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miércoles, 4 de diciembre de 2019

Juventud Constitucionalmente Retrógrada

¿A qué punto ha dañado el no nacionalismo -españolismo savateriano, de armario- a los jóvenes españoles y mucho españoles?

Basta con leer esto que publica la Cadena Ser:


Hablamos con Marcos Criado, un profesor que se ha hecho viral en Twitter al compartir los proyectos de algunos de sus estudiantes, muchos de ellos contrarios a la propia Constitución

Néstor Báez

"No somos conscientes del terrible daño que la manipulación de la información en las redes está produciendo en los jóvenes. Llevo 20 años dando clase de derecho constitucional y nunca había visto algo así". Así comienza el hilo que ha comenzado en Twitter un profesor universitario y que ha generado mucho debate en las últimas horas.

Todo empieza por que el profesor propuso a sus alumnos de primer curso que redactaran un pequeño proyecto de Ley Orgánica. En el mismo, debían justificar en la exposición de motivos por qué ese asunto debía regularse. Lo que se encontró, según él mismo ha explicado en Twitter, fueron muchísimos proyectos de reintroducción de la pena de muerte, negación de la educación básica a extranjeros, eliminación del tercer grado penitenciario, prohibición de partidos independentistas, derecho a utilizar armas contra okupas e, incluso, la obligación de tener que dar a luz un hijo no deseado a cambio de una indemnización.

En el propio hilo explicaba que eran muy pocos los trabajos que pretendían ampliar derechos y, lo más grave, que muchos de ellos eran contrarios a la propia Constitución.

Hoy, este profesor nos ha trasladado sus sensaciones en La Ventana. Marcos Criado, profesor de Derecho Constitucional, se ha mostrado abrumado por el impacto que ha tenido la publicación, algo que, para él, fue totalmente inesperado. “Me ha sorprendido por la cantidad de proyectos que estaban dirigidos a prohibir cosas o a restringir derechos”, nos ha contado.

Sin tratar de buscar un culpable, sí que pone el foco en las redes sociales, y es que la mayoría de sus alumnos le han confesado que se informan única y exclusivamente a través de estas: “La principal diferencia entre esta generación y las anteriores son las redes y la exposición que los jóvenes sufren a ellas”. También ha dicho que no es la primera vez que tienen que enfrentarse a este tipo de proyectos, pero que sí que es la primera vez que lo ve en un número tan alto.

Considera verdaderamente alarmante que no se haya tenido en cuenta que “la Constitución marca los límites de lo que pueden hacer el resto de las normas”. Además, añade que “se advierte una situación de temor” en los chicos que realizan estos proyectos. Quieren prohibir o eliminar aquello que sienten como una amenaza, todo esto consecuencia, según el profesor, de “una desconfianza bastante alta en el futuro”.


Lo acompañamos con este comentario:

Este viernes se conmemora el 41º aniversario de la Constitución Española, el 41º aniversario de la hipocresía y el fingimiento porque es un hecho constatable que dicha constitución no satisface a nadie. Si para nosotros los independentistas de izquierda, dicha constitución se queda pequeña ya que niega el derecho a la autodeterminación de las naciones del Estado, perpetua el sistema capitalista y cierra toda vía al socialismo, para los reaccionarios, que ya se cuentan por miles en los pueblos de España, dicha constitución es demasiado grande y están pidiendo a gritos restricción de derechos.

No hay mas que ver las propuestas de los estudiantes de Derecho, los que serán los futuros jueces, fiscales y abogados del Estado: proyectos de reintroducción de la pena de muerte, negación de la educación básica a extranjeros, eliminación del tercer grado penitenciario, prohibición de partidos independentistas, derecho a utilizar armas contra okupas, e incluso, la obligación de tener que dar a luz hijos no deseados a cambio de una indemnización.

En unos cuantos años no va a haber remedio que reformar la constitución y será mejor que aprovechemos la ocasión para separarnos definitivame.






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domingo, 1 de diciembre de 2019

El Cerco Marroquí

Tal como se temía, la monarquía marroquí ha impedido a la delegación vasca visitar la asediada e ilegalmente ocupada Sahara Occidental.

Aquí lo que nos reporta Naiz:


Las autoridades marroquíes han impedido hoy a cuatro parlamentarios vascos del “Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui” entrar en el territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde tenían pensado desarrollar una semana de visitas.

La delegación del Parlamento de Gasteiz que ha sido interceptada por agentes marroquíes está formada por Eva Juez (PNV), Josu Estarrona (EH Bildu), Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) y Carmelo Barrio (PP), y la maniobra ha sido denunciada de inmediato a través de las redes sociales, tanto por algunos de los afectados, como Martínez, que ha subido un video del momento en que han sido abordados, como por compañeros y compañeras de la Cámara, como los parlamentarios soberanistas Unai Urruzuno y Diana Urrea, viralizando lo ocurrido y multiplicando las críticas a esta actuación.

Por su parte, Barrio ha declarado a la agencia Efe que el avión de la compañía Binter en el que viajaban ha aterrizado en El Aaiún procedente de Las Palmas, pero nada más aterrizar un representante del gobierno marroquí les ha comunicado verbalmente que no podrían bajar a tierra y que debían regresar en el mismo avión a Canarias.

El propio comandante del vuelo ha sido emplazado a que transportara de vuelta a Las Palmas a los parlamentarios vascos, a los que acompañaba una periodista y activista saharaui llamada Nezha Khalidi, que sí ha podido bajar a tierra.

Barrio, que ejerce de coordinador del grupo, ha explicado que la intención de los parlamentarios era «tomar contacto con los representantes del pueblo saharaui» y hablar con las organizaciones pro derechos humanos, sin excluir una reunión con las autoridades marroquíes «si ellos nos lo piden».

Una práctica habitual

No es la primera vez que un grupo de políticos extranjeros se ve obligado a dar media vuelta sin pisar siquiera el territorio saharaui; de hecho, lo más habitual es que esto suceda casi sistemáticamente.

Las autoridades marroquíes nunca dan una orden de expulsión por escrito, pero suelen argumentar a posteriori que esas visitas vienen marcadas por «una agenda hostil» hacia Marruecos, además de que los visitantes «infringen las reglas migratorias» porque ingresan como turistas cuando en realidad tienen una agenda política.

Así, por ejemplo, en el año 2016, último del que se disponen de cifras oficiales, las autoridades marroquíes expulsaron a 93 personas en total cuando trataban de entrar al Sáhara o cuando ya habían entrado, todos por esas mismas razones.

El propio Barrio ha indicado que ya en otra ocasión fue expulsado del Sáhara en circunstancias similares a las de hoy, mientras que en una visita posterior sí logró entrar en el territorio saharaui, aunque en aquella visita dijo haberse sentido «constantemente vigilado».

Denuncia del Frente Polisario

En una nota, el Frente Polisario ha expresado su «máxima solidaridad» con las personas afectadas, que según señala «han intentado romper el bloqueo informativo impuesto mediante la ausencia de observadores internacionales y medios de comunicación».

A su juicio, este hecho «demuestra, una vez mas, que Marruecos actúa con total impunidad, para seguir ocultando las atrocidades y violaciones de derechos humanos que sufre diariamente el pueblo saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental por parte de Marruecos».

En este sentido, el Frente Polisario ha solicitado al Gobierno español que «pida explicaciones ante este lamentable capitulo que engrosa la lista de las innumerables delegaciones del Estado Español que, cada vez que han intentado acceder al territorio del Sahara Occidental ocupado, han chocado contra este muro infranqueable impuesto por Marruecos».






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viernes, 29 de noviembre de 2019

Aplazan Vista a Jakes Esnal

París sigue timorata en el tema del respeto a los derechos de los presos políticos vascos, sumisa ante las exigencias de Madrid.

