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viernes, 6 de marzo de 2020

Egaña | COVID-19

Y de pronto el Coronavirus dejó de llamarse Coronavirus y comenzó a ser bautizado en la prensa como COVID-19, un término digamos, más científico.

Independientemente de ello, el tema ha inspirado a Iñaki Egaña a regalarnos con un texto más en su cuenta de Facebook, mismo que aquí les presentamos:

COVID-19

Iñaki Egaña

Soy incapaz de hacer una lectura propia del coronavirus y su expansión, aunque intento adivinar sus efectos colaterales. Estamos asistiendo a una propagación en tiempo real, gracias a las redes y a la inmediatez de la noticia, de ese virus aparentemente incontrolado cuya influencia rompe todos los moldes de la serenidad que necesitan las sociedades para su desarrollo político, social y, sobre todo, económico.

Decenas de miles de contaminados, centenares de muertos de un planeta que pronto alcanzará los ocho mil millones de habitantes, están poniendo en evidencia que nuestra especie está terriblemente enferma. Pero enferma de una dolencia para la cual no tenemos sistema inmunológico. La manipulación.

El virus Covid-19, coronavirus, tiene una letalidad notoria. Forma parte de una serie de virus que llevan tres décadas entre nosotros. Pero su mortalidad, al menos hasta ahora, no se acerca a los parámetros de otras enfermedades patógenas o sociales. Más de 140.000 personas murieron el año pasado por sarampión, 2.000 fallecieron en la República del Congo a consecuencia del ébola, 40 por gripe en la Comunidad Autónoma en este invierno.

Entre enero y febrero de 2020, en sólo los dos primeros meses de este año, las “enfermedades socio-patógenas”, han sido devastadoras: 2.146.513 muertos por infecciones, 1.256.836 niños menores de 5 años fallecidos la mayoría a causa de la pobreza, 277.966 muertos por el SIDA, 162.191 fallecidos por la malaria. La OIT (Organización Internacional del Trabajo), estima que todos los años mueren más de un millón de obreros en accidentes laborales y que cientos de millones están expuestos a substancias peligrosas que a medio o largo plazo provocarán inexorablemente su fallecimiento.

No es, sin embargo, el aspecto de la fatalidad biológica el que quiero comentar, sino el de la manipulación, directa o indirecta, inducida o no, del virus. Una expansión que ha fomentado el miedo, el recuerdo acumulado a la peste o a la tuberculosis de antaño. Las bolsas mundiales han caído en picado, “perdiendo” centenares de miles de millones de euros, y se encuentran a la espera de intervenciones puntuales de los bancos centrales, como cuando la quiebra de Leman Brothers. Los vuelos se cancelan, el precio del petróleo se desploma, se suspenden actos públicos y Confebask, como las patronales de otros lugares, alerta de la llegada de una recesión.

¿Todo ello por la expansión de un virus más o menos mortífero? ¿O por el reinado de unas redes sociales incontroladas, manipulables en un entorno cada vez más universal? ¿Es el escenario perfecto para una vuelta más de tuerca en ese control total del Gran Hermano? No tengo respuestas. Pero sí, por el contrario, alguna reflexión.

La gran movilización mundial por la expansión del Covid-19 y su influjo en la economía y en la vida social y política, ha señalado la fragilidad de un sistema que parecía intocable. Algo que, por otro lado, nos traslada a otra reflexión, la de que a menudo no somos conscientes de cuánto ha cambiado el planeta y sus habitantes en apenas dos décadas. Y, por extensión, que muchos de nuestros análisis, incluso los coyunturales, no son sino excavaciones arqueológicas. Restos de un pasado, por muy cercano que parezca.

El impacto mediático y social del virus es una de aquellas razones que hace ya más diez años explicaba Nassim Taleb en su teoría de los “cisnes negros”, esos acontecimientos inesperados que son los dominantes en la historia. Sucesos atípicos que juegan un papel mucho más relevante, en los cambios socio-políticos, que los regulares. Que aquellos que esperamos a través del juego político.

Los servicios secretos y los “think tank” (laboratorios de ideas), son quienes en estos últimos tiempos han abierto la posibilidad de otras crisis locales o mundiales, diversas a las clásicas, sobre todo las que nos vaticinaba el marxismo. En la teoría, abrieron cauces para hacer frente a los cisnes negros. Primero detectándolos y luego poniendo las herramientas para hacerlos frente. No es ciencia ficción.

