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sábado, 14 de febrero de 2026

Fallece la Garzonesca Murillo

Justo en el día en el que en Euskal Herria se conmemora el Día Contra la Tortura, ha fallecido uno de los pilares de la represión más brutal desde el ámbito judicial en contra del pueblo vasco, Ángela Murillo.

Fiel a la escuela del 'todo es ETA' de Baltasar Garzón, Murillo protagonizó algunas de las acciones más grotescas y aberrantes que puedan ocurrir en un juzgado.

Aquí lo que nos informa Naiz:


Fallece la jueza Ángela Murillo, protagonista de varios juicios contra la izquierda abertzale

La magistrada Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 1993, ha fallecido a los 74 años de edad. Protagonizó algunos de los juicios más mediáticos de los últimos años y, entre ellos, varios de casos de persecución de la izquierda abertzale.

La magistrada Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 1993, ha fallecido este viernes a los 74 años de edad.

Ángela Murillo, jubilada desde septiembre de 2024, pasó 31 años a este tribunal, protagonizando algunos de los juicios más mediáticos de los últimos años, como el caso Nécora, los de las tarjetas black o la salida a bolsa de Bankia o la célula de Al-Qaeda en el Estado español.

Al jubilarse hace algo más de dos años, confesaba que el de Bankia era el que mejor recuerdo le había dejado pero en Euskal Herria dejó en la memoria varios casos de persecución a la izquierda abertzale.

Uno de los más conocidos fue cuando le respondió «por mí como si bebe vino» a la abogada Jone Goirizelaia cuando le preguntó si su defendido, Arnaldo Otegi, podía beber agua, ya que se encontraba en huelga de hambre.

Esta actitud de Murillo supuso que el Tribunal de Estrasburgo anulase la condena por el «caso Bateragune», al estimar que la jueza no garantizó la imparcialidad necesaria ya que el Supremo, al revisar un juicio anterior contra él por «enaltecimiento del terrorismo», consideró que la magistrada prejuzgó a Otegi al preguntarle si «condenaba rotundamente la violencia».

Se encargó también del macro juicio 18/98 contra militantes de la izquierda abertzale, donde mostró su desprecio a los encausados vascos, como recogió Iker Bizkarguenaga, quien siguió de primera mano el macrojuicio del 18/98.

Murillo también fue la encargada de presidir la vista del sumario 13/13, dirigido contra la asistencia de abogados a presos vascos. Este juicio estuvo marcado por la denuncia de irregularidades en el procedimiento. Pese a ello optó por continuar con la vista.

«Mítines, aquí no», les soltó a dos anarquistas chilenos acusados de atentar contra la basílica del Pilar de Zaragoza.

En el juicio por el atentado mortal de ETA contra el edil de UPN de Leitza José Javier Múgica, la juez Murillo llamó directamente «cabrones» a los enjuiciados Xabier García Gaztelu, Oskar Zelarain, Andoni Otegi y Juan Carlos Besance.

Agencias españolas han descrito este hostigamiento en los obituarios como «fruto de su espontaneidad», su «gracejo extremeño» y su «carácter campechano» que «creaba un ambiente relajado en sala».

Cuando se jubiló, aseguró que no le da pena irse y que sentía la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho siempre lo que «le dio la gana», y se jactó de no haber recibido nunca presiones de ningún tipo,

Pionera en la carrera judicial, fue la primera en presidir, en 2008, una sección de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cuarta, que abandonó en septiembre de 2024 al jubilarse tras emitir sus últimas resoluciones.

Una de ellas dirigida a enmendar la primera sentencia del caso Tándem, referido a los negocios de espionaje de Villarejo.

 

 

 

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lunes, 24 de noviembre de 2025

Martínez | Viajar a Madrid

Con un estilo deliciosamente mordaz, Jonathan Martínez hace cera y pabilo de la clase política madrileña así como de sus colaboradores operando en Hego Euskal Herria con este texto publicado en Naiz:


Viajar a Madrid 

Jonathan Martínez | Investigador en Comunicación

Hace unos días, el diputado abertzale Peio Dufau acudió al programa “¡Políticos, a la mesa!” del canal LCP para charlar delante de un plato de cordero al chilindrón. Con el pretexto de la gastronomía, la entrevista saltó de las batallas sindicales a los pimientos de Ezpeleta, pasando por la especulación inmobiliaria y los jamones de Baiona. Hubo un instante emotivo y viral porque sonó “Martxa baten lehen notak” de Mikel Laboa. ¿Por qué has elegido esta canción?, quiso saber la presentadora. Porque expresa la esencia de lo que somos, respondió Dufau. Yo no estoy en París por placer, sino para representar a mi tierra.

A los vascos del norte y del sur nos unen muchas cosas y muchas otras cosas nos separan. Lo que más nos separa son los lugares adonde acudimos sin placer. Unos a París y otros a Madrid. No me refiero al descanso vacacional con fotografía feliz en la Torre Eiffel, paseo por El Retiro, artisteo en Montparnasse o relaxing cup of café con leche en la plaza Mayor. Ojalá todos los desplazamientos tuvieran el ocio por objeto. Me refiero más bien al traslado resignado, al madrugón con ojeras y tentempié de gasolinera, a la vista oral en la Sala de lo Penal, cuarenta minutos en el locutorio, quítese el cinturón, vaya a la ventanilla cuatro, vuelva usted mañana.

Recuerdo haber viajado a Madrid para ver el juicio contra Udalbiltza. El magistrado fue llamando a los testigos del registro policial, pero muchos de ellos ni siquiera se habían personado porque tenían otros asuntos en el extranjero o andaban de vacaciones o se habían jubilado. Cuando por fin apareció un policía que había tomado parte en la redada, el fiscal le preguntó qué clase de documentos requisaban y cómo determinaban si tenían relación con el caso. El agente reconoció que arramblaban con todo lo que no entendían. «Si estaba en vasco, a cajas». Tras un calvario de arrestos, cárcel, audiencias y viajes a Madrid, la acusación no pudo demostrar sus fantasías terroristas.

Hay cosas que son posibles en Madrid pero imposibles en Euskal Herria. En Gasteiz, por ejemplo, era imposible dar homenaje a Txiki y Otaegi porque Alberto Alonso y Gogora los tenían por emisarios de «la violencia, el terror y el miedo». Sí hubo homenaje en la Cámara baja de Madrid con la única ausencia de PP y Vox. También hay cosas que no ocurren en Madrid pero ocurren en Euskal Herria. La Ertzaintza, por ejemplo, clasifica a los detenidos por su origen, al contrario que las policías con sede madrileña. Lo hace, según Bingen Zupiria, por presiones de una extrema derecha que es fuerte en Madrid pero marginal en Gasteiz.

Euskal Herria y Madrid están unidos por insólitas cadenas. Pongamos por caso a Miguel Ángel Rodríguez, mano derechona de la presidentísima madrileña, que cerró las listas del PP en las últimas elecciones municipales de Durango. Los vascos vivimos bajo una incómoda paradoja: a los mozos de Euskal Herria sur, los madrileños nos llaman «chicarrones del norte». En un mitin electoral, Rodríguez retorció aún más la geografía denunciando que el País Vasco está casi «fuera de Occidente». Ni norte ni sur: los jeltzales nos tienen en la China maoísta. El candidato de Rodríguez, Carlos García, terminó dando la alcaldía al PNV y últimamente lo hemos visto reclamar la ilegalidad para EH Bildu.

Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a la actualidad defendiendo en sede judicial su legítimo derecho al bulo. Durante el juicio contra el fiscal general del Estado, media España se sofocaba de vergüenza ajena mientras en tierras vascas bostezábamos curados de espanto. ¿Quién es Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que defendió el recorte sospechoso de algunas conversaciones «por motivos de privacidad»? Pregunten en Intxaurrondo. ¿Quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado a Álvaro García Ortiz con una clamorosa ausencia de pruebas? Vénganse al norte (o al sur, o a la China maoísta) y se lo explicamos.

Cuatro de los siete magistrados que han juzgado al fiscal general participaron en el proceso condenatorio contra los jóvenes de Altsasu. Dos de los siete magistrados firmaron la condena del caso Atutxa antes de que Estrasburgo les cantara las cuarenta por haber vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El magistrado Juan Ramón Berdugo, que el otro día condenó al fiscal general, había confirmado la sentencia contra Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Estrasburgo amonestó a España por haber denegado un juicio justo. Si uno regresa al macrosumario 18/98 o al proceso contra las «herriko tabernak», algunos de los togados se repiten.

Hubo un tiempo en que los pretextos antiterroristas sirvieron para justificar cualquier atropello. La Policía irrumpía en la sede de LAB para llevarte esposado a Madrid. La Guardia Civil irrumpía en la redacción de Egunkaria para llevarte encapuchado a Madrid. Dice Xabier Beortegi que viajó a Madrid aturdido por los golpes de cuatro agentes. Estrasburgo condenó a España. Cuenta Xabier Atristain que lo asfixiaron con una bolsa durante el mismo trayecto. Estrasburgo condenó a España. «Durante el viaje a Madrid me dan golpes y collejas», dice Beatriz Etxebarria. Estraburgo volvió a condenar a España.

Ahora pienso en los viajeros inversos, los falangistas que viajaron a Gasteiz para glorificar el fascismo, los autobuses de Ciudadanos que salían de Madrid para montar el pollo en Errenteria o en Altsasu, el paseo de Cayetana Álvarez de Toledo hasta Etxarri-Aranatz para ofrecer un mitin solitario en una plaza llena de estiércol. Qué bonito es viajar a París o a Madrid, como ellos, solamente por gusto, tomar el autobús de la mañana, asomarse a la ventanilla y quedarse dormido mirando el cereal interminable de la meseta mientras suena Mikel Laboa en los auriculares.

 

 

 

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lunes, 14 de octubre de 2024

De la Redada al Encuentro

Desde Naiz traemos a ustedes este recuento de la evolución en la complicada relación entre la izquierda abertzale y el partido de la izquierda franquista, el PSOE.

Adelante con la lectura:


De la redada de Rubalcaba a la reunión de Sánchez, 14 años y dos eras políticas

El 13 de octubre de 2009, la redada del llamado 'caso Bateragune' jaleada por el ministro del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba atacaba frontalmente el giro estratégico en la izquierda abertzale. El mismo día de 2023, el presidente del mismo partido Pedro Sánchez se reunía con EH Bildu.

