Un blog desde la diáspora y para la diáspora

viernes, 25 de febrero de 2011

Víctimas del Terrorismo de Estado

Después de la jornada conmemorativa por el 23-F consideramos que es muy importante compartir con nuestros lectores este texto publicado por Gara, dado lo vivido en Euskal Herria desde 1936 hasta la fecha.

Adelante con la lectura:


Terrorismo y violencia de motivación política

Detrás de esta actitud hacia las víctimas del terrorismo de estado, así como hacia el conjunto de las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el franquismo, está la presencia en las distintas instituciones, empezando por la Corona y siguiendo por los gobiernos y parlamentos centrales y autonómicos

M. Sainz, G. Garmendia, A. Txasko e I. Astoreka | Lau Haizetara Gogoan

Términos como «terrorismo» o «terrorista» han invadido y, en gran parte, distorsionado, durante décadas, el debate político en Euskal Herria. Jueces, políticos profesionales y medios de comunicación han convertido estas palabras en fetiches que sirven para todo menos para desarrollar una reflexión con un mínimo de rigor político e intelectual. Los conceptos están íntima y dialécticamente relacionados con el contexto y la historia de las sociedades en las que se acuñan y desarrollan. El franquismo fue prolífico en esta labor. Los antifascistas fueron calificados como «rebeldes», «desafectos», «rojo-separatistas», «traidores», «sin-patrias», o se les vinculó a un «contubernio judeo-masónico». También se les llamó «terroristas». La Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947 sirvió, entre otras cosas, de cobertura legal para la brutal represión ejercida contra el Maquis. Toda discrepancia, toda disidencia política, toda acción sindical o cultural reivindicativa fue calificada por la «autoridad competente» como terrorismo y, en consecuencia, combatida con toda la fuerza del Estado (Guardia Civil, Policía, Ejército, consejos de guerra...) Hay una continuidad en la legislación antiterrorista desde 1939 hasta hoy. Se repiten miméticamente ideas y conceptos, aunque en contextos diferentes. Todas estas leyes, elaboradas ad hoc, tienen entre sus objetivos justificar y mantener impune el terrorismo de Estado. La expresión política más definida de todo ello la encontramos en las declaraciones de Martín Villa tras la muerte de Germán Rodríguez (Sanfermines de 1978), que califica como un error del Estado, mientras que al referirse a otros tipos de violencia, habla de asesinatos. Con la legislación aún vigente, el Estado persiste en considerar a las víctimas de la rebelión militar de 1936, el franquismo y el terrorismo de estado como terroristas, cuando, en todo caso, son víctimas y resistentes antifascistas.

Los estados no consideran terrorismo los crímenes que han sido cometidos por sus propias instituciones, incluso en el caso del Estado español, donde se ha dado, al menos formalmente, un cambio de sistema político. Se huye de la legalidad internacional, asumida en teoría, que define la represión franquista como genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Para hablar con rigor del concepto «terrorismo», hemos de acudir al Informe Final (de 1 de diciembre de 2004) elaborado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y los Cambios (nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas). Terrorismo se define así: «Cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1.566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004), destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla».

Aquí se pueden distinguir dos elementos o condiciones que han de concurrir para que una acción pueda ser considerada como terrorista: el carácter civil (o no combatiente) de las víctimas y la intencionalidad de conseguir un objetivo político como intimidar a la población o forzar a un gobierno (o a una institución internacional) a actuar de una determinada manera. Por ello, no podemos admitir que, desde las instituciones autonómicas de la CAV se haya acuñado el concepto «víctimas de violencia de motivación política», para no llamar terrorismo a las vulneraciones de los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado, cuando la existencia de una «motivación política» es una de las condiciones que determinan que una acción pueda ser considerada como terrorista.

