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domingo, 25 de agosto de 2024

30 Aniversario del Filtro

En Bilbo se ha recordado a Roberto Facal y Fernando Morroni, víctimas mortales en 1994 del terrorismo de estado uruguayo aliado con el terrorismo de estado español.

Lean ustedes lo que se reporta desde Resumen Latinoamericano:



Con un acto político-cultural convocado por la organización internacionalista vasca Askapena y realizado en el recinto de la fiesta grande de Bilbao (Aste Nagusia), se recordó lo ocurrido en las calles de Montevideo, Uruguay, el 24 de febrero de 1994, y que se conoce como la Masacre de Jacinto Vera o del Hospital Filtro. Allí, miles de manifestantes resistieron durante horas con sus cuerpos para que varios militantes vascos que se encontraban cumpliendo una huelga de hambre, no fueran extraditados al Estado español. donde posteriormente sufrirían torturas y condenas de muchos años de prisión.

En esa pueblada donde la policía enviada por el gobierno del derechista Luis Lacalle (padre del actual mandatario) produjo una ofensiva criminal contra los movilizados, asesinando a dos jóvenes, Norberto Morroni y Roberto Facal, además de herir a centenares de personas. Finalmente, los militantes fueron extraditados a la fuerza, a pesar de la heroicidad y compromiso internacionalista demostrada por muchos uruguayos y uruguayas.

El acto de Bilbao se abrió con el toque de la txalaparta (instrumento ancestral vasco), para dar paso a las palabras de uno de los referentes de Askapena en la zona, quien historió la alianza fraternal entre los dos pueblos y reivindicó la necesidad de continuar batallando contra el imperialismo. De inmediato se pudo ver un video enviado desde Uruguay, en el que Norma Morroni y otros militantes saludan la actividad en Euskal Herria.

Luego se leyó una carta enviada por presas y presos políticos vascos manifestando su agradecimiento al pueblo uruguayo que se movilizó en 1994 (ver texto completo).

Enseguida se escuchó un comunicado de Askapena, tanto en euskera como en castellano, y la actividad culminó con un tema dedicado a la lucha del Filtro, en la voz y la guitarra del cantante del grupo vasco Odolaren Mintzoa.

Mensaje desde la prisión

Varios presos y presas vascas se adhirieron a los homenajes, tanto en Montevideo como en Bilbao, por el 30 aniversario del Filtro.

Hace 30 años de la masacre de Jacinto Vera. Hoy, 24 de agosto de 2024, honramos la memoria de Fernando y Roberto, que dieron su vida en lucha contra la colaboración imperialista, y por la libertad de nuestros compañeros presos en huelga de hambre, y hospitalizadas en el Filtro, bajo amenaza de extradición.

Recordamos también con orgullo fraternal la combatividad ejemplar que demostró el pueblo uruguayo en defensa de los refugiados políticos vascos, enfrentándose a la brutal represión policial que asesinó a Roberto y Fernando, e hirió a cientos de militantes uruguayos.

Aquel proceso de solidaridad y lucha que mantuvo el pulso a la represión imperialista durante más de dos años, selló en nuestros corazones ternura y hermandad incondicional hacia el pueblo uruguayo. Y además, nos dio un ejemplo de internacionalismo inolvidable, reafirmándonos aún más en que la lucha de liberación de Euskal Herria es la misma lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo.

Recibid un abrazo revolucionario, todas aquellas que os habeis reunido en el Filtro en memoria de Fernando y Roberto, por parte de los y las presas políticas vascas abajo firmantes.

La lucha continua. Guerra siempre al imperialismo.
Uruguay – Euskal Herria, bi herri borroka bakarra!
Roberto, Fernando, AGUR ETA OHORE!

Firman:
Aitor Cotano Sinde
Andoni Goikoetxea Gabirondo
Beatriz Etxebarria Caballero
Dani Pastor Alonso
Fernando García Jodrá
Garikoitz Etxeberria Goikoetxea
Iñaki Krutxaga Elezkano
Irantzu Gallastegi Sodupe
Jesus Mari Etxeberria Garaikoetxea
Jon Kepa Preciado Izarra
Lexuri Gallastegi Sodupe
Lola López Resina
Mikel San Sebastian Gaztelumendi
Orkatz Gallastegi Sodupe

Comunicado de Askapena leído en el acto realizado en Bilbao

Filtro año 2024– 30 Aniversario

Compañeros y compañeras, lagunok … , desde Euskal Herria un abrazo enorme a todos los que habéis estado en el Filtro hace 30 años, a los y las imprescindibles, a las que estuvieron, han estado y no han dejado de estar en todos estos años.

También saludamos a la juventud, a las más jóvenes, que os habéis integrado a la lucha.

Sin vuestra imprescindible presencia, vuestro análisis y vuestra acción se perdería inexorablememente– la memoria. El relato ha de ser vuestro. ¡Tomadlo ya!

Desgraciadamente, no son tiempos para festejar victorias ni pasadas ni futuras. Los avances y progresos, el desarrollo y la emancipación de la civilización occidental capitalista está degenerando y pudriéndonos a marchas forzadas.

Pero el Capital no está muriendo, se come a sus mejores hijos, y se rehace una y otra vez como monstruo cada vez más asesino y criminal, si cabe. Nos empuja de una burbuja a su correspondiente crisis de miserias y de esta crisis a otra burbuja o a alguna de las guerras en su intento de repetir otra acumulación originaria cada vez más globalizada.

Las guerras entre Estados se multiplican y globalizan tanto que acaban en un caos de “operaciones policiales” de “antiterrorismo internacional”, de meras guerras de “destrucción constructiva” sucedidas por una gubernamentalidad bio-política de la “postverdad” y ahora un “reseteo verde” anti-ecoterrorista. Ya no se distingue la guerra entre Estados de la guerra civil de clase.

El imperialismo (los Estados Unidos y la OTAN) coloniza a sus Estados aliados y estos a sus propios pueblos, el pueblo trabajador a sus migrantes y entre todos a sus mujeres y otras mayorías. Ya ni siquiera tienen condiciones para una reintegración socialdemócrata de los vencidos al modo de producción del vencedor, ni como esclavos ni como siervos ni como obreros explotados. Nuestros hijos son prescindibles y solo carne de hambre, miseria y de cañón.

Se funde el enemigo principal con sus cómplices, el enemigo externo con el enemigo interno y hablar de la “III Guerra Mundial” solo es un eufemismo para negar la Guerra Civil Mundial Total, tanto en la Euskal Herria europea como en la Suiza de Sudámerica.

Este caos debe hacer cambiar muchos aspectos de nuestros análisis, y con ello las conclusiones que debemos sacar sobre nuestras estrategias de lucha de liberación nacional, las estrategias internacionalistas y el ‘qué hacer’ táctico.

Con los viejos esquemas NO podemos enfrentarnos ya a los nuevos Nerones que prometen salvarnos quemando Roma y a los Calígulas con motosierra en mano. Tampoco sirven las protestas de siempre para sabotear la ilusa obra de teatro institucional de la Real-Politik (“El Dorado Bienestar Parte 666– El 88º retorno de las reformas”). No podemos confrontar con nuestras inercias las guerras mediáticas, las guerras sucias para-judiciales, para administrativas, para-policiales, para-militares y militares proxy, sicológicas y siquiátricas. No entremos a la guerra civil global y total como a una continuación de SU política por otros medios.

El rey, lleve el uniforme de la democracia, la ley y el orden o de la mismísima libertad anarquista, está desnudo. El esquizofrénico monstruo del Capital, Calígula y Nerón o la Santa Inquisición siempre es liberal y liberticida a la vez.

Criticarlo es perder el tiempo. Nos deja desnudas las propias debilidades y nos impide ejercer la imprescindible autocrítica radical que necesitamos tanto.

Este mundo ha de morir para que otro mundo pueda ser posible y nacer. Para ello han de surgir resistencias desde la clandestinidad de la juventud a la que no se toma en serio.

Han de surgir rebeliones desde las debilidades que son ninguneadas, despreciadas o perseguidas. Resistencias y Rebeliones que no se adjudiquen autocomplacientemente ni méritos de míticas memorias pasadas ni abstractas e ilusas victorias futuras.

Rebeliones que se preparan no para resistir y reformar lo no-reformable sino para la ofensiva contra el monstruo que ha de morir,– que ha de matarse. Cualquier alternativa será menos mala.

La tarea internacionalista es organizar estas resistencias y rebeliones en cada uno de nuestros propios pueblos, y apoyar solidariamente en esta tarea a cualquier pueblo en cualquier lugar del mundo.

¡Viva la solidaridad internacionalista uruguaya-vasca y vasca-uruguaya!

¡Viva los y las imprescindibles, Roberto Facal, Fernando y Norma Morroni!

Hamaika Herri Borroka Bakarra!

desde Euskal Herria,

ASKAPENA

2024, año del 30 Aniversario de El Filtro

 

 

 

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viernes, 18 de noviembre de 2022

Entrevista a Oliver Peter

La práctica sistemática de la tortura en contra de independentistas vascos, lacra miserable que Europa ha permitido al estado español durante décadas.

En ese tenor, les invitamos a leer esta entrevista dada a conocer por Naiz:


«Hay decenas de personas que están presas por declaraciones bajo tortura»

Olivier Peter | Abogado especialista en Derechos Humanos | Letrado especializado en el Tribunal de Estrasburgo, tuvo un papel importante en la anulación de la «doctrina Parot» y la condena el Estado español por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. La Red de Torturados de Navarra lo ha traído a Iruñea.

