Morena y las Víctimas del Régimen Mexicano

Desde el Comité Cerezo apuestan por la apertura al diálogo con el gobierno de Morena, tal como muestra esta propuesta que han distribuido por correo electrónico:

Foro: Los derechos de las víctimas y los retos en materia de derechos humanos del nuevo gobierno

CDMX a 27 de agosto de 2018

Buenos días, primero que nada agradecer a quiénes nos acompañan, en la mesa para compartir y tal vez, por qué no, discutir sus ideas; agradezco también a quienes están presentes y sabemos hicieron un gran esfuerzo para estar acá, también a todos aquellos que en al s redes sociales nos siguen.

Voy a leer de manera modificada para este foro, la carta que emitimos el 18 de julio que está dirigida al el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, carta que ya han firmado más de 160 organizaciones de DH y sociales mexicanas y de otras partes de mundo, así como más de 500 firmas individuales de personas de nuestro país y del extranjero que están respaldando la carta mencionada.

La carta tiene tres peticiones que trataremos de no sólo mencionar, sino tratar de explicar de manera clara para seguir sumando firmas, pero fundamentalmente para que sean discutidas y seguramente mejoradas, con la esperanza no sólo de clarificar los conceptos sino de que seamos escuchados por el futuro gobierno.

Si bien es ahora moda hablar del concepto de justicia transicional, nosotros no discutiremos su pertinencia ya que no es este el espacio, pero lo mencionamos debido a que es importante que estudiemos sus supuestas bondades y sus demasiadas maldades, llámese como se llame a este proceso de pacificación y democracia que se está planificando desde el futuro nuevo gobierno, estamos convencidos que dicho proceso debe incluir tres aspectos indispensables para iniciar en México un proceso real y efectivo que garantice los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, considerando la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral.

Estas tres exigencias son:

1. Una Ley de Amnistía Federal

2. Comisiones de la verdad

3. Ley General de protección a personas defensoras y periodistas

Iremos de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, comenzamos con la exigencia de una

Ley de Amnistía Federal

Esta exigencia hacia el Gobierno no es nueva y tampoco surge de la nada, ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado interés en proponer una cuya finalidad sea la reconciliación nacional y la paz, y esta segunda, la Paz, no puede construirse, mucho menos iniciarse hasta que ninguna persona este encarcelada, criminalizada o judicializada por su lucha en favor de la democracia para la mayoría y no sólo para, como ahora se le llama, la mafia del poder.

En México existen presos políticos y de conciencia, resultado de la política represiva de los gobiernos neoliberales para acallar la disidencia política y la lucha por la justicia que ha abonado en mayor o menor medida a tener una mayor democracia en México, si como se ha declarado, el Neoliberalismo terminó, también deben con este terminar la fabricación de delitos y la tortura, las detenciones arbitrarias (aproximadamente 4000, de las cuales 3000 fueron con Este gobierno actual de Peña Nieto) la prisión injusta en contra de más de 350 luchadores sociales que actualmente continúan en prisión.

Esta exigencia tampoco se hace a destiempo, por aquellos reclamos que nos hacen de que nos esperemos hasta que tome posesión el próximo Presidente, se ha realizado, por lo menos desde que empezamos a defender los DH, en el 2001, a los tres últimos gobiernos que hemos sufrido, para hacer un poco de memoria, esta demanda de una ley de amnistía la hemos exigido en los años 2002 y 2008 que más adelante detallaremos.

Estamos convencidos que la promulgación de una ley de amnistía representaría un acto de justicia fundamental, de congruencia con el discurso del presidente electo en materia de derechos humanos y que posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y como consecuencia la gobernabilidad.

Claro que no podemos dejar de mencionar que esta amnistía es para todos los presos y perseguidos políticos y de conciencia del país y que también su límite es que no puede beneficiar a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos, es decir, a ningún agente de Estado.

Como siempre lo hemos dicho la promulgación de una Ley de amnistía no tiene traba legal alguno, es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de quienes ya se preparan para gobernar nuestro país.

Pero, ¿Qué es amnistía? No faltarán las voces de la mafia del poder que digan que no se puede perdonar a los delincuentes, tampoco los que desde la izquierda digan que no quieren perdón del Estado que los ha metido presos y de una justicia que siempre ha sido injusta. Lo primero que debemos tener claro es que la Amnistía NO es perdón, esa figura jurídica se llama Indulto y es el Presidente quién la emite como un acto jurídico político.

La amnistía, del griego amnesia, no tiene nada que ver con el perdón, sino con el olvido, la amnistía por tanto es una herramienta jurídico política que causa la extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por lo que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

Beneficios de la Amnistía:

1. El preso queda libre sin tener que reconocer los delitos que no cometió, aunque haya ocasiones en que cometió delitos del orden político, por ejemplo los presos que pertenecen a un grupo armado.

2. Las ordenes de aprehensión que existen y que no se han ejecutado se eliminan, es decir, ya no hay perseguidos políticos, y los presuntos responsables pueden regresar a sus hogares y ya no andar huyendo o maniatados con órdenes de aprehensión a ejecutarse de acuerdo al clima político. ¿Cuántos luchadores sociales existen que, aunque están fuera de la cárcel, están semi inmovilizados por órdenes de aprehensión o con carpetas de investigación durmiendo, esperando el momento político adverso a la lucha social para despertar y encerrar a los luchadores sociales?

3. Y todos aquellos que fueron presos y están libres bajo caución o libres con restricciones como renunciar al derecho humano a la protesta, y aquellos que ya cumplieron su injusta condena y viven con antecedentes penales, les es borrado su “record criminal” legalmente, es decir no tiene antecedentes penales que agraven una posible próxima detención o que por lo menos no le impidan tener un trabajo.

Ya ha habido otras amnistías en el pasado, fundamentalmente para exactamente lo mismo, para la reconciliación y la paz, lo que nunca hicieron fue modificar la esencia, el origen de la lucha por la democracia, que es la injusticia y por tanto sigue siendo necesario emitir otra más.

En 1976 La Amnistía decretada con Luis Echeverría, benefició a 230 activistas, la mayoría universitarios víctimas de la represión de 1968, en 1978 en el gobierno de López Portillo e inicio la “Apertura democrática” no por magnanimidad, sino producto de la lucha popular mayor democracia, no quiere decir que sea entonces buena voluntad. Del gobierno en turno, sino simple valoración política para aplacar el descontento social, para alejar a quienes pensaban que lo electoral aún era la vía válida para democratizar el país de quienes ya habían tomado las armas, con esta estrategia dividir a la izquierda y derrotar a la parte más belicosa.

Y se logró, en 1976, durante el gobierno de López Portillo se decreta otra amnistía que beneficia a otros mil 539 activistas, la mayoría en este caso ligados a los grupos insurgentes ya derrotados y a muchos sobrevivientes de la guerra sucia, pero que contribuyeron a la “apertura democrática”, si esa que dará origen a lo que hoy conocemos como MORENA, claro que después de cambiar de nombre PCM, PSUM, PRD.

A nivel local en el 2001 se decretó una Ley de amnistía que permitió la libertad de todos los presos indígenas Loxichas acusados de ser parte del EPR y que habían sido sentenciados con delitos del fuero común, gracias a la lucha de las organizaciones sociales por la libertad, tampoco por buena voluntad o magnanimidad de quienes gobiernan. Y en el 2003 en Guerrero, René Juárez, emitió una que, debido a la debilidad y protagonismo de quiénes la impulsaban, sólo benefició a tres personas y es una muestra clara que las Amnistías son salidas jurídico-políticas del Gobierno que si no se acompañan hasta el final del plato a la boca se cae la sopa y puede ser sólo una medida para que nadie o casi nadie quede libre.