Naiz trae a nosotros información acerca del caso Esnal:


El Tribunal de Aplicación de Penas decidió aplazar hasta el mes de marzo la vista sobre la demanda de libertad condicional de Jakes Esnal quien en abril de 2020 alcanzará la barrera de los 30 años de prisión. Igor Esnal, hijo del prisionero lohizundarra, no oculta su decepción, mientras se declara a la espera de que se materizalice, al menos, el acercamiento del preso.

Bidegain, a la que no ha ocultado la decepción de la familia por la decisión adoptada ayer por el Tribunal de Aplicación de Penas (TAP) de postergar al mes de marzo la audiencia en que se decidirá sobre la segunda demanda de liberación condicional del veterano prisionero lohizundarra.

Detenido en Lapurdi, en 1990, al igual que Frederic Xistor Haranburu, Ion Kepa y Unai Parot ( este último fue arrestado en el Estado español ), Esnal cumple pena en la prisión de Saint Martin de Re, desde la que participó por videoconferencia en la vista de ayer.

En esa auciencia se acordó que en enero la comisión disciplinar CPMS realice, con sensible retraso, el informe sobre el prisionero en el que acostumbra a basarse el TAP en demandas de condicional.

Igor Esnal no duda en afirmar que se trata de «una decisión política, ya que jurídicamente queda claro que no pueden decir nada sobre el caso, por lo que optan por postergar la solución del problema».

A punto de cumplir 69 años de edad, y con caso 30 de reclusión a sus espaldas, Jakes Esnal deberá aguardar todavía unos meses más hasta saber la decisión sobre su segunda demanda para salir en libertad, ya que la primera le fue denegada en 2016.

Ello, cuando en la sentencia que le condenó a cadena perpetua se explicitaba que pasados 18 años de cumplimiento obligatorio -periodo de seguridad que se agotó en 2008- el preso podía aspirar a la libertad condicional.

«No toman nota del nuevo contexto en Euskal Herria»

Su hijo Igor deplora que «la justicia francesa no tome nota del cambio de contexto político en Euskal Herria» y rebate la necesidad de ese informe de la CPMS, que considera innecesario porque, explica, «la actual directora de la prisión, el psicólogo y todo el personal que tiene contacto con mi padre saben muy bien que mi padre no es un loco ni una persona peligrosa, al contrario es una persona plenamente consciente, y quizás lo que ocurre es que es preferible mantener a una persona en prisión que confrontar esa realidad».

La famila, indica Igor Esnal, tiene ahora mismo una pequeña esperanza, que se traduce en lo inmediato, en que se materialice el traslado del preso a una cárcel más cercana a Euskal Herria, previsiblemente a la de Lannemezan, lo que, de acuerdo a la información que tienen, podría producirse a principios del nuevo año.






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martes, 26 de noviembre de 2019

Sare Invita a «Calentar Motores»

Desde el portal de Sare traemos a ustedes información acerca de las movilizaciones decembrinas en favor de los presos políticos vascos:


El objetivo de estas movilizaciones será «difundir las reivindicaciones básicas» y para exponer que es el momento de eliminar definitivamente «la política penitenciaria de excepción». El 21, 27 y 28 de diciembre reivindicarán la vuelta a casa de las presas y de los presos con enfermedades graves, el fin de la política de alejamiento, los derechos de las niñas y de los niños de la mochila y se denunciará la situación de las mujeres vascas presas.

Hemos convocado esta rueda de prensa para informar de las movilizaciones que hemos organizado en las capitales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa para la segunda quincena de diciembre, en torno a las fechas navideñas. Y también para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que participe en dichas movilizaciones.

Como ya sabéis, el 11 de enero, bajo el lema Atera Bidera Orain Presoak, queremos llenar las calles de Bilbao con las reivindicaciones que proclamen que es el momento de poner fin a esta política penitenciaria de excepción. Como hacemos todos los años, dentro de la preparación de la manifestación de enero, consideramos que la Navidad, época en la que nos reunimos con familiares y amistades, es un momento importante, ya que aumenta el vacío de las presas y de los presos que están a cientos y miles de kilómetros.

Y, además, las familias y amistades de más de 200 presas y presos vascos deberán hacer frente a ese vacío en las siguientes condiciones de excepción:

Política de alejamiento, a consecuencia de la cual son todavía 142 presas y presos quienes están a más de 600 y 1.100 km. Y 42, a distancias de entre 590 y 400 km. Sin olvidar que, hasta ahora, han muerto 16 personas en accidentes a causa de esta política.

En el caso de las mujeres, además del alejamiento, se suma la situación de aislamiento. De las 25 mujeres vascas presas en el estado español, 12 están en aislamiento, sin contacto con las compañeras.

De ellas, 5 están en la cárcel con su hija o hijo, Cuatro en Picassent (Valencia) y una, Beatriz Etxeberria, en Aranjuez, en aislamiento con su hija.

También es de destacar la situación de Xua. Está en la cárcel pero el 19 de enero cumplirá tres años y, por lo tanto, será separada de su madre y de su padre.

Como Xua, hay otros 103 (en total 104) niñas y niños de la mochila quienes tendrán que pasar las navidades, una vez más, sin su madre o sin su padre o sin ambos porque están en prisión.

Por último, no podemos olvidar a los 21 presos con enfermedades graves. 21 familias con el corazón encogido, preguntándose durante estas fiestas si ese familiar que está enfermo y lejos estará bien.

Ante esta situación, este año hemos decidido organizar movilizaciones en las cuatro capitales en la época navideña; para reivindicar el derecho de las niñas y de los niños de la mochila a crecer al lado de su padre y de su madre y para pedir que Xua vuelva a casa con su padre y con su madre; para denunciar la pena de muerte que está sufriendo los presos con enfermedades graves; para pedir que se saque del aislamiento a las mujeres presas que están en esa situación, y para exigir que se ponga fin de una vez a esta política penitenciaria de excepción.

Teniendo como base dichas reivindicaciones, con estas movilizaciones queremos plasmar la necesidad de cambiar la política penitenciaria actual, y, para ello, consideramos imprescindible sacar a la calle y activar toda esa diversidad que hemos logrado a lo largo estos años, todos esos acuerdos que hemos logrado en la sociedad y en las instituciones. Porque, en estos momentos en los que se está conformando el nuevo gobierno que se encargará de marcar la dirección del estado español, es totalmente necesario que esa mayoría de la sociedad que está de acuerdo con dichas reivindicaciones salga a la calle y se muestre activa, para que estos cambios tan necesarios para la convivencia y para la paz sean tenidos en cuenta y se hagan realidad. Para que, dando los pasos necesarios, los presos y las presas recorran el camino hacia casa, ¡salgamos nosotras y nosotros al camino!

Movilizaciones

21 de Diciembre

Gasteiz· 11:30 · Desde el hotel Ruta Europa  (N-1, km 341) a Zaballa
Iruñea· 18:00 · Desde la estación de Autobuses vieja

27 de Diciembre

Bilbo · 19:00 · Plaza de la convivencia (Torres Isozaki)

28 de Diciembre

Donostia · 12:00 · Boulevard #AteraBideraPresoakEtxera






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Mikel Zabalza a 34 Años


Aquí lo que nos comparte inSurGente:


Cuando el 26 de noviembre de 1985 fue detenido Mikel Zabaltza por miembros de la Guardia Civil, gobernaba el PSOE, el ministro de Interior era José Barrionuevo (después sería condenado por el caso de los GAL) y el presidente del Gobierno “socialista” Felipe González, el señor X, también de los GAL, que nunca fue llamado ni condenado por eso que llaman Justicia.

Mikel Zabaltza fue detenido junto a otros compañeros (la pareja de Mikel y su primo). Pero estos dos fueron puestos en libertad y a Zabaltza ya solo se le vio veinte días más tarde convertido en cadáver y flotando sobre las aguas del río Bidasoa. También fue detenido aquel día Ion Arretxe.

La versión oficial aseguraba que Mikel Zabaltza se había dado a la fuga. Pero, aunque el Gobierno “socialista” siempre lo negó, lo cierto es que el detenido fue torturado de tal manera que acabó muriendo como consecuencia de la misma.