Aritz Intxusta

¿Cómo ve el resto de Europa al Estado español y la práctica de la tortura?

Creo que hay una conciencia generalizada de que aquí hubo un problema muy importante con la tortura tanto en la dictadura como en los años posteriores. Saben que la tortura no se terminó con la dictadura, porque en varios informes -desde por lo menos 1996- Naciones Unidas y el Comité de Prevención de la Tortura han expresado reiteradamente su preocupación con los casos de tortura que venían de Euskal Herria y la falta total de investigación por parte del Poder Judicial español. Han pedido en muchas ocasiones que adopten medidas, entre otras la erradicación de la incomunicación, y el Estado español no ha dado casi ningún paso. Su posición de negación total ha acabado de alguna manera irritando a la comunidad internacional y confirmando los temores que tenían.  

Entonces, fuera lo saben.

Entre los expertos y expertas en temas de tortura internacionales hay conciencia de que aquí hubo tortura y de que no se quiere investigar. En la opinión pública más amplia cuesta un poco, porque España es un país europeo, que firmó el convenio Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Por eso cuesta más, al principio, explicar que aquí se ha torturado tanto. Pero cuando se utilizan los informes y cuando se enseñan los testimonios para casos de extradición, por ejemplo, la Justicia europea acaba reconociendo la realidad de la tortura. Diría que es más fácil que un juez en Bruselas, en Berna o en París reconozca la tortura a que lo haga juez en Madrid.

Además de en la incomunicación que ha citado, ¿se nota algún otro punto oscuro en el sistema judicial para dar amparo a la tortura?

Sí, en el hecho de que los jueces instructores que investigan las denuncias estén en la Audiencia Nacional, porque son los mismos que quieren las declaraciones y las emplean para condenar a independentistas. Y por otro lado, cuando se les pide que juzguen e investiguen a los torturadores y torturadoras que han obtenido estas declaraciones, no lo llevan a cabo. Hay una contradicción que es complicada y yo creo que llevar la investigación de torturas a tribunales del País Vasco o de Cataluña, o donde sea, permitiría dar un paso hacia la verdad.

No pasar, entiendo, por la Audiencia Nacional, sino que sea el juez natural.

Exactamente. Sabiendo cuál es la historia de la Audiencia Nacional y cuál es la historia del Tribunal Supremo, parece que no ha pasado el tiempo por estos espacios. Se lo digo ahora como abogado suizo.

Lo ha citado ya de pasada. La tortura no deja solo unas secuelas por el maltrato, sino que en muchas ocasiones el torturador logrará una declaración y esta declaración desembocará en una sentencia condenatoria.  

Por un lado está el daño que se causa, el trauma. Pero el hecho de que se utilicen sus declaraciones para condenar a esta misma persona o a otra, hace al torturado víctima dos veces: víctima de la tortura y víctima porque después quizás va a pasar 20 años en la cárcel. O puede que haya otra víctima, que sea un tercero el que acabe condenado por esas declaraciones. El Convenio contra la Tortura de la ONU reconoce que es ilegal utilizar una declaración obtenida bajo tortura, y entiendo que hay hoy día decenas de personas que están en la cárcel por declaraciones bajo tortura. Están presas de manera ilegal. Esto es otro gran problema, muy complicado, que se tendría que atacar.

¿La justicia internacional tiene una respuesta eso? ¿Podemos confiar en que llegue una solución desde fuera?

No van a cambiar esto desde fuera, si acaso van a ayudar a que esto cambie. Si no hay movilización social, si no hay organización de las víctimas, si no hay trabajo aquí, no llegará una decisión de Estrasburgo que lo cambie todo. La decisión de Estrasburgo será la consecuencia de la capacidad de movilización y del trabajo que se empieza aquí. Ahora bien, si se gana una sentencia internacional...

¿Como cuál?

Existen varios casos pendientes. Hay un caso en el Comité contra la Tortura sobre el tema de la prescripción, porque España se niega a investigar torturas diciendo que el crimen está prescrito, pero la tortura no prescribe según el Derecho Internacional. Al Comité de Derechos Humanos hemos llevado un caso en que se utilizaron declaraciones obtenidas bajo tortura para pronunciar una condena. El tema está pendiente.

¿El de quién?

No puedo dar el nombre. Acabamos de meterlo y... no lo sabe ni el Estado. Creo que no se lo han comunicado todavía. Habrá más decisiones de Estrasburgo, pero si no hay trabajo aquí, no servirán de nada.  

¿Sabe de algún país que haya empleado la tortura de esta manera en Europa?

En época reciente, no he visto un porcentaje de torturados como el de Euskal Herria. No tiene comparación con nada sucedido en las últimas décadas. Existen casos de violencia policial muy generalizada en Francia y en Italia con Génova 2001 [la cumbre del G8], etcétera. Frente a una movilización social importante, estos estados han puesto mucha violencia policial y garantizado una impunidad casi total. Pero son momentos muy puntuales. Que durante 50-60 años se torture garantizando total impunidad creo que no ha pasado en ningún otro lugar de Europa.

¿Destacaría alguna sentencia de Estrasburgo por ser especialmente relevante?

Quizás más interesante de lo que dijo Estrasburgo sean los casos de extradición. Hay casos en Francia donde se negó la petición de extradición por indicios de tortura. Hay un caso en Bélgica, el de Jaione Jauregi, que al principio se denegó por riesgo de que se usaran pruebas obtenidas bajo tortura y que se la sometiera a detención degradante. En el caso que conozco mejor de Jaione Txapartegi, toda la campaña jurídica para oponerse a la extradición estaba centrada en el tema de que era una víctima de tortura y en estos casos las justicias europeas han sido muy sensibles. En este caso de Nekane, cuando estaba ante el Constitucional suizo y quedaban solo días, España acabó retirando la petición. Se buscó una solución diplomática.

¿Tiene miedo el Estado a ese tipo de sentencias?

Tiene miedo, pero también mucho poder. Es un país importante para Europa.




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jueves, 17 de noviembre de 2022

Tortura e Impunidad en Nafarroa

Encontramos sumamente importante que un integrante de la diáspora vasco-argentina haya participado en una mesa de diálogo acerca de la práctica de la tortura por parte de las fuerzas represivas del régimen español en contra de ciudadanos vascos.

Aquí la información:


Un panel internacional de expertos sobre tortura exige en Iruñea el fin de la impunidad

La Red de Torturados de Navarra ha organizado este jueves una charla con expertos en la lucha contra la tortura, incluido el argentino Santiago Bereciartua, y el abogado suizo Olivier Peter. El acto se ha celebrado a pocas semanas de conocerse el informe sobre la tortura en Nafarroa de 1960 a 2011.

Aritz Intxusta

Lohizune Amatria, la presentadora del evento, lo ha deslizado en la introducción. El informe del Instituto Vasco de Criminología ha analizado un millar de testimonios que apuntan hacia 800 víctimas de maltratos policiales en Nafarroa desde 1960 a la actualidad. Este informe, hermano del realizado en la CAV hace ya seis años y que apuntaba hacia 4.000 víctimas, se reactivó una vez cayó judicialmente el recurso del PP contra la ley que lo amparaba.

La Red de Torturados de Navarra ha celebrado esta tarde una charla con ponentes internacionales para tratar sobre el fenómeno en el Colegio de Médicos, a la que han acudido, entre otros, la consejera de Relaciones Ciudadanas (Ana Ollo) y el director de Paz y Convivencia (Martín Zabalza), así como el presidente del Parlamento (Unai Hualde) y representantes de EH Bildu (Bakartxo Ruiz y Julen Arzuaga) y Sortu (Haimar Altuna).

Entre los ponentes, Jorge del Cura (fundador de la Asociación contra la Tortura estatal) ,quien ha denunciado que los sindicatos policiales funcionan como un «lobby» para protegerse unos a otros. Y ha cuestionado la justificación de la tortura en medios de comunicación, así como en películas y series.

Del Cura ha puesto algunos datos sobre la mesa. La Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, entre 2004 y 2017, reportó 9.085 casos en el Estado, de los que en la CAV se registraron más de 800 y en Nafarroa 374. La gran mayoría no llegaron siquiera a instruirse.

Por su parte, Olivier Peter, abogado suizo que ha llevado asuntos como el que consiguió la condena al Estado por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola, ha subrayado que en Euskal Herria ha habido generaciones que «han nacido, vivido y muerto con la práctica generalizada de la tortura».

Asimismo, ha recordado que otros países han asumido esta práctica sistémica del maltrato por parte del el Estado español y que ha sido, precisamente, este reconocimiento el que ha impedido que se tramitaran peticiones de extradición realizadas desde Madrid.

Peter, además, ha cuestionado el mecanismo perverso de incomunicación, no investigación e indultos que ha seguido el Estado español para dotar de una completa impunidad a los torturadores.

También ha recordado que las torturas han servido para sostener las condenas del propio condenado y de terceros.

Helena Solà, de la Organización Mundial Contra la Tortura, ha apuntado que la tortura existe en todo el mundo «a pesar de los intentos por silenciarla, ocultarla y minimizarla». Ha pedido, además, protección para las víctimas para favorecer que se atrevan a denunciar y así se logre combatir esta lacra.

«Es importante subrayar que existe una prohibición absoluta de la tortura, incluso en contexto de guerra, pero a pesar de ello se da de forma generalizada», ha afirmado Solà.

El argentino Santiago Bereciartua, abogado y defensor de los derechos humanos, ha insistido a su vez en que existen herramientas en el Derecho Internacional que deben ser aplicadas.