Ramon Sola

Esta historia se resume en dos fotos contradictorias, con un principio y un final muy diferentes, pero en realidad es lineal. Tiene como protagonistas a dos fuerzas políticas: el PSOE y la izquierda independentista vasca. Muestra sobre cómo nadie pudo hacer descarrilar la apertura de un nuevo tiempo político en Euskal Herria, dando paso a un clima social mejor y acabando por impactar también en la gobernabilidad del Estado.

La primera imagen es de un operativo policial, se sitúa este día de 2009 en el barrio donostiarra de Igara, en la sede de LAB, y aunque parezca muy del pasado, su resaca ha llegado prácticamente hasta hoy. La segunda se produjo en las dependencias del Congreso español el mismo día de 2023; se trata de una reunión política aparentemente normal, pero en realidad insólita, porque era la primera vez que el presidente español se sentaba a acordar cuestiones políticas con la izquierda independentista, en este caso EH Bildu.

«O votos o bombas», o ninguna de las dos

La noticia llegada a media tarde de aquel martes de hace quince años suscitó estupor. Aunque la izquierda abertzale estaba ilegalizada desde 2002 y se habían sucedido las redadas contra su dirección política (la última en Segura en 2007), para entonces era público y notorio que había un debate en ciernes en busca de una «estrategia eficaz» y que ello pasaba por abordar la continuidad o no de la lucha armada de ETA.

A ojos de cualquiera, la lógica del Estado debería consistir en dejar hacer, pero Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior y al que su entorno presentaba como un político especialmente astuto y maquiavélico, determinó lo contrario. La redada llevó la firma del juez Baltasar Garzón pero tuvo detrás el aliento inequívoco de Rubalcaba, a partir de la falsa premisa de que Arnaldo Otegi y el resto estaban a las órdenes de ETA.

El hombre que llegaba tocado del fracaso final del proceso de negociación 2005-2007 había teorizado desde entonces que la izquierda abertzale debía escoger entre «votos o bombas», pero su redada apuntaba a eternizar el escenario. Él mismo insistía en augurar que tras 2007 se había abierto «un ciclo largo de violencia». Aquella tarde sonaba a profecía autocumplida.

Tardó poco en saberse que aquel mismo día, antes de ser detenidos, Otegi y los demás habían puesto en circulación el documento base para el debate, que acabaría cuajando en 'Zutik Euskal Herria', y luego en la Conferencia de Aiete, en el fin de la lucha armada, en la relegalización... Un mes después de aquellas detenciones (diez en el primer día), una comparecencia masiva en Altsasu mostraba que el proceso ya lanzado seguiría su curso por encima de todos los obstáculos.

Pese a que el nuevo tiempo se iría abriendo paso, el Estado nunca paró el dislate de Bateragune. Y terminó quedando en ridículo por la decisión europea de considerar el juicio injusto en 2018 (y más aún por el posterior intento del Supremo de volver a juzgar el caso, lo que finalmente impidió el Constitucional, entrados ya en 2024).

Ello se traduce en que la Audiencia Nacional dictó condenas de diez años de cárcel en 2011, un mes antes de la Conferencia de Aiete; el Supremo ratificó la sentencia de culpabilidad rebajando las penas a 6 y 6,5 años en 2012 (ya con alto el fuego definitivo y Sortu legalizado); y las penas de cárcel fueron cumplidas hasta el último día (Arnaldo Otegi salió en 2016 y Rafa Díez, el último, en 2017).

A título personal sí rectificaron el instructor Garzón y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido la aportación de Otegi y ha dicho que en su día barajó amnistiarlo. Pero no lo han hecho otros aparatos del Estado. En cuanto a Pérez Rubalcaba, falleció en 2019.

Y Sánchez dio el paso

El 'caso Bateragune' todavía coleaba en los tribunales, por tanto, cuando Pedro Sánchez cruzó el Rubicón de sentarse por vez primera con EH Bildu, un día como hoy de hace un año. Ya puestos, lo hizo con una sonrisa, lejos de los reparos mostrados por Patxi López, líder del PSE, en la reunión con la izquierda abertzale de julio de 2006, donde posó hierático.

Esta reunión de trabajo se materializó en el marco de la búsqueda de apoyos para la investidura. Pero los acuerdos entre sus anteriores gobiernos y EH Bildu ya eran una realidad asentada para entonces, bien para conseguir mejoras sociales ciudadanas o bien para intentar labrar ventanas de oportunidad.

Por si quedaran dudas, la representación encarnada por la diputada Mertxe Aizpurua y el senador Gorka Elejabarrieta resumieron su posición en Madrid en este contexto: «EH Bildu hace lo que dice y dice lo que hace. Frenar a la ultraderecha es un mandato democrático, con el que tiene absoluta responsabilidad y determinación. Es condición indispensable para abrir una nueva legislatura que, en opinión de EH Bildu, debe profundizar en la ampliación de los derechos sociales y económicos de los trabajadores vascos y del Estado, la consolidación de políticas que fomenten la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria y la apertura de un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionales de nuestro pueblo».

Un mes después, concretamente el 16 de noviembre, Sánchez revalidaba su cargo de presidente con un «sí» de EH Bildu y del resto de fuerzas vascas y catalanas. Hoy sigue en el cargo. Y no es política-ficción concluir que nada de ello hubiera ocurrido si aquella primera foto de 2009 hubiera conseguido su objetivo.




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domingo, 13 de octubre de 2024

Recordando a Pérez Esquivel

Para la izquierda alrededor del mundo, atrapada ente el troskismo y el stalinismo, ambos extremos caracterizados por negar tajantemente el derecho a la autodeterminación de los pueblos, solidarizarse con la gesta del pueblo vasco era simplemente anatema.

Por eso es necesario reconocer a quienes tuvieron la verticalidad intelectual y ética para hacerlo.

Eso es lo que hace justamente Ramon Sola con este ejercicio de memoria publicado en las páginas de Naiz, mismo en el que se recuerda a la figura de un gigante; Adolfo Pérez Esquivel, integrante además de la diáspora vasca argentina.

Lean ustedes:


Pérez Esquivel: Nobel, militante de mil causas, artista y aliado de la solución en Euskal Herria

La vida de Adolfo Pérez Esquivel abarca ya casi 93 años, pero parecen muy pocos para la arrolladora actividad desarrollada. Nobel de la Paz un día como hoy de 1980, militante de derechos humanos, exprisionero, torturado, profesor, escritor, escultor... y aliado de procesos de resolución en Euskal Herria durante tres décadas.

Ramon Sola

Cuando la Academia de Oslo dio a conocer la concesión del Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel aquel 13 de octubre de 1980, propinando un golpe profundo a la dictadura argentina entonces aún imperante, gran parte de su trayectoria era desconocida, o directamente estaba oculta. Han tenido que pasar años para que salgan a la luz episodios como el siniestro «vuelo de la muerte» en que fue embarcado, solo, sin ningún preso más.

Lo recoge el documental 'Traslados', de Nico Gil Lavedra, estrenado en Zinemaldia. Pérez Esquivel parecía destinada a ser «desaparecido» en el océano como otros muchos, pero la ejecución no se consumó, sobrevivió, quizás solo quisieran amedrentarlo. Queda claro que no lo consiguieron: desde entonces Pérez Esquivel suma otro casi medio siglo de militancia por los derechos humanos en todo el planeta, incluida Euskal Herria.

Es difícil escoger por dónde empezar a resumir un personaje tan poliédrico. Acudamos a sus raíces, en parte vascas porque su madre, a la que perdió pronto, tenía ese origen familiar.

«Un niño sin madre y con un padre ciego tenía que trabajar porque la plata no le alcanzaba», rememoró Adolfo décadas después, recordando cómo tuvo que irse al tajo con solo 11 años. Si para entonces había conocido ya el hambre, ahí conectó con la injusticia humana y también con su otra cara, la solidaridad.

La Teología de la Liberación fue el puente para implicarse en la defensa de los derechos humanos. Fundó primero un diario llamado 'Paz y Justicia' (1973) y luego el movimiento del mismo nombre, por el que acabaría recibiendo el Nobel. La llamada de Oslo le pilló reunido con una de las Madres de la Plaza de Mayo, una lucha que impulsó decididamente. Para entonces ya había sido detenido y torturado por la dictadura: pasó 14 meses preso y otros 14 en libertad vigilada.

En tres procesos vascos

El Nobel fue la plataforma que lo catapultó como referencia para ayudar en la resolución de conflictos a lo largo y ancho del planeta. En Euskal Herria su aportación se sitúa en tres momentos.

A mediados de los 90 ya intentó mediar entre el Gobierno español y ETA, a petición de la organización vasca, en el momento en que se había planteado la Alternativa Democrática. Aunque para entonces, según explicó Eugenio Etxebeste 'Antton' en este artículo, ya era uno de los intermediarios para los contactos intermitentes que habían sucedido a la ruptura de Argel a finales de los 80.

Entrados en los 2000, Pérez Esquivel fue uno de los firmantes de la Declaración de los Seis que daba soporte al proceso de negociación en marcha entre el Gobierno Zapatero y ETA. En un mensaje suscrito junto al italiano Francesco Cossiga, el portugués Mario Soares, el irlandés Gerry Adams, el sudafricano Kgalema Motlante y el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, instaba a «proseguir sin descanso, y en ausencia total de violencia por ambas partes, el arduo pero gratificante camino emprendido». Se difundió en vísperas de que el Parlamento Europeo abordara la cuestión.

En la década siguiente, el Nobel argentino también realizó diferentes tomas de posición en favor del proceso de resolución que tuvo a Aiete como referencia internacional. Se implicó especialmente en la defensa de Arnaldo Otegi y sus compañeros tras su encarcelamiento por el 'caso Bateragune' (lo tildó de «ofensa a la humanidad»), como ha hecho con otros líderes disidentes convertidos en cautivos políticos como el kurdo Abdullah Öcalan.

Pérez Esquivel también ha pisado suelo vasco en ocasiones especiales, como el 70º aniversario del bombardeo de Gernika en 2007.

Su apoyo al derecho de autodeterminación y a los pueblos en general es explícito y sostenido en el tiempo. Aquel Nobel de 1980 lo recogió ya «en nombre de todos los pueblos de América Latina». Las realidades indígenas figuran entre sus preocupaciones perennes, en parte porque las conoció desde la infancia: la abuela con la que se crió no hablaba castellano, solo guaraní.