Intentando hacer ver que en la supuesta huida se había ahogado colocaron su cadáver sobre las aguas del citado río. Y apareció pero, como hemos dicho, su cadáver.

Ayer cientos de personas recordaron ayer a Mikel Zabalza frente a su casa natal en la fábrica de armas de Orbaizeta. Como cada año desde su desaparición y su asesinato hace 34 años, familiares, amigos y vecinos volvieron a reclamar “verdad, justicia y reparación”, y especialmente “garantías de que algo así no vuelva a suceder para sanar heridas profundas como la de Mikel”. Unai Landa, en nombre de la plataforma Mikel Zabalza Gogoan, incidió durante su intervención en el acto en la necesidad de ahondar en la búsqueda de la convivencia. “Hemos escuchado muchas veces la palabra convivencia, preciosa palabra, pero llena con matices subjetivos. Para algunos y algunas la convivencia se basa en la venganza, para otros y otras en la relación entre la verdad y la justicia. En nuestro caso, estamos en este segundo grupo y a pesar de que se hayan hecho esfuerzos para conseguir la convivencia, desgraciadamente, todavía estamos lejos de la verdad y la justicia”, reclamó.

Testimonio de torturas de Ion Arretxe, detenido el mismo día

«La madrugada del 26 de Noviembre de 1985 fuimos detenidos, cada uno en su casa, Mikel Zabaltza, su novia, su primo, y yo.

Aunque yo no los conocía de nada, ni siquiera de vista, la Guardia Civil nos detuvo bajo la acusación de pertenecer al mismo comando de ETA militar.

La mañana del día anterior, ETA había matado cerca del Puerto de Pasajes a dos soldados de la Comandancia de Marina. Y por la noche, en la misma zona, a un guardia civil.

Por aquel entonces yo tenía 21 años y era estudiante de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco.

Como cada noche, estaba durmiendo en casa de mis padres, un piso de un barrio obrero de Rentería, donde vivía con ellos y con otros cinco hermanos, todos más jóvenes que yo.

A las 3 de la madrugada tiraron abajo la puerta de casa, y entre gritos, insultos, y órdenes confusas, me sacaron de la cama, me invitaron a vestirme, y me ordenaron que les acompañara.

No sé a dónde me llevaban. Pero a Intxaurrondo, que está a cinco o seis kilómetros de Rentería, hacía tiempo que teníamos que haber llegado.

Cambiaron nuestro turismo por un todoterreno y, llegados a un punto, dejamos la carretera y cogimos una pista de montaña. El coche traqueteaba y yo temblaba de miedo.

Me sacaron del vehículo. Había un grupo de gente con linternas y luces frontales esperándonos en el monte. Aunque la capucha que me cubría la cabeza no me permitía ver del todo, dejaba pasar algo de luz a través de su tupida tela.

Me embutieron en dos sacos de plástico duro, de los que se usan para sacar escombros, que estaban abiertos por los dos lados. Uno de cintura para abajo, como si fuera un faldón. Y el otro por arriba, como una camisa de fuerza.

Me envolvieron con cinta de embalar, como a una momia, cuidando que mis manos quedaran libres entre los dos sacos.

Me tumbaron boca abajo. Yo me retorcía como un cocodrilo atrapado en una trampa y lanzaba coletazos a diestro y siniestro. Ellos reían.

<<Pegadme un tiro, pero no me dejéis morir aquí!>>, gritaba enloquecido porque pensaba que me iban a abandonar a mi suerte en aquel lugar tan siniestro y tan frío. <<Primero nos aclaras unas dudas, y luego ya te mataremos>>, dijo uno de ellos. Y también: <<Grita, grita… Que aquí no se oyen ni los gritos ni los tiros>>.

Me arrastraron por el barro hasta la orilla de un río.

<<¿Tú ya sabes lo que es esto, no? Pues cuando quieras hablar, sacas la cabeza>>. Y sin darme tiempo a nada, me agarró fuerte de los pelos y me metió la cabeza en el agua.

Yo hacía fuerza hacia arriba, para escapar de la muerte. Pero ellos se habían echado sobre mí y me empujaban con rabia contra las piedras del fondo. Cuando les parecía, me tiraban del pelo y de la capucha, y me sacaban del agua.

<<¿Dónde están las armas y los explosivos? ¿Quiénes son los otros del comando?>> Yo cogía todo el aire que podía y gritaba como un desesperado: <<¡Yo no soy de ETA! ¡No soy de ETA!>>. Y otra vez adentro.

Las veinte primeras aguadillas aún tenía fuerzas para gritar. Después, sólo para vomitar. Y al final, no tenía fuerzas para nada. Me incorporaron un momento para que uno de ellos me mirara, en plan muy técnico y profesional, las uñas de las manos. Según supe después, su amoratamiento les indicaba el grado de mi asfixia y si podían seguir torturándome. <<¡Tú mataste al guardia del otro día!>> Y otra vez al agua.

En aquel trance, lo único que podía mover eran mi imaginación y mi pensamiento. Sentía las neuronas girar dentro del cráneo. <<Este horror tiene que acabar alguna vez… Tal vez con la muerte>>, pensaba yo.

El cerebro, con la falta de oxígeno, se había ido esponjando, aumentando de tamaño como un bizcocho en el horno. Todavía había sitio, cada vez menos, para que girasen mis neuronas y mis atropellados pensamientos. Pero la masa encefálica se había dilatado de tal manera que ocupaba casi toda la cavidad craneal. Las neuronas no tenían sitio para moverse y, poco a poco, se iban deteniendo.

Y yo, feliz. Con la sonrisa estúpida de los ahogados. Y yo feliz porque sentía que ya había muerto.

Me sacaron del agua. El aire de la noche me devolvió a la vida.

Me arrancaron la capucha, vomité todo el agua que había tragado y me desmayé.

Llegamos a Intxaurrondo con las primeras luces del día. Me llevaban a rastras. Yo iba medio muerto, de miedo y de frío, con los pantalones empapados y enredados en los tobillos.

El guardia civil de la puerta dijo: <<¡Joder, cómo le traéis a éste!>>

Me desnudaron, me pincharon varias inyecciones para reanimarme y me comunicaron oficialmente la aplicación de la Ley Antiterrorista.

<<¿Tú sabes de qué va esta ley?>>, me preguntó uno que se jactaba de pertenecer al GAL. <<Estos son tus derechos>>, dijo mientras me enseñaba el protocolo que se lee a los detenidos. <<Pero como te hemos aplicado la Ley Antiterrorista…>>, rompió el papel, ris, ras. <<A partir de ahora, ya no tienes ninguno. ¿Alguna duda?>>

Con papel de periódico me hicieron un cucurucho muy grande y me lo encasquetaron en la cabeza.

Alguien importante entró en la estancia. Lo noté enseguida. Tal vez por el silencio que se produjo a su alrededor, o por la manera servil con la que le recibieron.

Se puso frente a mí… Me quitó el capirote…

<<¿Tú sabes quién soy yo?>>, me preguntó. <<Sí. Usted es Galindo>>.

<<¿Me estáis haciendo algún seguimiento los de tu comando, o qué?>>

<<No, nada de eso>>. <<Entonces, ¿por qué me conoces?>>

<<Lo conozco de verlo en la tele…>>

Me agarró de los huevos y me los retorció.

<<Aquí te hemos traído para que nos cuentes cosas… Así que no nos hagas perder el tiempo y vete hablando, chaval… porque si no, te retorceré los cojones hasta reventártelos>>.

Me apretó los testículos y me dejó doblado. Volvió a colocarme el cucurucho y se marchó.

Así fue como conocí en persona al tantas veces laureado comandante Galindo.

Los tres días que pasé en el cuartel de Intxaurrondo no estuve en ningún calabozo.