Acontecimientos inauditos como una explosión nuclear, la caída de un meteorito, la expansión de un desconocido virus, el ascenso de un líder mesiánico que apriete botones excepcionales o apagones informáticos intermitentes. Decenas de contingencias inesperadas, necesitadas de un protocolo previo con el que abordar la llegada del cisne negro.

Pero, por mucho que nos expliquen que el control es total, que los imprevistos forman parte de la construcción social local o mundial, la percepción es justamente la contraria. Por ello se desploma la bolsa, por ello se vacían supermercados y por ello la desconfianza se acelera. En la cercanía, la improvisación pública y privada con la tragedia de Zaldibar ha dejado en el aire la ausencia de protocolos previos. Incluso para esa falsa hipótesis lanzada por el lehendakari, la de la catástrofe natural. Para esas catástrofes naturales, la previsión era nula.

Y en el caso del coronavirus de marras, la alerta mundial no tiene una única y unitaria respuesta, como tampoco las tienen en cómo afrontar los acontecimientos esperados, los regulares. El cambio climático es el paradigma. Sectores negacionistas, sectores que exigen paciencia, sectores que siguen apostando por el crecimiento desbocado, sectores que creen en la regeneración natural. Es la propia esencia del capitalismo, la competencia entre las elites, el éxito de unos como producto del fracaso de otros: “homo homini lupus”.

Si esta es la tónica de lo regular, ¿qué sucederá con los acontecimientos asimétricos, con los irregulares? Los costes económicos de las faltas previsoras, de los cisnes negros que han llegado hasta las orillas del Cadagua, van a caer sobre nuestras espaldas. Si la crisis se agudiza, serán las elites las primeras en ser rescatadas. Y si el meteorito impactara, el virus se coronaría con los laureles del Olimpo, el sálvese quien pueda nos atraparía al final de la fila. Para eso también hay clases.






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sábado, 20 de julio de 2019

Egaña | Invisibles en el Oasis

GHK, esa institución gipuzkoana que ha hecho todo por que se declare culpables a Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin de haber hecho quien sabe qué, es hoy en día administrada por gentes del PNV y del PSOE.

Pues bien, miren en que otras cosas andan juntos estos socios tan beneficiosos para la unidad de España.

Iñaki Egaña nos trae el reporte desde su perfil de Facebook:


Iñaki Egaña

La celebración del mundial de fútbol en Qatar en 2022 ha servido para que diversas organizaciones denuncien públicamente las condiciones de vida de los trabajadores de los estadios. Se habla de “trabajos forzados”, de “semiesclavismo”, de “servidumbre medieval”… expresiones para definir los contratos de una patronal que, en nuestro país, por ejemplo, es la accionista mayoritaria de Iberdrola.
La esclavitud fue abolida en el planeta en un periodo que se prolongó durante un siglo. Empresarios e iglesias cristianas fueron los más reacios a considerar la esclavitud anti-natura y a los humanos como miembros de una única especie. En el intermedio, y para justificar las diferencias, pseudocientíficos y obispos daban pábulo al tamaño del cráneo o al color de la piel para argumentar la marginalidad de la mujer o de los africanos.

Hoy, sin embargo, la esclavitud no tiene por qué ser verificada. Se esconde en ese entramado de empresas, subempresas, contratas y subcontratas que, como los evasores fiscales, evitan dejar pistas para cubrir la mafia en que se ha convertido el entorno patronal. Los viejos mercaderes de esclavos, los traficantes de hombres, se cobijan hoy bajo las siglas de corporaciones patronales.

Según el informe anual de Global Slavery Index, nuestro planeta alberga a más de 40 millones de esclavos modernos, de los que 1.300.000 están dentro de nuestro territorio, la Unión Europa. La organización mundial califica como esclavismo a los trabajos forzados, a matrimonios dirigidos, a personas explotadas sexualmente. Desde 2014, y para cumplir el déficit, prostitución y tráfico de drogas son incluidos en el PIB hispano, el vasco incluido. Parte de la esclavitud ha sido justificada.
Hay otra, sin embargo, más invisible porque forma parte de los proveedores habituales de mercancía humana como fuente de trabajo. Son trabajadores migrantes en su mayoría, pero también “autóctonos”. Esos que necesitan en ocasiones de dos o más ocupaciones para superar el umbral de la pobreza, que cobran la parte o el todo de la nómina en sobres, que les adjudican una situación incorrecta, la de “falos autónomos”.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha señalado recientemente que hay 164 millones de trabajadores migrantes en el mundo. No hace falta seguir el texto de su informe para conocer en el mundo y en nuestra propia casa, los sectores en los que trabajan: agricultura, construcción, empleados domésticos y fábricas. El Imperial College de Londres ha añadido al informe de la OIT que casi uno de cada dos trabajadores migrantes sufre algún problema de salud relacionado con su empleo, y que uno de cada cuatro ha sufrido algún tipo de accidente laboral.