Profesor, escultor, escritor...

Toda esta implicación sociopolítica se ha completado con otras actividades, en un derroche de energía apabullante. Así, se conoce menos su faceta de artista, pero Pérez Esquivel es pintor y sobre todo escultor. Quien pasee por el Poblenou de Barcelona encontrará la estatua 'A Gandhi', obra suya. Y quien acuda a la localidad pontevedresa de Combarro hallará un Parque de la Memoria que lleva igualmente su firma: su padre había llegado a Argentina precisamente desde esta aldea gallega.

La labor humanitaria en Servicio Paz y Justicia fue complementada por el activista argentino con la docencia en múltiples foros, entre ellos la Universidad Nacional de la Plata primero y la Universidad de Buenos Aires después. Tiene seis libros escritos y existía también una película que resume su vida y sus luchas con un título que las compendia acertadamente: «Otro mundo es posible».



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Video | Adolfo Pérez Esquivel. Otro mundo es posible, de Miguel Mirra - Trailer




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lunes, 22 de enero de 2024

El Decálogo de Bateragune

La lawfare lanzada por el estado español en contra del pueblo vasco materializada en contra de Bateragune se reseña de forma magnífica en este reportaje publicado por Naiz:


Bateragune, una operación de Estado frustrada en diez actos

Un ministro (Rubalcaba) y un juez de la Audiencia Nacional (Garzón) lanzaron hace 15 años y en un momento clave la operación contra los líderes de la izquierda independentista. El afán de incidir en el giro estratégico pinchó en hueso y otro tanto ha ocurrido con los objetivos menores posteriores.

Ramón Sola

Tras escribir su último capítulo en el Tribunal Constitucional español, el «caso Bateragune» queda para la historia como un inmenso fracaso de los aparatos del Estado, que no han logrado ninguno de sus objetivos, más allá del evidente castigo a cinco líderes de la izquierda independentista que pasaron más de seis años en prisión. Estos diez hechos y detalles vienen a resumir esta operación de sabotaje frustrada.

La redada llegó tarde al debate...

El 13 de octubre de 2009 la Policía española detuvo a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta en Donostia e Iruñea. En la misma operación son arrestados Rufi Etxeberria, Ainara Oiz, Amaia Esnal, Txelui Moreno y Mañel Serra, que quedarían en libertad tras pasar por la Audiencia Nacional. Las redadas se produjeron apenas horas después de que la izquierda abertzale hiciese público un documento para impulsar un inédito debate político en su seno. Solo los autores de la operación saben si querían impedir directamente esa discusión o si buscaban un objetivo menor como debilitar a los impulsores de ese cambio de estrategia y potenciar indirectamente a sus detractores, buscando así algún tipo de división.

Apenas un mes después, la Declaración de Altsasu, donde 110 representantes de la izquierda abertzale se comprometían con un proceso de carácter político y democrático. mostró el gran respaldo a la vía expuesta en aquel primer documento. Por lo tanto, la redada no logró abortar este paso adelante.

...y el juicio, a Aiete

El juicio se celebró en la Audiencia Nacional entre junio y julio de 2011. Para el recuerdo quedó la frase con la que cerró Otegi el interrogatorio del fiscal, Vicente González Mota. «Usted ha defendido aquí su tesis y yo la mía, pero entre las dos hay una diferencia: en estos dos años ha pasado lo que yo digo, no lo que dice usted». El cambio estratégico estaba en marcha y avanzaba pese a la operación orquestada por el Estado.

La sentencia, con 10 años de prisión a Otegi y Díez y ocho a Zabaleta, Jacinto y Rodriguez que luego rebajaría el Supremo, se produjo en setiembre. Aquellas represalias tampoco consiguieron condicionar la Conferencia de Aiete que se celebraría un mes después y el inmediato fin de la lucha armada.

El intento de criminalizar a la cúpula de la izquierda independentista no hizo mella en la opinión de la comunidad internacional. Kofi Annan no pudo estrechar la mano de Arnaldo Otegi por estar preso (quizá evitar aquella foto es uno de los pocos triunfos atribuible a esta operación), pero sí lo hizo con Rufi Etxeberria, que tomó muchas de sus responsabilidades en esa fase.

Sin fracturas

Al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba siempre se le otorgaron dotes de astuto estratega, y parece obvio que con esta ofensiva trató de alimentar divisiones en la izquierda abertzale. En esta estrategia era pieza central esa vista oral, en la que Otegi y sus compañeros se veían forzados a retratar su posición política en terreno rival. El exministro trató, una vez más, de estrangular a la izquierda abertzale con aquel «o bombas o votos».

Sin embargo, la exposición pedagógica de Otegi sobre el cambio de ciclo estuvo más destinada a la opinión pública vasca que al tribunal español: «Hemos virado el trasatlántico de la izquierda abertzale», aseguró en sede judicial, donde recordó que salieron reforzados del proceso: «De cuatro o cinco hemos pasado a 313.000».

Rubalcaba, fallecido en 2019, no hizo rectificaciones al respecto, pero estas sí han sido evidentes en el caso del entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que incluso ha mantenido varios encuentros con Otegi. «Es un hecho objetivo que fue un político decisivo», ha dicho sobre aquel cambio de ciclo de hace trece años.

Otegi, revalorizado

Si aquel crecimiento electoral respondía al cambio estratégico, parecía lógico pensar que ligar la figura de Otegi a ETA dañaría la figura del ahora coordinador general de EH Bildu. El mantenimiento de la operación tuvo un objetivo político-mediático y el Tribunal Constitucional ha incidido ahora en ello al señalar en el titular de su nota informativa que sigue condenado por «pertenencia a ETA».

Pero la reacción ciudadana a su salida de la cárcel en 2016 fue reveladora, tanto con los recibimientos en Logroño y Elgoibar como por el posterior acto en el Velódromo de Anoeta. Como lo ha sido el refrendo obtenido para liderar primero Sortu y más tarde EH Bildu como coordinador general y máxima referencia. Y no solo Otegi. Zabaleta ha sido una pieza fundamental para el histórico acuerdo en Iruñea entre EH Bildu y el PSN y Rodríguez es el secretario general de Sortu.

Inhabilitación inútil

Subsidiriamente, el caso fue utilizado para imponer una inhabilitación a Otegi que le impidiera ser candidato a lehendakari. Hubo un intenso litigio jurídico en los momentos previos a los comicios de 2016 en la CAV. El tiempo, por el contrario, ha mostrado que en realidad ni siquiera esta batalla menor ha sido ganada por el Estado, puesto que Arnaldo Otegi situaba más su posición en responsabilidades de partido con proyección de futuro y de país y no en lizas electorales parciales.

Garzón se baja del carro

El que había sido instructor del caso en la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón, protagonizó una sonora rectificación pocos años después, al señalar que los hechos no habían dado la razón a las tesis acusatorias que intentaban situar a los condenados a las órdenes de ETA. «La condena que tiene debe de ser reconducida y tiene la posibilidad de hacer mucho más por la paz y por el desarrollo de la situación en el País Vasco fuera que dentro».

En un intento de lavarse las manos, indicó «yo fui el juez instructor. Había indicios, se procesó y se llevó a juicio». En los últimos años también ha subrayado que no debían ser juzgados de nuevo tras la sentencia europea.

Un caso político en la Europa del siglo XXI

La represión sostenida en el tiempo activó la solidaridad internacional e hizo a la vez que el Estado español desnudara sus modos antidemocráticos. Un buen ejemplo fue el veto impuesto a Angela Davis, una referencia mundial, para visitar a Otegi, que no impidió que la activista posara en señal de apoyo ante la cárcel de Logroño.

Derrota europea

La operación ha fracasado también en el exterior, no solo porque el proceso ha tenido la legitimación y acompañamiento de la comunidad, sino porque además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el juicio había sido injusto por parcialidad del tribunal encabezado por Angela Murillo. «A mi como si bebes vino». Esta es una de las frases de Murillo a Otegi en un juicio anterior, en 2010, en el que el líder independentista estuvo acusado de enaltecimiento. El Supremo ordenó repetir aquel juicio y llevo al TEDH a determinar que los cinco de Bateragune no habían tenido un juicio justo.

Dislate judicial final

Bateragune concluye además reflejando la capacidad de distorsión de los tribunales españoles. El Constitucional ha tenido que corregir el intento del Supremo de forzar un nuevo juicio con una maniobra totalmente anómala, puesto que ni los condenados lo habían planteado ni se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo motivo (non bis in idem).

Y EH Bildu, al alza

«Empezamos solo cuatro o cinco y ya somos 313.000», dijo Otegi en aquel juicio de 2011, haciendo referencia a los comicios forales y municipales de unos meses antes. La realidad hoy es que EH Bildu ha roto incluso aquella marca, facilitada por un contexto político en el que emergían las expectativas de resolución, y tres elecciones análogas más tarde, en las del pasado 28 de mayo, ha sumado más de 366.000 apoyos, con la vista puesta en una nueva cita electoral: la que tendrá lugar en los próximos meses en la CAV.




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jueves, 18 de enero de 2024

Se Finiquita el 'Caso Bateragune'

Euskal Herria ha estado sometida a lo que hoy se conoce como lawfare durante décadas.

El régimen español emanado de la larga noche franquista eligió esta vía como clara artimaña destinada a poner una mascareta democrática a su estrategia de brutal represión en contra de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.

Un caso significativo dado el prolongado lapso en el que se ha presentado ha sido el de Bateragune, mismo al que se le ha dado puntual seguimiento en este blog.

Es por ello que desde Naiz les traemos lo más reciente:


El TC finiquita el ‘caso Bateragune’ tras 6,5 años de cárcel y ocho más de persecución política

De 2009 a 2024; la persecución política iniciada con la redada de Igara contra los artífices del cambio estratégico de la izquierda abertzale ha llegado a su fin este martes, con la decisión del Tribunal Constitucional español que impide un nuevo juicio, como pretendía el Supremo.

Ramón Sola

El ‘caso Bateragune’ ha llegado a su fin tras década y media intentando condicionar el desarrollo político de Euskal Herria, primero torpedeando el giro estratégico de la izquierda abertzale y posteriormente persiguiendo a sus artífices incluso después de haber cumplido la condena. El Pleno del Tribunal Constitucional español ha determinado este miércoles que no cabe volverlos a juzgar, como pretendía el Tribunal Supremo tras haber declarado injusta la vista oral en la Audiencia Nacional el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acepta el recurso de los condenados y con ello finiquita el proceso.

