad de estos abogados por el ejercicio de sus funciones», haciendo referencia a los letrados condenados.

Los principios disponen además que «los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como resultado del desempeño de sus funciones». El organismo internacional apunta que los gobiernos están obligados a eliminar los obstáculos a la actividad profesional de los abogados y deben prevenir cualquier tipo de acoso o injerencia ilícita contra los abogados.

Por ello, a ELDH le preocupa que en este juicio se hayan producido «claras violaciones»: vulneración del derecho básico a la defensa, derecho a las garantías judiciales, tutela judicial efectiva y vulneración del principio non bis in idem.

ELDH se solidariza con sus compañeros vascos y pide al Gobierno español que libere a estos abogados y ponga fin a su enjuiciamiento, al igual que ya pidió el año pasado que suspendieran el propio juicio.

 

 

 

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Mortadelo y Félix Sanz Roldán

Damos continuidad al espionaje a lo Mortadelo y Filemón que el régimen borbónico franquista ha hecho a referentes de los independentismos vasco y catalán con este reportaje de Naiz en el que se nos explica que quienes se hicieron cargo de ello pertenecen a una unidad de esas que los estados represivos crean para retorcer lo que haya que retorcer en favor de sus políticas supresoras de derechos. Recuerden, es el mismo CNI que pilmameó al Imán de Ripoll y que está detrás del 17-A.

Lean por favor:

La unidad del CNI para adecentar temas turbios estaría detrás del espionaje

En 2015 se creó en el CNI la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, encargada de dar apariencia de legalidad a acciones contra el independentismo y de defensa del Rey.

Iñaki Iriondo

El Centro Nacional de Inteligencia dispone del sistema Pegasus con el que se sabe que se ha espiado a decenas de independentistas catalanes y vascos, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat y los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. Quien fue director del espionaje español en esos años, el general Félix Sanz Roldán, y la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, se niegan a hablar en público del tema, aduciendo que deben respetar la Ley de Secretos Oficiales.  

Los partidos con miembros espiados, EH Bildu, ERC, Junts, PDeCat y CUP, además de Unidas Podemos, PNV, BNG, Más País y Compromís han suscrito una petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre este escándalo político.

Legalizar «marrones»

El propio general Félix Sanz Roldán fue quien en 2015, siendo director del CNI, y con la autorización política de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo una reforma de calado en la estructura del espionaje español para crear la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Fue a través de una denominada «orden comunicada», que suelen tener rango de «reservada» y cuyo contenido es mantenido en «secreto».

Pese a la rimbombante denominación, los periodistas Fernando y Miguel González, especializados en la materia, reconocen que lo que Sanz Roldán pretendía con ello era «organizar y agrupar algunas de las actuaciones más conflictivas que llevaban ejecutando sus agentes desde la creación del servicio en 1977»; o si se prefiere, crear un «cajón de sastre» en el que «recalaron operaciones que, con dudosa cobertura, llevaba años asumiendo el centro, como la protección de la Monarquía frente a las amistades peligrosas del rey Juan Carlos, caldo de cultivo para chantajes y escándalos». Lo que en términos coloquiales se puede interpretar como legalizar «marrones» o adecentar temas turbios.

Y entre sus funciones se fijó también «la responsabilidad de vigilar al entorno de ETA», así como al «separatismo catalán y otras manifestaciones similares contra la Constitución».

Miguel González escribió en 2018 en ‘El País’ que a partir de la creación de esa unidad, «el CNI reforzó su presencia en Cataluña (actualmente tiene unos 160 agentes, a las órdenes de un coronel) y dio prioridad a la búsqueda de ‘información estratégica’: puso en la mesa del Gobierno los sucesivos borradores de las leyes de desconexión, que diseñaban el plan de ruptura con la legalidad; o una minuciosa radiografía de los 17.000 Mossos d'Esquadra, con un pronóstico sobre su actitud ante un eventual conflicto de lealtades».

A la vista de los antecedentes, todo hace pensar que quien estaría detrás de la investigación de decenas de independentistas catalanes y vascos sería esta Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, que alguna experiencia tiene en la materia, según los expertos.

«Siempre por medios legales»

En declaraciones efectuadas ayer en el Canal 24h de TVE, recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó dar detalles sobre las actuaciones del CNI y tampoco aclaró si cuenta con el programa Pegasus –lo que se da por hecho desde mediados de la década pasada–, alegando que todo lo relacionado con el centro de inteligencia está sujeto a secreto por ley.

