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viernes, 4 de marzo de 2022

«Ningún Hecho Delictivo»

Hemos insistido una y otra vez que desde el 1° de octubre de 2017 a la fecha Madrid ha recurrido a la más burda lawfare para castigar a los catalanes por haberse atrevido a llevar a cabo un referendum en favor de su independencia, con el sí ganando abrumadoramente.

Los ataque no han sido únicamente en contra de quienes lideraron el proces desde las instituciones, sino también contra quienes sumaron esfuerzos desde plataformas ciudadanas.

Pues bien, aquí les traemos lo más reciente con respecto al caso en contra de los CDR:


La Audiencia Nacional reconoce que no existe «ningún hecho delictivo» contra los CDR

La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de la defensa de los CDR detenidos por «terrorismo» y finalmente los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación tendrán que declarar ya que considera que «no existe ningún hecho delictivo concreto determinante que centre la investigación».

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional española ha reconocido que los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados en la ‘Operación Judas’ tienen el derecho de reclamar en el juicio la comparecencia de los miembros de la Guardia Civil encargados de la investigación, después de considerar que «no existe ningún hecho delictivo concreto» en el caso.

La organización antirrepresiva Alerta Solidària, en representación de los CDR investigados, presentó un recurso en el que pedía que se interrogara a los agentes de información de la Guardia Civil, aunque el juez instructor, Manuel García-Castellón, de acuerdo con la Fiscalía, se lo denegó.

Ahora, la Audiencia Nacional ha considerado que «no existe ningún hecho delictivo concreto determinante que centre la investigación», por lo que autoriza la declaración de los agentes de la Guardia Civil.

En la interlocutoria, la Sala asume que «es razonable» que la defensa solicite la declaración de los agentes, ya que la formación de los atestados se realiza en función de sus actuaciones en torno a la investigación. «La defensa tiene derecho a disponer del derecho a la contradicción efectiva e igualdad de armas, y a las facilidades necesarias para el ejercicio de su derecho a la defensa», concluye.

En el marco de la «Operación Judas» la Guardia Civil detuvo a varios miembros del CDR acusados de «pertenencia a organización terrorista» y «tenencia de explosivos». Nueve de ellos pasaron tres meses encarcelados en la madrileña cárcel de Soto del Real.

La causa contra Xavier Duch, archivada

Por otro lado, el juez García-Castellón ha acordado el archivo de la causa por razones médicas a Xavier Duch, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República que fue procesado por «terrorismo».

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que el procesado «carece de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas al interrogatorio de la acusación» o del «valor constitucional de los derechos a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia».

«Sería, por tanto, un acusado inerme frente al poder sancionador del Estado. De ahí el mandato histórico de proceder al archivo de la causa y adoptar las medidas de seguridad previstas para aquellos que ejecutan el hecho con una afectación de su imputabilidad», argumenta el magistrado.

En esta línea, García-Castellón constata que «la celebración de un juicio contra quien no entiende ni puede defenderse supone el quebranto de los derechos más elementales que conforman un juicio justo».

Las mismas fuentes explican, como hace constar el juez, que el sobreseimiento se debe a la situación de salud de Duch, que le impide ejercer la defensa con todas las garantías necesarias.

 

 

 

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viernes, 30 de julio de 2021

Egaña | Fake News

Ahora que está de moda hablar de eso a lo que han dado por llamar 'fake news' nuestro amigo Iñaki Egaña aprovecha su cuenta de Facebook para enmendar la plana a quienes alegremente utilizan el término sin ton ni son.

Lean por favor:


Fake news

Iñaki Egaña

Acabamos de conocer una sorprendente noticia, que para el próximo año 2022 se esperan que circulen por los media y las redes más noticias falsas que verdaderas. Es decir, que lo que recibamos como información sea en su mayoría inexacto. A fines del pasado año, el Gobierno español aprobó una orden para monitorizar las noticias y perseguir “la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios". Hay un supuesto intento, creo que condenado al fracaso, para frenar la mentira.