El TC ha aceptado el recurso de Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Rafa Díez Usabiaga, que pasaron entre seis años y seis y medio en prisión por esta condena. Acepta, como ya planteó la Fiscalía, que volverlos a sentar en el banquillo no es jurídicamente aceptable y además les acarrearía un perjuicio evidente. Entre otras cosas, vulneraría el principio «non bis in idem» que impide juzgar a alguien dos veces por los mismos hechos. Los cinco encausados comparecerán este jueves en Donostia para valorar el fallo.

La decisión se ha tomado por 7 votos contra 4; hay 3 votos particulares contrarios. El ponente será Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021. El titular de la nota informativa de resumen resulta muy revelador: ‘El Pleno del TC mantiene la condena de Arnaldo Otegi y otros por delito de pertenencia a organización terrorista tras anular la orden de repetir el juicio en el que fue condenado’. En un punto de esta nota se argumenta que «la reparación del derecho fundamental al juez imparcial [delatada por Estrasburgo] no podía consistir en la mera declaración de nulidad de la condena», porque ello equivaldría a una absolución que el TC se niega a asumir.

Con todo, lo importante en este momento es que con ello se anula la maniobra intempestiva del Tribunal Supremo, que en una decisión impulsada por el juez Manuel Marchena –martillo pilón ya contra el «procés»– intentó forzar un nuevo juicio en un patente desacato a la resolución europea. Como explicó el abogado Iñigo Iruin al anunciar el recurso hace tres años, el TS «no tolera que un tribunal europeo le enmiende la plana. Y tolera mucho menos que estos cinco militantes independentistas vascos y vascas les hayan obligado a tener que declarar de manera formal y mediante sentencia que la condena de 2012 era nula. Por eso no la respetan».

La defensa había emprendido otra iniciativa de respuesta a este atropello: una apelación ante el Comité de Ministros de la Unión Europea, como entidad encargada de velar por el cumplimiento de las sentencias europeas, si bien quedó en «stand by» tras admitir a trámite el Constitucional este recurso.

La resolución del TC puede además marcar pauta sobre una cuestión importante en Euskal Herria: cómo se deben cumplir los fallos de Estrasburgo. Es algo que, vistas las reticencias o directamente desacatos de tribunales españoles, ya dio mucho que hablar en su momento en el caso de la «doctrina Parot» o ahora con el mantenimiento de la condena a Xabier Atristain.

Antecedentes

El inicio de este caso, sobre el que persisten algunas incógnitas que quizás ya nunca se resuelvan, se sitúa el 13 de octubre de 2009. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba alentó y el juez Baltasar Garzón ejecutó una redada en la sede de LAB de Igara (Donostia) contra Arnaldo Otegi y sus compañeros. Según se supo más tarde, ocurrió muy poco después de que difundieran por internet el documento base del debate interno que concluiría en un cambio de ciclo en Euskal Herria.

Para entonces ya era clara y patente su apuesta por otra estrategia exclusivamente política y democrática, por lo que la redada solo tuvo dos explicaciones posibles: intentar evitar ese giro o al menos alimentar disensiones entre la izquierda abertzale.

Ni una ni otra cosa se consiguieron (un mes después se produjo la Declaración de Altsasu, firmada por más de un centenar de referentes del independentismo de izquierdas), pero la persecución continuó intacta. El juicio se desarrolló en la Audiencia Nacional en verano de 2011, obviando que para entonces el proceso ‘Zutik Euskal Herria’ ya había concluido con respaldo claro a esa posición y que incluso ETA había suspendido sus acciones armadas. Se impuso en la sentencia la tesis de que todo era una especie de trampa en que estas personas actuaban a las órdenes de la organización armada. El esfuerzo pedagógico de Otegi en la vista fue desoído por el tribunal, aunque no por la opinión pública vasca.

La sentencia de la AN impuso condenas de diez años de cárcel a Otegi y Díaz y de ocho a Jacinto, Zabaleta y Rodríguez. Ocurrió en setiembre de 2011, apenas un mes antes de la Conferencia de Aiete, que tampoco quedó condicionada por este fallo judicial. De hecho, Kofi Annan estrechó allí la mano de Rufi Etxeberria legitimando el compromiso de la izquierda abertzale con el proceso, con lo que quedaba más patente aún que la AN vivía en una realidad paralela.

En 2012, el Supremo aceptó parcialmente los recursos de los condenados, rebajando las condenas a seis años y medio y seis años respectivamente pero refrendando la tesis de la AN sobre el supuesto sometimiento a ETA de los condenados.

El último en salir de prisión (todas las condenas se cumplieron íntegramente) sería Rafa Díez en 2017. Aquella mañana, nada más cruzada la muga desde Santoña, los cinco represaliados pudieron abrazarse y posar juntos otra vez.

Anulación europea y contraataque del TS

Pero con ello no acabaron los avatares de este caso palmario de represión política. Y es que en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó que los miembros de la izquierda abertzale no habían tenido un juicio justo. Consideró que se había vulnerado el artículo 6.1 del Convenio Europeo y señaló directamente la falta de parcialidad mostrada por la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, que ya había mostrado su animadversión hacia Otegi en juicios anteriores.

En cualquier país normal ello hubiera dado carpetazo al caso y probablemente acarreado alguna reparación hacia los injustamente condenados, pero aquí apareció en escena el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, con una decisión insólita: decretar la realización de un nuevo juicio sobre el caso. Y todo ello pese a la evidencia de las condenas de cárcel ya estaban cumplidas en su integridad. El Constitucional determina ahora que tal cosa supondría «un gravamen desproporcionado» para las personas condenadas y que además ellas no han solicitado la repetición del juicio, como sería legamente preceptivo.

La artimaña del Supremo diciembre de 2020 y generó un inmediato recurso de la defensa ante el Constitucional, que sella ahora el caso, casi 15 años después de su inicio. Y no precisamente con justicia.





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viernes, 3 de junio de 2022

El Desafío Español a Estrasburgo

Les comparto esta editorial que Naiz dedica a la decisión por parte del Tribunal Supremo borbónico franquista de echar en saco roto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al represaliado vasco Xabier Atristain, quien ya está de vuelta en Martutene.

Adelante con la lectura:


Estado de derecho implica cumplir los fallos europeos

El Tribunal Supremo español ha rechazado revisar la condena de 17 años impuesta a Xabier Atristain, desafiando abiertamente una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal dio la razón al exprisionero vasco en un fallo –que ya es firme– en el que se establece que la indefensión jurídica que produce la incomunicación anula todos los elementos supuestamente probatorios que se hayan podido obtener durante ese periodo, esto es, las autoinculpaciones y las inculpaciones forzadas. Una sentencia que abre la posibilidad de revisar un buen número condenas de presas y presos vascos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo español ha tomado otro camino y ha optado por el desafío. No es la primera vez que desdeña una resolución europea favorable a ciudadanos vascos; ya ocurrió con la anulación de la sentencia del caso Bateragune. Da la impresión de que el alto tribunal español, en vez de impartir justicia, ha decidido erigirse en el último parapeto de la legislación de excepción que, con la excusa de la lucha contra la disidencia, amparó una conculcación masiva de derechos humanos en Euskal Herria. Una decisión carente de sentido toda vez que el contexto político ha cambiado radicalmente tras el fin de ETA y los pasos que la sociedad vasca está dando para superar las consecuencias del conflicto. La única explicación que tiene semejante actitud es, por un lado, obstaculizar esos esfuerzos, y por otro, evitar que el fallo europeo se convierta en doctrina que obligue a tomarla en consideración, como ya ha hecho recientemente en dos sentencias la Audiencia Nacional.

Sobran todas estas actitudes ventajistas de los tribunales españoles que pretenden perpetuar el conflicto y extender la venganza. Es tiempo de aplicar las sentencias europeas y revisar las condenas de los presos vascos. La sociedad vasca exige soluciones y entre ellas la libertad de los injustamente encarcelados.

 

 

 

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miércoles, 1 de junio de 2022

Régimen Español Desobedece a Estrasburgo

Si después de leer este artículo de Naiz acerca de la decisión por parte del Tribunal Supremo con respecto a la sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Atristain usted insiste en catalogar al estado español como democrático usted no es ignorante, es cómplice, cómplice de todos los casos de tortura -de terrorismo de estado, para que entienda- perpetrados por las fuerzas represivas españolas en contra de miles de ciudadanos vascos.

Porque tortura y no malos tratos es lo que ocurre durante el periodo de incomunicación al que Madrid ha sometido a miles de independentistas vascos.

Adelante con la información:


El Supremo español desobedece a Estrasburgo y rechaza revisar la condena a Xabier Atristain

El Tribunal Supremo español ha rechazado revisar la condena de 17 años impuesta a Xabier Atristain, desafiando así la sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que daba la razón al exprisionero vasco y ponía el dedo en la llaga de la incomunicación.

Ramón Sola

En una decisión insólita, el Supremo español ha rechazado revisar la condena de 17 años impuesta a Xabier Atristain, lo que supone un claro desacato a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la ha declarado injusta y además de modo firme.

El Alto Tribunal ha hecho suya la posición de la Fiscalía, que había planteado desatender el dictamen europeo. Estrasburgo dio la razón a Atristain estableciendo que la indefensión jurídica producida por la incomunicación anula todos los supuestos elementos probatorios obtenidos en este periodo (autoinculpaciones o inculpaciones forzadas).

El Supremo esgrime ahora que, «aun prescindiendo de las declaraciones afectadas por la vulneración apreciada por el TEDH, existen otras pruebas ajenas a las mismas por las que se hubiera podido llegar a la misma conclusión convictiva sobre los hechos que fundamentan su condena, por lo que no procede la revisión de la sentencia firme en este caso».

En concreto, las otras pruebas existentes en contra de Atristain serían «las declaraciones inculpatorias de los coacusados, las declaraciones de los testigos o el silencio del demandante en respuesta a las preguntas de la acusación».

Efectos particulares y generales

Se da la circunstancia de que no solo Atristain había quedado en libertad tras el fallo europeo, sino que la Audiencia Nacional había asumido la existencia de una nueva jurisprudencia que anulaba las «pruebas» obtenidas en la incomunicación en dos casos concretos, absolviendo a Gorka Palacios y Juankar Iglesias.