En abril del 2002 ya nos tocaría sumarnos a este esfuerzo perenne por la libertad de llamarémoslos “Luchadores por la democracia” donde con otras organizaciones coordinamos una huelga de hambre de 87 presos en el país y apoyamos en el cabildeo y en el plantón mayoritariamente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas-OPIZ (que defendía a los presos Loxicha acusados del fuero federal y cuyo último preso salió el año pasado) en la Cámara de Diputados. Nuevamente en septiembre de ese año estuvimos en plantón por esa Ley, si bien no se logró la amnistía, la presión política generaba que el Estado “atendiera” los casos por separado y diera libertad a los casos menos difíciles, políticamente hablando, para desgastar y desarticular la lucha por la amnistía, pero que al final permitía la libertad no de todos, pero sí de algunos presos.

La última vez que participamos en un esfuerzo unitario por una amnistía, antes de este nuevo intento, fue en septiembre de 2008, en la cámara de diputados, en un foro realizado para este fin decíamos, con una suerte para atinarle a los que hemos vivido a partir de ese año:

“No se trata, únicamente, de una batalla jurídica para lograr las leyes de amnistía, sino de una exigencia al Estado mexicano de dar término a una serie de injusticias y violaciones a los derechos humanos que ya ha cometido, que está cometiendo y que, de seguir el deterioro político de nuestro país, incrementarán.” Y plateábamos dos salidas hace ya 10 años.

“La primera pasa necesariamente por la aprobación de la ley de amnistía federal, como punto inicial, que distienda el descontento social, que permita recomponer el tejido social dañado por la injusticia del Estado mexicano y un punto y seguido para la implementación de políticas tendientes a respetar los derechos humanos en nuestro país y mejorar las condiciones de vida de la población;” y que efectivamente no sucedió, por tanto la segunda salida fue la que prevaleció.

“La segunda, que justificando la lucha contra la delincuencia organizada, se niegue la amnistía; se continúe con la desaparición forzada; se permitan las reformas para la policía sin rostro; la aprobación del cateo por cualquier medio, no sólo escrito; la creación de una policía militarizada; la tortura indiscriminada de los detenidos incluyendo la sexual y la cadena perpetua en contra de la disidencia social como en el caso de los detenidos en Atenco y los defensores de derechos humanos.” Si bien no hay jueces sin rostro, nos quedamos cortos ante el terror que hemos vivido en estos 10 últimos años, pero que era claro que los dos caminos estaban planteados, igual que hoy, ley de amnistía o el regreso del nuevo-neoliberalismo, para que suene ya conocido.

Y terminábamos en esos años diciendo lo mismo que ya dijimos arriba

“[…] la amnistía no tiene trabas legales, éste es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de los responsables de que hoy estemos aquí, exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos y de los que no pueden estar debido a que se encuentran sufriendo dentro de prisión, a salto de mata o” abundamos ahora, en el exilio.

En diciembre de 2008 también tratábamos de aclarar un punto que es necesario hacer también ahora: […] la amnistía no es para quienes han violado derechos humanos y han cometido crímenes de lesa humanidad. Impulsamos una amnistía para los presos políticos, de conciencia e injustamente asociados a motivos políticos, no para el Estado.”

Comisiones de la Verdad

Nuestro segundo punto, petición o exigencia al nuevo gobierno que llega con el respaldo de más de 30 millones de votos y que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado interés en crear, es la Comisión de la Verdad, con la finalidad de esclarecer los hechos que han acontecido y lastimado a la sociedad mexicana en aras de la reconciliación nacional y la paz. Comprometiéndose a integrar una Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero queremos ir un poco más allá y plantear que esta u otras comisiones de la verdad son necesarias, debido a que los gobiernos neoliberales han sido los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población como lo muestran las miles de víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial a nivel nacional.

En México es necesario tener una comisión específica que determine la Verdad de los que pasó con cientos de personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales víctimas de desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial y de amenazas de muerte y espionaje ilegal, personas como cualquiera de nosotros que también han contribuido a la democratización del país, incluso algunas de las víctimas también militaban en MORENA y pagaron con sus vidas el triunfo ahora festejado. (228 ejecutados de manera extrajudicial y 165 víctimas de la desaparición forzada que hemos documentado desde 2006, así como cientos de amenazas de muerte y agresiones físicas)

Por tanto, una de las condiciones para construir la democracia y mantener la legitimidad es que no haya cabida en el gobierno para políticas que generen de manera sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos como sí lo ha sido en los gobiernos neoliberales.

La Paz y la reconciliación nacional es imposible o es una farsa si no podemos no sólo hablar, sino hacer realidad los derechos humanos de las víctimas: verdad, justicia, memoria, reparación integral y dentro de estas últimas, las medidas de no repetición si no se esclarecen los hechos, es decir, si no se conoce el paradero de las víctimas de desaparición forzada y los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, paso indispensable para iniciar el proceso urgente de justicia.

Ahora bien, las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en determinado lapso de tiempo lo que incluye no sólo garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como las personas o grupos que se vieron beneficiados por éstas.

Por ello es necesario:

Comisión de la verdad que tenga como objetivos:

1. Investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales que han sido víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte desde el año 2000 hasta noviembre del 2018.

2. Establecer antecedentes, patrones, circunstancias, sistematicidad y contexto respecto a las graves violaciones a los derechos humanos.

3. Establecer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada que por su actividad política son víctimas.

4. Establecer qué políticas de Estado y quienes fueron los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos

5. Recomendar las medidas de reparación integral del daño de las víctimas

6. Recomendar las medidas legales y administrativas para garantizar las medidas de no repetición.

Comisión de la verdad que tenga como objetivos:

1. Investigar y esclarecer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada desde el 2006 hasta noviembre del 2018

2. Establecer antecedentes, patrones, circunstancias, contexto y develar sistematicidad y generalidad en las desapariciones forzadas.

3. Establecer qué políticas de Estado y quienes fueron los perpetradores de las desapariciones forzadas.

4. Recomendar las medidas de reparación integral del daño de las víctimas

5. Recomendar las medidas legales y administrativas para garantizar las medidas de no repetición.

Las dos comisiones de la verdad tienen que contar con diversas áreas de trabajo. De primera instancia, incluir la participación de expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, movimientos populares y el tema de la represión política, organizaciones de derechos humanos, personalidades de amplia trayectoria y periodistas honestos.

Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas

Por último, pero no menos importante es que ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado preocupación por diversos temas de derechos humanos que permitirían una reconciliación nacional y la paz y haciendo un ejercicio de memoria debemos decir que en el año 2012, escribimos un borrador de lo que hoy conocemos como la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos, que con la invaluable participación conjunta de otras organizaciones de derechos humanos en el cabildeo, logramos su aprobación el 25 de junio de ese mismo año, de la Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que daría vida al Mecanismo Federal de protección a defensores y periodistas que hoy existe y que, lamentablemente, que deja mucho que desear en la protección a quienes han sido víctimas de la violencia estatal por su labor de defensa de los derechos humanos en México.

Siempre que el gobierno hace mal las cosas, están efectivamente mal y muchas veces cuando lo hace bien, también lo hace mal. Así la existencia de la Ley y el mecanismo de protección a defensores y periodistas, carece de una política integral a nivel nacional que permita el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y protección a personas defensoras de derechos humanos.

Lo que estamos exigiendo hoy es una Ley GENERAL de protección a personas defensoras y periodistas, una Ley que debe expresar y solucionar las carencias de la actual ley además de cumplir las siguientes obligaciones que como Estado tiene ante las instancias internacionales, pero ante todo las obligaciones de un gobierno democrático:

1. Respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; prevenir delitos y violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas debidas a su labor;

2. Proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debido a su labor;

3. Investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores materiales, autores intelectuales de los delitos y violaciones derechos humanos, así como a los beneficiarios de las mismas,

4. Garantizar la Reparación Integral,

a) y generar las Garantías de No Repetición

Con la promulgación de esta ley general se tiene la oportunidad de solventar diferentes problemáticas existentes como son las siguientes:

• La adecuada armonización entre los estándares internacionales de políticas públicas integrales de protección y el marco nacional.