Sin embargo, garantizó que tanto el Gobierno como el CNI «siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente». «Es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque se sabe que el CNI no se puede defender» lamentó después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otros mucho dirigentes políticos señalaran directamente al CNI como autor del espionaje múltiple.

En cuanto a que el CNI actúa siempre dentro de la legalidad, hay sentencias que confirman que esto no es así, como la de las escuchas en la sede de Herri Batasuna de Gasteiz, donde quedó acreditada la ilegalidad aunque no se quisieron ver probadas algunas responsabilidades personales. En otro caso, como el del reciente Sumario 13/13, el CNI se atribuyó en su momento la paternidad de la operación contra los abogados vascos, pero después la juez Ángela Murillo, en la sentencia, ha tenido que reducir su papel para encajarlo en la ley.

También es de dudosa legalidad la intervención de la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales en la detención en Alemania de Carles Puigdemont.

En cuanto al espionaje con Pegasus, debería contar con la autorización del Tribunal Supremo para ser legal y es más que cuestionable que una operación de este tipo tenga tras de sí la firma de ningún juez.

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Movilizaciones Contra Sentencia del 13/13

El pueblo vasco se ha movilizado para mostrar su inconformidad con el las condenas del macrosumario 13/13 con el que Madrid ha dado sentencias de cárcel a personas por el solo hecho de ser solidarios con los presos políticos vascos.

Se ha marchado por las calles de Bilbo y también por las de Donostia.

Este es el recuento por parte de Naiz:

Bilbo y Donostia claman contra la sentencia del sumario 13/13

Miles de personas han salido a las calles de Bilbo y Donostia para denunciar la sentencia del sumario 13/13 y las condenas impuestas por la Audiencia Nacional española a Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi por su labor en defensa de los derechos de los presos.

Marcel Pena

Dos manifestaciones en Bilbo y Donostia han denunciado este sábado por la tarde la sentencia del sumario 13/13, con la que la Audiencia Nacional condenó a siete años y medio de prisión a la abogada Arantza Zulueta y a entre tres y cuatro años a Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi por su labor en defensa de los derechos de los presos.

Con pancartas bajo el lema ‘13/13 Zigorrik Ez’, ambas manifestaciones han denunciado que el objetivo de la sentencia «no sólo es condenar a las personas juzgadas, sino a toda la sociedad vasca que ha apostado por la paz y por la convivencia».

«La sociedad vasca hace años que decidió iniciar un camino de convivencia y de paz. En cambio, la Audiencia Nacional y otras instituciones parece que nos están poniendo todos los obstáculos para que esto no salga adelante. Este juicio está fuera de lugar y de tiempo», han señalado los convocantes de las movilizaciones, en las que han estado presentes los condenados.

La portavoz de la plataforma, Ana Pérez, ha explicado que recurrirán la sentencia, por lo que «todavía queda un proceso largo para las persona procesadas», teniendo en cuenta que han transcurrido más de diez años después del inicio del primer juicio.

Apuesta por la paz, la justicia y la verdad

Según han denunciado, en este proceso se han visto «los diferentes eslabones que componen esta cruel cadena, una vez más, bajo el mantra del 'todo es ETA'», y han denunciado «la operación policial ilegal; los registros y escuchas telefónicas irregulares; la mano oscura y negra del CNI; y la conculcación de los derechos fundamentales».

Además, han destacado «las enormes crueldades y violaciones de los derechos fundamentales» que se siguen viviendo en Euskal Herria, como demuestra la sentencia del 13/13. Una sentencia que, tal como han denunciado, «condena a una sociedad vasca libre, justa y pacifista».

«Este pueblo que ya apostó por la paz, la justicia, la verdad y la convivencia; al menos así lo hizo la mayoría de la ciudadanía y sus agentes», ha reivindicado la portavoz, antes de añadir que «este pueblo, por mucho que tenga enormes y difíciles problemas, ya ha tomado y decidido una dirección clara. Queremos decir alto y claro a la Audiencia Nacional que no va a arruinar la contundente y rotunda aspiración de este pueblo y de la mayoría de su ciudadanía, ni siquiera a través de falsas sentencias que no son ciertas».