Bereciartua ha dado un mensaje de esperanza al recordar que en su país los activistas se encontraron con problemas muy similares a los que plantea hoy el Estado español y que supieron resolverlos. Pero, por otro lado, ha alertado de que en todo el mundo se escuchan cada vez más discursos legitimadores del uso de la tortura.




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jueves, 24 de marzo de 2022

París y las Brigate Rosse

Con el conflicto causado por el asesinato del preso político corso Yvan Colonna aún sin apaciguarse de todo y con la promesa de acercar a Alain Ferrandi y a Pierre Alessandri, París ya se está embarcando en otra travesía, esta, muy similar a la que ya navegó con casos de represaliados políticos vascos como el de Josu Urrutikoetxea.

Lean esto que nos informa Naiz:


París analiza las demandas de entrega de varios exmilitantes de las Brigadas Rojas

El Tribunal de Apelación de París comenzará a examinar este miércoles las demandas de extradición presentadas contra diez antiguos activistas de la izquierda italiana durante los llamados «años del plomo» que encontraron cobijo en el Estado francés al amparo de la ‘doctrina Mitterrand’.

El examen de las demandas de extradición remitidas por Roma contra diez exmilitantes de las Brigadas Rojas (Brigate Rosse), grupo armado desaparecido en 1980, arrancará la tarde de este miércoles en el Tribunal de Apelación de París.

Es un proceso que se presume largo, ya que solo en esta fase de instrucción se prolongará hasta el 20 de abril, según la información que recoge ‘Le Monde’.

Se abordará así el examen de dos en dos demandas, a lo largo de cinco audiencias en un proceso con implicaciones que desbordan el marco judicial.

Las demandas, relanzadas en 2019 por el entonces ministro de Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, afectan a una decena de activistas que buscaron refugio en el Hexágono entre los años 80 y 90 del siglo pasado para evitar ser juzgados en Italia.

Pudieron establecerse en el Estado francés gracias a la que se conoce como ‘doctrina Mitterrand’, una práctica no escrita que ha regido, con sus más y sus menos, desde 1985 y de acuerdo a la cual se acordaba el asilo a militantes que habían dejado atrás la lucha armada.

Esa doctrina ya se rompió en alguna ocasión, en el caso más sonado con el escritor Cesare Battisti que tras haberse instalado en el Estado francés, en 1990, convencido por las garantías otorgadas por Mitterrand, debió huir de nuevo a América en 2004 para evitar la extradición.

Detenido en 2019 en Bolivia, Battisti fue extraditado a Italia, donde fue encarcelado para cumplir una condena a cadena perpetua.

Aunque el caso de Battisti empañó durante años las relaciones franco-italianas, en 2008, el Gobierno de Nicolas Sarkozy, declinó la entrega de la antigua militante de las Brigadas Rojas Marina Petrella, aludiendo razones de salud.

El Ejecutivo de Emmanuel Macron no tuvo reparos en incluirla en la lista de arrestos que ejecutó la Policía gala, nada más recibir, en abril de 2021, la solicitud de entrega.

Por boca de su ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, el actual presidente francés ya ha aclarado que, de ser avalada en tribunales, ejecutará la entrega de esas personas, que han vivido de forma pública durante 30 o 40 años en el Estado francés, según denunció la abogada Irène Terrel a raíz de esos arrestos, que calificó de «traición incalificable de Francia».

Para Macron, que asegura respetar la ‘docrina Mitterrand’, esta solo se aplicaría a personas a las que no se achaque haber cometido delitos de sangre.

Eje París-Roma

El Gobierno francés se ha implicado activamente en las demandas de extradición de los ex activistas italianos.

De hecho, tras la marcha de Matteo Salvini, precursor de las mismas, trabajó el dossier judicial con los gobiernos encabezados por Giuseppe Conte y luego por Mario Draghi.

En abril de 2021, Roma cursó oficialmente las demandas y París procedió al arresto de siete de esos exmilitantes. Dos más se presentaron posteriormente en comisaría y el último fue detenido en julio de ese mismo año.

El proceso que se abre este miércoles en la Corte de Apelación ha sido retrasado en varias ocasiones entre denuncias de la defensa sobre las lagunas en la motivación de esas peticiones de entregas, y la fase de examen en tribunal, de no mediar nuevas dilaciones, se anuncia cuanto menos compleja.

Pasará tiempo antes de que se conozca una decisión firme sobre las demandas, ya que aunque en primera instancia el Tribunal de Apelación diera luz verde a esas peticiones, los encausados podrían recurrir ya ante el Consejo de Estado o la Corte de Casación, lo que dilataría el procedimiento judicial.




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lunes, 14 de marzo de 2022

Suprema Falla Inglesa Contra Assange

Traemos a ustedes una actualización en el caso Julian Assange con malas noticias, Londres ha procedido a remover uno de los últimos obstáculos para la entrega de Assange a los Estados Unidos.

Aquí la información:


El Supremo británico rechaza el recurso de Assange e Interior decidirá sobre su extradición

El Tribunal Supremo británico ha desestimado la petición del fundador de WikiLeaks Julian Assange para recurrir su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.

En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dio luz verde a la extradición de Assange y este lunes el Supremo, última instancia judicial, ha rechazado tramitar más recursos, por lo que la decisión final será de la ministra británica del Interior, Priti Patel, ha informado este lunes la propia WikiLeaks.

El Supremo ha rechazado la admisión a trámite de recursos porque la solicitud no ha planteado «un argumento legal debatible», según recoge el diario británico ‘Daily Mail’.

Además, cierra la vía abierta en enero por la jueza Vanessa Baraitser, quien alegó que no se debía autorizar la extradición de Assange, ciudadano australiano, por riesgo de suicidio.

Este revés para Assange llega apenas unos días después de que su pareja, Stella Moris, anunciara que se le permitiría casarse con Assange. La ceremonia está prevista para el 23 de marzo, apenas unas semanas antes del tercer aniversario de la detención del activista tras su salida de la Embajada ecuatoriana al retirarle el asilo el Gobierno entonces liderado por Lenín Moreno. Desde entonces está en una celda de alta seguridad en la prisión de Belmarsh.

El fundador de WikiLeaks fue permanecía refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales, finalmente desestimados. En Estados Unidos se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo.

El caso no tiene precedentes en Estados Unidos bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.




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viernes, 5 de noviembre de 2021

Evren Avala Treta Españolista

Tal como se había pronosticado, la visita de la delegación europea comandada por la filofranquista y jacobina Agnès Evren y escoltada por  la pepera Dolors Montserrat, la sociata Cristina Maestre, la saltimbanqui partidista Maite Pagazaurtundua y el voxista Jorge Buxadé resultó en una mera balandronada diseñada para perpetuar un conflicto superado desde hace diez años.

Para Evren y sus acompañantes, en su virulenta concepción del contexto que se vive, simple y sencillamente no ha tomado lugar el DDR de ETA, por lo que se han dado a la tarea de fabricar una sucia estratagema para sustentar el relato españolista en un claro intento por obstaculizar un proceso de paz y reconciliación al que poco o nada han aportado.

Dicho lo anterior, les presentamos el seguimiento que desde Naiz hace Ramón Sola con respecto a este despropósito:


Evren compra la versión de la impunidad de ETA y Urkullu solo tiene un reproche a la visita

La cuestionada visita de la delegación europea para abordar «crímenes de ETA sin resolver» ha concluido en Madrid con una rueda de prensa de su presidenta, en la que ha reproducido la versión de la AVT, PP o Vox, aunque sin adelantar conclusiones. Urkullu se queja solo de que no hablaran con Lakua.

Ramón Sola

La parcial visita a Gasteiz y Madrid de la delegación del Parlamento Europeo para abordar «crímenes de ETA sin resolver» ha concluido en la mañana de este viernes en la capital española del modo previsto. La jefa del grupo, la «popular» francesa Agnes Evren, ha reproducido los argumentos habituales de AVT, PP y Vox o Guardia Civil, con quienes ha ido de la mano en esta visita, aunque no ha querido adelantar conclusiones a la espera del informe que redactará. La realidad de los llamados «crímenes sin resolver», incluida la de otras violencias excluidas de esta gira, se resume en este artículo hoy de Iñaki Egaña en NAIZ y GARA.

Evren ha dado por buena la versión de que muchos atentados de ETA están impunes y ha considerado que con ello «hay unos derechos que se han pisoteado». «Esas víctimas merecen que ya no se les humille más», ha apostillado clonando igualmente el argumentario de ciertas asociaciones.

Tras una visita que ha calificado de «extremadamente positiva», la Comisión de Peticiones debatirá y publicará un informe con recomendaciones en el plazo máximo de tres meses. Cabe recordar que en esta visita todas las opciones recogidas han sido en una línea argumental idéntica, dados los contactos entablados: Memorial, AVT, Guardia Civil, Policía española, Audiencia Nacional... Por otro lado, de los ocho enviados cuatro eran españoles, lo que supone un incumplimiento flagrante del procedimiento establecido para estas «inspecciones».

En una rueda de prensa en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Evren ha replicado directamente al motivo de la renuncia a la visita de la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones Tatiana Zdanoka, al remarcar que su idea es «huir de enfoques partidistas» y únicamente «ayudar a las víctimas a obtener la verdad».