La negativa a atender la sentencia europea anulando esta condena sitúa el caso de Atristain en un limbo, y a todas luces trata de evitar la extensión de esta jurisprudencia a otros casos.

El desafío del Supremo español al Tribunal Europeo es más relevante aún si se tiene en cuenta que la sentencia que dio la razón a Atristain en enero fue aprobada por unanimidad y que posteriormente (en mayo) otro tribunal rechazó el recurso de la Abogacía del Estado que trataba de elevar el asunto a la Gran Sala.

Curiosamente, en su auto el Supremo afirma que el Supremo se ha mostrado decididamente proclive a la ejecución, vía revisión de la condena, de las sentencias del TEDH, «cuya jurisprudencia ha observado y seguido».

«No cuestiona la incomunicación»

En este caso concreto, dice considerar que el fallo favorable a Xabier Atristain «no cuestiona ni la legislación vigente en España, ni el régimen de incomunicación de una persona detenida en los supuestos de delincuencia terrorista, siempre que se haga bajo la supervisión de un juez, siendo doctrina asentada del Tribunal que puede estar justificado, en este contexto, que se un abogado de oficio quien asista al detenido, y que se restrinjan algunos de los derechos del detenido incomunicado, si se justifican las razones en el caso concreto». Algo que obviamente no ocurrió en el caso de Atristain ni tampoco en los de Palacios e Iglesias, según han admitido las sentencias de la Audiencia Nacional.

Por lo demás, en el caso concreto de Atristain cabe recordar que pasó por la Audiencia Nacional en marzo de 2010 y quedó libre al no advertirse pruebas en su contra. Posteriormente la Guardia Civil forzó su arresto e incomunicación, tras lo que fue encarcelado y posteriormente condenado. Ha pasado casi doce años en la cárcel hasta su liberación en febrero, tras el primer dictamen europeo, luego convertido en firme.

Altsasu y Bateragune

Una de las tres firmantes de esta resolución es Carmen Lamela, la polémica instructora del caso de los jóvenes de Altsasu, que entre otras cosas impidió que saliera de la Audiencia Nacional y pasara al juzgado natural de Iruñea.

También cabe recordar que no es el primer caso reciente en que el Supremo desafía el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a ciudadanos vascos. Como es sabido, pretende juzgar de nuevo a Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Rafa Díez por el ‘caso Bateragune’ tras la anulación en Europa de una condena que ya incluso estaba cumplida. El asunto está ahora sobre la mesa del Tribunal Constitucional.

Sortu: «Éste no es un Estado de derecho»

Sortu ha valorado la decición del Tribunal Supremo, calificándola de «auténtico escándalo sin precedentes que ofrece una impunidad absoluta a las vulneraciones de derechos humanos empleadas por el Estado español contra el independentismo vasco».

«Denunciamos la decisión hecha pública hoy por el Tribunal Supremo e instamos al resto de agentes políticos, sindicales y sociales que levanten la voz contra esta injusticia que obstaculiza la construcción de un escenario de libertad, paz y convivencia democrática para nuestro pueblo», han explicado en un comunicado.

La condena de 17 años de prisión de Xabier Atristain, han apuntado, fue posible tras la vulneración de sus derechos fundamentales, según la resolución unánime del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Le fue vulnerado el derecho a la defensa y el derecho a un proceso justo y equitativo. No sólo a él, sino también a otros miles de vascos y vascas», ha enunciado la formación abertzale.

Además, han criticado que «en vez de buscar una solución razonable basada en la justicia al asunto de las presas y los presos, el Estado Profundo optado por huir hacia adelante y ahondar en la vulneración de derechos de Atristain, tratando de cerrar la ventana de oportunidad que abrió Estrasburgo para dar una salida justa y lógica a la cuestión de las personas presas». Con esta actitud creen que «queda demostrada una vez más que éste no es un Estado de derecho».




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domingo, 23 de enero de 2022

La Justicia Según Estrasburgo

Les compartimos esta editorial que Naiz dedica al actuar imprevisible e incongruente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, actuar que recientemente se tradujo en la más completa indefensión para los ocho jóvenes de Altsasu víctimas de los excesos represivos del régimen español, mismo que, para mostrar su cinismo, amenaza a una persona con un año de cárcel y una cuantiosa multa por haber caído en las provocaciones de alguien que se dedica a intoxicar el día a día de la sociedad vasca, misma que está metida de lleno en el escenario post conflicto generado en Aiete hace una década.

Adelante con la lectura:


¿Y si intentásemos ser punta de lanza de los derechos humanos?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano donde a veces quedan expuestas las trampas que los estados utilizan para burlar los tratados sobre derechos humanos que ellos mismos han firmado. Se certifican las artimañas que utilizan las instituciones para, justo en nombre del Estado de Derecho, cercenar libertades, reprimir movimientos y machacar a las personas.

Lograr que un caso llegue a ser aceptado en Estrasburgo, ni qué decir que se condene a un estado, es algo tan costoso y excepcional que cada condena supone una gran victoria moral y política para quienes creen en la justicia. Una condena delata a los opresores, desnuda a los falsos moralistas y alivia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos más graves: las perpetradas por los estados y cometidas desde el poder.

Por eso, es muy importante que el TEDH haya condenado a España por haber denegado a Xabier Atristrain tener un abogado de confianza cuando fue incomunicado por la Guardia Civil bajo la tutela de la Audiencia Nacional. Con esos protocolos se torturó impunemente a miles de vascos y vascas, logrando autoinculpaciones y condenas desorbitadas que aun hoy perduran.

En el caso de Atristain, de 2010, se dan varios agravantes: poco antes de este arresto, se había puesto a disposición judicial voluntariamente; la Audiencia Nacional le dejó en libertad, para que la Guardia Civil lo detuviera más tarde, solo que esta vez incomunicado. Como consecuencia de las torturas que sufrió en ese periodo, Atristain declaró en un estado tal que el abogado de oficio se negó a firmar la declaración policial en la que se autoinculpaba. Aun así el juez no vio indicios de malos tratos, pese a que el detenido los denunció y no corroboró su declaración. Da igual, Atristain fue condenado basándose en aquel primer testimonio. En la sentencia los jueces tuvieron la desfachatez de afirmar que la autoinculpación había sido hecha con plena libertad.

Ni demasiadas espectativas, ni todo vale

En todo caso, hay que ser conscientes de que rara vez se hace justicia en Estrasburgo, ni siquiera cuando se dan sentencias justas. Para empezar, porque las personas que han sido ilegalmente detenidas suelen haber cumplido gran parte de sus condenas, si no íntegras, para cuando llega la sentencia. Como en el caso Bateragune.  

De igual modo, aunque en una sentencia el TEDH admita que una persona ha sido torturada, algo muy difícil, ese camino básicamente termina ahí. Por ejemplo, el TEDH consideró que Igor Portu y Mattin Sarasola fueron víctimas de un «tratamiento inhumano y degradante» durante su detención y condenó al Estado español a indemnizarlos. Tres jueces consideraron que había que calificar los hechos como «tortura». Pero no se detiene a los culpables, el Estado no asume su responsabilidad, no se cambia la ley que posibilitó esa barbaridad. Siendo esa sentencia lo más lejos que puede llegar Estrasburgo, queda muy lejos de hacer justicia.

A pesar de todo, es frustrante que el TEDH no admita a tramite la denuncia de los jóvenes de Altsasu. Las injusticias en ese proceso son tan flagrantes, es tal la desproporción, el abuso, la saña, el coste humano para las familias, es tan evidente que el castigo se disparó por ser jóvenes y vascos… que la mayoría del país querría que esos magistrados estudiasen el caso y dijesen cómo pudo ocurrir en medio de Europa un despropósito así en nombre de la ley. Que no suceda no alterará el convencimiento popular sobre quién hizo qué. Además, cuando se ha actuado en conciencia y por causas nobles, no conviene poner todas las esperanzas de justicia en otros, porque ni el bien hecho ni el mal sufrido dependen de su juicio. No hay evaluación más severa que la propia ni perspectiva más rigurosa que el tiempo.

Precisamente, cuando todo el mundo conoce y reconoce las graves violaciones de derechos humanos que han cometido las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskal Herria, esta semana era muy poco oportuno que el Gobierno de Lakua defendiese que esos cuerpos armados «han sido la punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos fundamentales así como las instituciones». Lo dice un Gobierno que permitió durante décadas que unas bestias se llevasen a sus jóvenes, los torturasen durante días y los encarcelasen sine die. Con su colaboración, hasta hoy. Es triste que sus representantes defiendan más a los torturadores que a los torturados, o que metan en el mismo saco a Martin Villa y a Txillardegi. No es justo, no es honesto.

 

 

 

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sábado, 10 de abril de 2021

Entrevista a Iñaki Lasagabaster

Hablando del lawfare que practica abiertamente Madrid ante la mirada cómplice de los demás estados miembros de la Unión Europea, les invitamos a leer esta entrevista en Naiz:

«El poder judicial está desbocado, ha olvidado el principio de autocontención»

Iñaki Lasagabaster (Gasteiz, 1953) aborda en su último libro la injerencia de los tribunales en la actividad parlamentaria, que ha condicionado, señala, de forma indebida. Destaca en concreto la actuación del Constitucional sobre Catalunya y Euskal Herria.

Iker Bizkaguenaga

El título del libro, “Parlamento, Tribunal Constitucional, separación de poderes (con obligada referencia a Cataluña)” da una pista sobre su contenido, ¿Qué le ha llevado a escribirlo?

La situación actual, desde una perspectiva jurídica y política, convierte a la democracia española en una especie que no aguanta la comparación, en lo que se refiere a las instituciones propias de una democracia, con la organización institucional de los estados europeos democráticamente mejor consolidados. La intervención estatal en Cataluña así lo ha puesto de manifiesto, y yo lo evidencio con un análisis jurídico.

¿A quién va dirigido este trabajo? ¿A profesionales del Derecho? ¿A estudiantes?

El libro es jurídico. En este sentido, es un poco “txapa”, especialmente para no juristas. Aunque, a parte de esta consideración, quisiera decir que el Derecho contiene instrumentos de organización de la sociedad que la ciudadanía debe conocer, porque, si funcionan mal, funciona mal la democracia misma. Las personas deberían conocer mejor las instituciones y los derechos que tienen. Deberíamos tener una mayor cultura jurídica.