Los organizadores han tenido un recuerdo por Juan Mari Jauregi, uno de los encausados en este proceso, fallecido el pasado 3 de septiembre. «Juan Mari siempre buscó la verdad para este pueblo. De hecho era un auténtico 'egiatarra'». Así lo hizo, hasta el último suspiro, como saben quienes lo conocieron algo o mucho. En medio de esta cruel paradoja policial y judicial que él mismo sufrió –como el resto– , fue la muerte quien le absolvió, antes del último golpe de guadaña asestado por la Audiencia Nacional», ha declarado Pérez.

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Arropar a Represaliados del 13/13

Desde Naiz traemos a ustedes pormenores de la convocatoria solidaria con los represaliados del macrosumario 13/13.

Aquí la información:

Llaman a responder de forma «contundente y unitaria» a las condenas del 13/13

Allegados de los condenados en el sumario 13/13 y personas de diferentes agentes sociales han llamado a participar en las manifestaciones convocadas para el sábado en Bilbo y Donostia. Señalan que mientras que Euskal Herria quiere «construir la paz», la Audiencia Nacional «ha tomado otro camino».

Asier Robles

Los encausados en el sumario 13/13, miembros de las plataformas de los pueblos en apoyo a los enjuiciados y otros agentes sociales han realizado este jueves una comparecencia en Jardines de Albia (Bilbo) para denunciar la sentencia y las condenas impuestas a Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi por su labor en defensa de los derechos de los presos.

Como ya hicieron en anteriores comparecencias, han vuelto ha remarcar que el juicio «ha resultado ser una larga cadena plagada de crueldad» tanto para las personas procesadas como para muchos de sus familiares, amigos y demás.

Más allá de ello, han denunciado que el objetivo de la sentencia «no sólo es condenar a las personas juzgadas, sino a toda la sociedad vasca que ha apostado por la paz y por la convivencia.

«Nosotras tenemos claro qué tipo de Euskal Herria queremos construir, pero la Audiencia Nacional ha decidido tomar el camino contrario», han añadido.

Por ello, con el objetivo de mostrar apoyo y solidaridad a las personas procesadas y a sus allegados, han llamado a tomar parte en las manifestaciones convocadas para este sábado en Bilbo (desde Sagrado Corazón) y Donostia (desde Sagues) a las 17.30.

«Como decíamos hace pocos días, este juicio está fuera de lugar y de tiempo. Por ello, este sábado la respuesta en la calle deberá ser contundente y lo más unitaria posible», han insistido.

Según han destacado, en los últimos días cientos de personas de diferentes ámbitos, a nivel personal, y buena parte del movimiento social se ha sumado al manifiesto ‘13/13 epaiketaren zigorraren aurrean: konponbideari oztoporik ez!’ hecho público el viernes pasado por Luix Barinagarrementeria, Ana Perez, Gotzon Barandiaran y Xabier Amuriza.

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El 13/13 al Tribunal Supremo

Hace apenas unos días el régimen borbónico franquista mostraba su verdadero rostro; el de un estado represor que se niega terminantemente a involucrarse en un proceso de paz abierto por la sociedad de una de las naciones históricas con las que mantiene un diferendo por negarse a reconocer sus derechos civiles y políticos.

¿De qué manera se manifestó lo anterior?

Con sentencias condenatorias en contra de los represaliados en el macrosumario 13/13.

Desde Naiz traemos a ustedes lo más reciente acerca de ello:

La defensa de los condenados en el sumario 13/13 recurrirá al Tribunal Supremo

La defensa de los cuatro abogados y solidarios con los presos condenados en el sumario 13/13 ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo y han subrayado que la sentencia de la Audiencia Nacional avala las irregularidades que se produjeron en la investigación.

Asier Robles

Alfonso Zenon, Aiert Larrarte y Jone Goirizelaia, abogados de los encausados en el sumario 13/13, han comparecido esta mañana en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia para hacer una valoración de la sentencia y anunciar que recurrirán al Tribunal Supremo. Como ya hicieron durante el juicio, han denunciado que la sentencia avala las irregularidades de la Policía en la investigación.

La actuación opaca del CNI, las torturas, los registros irregulares o la violación del principio Non bis in idem que prohíbe castigar al mismo sujeto dos veces por el mismo hecho han sido algunas de las cuestiones que han denunciado los abogados.