¿No es acaso terrorismo la masacre perpetrada el 3 de marzo de 1976 sobre la población civil (trabajadores en huelga) con el propósito de intimidar al conjunto de la clase obrera? Recordemos que las víctimas de estos hechos fueron reconocidas por el propio Parlamento Vasco el 3 de marzo de 2006 mediante declaración institucional, aprobada por unanimidad, como víctimas del terrorismo. En la práctica, tras el hallazgo del término «víctimas de violencia de motivación política», con la discriminación que conlleva, las instituciones autonómicas convierten esta declaración en papel mojado. Remontándonos más atrás en el tiempo, ¿no son acaso acciones terroristas los bombardeos indiscriminados sobre la población civil vasca perpetrados durante los años 1936 y 1937, cuando su objetivo explícito era forzar la rendición de las tropas que estaban a las órdenes del Gobierno de «Euzkadi»?

Toda esta situación nos parece inadmisible y por ello denunciamos que detrás de esta actitud hacia las víctimas del terrorismo de estado, así como hacia el conjunto de las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el franquismo, está la presencia en las distintas instituciones, empezando por la Corona y siguiendo por los gobiernos y parlamentos centrales y autonómicos, y en las cúpulas de los partidos políticos que han tenido responsabilidades en su gestión durante más de 30 años de «democracia», de personas con vínculos ideológicos y/o familiares con los responsables de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas a partir del alzamiento del 18 de julio, e incluso de personas que han tenido responsabilidad directa en los crímenes. El hecho cierto es que en todas estas instituciones, nacidas, no lo olvidemos, de una reforma y no de una ruptura con el régimen anterior, hay muchos más elementos de continuidad con el pasado dictatorial de los que están dispuestos a reconocer sus actuales gestores.




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Soroa | Una Lectura Benévola del Tejerazo

Y bueno, ya que Floren Aoiz nos ha provisto con el contexto histórico y con las reflexiones traspoladas a la realidad que se vive hoy en Euskal Herria, les presentamos el punto de vista siempre aceradamente acertado de Maite Soroa en su columna habitual de Gara:


Una lectura benévola del tejerazo

Maite Soroa | msoroa@gara.net

Ayer se cumplieron treinta años de la fantochada de Tejero y compañía (elaboren ustedes mismos la lista de su «compañía». Yo, por si acaso, me callo.) y los medios se saturaron de alabanzas borbónicas y loas a la madurez de la democracia española.

Y entre tanto incienso, destacaba el editorial de «La Razón», que nos contaba el cuento de Caperucita Roja, pero con el lobo hecho un bendito, la abuelita más mala que el sebo y Caperucita una perversa. Lean, lean.

Recordaba el autor que «se cumplen 30 años del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (...) tres décadas de la decisiva intervención del Rey, que se erigió entonces en el responsable principal de que aquella intentona no sólo fracasara, sino que supusiera además para el país una suerte de catarsis». O sea, mano de santo.

La verdad es que al buen hombre le costó siete horas decidirse a decir que aquello no le gustaba, pero al editorialista no sólo le parece estupendo, sino que va más allá: «Sin quererlo, los golpistas provocaron una carrera acelerada y sin vuelta atrás hacia la libertad, la modernidad y el progreso». O sea, que aquello fue como un premio de la lotería democrática.

Pero la cosa no se terminó de arreglar, porque «En pleno siglo XXI, sin embargo, arrastramos todavía alguno de los factores que contribuyeron decisivamente a crear un caldo de cultivo en el que la asonada pudo planificarse y ejecutarse». Ojo, que empieza la diversión.

Los culpables, en realidad, no fueron los golpistas. Tengan en cuenta que «el terrorismo de ETA y de los Grapo fue un elemento determinante para generar un ambiente opresivo y asfixiante en la democracia joven e inexperta de principios de los 80». Ya hay culpable.

Y unas pobres víctimas, ofuscadas, que tan sólo se equivocaron: «El golpe del 23-F fue en buena medida una respuesta absolutamente equivocada en todos los sentidos a aquella situación trágica de los denominados años del plomo de ETA». Suena a justificación, ¿no les parece?

Y deja para el final el juicio: «los pistoleros pusieron contra las cuerdas al Estado de Derecho recién estrenado y unos golpistas trasnochados cayeron en su trampa». Pobrecicos.