Debería tenerla la ciudadanía... ¿Y los poderes públicos?

También los poderes públicos, sí. Por ejemplo, en las formas de someter a Derecho las intervenciones de la Policía. También hay que decir que tanto los políticos como los politólogos tienen una cultura jurídica insuficiente, olvidando la importancia que debe tener el Derecho en la organización de la sociedad, especialmente después de una dictadura tan larga como el franquismo.

Comienza el libro con un punto de partida claro: «Al hablar de democracia es inexcusable referirse a la separación de poderes». ¿Cree que esta premisa no se está cumpliendo?

Hoy en día, claramente diría que no. Los Parlamentos están siendo condicionados por un poder judicial desbocado, que ha olvidado el principio de autocontención en el ejercicio de su poder. Los tribunales tienen un gran poder y deben medir bien cómo utilizarlo. Hemos podido ver la falta de respeto a este principio de contención por parte de los tribunales en algunos de los autos dictados en contra de las medidas adoptadas durante la pandemia.

Señala asimismo que al Tribunal Constitucional se le han reconocido unas potestades desorbitadas para la ejecución de sus sentencias, que permiten a su vez acudir al Derecho Penal como instrumento de intervención frente a las autoridades de las comunidades autónomas. Y cita los casos de Catalunya, y antes de la CAPV. ¿Se ha utilizado al TC para mediatizar la función legislativa de los Parlamentos de Barcelona y Gasteiz?

Sin duda, tal como se ha puesto de manifiesto en la realidad. Los tribunales han condicionado la potestad legislativa de los parlamentos indebidamente. Pero no solamente eso, también han condicionado el funcionamiento del propio Parlamento, su organización interna, cuándo y cómo puede constituir grupos parlamentarios, o cuál es el orden del día de las sesiones.

Dice que «el Parlamento es el único órgano constitucional que tiene garantizada la inviolabilidad». Una afirmación que ha chocado con la realidad en más de una ocasión…

El Rey también es inviolable según la Constitución, y le ha valido. Se dice que no puede ser procesado por lo que ha hecho durante su mandato, pero eso es claramente discutible. La inviolabilidad solamente se aplica al ejercicio de sus funciones como rey. Si el rey mata a una persona, la viola o le roba sus bienes, el rey no debería ser inviolable, creo yo, y es lo razonable. Debería ser procesado como otra persona. Por contra, el Parlamento es inviolable, pero no ha servido para evitar el procesamiento de la Mesa del Parlamento vasco o del Parlamento catalán por haber ejercido sus funciones.

El requerimiento por parte del Tribunal Supremo de disolver los grupos municipales, forales y parlamentarios de la izquierda abertzale en 2003 a raíz de la Ley de Partidos, ¿sentó un precedente? ¿En qué sentido?

El precedente fue que se produjo la imposición de un tribunal ordinario sobre el Parlamento. Por cierto, con un papel protagonista del exjuez (Baltasar) Garzón, y luego del Tribunal Supremo. Se abrió la puerta a esa arrogancia judicial en el ejercicio de sus potestades. Y esto es muy peligroso desde una perspectiva democrática. El nazismo tuvo una gran colaboración de la judicatura y de la doctrina jurídica apoyándose en una Constitución democrática como la de Weimar. Recuérdese a Schmitt, Maunz, Larenz y muchos otros. Por eso es tan importante la cultura jurídica y la defensa de algunas instituciones y categorías jurídicas. Es especialmente cierto si pensamos en el Parlamento, que es nuestra representación democráticamente elegida.

En el caso del Parlamento de Gasteiz aquello acabó además con tres miembros de la Mesa (Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao) en los juzgados. ¿Aquel fue un asunto jurídico o un pulso político?

Evidentemente político, para dar vía libre a una estrategia de prohibición de una corriente política de opinión, para lo que no se ahorraron medios, como el cierre judicial de periódicos, “Egin” y “Egunkaria”, su agotamiento económico, el procesamiento de personas que solamente usaban medios pacíficos, como Arnaldo Otegi y Rafa Díez…, ahora con el esperpento del “caso Bateragune”. En ese camino de conculcación de derechos, los tribunales no se arredraron para amenazar penalmente y condenar a parlamentarios en el ejercicio de sus funciones o a la Mesa del Parlamento.

Lo acaba de citar, ¿qué opina del “caso Bateragune”?

Jurídicamente me parece inaceptable. Son varias las razones, pero me parece fundamental, desde una perspectiva general, decir que es una bomba de relojería contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque ¿quién va a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si luego se repite el juicio a pesar de que tú, que eres la víctima, no lo deseas? ¿Tienen que aguantar Otegi y los demás procesados un nuevo enjuiciamiento? Me resulta increíble.

Volviendo a lo que apunta en el libro sobre la injerencia de los tribunales en el Legislativo: ¿El Tribunal Constitucional puede impugnar todo tipo de decisiones o solamente las leyes?

El problema actual se sitúa en la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando el TC dice que una ley es inconstitucional, esa sentencia se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la ley resulta derogada. La ley desaparece de la vida jurídica y la función del TC se acaba. Por ejemplo, la ley de referéndum catalana se declara inconstitucional; eso se publica en el BOE y se acaba el procedimiento. Sin embargo, ahora el  Constitucional se ha inventado una cosa más: prohíbe que se vuelva a aprobar una ley sobre esa materia o que se hable de ese tema en el Parlamento. Se prohíbe tratar en el Parlamento un tema por mandato del Constitucional; es decir, una vez interviene el TC y declara una ley inconstitucional, ya no se puede hablar de ella otra vez. Esto es una subversión del sistema de separación de poderes.

Alguien podría argumentar que tiene su lógica, porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la ley es inconstitucional y que no puede dictarse una nueva en esa materia...

Ese argumento es falaz. El Parlamento puede aprobar una ley que repita otra anteriormente declarada inconstitucional. Las razones son diversas: si se repite la ley y se recurre al Constitucional otra vez, este igual ha cambiado de opinión; o puede ser que la ley nueva no se recurra.

¿Podría poner algún ejemplo?

Supongamos que se aprueba una nueva ley de consulta como la aprobada en la época de Ibarretxe, y nadie la recurre al Tribunal Constitucional, o el Tribunal la juzga ahora conforme con la Constitución. Esto podría ser teóricamente posible. Por otra parte, si no puede aprobarse nada contrario a una sentencia del Tribunal Constitucional, su doctrina sería la misma para siempre, solamente modificable por una reforma constitucional.

¿Dónde queda en ese caso la autonomía en el ejercicio de sus funciones por el Parlamento?

Exactamente, esa es la cuestión. ¿Qué competencias y qué soberanía tiene la representación de la ciudadanía si un tribunal le puede prohibir debatir sobre un tema? Los tribunales no pueden interferir en el procedimiento legislativo, en el funcionamiento ordinario del Parlamento, porque sería inconstitucional. Iría frontalmente en contra del principio democrático.

¿Hay algún modo de atajar esa injerencia constante? ¿Qué recursos tienen los Parlamentos dentro del marco actual?

Habría que cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero, sobre todo, habría que cambiar la cultura jurídica de los tribunales españoles. Por otra parte, habría que recordar que el Código Penal prevé el delito contra la separación de poderes, y los magistrados y magistradas también podrían ser reos de ese delito.




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lunes, 29 de marzo de 2021

Entrevista a Arkaitz Rodríguez

En Facebook circula esta entrevista que Arkaitz Rodríguez ha concedido a El Salto, en la misma, nos habla de la lawfare emprendida por el estado español en contra del soberanismo vasco desde hace décadas, siendo el caso Bateragune el más paradigmático en fechas recientes.

Lean:

"ETA desapareció y, en cierta medida, es gracias al trabajo que hicimos y por el que nos encarcelaron”

Arkaitz Rodríguez es el secretario general de Sortu, uno de los tres partidos que componen actualmente la coalición EH Bildu, la cual cumple esta semana una década.

Gessamí Forner | El Salto

Arkaitz Rodríguez es el secretario general de Sortu, uno de los tres partidos que actualmente componen la coalición EH Bildu, junto con Alternatiba y Eusko Alkartasuna. Hasta 2017 también formaba parte Aralar, partido político que nació en 2001 desestimando la vía armada como camino para conseguir la independencia. Aquella escisión supuso un cisma dentro de la izquierda abertzale. El 3 de abril de 2011 nació la coalición Bildu, que volvió a reformularse al año siguiente como EH Bildu. La historia reciente y el calendario de la izquierda abertzale, que ahora celebra su primera década, parecen complicadas. Sin embargo, salvaron aquel cisma mediante la coalición y, en 2017, Aralar se disolvió por unanimidad y los militantes que así lo desearon siguieron integrados en EH Bildu, como el diputado Jon Iñarritu.

Diez años después, caminan juntos más fuertes que nunca, sumando votos en cada cita electoral, algo que apabulla incluso al PNV. A Sortu se le considera la parte “dura” del proyecto, o como Rodríguez define “el carril lento” de esta coalición, por donde circula el objetivo final: independencia y república socialista.

Arkaitz Rodríguez ha pasado diez de sus 41 años en prisión por tres causas judiciales de las que ha sido absuelto. Cumplió diez meses en cárcel preventiva por el sumario 18/98, el ex juez Baltasar Garzón ordenó su detención; dos años y medio por el caso Haika (organización juvenil ilegalizada), y seis años y medio por el caso Bateragune, por el que él y Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto fueron condenados por pertenencia a banda armada al considerar la Audiencia Nacional que intentaban reconstruir Batasuna para intentar formar una “alianza independentista” siguiendo las órdenes de ETA. Ellos lo negaron y defendieron que trataron de llevar a cabo una estrategia hacia la no no violencia. Su condena suscitó indignación incluso entre figuras internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos les absolvió en 2018 al considerar que no habían tenido un juicio justo.

Tres veces en prisión, tres veces absuelto, diez años encarcelado. ¿Tu caso es paradigmático en el Estado?

Creo que en cierta manera sí, pero en ningún caso es único. Los sumarios políticos en Euskal Herria son ingentes: por actividades políticas públicas, por ruedas de prensa, por escribir artículos hay gente que ha cumplido cárcel. No sé si alguien ha pasado tanto tiempo como yo, ya no de forma injusta, sino ilegal, lo que sí sé es que es una práctica recurrente del Estado español en Euskal Herria. 