Los abogados han comenzado destacando que se enteraron de la sentencia por la prensa y que la misma no llegó a sus manos hasta el día siguiente. La Audiencia Nacional española condenó a siete años y medio de prisión a la abogada Arantza Zulueta y a entre tres y cuatro años a Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi por su labor en defensa de los derechos de los presos.

Participación «oscura» del CNI

En opinión de los tres abogados, la sentencia hace una interpretación forzada de las tesis de la Guardia Civil y el CNI. «Hay que recordar que estos dos cuerpos hicieron una valoración del caso sin basarse en las pruebas, y la sentencia recoge esta interpretación sin tener en cuenta otros aspectos», ha explicado Larrarte.

En este sentido, ha sostenido que la resolución judicial avala la «participación oscura» del CNI en la investigación y destaca que esto fue «escondido» durante el juicio. «Desde el principio dijimos que este proceso empezaba por una investigación policial ilegal. Creemos que esta sentencia se basa en pruebas que violan los derechos humanos», ha añadido.

Además, Goirizelaia ha destacado que la sentencia reconoce la participación del CNI y que los teléfonos móviles de los acusados estaban intervenidos, pero «lo da por bueno sin tan siquiera desclasificar los documentos de dicha actuación y sin llevar a declarar a las personas que participaron».

Torturas

Las defensas de los condenados también han señalado que el fallo avala las torturas, ya que «ni son mencionadas en el escrito final». «Al decir que no se acreditan las torturas, la sentencia está validando el uso de los malos tratos en personas detenidas e incomunicadas para obtener declaraciones», ha denunciado Goirizelaia.

Al hilo de esto, la abogada ha recordado el testimonio «claro, contundente y estremecedor» que hizo Naia Zuriarrain en el juicio sobre las torturas que sufrió durante la detención. Los peritos y el Protocolo de Estambul confirmaron durante el juicio la veracidad de estas torturas y las que sufrió también Saioa Agirre.

Vulneración del principio Non bis in idem

Los abogados han insistido una vez más que se ha vulnerado el derecho que tienen todas las personas a no ser juzgadas dos veces por la misma causa. Es decir, el principio Non bis in idem.

Goirizelaia ha explicado que la Audiencia Nacional ha desestimado esta cuestión «interpretando que el delito de integración en organización terrorista se interrumpe cuando una persona entra en prisión. Por lo tanto, la sentencia entiende que casualmente en este caso no es un delito permanente».

«Creemos que esta interpretación es contraria a la jurisprudencia española e internacional», ha sostenido.

«Alejada de la realidad social»

Además, Goirizelaia ha subrayado que la sentencia, «en este momento y en este lugar, con la situación política y social que hay en Euskal Herria, está alejada de la realidad social. Y como todo el mundo conoce, las sentencias y las resoluciones judiciales se tienen que dar en un contexto. Lo dice la ley».

Por todo ello, los abogados recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo entendiendo que «puede y debe ser corregida por este tribunal».

Manifestación el sábado en Bilbo y Donostia

Para denunciar esta sentencia, la plataforma contra el sumario 13/13 ha convocado para este sábado dos manifestaciones. Ambas serán a las 17.30 y la de Bilbo partirá desde el Sagrado Corazón y la de Donostia desde Sagues.

Además, en Zornotza realizarán el viernes a las 19.00 una rueda de prensa y una manifestación.

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Una Madrid Vengativa

Cuando la comunidad internacional decidió avalar el cambio de piel con el que el estado español pasó de ser la dictadura más longeva de Europa a convertirse en una flamante democracia resultado de una modélica transición, se hizo necesario cocinar un relato a la altura de la traición en contra de todas las víctimas tanto de esa dictadura como de la farsa democrática posterior.

Parte de ese relato ha incluido convertir a los victimarios, precisamente en víctimas. Y esos victimarios, ahora reconvertidos en víctimas, han contado con la más completa impunidad cuando de reprimir a sus adversarios políticos se ha tratado.

De ahí la necesidad de enmendar una legislación de memoria supuestamente democrática, misma que ha pasado de puntitas sobre los temas más lacerantes heredados tanto de la dictadura como de la transición.