Y los datos tanto de la OIT como del College tienen, entre otros, a la Unión Europa como fuente. Es decir, que en nuestro llamado oasis vasco, ese en el que las relaciones laborales son marcadas por organizaciones patronales absolutistas y tiránicas (que sugieren la ilegalización de sindicatos) también se repiten las transgresiones de nuestro entorno, las limitadas por un proceso de acumulación capitalista.

Hace unos días hemos conocido alguna de estas prácticas en dos de nuestras capitales insignia. En la guipuzcoana, en la obra de elongación del topo, una construcción destinada a enriquecer a las cementeras y a coronar la vanidad de un alcalde jeltzale y también la de un concejal socialista acomplejado porque Bilbao entra en el abecedario antes que Donostia, los trabajadores son enterrados en el túnel que están construyendo durante 12 horas los días laborales y 19 los fines de semana. Una obra subvencionada por el Gobierno vasco.

Un bien superior, el de la prolongación del topo hasta la puerta de una multinacional que se expande gracias a la explotación infantil y femenina en territorios lejanos, justifica un “mal menor”, la degradación de la condición humana al servilismo, a través de contratos humillantes, cuando los hay. Si los trabajadores son oriundos también de territorios lejanos, mejor que mejor. Llegará el día, como otros tantos, en los que un propagandista disfrazado de periodista haga la crónica de la inauguración de la línea, con el vanidoso alcalde y el concejal acomplejado abriendo portada. El resto será absorbido por la “línea del progreso”.

En la capital vizcaína, los trabajadores del reciente del festival realizado en Kobetamendi, el BBK live, han consumado jornadas de 12 horas, a menos de 4 euros la hora. Un festival apadrinado por el Ayuntamiento de Bilbao, cuyo alcalde el señor Aburto, tiene el segundo sueldo más alto de los municipios españoles. Un festival asimismo avalado por la fundación que da nombre al evento, cuyo presidente, el señor Sagredo, gana cuatro ves más que el alcalde citado.

En las joyas de la corona del mundo del espectáculo, las obras de remodelación del campo de fútbol de Anoeta están siendo un ejemplo de la voracidad patronal. Las jornadas de trabajo de cerca de 12 horas diarias, son correspondidas con sueldos que no llegan al 60% del mínimo recogido en convenio. Las de San Mames Barria no fueron a la zaga. Los trabajadores cumplieron jornadas semanales de 72 horas de trabajo, que los sindicatos denunciaron “en condiciones de esclavitud”. Luego, ya lo saben, durante 90 minutos desfilarán, en cuanto empiece la nueva temporada, jugadores con fichas superiores a los 10, 20 o 30 millones de euros.

Vivimos en un medio que nos hacen creer especial, diverso al de los vecinos cuyos presidentes son corruptos o han sido aupados por los amos del dinero. Pero esa impresión es tan falsa como la misma que ofrece el consejero de turno cuando nos dice que los accidentes mortales en la construcción del TAV son inevitables, tal y como los de tráfico. El oasis vasco tiene una exclusiva, la invisibilización de la esclavitud, de la precariedad, de la marginalidad. En eso son unos artistas: el informe sobre la pobreza que Urkullu y Erkoreka escondieron bajo la alfombra.






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martes, 6 de septiembre de 2016

Terrorismo Cocacolero

Ya hemos denunciado a la empresa refresquera estadounidense Coca-Cola por lo que está haciendo en Chiapas, México.

Pues bien, ahora es el turno de viajar un poco más al sur para poder constatar lo que esta compañía ha provocado en Colombia.

Esto es lo que reporta RT:


La multinacional está acusada de ser cómplice del asesinato de nueve dirigentes sindicales en su planta de Antioquia, Colombia.