Me tuvieron en un piso, sentado en una silla, sin poder dormir. Por la noche, un guardia me zarandeaba y me echaba agua en la cara cada vez que me vencía el sueño. Desde donde yo estaba, oía la televisión de los otros pisos y a los hijos de los guardias bajando por la escalera camino del colegio. Y en mitad de un interrogatorio, podía aparecer la mujer de uno de ellos para resolver cualquier cuestión doméstica.

Con las manos esposadas a la espalda, me cubrían la cabeza con bolsas de plástico hasta que perdía el conocimiento.

También probé el agua en la bañera de aquel piso, esta vez envuelto en una manta y embalado como un fardo con la misma cinta adhesiva que usaron en el monte.

Me trasladaron a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno. Aquello no era Intxaurrondo, pero tampoco fue una fiesta de pijamas. Aquí como allá todo se resolvía a base de golpes, insultos y agua.

Al cabo de unos días yo noté que pasaba algo raro. Se les veía muy nerviosos, sobre todo a los jefazos. Trataban de ser muy amables conmigo, demasiado. E incluso me ofrecieron varios millones de pesetas a cambio de mi silencio.

Cuando se cumplió el plazo de la detención -la ley Antiterrorista permitía un máximo de diez días de incomunicación, sin abogado y sin médico- pasé por la Audiencia Nacional y quedé en libertad sin cargos.

Pero como la fiscal anunció su intención de recurrir mi sentencia, tuve que pasar tres días en la cárcel de Carabanchel. Tres días que me podía haber ahorrado porque, finalmente, no presentó el recurso.

Fue en Carabanchel donde los demás presos me enseñaron la noticia que era portada en todos los periódicos: la desaparición de Mikel Zabaltza. Un joven al que habían detenido a la vez que nosotros, bajo la acusación de pertenecer al mismo comando, y del que la Guardia Civil decía -y con ellos el ministro Barrionuevo y el Gobierno de Felipe González al completo-, que en la misma madrugada de su detención, cuando dos guardias le acompañaban junto al río Bidasoa, al zulo donde escondía las armas, aprovechó un descuido de sus guardianes y, a pesar de estar esposado, se lanzó al agua con la intención de alcanzar la otra orilla y escapar a Francia. Entonces lo entendí todo.

Nada más salir de aquel infierno denunciamos en el juzgado las torturas a las que habíamos sido sometidos.

Y, como era de esperar, después de veinte días de infructuosa búsqueda, la Guardia Civil encontró el cadáver de Mikel Zabaltza flotando en uno de los recodos del río que más se habían rastreado.

Yo nunca vi a Zabaltza, así que no voy a ser tan osado como para asegurar lo que le pasó. Pero me imagino, y no es mucho imaginar, que la misma noche de nuestra detención lo condujeron al mismo lugar siniestro y sombrío que a mí, lo interrogaron metiéndole la cabeza en el mismo río, y se les fue de las manos.

El tiempo fue pasando y con él los jueces, uno detrás de otro, hasta que al final se archivó el caso.

Al cabo de los años, los guardias civiles que más activamente intervinieron en nuestros interrogatorios -incluido el mismísimo Galindo-, fueron juzgados y encarcelados por secuestrar, torturar hasta la muerte, y enterrar después en cal viva a Lasa y Zabala.

Algún día la Justicia se quitará la venda de los ojos y verá con horror las atrocidades que se cometieron sobre el joven Mikel Zabaltza, torturado, asesinado, desaparecido y calumniado bajo los auspicios de leyes democráticas.

Ese mismo día la palabra Intxaurrondo, que en euskera significa nogal, evocará en todos nosotros el recuerdo de un tranquilo y popular barrio de Donostia.

Pero eso, será algún día.»








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lunes, 25 de noviembre de 2019

Más Víctimas de la Dispersión

Etxerat da a conocer que la dispersión, esa medida de excepción que Madrid aplica en contra de los militantes soberanistas vascos -lo que en automático les confiere la calidad de presos políticos-, ya se ha cobrado más víctimas.

Aquí el artículo de Gara al respecto:


Dos amigos de los presos donostiarras Ainhoa Mujika y Jon Olarra y dos allegados de la iruindarra Olga Comes se vieron implicados este fin de semana en dos accidentes provocados por el alejamiento impuesto por el Estado español a los represaliados vascos. Etxerat resaltó que «se constata, una vez más, la condena impuesta a los familiares y allegados que deben seguir recorriendo largas distancias para realizar las visitas a sus seres queridos».

Ion Salgado

Etxerat informó ayer de dos accidentes de trafico provocados por el alejamiento impuesto a los presos y presas vascas. En total, cuatro personas se vieron implicadas en los dos siniestros, «afortunadamente sin sufrir daños de consideración».

«Se constata pues, una vez más, la condena impuesta a los familiares y allegados, que deben seguir recorriendo largas distancias para realizar las visitas a sus seres queridos, pese incluso a que se agudice el riesgo de sufrir percances con motivo de condiciones meteorológicas muy adversas, como las producidas este fin de semana», señaló la asociación.

El primer accidente se produjo el viernes, a última hora de la tarde, cuando dos amigos de los presos donostiarras Ainhoa Mujika y Jon Olarra, encarcelados en la prisión granadina de Albolote, sufrieron una colisión en la N-I, con resultado de daños de chapa. El siniestro se produjo a unos 75 kilómetros de Madrid, en un tramo en el que las intensas lluvias provocaron una larga retención. Por suerte, pudieron reemprender la ruta y realizar la visita el sábado por la mañana.

«Las condiciones en que había quedado el vehículo y el temporal determinaron que el retorno se prolongara, incrementando por lo tanto el peligro en la conducción, llegando a casa a media madrugada del domingo», tal como relató Etxerat.

Un menor también afectado

El sábado, dos allegados de la presa iruindarra Olga Comes, entre ellos un menor, sufrieron otro accidente de tráfico en Altube, cuando realizaban el viaje de regreso a casa desde la prisión asturiana de Villabona. La furgoneta en la que viajaban se salió en una curva, colisionando con el lateral, en un lugar en que previamente se habían registrado otros dos accidentes.

«Como ocurre habitualmente, las muchas horas de conducción son un elemento que agrava el peligro de estos viajes. Los ocupantes del vehículo se pusieron en carretera tras salir del trabajo para viajar durante cuatro horas, a lo que hay que añadir tres horas de vuelta tras dormir junto a la prisión. En el caso de Olga Comes, además, se trata del tercer accidente que sufren sus familiares y amigos para poder realizar las visitas», subrayó la asociación. Además, señaló que estos dos nuevos siniestros elevan a ocho el número de accidentes sufridos a lo largo de 2019 por familiares y allegados, «lo que constata la macabra ruleta rusa de los largos viajes impuestos, que se han cobrado durante 50 años alrededor de 1.000 heridos y un total de 16 víctimas mortales».

«La condena a los familiares y el mantenimiento de la dispersión resulta insostenible y debe acabar con urgencia, tal como manifestamos el sábado en Gernika. Es urgente poner fin a la condena a los familiares y allegados, reconocer a las víctimas de la dispersión y acercar a todas las presas y presos a Euskal Herria, para que nunca más vuelvan a ocurrir accidentes como los de este fin de semana», exigió. Hoy se llevará a cabo una concentración para denunciar estos hechos, a las 20.00, frente a la Delegación del Gobierno español en Iruñea. Mañana se hará lo propio en Bilbo y Gasteiz, y el miércoles, en Donostia.






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Justica Patriarcal Españistaní

¿Recuerdan todo el tema de La Manada?

Hoy, 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (y la Niña), conviene dejar en claro como está el asunto de la impartición de justicia en la Españistán medieval:

España incumple todos los mandatos internacionales sobre cómo juzgar la violencia sexual
La gran mayoría de jueces y juezas carece de formación en materia de género e incluso desconocen los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de la mujer que están obligados a aplicar al impartir justicia 

Marisa Kohan

Según los distintos tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres ratificados por España, nuestro país está obligado a actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual. Sin embargo, España está lejos de cumplir con estos mandatos con "la diligencia debida". Entre otros motivos, porque nuestra legislación no considera a la violencia sexual como una forma de violencia de género.