Y que mejor muestra de toda la estulticia y toda la hipocresía con la que se maneja el relato y con la que se tergiversa el binomio víctima/ victimario que la sentencia del macroproceso 13/13, misma de la que nos habla esta editorial de Naiz:

Madrid sigue enrocado en la represión a la disidencia

La Audiencia Nacional dio a conocer ayer la sentencia del sumario 13/13. El tribunal condena a Arantza Zulueta a 7 años y medio de cárcel y a entre 3 y 4 años de prisión a los también abogados Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, absolviendo a los otros tres acusados en este último macrosumario político: Julen Zelarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo. Un juicio y una sentencia que vuelven a dejar claro que más de 10 años después de que ETA dejara las armas, en Madrid nada ha cambiado; se sigue abordando el conflicto desde parámetros estrictamente judiciales y policiales.

La sentencia condenatoria trata de justificar el castigo, no en las pruebas presentadas, sino en el descrédito de los argumentos que utilizó la defensa en el transcurso del juicio. Así, niega credibilidad a los estremecedores testimonios de torturas de algunas de las acusadas, que fueron refrendados por informes periciales, escudándose en que los forenses no apreciaron violencia. Asimismo, descarta todas las alegaciones de la defensa en relación con las irregularidades que se pusieron de manifiesto, y minimiza el activo papel que desempeñó el CNI en la investigación que, además, ni siquiera presentó la documentación relativa al caso ni testificó en el proceso. Una decisión que evidentemente limitó el ejercicio del derecho a la defensa de los acusados. Esa falta al tribunal no le parece sustancial, pero, sin embargo, resulta muy esclarecedora del carácter eminentemente político del macroproceso y del juicio.

No ha habido ningún interés en esclarecer la verdad y, mucho menos, en hacer una aportación constructiva a la superación del conflicto. Tampoco se han dado pasos hacia la justicia restaurativa con intención de contribuir a fortalecer la convivencia. Ha sido un macroproceso cuyo único sentido ha sido castigar a la disidencia política. Una actitud que resulta incomprensible en la sociedad vasca, que sigue avanzando en la convivencia y que reclama ya la libertad de todos los presos políticos.

 

 

 

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Condenas en el Sumario 13/13

Tal vez esto que acaba de suceder le pueda ayudar a entender al cibernauta que visita este blog la razón por la cual Madrid no se ha interesado por la detención e incomunicación del periodista vasco Pablo González en Polonia.

Según nos relata Naiz, Madrid ha procedido a dictar sentencia en contra de los encausados en el macrosumario 13/13, personas a las que se le acusó de "integración en organización terrorista" por fungir como abogados de los presos políticos vascos en algunos casos así como también como activistas solidarios en favor de los derechos de los presos vascos.

O sea, Madrid ha castigado la representación legal y la solidaridad con penas de cárcel.

Y eso retrata a Madrid, pues deja claro que para el régimen español las personas acusadas, juzgadas y condenadas no tienen ningún derecho ni garantía procesal a su favor, como se puede inferir del hecho que se está condenando a abogados por ejercer su profesión, se cual sea el caso para el cual han sido contratados. Ya ni hablemos de condenar a activistas en favor de los derechos humanos, mismos que les son conculcados sistemáticamente a los presos políticos en general y a los vascos en particular, tanto en el estado español como en el estado francés.

Lean pues la información acerca del más reciente agresión al proceso de paz en Euskal Herria por parte del estado español:

7,5 años de cárcel a Zulueta y entre 3 y 4 a Enparantza, Zuriarrain y Sarriegi

Cuatro abogados y solidarios con los presos han sido condenados a penas de entre 3 y 7,5 años de cárcel como colofón al sumario 13/13, juzgado el pasado año en la Audiencia Nacional española y marcado por la intervención del CNI y las denuncias de torturas. Los otros tres juzgados, absueltos.

Ramón Sola

La Audiencia Nacional ha castigado a Arantza Zulueta a 7 años y medio de cárcel y ha dictado tres condenas más de entre 3 y 4 años de prisión por el sumario 13/13, para los también abogados Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, dando por buena la acusación fiscal de «integración en organización terrorista» y aplicando la «atenuante muy cualificada» de dilaciones indebidas.

Los otros tres juzgados en este último macrosumario político han quedado absueltos: se trata de Julen Zelarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo.

A Enparantza se le aplican en concreto cuatro años de cárcel, a Zuriarrain tres años y seis meses, y a Sarriegi tres años y un día.

Las peticiones fiscales de cárcel oscilaban entre los 7 y los 19 años de prisión.