Los que tenemos los hombros cargados por la edad nos preguntamos si esta tendencia, la de las noticias falsas, ha surgido de la nada, o por el contrario se trata únicamente de la amplificación del término. Para quienes nos recostamos entre el Atturri y el Ebro, esto de las fake news es más viejo que los bisontes moteados en las cuevas de Santimamiñe.

En marzo de 2003, después de una campaña sostenida de varios meses para convencer a la opinión pública internacional, EEUU comenzó la invasión de Iraq, provocando una escalada que al día de hoy todavía sigue activa. La excusa fue la de que el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva (químicas, biológicas y nucleares). Pero todo era una burda patraña. Como calificó la BBC al montaje “los datos clave usados por Downing Street y la Casa Blanca estuvieron basados en invenciones, ilusiones y mentiras”.

Aquel supersetelar “fake” fue fabricado por los halcones bélicos que, apoyados en sus servicios secretos, abrieron la espita a la desestabilización de la región. El entonces presidente Aznar repitió hasta la saciedad durante cuatro años: “créanme, estoy diciendo la verdad. En Iraq hay armas de destrucción masiva”. El territorio fue arrasado y cientos de miles de sus ciudadanos asesinados. Pero Aznar fue agasajado, entró a formar parte de la elite mundial y sus conferencias tienen un caché por encima de la mayoría de esa misma élite.

Exactamente un año después, el 11 de marzo de 2004, se produjeron los atentados yihadistas en la capital española y Aznar, nuevamente, volvió a crear su propia noticia. Falsa nuevamente, pero poniendo su personalidad, la de un presidente de Gobierno, como aval para dar credibilidad a una noticia que sabía de sobra era espuria. La de que ETA había sido la autora, en Madrid, de los atentados que causaron la muerte de 193 personas. El peón de aquella estruendosa fake fue Ángel Acebes, entonces ministro del Interior. ¿Acebes fue marginado al descubrirse su montaje? España premia a los malhechores. Acebes perpetuó su carrera en Bankia y más tarde en Iberdrola, la niña de los ojos del Gobierno autonómico jeltzale.

Alguien puede señalar que el conflicto político ha transformado las noticias y que censuras, manipulaciones y prácticas calumniadoras eran inevitables. Pero hay un antes previo, en el que las mentiras eran imperiales. Ya, en esa conquista del Reino de Nafarroa de hace ahora medio milenio, las tropas invasoras se reclinaron en una falsa bula papal para lograr el apoyo de la cristiandad. Y cuando siglos más tarde volvieron los pájaros de acero, esta vez para arrasar la icónica Gernika, la verdad fue escondida y los criminales arrojaron toneladas de tinta para aguantar su tesis, la del suicidio popular. Durante décadas, Madrid ha sostenido la noticia de que Gernika fue quemada por rojos y separatistas.

Dicen que la verdad es la primera de las víctimas en las guerras. Es probable. Pero si se niega el conflicto, ¿cómo se puede adulterar la realidad sin ningún tipo de responsabilidad, siquiera política? En 1998, un concejal del PP de la localidad de La Carolina, en la española Jaén, simuló su secuestro. Bartolín, que era como llamaban sus allegados a Bartolomé Rubia, apareció en Irun y poco después se demostró que todo había sido un montaje. Pero para entonces, ríos de tinta corrieron desde las redacciones, achacando a ETA lo sucedido.

Tal y como ocurrió con un periodista llamado Martin Prieto, cuya “desaparición” en 1996, que al no asistir a su emisión radiofónica matinal fue dado por “secuestrado por ETA”. Una “mujer rubia de unos 35 años” habría sido la autora o el cebo de los separatistas. Nuevamente miles de horas de radiodifusión sobre el supuesto rapto, hasta que Prieto apareció por su casa relatando que había estado alojado en un hotel cercano. Supusieron los cercanos que con una compañía inconfesable.