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jueves, 24 de febrero de 2011

Aoiz | ¿Fracasó el Autogolpe de Febrero de 1981?

Apenas ayer Floren Aoiz puntualizaba meticulosamente algunos aspectos polémicos de la jornada vivida durante el 23 de febrero de 1981 y en las horas y días posteriores.

Hoy, de nuevo en Gara, complementa la información:


¿Fracasó el autogolpe de febrero de 1981?

Floren Aoiz | Escritor

Aunque haya quien espere una respuesta unívoca a esta pregunta, yo voy a dar dos, aparentemente contradictorias, pero que a mi juicio no lo son. En mi opinión, el autogolpe del 23 de febrero de 1981 fue, para sus promotores, un éxito, pero analizado desde el punto de vista de sus consecuencias a largo plazo, ha terminado por convertirse en un fracaso.

Uno, la historia de un éxito: Se ha vendido la historia del 23-F como un golpe ultraderechista fallido, cuando lo cierto es que se trataba de una operación del propio Estado para reconducir el rumbo de la transición.

Aunque el plan del autogolpe era otro, los responsables de la operación supieron gestionar el desastre provocado por el rechazo de Tejero a una salida que permitiera conformar rápidamente un gobierno de concentración. Este golpe es una ruina, pudieron decir, pero prefirieron hacer de la necesidad virtud y no les fue nada mal. Algunos de los protagonistas no pudieron eludir las consecuencias, que nada tuvieron que ver con lo que ha sufrido cualquier joven vasco acusado, por ejemplo, de quemar un cajero automático, pero los que llevaban las riendas salieron de aquello, como suele ocurrir en estos casos, impunes.

Se produjo el shock considerado necesario para imponer la reforma de la reforma y los objetivos principales de la operación se cumplieron de un modo inesperado, pero no por ello menos eficaz, con la ventaja de que Juan Carlos Borbón aparecía como responsable del triunfo de la democracia sobre los golpistas en lugar de como protagonista de la operación.

El golpe aparentemente fallido tuvo éxito porque Suárez quedó neutralizado, se generó un clima de miedo y no tardaron en llevarse a la práctica las recomendaciones de la agenda preconizada por sus impulsores.

Esta agenda incluía, significativamente, reconversiones industriales, privatizaciones y recortes sociales, la entrada en la OTAN, el desarrollo de la guerra sucia, mayor capacidad de acción para la maquinaria represiva y una involución en materia de modelo de estado, que iría mucho más allá de la famosa LOAPA e incluiría mayores exigencias al PNV y un nuevo cierre en falso de la «cuestión navarra» mediante el cambio de postura del PSOE de Urralburu y Arbeloa.

Las consecuencias del golpe han marcado la evolución de la política en el Estado español en estos treinta años. Consecuencia de aquello son, por ejemplo, los GAL, la estrategia de criminalización del independentismo, desde los pactos «antiterroristas» hasta la Ley de Partidos, o la operación para convertir el recuerdo a las personas que han sufrido ataques por parte de ETA en un recurso para la justificación de las posiciones del estado.

La mayor parte de las fuerzas políticas se plegó a las exigencias que asomaban tras el autogolpe. Es más, recurrieron a la amenaza golpista para justificar sus claudicaciones, desde el apoyo a medidas antisociales hasta la renuncia a la defensa de ciertos objetivos políticos «para no dar alas al terrorismo».

Una de las claves del autogolpe fue la voluntad de marcar los límites del Estado de las autonomías. A partir de entonces iba a predominar el inmovilismo, y el progresivo protagonismo del «antiterrorismo» implicaría la satanización del debate sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. La trayectoria del PNV, que ahora pretende interpretar las iniciativas de la izquierda abertzale como el reconocimiento de la correción de las posiciones jeltzales ante la reforma, ilustra perfectamente el impresionante efecto del autogolpe. Habrían de pasar muchos años y mediar el fracaso del modelo estatutario para que este partido osara acercarse a las rayas rojas marcadas en febrero de 1981.