La sentencia tiene 549 páginas y ha sido emitida tras un juicio que se prolongó durante varios meses. En él, quedaron de relieve irregularidades como la actuación matriz del CNI, que llevó a la defensa a reclamar la nulidad de todas las actuaciones. También se escucharon en la Sala los testimonios de torturas de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre.

Minimiza la actuación del CNI

Respecto a la actuación inicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que no está facultado legalmente para ello, la sentencia del tribunal presidido por Ángela Murillo no la niega, pero matiza que «apreciamos la existencia de otros actos de comprobación, desplegados por la Guardia Civil, distintos de las observaciones telefónicas intervenidas por el CNI mediando resolución judicial habilitante».

Por ello, la Sala rechaza esta alegación de nulidad, sobre la que evitó posicionarse cuando se planteó como cuestión previa al juicio. En su desarrollo también resultó llamativo que el CNI se negara a declarar en la vista oral, según notificó al tribunal la directora de la agencia, Paz Esteban.

Más adelante también apunta el tribunal, sobre este polémico extremo, que «de ningún modo podemos afirmar que, como alegan sin acreditación alguna las defensas de los acusados, el CNI haya intervenido activamente en los actos de comprobación de la presunta actividad delictiva». Se escuda en que, como resulta obvio, el CNI «no ha actuado en las detenciones, ni intervenido en las entradas y registros practicados». Asume que sí lo ha hecho en «concretas tareas de desencriptado de determinados componentes digitales», pero lo sitúa como «una labor tangencial y puntual, sin poder atribuírsele el carácter esencial y trascendente que les atribuyen determinadas defensas».

Torturas, recogidas pero «no acreditadas»

Por lo que atañe a las denuncias de torturas, la extensa sentencia recoge los testimonios muy detallados de Zuriarrain y Agirre en la sala de vistas. En el caso de Naia Zuriarrain, expone lo que fue refiriendo en juzgados y calabozos a los responsables forenses durante la detención de 2010, admitiendo que ya en el traslado de Bilbo a Madrid por la Guardia Civil había recibido coacciones, insultos y algún golpe. Y cita que en una evaluación realizada años después se apreció «trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo leve, así como transformación persistente de la personalidad tras hecho catastrófico».

En cuanto a Saioa Agirre, se recoge igualmente que ya en las visitas forenses durante la incomunicación narró haber sufrido abusos de carácter sexual, coacciones o amenazas. Y le añade que también en su caso en los análisis muy posteriores se apreciaron «síntomas de afectación postraumática» y «desestructuración emocional» que son «causa directa del trato recibido en el periodo de incomunicación».

Sin embargo, en ambos casos el tribunal se limita a dejar constancia de ello para añadir a continuación que no constan «signos de violencia» en los informes forenses, por lo que concluye que «las denuncias de torturas no están acreditadas».

La versión de la Guardia Civil

Tras descartar el resto de alegaciones de las defensas (como las irregularidades en los registros o la existencia de imputaciones que ya eran «cosa juzgada» anteriormente), la sentencia termina aceptando la tesis impulsada por la Guardia Civil a partir de aquella acción inicial del CNI.

Establece concretamente que los cuatro condenados deben ser considerados como integrantes de ETA, «no cometiendo directamente acciones violentas sino contribuyendo a la cohesión y persistencia de los militantes privados de libertad, para que siguieran vinculados a la criminal organización que les dio cobertura para cometer los ilícitos actos contra las personas y contra las propiedades que perpetraron o intentaron cometer en su momento».

Frente a la argumentación de las defensas de que la actividad de estos letrados nunca traspasó el ámbito jurídico, los magistrados afirman que los elementos recabados por la Guardia Civi reflejan «una actividad afín con los objetivos de ETA para cohesionar los mensajes y controlar los movimientos de sus militantes y ex militantes sometidos a investigación, a enjuiciamiento y a cumplimiento de sentencias condenatorias».

En el caso de Zelarain, Agirre y Redondo, el tribunal asume que no hay pruebas para sostener las acusaciones de integración y colaboración. En el del resto se hace un apunte para recordar que han cumplido ya parte de la condena al haber purgado prisión provisional.

Reacciones a la sentencia

LAB ha sido el primero en valor esta noticia, comenzando por aseverar que «hay sentencias que están escritas antes de que se inicie el juicio, y la del sumario 13/13 es una de ellas». Hace llegar su solidaridad a los condenados tras un proceso «lleno de vulneraciones: hemos escuchado a las personas imputadas testimonios de malos tratos y agresiones sexuales, se les ha vulnerado el principio ‘non bis in idem’... En el Estado español aún se utilizan una política penitenciaria de excepción y procedimientos judiciales y policiales de excepción».