Paradojas y contradicciones

Paradójicamente, al mismo tiempo que venía a asumir el discurso de una falta de implicación en el esclarecimiento de atentados de ETA, Evren ha asumido que los aparatos del Estado hacen «esfuerzos» para ello y ha reconocido que la mayor parte de los casos pendientes son muy antiguos; entre 1978 y 1987, según los datos que le han trasladado. Así que ha concluido que es realmente difícil solucionarlo.

Las críticas recabadas por la delegación, según ha expuesto Evren, se han centrado también en que «muchos países» no cooperan cuando desde la Audiencia Nacional se pide la extradición de algún ciudadano vasco. En otra contradicción llamativa se ha citado desde la delegación el caso de Bélgica, que como es sabido entregó a Jaione Jauregi el año pasado.

Evren ha subrayado que no podía «enjuiciar» estos hechos, a la espera del informe de la Comisión de Peticiones, pero ha advertido que la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en el sistema penal de los países miembros. En cambio, ha dicho que sí hay una directiva europea que respalda la actuación de una delegación para instar a salvaguardar los derechos de unas víctimas que, ha dicho varias veces, «son españolas y europeas».

«Aplauso» de Urkullu con un único matiz

Mientras tanto en Bilbo, en el desayuno informativo del Fórum Europa, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ha sido preguntado por esta visita y ha dicho que le parece «de aplauso». Pese a la parcialidad que denotaba la renuncia de Zdanoka, Urkullu no ha puesto en cuestión que solo se haya abordado la violencia de ETA y sí ha criticado otro aspecto: le hubiera gustado que la delegación hubiera contactado con el Gobierno que preside, «cosa que no ha hecho».

Ha apuntado que en ese caso desde Lakua se les hubiera transmitido la política que realizan en defensa de «la memoria de las víctimas».

También ha querido dejar claro que la Ertzaintza está implicada en el esclarecimiento de atentados pendientes, «como ya ha hecho en otros casos resueltos». «Es una policía integral y que actúa según criterios judiciales también. Por lo tanto no hay ninguna novedad en este sentido», ha dicho Urkullu.




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domingo, 26 de septiembre de 2021

Detención Reactiva Independentismo Catalán

Desde las páginas de Público traemos a ustedes este artículo para dar seguimiento a la detención y posterior liberación del president catalán en el exilio Carles Puigdemont.

Adelante con la lectura:


La detención de Puigdemont reactiva la movilización independentista y debilita el diálogo

Miles de personas llenan plazas de toda Catalunya para protestar por la detención en Cerdeña del expresidente catalán, que ha salido en libertad sin medidas cautelares. Los hechos de las últimas 24 horas suponen un freno a la reactivación de la mesa del diálogo y podrían alimentar la confrontación.

Marc Font

La detención del expresidente Carles Puigdemont ha vuelto a desatar una masiva movilización independentista, en este caso esparcida por decenas y decenas de pueblos y ciudades de Catalunya que han sumado miles y miles de personas concentradas para rechazar la detención. Convocadas por la Associació de Municipis per la Independència (AMI), las protestas se han materializado a partir de las 20 horas, cuando apenas hacía dos horas que Puigdemont había salido libre sin medidas cautelares en Cerdeña, donde fue detenido el jueves por la noche en el aeropuerto de Alguer.

Más de 2.000 personas se han congregado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, la plaza del Vi de Girona se ha llenado de pleno, la plaza de la Font de Tarragona también ha reunido a cientos de personas, una gran multitud se ha acercado a la Avenida Blondel de Lleida. Y la protesta también ha congregado a cientos de personas en Sant Cugat del Vallès, Reus, Figueres, Sabadell, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts y decenas y decenas de municipios catalanes.

Una vez más se ha puesto de manifiesto que el rechazo a la represión -especialmente cuando afecta a alguien con la fuerza simbólica de Puigdemont- es de las pocas cosas que ahora mismo genera una respuesta unitaria del independentismo. Pero, sobre todo, los hechos de las últimas 24 horas han levantado el listón de exigencia de una mesa de diálogo entre gobiernos para abordar el conflicto político que apenas se reanudó la semana pasada y ahora puede tambalearse. De hecho, en la plaza Sant Jaume de la capital, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sido muy claro: "Nos prometen diálogo y nos dan más represión. Si quieren negociación deben detener la represión". Cuixart, que hasta ahora sobre todo había reclamado unidad independentista para encarar el diálogo, ha añadido que "Europa debe decir algo, esto es un conflicto europeo y Europa no puede dar la espalda".

Puigdemont ha quedado en libertad a las 18 horas sin medidas cautelares, por lo que podrá volver a Bélgica si así lo desea y, además, ha podido retomar la agenda que le había llevado a Alguer, para asistir a un festival de cultura popular catalana. Seguramente su gran triunfo en las últimas horas es que el argumento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que las euroórdenes continuaban activas no ha pasado el filtro de la justicia italiana, al menos de momento, ya que podrá seguirse moviendo por toda la UE con libertad excepto España.

Ya lo había pronostica su defensa y durante la tarde la Fiscalía belga ha asegurado que "el procedimiento en curso" en los tribunales belgas está "en suspenso a la espera" de la decisión final del Tribunal General de la Unión Europea sobre el "levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont". Eso sí, el próximo 4 de octubre el expresidente catalán deberá declarar en la Corte de Apelación de Sassari -probablemente de manera telemática- en la vista sobre su extradición.

Concentraciones matinales

Las concentraciones de esta noche han puesto el punto y final a otra jornada política frenética, marcada nuevamente por la represión al independentismo. La detención de Puigdemont, a pesar de su liberación posterior, impacta de lleno en la reciente reanudación de la mesa de diálogo entre gobiernos para abordar el conflicto político. Por un lado, debilita la fuerza de ERC para apostar por ella, a la vez que refuerza los argumentos de Junts y la CUP para rechazarla o, al menos, mostrarse críticos; por otro, constata que la represión estatal contra el independentismo está muy lejos de detenerse, como han demostrado también otros casos recientes, como el reciente procesamiento por una acusación de terrorismo de los activistas de los CDR detenidos en la llamada operación Judas.

Después de que la detención trascendiera casi a última hora del jueves, el viernes de la Mercè -festivo en Barcelona- ha arrancado con una concentración en las cercanías del consulado italiano en la capital catalana, que estaba blindado por los Mossos, y que ha contado con una amplia representación de los partidos y entidades independentistas. JxCat ha desplazado a su plana mayor, comandada por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Sànchez, mientras que ERC no ha enviado a ningún conseller. La protesta, que se ha prolongado durante varias horas y ha reunido hasta un millar de personas, no ha sido la única que se ha hecho durante la mañana, ya que alrededor de 500 personas se han congregado también en Girona.
Reunión extraordinaria del Govern

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado para el mediodía una reunión de urgencia del Govern que ha ido seguida de una comparecencia de todo el consejo ejecutivo en el que ha denunciado la represión y ha reclamado la liberación "inmediata" de Puigdemont, que llegaría horas después. Pero, sobre todo, ha reconocido que "es evidente que estos hechos no ayudan nada al proceso de la resolución del conflicto político. No contribuye a generar las condiciones que favorecen la confianza entre las partes. El primer paso era y es que acabe con la represión".

Precisamente este es la tesis que ha sostenido ERC, la única formación independentista que hace bandera de la mesa de diálogo como espacio a explorar para resolver el conflicto político. Horas antes, el presidente del partido, Oriol Junqueras, admitía que la detención ponía en peligro a la mesa de diálogo, para añadir que una parte de los "aparatos del Estado" tienen la intención de "reventar cualquier posibilidad de negociación". Aunque recalcó que él mismo es "escéptico" con el espacio de diálogo y que es un camino "dificilísimo y lleno de obstáculos", ha reclamado al independentismo actuar de manera "coordinada" porque así "hay más posibilidades de éxito". El presidente español, Pedro Sánchez, también ha invocado el diálogo como única vía para "el reencuentro" y ha insistido en que es "más necesario que nunca", si bien añadió que Puigdemont "lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia".

JxCat critica el amparo a la persecución

Pero por si alguna cosa han servido los acontecimientos de las últimas 24 horas es para que Junts per Catalunya y la CUP vean reforzadas sus críticas o, directamente, rechazo frontal a la apuesta por el diálogo para resolver el conflicto. Asimismo, para que su retórica sobre la confrontación gane fuerza, después de comprobar que, al menos en primer término, el Tribunal Supremo ha vuelto a sufrir un revés europeo y, a corto plazo, parece bastante improbable que Puigdemont sea extraditado a España.

Durante la concentración de la mañana en el consulado italiano, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha manifestado que "no se puede garantizar el diálogo y la negociación dando amparo a una persecución política y a una vulneración de los derechos fundamentales". Posteriormente, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha emitido una declaración por escrito para reclamar al Estado español que "aborde de una vez sin más dilaciones la negociación de la amnistía y del ejercicio del derecho a la autodeterminación".

La CUP, por su parte, ha asegurado que el Gobierno español había "avalado" la detención de Puigdemont y la "represión" al independentismo, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la movilización como única vía para solucionar el conflicto político. En este sentido, la formación ha insistido -a través de sus diputados Carles Riera y Dolors Saber- que el Gobierno español "no tiene ninguna intención" de revertir la "represión" y querer solucionar políticamente el conflicto.

A la espera de comprobar si la movilización contra la represión tiene mucha continuidad domingo, la gran duda a resolver es ver en qué condiciones continúa la mesa de diálogo. Sin embargo, ahora tiene una ventaja respecto a hace unas semanas, y es que en la reanudación de la semana pasada se acordó que las futuras reuniones serían "discretas", por lo que los trabajos pueden continuar alejados del ruido mediático y de las críticas políticas.