La única ley integral contra este tipo de violencias que promulgó nuestro país es la de Ley Orgánica de 2004, que reconoce como víctimas de esta violencia a las mujeres que hayan sido agredidas por sus parejas o exparejas. Es decir, que sólo cuando exista una relación sentimental entre la mujer y su agresor existen toda una serie de medidas previstas para su protección, su defensa o su bienestar físico y emocional, así como los fondos para asegurarlas. Funcionen mejor o peor, a lo largo de los últimos tres lustros sólo se ha estudiado, analizado, recopilado datos, creado normas, organizado servicios de atención, creado juzgados especializados y destinado recursos económicos y políticas públicas para protejan a las mujeres y a sus hijos de las agresiones de quienes deberían amarlas.

Tal como afirman varias expertas consultadas, nuestro país arrastra desde hace más de 15 años la anomalía de considerar como violencia de género única y exclusivamente la que se produce en el ámbito de las relaciones íntimas, lo que deja fuera al resto de violencias que se ejercen contra las mujeres. Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones del mundo, en consonancia con lo que exigen los tratados internacionales, la violencia de género hace referencia a todo un conjunto de discriminaciones que les ocurren a las mujeres por el hecho de serlo, entre las que se cuentan, no sólo la violencia física y psicológica que sufren por amantes o desconocidos, sino también otras como las discriminaciones laborales, las económicas o el acoso, entre otras.

"El primer problema que tenemos es que España sigue sin enfocar la violencia sexual como una violencia de género. Es decir, como una violación de los derechos humanos, tal como lo reconoce el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en 2014", afirma Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional.

Este convenio, junto con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), son los principales instrumentos internacionales de los derechos humanos de la mujeres. No son los únicos (la práctica totalidad de los tratados de derechos humanos establecen la no discriminación por motivos de sexo, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales), pero sí los más específicos. Todos firmados y ratificados por España, y de obligado cumplimiento. De hecho, una vez ratificados, estos convenios pasan a convertirse en parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, tal como lo establece la Constitución en su artículo 10º. Pero a pesar de esto, aún son pocos los jueces y juezas que los conocen o los aplican en su día a día.

Este 'olvido' en la aplicación del derecho internacional se debe, en gran parte, al desconocimiento y la falta de formación de jueces, juezas y fiscales y del sistema judicial en su conjunto, formación que supone una de las prioridades recogidos en dichos convenios.

Para María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la sentencia del Tribunal Supremo corrigiendo el caso de la violación de los Sanfermines de 2016 "fue como una luz que creíamos que iba a impulsar las recomendaciones internacionales sobre la incorporación de la perspectiva de género en la justicia, y en concreto en violencias sexuales. Pero la decepción ha sido que tras la sentencia del Supremo hemos conocido muchas sentencias posteriores que no han seguido en absoluto esa doctrina, a pesar de la obligación jerárquica que existe en la justicia".

Esta jurista afirma que "ya es hora de implementar lo que el Convenio de Estambul establece sobre los juicios a las víctimas de violencia de género:  impedir que las preguntas, las investigaciones o el mismo juicio vayan a husmear en los antecedentes de la víctima, de manera que ella se convierta en el foco y se mire si es o no una buena víctima".

Sin prevención en violencia sexual

La violencia sexual es un tema de gravedad acuciante. Según datos del ministerio del Interior, en nuestro país se denuncia una violación cada cinco horas. Pero esta cifra es tan sólo la punta de un enorme iceberg, en donde la mayoría de estos delitos no se denuncian, por lo que no se sabe a ciencia cierta su impacto y su alcance real.

Según un informe de Amnistía Internacional presentado en noviembre de 2018, a lo largo de los últimos 30 años, nuestro país no ha desarrollado ninguna política pública ni plan de acción a nivel estatal para atajar la violencia sexual que sufren las mujeres. Esta falta de acción "ha desencadenado un vacío de medidas reales y eficaces". Según la organización, las consecuencias de este vacío suponen que las víctimas y supervivientes de violencia sexual "se encuentran ante un escenario de desprotección" y de falta de garantía de sus derechos.

Hasta la publicación de este informe, nuestro país no había llevado a cabo ni siquiera una campaña de sensibilización o prevención de este tipo de violencias de ámbito estatal, y no existe una recopilación y análisis de datos sobre estas violencias que permita generar políticas públicas de prevención. Sólo hace escasamente un año atrás el Gobierno anunció que comenzaría a elaborar un registro de distintos tipos de violencias, incluida la sexual, aunque esta iniciativa aún está en pañales.

Para muchas expertas, esta falta de políticas públicas de protección a las víctimas de violencia sexual y sobre todo la persistencia de un sistema judicial que revictimiza a las mujeres y que basa sus decisiones en estereotipos y prejuicios de género, están entre las principales causas de la escasa denuncia de estos delitos.

Sin formación, la justicia reproduce estereotipos

Tanto el comité CEDAW (un grupo de expertas que vigila el cumplimiento del convenio por parte de los países), como diversos grupos de trabajo de Naciones Unidas han reiterado a España la necesidad de erradicar los estereotipos de género del ámbito de la justicia. Y esto, tal como recuerdan estos organismos, sólo se consigue con formación.

De hecho, en 2014 la CEDAW condenó a España por la responsabilidad del Estado en el asesinato de la hija de Ángela González Carreño a manos del padre de la menor, después de que ella hubiera interpuesto más de 50 denuncias para impedir estas visitas no vigiladas. La Comisión de la ONU entendió que nuestro país había ejercido violencia institucional y que la justicia había aplicado estereotipos de género. Entre las recomendaciones que hizo este organismo a nuestro país, incluía la necesidad de que España reconociera su responsabilidad en los hechos, resarciera a la madre y que pusiera en marcha un ambicioso plan de formación en perspectiva de género para todos los integrantes del sistema judicial, para asegurar la no repetición de los fallos.

Lejos de asumir estas recomendaciones, el Estado se escudó en que las resoluciones de la ONU no eran de obligado cumplimiento. Tuvo que ser el Tribunal Supremo en 2018 (más de 15 años después de que González comenzara la lucha) el que en una sentencia ejemplar pusiera los puntos sobre las íes. No sólo reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato de la niña y el maltrato hacia la madre, sino que decretó que las recomendaciones de los comités de Derechos Humanos ratificados por nuestro país son de obligado cumplimiento. La sentencia también estableció una restitución económica que el Estado debía pagar a González por los daños. Pero eso fue todo. Tras más de 15 años de pelea, la única restitución o reparación que recibió esta madre, fue monetaria.

El pasado mes de junio, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, junto con el Grupo de Trabajo sobre cuestiones de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, enviaron conjuntamente un escrito urgente al Gobierno español, tras recibir un informe elaborado por la jurista Tania Sordo en el que recopilaba diversas sentencias en las que se habían aplicado estereotipos de género. La ONU pedían explicaciones a nuestro país sobre la persistencia en el uso de esos estereotipos en la justicia. En el escrito, que exigía respuesta de España en 60 días, la Relatora y el Grupo de Trabajo decían a España que "nos preocupa que los estereotipos y prejuicios de género así como la ausencia de una perspectiva de género y de un análisis interseccional de la discriminación contra la mujer obstaculicen el acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales impidiéndoles obtener un recurso efectivo".

El escrito incluía, además, una recordatorio al Estado español sobre sus responsabilidades en materia derechos humanos de las mujeres. La respuesta de nuestro país no despejó muchas dudas. Principalmente se limitó a explicar nuevamente las sentencias e incluyó otras, en las que el principal foco era la violencia de género, pero no la violencia sexual.