«Es imprescindible garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos de Euskal Herria para construir la convivencia  democrática, y resoluciones como la de hoy son un verdadero obstáculo ante ese intento –subraya el sindicato–. Tal y como han señalado los imputados del sumario 13/13, para cerrar bien las heridas se debe hacer frente a las consecuencias del conflicto, a la libertad, a la democracia. Desde LAB mostramos todo nuestro compromiso para seguir movilizándonos y aportando a favor de ese camino».

Etxerat ha considerado un «despropósito» la sentencia: «Consideramos un despropósito condenar por la actividad desarrollada en favor de los derechos de las y los presos, por parte de un tribunal que se empeña en mantener la excepcionalidad penitenciaria y jurídica contra ciudadanos y ciudadanas vascas, bajo una lógica que nada tiene que ver con el nuevo tiempo que vivimos en este país en el que buscamos vaciar las cárceles y construir convivencia».

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, la red ciudadana Sare ha denunciado el «nuevo atropello jurídico» que supone esta sentencia «incomprensible».

Su portavoz, Joseba Azkarraga, ha recordado que el procedimiento ha estado caracterizado por la «dudosa garantía en la obtención de las pruebas», ya que algunas de las personas encausadas denunciaron haber sufrido torturas, y ha criticado que se vuelva a recurrir a un argumento «tan manoseado y tan injusto como el ‘todo es ETA’». Ha afeado al tribunal su «esfuerzo de jurisprudencia creativa» para volver a condenar a personas que anteriormente ya habían sido juzgadas, castigadas y encarceladas «por los mismos hechos».

«Otra vez condenas, otra vez decidiendo contra la paz, otra vez construyendo trincheras frente a nuestros puentes, otra vez la Audiencia Nacional. ¡No vamos a resignarnos hasta conseguir la libertad de Euskal Herria!», ha denunciado, por su parte, Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, en un mensaje en redes sociales.

Otra de las reacciones ha llegado en forma de movilización en Larrabetzu, donde han denunciado especialmente la condena a su vecina Naia Zuriarrain.

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Egaña | Año Dos de la Pandemia

En el texto que ha compartido en su página de Facebook nuestro amigo Iñaki Egaña analiza diferentes aspectos a través del cristal que provee la pandemia del SARS CoV-2, misma que cumple ya su segundo aniversario.

El escrito contiene, en su epílogo, un merecido recuerdo al represaliado político vasco Antton Troitiño, hoy paradigma de la feroz y cruel persecución a la que han sido sometidas centenas de personas por el único delito de luchar en favor de la autodeterminación de su pueblo.

Aquí tienen el texto:

Año dos de la pandemia

Iñaki Egaña

Se marcha un año marcado nuevamente por la pandemia, condensado de incertidumbres, también de pulsos entre quienes tienen las riendas del poder económico y quienes ostentan los títulos de parias de la tierra. Nada nuevo en esta última ecuación, sí en cambio en la gestión y desarrollo del ciclo pandémico.

La creencia al comienzo de la expansión de la Covid de que el mundo iba a resetearse, creando redes solidarias, invirtiendo en sanidad y abriendo la puerta a un reparto equitativo de la riqueza, ha quedado en agua de borrajas. No tanto por el trabajo anónimo y sostenido de quienes luchan por un mundo mejor, sino porque las elites dominantes han aprovechado el “sálvese quien pueda” de los gobiernos, para estrujar aún más su proyecto neoliberal.

En casa, las inversiones inútiles estratosféricas continúan a un ritmo creciente, la venta de nuestro patrimonio a otro galopante, mientras que la sanidad no sólo no crece, para abordar de frente a la pandemia, sino que mengua por una simple regla capitalista, la de privatizar las necesidades básicas para agrandar el negocio de los cercanos.

Y, en esto, paradójicamente, las elites coinciden con negacionistas y antivacunas, que en los últimos días han marcado sus objetivos: una educación y una sanidad privadas, desdeñando lo público, referencia de cualquier proyecto progresista. La base de una deriva autoritaria se está conformando con estos dos sectores aparentemente distantes que coinciden en sus objetivos estratégicos. Liberalismo a ultranza. Lo individual frente a lo colectivo.