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sábado, 7 de agosto de 2021

Terrorismo de Estado Extraterritorial

Abel Prieto, en su artículo publicado en Granma, ya nos advertía acerca del entramado que existe entre la contrarrevolución cubana y los sectores más conservadores del estado español.

Pues bien, desde Público traemos a ustedes este artículo de nuestro amigo Danilo Albin en el que expone las andanzas "justicieras" de la Madrid del franquismo borbónico en América Latina.

Lean ustedes:


El "buen golpe" contra ETA de Rafael Vera: interrogatorios ilegales y presión a gobiernos en América Latina

Un documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU revela que el exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Felipe González planeaba lanzar una campaña contra supuestos etarras afincados en el extranjero. Algunos años después, Vera fue condenado por sus vínculos con el terrorismo del GAL.

Danilo Albin

Los mandos antiterroristas del Gobierno de Felipe González tuvieron a varios países de América Latina entre ceja y ceja. Según consta en un documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU, a mediados de 1992 el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, impulsaba una campaña de persecución contra supuestos miembros de ETA en el extranjero, para lo cual tenía previsto "presionar" a distintos gobiernos latinoamericanos. Los presuntos etarras ya "retirados" llegaron a ser considerados como posibles "regalos" que el Ejecutivo de González buscaría obtener a toda costa.

En un informe fechado el 1 de julio de 1992 al que ha tenido acceso Público, funcionarios del Departamento de Estado daban detalles de la reunión que habían mantenido con Vera para analizar, entre otras cuestiones, el dispositivo de seguridad montado por el Gobierno español de cara a los juegos olímpicos de Barcelona, que comenzarían a finales de ese mes.

Durante la reunión, Vera señaló a sus interlocutores que ETA estaba "seriamente debilitada" por una serie de operaciones policiales y puso de relieve que existía "una nueva actitud de cooperación por parte del Gobierno francés", lo que le hacía creer que "los días de ETA estaban contados". Sin embargo, su disolución no se produciría hasta 26 años después, en mayo de 2018.

En aquel verano de 1992, el Gobierno de Felipe González –sobre el que ya pesaban acusaciones por sus responsabilidades en los crímenes del GAL– tenía los ojos puestos en América Latina. Algunos meses antes, el Gobierno uruguayo –entonces en manos, al igual que ahora, del derechista Partido Nacional– había accedido a detener a unos 30 vascos que vivían en Montevideo, lo que fue publicitado en Madrid como la mayor operación contra ETA en el extranjero.

Las acusaciones se fueron desinflando, hasta que finalmente la justicia uruguaya procesó a 13 vascos allí afincados. España demandó el envío a Madrid de ocho de ellos, pero los tribunales uruguayos accedieron a extraditar a tres.

Aquello derivó en unos sucesos que Uruguay no borra de su memoria: el 24 de agosto de 1994, mientras los presuntos miembros de ETA hacían una huelga de hambre contra su extradición, miles de personas se movilizaron en el exterior del hospital de Montevideo donde permanecían ingresados para pedir que se respetara el derecho de asilo que consagraba la Constitución. La Policía reprimió salvajemente y hubo dos manifestantes muertos.

Dos años antes de que se produjeran esos hechos, Vera explicaba a los funcionarios del Departamento de Estado que miembros de ETA "estaban buscando refugio en otros países, especialmente en América Latina", por lo que el Ejecutivo del PSOE "había llegado a la conclusión de que valía la pena darles un buen golpe". "Esto explica la cooperación de España con Uruguay para detener a los agentes 'retirados' de ETA en ese país", señala el documento.

El alcance de esa "cooperación" entre Uruguay y España estuvo marcada por las sospechas sobre su verdadero alcance. La incertidumbre llegó incluso al Parlamento de ese país latinoamericano, donde el diputado socialista Guillermo Chifflet denunció en febrero de 2003 que en los interrogatorios realizados en las oficinas de la Dirección de Inteligencia de Montevideo a uno de los detenidos vascos "había policías españoles". Una investigación publicada a principios de 2017 por el periodista Samuel Blixen en el semanario Brecha de Uruguay señaló que los interrogatorios fueron realizados "por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes".

El artículo publicado por el referido semanario indicaba además que Vera "hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4.000 revólveres". En el documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU no hay alusiones a esa entrega de armamento, aunque sí se destacaba que España tenía previsto ejercer "presión" sobre distintos gobiernos para buscar que se negara el "refugio" a los miembros de ETA y se les extraditara.

Un "regalo" desde Dominicana

Vera citó también el caso concreto de República Dominicana. "Santo Domingo fue durante mucho tiempo el hogar del 'frente negociador' de ETA", explicó el entonces secretario de Estado de Seguridad a sus interlocutores estadounidenses. Si bien reconoció que los ciudadanos vascos que vivían en ese país "no participaban activamente en actividades terroristas y solo se les vigilaba", adelantó que España igualmente seguiría "intentando persuadir al Gobierno dominicano para que extraditara a tres de las figuras más importantes de ETA en el país".

El Ejecutivo de Felipe González quería aprovechar la cumbre iberoamericana que se celebraría a finales de julio de 1992 en Madrid para presionar al Gobierno dominicano que lideraba Joaquín Balaguer. En ese línea, Vera señaló que en dicho encuentro "Balaguer podría hacer un 'regalo' a España", ya que después de esa cumbre "la influencia de España disminuiría".

La presión dio sus frutos, aunque no de forma inmediata. En agosto de 1997, el Gobierno dominicano extraditó a Eugenio Etxebeste, Ignacio Arakama y José María Gantxegi, los tres miembros de ETA que el Gobierno de González codiciaba. Vera ya había abandonado para entonces su puesto, y se encaminaba hacia una sentencia en los tribunales: en julio de 1998, el exsecretario de Estado de Seguridad fue condenado por su implicación en el GAL.




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lunes, 19 de julio de 2021

La «Urgencia Absoluta» Jacobina

Ayer se llegó a la marca de los 85 años de aquel levantamiento militar fascista con el que Europa aplastó a sangre y fuego -mucha sangre y mucho fuego- al fantasma que recorría el extremo oeste del continente. De todos es conocida esa tendencia que tienen los regímenes fascistas a inventarse "enemigos internos". También sabemos que en más de una ocasión los socialdemócratas han estado dispuestos a hacer lo que sea necesario para apaciguar a los fascistas.

Pues bien, todo lo anterior es el caldo de cultivo para entender lo que sucedió 50 años después de aquel golpe de estado, mismo que ha logrado perpetuarse gracias a un lavado de cara que nos ha entregado un régimen con exactamente las mismas filias y las mismas fobias de aquellos oligarcas y militares no nacionalistas que asesinaron a quien hubo que asesinar para restablecer sobre la faz de la Tierra a la España Una Bajo Dios.

Lean ustedes esto que se publica en Naiz:


35 años del procedimiento de «urgencia absoluta»

Ibai Azparren Eguillor

El 19 de julio de 1986, hace 35 años, el Gobierno francés invocó una ley aprobada tras la II Guerra Mundial para expulsar por vez primera a un refugiado vasco residente en Ipar Euskal Herria. Más de un centenar fueron entregados de Policía a Policía, y la mayoría denunció torturas.

Agustín Azkarate, Txema López Varona, Luis Mari Ruiz Sainz, Juan Ramón Nafarrete Artetxe, José Luis Artola ‘Ortzi’, Milagros Erbiti Treku, Joxe Domingo Aizpurua, Arnaldo Otegi, Josu Muguruza, entre otras persona sufrieron la expulsión y entrega de Policía a Policía.

En total 176 vascos, de los cuales 105 quedaron en libertad, en su mayoría con denuncias de torturas.

Junto con Joseba Sarrionaindia también volvió a Euskal Herria el refugiado vasco Agustín Azkarate. Su dura historia, que le llevó a soportar seis días de torturas y tener que huir por miedo a que el tormento se repitiera, invita a desempolvar un procedimiento llamado de «urgencia absoluta», un método arbitrario de entrega inaugurado por el Gobierno de Jacques Chirac y mediante el cual cientos de refugiados vascos fueron entregados, de Policía a Policía, al Estado español, en la mayoría de los casos denunciando salvajes torturas.

Instalado François Mitterrand en el Elíseo y Felipe González en Moncloa, la cooperación para acabar con ETA tomó un nuevo rumbo hasta entonces insospechado que se reflejó en los llamados Acuerdos de la Castellana: en julio de 1984 el Consejo de Estado francés retiraba el Estatuto de refugiado a los primeros huidos a Ipar Euskal Herria, comenzaban las deportaciones a lejanos países y, tras prescindir Mitterrand de los comunistas para formar un nuevo gabinete con Pierre Joxe como ministro de Interior, se llevaron a cabo las primeras extradiciones. Las palabras que su predecesor, Gaston Deferre, promulgó dos años antes quedarían enterradas en la historia: «La extradición va en contra de las tradiciones de Francia».

Fue a partir del año 1986 cuando se inició el proceso de entregas sin ningún tipo de control judicial. Las elecciones de ese mismo año trajeron a la Asamblea Nacional francesa una mayoría conservadora que llevó a Mitterrand a ofrecer el cargo de primer ministro a Jacques Chirac, primer jefe de Gobierno en la V República de tendencia opuesta a la del jefe del Estado, dando paso a la «première cohabitation».