Según todas las expertas consultadas, la formación es la pieza clave, incluso por encima de los cambios en las normas. Para Tania Sordo, un cambio legislativo como el que se ha propuesto por el Gobierno en la pasada legislatura para clarificar los delitos contra la libertad sexual es importante pero no suficiente. "Es imprescindible que estos cambios vayan acompañados de una formación en profundidad en perspectiva de género, en estándares internacionales y en una formación específica sobre violencia sexual a todos los operadores jurídicos. Si el cambio legislativo no va a acompañado de esta formación, la experiencia de otros países nos muestra que la interpretación que se haga de las leyes va a continuar estando basada en estereotipos y prejuicios, que lo que hacen es juzgar a las víctimas, reducir las condenas o absolver a los presuntos violadores".

Para esta jurista es importante tener en cuenta la declaración de la Corte Interamericana de Justicia en un caso contra México, en la que el alto tribunal aclara que la formación no consiste en aprenderse de memoria la legislación, artículos o leyes, sino en aprender a detectar la discriminación que enfrentamos las mujeres todos los días. "Y esto es muy importante, porque la violencia sexual es una forma de discriminación contra las mujeres, es una vulneración a los derechos humanos por razón de género", explica Sordo.

"Si los estamentos policiales y judiciales no reciben formación, primero para aceptar que los estereotipos existen, y luego para cuestionarlos y luchar contra ellos, los van a seguir reproduciendo automáticamente, que es lo que estamos viendo en las sentencias", afirma Álvarez.

Si bien las defensoras de los derechos de las mujeres y las juristas apuntan a la necesidad de una amplia formación en estereotipos y prejuicios de género, desde el ámbito de la psicología afirman que, además, es imprescindible una formación y capacitación en la teoría del trauma.

"El propio procedimiento judicial está pensado para que las víctimas vivan una verdadera retraumatizacion, que en muchos casos es mayor que la que sufrieron en la agresión. Se ven obligadas a volver a contar lo que les ha pasado y les hacen una serie de preguntas de cosas que ellas recuerdan a veces con precisión y otras no, por el efecto traumático. A nivel psicológico sabemos ya como funciona la memoria traumática. No es lógica y no se suele ajustar a la información que la justicia tiene que recabar. La memoria traumática funciona por flashes, en los que se quedan imágenes muy fijas, pero que tal vez no tienen porque ser relevantes para la justicia, como el color de la ropa del agresor o con un olor, pero no su cara. Todo esto, que son efectos de la memoria traumática, puede acabar determinando la credibilidad de una víctima en un juicio", afirma Concha López Casares, psicóloga clínica especialista en trauma interpersonal.

"En la justicia se espera que las mujeres actúen en una especie de modelo único que la psicología y la casuística nos dicen que no existe. Puede que algunas víctimas actúen en el sentido en el que la justicia prevé, pero hay una gran cantidad de mujeres víctimas que por muchas razones no van a actuar nunca así", aclara López.

Esta experta explica que en el caso de la joven víctima de La Manada de Pamplona se cuestionó en el juicio que cómo era posible que saliera de fiesta al día siguiente de la agresión. "Son prejuicios y criterios preestablecidos".

Para López, se necesita mucha formación para que se entienda qué supone la agresión sexual en la psique de un ser humano y que modifiquen los estereotipos de lo que es "esperable o lo deseable" en una víctima. "Muchas veces se les hacen preguntas estándar que en su caso concreto no tienen sentido o no han ocurrido y ellas entienden que se las está cuestionando. Si se le pregunta 'usted por qué no hizo esto o porqué no hizo lo otro…' entienden que tenían que haber hecho algo que no hicieron. Que incluso a la hora de ser víctima lo ha hecho de forma errónea. Es una cosa absolutamente perversa en el sistema judicial. Ellas cuentan lo que ha ocurrido y a través de la preguntas que les hacen se van dando cuenta de que aparentemente su comportamiento no ha sido el adecuado. Como si hubiera un comportamiento adecuado para las víctimas".

Si bien a lo largo de los últimos años algunas altas instancias, como el Tribunal Supremo, han ido creando un importante cuerpo de jurisprudencia sobre los estereotipos y los prejuicios de género y han puesto el consentimiento o la falta del mismo en el centro, tal como establecen los tratados internacionales, esta actuación no se ve reflejada en tribunales inferiores.

El Tribunal Supremo corrigió la interpretación que de los hechos probado habían realizado tanto la Audiencia de Navarra como el Tribunal Superior de la misma localidad en el caso de La Manada. Con la misma legislación en la mano, el alto tribunal calificó los hechos como una violación (agresión sexual) en donde se había ejercido violencia e intimidación, en lugar de un abuso sexual. Pero la pregunta es: ¿Tres años después de iniciarse el juicio, el veredicto del Supremo representa una reparación para la víctima?

España se olvida de la reparación

Tal como explican varias expertas, nuestro ordenamiento jurídico no contempla la reparación de la víctima. Ni siquiera la ley integral de violencia de género de 2004 menciona una sola vez el término reparación o resarcimiento. Sin embargo este concepto es clave en la legislación internacional y para el feminismo.

Las masivas protestas llevadas a cabo en los últimos dos años a raíz de algunas decisiones judiciales en relación a la violencia sexual, no han tenido como objetivo el incremento de las penas, sino que el relato de las víctimas fuera reconocido y creído y que fueran tratadas con la debida justicia. Tal como explica Sordo, "el hecho de que se tenga acceso a una justicia con perspectiva de género y que no revictimice, ya puede ser reparador por sí mismo".

Sin embargo, no es lo que suele ocurrir en los procesos judiciales a las víctimas de violencia sexual y a víctimas de violencia de género en general. La reparación en nuestro país se limita a una indemnización económica que en la mayoría de los casos es más insultante para las víctimas que reparadora. En muchas ocasiones, explica López, incluso una sentencia positiva no es capaz de reparar todo el daño que ha supuesto el proceso judicial mismo, no ya la agresión que lo inició.

"Muchas veces las mujeres están tan heridas que no quieren continuar en los procesos judiciales. Se sabe que la violencia sexual se denuncia muy poco porque la compensación para la víctima es nula. Como no sea que lo hagan buscando un cambio social. Es la única expectativa de reparación por la que ellas aceptan pasar por un procedimiento así", añade López.

Esta psicóloga incide en que en el caso de Nagore Laffage, asesinada a los 20 años en los Sanfermines de 2008, la reparación fue económica, pero el tipo penal que se aplicó fue hiriente para las víctimas, para la familia, porque se consideró que no fue un asesinato, sino un homicidio. "La familia tendrá años de psicólogos y de apoyo familiar y social y será lo único que la repare, porque la reparación económica puede ser hasta ofensiva, según se haya establecido".

Para toda las consultadas a lo largo de este reportaje, nuestro país tiene aún mucho camino por recorrer para adaptarse a los estándares internacionales a los que se ha comprometido desde los años 80. El pacto de Estado contra las violencias machistas es un punto de arranque, pero insuficiente. Tal como resalta Virginia Álvarez, "el pacto de Estado no incluye nada específico en cuanto a formación en violencia sexual. Si no se aborda, no lo vamos a solucionar. Y de hecho la reforma del Código Penal, la incorporación de la palabra violación y la desaparición de abuso poco va a resolver si no se trabaja en un cambio de mentalidad y en unas gafas de género en la interpretación de este tipo de delitos".





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sábado, 23 de noviembre de 2019

Gasteiz Solidaria con los Saharaui

Una vez más el pueblo vasco muestra su solidaridad con el pueblo saharaui.

ECSaharaui nos trae la información:


Lehbib Abdelhay / ECS

Es un gesto hacia el pueblo saharaui al margen de la 44 conferencia europea de Apoyo al pueblo saharaui EUCOCO, el Parlamento vasco ondea en el balcón de su sede la bandera de la República Saharaui.

La bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, ondea en el balcón del Parlamento vasco en la ciudad de Vitoria, el País Vasco, como gesto de consideración hacia la República Saharaui.

En los últimos días ha lucido la bandera saharaui en las fachadas municipales de varias localidades vascas, además de las habituales, la bandera de España, así como la de la Unión Europea y la bandera de la provinvia autónoma.