Pero si estas pueden ser consideradas algunas anécdotas achacables a la inseguridad provocada por el conflicto, existen otro tipo de fakes preparadas expresamente en despachos de inteligencia. Cuando la caída de la dirección de ETA en Bidart en 1992, París difundió falsas noticias, llegando a señalar que los detenidos habían cruzado la muga recientemente. El PSOE fue el artífice, luego jaleado por una tropa mediática ávida del agitar el odio contra el separatismo, de la patraña de la muerte de la bebé Begoña Urroz en 1960 por una bomba de ETA. Adelantado en 8 años las acciones mortales de la organización vasca y enfocándolas a la crueldad que supone matar una niña, incluso durante el franquismo.

Las noticias sobre ejecuciones extrajudiciales convertidas en tiroteos, las desapariciones políticas en ajustes de cuentas o la tortura sistemática en autolesiones de los detenidos, son ejemplos de unas fake news diseñadas desde las más altas esferas del poder y transmitidas por su cadena de mando hasta el último agente para adulterar la criminalidad del Estado.

Ni Egunkaria estaba bajo la dirección de ETA, ni los CDR catalanes pertenecían a una conducta que germinaba en Otxandio, ni en Altsasu hubo una ekintza diseñada contra la Guardia Civil en los búnkeres de la resistencia separatista, ni Moscú financiaba la estrategia del MLNV. Ni, por cierto, comemos berzas únicamente como consecuencia de la demolición de la central nuclear de Lemoiz. ¿Fake news? Nada nuevo bajo el sol en este territorio acosado desde que pelea por su independencia.

 

 

 

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domingo, 6 de diciembre de 2020

Sinrazón de Estado

En un estado contemporáneo europeo donde puedes terminar en el calabozo por trazar el anagrama de una organización desaparecida con un rotulador pero no temer por la cancelación del uso de tu 'libertad de expresión' tras compartir en What'sApp que gustoso fusilarías a 26 millones de personas que no piensan como tú, no es de extrañar que sus estamentos más retrógradas actúen con total libertad.

Aterricen ahora todo eso en la Catalunya de la desconexión, del 1-O, del 155 y de los CDR.

Pues precisamente de eso se trata la reseña literaria publicada en El Diario y que Gabriel Rufián nos comparte en su perfil de Facebook:


El libro que viaja al corazón de las cloacas del Estado de la mano de sus víctimas

La periodista Sara González publica una recopilación de casos de criminalización de la disidencia, desde los falsos informes sobre Podemos a la 'Operación Catalunya', pasando por activistas, políticos y periodistas

Arturo Puente

Ya desde la Grecia antigua se documenta la existencia de redes de cloacas, sistemas de conducción de aguas residuales que recorrían el subsuelo de las ciudades y que servían a sus pobladores para arrojar los desechos, ocultar la basura y mantener limpio el exterior. No mucho más tarde debieron aparecer las cloacas en la segunda acepción del término: personas y entramados que trabajan en la alegalidad dentro, al lado o bajo la protección de sombrías estructuras de los estados para hacer el trabajo sucio que las democracias no pueden permitirse sacar a la luz.

Sobre esas otras alcantarillas, que en España han acaparado titulares en los últimos años sobre todo gracias al excomisario Villarejo y sus andanzas, acaba de publicar un ilustrativo libro la periodista Sara González. 'Per raó d'Estat' (Por razón de Estado), editado por Ara Llibres, es un verdadero viaje guiado al corazón de la cloaca policial, política y judicial española. La obra aborda desde el caso de Egunkaria al de los informes falsos contra Podemos, del 'caso Dixan' al de la CDR absuelta Tamara Carrasco, y acaba formando un variado muestrario sobre las más destacadas fechorías cometidas contra todo tipo de grupos que en algún momento fueron identificados como disidentes por parte de quien decía actuar en nombre del Estado.

"El objetivo de partida de este libro es devolverles la voz que les quitaron o que nunca tuvo tanto eco como la acusación que les cayó encima", asegura la autora del libro desde la introducción, una declaración de intenciones que, sin embargo, no quita que 'Per raó d'estat' recoja testimonios muy diversos y desde diferentes prismas, por ejemplo, el del exministro Jorge Fernández Díaz. Quien fuera ministro de Interior durante uno de los periodos más prolíficos para la alcantarilla policial se muestra satisfecho por su etapa al frente de las fuerzas de seguridad y evita asumir ninguna responsabilidad.