• La carente coordinación y cooperación entre la federación, entidades federativas y municipios.

• La carente coordinación y cooperación entre el Mecanismo y diferentes instituciones federales y nacionales como la PGR, la CEAV y la CNDH

• La inexistencia de la investigación en la actual ley federal de protección.

• Las insuficiencias en materia de reparación y garantías de no repetición.

Para terminar con este largo documento de peticiones, no solo razonables y posibles en un gobierno cuyo lema es “Primero los pobres” queremos cerrar pidiendo también al nuevo gobierno que reciba a una comisión para sostener una reunión que aclare las dudas que este escrito pueda generar.

Comité Cerezo México

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Amnistía Internacional y la LSI Mexicana

Amnistía Internacional, organización progre de derechos humanos, que como las da de atole las da de pinole, se ha pronunciado con respecto a la recién  estrenada Ley de Seguridad Interior por parte del régimen mexicano.

La información llega a nosotros por conducto de Regeneración:

Amnistía Internacional insta a Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior

A organismos internacionales preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

Gabriel

Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada la madrugada del pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

“Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

“Al igual que las defensoras y defensores de derechos humanos en México, organismos internacionales y expertos de la academia, Amnistía Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional”, se lee en la misiva.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Aunado a lo anterior, puntualiza, las disposiciones de la ley implican que toda la información que se genere en su aplicación sería reservada, es decir, que se mantendría en secreto, y esto es contrario al derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho de acceso a la información.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la CNDH, el INE o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones”.

En la misiva enviada a Peña Nieto, Shetty destaca que 2017 “terminará como el año más violento de su sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década”.

Insiste: “Presidente Peña Nieto, ahora que tiene en sus manos esta ley tiene la oportunidad de rectificar las graves fallas en esta legislación y asegurar el respeto y protección de los derechos humanos en México”.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

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Acerca del Mayoriteo a la LSI

Les compartimos esta crítica publicada en SinEmbargo en la cual ponen al descubierto las irregularidades con las que se ha aprobado en México una draconiana ley que pone en peligro las garantías constitucionales y los derechos humanos de sus habitantes.

Lean ustedes:

Al vapor, sin trámite, diputados avalan la Ley de Seguridad… y se van de vacaciones hasta febrero

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley de Seguridad Interior, sin respetar procesos, tiempos y sin importar que en el pleno sólo estuvieran 262 de los 500 legisladores.

La Ley de Seguridad ha sido permanentemente rechazada por organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, líderes sociales y ciudadanos de a pie. Pero, tanto los diputados como los senadores en México no escucharon sus argumentos.

La madrugada de este viernes, la Ley de Seguridad fue aprobada en el Senado de la República y apenas horas después los diputados la avalaron para que pase al Ejecutivo federal y de ahí se autorice su aplicación a nivel nacional.

Con un quórum de 262 de los 500 diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad interior con las modificaciones realizadas por el Senado de la República y la envió al Ejecutivo federal para su promulgación.

Avalaron el documento con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, y se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Cámara de Diputados inició poco después de las 09:30 horas la discusión de la minuta que regresó el Senado de la República sobre la Ley de Seguridad Interior.

A las 09:32 horas, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que se reanudaba la sesión que entró en receso ayer jueves a las 18:30 horas.

El Pleno avaló que se dispensaran los trámites y se inició de inmediato la discusión del documento.

El Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una moción suspensiva por violaciones importantes al procedimiento de turno.

La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, advirtió que “a la hora de que las Fuerzas Armadas estén en la calle va a haber un estado de excepción permanente por ley, una ley que, incluso, es inconstitucional y vulnera los derechos humanos”.

Dijo que esta aprobación “obedece a una imposición y se pretende dar un albazo al pueblo de México por parte de quienes tienen la mayoría en la Cámara de Diputados”.

Luego de aprobar esta polémica Ley que, se ha alertado, atenta contra los derechos humanos de los mexicanos, los legisladores se irán de vacaciones y regresarán a trabajar en febrero de 2018.

La madrugada de este viernes fue aprobada la Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República, con 71 votos a favor del PRI y sus aliados del PAN y del PVEM, y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones.

La Ley de Seguridad ha sido rechazada por organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, líderes sociales y ciudadanos de a pie.

Al conocerse la aprobación en la Cámara Alta se desataron fuertes críticas contra el PRI y sus aliados.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de “lamentable” que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica Ley de Seguridad.

“Para la Oficina es lamentable que haya sido aprobada”, afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Elisabeth Throssell.

Rechazo nacional e internacional

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de “lamentable” que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica Ley de Seguridad.

“Para la Oficina es lamentable que haya sido aprobada”, afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Elisabeth Throssell.

“No creemos que sea un paso positivo”, señaló, e indicó que la posición personal del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal valedor de la seguridad nacional sea la Policía no las Fuerzas Armadas.

“El país debería centrarse en reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, concluyó, y recordó que la Oficina ya se posicionó en contra de la Ley con anterioridad.

Varios grupos de Trabajo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como diversos relatores especiales han criticado la ley por el peligro que existe de que incremente las violaciones a los derechos humanos en el país.

Para el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra, la Ley de Seguridad Interior es un intento de la Presidencia y el PRI para activar el fraude en las elecciones de 2018 y perpetuarse en el poder utilizando al Ejército.

“Estas Fuerzas Armadas ya se politizaron. Lo que sucedió fue que, a través de los altos mandos, ya están al servicio del PRI-Gobierno, al servicio del régimen y al servicio de la oligarquía”, dijo en entrevista para el diario Noroeste.

El actor Diego Luna pidió a través de su cuenta de Twitter a los ciudadanos recordar las acciones de los políticos cuando emitan su voto en los próximos comicios.

“Cuando veas en la boleta PRI, PAN o PVEM recuerda que son los que ni a la ONU ni a la CNDH quisieron escuchar. ¿Crees que te escuchen a ti?”, escribió.

Jaime Cárdenas, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escribió en su cuenta de Twitter que la Ley de Seguridad interior es un golpe de Estado y un fraude a la Constitución.

“Nos coloca en circunstancias dictatoriales. El titular del Ejecutivo Federal no tiene contrapesos. Se violenta el principio de división de poderes, el federalismo y múltiples DDHH. Tragedia nacional”, explicó.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentó la aprobación de la Ley en la Cámara de Senadores.

“El @senadomexicano ha fallado como contrapeso democrático. La respuesta a las amplias preocupaciones de organismos internacionales, expertos y expertas así como la ciudadanía en general, fue votar el Proyecto de #LeydeSeguridadInterior apresuradamente”, escribió en Twitter.

En un hecho sin precedentes, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos rechazó la Ley de Seguridad Interior y exhortó a las fuerzas políticas a iniciar un diálogo incluyente con la sociedad civil y la academia.

La politólogo Denisse Dresser escribió: “Yo sí he leído la minuta de la #LeydeSeguridadInterior al igual que la ONU, Alto Comisionado para Derechos Humanos, CNDH, cientos de académicos/expertos en seguridad nacionales e internacionales. Quienes no la han leído son los Diputados y Senadores que están votando por ella”.

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El Preso Político Simitrio

Lo que ustedes van a leer a continuación es muy común en Euskal Herria, el uso de la venganza como arma en contra de la insumisión.

Esto nos llega desde México, por conducto de la página Viento de Libertad:

Simitrio: la prisión como escarmiento

El informe sobre la represión integrado por el Comité Cerezo, ubica a Puebla como el estado donde se acumulan más ataques y agresiones contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de todo el país entre junio de 2014 y mayo de 2015 aunque no se contabilizó la detención de Fernando Alonso, otro de los líderes de “la 28”, ni la apertura de 26 averiguaciones previas contra Rita Amador, la esposa de Simitrio que ha encabezado las movilizaciones por su libertad.