Chirac, que durante la campaña electoral había mostrado su oposición a los términos del Tratado de Adhesión del Estado español a la CCEE, cambio de opinión nada más asumir el cargo. Tras el «viraje» proatlantista del PSOE y su victoria electoral en junio de 1986, las relaciones entre ambos iban viento en popa, hasta tal punto que el propio Chirac llegó a declarar que «lo que nos une debe ser considerado como realmente esencial, y lo que nos separa como accesorio».

Durante este periodo, se multiplicaron las cumbres francoespañolas sobre seguridad se produjeron varias expulsiones sin mandato judicial. Pero no fue hasta julio de 1986 cuando el Ejecutivo francés aplicó el procedimiento de «urgencia absoluta» en base a una ordenanza del 2 de noviembre de 1945: «En caso de urgencia absoluta... se puede pronunciar la expulsión cuando la presencia del extranjero en el territorio francés constituya para la opinión pública una amenaza que presente un carácter de particular gravedad».

La medida fue aplicada por primera vez con la entrega a la Policía española del refugiado vasco Txema López Varona, el 19 de julio de 1986, hace 35 años. Denunció torturas, y muchos vascos y vascas seguirían su destino, entregados de Policía a Policía, pese no tener ninguna inculpación y sin ningún tipo de garantía.

Euskal Memoria recoge varios testimonios de refugiados en el informe ‘Tortura en Francia’. Luis Mari Ruiz Sainz, por ejemplo, fue expulsado pese a ser residente en el Estado francés desde los seis años de edad. Juan Ramón Nafarrete Artetxe pasó una larga noche esposado en un armario del puesto fronterizo de la PAF de Dantxarinea. Durante el viaje de entrega, relató que «hubo dos paradas de una hora, donde me sacaban del coche y me golpeaban con ramas que encontraban. A un forense le indiqué que había sido maltratado. Justo después de irse el forense, un alto mando de las Brigadas operativas se me abalanzó como un loco, gritándome que qué derecho tenía yo a quejarme de unos golpecitos cuando en realidad merecía la muerte».

José Luis Artola ‘Ortzi’, refugiado de Villabona, narró en este informe cómo nada más cruzar la frontera empezaron a golpearle. «Lo peor era que te pellizcaban los testículos, una vez uno, otra vez otro, hasta quedarte casi sin sentido del dolor». Josu Muguruza también fue capturado en 1987. Se le aplicó electricidad en distintas partes del cuerpo. Arnaldo Otegi, prosigue el informe, sufrió sesiones de electrodos, golpes y quemaduras de cigarrillos en el cuerpo en un cuartel que parecía el de Intxaurrondo, si bien no podía asegurarlo porque estuvo con los ojos vendados. Milagros Erbiti Treku fue la primera mujer expulsada por este procedimiento.

Razzia, GAL y acuerdos económicos

El 3 de octubre de 1987, el Estado francés iniciaba uno de los mayores operativos realizados contra los refugiados vascos. Dos mil agentes participaron en la razzia que terminó con más de 200 personas detenidas, 60 entregadas a la Policía española, 15 deportadas y decenas encarceladas. Niños y ancianos fueron capturados en sus casas en el marco de un operativo dirigido desde París por una jefatura policial franco-española.

En los días posteriores, los escaparates de las localidades de Ipar Euskal Herria amanecieron con carteles alusivos a «razzia» y desde Hego Euskal Herria se afirmaba que la operación y las entregas no eran más que la contrapartida por terminar con el GAL. París esperaba reciprocidad y la tuvo: con Chirac como jefe de Gobierno, los GAL solo cometieron un atentado, el 24 de julio de 1987, en el que murió Juan Carlos García Goena.

Pero el Gobierno francés no solo deseaba apagar los focos desestabilizadores del orden público en el territorio. Antes de finalizar 1986, el Consejo español de Ministros decidió firmar la compra de 18 helicópteros Super-Puma franceses. La industria francesa quiso asumir la modernización ferroviaria española y el Gobierno de París aprovechó la ocasión para negociarlo con el Estado español. Felipe González siempre negó que los acuerdos contra ETA escondiesen otros en materia económica. No obstante, las sospechas aumentan con declaraciones como las de Jose Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, que en el programa ‘Protagonistas’ de la Cadena Cope subrayó que firmaría, sin dudar, la compra de los trenes de alta velocidad al Estado francés «si en el primer viaje trajeran en sus vagones a todos los miembros de ETA».

Chirac y Mitterrand gobernaron hasta que este último ganó las elecciones presidenciales de 1988, disolvió la Asamblea y convocó legislativas. Terminaba la era de la cohabitación y Pierre Joxe fue designado nuevamente ministro del Interior. El nuevo Gobierno suprimió el procedimiento de urgencia absoluta que, en los 16 meses que estuvo en vigor, propició la expulsión y entrega de Policía a Policía de 176 vascos, de los cuales 105 quedaron en libertad, en su mayoría con denuncias de torturas.

Pese a que el extraordinario procedimiento cayó en desuso, la entrega directa a las fuerzas policiales españolas con graves denuncias de torturas se repitió en la década de los 90 durante un largo periodo de tiempo, a partir del año 94. Era el caso de los presos vascos que terminaban su condena en el Estado francés y no tenían causa alguna en el español. Las autoridades francesas entregaban a los ya expresos a la Guardia Civil en la frontera y esta los conducía a dependencias policiales en busca de información o de declaraciones autoinculpatorias para llevarlas al juez. Algunos casos fueron especialmente salvajes.

El informe ‘Tortura en Francia’ recoge el caso de Joxe Domingo Aizpurua. Mediante el procedimiento denominado «reconducción a la frontera», Aizpurua fue entregado a la Guardia Civil y denunció que había recibido golpes, que le aplicaron electrodos, la bolsa y todo tipo de malos tratos.

La amenaza segura del tormento obligó a los presos vascos a iniciar huelgas de hambre semanas antes de la finalización de sus condenas en el Estado francés, de tal modo que, en el momento de la entrega, su estado físico fuese tan malo que provocara su ingreso en un centro hospitalario y evitar así el paso por manos de los torturadores.

Estas prácticas que se prolongaron durante años, que implicaron de una u otra forma a ambos estados y que contaron con el silencio de la mayoría de los partidos y medios de comunicación, componen parte un episodio realmente oscuro del relato no suficientemente narrado del conflicto vasco, que ha vuelto a aparecer otra vez durante estos días en el juicio del proceso 13/13 que se celebra en la Audiencia Nacional española. La tortura.

 

 

 

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lunes, 21 de junio de 2021

Los Represaliados Catalanes Reciben Apoyo

Mientras son peras o son manzanas los indultos anunciados ad nauseum por Pedro Sánchez, les dejamos con esto que ha dado a conocer Naiz:


El Consejo de Europa pide liberar a los presos catalanes y retirar las euroórdenes

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado la resolución presentada por el letón Boriss Cilevics, que invita al Gobierno español a reformar los delitos de sedición y de rebelión, plantea el indulto de los presos del procés y pide retirar la solicitud de extradición contra Puigdemont.

A pesar de las presiones españolas, la resolución de Cilevics, en base a su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’, ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.

El diputado letón ha defendido en todo momento que las penas impuestas por el Tribunal Supremo español a los líderes independentistas fueron «desproporcionadas».

Cilevics ha afirmado en ese sentido que «el referéndum fue ilegal, iba en contra de la Constitución y el problema es que la sanción fue desproporcionada y por ello, contraria al Estado de derecho».

El texto aprobado –que hacía referencia también a la persecución turca contra los dirigentes kurdos–, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del procés y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que «considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos».

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que «se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos».

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. «Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial» y por tanto «sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes», ha defendido el senador Antonio Gutiérrez Limones. «El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial», ha recalcado.

Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio «con todas las garantías».

«España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe», ha defendido el diputado Pablo Hispán.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, es una organización internacional que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos. Forman parte de ella 47 estados, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europa.




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viernes, 28 de mayo de 2021

Egaña | Un Expediente Dreyfus Inacabado

Nuestro amigo Iñaki Egaña equipara el presente de Euskal Herria con un referente literario ampliamente conocido a través de la asediada figura de Josu Urrutikoetxea.

Lean por favor:


Un Expediente Dreyfus inacabado

Iñaki Egaña

El alegato de Émile Zola sobre la inocencia de Alfred Dreyfus pasó a la posterioridad como uno de los textos más contundentes del fin del siglo XIX. En “J´accuse”, el escritor parisino cargaba contra los jueces de dos consejos de guerra, cinco generales, un teniente coronel, tres peritos, y la prensa “por haber hecho una campaña abominable, extraviando a la opinión pública”. Con su acusación, Zola atornilló el dedo en la llaga. Los crímenes, las manipulaciones, no provienen de lobos solitarios, sino de complejos sistemas que, en lo concerniente en ese caso al Estado francés, correspondieron a un número elevado de funcionarios.

Zola tuvo que marchar al exilio de Londres y murió asesinado, en circunstancias no investigadas por esos jueces que habían quedado retratados con su denuncia. En enero de 1898, en plena vorágine del caso, Zola escribió una de las frases más bellas que recordamos quienes diariamente intentamos desentrañar la verdad: “Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz”.

Más de un siglo después, varias de los escenarios de aquel expediente, siguen presentes en la judicatura francesa. El caso de Josu Urrutikoetxea con relación a la muerte, en junio de 1980, de Luis Hergueta, directivo de Michelin en Gasteiz, ha sido uno de ellos. El mismo día del atentado, reivindicado por los Polimilis, la Policía descartó la autoría de ETAm, tanto por el modus operandi, como por la munición empleada. En la revista polimili Hautsi, número 19, la dirección explicó las razones de su atentado.

