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martes, 29 de marzo de 2022

Serret a Juicio

Madrid continúa su estrategia de lawfare en contra del pueblo catalán por haberse atrevido a ejercer sus derechos civiles y políticos.

Con ello, una vez más, el régimen español demuestra una vez más su incapacidad para liberarse de taras del pasado. Claro, no es el único estado en Europa con un anclaje anacrónico, ahí tenemos al estado francés y su tratamiento de la autodeterminación del pueblo corso que en fechas reciente ha llevado a la innecesaria muerte de Yvan Colonna.

De vuelta en Catalunya, esto nos lo informa Naiz:


El Tribunal Superior de Catalunya juzgará a la exconsellera Serret, acusada de desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya juzgará a la exconsellera Meritxell Serret, exiliada en Bélgica durante más de tres años tras haber participado en el procés que dio pie al referéndum del 1-O.

El Tribunal Supremo español ha abierto juicio contra la exconsellera catalana Meritxell Serret, exiliada en Bélgica durante más de tres años. El proceso se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por ser el órgano competente ya que no se la acusa de malversación, sino de un delito de desobediencia.

En su auto, la Sala de lo Penal recuerda que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, solicitaron la confirmación del auto de conclusión del sumario dictado por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, y la apertura del juicio oral contra la exconsellera únicamente por un delito de desobediencia.

En consecuencia, la apertura de juicio oral es exclusivamente por el delito de desobediencia «como han solicitado todas las partes personadas, y no puede esta Sala abrir juicio oral por otros delitos sin petición expresa de alguna de ellas».

Ante esta situación y dada la condición de diputada autonómica de Meritxell Serret, el Supremo acuerda «declinar la competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano competente para su enjuiciamiento y al que se remitirá el testimonio de particulares correspondiente».

Serret ya había sido procesada el 21 de marzo de 2018 por desobediencia y malversación de caudales públicos habiéndose sobreseído la tramitación de la causa por su «situación de rebeldía».

Pero tres años después, la causa fue impulsada tras la comparecencia de Serret en marzo de 2021, cuando aseveró que, pese a que recibió las advertencias del Constitucional, decidió seguir adelante con el referéndum del 1-O por ser «un mandato popular», si bien advirtió de que su departamento no destinó ningún pago para la celebración del mismo.

Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que se exilio para evitar la represión judicial en octubre de 2017, tras la celebración de la consulta y la declaración unilateral de independencia.

No obstante, era la única de los cinco políticos sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega, porque la sentencia del procés dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa.

Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación, al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O.




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