Arturo Rodríguez García

Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, es un dirigente social poblano que en los años setenta fundó la Unión de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, en Puebla. Actualmente en prisión domiciliaria, él, su familia y la organización, han sido objeto de numerosas agresiones, encarcelamientos, torturas, levantones y asesinatos, el más reciente ocurrido hoy, cuando un comando mató a su hija, Meztli Sarabia, en las oficinas de la organización. A continuación, se reproduce su historia, publicada en este sitio web el 21 de octubre de 2015.

Hay días en que la turba beligerante irrumpe barriendo con hombres, mujeres y niños en ese colorido anárquico, profusión de productos varios, que es el Mercado Hidalgo. Avanzan desperdigándolo todo, dando de palos. Hay otros días en que los gases lacrimógenos y el olor de la pólvora, ingresan furiosos con las formaciones policiacas, mezclándose con esencias de verdura, carne y herbolaria.

Las redadas policiales o el ataque de pandilleros con mando incierto pueden repetirse como sucede desde hace un año, y desde que el dirigente, Rubén Sarabia Sánchez, está preso. En los últimos 20 años, la prisión se volvió lugar conocido para unas 30 familias de comerciantes que, sin embargo, corrieron mejor suerte que sus tres compañeros asesinados en el mismo lapso, así que de golpizas y cárcel saben.

Un hombre corpulento, mandil blanco percutido de sangre, se declara listo para marchar a la Ciudad de México, y dejar encargada su carnicería el 22 diciembre, día de ventas mayores, fecha esperada durante los últimos meses de 2014. Van a denunciar en la secretaría de Gobernación que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es un represor que fabricó cargos contra su líder, un hombre de 59 años que ha pasado una cuarta parte de su vida en prisión y a quien también conocen como “Simitrio Tzompasquelli Tzila”.

La gente del Mercado Hidalgo delibera. Las ventas de diciembre son su esperanza anual y saben que la detención de sus dirigentes puede ser un cálculo que supone su indisposición para la protesta. Aun así, la decisión está tomada.

Simitrio fue apresado la mañana del 19 de diciembre y Rita Amador, su esposa, se colocó al frente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”. Es ella quien preside la concentración, pormenoriza la bitácora de males y convoca a la marcha.

Dos semanas antes, el 28 de noviembre de 2014, el domicilio de Atl Rubén Sarabia Reyna, uno de los hijos de Simitrio, fue cateado porque supuestamente, en la vivienda, había drogas. Ahí detuvieron a Atl, a su hermana Claudia Alejandra López, a la madre de ambos, Irma Reyna Martínez, y a otro familiar, Juan Pablo Arroyo. Se los llevaron y durante horas les insistieron en acusar a Atl y a su hermano Xihuel, de narcomenudistas. No lo lograron y todos recuperaron su libertad denunciando que, entre las pertenencias que les decomisaron los policías les sembraron bolsitas con droga.

El Mercado Hidalgo es ambiente festivo, voces que ofertan, sobreposiciones musicales que compiten por hacerse escuchar, planchas incandescentes que regurgitan vahos de maíz y de salsas… como cualquier mercado mexicano, en invocación material de una tradición milenaria, pero por más prehispánico que a veces se vea, no es tianguis convencional: junto a letreros de ofertas lucen carteles que acusan el mal gobierno; hay letreros de identidad comercial cubiertos por lonas que piden libertad a los presos políticos; y, si el persistente mensaje es de libertad para Simitrio, también hay espacio para exigir justicia por los 43 de Ayotzinapa.

Ahí, hombres y mujeres oferentes de ideología maoísta –”columna vertebral” del movimiento social poblano según el Tribunal Permanente de los Pueblos–, acuerdan marchar por Simitrio, un hombre al que mantienen su lealtad a pesar de que lleva encima tres décadas de prisión y pesquisas judiciales.

Ya en la Ciudad de México, en Bucareli y Reforma no los esperan los colectivos que regularmente los esperarían para solidarizarse, porque están mermados por las redadas policiales de las semanas previas o bien, porque esta vez han delimitado sus acciones a sus propias causas o porque aun el movimiento social sucumbe a las fiestas navideñas.

El 22 de diciembre de 2014, el contingente fija una postura frente a las vallas metálicas y los contingentes de granaderos que resguardan las inmediaciones de la secretaría de Gobernación. Luego salen rumbo al Ángel de la Independencia. No esperan que hasta ese lugar llegue la policía poblana para detener con violencia, rompiendo los vidrios de sus vehículos, a Atl Rubén y a su hermano Tonatiuh, los hijos de Simitrio.

Golpeado, Tonatiuh queda libre momentos después, pero Atl va preso al penal de San Miguel, de Puebla, donde no lo esperaba su padre.

Prolongada aflicción

Cosas de la reclusión. Una celda de visita conyugal, una ventana cubierta con placa metálica, puerta de cinco cerrojos que se anteponen entre el interno y la población penitenciaria; las llaves las tiene el director del penal, ningún custodio. Cuando las acciones judiciales o la movilización popular amenacen la imagen institucional, habrá visita familiar y consulta con abogados pero condicionada a la presencia de un celador que tomará nota de cada palabra, gesto o lamento de locutorio. La consecuencia de los lamentos, marchas o denuncias, se verá en los alimentos sazonados con cucarachas y gusanos.

Hay veces que el viento brama, se oye el crepitar de la lluvia o la onda expansiva del trueno, y hay otras en que el silencio de los elementos naturales es absoluto, se capta por otros sentidos.Olor a cemento mojado; sudoración pegajosa por la humedad de los muros pringosos; dolencias reumáticas que alimentan la esperanza en la llegada de la primavera. En cuatro años y ocho meses, la vista es don cancelado, la luz del sol y el firmamento nocturno son recuerdo deforme.

Esa reclusión “se traduce en una aflicción de ánimo; en una especie de tortura”, diagnosticó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al documentar las condiciones carcelarias de Rubén Sarabia Sánchez, en la Recomendación 7/91, dirigida enmarzo de 1991 al entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, quien la rechazó.

La aflicción inició el 4 de julio de 1989, al salir de una clínica de la colonia Roma, en el Distrito Federal, cuando unos 30 policías poblanos lo detuvieron sin orden judicial. En los tres días que siguieron, fue trasladado a Puebla y regresado a la capital, con los ojos vendados, sometido a torturas físicas y psicológicas. Hasta el 7 de junio de 1989 fue a parar al penal de San Miguel, en Puebla, donde fue recluido en la celda de la visita conyugal número 2. Ahí se enteró de que había seis procesos contra él por delitos del fuero común y dos del fuero federal. Estuvo en esa prisión hasta el 10 de diciembre de 1993 cuando iniciaron los traslados sin previo aviso a penales federales.

Primero fue al Módulo 1 del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde tenía por compañía a los líderes de grupos criminales. Se le prohibió cantar y silbar para matar el tiempo. Por quejarse de la comida condimentada con insectos, lo enviaron al Módulo 4, donde habitan, desquiciados, los farmacodependientes en angustiante malilla.

Cuatro años después de su llegada, lo mandaron a Almoloya, a pasar más tiempo en el penal del Altiplano. Fue el 27 de octubre de 1997. Ahí lo mantuvieron hasta el 11 de abril de 2001, cuando fue excarcelado bajo un acuerdo judicial de destierro y sujeción: debía firmar dos veces por semana, en el penal de Neza-Bordo, durante 13 años nueve meses; se le impuso como domicilio el Distrito Federal de donde no debía ausentarse sin autorización previa, por lo tanto, no podía regresar a Puebla, pues de incumplir, se revocaría su libertad.