La policía patriótica, del independentismo a Podemos

Aunque el subsuelo que visitamos no es el del metro, aquí también hay paradas. La primera, y seguramente la principal para entender muchas de las otras, es la que tiene que ver con la llamada 'policía patriótica', un grupo de policías que actuó al dictado de los intereses del PP en la etapa de Fernández Díaz. Uno de sus trabajos más conocidos fue el que afectó al 'procés' catalán. Pese a ser un caso sobre el que han corrido ríos de tinta, Sara Gonzalez se detiene en una de las más tempranas manifestaciones de aquella operación: la que afectó al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en octubre del 2014.

El edil vio cómo El Mundo publicaba falsamente que poseía 12,9 millones de euros en una cuenta andorrana, a pocos días de la consulta del 9 de noviembre y a menos de un año de volverse a presentar a las elecciones. Trias desmiente categóricamente la información. "No hay ni un euro en Suiza y ni un euro en Andorra", se desgañita por radios y televisiones, después de poner el caso en manos de abogados. El diario sin embargo no recula sino que da un paso más y, un día después, publica el supuesto número de cuenta donde Trias escondería el dinero, y ofrece datos sobre el informe policial surgido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Un informe que, pese a la espectacularidad inicial, queda en nada solo dos meses después, cuando la Fiscalía lo archiva. El carpetazo mata el caso, pero la noticia ya ha surtido el efecto político previsto. Trias siempre situó a Fernández Díaz detrás del caso, como después demostrarían las grabaciones reveladas por Público en el que el ministro habla sobre la falsa cuenta del alcalde. Según opina él mismo en el libro, el objetivo era contrarrestar la reunión que había mantenido con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que había generado un editorial en su agencia de noticias reclamando un referéndum para Catalunya.

La forma de proceder de la llamada policía patriótica, mediante un informe grueso y sin ningún rigor convenientemente filtrado a la prensa, fue la misma que después emplearían contra Podemos. En enero de 2016, poco después de las primeras elecciones generales a las que se presentó la formación de Pablo Iglesias, un supuesto informe policial vinculaba el partido con dinero del régimen iraní. Esas informaciones poco después fueron adobadas con nuevas noticias que sembraban sospechas sobre una posible vía de financiación del partido a través de Venezuela.

Como en el caso de Trias, el informe sobre Podemos existió y fue bautizado con el nombre de PISA (Pablo Iglesias SA). Aquel documento salió de los despachos de la policía patriótica, fue refundido en la UDEF y, finalmente, acabó llevando el caso al Tribunal de Cuentas. En paralelo, organizaciones y entidades de ultraderecha como Manos Limpias acuden a la Fiscalía. El Ministerio Público sin embargo opina que las informaciones difundidas no están autentificadas y siguiendo ese criterio la Audiencia Nacional acabó dando carpetazo a aquellas denuncias en julio de 2016. De todos modos, los rumores sobre dinero iraní o venezolano en manos de la formación siguen apareciendo en publicaciones de todo tipo, en opiniones críticas y en declaraciones de rivales políticos.

"La clave de la cloaca es su dimensión mediática", explica Iglesias en el libro. "Ellos son perfectamente conscientes de que era imposible atacarnos jurídicamente, pero llegan a la conclusión concurrente de 'difama que algo queda'", afirma el hoy vicepresidente segundo del Gobierno.

Un 'todo es ETA' que acaba en los CDR

Los excesos en la lucha antiterrorista ocupan varios capítulos de 'Per raó d'Estat', bien por acusaciones de terrorismo en el marco del independentismo vasco o bien en su vertiente islamista, como es el llamado 'caso Dixan'. Sobre lo primero, la autora traza un hilo conductor a través de dos historias separadas por casi dos décadas pero que tienen como trasfondo la misma idea extensiva sobre hasta donde llega el terrorismo, conocida por sus críticos como la doctrina del "todo es ETA".