En la víspera de la Conferencia, las instituciones vascas dieron la bienvenida a la celebración de este importante evento y reiteraron la solicitud del Consejo de Seguridad de trabajar con urgencia para encontrar una solución duradera al conflicto en el Sáhara Occidental.

"El conflicto en el Sáhara Occidental sigue en una situación de bloqueo a nivel internacional que provoca un agotamiento de la población saharaui, tanto en los campos de refugiados como en los territorios bajo la ocupación marroquí". Por lo tanto, la solidaridad internacional se está convirtiendo en un espacio importante para ejercer presión y exigir respeto por la legalidad internacional para el proceso de descolonización en África", argumentaron las instituciones vascas.

La ciudad vasca, Vitoria-Gasteiz, se prepara para acoger el viernes y el sábado la 44ª Conferencia Europea de apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui (EUCOCO) en la que participarán varias delegaciones, incluida una delegación de alto nivel del gobierno saharaui, liderada por el primer ministro, Mohamed Luali Akeik.

Este evento, organizado por el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, reúne a representantes de asociaciones, organizaciones políticas, sindicatos y comités de solidaridad de todo el mundo, así como a miembros de diversas fuerzas políticas del mundo para definir nuevas estrategias de trabajo y presión para acompañar al pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación y la independencia.

En este contexto, la EUCOCO representa una nueva oportunidad para exigir la implementación del plan del acuerdo de la ONU, un plan aceptado por las partes en conflicto (el Frente Polisario y el Reino de Marruecos), aprobado por el Consejo seguridad y que debe garantizar la celebración de un referéndum libre y justo sobre la autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental.

Por su parte, el delegado del Frente Polisario en el País Vasco, Abdulah Arabi, dijo durante la presentación de la conferencia a los medios de comunicación que esta edición continuará destacando la responsabilidad política de España y la Unión Europea, y para denunciar la explotación ilegal de los recursos naturales saharauis por parte de empresas europeas, las constantes violaciones de los derechos humanos en las áreas ocupadas del Sáhara Occidental o la precaria situación en la que cientos de miles de saharauis viven en campamentos de refugiados durante más de cuatro décadas.

El delegado saharaui recordó que la Unión Europea está obligada a cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) y a detener inmediatamente cualquier actividad económica en las zonas saharauis ocupadas.

Arabi también recordó que "tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad, el Frente Polisario emprenderá una revisión de los acuerdos de paz con Marruecos", concluyó el delegado saharaui.






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miércoles, 20 de noviembre de 2019

Colonización Genocida

Recientes sucesos referentes al conflicto generado por la ocupación ilegítima de Palestina por parte del sionismo son aclarados en este extraordinario reportaje dado a conocer por El Periódico:


Washington apoya el siguiente paso natural del sionismo: la anexión de los asentamientos

Joan Cañete Bayle

«Todo Israel es una colonia», gritaban los colonos a las fuerzas de seguridad israelíes en el 2005, cuando Ariel Sharon ordenó el desalojo de los asentamientos de la Franja de Gaza, única vez desde el inicio del conflicto que Israel ha abandonado colonias construidas en territorio palestino. Se referían a que tan parte de Israel era el bloque de Gush Katif como Tel-Aviv, y reclamaban el apoyo de sus conciudadanos. Muchos palestinos también lo ven así, aunque por razones opuestas, para denunciar el carácter colonial del proyecto sionista. Razón no les falta a los colonos, en la historia del proyecto sionista en la Palestina del mandato británico –Eretz Israel en la terminología sionista– la colonización es una piedra angular. La primera colonia formada por judíos que huían de los pogromos en el este de Europa se fundó en 1882 (Rishon L’Zion, una comunidad agrícola); la última, es el enésimo plan de ampliación de expansión de las colonias de Binyamin Netanyahu.

En el principio, todo fueron colonias. Esas colonias se constituyeron en un Estado en 1948.  Unos 500.000 judíos llegados en su mayoría en diferentes oleadas migratorias y 400.000 árabes  componían la población de ese territorio. Ese Israel no incluía Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. La línea del armisticio de la guerra de 1948 se convirtió en la Línea Verde, que acabó siendo la frontera internacionalmente reconocida. Tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó todo el terreno de la Palestina del mandato británico (y el Sinaí y el Golán). Pero, a diferencia de 1948, no se lo anexionó, con la excepción de Jerusalén, para no tener que asimilar la población palestina de Gaza y Cisjordania y poner en riesgo así la mayoría demográfica judía. El problema siempre ha sido que el lema «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra» es falso. En Palestina había palestinos, en 1882, en 1917, en 1948, en 1967 y hoy. En lugar de la anexión, Israel eligió la ocupación, condenada por varias resoluciones de la ONU. Nacieron los territorios palestinos ocupados Y, voraz, Israel siguió apoderándose de tierra.

Desde 1967, bajo gobiernos de todo tipo, las colonias se han expandido. Según cifras de la ONG israelí B’Tselem, desde la guerra de 1967 hasta el 2016 se establecieron más de 200 asentamientos en Cisjordania, 127 de los cuales son  reconocidos por el Ministerio del Interior israelí y un centenar son aquellos construidos sin autorización pero que cuentan con el apoyo gubernamental (servicios como agua y electricidad, y protección militar).  Ilegales, diga lo que diga Estados Unidos, lo son todos para la legislación internacional. Las colonias de Cisjordania no son una aventura individual, sino la aplicación lógica del proyecto sionista que considera que Eretz Israel pertenece solo al pueblo judío.

La colonización adopta muchas caras, es una deliberada  política de Estado. El colono radical ultranacionalista y, a veces, ultrareligioso, es solo uno de estos rostros. Hay  más: recalificación de tierra palestina para convertirla en espacios públicos, naturales y zonas verdes; expropiación por motivos de seguridad (el muro) y militares (bases) o para construir infraestructuras (carreteras); adquisición de las tierras de los palestinos que se convirtieron en refugiados; destrucción de casas palestinas por incumplir normativas redactadas después de su construcción; normas y ordenanzas que impiden el crecimiento de las comunidades palestinas; expropiación de tierras para garantizar el crecimiento de los asentamientos...

Visto en perspectiva y de forma lineal, el proyecto sionista es una historia de éxito desde Rishon L’Zion hasta hoy. La tierra y la mayoría demográfica judía en esa tierra son los dos pilares de la  empresa. Tras cada punto de inflexión (1948, 1967), Israel ha profundizado en la ocupación, coherente con el objetivo sionista de controlar todo Eretz Israel. Tras el desmoronamiento de la arquitectura de Oslo (lento pero inexorable), el paso lógico es la anexión de gran parte de Cisjordania. Al mainstream sionista en Israel y Estados Unidos ya no le incomoda la idea de gestionar la vida de miles de palestinos en pequeños enclaves como ciudadanos de segunda. Porque al anexionarse la tierra, se queda a los palestinos que, tozudos, se resisten a irse.
Trump y Netanyahu

Tampoco le incomoda la idea a Washington. Es tentadora la noción de que Donald Trump le echa una mano a Netanyahu. Algo de eso hay. Pero las tendencias del conflicto son las que son, con Trump o sin Trump. Son básicamente dos. Para la primera, cabe citar a Trump: la solución de los dos Estados está muerta. Para la segunda, a John Kerry: «El plan de los dos Estados es la única forma de asegurar el futuro de Israel como Estado judío y democrático». Porque en Palestina, hay palestinos.  Si dos poblaciones viven en un mismo territorio y se les aplica diferentes leyes, ese sistema tiene un nombre que no gusta nada a Israel. Jimmy Carter lo llamó apartheid. Eso es lo que apoya Washington con su decisión sobre las colonias. Muchos amigos de Israel están hoy más preocupados que ayer.






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viernes, 15 de noviembre de 2019

Democracia Situacional Borbónica

Felipe Borbón alias el VI podrá ir a decir lo que quiera en donde quiera pero los hechos son contundentes; al día de hoy él es la personificación del régimen dictatorial y genocida emergido del levantamiento militar fascista de 1936. Aún más, llegó al puesto que ocupa por sucesión monárquica, o sea, nadie, absolutamente nadie -con la excepción de los mandamases del IBEX35- depositó una sola papeleta con su nombre en una urna.