En cuanto a su situación procesal, la Audiencia Nacional lo había archivado, probablemente con relación a los acuerdos de desarme entre la dirección Polimili y Juan José Rosón, ministro del Interior, que llevaron a la disolución de ETApm. Y Florencio Domínguez, director del flamante centro Memorial de Victimas del Terrorismo, le dedicó una biografía en forma de libro a Urrutikoetxea, “Josu Ternera, una vida en ETA” (Madrid, 2006), en el que confirma que Josu jamás fue polimili. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantuvo la falacia de la participación de Urrutikoetxea y Francia, sin siquiera abrir la carpeta de descargos, la continuó. El Tribunal de Apelación de París se columpió y criminalizó según los falsos criterios de una pléyade de forofos judiciales, lejos de esa imparcialidad y justicia que se exigen en los manuales democráticos.

Tenemos una idea generalizada de que la justicia francesa está unos peldaños por encima de la española, en cuanto a su imparcialidad. Mi experiencia personal, acomodada en esa misma creencia, se ha ido desmoronando, especialmente desde la entrada en este siglo XXI. Y lo digo porque mi recorrido personal me da argumentos para ello. Desde hace un par de décadas, he asistido como testigo (perito) a numerosos juicios contra militantes de ETA celebrados en el Tribunal de lo Criminal de París, en la misma sala donde fue juzgado Emile Zola. Y entre las decenas de situaciones que he conocido, algunas de ellas han sido realmente surrealistas, propias de una justicia bananera.

Dos de los protagonistas de las manipulaciones eran Laurent Hury y su segundo Emmanuel Layet, máximos responsables de la SDAT, Subdirección Antiterrorista. Hury, tenía carta blanca para leer sus declaraciones que comenzaban con la manifestación del “origen comunista de ETA”, del crimen de la bebé Begoña Urroz, incluso cuando Madrid ya había reconocido que ETA no había sido su autora, y de esos 350.000 exiliados vascos ocasionados por la actividad de ETA. Incluso Rodolfo Ares le desmintió. A partir de 2010, Hury repetía que el desarme de ETA era una tregua trampa, siguiendo los dictados de los sectores ultras españoles más recalcitrantes. Y Laurent Hury no era una cualquiera, al margen de su cargo en el SDAT. Se trataba del perito policial elegido por el ministerio del Interior para informar a los jueces del Tribunal.

En uno de estos juicios también tuve la oportunidad de contraste con la AFVT, asociación de víctimas que se presentaba en todos los juicios para conseguir indemnizaciones del FGTI, un Fondo de Garantías, aunque no tuvieran que ver con el caso. Una de las mayores fechorías francesas fue la de atribuir a ETA los atentados yihadistas de Madrid que provocaron 193 muertos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1530, por la que “Condenaba en los términos más enérgicos los atentados con bombas cometidos en Madrid (España) el 11 de marzo de 2004 por el grupo terrorista ETA”.

A pesar de que en nuestro recuerdo quedó la imagen de que Aznar se implicó en aquella metedura de pata de la ONU, no fue Madrid la que llevó a la ONU la cuestión, sino que la responsabilidad correspondió al diplomático francés Jean-Marc de La Sablière, presidente del Consejo de Seguridad. Fue Francia la que cargó con la nota en el Consejo de Seguridad. Francia jamás se disculpó de su “error”.

Cuando relaté lo sucedido, la abogada que representaba a la AFVT me llamó mentiroso y solicitó al Tribunal mi reprobación. En el turno de réplica, invité a la jueza que la comprobación era sencilla. Hasta Wikipedia se hacía eco de ello. Un ejemplo más de la tendenciosidad de tribunales y acusaciones particulares.

Los ejemplos de esa connivencia de los sectores ultras de la política y magistratura española con sus homónimas francesas son numerosos. Allá por la década de 1980, el embajador francés Pierre Guidoni llamó a Santi Brouard pidiéndole un alto el fuego de ETA. No lo hubo y Brouard fue muerto por unos sicarios. Guidoni jamás fue investigado. Laurence Levert fue la jueza de la Guardia Civil en París, homenajeada incluso. La desaparición de Jon Anza fue ninguneada por la fiscalía de Baiona. Y la comisión rogatoria sobre la exhumación de Naparra, lleva más de tres años en el fondo de un cajón de algún juez francés que no desea destapar las complicidades de aquel secuestro.

 

 

 

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miércoles, 26 de mayo de 2021

París Debe ser Enterada

Por cierto, con respecto al caso Urrutikoetxea, ese que ha cobrado nueva dimensión en fechas recientes y que tiene a la fachongada española colgada de la lámpara, Naiz nos informa de el pedimento llevado a cabo por la propia Audiencia Nacional y el tema pasa, necesariamente, por París.

Lean:


La AN insta a comunicar a París que exculpa a Urrutikoetxea por el caso Hergueta

Una semana después de admitir que Josu Urrutikoetxea no perteneció a ETA p-m., la Audiencia Nacional ha dado el siguiente paso, cerrando el sumario por la muerte del industrial Luis Hergueta en el que se le intentaba incriminar y encargando instar a París a cancelar la extradición.

Ramón Sola

«La ausencia de imputación contra el extraditable Urruticoechea Bengeoechea cierra todo presupuesto de perseguibilidad para continuar con el proceso de extradición ante las autoridades francesas». Es uno de los párrafos del auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que marca el próximo final de este intento de extradición que ha estado a punto de consumarse.

El auto llega una semana después de que la Audiencia Nacional, tras un informe taxativo de la Guardia Civil, aceptara finalmente que Josu Urrutikoetxea no tuvo relación alguna con el atentado mortal contra el industrial Luis Hergueta en 1980, dado que ni siquiera pertenecía a la organización que lo cometió, ETA político-militar.

Se da la circunstancia de que las autoridades francesas ya habían autorizado en primera instancia la extradición por este sumario, uno de los dirigidos contra Urrutikoetxea con la intención de encarcelarlo en el Estado español. Como apuntaba su abogado, Iñigo Iruin, en esta entrevista en NAIZ-GARA, Madrid se tiene ahora que dirigir a París para desmontar toda esta patraña, con el desprestigio consiguiente.

El auto firmado por Pedraz incluye dos medidas. La primera es cerrar el sumario al no haber persona imputada ni investigada alguna e instar paralelamente a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, como instancia competente, al sobreseimiento de las actuaciones.

Junto a ello, la AN encomienda al Gobierno español, que es quien debe hacerlo, «proponer a las autoridades judiciales francesas el cierre del procedimiento de entrega pendiente respecto a este sumario, comunicándose al Tribunal de Apelación de París esta resolución y el auto de 19 de mayo de 2021 a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, para que pueda terminar, en su caso, el proceso extradicional».

Con ello se pondrá fin a una farsa que ha durado dieciséis años, puesto que el procesamiento de Urrutikoetxea fue dictado por la Audiencia Nacional en 2005 y había dado pie a la decisión favorable a la extradición hace unos meses.

Quedan en desarrollo otros sumarios contra el que fuera representante de ETA, aunque tampoco este de 1980 es el primero que se cierra en falso. Y todo ello ocurre cuando Urrutikoetxea acaba de participar en unas jornadas sobre resolución de conflictos en la Asamblea Nacional, lo que le reconoce «de facto» como protagonista destacado en este tránsito.

 

 

 

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lunes, 24 de mayo de 2021

Pasado y Presente

Les compartimos esta editorial de Naiz en el que se analizan eventos recientes en Euskal Herria colocándolos en el marco de referencia histórico de lo que muchos insisten en denominar como pasado pero que, paradójicamente, se vinculan con eventos que acaecieron hace décadas, precisamente, porque son temas que han quedado sin ser resueltos.

Adelante con la lectura:


Mirar al pasado en serio, sin mentir ni ser tuertos morales

En la política vasca y sus debates públicos hay cierta tendencia a mirar al pasado. Sin embargo, no es necesario mirar muy lejos. Ese pasado está tristemente vigente y se expresa en acontecimientos actuales. Hechos que cuestionan el relato oficial sobre lo que ha sucedido en las últimas seis décadas en Euskal Herria y evidencian la hipocresía de algunos discursos sobre la violencia.

Esta semana unos incontrolados han arrancado en Donostia una placa en memoria de Rosa Zarra, que murió de un ataque al corazón tras una carga de la Ertzaintza, en el contexto del traslado a Euskal Herria de los restos de Joxean Lasa y Joxi Zabala, en 1995. No ha habido grandes declaraciones institucionales sobre el ultraje a un memorial de una persona muerta en esa situación. No se ha recordado lo trágico de aquellos días ni se han recuperado las declaraciones despiadadas de algunos políticos de la época. Es sencillo imaginar el escándalo si la víctima fuese otra, porque ya ha ocurrido.

Uno de los vestigios más visibles de esas épocas pasadas es precisamente la Policía. A ese nivel, se ha intentado minimizar la violencia con la que la Ertzaintza pegó a los jóvenes convocados por Ernai la semana anterior, pero recuerda mucho a un pasado donde esa represión se justificaba en la existencia de ETA. Estamos en 2021.