A 25 años de su detención, el 28 de octubre de 2011, regresó a Puebla y asumió el liderazgo de la organización que había ayudado a crear en los años setenta. Seguiría firmando dos veces por semana, hasta febrero de 2015, pero dos meses antes de conseguir su libertad plena, el 16 de diciembre de 2014, fue detenido y encarcelado, para cumplir una sentencia que se extiende más allá del año 2050.

Herencia de represiones

Rafael Moreno Valle es nombre de investigación histórica y actualidad noticiosa. Dos gobernadores con el mismo nombre, una generación entre ellos, idénticos reclamos.

Hombre del sistema, próximo al presidente Gustavo Díaz Ordaz, de quien fue secretario de Salubridad, el general Rafael Moreno Valle, asumió la gubernatura de Puebla en febrero de 1969. A 15 días de tomar posesión, el Excélsior de Julio Scherer, por conducto de su corresponsal, Manuel Sánchez Pontón, daba cuenta de la primera represión morenovallista: la masacre de 18 campesinos en Huehuetlán.

El 14 de septiembre de ese mismo 1969, fue asesinado el industrial textilero, José Luis Zahuita Mercado. El 28 de enero de 1970, alrededor de 30 campesinos fueron masacrados en Monte de Chila, Xicotepec. El 8 de julio de ese año, el periodista Sánchez Potón, también director del diario local La Opinión, fue víctima de un atentado. En medio de los escándalos por sus represiones, Moreno Valle, dejó el cargo en 1972.

En 1973, una masacre estudiantil cobró cuatro víctimas el 1 de mayo, cuando estudiantes intentaban protestar en el desfile oficial del Día del Trabajo y fueron acribillados. En esos hechos murieron Alfonso Calderón Moreno, Enrique González Romano, Manuel Medina Cuevas y, Norberto Suárez Lara. El 4 de mayo siguiente, fue asesinado también Gilberto Suárez Ávila. Las acusaciones recaían sobre el gobernador Gonzalo Bautista O´Farril, quien sustituyó a Moreno Valle en el cargo y que una semana después de la matanza estudiantil, renunció.

Rubén Sarabia, era un universitario que participaba en el movimiento de reforma a la casa de estudios. Su formación política tenía origen familiar, pues su padre y otros parientes participaron en el movimiento ferrocarrilero.

Ese violento 1973, registró la limpia del centro de la ciudad de Puebla. Agentes armados y maquinaria, arrasaron con vendedores ubicados en el sector conocido como La Victoria, lo incendiaron todo. El número de víctimas quedó indeterminado, aunque suele mencionarse al menos la muerte de un recién nacido y de un anciano.

Fue así como surgió la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, que dejaron de ser ambulantes para ubicarse en el Mercado Hidalgo en la avenida Héroe de Nacozari. Años después, Rubén Sarabia se convertiría en líder de la organización que extendió su influencia a siete mercados, organizaciones de colonos desahuciados y transportistas, hasta que en 1989, incómodo al gobernador Mariano Piña Olaya, fue encarcelado.

En 1960, una película llamada “Simitrio” contaba la historia de un pequeño con ese nombre que debió ausentarse de la escuela donde sus compañeros, haciéndose pasar por él, jugaron crueles bromas a un maestro invidente. La película fue muy popular y, en 1977, un grupo de universitarios detenidos durante una protesta, chacoteando tras las rejas, hallaron un parecido físico en su compañero de celda Rubén Sarabia y el niño de la película.

Con ese apodo, el líder de “la 28” es conocido hasta ahora que volvió a caer preso, por una aparente suplantación de su identidad, luego de marchar y denunciar la política represiva del segundo gobernador Rafael Moreno Valle, a quien se le apoda “el Gober Bala”.

Los tiempos del “Gober Bala”

A 25 años de prisión y exilio, Simitrio volvió a Puebla en 2011 para conmemorar el nacimiento de la organización. En el Zócalo de la ciudad, ante 5 mil personas que acudieron arecibirlo, cuestionó la “guerra” contra el narco de Felipe Calderón, de la que se vale el Estado, dijo, para reprimir movimientos sociales.

Con el paso de los meses, la situación tomó precisamente ese cauce. En febrero de 2014, el entonces secretario de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, dijo que el 80% de la droga que se vende en la ciudad sale del Mercado Hidalgo y, de acuerdo al testimonio rendido por Simitrio al Tribunal Permanente de los Pueblos, fue Maldonado quien le anunció que había averiguaciones previas contra sus hijos por narco. En la misma conversación, Maldonado dijo que el gobierno estatal exigía “subordinación absoluta”.

El 19 de diciembre de 2014, Simitrio fue detenido cuando acudía a una reunión en el ayuntamiento de Puebla. El encarcelamiento se fundó en una supuesta denuncia por despojo de tierras, en Tlaxcala, donde el querellante ya había admitido que no se trataba de la misma persona. No obstante, la justicia poblana “coligió” que tuvo mala conducta y revirtió su libertad condicional a dos meses de que obtuviera su libertad plena.

Entre otras acciones previas a la detención de Simitrio, emprendidas por el gobierno de Moreno Valle, los comerciantes ubicados en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, fueron desalojados el 2 de abril de 2014 a pesar de pagar 4 mil pesos mensuales de renta al gobierno. Fue Atl Sarabia quien denunció los hechos. Su padre, dijo entonces, que la idea del mandatario era que se instalaran ahí franquicias internacionales. Para entonces, Simitrio empezó a denunciar vigilancia policiaca y militar en el Mercado Hidalgo.

Inconexos, los diferentes movimientos sociales poblanos resentían la mano dura del gobernador: decidió eliminar el sistema de mototaxis y en el intento se desataron enfrentamientos entre policías y conductores; efectuó el despido masivo de los trabajadores del Hospital del Niño Poblano para construir otro; la prisión para dirigentes indígenas y campesinos que se oponen al energético Proyecto Integral Morelos. Se acumularon los asesinatos de dos líderes indígenas de la Sierra Norte, que se oponen a termoeléctricas y compañías mineras; el asesinato del niño José Luis Tehuatlie, en Chalchihuapan, durante un operativo policiaco; los desalojos y la prisión a cuatro dirigentes que se oponen a un proyecto turístico, el parque intermunicipal, en Cholula. Encabezada por Simitrio, a través de 2014, “la 28”, fue la organización que tuvo los contingentes más nutridos en las diferentes marchas contra la represión que se realizaron en Puebla.

El informe sobre la represión integrado por el Comité Cerezo, ubica a Puebla como el estado donde se acumulan más ataques y agresiones contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de todo el país entre junio de 2014 y mayo de 2015 aunque no se contabilizó la detención de Fernando Alonso, otro de los líderes de “la 28”, ni la apertura de 26 averiguaciones previas contra Rita Amador, la esposa de Simitrio que ha encabezado las movilizaciones por su libertad.

Desde el 20 de septiembre, hay un plantón por tiempo indefinido en el Zócalo de Puebla. A finales de agosto, los dirigentes de “la 28”, informaron que Simitrio estaba mal de salud y que las autoridades penitenciarias le negaban atención médica. En diez meses, desde aquella reunión de diciembre, registran el desalojo de diez zonas de venta, ataques en el mercado Zaragoza, varias golpizas a los vendedores de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el encarcelamiento de Fernando Alonso.

Lo previó Simitrio en abril de 2014:

    “Esto no es casual. En el país hay una situación de guerra y el gobierno se vale de eso para reprimir en distintos niveles y generar un ambiente de disuasión por miedo”.

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Primer Aniversario de Nochixtlán

Les compartimos este artículo dado a conocer por el Comité Cerezo, mismo que ha sido publicado en la página Viento de Libertad, en el mismo se relata la situación que se vive en Nochixtlán a un año de la barbarie represiva gubernamental:

A un año de la masacre de Nochixtlán, pobladores gritan “¡Fue Peña Nieto!” frente al Alto Comisionado de ONU

Al preguntarle sobre el papel de Peña Nieto en la masacre de Nochixtlán, señaló que no podía hablar del tema. Y añadió que la ley no obliga a la PGR a entablar diálogo, pero se pidió que a su vez se haga una investigación más empatica para llegar a la justicia.