A nadie se le escapa que aquel autogolpe tuvo mucho que ver con Euskal Herria. En primer lugar porque la situación vasca estaba en el origen de la crisis de estado y fue usada como justificación de la operación, tanto antes como después, de ésta. Valga como ejemplo esta nota de finales de febrero de 1981 sobre el estado de ánimo en una unidad militar española:

«Se piensa que los motivos que han producido esta acción son innumerables y están en la mente de todos, pudiéndose resumir fundamentalmente en la pasividad de las Autoridades ante hechos como las permanentes acciones terroristas, asesinatos y secuestros, los sucesos vergonzosos ocurridos en la visita de SS.MM. a Vascongadas, las manifestaciones en las que se dan gritos de independencia y vivas a la ETA, las acusaciones gratuitas contra las Fuerzas de Seguridad, los ultrajes a la Bandera, etc. etc. (...)»

Pero sobre todo fueron las consecuencias del golpe las que tuvieron repercusión directa en Euskal Herria. No tardó en comprobarse que la liquidación del independentismo vasco iba a ser prioridad del Estado y que éste no iba a autolimitarse en este desafío.

A las nuevas medidas restrictivas de las libertades se unió en mayo de ese mismo año el famoso «caso Almería», un adelanto de la apuesta por «acabar de una vez por todas con el terrorismo» tan cacareada antes y después del autogolpe.

Es más, como quiera que, en lugar de depurar todas las responsabilidades y desmontar la argumentación en la que se sustentaba el autogolpe, se dio por buena la necesidad de un golpe de timón, en lugar de cerrar el camino a las estrategias fácticas para condicionar la vida política, se avalaron. Y así, el mecanismo se consolidó. Es más, se blindaron las cloacas del Estado y se impulsaron las tramas de servicios secretos, agentes policiales y políticos que tanto que hablar han dado desde entonces.

Ydos, la crónica de un fracaso. Pese a que el golpe de timón cambió el rumbo de la nave, tal y como pretendían quienes lo dirigieron y avalaron, 30 años después, el buque sigue sin llegar a buen puerto. Si en 1981 se percibía la situación como la antesala del naufragio, y de hecho fueron muy recurrentes las metáforas de ese tenor, no es casualidad que en la actualidad se recupere o recree esa impresión.

El autogolpe no superó el divorcio entre la realidad plurinacional del Estado y el marco legal. El agotamiento del modelo de estado de las autonomías, el crecimiento del independentismo en Euskal Herria y Catalunya y la incapacidad del nacionalismo español de ofrecer respuestas estratégicas capaces de generar nuevas adhesiones demuestran que la agenda post 23-F, pese a haber dispuesto de treinta años para llevarse a la práctica, ha sido incapaz de resolver los problemas estructurales del estado.

Los recortes sociales que sucedieron al autogolpe han sido superados por otros mucho más drásticos, pese a que entre unos y otros transcurrieron etapas en las que los dirigentes españoles se vieron a sí mismos en la primera línea internacional. Tras el estallido de la burbuja y el fin del espejismo del crecimiento milagroso, la economía del Estado hace aguas otra vez y la crisis no es coyuntural.

En este panorama, y mientras algunos recrean contra Rodríguez Zapatero la operación de acoso y derribo contra Suárez que precedió al 23-F, los pasos dados por la izquierda abertzale han descolocado al Estado en un momento especialmente delicado. Esto explica que en lugar de felicitarse por el paso unilateral de ETA, lo haya interpretado como una agresión y haya respondido en términos represivos.

Treinta años después, el estado español se enfrenta a sus viejos fantasmas y se resiste a sustituir el «antiterrorismo» con el que ha disfrazado su inmovilismo y desnaturalizado el conflicto político de fondo. Hace tiempo que no puede recurrir a la amenaza golpista y cada vez le va a resultar más difícil negarse a asumir cambios en el modelo de estado, aunque hoy por hoy la respuesta a esta grave situación sea un fortalecimiento de las tesis más reaccionarias.