¿Crees que volverás a ser condenado por el caso Bateragune?

Pienso que si finalmente nos sentamos en la Audiencia Nacional de nuevo, que es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo, seremos condenados prácticamente con toda seguridad, porque en la base de esa decisión está la determinación de condenarnos y justificar a posteriori esos años de cárcel que hemos cumplido de forma indebida. La sentencia del Tribunal Supremo dice que el hecho de pasar tantos años en prisión sin que se sepa el porqué vulnera nuestros derechos y que, por tanto, la única manera de subsanarlo es volver a condenarnos, escribe casi literalalmente. Viene a señalar que el resultado debe ser sí o sí una condena. El juez Baltasar Garzón, alguien tan poco sospechoso de connivencia con la izquierda abertzale, y el cual nos detuvo, imputó y metió en la cárcel en otros casos, ha reiterado que le parece un escándalo que se repita el juicio. Considera que lo que procede ahora es que el Estado nos indemnice y trate de repararnos.

¿No le guardas rencor a Garzón?

Por eso decía que es una opinión cualitativa. Es un juez que en su carrera judicial se destacó como punta de lanza contra el independentismo. Ante él han pasado centenares de personas víctimas de torturas y prácticamente no ha incoado procesos. Por eso le cito a él ante este nivel de escándalo. También el propio presidente de entonces, Zapatero, no solo se ha pronunciado sobre la forma, sino también el fondo: estábamos haciendo todo lo contrario, impulsar una estrategia abertzale para abordar pacífica y democrática el proceso. Jesús Eguiguren [PSE] nos ha dicho declararía a nuestro favor. En la actualidad no puede haber duda, en el juicio dijimos la verdad y el Estado mintió y ahora es una realidad palmaria: ETA desapareció y, en cierta medida, es gracias al trabajo que hicimos y por el que nos encarcelaron, nada más y menos, que seis años y medio de prisión.

¿Pisarás cárcel?

Nunca se sabe con la Justicia española, que de justa tiene bien poco para vascos, catalanes, gallegos y, en general, para cualquier disidente, porque tiene un importantísimo sesgo de clase colonial, patriarcal y clasista.

¿El precio de apoyar los Presupuestos Generales de 2021 fue que la maquinaria del Tribunal Supremo empezara a rodar o ese es el precio de tener grupo propio en el Congreso?

Ambos, diría, incluso más. La sentencia tiene poco ver con argumentos jurídicos y su trasfondo es político: tratar de criminalizar el soberanismo de izquierda, que fruto del trabajo se granjea apoyos más amplios no solo aquí. En segundo lugar, los guardianes del régimen del 78, que velan por su continuidad del anterior están muy nerviosos por la apuesta política de la soberanía de la izquierda, lo que estamos haciendo aquí y lo que estamos haciendo en Madrid, donde EH Bildu es determinante y estamos aprovechando esa nueva posición de relativo poder para incidir en la reversión de las políticas neoliberales que tanto daño han hecho a las clases populares, lo que tiene que ver por la democratización del Estado —nosotros somos independentistas, pero en tanto en cuanto conseguimos Estado propio nos afecta lo que se decida en Madrid—, y por último estamos intentando incidir en normalizar la política penitenciaria, que vulnera derechos de los presos y sus propios familiares, y en una solución integral no solo al conflicto armado, sino al conflicto como tal, el derecho autoderminación. En esa dirección venimos trabajando para hacer valer nuestros votos, y eso esta poniendo muy nerviosos a aquellos que velan por régimen que dejó Franco atado y bien atado.

Tras diez años de coalición, ¿sois el nuevo PNV?

Que no se equivoquen, hay una diferencia sustancial, ellos van a Madrid a negociar el Tren de Alta Velocidad y exenciones fiscales para grandes empresas, nosotros para arrancar derechos sociales y laborales. Mientras ellos han sostenido ese régimen en beneficio de unos pocos suyos, nosotros vamos a tumbarlo en beneficio de muchos. Nos asombró que esto asombrara. Somos independentistas, pero también somos de izquierdas, nos consideramos socialistas, aspiramos a una república y que sea avanzada, que mire por el bien de las mayorías, las clases trabajadoras y populares del Estado y esos pueblos no van a ver garantizados sus derechos si no se supera ese régimen del 78, que fue concebido como una cárcel de pueblos y una herramienta de explotación de esa élite oligárquica.

¿Hasta qué punto hoy en día la política de Euskal Herria se juega en las arenas del Congreso de los Diputados y la tertulia de La Sexta?

En tanto en cuanto permanezcamos en ese Estado y que las decisiones de Euskal Herria se tomen ahí, pensamos que estamos obligados a participar. En su día, Marx expuso en una carta a los trabajadores holandeses que le cuestionaban participar en las elecciones al considerarlas burguesas: su respuesta fue que basta que solo haya una sola trabajadora holandesa en la que sus intereses estén en ese marco para que los comunistas deban estar en él. Pensamos como él.

Me da un poco la sensación de que Sortu ha pasado del municipalismo a la tele y de la calle, a Twitter.

Tenemos muy clara una cosa: la clave del proceso soberanista no está ni en Madrid ni en Paris, que son los dos Estados que oprimen nuestro pueblo, está en Euskal Herria, por ello denominamos un proceso de transformación autocentrado: articular fuerzas que aspiran a status quo mediante proyectos de colaboración que nos permitan hacer pueblo para el avance del proceso de independencia. Solo articulando fuerzas con todas las personas que compartan que somos una comunidad políticamente institucionalizada y que somos un pueblo que nos corresponde decidir vamos a poder superar el bloqueo del Estado y tumbar al régimen 78.

¿Hasta qué punto la izquierda abertzale debe reivindicar su legado anterior, feminista, ecologista y de clase, o hablar de pasado es entrar terreno pantanoso?

Nosotros reivindicamos nuestro pasado, no abjuramos de él ni lo haremos jamás. Hay a quien le gustaría que lo hiciéramos porque lo que busca es neutralizar una lucha inédita y ciertamente exitosa, en la medida que ha mantenido vivas las aspiraciones de democracia, libertad y justicia en un contexto histórico de ofensiva neoliberal, que desestructura la diversidad nacional y cultural. Constituimos una cierta excepción. La izquierda abertzale contribuimos a una sociedad más crítica, más organizada, más progresista, ecologista y feminista. Una sociedad más politizada y pensamos que, en gran medida, se debe a la experiencia de lucha, que se debe proceso liberación nacional. La izquierda abertzale jamás renunciará a esa mochila, porque hay errores pero también aciertos. Hay mucho sufrimiento propio y ajeno, pero también sacrificio, generosidad y amor para el conjunto de este pueblo. La mochila la llevamos desde la lucha antinuclear, la insumisión, el feminismo, la euskaldunización, la lucha obrera, la batalla del Euskalduna.

El problema no es Eukal Herria, ni Catalunya, el problema es España, que no ha sabido romper con el franquismo

¿Después de la violencia se puede hablar de todo?

Eso nos repetían insistentemente los valedores del régimen 78. Pienso que no es así y es bastante evidente. Aún a día de hoy seguimos siendo objeto de la violencia del Estado español. Aquí se habla mucho de ETA y las víctimas de ETA, pero poco de las víctimas del Estado y, mientras que ETA ha desaparecido y ha reconocido el daño causado, la violencia del Estado continúa estando presente y el Estado sigue sin hacerse cargo de esa violencia. No reconoce las víctimas que ha generado y sigue generando, que es un matiz no menor. Que el Estado opte por encarar la resolución del conflicto en términos del primero de octubre en Catalunya es el caso más gráfico, por el simple hecho de querer votar. Fue el elemento cualitativo que colmó el vaso de una posible ignorancia o ingenuidad a ese respecto. Acabada la violencia de ETA no es posible que se pueda hablar de todo y puedan defenderse en igualdad de condiciones con el único limite de la voluntad popular. Ello viene a demostrar que, en contra de lo que decían, no era la violencia de ETA lo que imposibilitaba las palabras, sino un Estado profundamente antidemocrático incapaz de reconocer su plurinacionalidad con pleno derecho a decidir. El problema no es Eukal Herria, ni Catalunya, el problema es España, que no ha sabido romper con el franquismo. 

EH Bildu denota una clara intención de apoyar al Gobierno español hasta el final de la legislatura. ¿Hasta qué punto el auge de la extrema derecha obliga a la izquierda abertzale a realizar un ejercicio de responsabilidad?

Hasta un punto importante, en el que esa derecha y extrema derecha son un auténtico peligro para la democracia y las mayorías. Nosotras nos comprometimos con el pueblo vasco y nuestras electoras a parar el trifachito y ese compromiso es el que anteponemos. Nuestra acción política en Madrid responde a esa consideración.

¿Mejor tragar sapos que a Vox?

Entre lo malo y lo peor, lo malo, porque cuanto peor, siempre es peor. Eso de que cuanto peor, mejor [en referencia a un discurso de Mariano Rajoy], la experiencia dice que casi nunca es así. Por lo que pensamos que, paradójicamente, el proceso de liberación de Euskal Herria y la construcción de la república pasa por lo que estamos haciendo en estos momentos en Madrid.

¿El horizonte de Sortu es su disolución para incorporarse en EH Bildu y que la coalición camine hacia un partido único?

No, en nuestra opinión tanto Sortu como EH Bildu son necesarias. Manejamos la reflexión de que el proceso de transformación social y construcción de liberación nacional puede ser concebido en dos carriles: la política inmediata, electoral, que por definición es conservadora en la medida que debe circunscribirse en lo que puede conseguirse y un segundo carril por el que transita la batalla cultural. Ese proceso necesita dos carriles y si falla uno de los dos, uno puede acabar en el posibilismo más delimitador y otro, en el idealismo. Pero difícilmente un único sujeto puede conseguirlo con éxito. En el primer carril ubicamos a EH Bildu, en la batalla mediática y electoral, y situamos a Sortu fundamentalmente en ese segundo carril, para dotar al proceso de liberación social y nacional.

Se dice, se comenta que eres el nuevo Arnaldo Otegi.

