Con el conflicto causado por el asesinato del preso político corso Yvan Colonna aún sin apaciguarse de todo y con la promesa de acercar a Alain Ferrandi y a Pierre Alessandri, París ya se está embarcando en otra travesía, esta, muy similar a la que ya navegó con casos de represaliados políticos vascos como el de Josu Urrutikoetxea.
Lean esto que nos informa Naiz:
París analiza las demandas de entrega de varios exmilitantes de las Brigadas Rojas
El Tribunal de Apelación de París comenzará a examinar este miércoles las demandas de extradición presentadas contra diez antiguos activistas de la izquierda italiana durante los llamados «años del plomo» que encontraron cobijo en el Estado francés al amparo de la ‘doctrina Mitterrand’.El examen de las demandas de extradición remitidas por Roma contra diez exmilitantes de las Brigadas Rojas (Brigate Rosse), grupo armado desaparecido en 1980, arrancará la tarde de este miércoles en el Tribunal de Apelación de París.
Es un proceso que se presume largo, ya que solo en esta fase de instrucción se prolongará hasta el 20 de abril, según la información que recoge ‘Le Monde’.
Se abordará así el examen de dos en dos demandas, a lo largo de cinco audiencias en un proceso con implicaciones que desbordan el marco judicial.
Las demandas, relanzadas en 2019 por el entonces ministro de Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, afectan a una decena de activistas que buscaron refugio en el Hexágono entre los años 80 y 90 del siglo pasado para evitar ser juzgados en Italia.
Pudieron establecerse en el Estado francés gracias a la que se conoce como ‘doctrina Mitterrand’, una práctica no escrita que ha regido, con sus más y sus menos, desde 1985 y de acuerdo a la cual se acordaba el asilo a militantes que habían dejado atrás la lucha armada.
Esa doctrina ya se rompió en alguna ocasión, en el caso más sonado con el escritor Cesare Battisti que tras haberse instalado en el Estado francés, en 1990, convencido por las garantías otorgadas por Mitterrand, debió huir de nuevo a América en 2004 para evitar la extradición.
Detenido en 2019 en Bolivia, Battisti fue extraditado a Italia, donde fue encarcelado para cumplir una condena a cadena perpetua.
Aunque el caso de Battisti empañó durante años las relaciones franco-italianas, en 2008, el Gobierno de Nicolas Sarkozy, declinó la entrega de la antigua militante de las Brigadas Rojas Marina Petrella, aludiendo razones de salud.
El Ejecutivo de Emmanuel Macron no tuvo reparos en incluirla en la lista de arrestos que ejecutó la Policía gala, nada más recibir, en abril de 2021, la solicitud de entrega.
Por boca de su ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, el actual presidente francés ya ha aclarado que, de ser avalada en tribunales, ejecutará la entrega de esas personas, que han vivido de forma pública durante 30 o 40 años en el Estado francés, según denunció la abogada Irène Terrel a raíz de esos arrestos, que calificó de «traición incalificable de Francia».
Para Macron, que asegura respetar la ‘docrina Mitterrand’, esta solo se aplicaría a personas a las que no se achaque haber cometido delitos de sangre.
Eje París-Roma
El Gobierno francés se ha implicado activamente en las demandas de extradición de los ex activistas italianos.
De hecho, tras la marcha de Matteo Salvini, precursor de las mismas, trabajó el dossier judicial con los gobiernos encabezados por Giuseppe Conte y luego por Mario Draghi.
En abril de 2021, Roma cursó oficialmente las demandas y París procedió al arresto de siete de esos exmilitantes. Dos más se presentaron posteriormente en comisaría y el último fue detenido en julio de ese mismo año.
El proceso que se abre este miércoles en la Corte de Apelación ha sido retrasado en varias ocasiones entre denuncias de la defensa sobre las lagunas en la motivación de esas peticiones de entregas, y la fase de examen en tribunal, de no mediar nuevas dilaciones, se anuncia cuanto menos compleja.
Pasará tiempo antes de que se conozca una decisión firme sobre las demandas, ya que aunque en primera instancia el Tribunal de Apelación diera luz verde a esas peticiones, los encausados podrían recurrir ya ante el Consejo de Estado o la Corte de Casación, lo que dilataría el procedimiento judicial.
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