El 23-F no se hizo para que tanto tiempo después los problemas a los que supuestamente respondía constituyeran un desafío mucho mayor. Fue una salida en falso a una crisis de estado que hoy siguen sin poder superar.




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miércoles, 23 de febrero de 2011

Aoiz | Treinta Años de Mitos

Hoy es una fecha paradigmática para el estado español y la continuidad del régimen franquista bajo la égida de Juan Carlos Borbón. Paradójicamente, también lo es para Euskal Herria.

Lean este texto al respecto publicado por Gara:


23-F, treinta años de mitos para encubrir un autogolpe

Floren Aoiz | Escritor

Se cumplen 30 años de los sucesos de febrero de 1981 y vuelven a prodigarse los relatos que glosan la grandeza del rey español, salvador de la democracia frente a los golpistas. El ritual del aniversario se renueva y se repite la historieta de buenos y malos convertida en incuestionable. La transición hacía aguas, la economía naufragaba, el pérfido terrorismo y los insaciables nacionalismos «periféricos» ponían en peligro la unidad de España y unos cuantos nostálgicos del franquismo decidieron liquidar la incipiente democracia, pero no lo lograron porque Juan Carlos Borbón les hizo frente e impuso el respeto al estado de derecho.

Ya lo decía la letra del «Tanguillo del golpe»: «¡Qué nochecita pasamos los españoles, vaya una gracia!/ si el Borbón no lo remedia,/ nos quitan la democracia,/ las huelgas los sindicatos y hasta la Constitución.»

Sea con aire de tanguillo, vendido como sesudo trabajo académico o como promocionadísimo best seller de Javier Cercas, el cuento se basa en una historia de canallas extremistas (terroristas y golpistas) y un héroe equilibrado y equilibrador: el rey. Un relato que persigue la identificación social con cierta interpretación de la historia, y, en el fondo, quiere legitimar el modelo de transición y su consecuencia, esto es, el actual régimen constitucional.

Como ha destacado el analista del storytelling Salmon, con estas repeticiones rituales, más allá de contar una historia, se pretenden orientar flujos de emociones, creando y alimentando un mito colectivo. Porque de eso es de lo que estamos hablando, del mito de la modélica transición y, más exactamente, del mito del golpe involucionista reventado por el Borbón.

Un régimen surgido de la transformación «de la ley a la ley» desde una dictadura como la franquista necesita mitos fundacionales que disimulen su pecado original y ha encontrado en los acontecimientos de febrero de 1981 un filón. La versión oficial de aquellos sucesos convierte en paladín democrático al Borbón designado a dedo por Franco para liderar el posfranquismo, el mismo Borbón que proclamara al ser nombrado sucesor su adhesión a los principios del golpe de 1936 y repitiera los halagos al «Caudillo» tras su muerte. Prodigioso milagro recreado cada año por estas fechas gracias a la reedición del shock provocado por la irrupción de una banda de guardias civiles armados en el edificio del Congreso de Madrid.

A falta de una auténtica ruptura con el franquismo, el 23-F se nos presenta como su espectacular simulacro, en el que la integridad del monarca español y su firmeza brillan frente a la oscuridad de los involucionistas. Borbón renace así purificado, limpio de toda mancha, roto el cordón umbilical de una vez por todas con su promotor, el sanguinario dictador Francisco Franco que se hizo con el poder gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini y un baño de sangre de dimensiones colosales.

Las imágenes de Tejero, que han sido vistas por todo el mundo y han creado un «recuerdo compartido», invitan a dar por buena la imagen del golpe televisado, cuando lo cierto es que la verdadera naturaleza de lo ocurrido el 23 F ha sido deliberadamente ocultada a la opinión pública. Cuanto más se repiten las mismas imágenes, más cerrojos se cierran sobre el (auto)golpe de timón que el estado posfranquista dio a la reforma.

Más allá del mito, una reforma de la reforma. Recientemente, «El País» publicaba un texto sobre «la intentona golpista del 23-F que desbarató el Rey» en el que se afirmaba que «los hechos han quedado esclarecidos en su casi totalidad». Y es cierto que los hechos se han ido desvelando y hoy en día cualquier persona con interés puede acceder a testimonios, documentos y estudios que permiten hacerse una idea cabal de qué sucedió realmente.