En medio de la pandemia, las llamadas de feministas y pensionistas, volvieron a concitar las mayores movilizaciones en nuestro entorno. Podría parecer que las reivindicaciones son universales, y en efecto lo son, pero un poso singular ha marcado un calendario cercenado por urgencias. Y en ello, a pesar de los pesares, la pulsación feminista ha demostrado que va asentando posiciones, modificando incluso las de los más inmovilistas. La de los pensionistas ha servido para marcar con letras de oro a una generación que se movilizó siendo adolescente por la amnistía y las libertades civiles y medio siglo después sigue el frente de la dignidad reclamando unas pensiones acordes con su aportación al progreso del país.

Las antorchas de aquella madrugada de octubre en Laudio recibiendo a los trabajadores de Tubacex que regresaban a sus puestos de trabajo después de llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa, tras siete meses de huelga, han quedado enganchadas a la retina del movimiento obrero vasco. Como las recientes de los trabajadores de la Huerta de Peralta, o las ya antiguas de Michelin o Euskalduna, protagonizadas precisamente por algunos que ahora exigen pensiones dignas.

La huelga convocada por todos los sindicatos vascos en el sector público vasco en abril de este año, denunció que la temporalidad, 40%, era la más alta de Europa. Signo, también, de la naturaleza de los gestores. Recordar, asimismo, que algunas protestas y las huelgas correspondientes, siguen abiertas, como las de Residencias de Gipuzkoa, 260 días, y que trabajadores de empresas con una gran contestación social, como los de la Incineradora de Zubieta, llamaron a la huelga desconvocada por los abusivos servicios mínimos, instrumento recurrente del capital.

En el décimo aniversario de la Declaración de Aiete, punto inicial de la disolución de ETA, el cambio de estrategia de la izquierda abertzale tuvo varios hitos inéditos en el apartado de la convivencia, tales como la Declaración del 18 de octubre, con relación a las víctimas del conflicto, o el fin de la polémica de los Ongi Etorris, con la declaración del EPPK de finales del pasado noviembre. Hechos que no han tenido su correspondencia de parte, señalando el poder que ejercen los sectores más profundos de los estados vecinos, actores necesarios para mantener esa guerra de baja intensidad que cohesione las artificiales identidades francoespañolas.

El cambio de estrategia tuvo marcadas referencias con el congreso de EHBildu y la Asamblea Nacional de Sortu en Atarrabia, las jornadas nacionales de Durango y Oiartzun y el debate de la ponencia Herrigaia que concluirá en el congreso próximo, ya en 2022. Hacer notar, asimismo, el novedoso 15 Congreso Confederal del sindicato ELA, en noviembre en Bilbo, con una resolución histórica, la apuesta por una república independiente vasca.

Tanto Sare como los Artesanos de la Paz manifestaron a comienzos de 2021 que este año debiera ser el de la “resolución”, pero aún las diez letras de su vocablo no se atisban en el horizonte, a pesar de acercamientos y progresiones de grado. La campaña de Sare “Ibilian Ibilian”, que echó a andar en verano, mostró el músculo movilizador de los sectores solidarios con los presos vascos, en especial la de setiembre contra las legislaciones especiales en Arrasate, y la de octubre de Donostia. Movilizaciones precedidas por las marchas en Araba y Nafarroa Garaia.

Ya en febrero y marzo, se habían producido manifestaciones contra la tortura, recordando el reconocimiento institucional a la muerte en Intxaurrondo de Mikel Zabalza, 35 años antes, seguidas de la que tuvo lugar con el apoyo a los encausados en el proceso 13/13, abogados y solidarios con los presos.

El contexto pandémico mermó las movilizaciones por razones obvias. A pesar, EHBildu sorprendió el 20 de noviembre con una multitudinaria manifestación en Bilbo, bajo el lema “Lortu arte”. No fueron las únicas masivas. Al margen de las reseñadas, la de Iruñea en el 500 aniversario de la conquista, o la de Baiona, en favor del euskara tras la decisión del Consejo Constitucional francés.

Se va un año dramático para miles de familias que han perdido a los suyos, por una maldita pandemia que nos ha modificado hasta el tuétano. Y que también se llevó a otros de los nuestros, Fran Balda, Alfonso Sastre, y más recientemente, a una víctima de una política penitenciaria de excepción, Antton Troitiño.

 

 

 

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