Así que adelante, que balbucee la idiotez que quiera balbucear en Cuba porque al final del día, conocemos su historial, mismo del que nos habla Danilo Albin en su artículo dado a conocer por Público:


En sus discursos oficiales ante autoridades saudíes, Felipe VI omitió por completo cualquier alusión a libertades o derechos humanos, tal como sí ha hecho esta semana en La Habana.

Danilo Albin

Cuello inclinado y sonrisa en el rostro. A principios de 2017, mientras los aviones saudíes bombardeaban a la población civil en Yemen, el Rey Felipe VI se inclinaba en Riad ante el monarca Salman bin Abdulaziz Al Saud para recibir el gran collar, la máxima distinción del régimen. La foto resumía una larga relación de amistad y negocios que nació en el reinado de Juan Carlos de Borbón y se mantiene con su hijo al frente de La Zarzuela.

A día de hoy resulta relativamente sencillo encontrar fotos del rey Felipe con los jefes de la dictadura saudí. Sin embargo, es tarea imposible localizar algún discurso en el que el monarca pidiera democracia para los 32 millones de ciudadanas y ciudadanos que viven bajo el férreo sistema saudí, regido bajo los principios más extremistas de la sharia islámica.

Lo que Felipe ha hecho esta semana en Cuba, donde aseguró que “es en democracia como mejor se representan y se defienden los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas, y los intereses de nuestros ciudadanos” no guarda reflejo con la actitud mantenida hasta ahora con la dictadura saudí, un régimen amigo de la monarquía española.

Ha habido más de una ocasión. La primera tuvo lugar en enero de 2015, cuando el rey visitó Arabia Saudí para mostrar sus condolencias por la muerte del rey Abdalá. Acompañado por el entonces ministro de Defensa del Gobierno de Rajoy, Pedro Morenés, el monarca mantuvo un breve encuentro con el nuevo rey saudí, Salmán Bin Abdulaziz. En el apartado de “discursos” de la Casa Real no se recoge ninguna intervención de Felipe VI en ese viaje.

En enero de 2017, el rey volvió a volar a Riad. De aquella visita están archivados en la web de Zarzuela dos discursos oficiales: las “palabras de Su Majestad el Rey en el Encuentro Empresarial España-Arabia Saudí” y las “palabras de Su Majestad el Rey a la colectividad española en Arabia Saudí”.

En ambas intervenciones abundaron los elogios y los llamamientos a hacer negocios, pero ni una palabra sobre democracia o derechos humanos, términos que sí han aparecido en la visita a Cuba de esta semana. “Arabia Saudí constituye un país clave de Oriente Medio y del mundo árabe”, dijo el 15 de enero de 2017 en la embajada española en Riad ante la colonia española –formada principalmente por empresarios y profesionales– afincada en ese país.

Un día más tarde, en el discurso pronunciado durante el encuentro empresarial, Felipe VI mostró su “convicción” y “deseo” de que la “cooperación económica y comercial entre Arabia Saudí y España siga reforzándose en el futuro”. De hecho, su intervención estuvo centrada pura y exclusivamente en las grandes oportunidades de negocios entre ambos países.

“Podemos afirmar claramente que las relaciones económicas y comerciales entre nuestros dos países se caracterizan por una intensidad que es creciente y fructífera. España es ya el tercer importador de productos saudíes de la UE, por delante de otras economías mayores que la española”, dijo en su discurso.

Antes de marcharse, el rey español tuvo palabras elogiosas hacia el jefe de la dictadura saudí. “Y ahora, al acabar esta visita al Reino de Arabia Saudí, quiero expresar mi sincero agradecimiento al Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y Rey de Arabia Saudí, Su Majestad Salman Bin Abdulazid Al-Saud, por su fraternal hospitalidad que siempre guardaré en mi memoria”, añadió.

Negocios militares

Los negocios y halagos continuaron en abril de 2018, esta vez en Madrid. El día 12 de ese mes, Felipe abrió las puertas de La Zarzuela al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, quien visitaba por primera vez España. Hubo foto oficial, almuerzo de honor… y la firma de un acuerdo bilateral en materia de Defensa.

Durante esa visita, el Gobierno de Rajoy accedió a hacer nuevos negocios militares con el régimen saudí pese a las graves violaciones a los derechos humanos que se registran tanto dentro de Arabia Saudí como en Yemen, el país arrasado por las bombas de ese régimen. Nada de eso ha aparecido en los discursos de Felipe VI.






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El Régimen del '78 en La Habana

Felipe Borbón alias el VI se encuentra de visita oficial en Cuba.

Con el candor y desparpajo que le caracteriza -recordemos su alocución tras el 1-O- el nieto político del brutal dictador Francisco Franco Bahamonde ha tenido ha bien decirle a la delegación cubana que le recibió en La Habana que las cosas en la isla, en lo que se refiere a la democracia, no marchan del todo bien pero que él, magnánimo, les puede mostrar el camino.

Aquí nos lo cuenta Público:


Felipe VI, durante un discurso junto al presidente de Cuba, ha asegurado que los españoles "han vivido sus mejores años como un país plenamente democrático", sin hacer mención a su posición como monarca no votado por los españoles.

Los reyes se encuentran visitando Cuba, una visita un tanto precipitada e inoportuna. En esa visita, Felipe VI ha invitado al presidente de Cuba a "una cena de devolución" en el Palacio de los Capitanes Generales, donde ha dado lecciones de democracia, poniendo de ejemplo la Transición que lo perpetuó.

El rey Felipe VI ha declarado ante el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que los españoles han "aprendido" de la Constitución de 1978 y de la propia historia española que "es en democracia como mejor se representan y se defienden los Derechos Humanos, la libertad y la dignidad de las personas", sin hacer mención alguna a su posición y a como los españoles nunca le han legitimado.

La visita a Cuba había sido pospuesta por los monarcas en dos ocasiones por la situación política de Catalunya. Esta vez, el día después de las elecciones ha sido el elegido por la monarquía para viajar a Cuba y celebrar una visita calificada como "histórica", que también vuelve a ser inoportuna por la fácil politización que se ha hecho por parte de los partidos de derecha PP, C’s y Vox.

Los reyes han ofrecido "una cena de devolución" en Cuba

En concreto, este miércoles por la noche (durante la madrugada del jueves en España), los reyes han ofrecido lo denominado como "una cena de devolución" a Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta en el Palacio de los Capitanes Generales. Allí, el rey ha expuesto la experiencia española "sobre la base del respeto" poder "acompañar" el "proceso de cambio en el que está inmersa Cuba".

Felipe VI ha asegurado que la experiencia de España parte "de una Constitución basada en el pacto, la negociación, e inspirada en el consenso y la reconciliación" y que en ese marco, "refrendado por el pueblo español en el ejercicio de su soberanía", los españoles "han vivido sus mejores años como un país plenamente democrático".

A pesar de haber mencionado constantemente a la Constitución de 1978 y a su implicación en la democracia española y por consiguiente en el derecho a decidir de los españoles sobre sus gobernantes, no ha mencionado el hecho de que la institución de la monarquía se ha consolidado en España sin la legitimación en las urnas de los propios españoles.

Por otro lado, en un discurso marcado por la relación entre España y Cuba, el rey ha comentado que "la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables" y que "nada queda congelado en el tiempo y que quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño del futuro".

El CIS sigue sin preguntar por la monarquía

Abril de 2015 fue la última vez en la que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó a los españoles sobre la monarquía y su valoración. El CIS obvia este tema y no realiza ninguna cuestión sobre la monarquía.

Los ciudadanos no tienen así la oportunidad ni de valorar la institución, ni a Felipe VI,  ni al resto de la familia real, por lo que aún se desconoce el grado de aceptación que tiene la casa real entre los españoles.






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