Emma Martínez

¡Ni perdón, ni olvido! ¡Justicia! ¡Fue Peña Nieto! y la exigencia a los defensores de derechos humanos para que pronunciaran los nombres “de los verdaderos culpables”, se hizo resonar desde las 10 de la mañana en el Gran Salón, de Nochixtlán, donde el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, Jean Jarab, Arturo Peimbert Calvo presidente de la Defensoria de los Pueblos de Oaxaca y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En el primer acto, los tres defensores de Derechos Humanos externaron su solidaridad con las víctimas y aseguraron que continuarán con la lucha para obtener la justicia. Por su parte Jean Jarab recordó que habían pasado unos cuantos días de su nombramiento y llegada a México cuando fue puesta en sus manos la tragedia de Nochixtlán. Y aseguró que han estado trabajando para hacer llegar a las víctimas: la justicia.

En una entrevista exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que las investigaciones del caso están en las manos de lo federal. Y señaló que entiende que “es difícil para el personal de la PGR y hay obstáculos. Nosotros hemos invertido, los primeros meses de la tragedia, mucha energía en crear un diálogo para que se construya la confianza.

Se ha buscado las formas para que se supere este miedo que tienen las víctimas, para que se puedan recabar los testimonios en la defensoria porque hasta la fecha no se ha logrado, me parece que se necesita una investigación mucho mas empatíca por parte de la PGR.

Además indica que, “lo que ocurrió el 19 de junio es muy traumático para los sobrevivientes, victimas, e incluso para aquellas personas que fueron golpeadas y ultrajadas, aún si tener algún tipo de participación o relación con los federales”.

Al preguntarle sobre el papel de Peña Nieto en la masacre de Nochixtlán, señaló que no podía hablar del tema. Y añadió que la ley no obliga a la PGR a entablar diálogo, pero se pidió que a su vez se haga una investigación más empatica para llegar a la justicia y la verdad.

En tanto, reiteró que no puede decir si el presidente de la República es o no responsable en los hechos. “El mando del operativo es evidentemente importante, no sólo quien disparó, también cuáles era las instrucciones de las policías. No sé a qué nivel de mando yo no tengo ningún conocimiento de quien mandó hacer o quién es el responsable por el hecho que tres jóvenes murieron aquí en el campo. No puedo crear hipótesis sobre eso”, señala Jarab.

Y enfatizó que se debe esclarecer de manera exhaustiva quien disparó y quien lo mandó y cómo fue planeado este operativo, “no sólo porque puede ser un delito sino también puede ser un error, donde terminan errores empiezan los delitos, pero ambos son importantes para el Estado como tal.

Eso sí es una dimensión que supera Nochixtlán, fue una operación federal para que el Estado también aprenda de esta tragedia y para que se garantice que no se repetirá. Tengo la obligación de ser optimista espero que se llegue a esclarecer tanto por parte de la responsabilidad penal pero también las violaciones. Esperaremos a nuestros colegas de la CNDH para conocer las violaciones de derechos humanos, señaló Jean Jarab.

Además de este acto, también se realizó un recorrido en la colonia 20 de noviembre, donde Juanita, quien llevó a más de 20 niños a un refugio seguro contra gas lacrimógeno y balas, denunció la falta de servicios de esa colonia, la pobreza en la que viven y sobre todo que los niños no tengan acceso a una mala educación llena de carencias.

En su caminata por la carretera, los tres defensores de derechos humanos escucharon a los familiares de las víctimas quienes señalaron donde habían caído los jóvenes. Además de mostrarles las cruces que colocaron en aquel espacio. A los lugares de visita se sumó los testimonios de las familias de los jóvenes ejecutados y la constante frase de ‘me comprometo hacer mi trabajo’, por parte del presidente de la CNDH.

El recorrido finalizó con la fotografía de los participantes frente al monumento de los caídos, junto los sobrevivientes de los ataques. Y nuevamente los gritos de ¡justicia! Se escucharon rotundamente.

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La Dignidad de Estela

Un sismo sacudió el centro de la tierra con epicentro en el Museo Nacional de Antropología.

Una digna hija de los pueblos originarios de México expuso ante el público las vergüenzas de los Masiosares autóctonos.

No andan errados el CNI y el EZLN al proponer que una mujer indígena dirija los destinos de México.

Les invitamos a leer este texto publicado en La Jornada:

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Francisco López Bárcenas

Todo marchaba conforme a lo programado hasta que Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, tomó el micrófono y dijo su palabra. Desde el principio fue al grano. Dijo que era lamentable y vergonzoso que hubieran pasado 11 años para que la Procuraduría General de la República reconociera, obligada por un juez, que el proceso contra su madre, igual que contra Alberta Alcántara y Teresa Hernández, las tres mujeres hñahñus acusadas de secuestrar a seis policías federales en agosto de 2006, fue un error. El murmulló del auditorio Jaime Torres Bodet, en el Museo Nacional de Antropología, cedió su lugar a un silencio más solemne que el acto mismo. El acto preparado para que el Estado mexicano reconociera la inocencia de las tres mujeres procesadas injustamente y les ofreciera una disculpa pública se transformó en un espacio para la denuncia de la represión estatal, la falta de justicia, la inseguridad, la discriminación y el racismo.

Es probable que Teresa no mirara el efecto que sus palabras causaban entre los presentes, sobre todo la incomodidad en que colocó al procurador de la República, ubicado en el centro del escenario. Narró cómo su madre fue detenida, sentenciada y liberada gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. "Es un simple ejemplo de las muchas arbitrariedades ilegales que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en este nuestro país que es México", dijo, y agregó: "Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que los poderosos someten a su voluntad". Enseguida se preguntó. "¿Cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe?, ¿cuántos secuestradores, delincuentes autorizados con título y nombrados por la ley andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando con un delito fabricado?"

Después se refirió al motivo del acto. Dijo que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia que ese día ofrecía la PGR a su madre y las otros dos mujeres hñahñus no era suficiente para reparar el daño que la falsa acusación y el proceso simulado les habían causado; aclaró que no buscaban el dinero de la reparación del daño porque su riqueza no se basa en él; "nuestra existencia hoy tiene que ver nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, con mis compañeros cazados por defender lo que por derecho nos corresponde. Pido por ellos, porque por buscar mejores condiciones de vida y trabajo es el trato que recibimos". Y se siguió por ese rumbo. "A las víctimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales, a los maestros que estamos en pie de lucha, a los caídos, los desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos, aterrorizados que defienden, luchan a favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor y vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra".

Mientras la escuchaba, pensaba que el acto se parecía en mucho a los juicios públicos que las comunidades indígenas realizan a los que violan sus normas de convivencia, que cuando ya tienen las pruebas los exhiben ante los afectados. Estela Hernández, convertida en la voz de los agraviados de México, señaló a las instituciones responsables. A la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estuvieron calladas "a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave", les exigió que se pongan a trabajar de verdad, que no sólo den recomendaciones cuando ya otras instituciones no gubernamentales las han realizado. Al procurador general de la República le dijo que no estaban contentas ni felices por el acto de disculpa, pidió que cese a la represión contra los pueblos indígenas, la persecución de luchadores sociales y exigió la liberación de los presos políticos, "quienes su único delito es aspirar a mejores condiciones de trabajo, vida, patria digna y justa".