Esta información, sin embargo, lejos de retratarnos a un monarca antigolpista, cuestiona de raíz la versión oficial y nos presenta una trama turbia surgida de las propias entrañas -o cloacas, como se prefiera- del Estado. Los datos que han ido aflorando en estos 30 años, muchas veces como consecuencia de rencillas, venganzas o desaires en el mundo de los servicios secretos españoles han confirmado el análisis de quienes definieron aquello desde el primer momento como un autogolpe.

Estos servicios secretos y otros poderes fácticos tuvieron un protagonismo decisivo en la generación del ambiente de inestabilidad que antecedió al numerito de Tejero, alimentaron la sensación de caos, acosaron a Adolfo Suárez desde todos los frentes y fabricaron y utilizaron hábilmente la amenaza de un golpe militar cuyo objetivo sería poner fin a la transición. Pero no sólo eso, tuvieron que ver con la preparación del autogolpe, su ejecución, su reconducción y su posterior encubrimiento.

Conviene recordar que el Ejército español no había sido llevado a rastras a la reforma, sino que era uno de sus protagonistas a la vez que gendarme. Franco, que fue quien diseñó las claves del escenario posfranquista, se encargó de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas a su sucesor y nadie cuestionó seriamente ese aval. En 1981, el Ejército no quería volver atrás y, en todo caso, ni los poderes económicos ni los padrinos internacionales se lo hubieran permitido. Lo que estaba sobre la mesa era la utilidad de la amenaza del golpe para poner límites a la transición y, como ocurrió tras el 23F, reorientarla.

Hubo una operación cívico-militar, por usar terminología de documentos de inteligencia de aquellos tiempos, para desalojar a Suárez de la jefatura del Gobierno y marcar una nueva agenda que supusiera la corrección del rumbo de la reforma. No es que el líder de la UCD fuera un peligroso rupturista, pese a que como tal llegó a ser presentado, sino que su tiempo había terminado y era preciso reajustar la marcha de la transición, abriendo el paso a un nuevo tiempo de reconversiones económicas, recortes del proceso autonómico y nuevos bríos en la acción represiva y de guerra sucia. Un nuevo tiempo que más tarde iba a ser liderado por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, un partido que, a diferencia de UCD, no podría ser considerado una prolongación del franquismo.

La dimisión de Suárez, lejos de frenar esa operación, terminaría por hacerla estallar. Tejero, enredado en aquellas tramas aunque posiblemente desconocedor de todo su alcance, iba a crear el shock, la fase explosiva del golpe, por usar términos de un destacado agente de los servicios secretos españoles. Después llegaría la acción de salvación que culminaría con un nuevo pacto de estado fruto de un consenso entre partidos y el Ejército, apoyado por los demás poderes y agentes sociales y que marcaría el inicio de un nuevo tiempo político.

Pero no es lo mismo escribir un guión que llevarlo a la práctica. Tejero se enrocó, se negó a facilitar el paso a la solución prevista y con este inesperado giro el proyecto se fue al garete. El plan se hubo de reinterpretar. No habría gobierno de concentración y tendrían que gestionar de otro modo el shock, pero esto sólo sería posible sacrificando algunas piezas para evitar la implicación de ciertos poderes del estado y del propio monarca.

Así, Tejero, Armada, Milans y otros como San Martín, el hombre de inteligencia de Carrero Blanco, se convertirían en los líderes de un golpe involucionista felizmente abortado por el rey Borbón. Algunos de ellos podían haber sido los paladines de la nueva etapa democrática tras la catarsis, pero terminaron juzgados por apadrinar un golpe de estado.

30 años después, la obstinación en ocultar a la ciudadanía la realidad de aquellos hechos es sumamente preocupante, porque evidencia la voluntad de seguir recurriendo al mito para manipular. Y, lo que es mucho peor, cada año nos recuerdan su resistencia a afrontar una verdadera ruptura con el franquismo.




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