Santiago Mayor

Recientemente Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz que busca poner fin a una guerra interna de más de medio siglo. El texto fue ratificado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El próximo paso será la realización de un plebiscito el 2 de octubre, donde la ciudadanía en su conjunto se exprese al respecto.

Sin embargo, no siempre está presente que la guerra civil colombiana está atravesada por múltiples factores que van más allá del enfrentamiento entre el Ejército regular y los grupos insurgentes.

Las empresas multinacionales han cumplido, muchas veces, un rol clave en el sostenimiento del conflicto afectando a poblaciones enteras o incluso involucrándose abiertamente, como en el caso de Coca-Cola.

Asesinato de líderes sindicales

Durante los años 90 y principios del 2000, al menos nueve dirigentes sindicales de las plantas embotelladores de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados por fuerzas paramilitares. Según consta en una denuncia internacional hecha por los propios trabajadores, la empresa fue cómplice de estos crímenes.

"La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla", recordó 'El Ciudadano'. En 1994 fue asesinado el sindicalista José Manco David en la planta de Carepa, dando inicio a una seguidilla de muertes.

Ya en 1996 un comando del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó directamente a la planta y asesinó a Isidro Segundo Gil, quien encabezaba un reclamo contra la empresa. Al día siguiente, las AUC regresaron a la planta, destruyeron las instalaciones del sindicato y acamparon durante dos meses de manera intimidatoria en la puerta. Coca-Cola nunca denunció su presencia a las autoridades, en cambio utilizó la situación para despedir a otros dirigentes y rebajar el salario de los trabajadores.

Demanda internacional

Ante la falta de respuesta de la Justicia colombiana, los trabajadores de Coca-Cola presentaron una demanda en Miami ―donde está la sede de la multinacional― en el año 2001. Fueron incluidas en la denuncia Panamerican Beverages (la mayor embotelladora de gaseosas en América Latina) y Bebidas y Alimentos, que opera la planta de Carepa.

La presentación contó además con el respaldo de United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF). También se llevó a cabo una campaña de boicot internacional poniendo de relieve la connivencia de Coca-Cola con los paramilitares.

A pesar de esto, la empresa se desligó de los crímenes y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se hacía en las plantas embotelladoras de Colombia. Asimismo, pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realizara una investigación "independiente" de los hechos. Ed Potter, el entonces delegado de EE.UU. en la OIT era también director de relaciones internacionales de Coca-Cola.

Una práctica común de las multinacionales

Laura Capote, vocera de la organización popular colombiana Marcha Patriótica explicó a RT que "más allá de Coca-Cola, es tremendo cómo el capital privado y las multinacionales han financiado y promovido el conflicto armado en Colombia". Según Capote lo han hecho a través de grupos paramilitares "para echar a las comunidades de los territorios y de esa forma llegar a un lugar 'vacío' a extraer los recursos naturales".

"Hace poco salió el informe de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde se señalan más de 50 empresas que han colaborado con grupos ilegales durante el conflicto armado", destacó la militante social. Además señaló que estas compañías "podrían ser juzgadas dentro de esta jurisdicción especial para la paz" que va a surgir de la firma de los acuerdos en La Habana.

Finalmente expresó que Colombia "es uno de los países donde es más riesgoso ejercer el sindicalismo". Así lo confirma el informe difundido por la Escuela Nacional Sindical (ENS), que relevó que entre 2011 y 2015 fueron asesinados 105 dirigentes gremiales en el país.






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domingo, 27 de enero de 2013

Solidaridad con los Qom

Nos ha llegado el enlace a esta campaña solidaria en Change.org:


Ana Vivaldi

Ante las reiteradas muertes y episodios de violencia contra miembros del Pueblo qom, investigadores, docentes, graduados y estudiantes universitarios de diferentes universidades nacionales e internacionales y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que desarrollamos nuestras actividades junto a los Pueblos indígenas; junto a intelectuales, artistas, miembros de organizaciones sociales y profesionales queremos, una vez más, manifestar nuestra más profunda preocupación por la situación que vive el Pueblo qom, y particularmente la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera) en la provincia de Formosa.