Y cerró con una frase contundente: “Este caso nos cambió la forma de ver la vida. Hoy sabemos que no es necesario cometer un delito para ser desaparecido, perseguido o estar en la cárcel. Por los que seguimos en pie de lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía de México, para nuestra patria, por la vida, para la humanidad, quedamos de ustedes, por siempre y para siempre, […] hasta que la dignidad se haga costumbre”. Sus palabras fueron rubricadas por el aplauso de los presentes, quienes de pie suscribieron el mensaje. Al final del acto, todos abandonamos el recinto pensando que la disculpa y el reconocimiento gubernamental de que se habían violado los derechos de tres mujeres indígenas eran importantes, pero su mayor relevancia estaría en que se trabajara por que no vuelva a suceder, por que no exista más razón para que vuelva a repetirse.

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México Colabora con Gusanada

El régimen neoliberal y fascista de Enrique Peña Nieto ha decidido utilizar el dinero de los impuestos de los mexicanos para solventar económicamente el capricho de un puñado de apátridas cubanos que, alentados por la gusanada miamense, han decidido golpetear al gobierno revolucionario de la isla a sabiendas que la infame Ley de Ajuste Cubano puede estar viviendo sus últimos días.

Les presentamos esta nota publicada en La Jornada:

Desata polémica paso de cubanos por México

Los 180 cubanos que llegaron a la frontera sur de México después de meses de estar varados en Costa Rica comenzaron este jueves a planear cómo cruzar el país hasta la frontera con Estados Unidos, su destino final.

A todos se les concedió el documento de transito por 20 días que el gobierno de México expidió de forma excepcional "y a partir de ahí empezaron a organizarse, unos pensaban moverse en avión, otros en bus hasta Ciudad de México, otros buscaban albergues para descansar", dijo una funcionaria del Instituto Nacional de Migración que pidió el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas.

La Organización Internacional de Migraciones, la Cruz Roja y la Comisión Nacional de Derechos Humanos acompañan a los cubanos para resolverles las dudas que puedan surgir, añadió la funcionaria. Destacó que el principal esfuerzo de las autoridades mexicanas ha sido hacer énfasis en que el documento que les dieron es gratuito, que nadie les puede detener —salvo que comentan un ilícito— y que nadie puede pedirles dinero para permitir su libre movimiento.

El padre Flor María Rigoni, responsable del albergue Belén de la población fronteriza de Tapachula, dijo que aunque el miércoles se puso en contacto con alguien del grupo de cubanos para preguntarles si tenían espacio, él ofreció acoger a 40, finalmente ninguno se quedó, no sabe por qué.

En conversación telefónica con AP, el religioso denunció "toda la polvareda" que ha levantado el caso de los cubanos, unos "migrantes privilegiados" con quienes se ha hecho "política" en detrimento de los miles de migrantes centroamericanos que cruzan México en condiciones mucho más preocupantes porque se juegan la vida en su lugar de origen, durante el trayecto y al ser deportados y ninguna autoridad les ayuda.

"Yo recibo todos los días gente con balazos en el cuerpo, migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica y cargan el ataúd a sus espaldas y a los que nadie tiene en cuenta", lamentó tras denunciar el doble rasero de todos los países involucrados en el éxodo de los cubanos.

Los nacionales de Cuba, conscientes de sus privilegios, aprovechan la situación.

Manuel Rivero Oliva y Alexei Oliva, dos primos que llegaron el miércoles a Tapachula, se acercaron hoy al aeropuerto de la ciudad. Su plan, según informaron en conversación telefónica con la AP, era volar hasta Matamoros y de ahí cruzar a Brownsville, en Texas. Pero la mayoría de sus compañeros, aclaró Oliva, estaban pensando optar por el autobús.

Rivero, de 27 años, quiere llegar a Orlando, Florida, y se mostraba contento por la facilidad con la que habían conseguido los documentos de tránsito.

"Todo fue bien rápido. Estaba bien preparado. Fue una bendición", indicó. "Fue algo muy hermoso saber que hay tantas personas que nos apoyan."

Su primo Oliva, de 28 años, iba a tomar el mismo avión pero su destino final es Michigan. Allá lo espera su hermano y ya tiene el ofrecimiento de un trabajo. Oliva salió en avión de Cuba el 27 de octubre de 2015 rumbo a Ecuador, donde "durante ese tiempo logré conseguir un trabajito de informático" que le ayudó a costearse el viaje. Ellos optaron por dormir en un hotel de Tapachula hasta que saliera su avión.

Sergei Acosta, de 35 años, el primer migrante que bajó a tierras mexicanas dijo que tiene mucha ilusión por llegar, sin importar lo cansado de estar en tránsito todos estos días.

"No estoy tan cansado, estoy muy ilusionado por llegar", dijo. Acosta explicó que en su caso decidió salir de Cuba por necesidades económicas, no políticas. "Es la necesidad de tener una vida mejor". Agregó que a pesar que es agricultor confía en encontrar un buen trabajo y poder así "reclamar a mi esposa y mi hija, para que crezca junto a mí", dijo.

Los migrantes cubanos han pagado con recursos propios los gastos de su traslado desde Costa Rica hasta la frontera México-Guatemala y harán lo mismo para llegar hasta Estados Unidos. En un primer tramo viajaron en grupo primero en avión, de Costa Rica a San Salvador y luego en autobús. Más tarde cada uno eligió la forma más conveniente para seguir hacia el norte.

Al margen de estos 180, que forman parte del programa piloto acordado por todos los países afectados, todavía quedan más de 7 mil 500 cubanos varados en Costa Rica que vieron truncado su sueño de avanzar por Centroamérica hacia Estados Unidos cuando Nicaragua decidió cerrar sus fronteras el 13 de noviembre de 2015.

La oleada de migrantes cubanos se registró poco después de Estados Unidos y la isla avanzaron en negociaciones para restablecer las relaciones bilaterales, rotas hace más de 50 años y que trajo consecuencias un embargo estadounidense y privilegios para los que huían del gobierno comunista del país caribeño, los cuales los migrantes temen perder.

La Ley de Ajuste cubano, el foco de atracción para los migrantes, fue aprobada en la década de 1960 en el marco de la Guerra Fría y otorga a los cubanos beneficios inmediatos para residir y trabajar en cuanto pisan territorio estadunidense.

Nunca antes México se ha preocupado por la suerte de migrantes en su paso hacia los Estados Unidos, ¿por qué lo hace ahora?

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"Toman" la CDH de Puebla

Continúan las movilizaciones solidarias con Ayotzinapa, lean este boletín de prensa distribuido por la Red de Defensa de los Derechos Humanos:

Boletín de Prensa: Toma símbolica de la CDH Puebla por la Presentación con Vida de los 43 Normalistas de Ayotzinapa Detenidos-Desaparecidos

Puebla, Puebla a 6 de noviembre de 2014.

A las organizaciones populares de México y el mundo
A las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos
A los medios masivos de comunicación
A los medios alternativos de comunicación
Al pueblo de México

A 41 días del crimen de Estado perpetrado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, en el que fueron asesinadas seis personas, entre ellos los tres normalistas DANIEL SOLÍS GALLARDO, JULIO CÉSAR RAMÍREZ NAVA Y JULIO CÉSAR MONDRAGÓN, así como la DESAPARICIÓN FORZADA DE 43 ESTUDIANTES de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y en donde fueran heridos de gravedad, 25 ESTUDIANTES MAS CON DAÑOS FÍSICOS IRREVERSIBLES A CONSECUENCIA DE HERIDAS DE BALA. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) EN PUEBLA EXIGE JUSTICIA, JUICIO Y CASTIGO CONTRA EL ESTADO MEXICANO Y LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DETENIDOS-DESPARECIDOS.

Esta TOMA SIMBÓLICA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA instancia precedida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por RAÚL PLASENCIA VILLANUEVA, NO HA ASUMIDO EL DEBER que le corresponde por la exigencia del castigo al crimen de lesa humanidad ejercido en Iguala de la desde el mes de septiembre y por el contrario se ha mostrado como una instancia mezquina cuya cabeza manifiesta que le interesa más la búsqueda de la reelección al cargo de ombudsman.