Soy Arkaitz Rodrigez, alguien que ha tenido la suerte de contar con un compañero como Arnaldo Otegi, al cual le tengo no solo como buen compañero, sino mentor político. Evidentemente, la cárcel no es lugar agradable pero dentro de lo malo, tiene también cosas buenas y si tuviera que rescatar alguna es que fue un lujo y honor haberla compartido con uno de los principales referentes históricos del movimiento independentista, con muchas largas conversaciones de patio. Nosotros nos debemos a la militancia, a las bases y siempre estaremos donde estas decidan.

En el País Vasco, tanto si eres PNV como izquierda abertzale o cualquier otro partido, es de vital importancia movilizar a las bases para llevarse el gato al agua el día de elecciones.

Siempre hemos conferido una importancia vital a unas bases movilizadas. El único que puede dar soluciones a problemas es el pueblo. Es fundamental. Cuando salimos de la cárcel, sí que comentábamos que el país había perdido cierto punch, y pensábamos que la razón era la resaca de un cambio estratégico importante. No hay un movimiento que haya desarrollado y abordado un cambio tan grande de esta manera tan exitosa, sin una ruptura o escisión o haber acabado en la marginalidad política. Ahora somos segunda fuerza del país. De un tiempo a esta parte se ha recuperado el tono y cuando la izquierda abertzale recupera el tono, el país también lo hace. Combinamos horizontalidad y verticalidad, es necesaria una dimensión horizontal muy potente que posibilita el debate. Como decimos, somos un sujeto político con forma de coalición, estructuras de partido y vocación de movimiento

¿Cuáles son tus secretos de belleza?

¿En serio?

A tus compañeras de coalición las ponen de vuelta en vuelta en algunos medios de comunicación. ¿El mejor secreto de belleza es ser un señor?

Ah, sí. Conste que de mi pelo también dijeron no sé qué y mi peluquera se ofendió.

¿Qué opinas del nuevo permiso de paternidad de 16 semanas? [Rodríguez se encuentra disfrutando de este permiso; esta entrevista se realizó antes del nacimiento de su segunda hija]

Pienso que ya era hora y que es bien necesario. Es una medida que permitirá avanzar en conciliación laboral y familiar y, por tanto, avanzar en igualdad, porque cuando hablamos de las tareas para el sostenimiento de la vida se debe empezar por lo más cercano, con tu propia casa.

Y sin embargo es un derecho que los hombres habéis conseguido sin una sola manifestación.

Esta conquista también se la debemos al movimiento feminista.

 

 

 

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domingo, 7 de febrero de 2021

"Non Bis in Ídem"

Retomamos el tema del 'Caso Bateragune' con este escrito que desmenuza todas sus irregularidades, mismo que ha sido publicado en Noticias de Navarra:


Resucitar el caso Bateragune

Ramón Zallo Elgezabal y Xabier Oleaga-Arondo | Demokrazia Bai

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido por unanimidad volver a juzgar el caso Bateragune, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entendió, ya en 2018, que Otegi, Díez y demás dirigentes de la Izquierda Abertzale sufrieron una lesión de sus derechos fundamentales en el juicio de la Audiencia Nacional de 2012. Hubo falta de imparcialidad de su presidenta Ángela Murillo, y su recusación no había sido aceptada por la Audiencia Nacional (AN), ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional (TC). Un varapalo europeo a la credibilidad de todo el sistema judicial español sobre temas políticos que, hasta el momento, solo generan nuevos sostenella y no enmendalla.

El tribunal europeo señaló que celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso, debería ser "a solicitud de la persona interesada". Lo mismo han señalado en 2020 la Fiscalía de la AN –que se opuso a la repetición del juicio– y la propia AN después. El TS mismo era proclive, en julio pasado, a la anulación. Pero una sorprendente vuelta de tuerca del propio tribunal, presidido por el juez Manuel Marchena, forzará a los perjudicados, si el TC no lo impide, a revivir un juicio absurdo de partida, 9 años después. Una re-victimización es lo contrario al "in dubio pro reo", y más cuando no hay dubio (duda) sobre el montaje que dio lugar al caso Bateragune, contra la dirección de la Izquierda Abertzale detenida en Segura en 2009 y juzgada en la segunda mitad de 2011, desde una instrucción falsa de raíz, realizada por el incompetente juez Baltasar Garzón, desde su conocido prejuicio de "todo es ETA". Ahora se aprovecha una sentencia europea para volver a vulnerar derechos fundamentales. Una injusticia al cuadrado contraria a Derecho sobre las mismas personas que, además, ya cumplieron injustamente penas largas. Hay muchos visos de regodeo vengativo. El cinismo del argumento de que los reos tienen "derecho a un juez imparcial" o a que se resuelva el fondo del caso, como ha sostenido Marchena, casa mal con que no lo soliciten los afectados, quienes, además, tienen motivos sobrados para desconfiar de esa imparcialidad, independientemente de la futura sentencia.

La justicia española tiene el riesgo añadido de un nuevo ridículo por el triple filtro de recursos posibles, primero, ante el voluble TC (de amparo ya formulado por el abogado Iñigo Iruin y, a futuro, con recurso sobre la sentencia que se dicte en caso de que sea condenatoria), subsidiariamente ante el comité de ministros del Consejo de Europa (encargado de supervisar el cumplimiento de las sentencias europeas) y, por último, ante el propio TEDH que, de todos modos, no entra casi nunca en la materialidad de las sentencias.

Es una falta muy evidente de respeto a lo que son los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos al juzgar dos veces por los mismos hechos. "Non bis in ídem", reza el principio judicial garantista.

El artículo 4 del Protocolo n° 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales aclara que existe el "Derecho a no ser juzgado o condenado dos veces", salvo "cuando hechos nuevos o ulteriormente conocidos o un vicio esencial en el procedimiento anterior pudieran afectar a la sentencia dictada". Y no es el caso porque, por un lado, los "hechos nuevos" fueron en dirección contraria a lo descrito en la instrucción y sentencia sin que merezcan reproche penal, bien al contrario (desaparición de ETA, legalizaciones, participación democrática). Y por otro, la actitud de la jueza Murillo no fue un "vicio esencial" sino causa y base de nulidad procesal. El nuevo juicio es artificial, un constructo, un invento, porque va contra la propia historia transcurrida desde entonces y contra la realidad. Ya el caso Bateragune estuvo basado en la pretendida reconstrucción de Batasuna a través del proyecto Bateragune como "parte del entramado de ETA" y siguiendo "superiores directrices de ETA en la que se hallaban integrados". Ni fue así ni era la intención de los entonces juzgados. En aquel momento ETA iniciaba su disolución por conminación de la cúpula de la Izquierda Abertzale, so pena de fractura en el entorno ideológico independentista.

En 2012 fue legalizado por el TC el partido Sortu, y EH Bildu se presentó como coalición de varios partidos a las elecciones del Parlamento Vasco. Hay una contradicción en sus términos entre unas sentencias y otras. Es un absurdo que el mismo poder del Estado –el sistema de Justicia– que legaliza unas nuevas siglas políticas –un partido y una coalición– para ubicar a la Izquierda Abertzale en el marco democrático vigente, juzgara y condenara por terrorismo a quienes las promovieron mediando en el ínterin, además, un cese el fuego definitivo y permanente de ETA (de hecho desde 2010) y su posterior desaparición certificadora (2018). La falta de correspondencia con los hechos avala el carácter imaginario del relato ideológico-judicial de la Instrucción y de aquella sentencia de piñón fijo para otra época. Aunque no fuese ese el motivo de su anulación europea es evidente que la sentencia de la AN fue manifiestamente injusta y urdida sobre hechos falsos.

La coincidencia de este nuevo momento procesal artificial con el hecho de que EH Bildu haya pactado los Presupuestos con el Gobierno de España y éste haya sido acusado por las derechas de pactar con terroristas, es todo menos casual. La apertura de un nuevo juicio por terrorismo reestigmatizaría en la figura de sus dirigentes a EH Bildu y, de paso, marcaría al Gobierno de Coalición PSOE-Podemos. Este trasfondo político trasladado al ámbito judicial tiene las trazas de una prevaricación.

De nuevo estamos en un momento de politización de la Justicia. Pero esta vez no a instancia del Ejecutivo de turno sino por impulso de lo que se ha venido en llamar el "gobierno de los jueces", que cuando conspiran contra las mayorías democráticas, cabe calificar sus actos desestabilizadores de "ruido de togas".

Se trata de un obstáculo para la normalización política emprendida en Euskal Herria y corroborada por las mayorías democráticas también a escala estatal, dada la nueva política penitenciaria del Gobierno de coalición y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene y la política negociadora vasca.

El sistema de justicia se hace daño a sí misma, porque estando basada teóricamente en los principios de legalidad, justicia e imparcialidad, convierte en un oxímoron la idea de "confiar en la Justicia" cuando se vulneran todos los principios a la vez, como es el caso. Lo llamativo es que arriesga de nuevo un varapalo de Estrasburgo, aunque éste tardaría años en volver sobre el tema. Actúa como en la parábola del escorpión y la rana. No lo puede evitar. Va de suyo en la naturaleza del sistema judicial español en lo relativo a los temas políticos y que viene marcada por las limitaciones de la Transición.

En el impulso de fondo de esta praxis judicial parece haber tres motores. En primer lugar, un concepto de nacionalismo corporativo frente al Tribunal de Estrasburgo quien está corrigiendo continuamente la falta de calidad democrática de muchas sentencias y comportamientos judiciales. La última es la undécima condena desde 1992 por falta de investigación de exjueces instructores (Marlaska, Garzón) sobre casos de denuncias de tortura, lo que hace que gobiernos y judicaturas europeas sean renuentes a extradiciones a España sea de personas vascas o catalanas. En segundo lugar, el imaginario ideológico de que "todo es ETA" sigue vigente, a pesar de su criminal simpleza. En tercer lugar, el nacionalismo español de la mayoría de la judicatura, en la versión más conservadora del estado unitario y de "todo por la patria", ya se puso en evidencia en el Juicio al Procés. El TS se coloca frente al proceso de construcción de la paz, la convivencia y la normalización en Euskal Herria para mantener, desde su nacionalismo excluyente, el zombi ficcional de la política antiterrorista en un mundo que ya ha cambiado. Es un tema que importa a toda la sociedad de Euskal Herria y del Estado español porque se juegan valores y dinámicas centrales: separación de poderes, profundidad de la democracia y libertades colectivas. 




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