Esta comunidad padece una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento que reciben desde que sostienen reclamos por la restitución de su territorio. El hecho emblemático y más grave ocurrió con la represión policial del 23 de noviembre de 2010, que terminó con la vida del qom Roberto López, así como con graves heridos, entre los que se encontraron mujeres, ancianos y niños. En dicha represión las viviendas de los manifestantes fueron incendiadas por la policía provincial así como todas sus pertenencias. Este hecho tuvo grandes repercusiones a nivel nacional cuando Félix Diaz, qarashe de la comunidad, se trasladó a Buenos Aires para pedir justicia al gobierno nacional. A mediados del 2011 el gobierno nacional acordó avanzar en la resolución del conflicto territorial y garantizar la seguridad de la comunidad.

No obstante, en estos dos años no se ha avanzado en la restitución del territorio usurpado a la comunidad. El territorio tradicional de la comunidad continúa ocupado por una familia no-indígena, por la provincia de Formosa y por el Estado Nacional, a través del Parque Nacional Río Pilcomayo.

A su vez, en estos dos años numerosos miembros de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas de manera constante y creciente. A ese cuadro de situación se suma el hecho de que los miembros de esta comunidad siguen enfrentando múltiples investigaciones penales en las que resultan criminalizados por las luchas y protestas que emprendieron.

Los permanentes actos de violencia que padecen difícilmente pueden ser desvinculados de su reclamo por la restitución de su territorio tradicional. La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de su territorio ha generado las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la comunidad se incrementaron de forma alarmante. Cabe señalar que esta situación ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 21 de abril de 2011 exhortó al Estado a proteger la vida de Félix Diaz, su familia y los miembros de la comunidad “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. No obstante, la violencia contra la comunidad continua.

Gran parte de los territorios donde se asientan comunidades indígenas están siendo disputadas por intereses ligados al modelo de desarrollo extractivista en su modalidad agroindustrial y a los negocios inmobiliarios, incluso estando vigentes leyes nacionales que protegen a los territorios indígenas.Los derechos territoriales quedaronplasmados en el derecho argentino cuando en 1994 se incorporó el nuevo art. 75 inc. 17 a la Constitución Nacional y con la ratificación o adopción de un conjunto de instrumentos de derechos humanos entre los que se destacan el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo que prevalece es una brecha de implementación entre la normativa indígena y la realidad que viven los Pueblos indígenas en nuestro país.

Claro ejemplo de ello lo constituye la falta de implementación en la provincia de Formosa de la ley 26.160/26.554 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas que dispuso el inicio de un proceso de relevamiento dominial de las comunidades indígenas y la suspensión del desalojo de sus tierras. Las comunidades indígenas de la provincia continúan reclamando que se realice el relevamiento territorial con participación indígena y bajo la modalidad centralizada, sólo a cargo del INAI dada la desconfianza en las autoridades provinciales.

Finalmente, queremos denunciar que la violencia que padecen los indígenas qom no se manifiesta sólo en la agresión física y el hostigamiento. También es ejercicio de la violencia la discriminación y la vulneración de sus derechos más básicos como el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la justicia, a la educación y a la libre determinación de sus autoridades. Esta es una situación extendida y lejos de vivirse con pasividad, es el foco de reclamos de las comunidades y sus líderes, en distintos puntos de la región Chaqueña, quienes generan modos de auto organización logrando resolver algunos de los problemas puntuales con escasos recursos.

A raíz de la ola de violencia contra el Pueblo qom  queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh y de todas aquellas comunidades indígenas que están defendiendo sus derechos humanos básicos y sus derechos territoriales ante
las nuevas modalidades de ocupación.

Por todo ello reclamamos:

-          La inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días.
-          La intervención de organismos públicos nacionales y de derechos humanos para garantizar la  transparencia de las investigaciones sobre dichos casos.
-          El cese de las persecuciones y amenazas a los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
-          Que las autoridades garanticen la seguridad de todos sus miembros.
-          Se respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
-          La implementación de la Ley 26.160/26.554 con efectiva participación indígena y bajo la modalidad centralizada que ellos reclaman.
-          El respeto irrestricto a los derechos indígenas.
-          La implementación de programas nacionales que promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.


La violación y/o el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional Argentina, constituyen un grave retroceso en la vida democrática de la sociedad argentina. Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, mediante la presente, ponemos a disposición nuestras experiencias de investigación a fin de efectuar los aportes que contribuyan a lograr una solución definitiva a la vulneración del estado de derecho que ha afectado no sólo a los qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, sino también a otras comunidades y Pueblos indígenas del país.







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