Lo anterior no es de extrañar, ya que la propia Comisión fue creada en 1990 dentro del DOBLE DISCURSO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS, cuando en realidad era el pretexto para que el país formara parte de los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO A NIVEL INTERNACIONAL y se convirtiera en una oferta atractiva para que las empresas trasnacionales incrementaran su riqueza a costa de la mano de obra y de los recursos materiales de la nación.

A 41 días del crimen de lesa humanidad desde esta dependencia y desde esta ciudad de Puebla emitimos el mensaje al Estado mexicano y a Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicano en su carácter de Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de que NO DESISTIREMOS EN LA EXIGENCIA DE JUSTICIA POR EL ACTO TERRORISTA CONTRA LOS NORMALISTAS Y CONTRA EL PUEBLO MEXICANO, ejecutado por el ejército federal y por diversas corporaciones policiacas del orden federal, estatal y municipal.

Señalamos que el acto terrorista ejercido por el Estado el pasado 26 de septiembre manifiesta el incremento de la escala de violencia contra el pueblo en general y la PERPETUACIÓN DE LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD PROVOCADA POR LA POLÍTICA ECONÓMICA IMPERIALISTA efectuada en nuestro país y que agudizará aún más la pobreza y la desigualdad a partir de los fuertes impactos económicos derivados del CUMPLIMIENTO CABAL DE LAS REFORMAS NEOLIBERALES, especialmente en materia energética petrolera y laboral.

El crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa se suma a los actos represivos contra las normales integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que BUSCA NO SOLO INTIMIDAR AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SINO A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS que plantean una alternativa económica y social al régimen represivo de corte imperialista.

Los medios de comunicación oligárquicos, fieles soldados de esta política económica, buscan DESLINDAR A PEÑA NIETO DE SU RESPONSABILIDAD y fincarla únicamente en la delincuencia organizada y en funcionarios menores, como es el caso del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, para OCULTAR LAS ACCIONES TERRORISTAS DE ESTA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD que agudizan y prolongan la campaña de barbarie originada desde la GUERRA SUCIA.

Por su parte, posiciones oportunistas hacen eco a la estrategia contrainsurgente del Estado, que llevan como objetivo el desgaste de los esfuerzos y la solidaridad sincera del pueblo, al mismo tiempo que buscan reposicionarse políticamente.

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo la denuncia del terrorismo de Estado no termina con la presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos ni con el juicio y encarcelamiento a José Luis Abarca Velázquez como único responsable de este crimen, ya que es evidente la participación de las fuerzas policiales y militares de distintos niveles, en este acto de barbarie coordinado por el Estado mismo y tiene como antecedente una sucesión de represiones, hacia la FECSM, el movimiento estudiantil y popular, inscrito en el FORTALECIMIENTO DEL ESTADO POLICIACO MILITAR.

Cabe mencionar que esta actividad se efectúa de manera coordinada con la toma simbólica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México cuyo objetivo es MANTENER LA DENUNCIA NACIONAL E INVITAR AL PUEBLO EN GENERAL A SUMARSE A LAS ACCIONES POLÍTICAS DE MASAS por la presentación con vida de los 43 normalistas y los más de 70 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales y el esclarecimiento y castigo a los autores materiales e intelectuales de los MÁS DE 140 MIL EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE, como producto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojosa desde el 2006 y continuada por Enrique Peña Nieto.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA GUERRERO!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE DANIEL SOLÍS GALLARDO, JULIO CÉSAR RAMÍREZ NAVA Y JULIO CÉSAR MONDRAGÓN!

¡JUICIO Y CASTIGO AL ESTADO MEXICANO POR ESTOS CRÍMENES!

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

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En México Clausuran CNDH

Les compartimos esta nota que nos han enviado los compas del Comité Cerezo:

Boletín de prensa: Clausura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos #CNDH

Esta clausura obedece a que esta institución es actualmente un mecanismo estatal para mantener la impunidad, es decir, para evitar que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos sean juzgados y sancionados, para evitar que las víctimas alcancen su derecho a la justicia y para ocultar la verdad de los actos de terrorismo de Estado.

Organizaciones populares, indígenas, estudiantiles y de derechos humanos hacemos de manifiesto en esta actividad de clausura simbólica de la CNDH que las desapariciones forzadas en México forman parte de una política sistemática del Estado mexicano, son una grave violación a los derechos humanos, un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad que, en la actualidad, tiene como finalidad eliminar o neutralizar a las organizaciones sociales que se oponen a la profundización del neoliberalismo, así como generar terror y zozobra en el resto de la sociedad.

Esta clausura obedece a que esta institución es actualmente un mecanismo estatal para mantener la impunidad, es decir, para evitar que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos sean juzgados y sancionados, para evitar que las víctimas alcancen su derecho a la justicia y para ocultar la verdad de los actos de terrorismo de Estado.

Sólo en los ultimos 5 años, de las 215,545 quejas recibidas sólo emitió 413 recomendaciones, menos de un 0.2 por ciento, para la CNDH, la militarización, el paramilitarismo, la tortura, el arraigo, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada no existen. Puntualizamos y recalcamos que no se trata de un problema de titular, sino de un actuar institucional planificado para ocultar el sufrimiento de miles de víctimas y limpiar la imagen del Estado mexicano.

Durante décadas la desaparición forzada se dirigió principalmente en contra de luchadores sociales. No existe en la historia de nuestro país un solo periodo de gobierno en el que las desapariciones forzadas no se hayan cometido, sin embargo, es a partir del 2006, con la supuesta “guerra” en contra de la delincuencia organizada, cuando la desaparición forzada se desarrolla en contra de amplios sectores de la sociedad como un mecanismo de control y parálisis social. Política de Estado que incrementó de manera alarmantemente los casos de desaparición forzada en el país, por ello afirmamos que la desaparición forzada de los 43 normalistas no son un hecho aislado, sino la continuidad de una política de Estado que, sólo en el Estado de Guerrero desapareció a más de 1200 luchadores sociales durante el periódo conocido como la guerra sucia.

Edmundo Reyes, Gabriel Cruz, Daniela y Virginia Ortiz, Francisco Paredes, Lauro Juárez, Carlos René, Teodulfo Torres y más de 120 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada desde el 2005 a la fecha; los cuales se suman a la enorme cantidad de 30 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 3000 están documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos como desapariciones forzadas, es decir, desapariciones en las que funcionarios del Estado están involucrados.

Hoy, el caso de los 43 jóvenes normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México detenidos desaparecidos, ha puesto nuevamente al descubierto la situación grave de las desapariciones forzadas en el país; éste caso ha volcado la indignación y la movilización de millones de personas que exigen su presentación con vida, sin embargo, como sociedad debemos condenar tanto las desapariciones forzadas como las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la prisión por motivos políticos y todos los crímenes que se han venido cometiendo de manera sistemática en contra de miles de familias mexicanas.

Hay que considerar que la destitución del gobernador Ángel Aguirre y el encarcelamiento de funcionarios públicos por su responsabilidad en la masacre de Iguala, no son suficientes para cumplir la exigencia de justicia, en tanto que el problema se pretende abarcar como un hecho local, estatal y aislado, y no más bien como lo que es: una política del Estado.

Por ello, la consigna vivos se los llevaron, vivos los queremos, tiene que retumbar en cada rincón del país con un contenido de lucha por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos.

Ante un hecho como la desaparición forzada de los compañeros normalistas, no es suficiente la indignación y el coraje, se hace necesaria la organización popular para frenar estas embestidas de parte del Estado y luchar por una sociedad más justa.

Ante el terrorismo de Estado, un pueblo organizado.

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada
Comité de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Frente Popular Francisco Villa Independiente
Comité Cerezo México
Comité de Trabajo Permanente San Bartolo Ameyalco
Organización Campesina de la Sierra del Sur
Organización de Lucha para la Emancipación Popular
Radio Estudiantil Libertaria

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