Ernai denunciaba la falta de perspectivas para la juventud vasca y la precarización de sus condiciones de vida en la pandemia. Temas de rabiosa actualidad política. No son, por lo tanto, «tics del pasado» del movimiento juvenil, sino criminalización de manual por parte de Policía y Gobierno. Se suele criticar a la juventud por su falta de compromiso, pero luego se elevan a categoría de crimen unas pintadas y algo de sátira política. Por eso, se les reprime sin piedad ni control.

Prevaricación, colusión, maniobras y memoria

El pasado vuelve a menudo en forma de tristes aniversarios. Hoy se conmemora el 45 aniversario de la muerte del militante de ETA Bernardo Bidaola, ‘Txirrita’, que tras una refriega con la Guardia Civil estuvo desaparecido un mes y apareció muerto. Las autoridades españolas lo calificaron de suicidio, algo que se demostró falso tanto en una autopsia francesa de 1976 como en otra realizada en 2018 por Paco Etxeberria. Se sigue sin aclarar cómo murió y qué fue de él en esos 33 días hasta que su cuerpo apareció colocado en un bosque, donde una llamada anónima avisó que estaría. La Secretaría General para la Paz y la Convivencia de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de Lakua situó este caso entre los que necesitan «investigación y clarificación». Hasta hoy.

Bidaola pertenecía a ETA p-m. Una organización en la que nunca militó Josu Urrutikoetxea. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la Audiencia Nacional española pidiese su extradición a París acusándolo del atentado que costó la vida hace más de 40 años al directivo de Michelin Luis Hergueta, una acción reivindicada por los poli-milis. Hasta ahí, es una burda maniobra de los poderes de Estado español para hacer cautivo a Urrutikoetxea, una de sus obsesiones. Pero, para colmo, el Tribunal de Apelación de París aceptó la demanda sin atender a los plazos de prescripción ni a la cuestión de fondo. Un informe de la Guardia Civil ha confirmado que Urrutikoetxea no pudo tomar parte en esa acción. Era un montaje español que la judicatura gala compró. Ha podido ser por desidia o con colusión. Criminalizar a un interlocutor así es inaudito y un grave precedente.

El pasado a veces trae buenas noticias. El Tribunal Constitucional tumbaba los recursos del PP y de Vox a la ley navarra para reconocer y reparar a las víctimas de «abusos policiales» o violencia estatal. La norma prevé reconocimiento y reparación, pero sigue esquivando la justicia. Porque la gran diferencia entre unas víctimas y otras no es la empatía, sino la impunidad de los crímenes de Estado. Ahí está la discriminación. Esconder esa realidad es ventajismo político, se haga desde la mejor de las intenciones o desde el más duro de los traumas.

Aun así, gracias a esta norma se podrá avanzar en un censo de personas torturadas. En Nafarroa hay censados 816 casos y ni un solo policía condenado. Aun así, las víctimas de la violencia estatal valoraban la noticia como muy positiva. Porque el sentido de esta memoria es poder mirar hacia adelante como país y construir una sociedad mejor, más libre y más justa. Si se quiere mirar al pasado en serio, es importante no mentir y no desinformar. Si no, se corre el peligro de ser moralmente tuerto a la vez que se pretende dar lecciones al resto.




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viernes, 21 de mayo de 2021

Entrevista a Iñigo Iruin

Desde Naiz traemos a ustedes esta entrevista a Iñigo Iruin en la que explica los pormenores de la reciente exculpación de Josu Urrutikoetxea.

Adelante con la lectura:


«Cotizaba procesar a Urrutikoetxea, el ridículo de España con Francia ha sido enorme»

El estupor por la actitud de Madrid y (de rebote) de París en la imputación ahora retirada a Josu Urrutikoetxea aumentará si se lee esta entrevista: diligencias perdidas, una imputación genérica a ETA sin detallar la organización, 16 años de proceso... y una obsesión política evidente.

Ramón Sola

La exculpación de Josu Urrutikoetxea por la Audiencia Nacional en el caso Hergueta ha llegado tras 16 años de procesamiento y con su extradición ya aprobada en primera instancia por los tribunales franceses. Una situación surrealista que requiere explicación. Su abogado, Iñigo Iruin, detalla para NAIZ lo ocurrido y da algunas claves que van más allá de lo jurídico.

Cuesta entender cómo ha llegado la causa hasta aquí sin existir lo más básico; la constancia de pertenencia a ETA p-m. ¿Cómo se inició entonces la acusación a Urrutikoetxea, quién la lanzó?

No ha sido un modelo de instrucción penal. Comienza con algo tan inaceptable en el funcionamiento de la Administración de Justicia como es la desaparición de las diligencias previas que se incoaron en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria el día del atentado. No sabemos si se perdieron en Gasteiz, en la Audiencia Nacional o en el camino, pero no fueron halladas. De tal manera que hasta el año 1996 no se inicia el actual sumario, lo que se realiza a través de un testimonio derivado del caso Sokoa. Durante 15 años el hecho no fue investigado.

Fue fundamentalmente la actitud del fiscal de la AN Fungairiño, seguida sin objeción alguna por los diferentes jueces instructores, la que condujo a una tramitación que ha sido un auténtico despropósito procesal. Se perseguía la atribución del hecho a Josu Urrutikoetxea, no la investigación de lo realmente ocurrido.

Desde un inicio los datos indicaban que la autoría del asesinato era de la organización ETA político-militar, pues escasas horas después efectuó la reivindicación. Incluso nada más abrirse la causa, en octubre de 1996, el jefe de la Unidad de Policía Judicial de la AN realizó un informe en donde expresamente se refería a esa organización como la autora. Y pese a ello, la Fiscalía en ningún momento orienta su investigación hacia esa organización sino que todas las personas que aparecen referenciadas, citadas o en documentos son de ETA militar.

¿Cómo se llega al procesamiento?

El auto de procesamiento ahora revocado se dictó en el año 2005. En la AN no se ignora que en el año 1980 había dos ramas de ETA en activo, pero se oculta. Para atribuir a Urrutikoetxea el asesinato se hace la trampa de eliminar el apellido de la organización autora. Se atribuye a ETA. Y ello se completa haciendo lo mismo con el procesado, de quien se dice que pertenece a ETA. Se creó la confusión que se deseaba y necesitaba. Esa argucia y tergiversación de los hechos ha posibilitado que el procesamiento haya estado vigente durante más de 15 años.

Para dictar el auto de procesamiento no había indicios racionales de criminalidad, no existía la más mínima probabilidad de la intervención de Urrutikoetxea en el hecho. Nunca debió dictarse. Fue un acto de mero voluntarismo judicial.

Ahora se revoca el procesamiento no porque no haya pruebas de su participación, sino porque está acreditada su no-intervención en el hecho investigado.

En este proceso absurdo también tuvo su aportación el TSJPV en los años 2004-2005, periodo en que asumió la competencia por razón de ser Urrutikoetxea parlamentario en Gasteiz. Fue el instructor del TSJ quien dictó en noviembre de 2004 un primer auto de procesamiento con los mismos elementos de confusión que luego utilizó el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la AN. Otra extravagancia: dictar en un sumario dos autos de procesamiento, con igual contenido, por órganos judiciales distintos. Parece que cotizaba procesar a Urrutikoetxea.

El informe actual de la Guardia Civil es taxativo, pero ¿llega tarde? Y ¿qué hubiera ocurrido si la GC hubiera sostenido la afirmación de pertenencia?

Llega cuando las diligencias de investigación pedidas por la defensa tras personarse en la causa, consistentes en numerosos documentos y testificales de dos exmiembros de ETA p-m, ponen de manifiesto lo insostenible de la situación procesal. Y como se hace habitualmente en la AN –es una de sus patologías–, antes de tomar la decisión de revocar es necesario tener el ok de la Guardia Civil, que no pudo más que ratificar lo que decía la defensa. Los hechos de la autoría de ETA p-m y de que Urrutikoetxea no era miembro de esa organización eran no solo irrefutables, sino además notorios.

¿Cómo ha podido llegarse a este estadio tan avanzado de reclamar la extradición a las autoridades francesas?

El análisis ha de ser político. El elevado grado de mediatización política de la AN hace que prime ese interés y que el rigor jurídico, las garantías procesales y los derechos fundamentales pasen a un segundo plano cuando se efectúan las solicitudes de extradición, máxime cuando se pide la de una persona como Urrutikoetxea. Además, el debate central ante los tribunales franceses iba a ser el referido a la prescripción de los hechos y no la autoría.

El ridículo ante otro Estado miembro de la Unión Europea, en este caso Francia, es enorme, superior al que hizo la Justicia española en el caso del «procés», ante Bélgica y Alemania, porque en este se desestimaron las euroórdenes emitidas por el TS, pero en el caso de Urrutikoetxea la semana próxima la AN va a comunicar a la Corte de Casación francesa que después de 25 años de investigación ha llegado a la conclusión de que se equivocó al procesarle. Francia ha gastado energías procesales, personales y económicas por un error de bulto de la Justicia española, que ha arrastrado por el mismo camino a sus tribunales.

Urrutikoetxea ha estado y está envuelto en media docena de procesos de lo más variopinto, desde atentados a cuestiones políticas (herriko tabernas) pasando por una «causa general» como la de «lesa humanidad». ¿Qué concluye de ello?

De las cuatro causas por las que se solicitó la entrega, dos de ellas ya han caído. El Estado, y especialmente la Guardia Civil, va a poner todos sus medios y empeño en el sumario que se sigue por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Pero tampoco habría que descartar que tratara de abrir nuevos procedimientos teniendo en cuenta lo que Urrutikoetxea significa y la pretensión de simbolizar con su castigo el relato de la derrota de ETA.





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