El primer pasaje traslada al lector a la época de José María Aznar, cuando el juez Juan del Olmo dictó una instrucción para cerrar el diario Egunkaria por considerar que los terroristas estaban detrás de la empresa editora y manejando la publicación a través de sus directivos. El libro recoge el relato del director del diario, Martxelo Otamendi, sobre cómo fue torturado por la Guardia Civil a lo largo de cinco días de incomunicación hasta que firmó la declaración autoinculpatoria que deseaban obtener. Según el juez, Egunkaria es parte del "frente cultural y mediático de la estrategia de ETA". Y bajo esa concepción, Otamendi y otros ocho directivos de un medio de comunicación son detenidos, procesados, enjuiciados y tratados como a terroristas.

Los acusados tendrán que esperar siete años para ver desmontado su caso, con una contundente sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a Otamendi y los suyos y entona el mea culpa por el cierre del diario vasco. "La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tenga que estar fomentado o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación", aseguraba el fallo, que recogía por primera vez una crítica judicial del 'todo es ETA'.

"Claro que las operaciones de Estado existen", afirma contundente Otamendi, quien consiguió además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España en 2012 por no investigar suficientemente las torturas que sufrió. El periodista señala ahora al GAL y al 1-O como "dos grandes paradigmas" de operaciones de las cloacas y, precisamente de esta última, también recoge el libro de Sara González un caso reciente: el de Tamara Carrasco.

Carrasco es una activista de Viladecans implicada en el movimiento independentista a través de los CDR, grupos locales nacidos para defender el referéndum del 1-O y que acabaron convirtiéndose en un movimiento de protesta a lo largo de los años siguientes. En abril de 2018 la Guardia Civil entró en casa de la activista en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, que ordena la detención de Carrasco acusada de los delitos de rebelión, sedición y terrorismo. La investigación la situaba en la cúspide de una organización preparada para cometer atentados y actos de sabotaje, pero poco a poco esta teoría fue perdiendo fuerza, hasta el punto de que la Fiscalía acabó rebajando los cargos a desórdenes públicos en enero de este año.

Entre medio, a la acusada le fue impuesta como medida cautelar la prohibición de salir de su municipio durante un año y su nombre estuvo en la picota de medios de comunicación y partidos políticos. Pero ella huye de ser "aquella pobre chica que estuvo confinada". "Tiene que servir para algo", apostilla, porque "ahora hemos sido nosotros, pero mañana serán otros". Carrasco fue declarada inocente hace dos meses. La jueza que dictó su fallo no se ahorro la puya a los investigadores de la Guardia Civil, a quienes acusó de haber abierto el caso de forma "poco seria".

Fernández Díaz: la razón del Estado

La entrevista al exministro es uno de los pasajes más interesantes del libro que publica González porque, tras un largo recorrido por los estrechos caminos de la alcantarilla, el relato emerge para conocer a los que pisan la moqueta de los despachos, a veces con zapatos llenos de barro. Fernández Díaz huye de toda culpa cuando se le cuestiona por determinados excesos policiales o casos iniciados con mucha contundencia pero que han quedado en nada en las salas de justicia.

Ante la insistencia de la periodista, el exministro acaba diciendo que, si bien acepta el principio de que "vale más tener a un culpable en la calle que a un inocente en prisión", creer en esta frase "no significa ser tonto". "En la práctica", continúa Fernández Díaz, "es evidente que todo el mundo aceptaría que si para evitar una catástrofe hace falta que muera una persona… dile razón de Estado o dile como quieras, no sé si me explico", indica quien estuvo al mando de más de 150.000 hombres armados.





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martes, 6 de octubre de 2020

Tamara Carrasco Absuelta

 

Por conducto de El Diario les compartimos esta actualización con respecto al proceso que el régimen español emprendiese en contra de la independentista catalana Tamara Carrasco como parte de la embestida represiva en contra de los CDR.

Aquí la información:

De detenida por terrorista a absuelta: los dos años de laberinto judicial de la CDR Tamara Carrasco

La activista de Viladecans reclamará una indemnización al Estado por los dos días que pasó detenida y los 13 meses en los que no pudo salir de su municipio

Oriol Solé Altimira

Una investigación por terrorismo y rebelión iniciada de modo "poco serio". El reproche a la Guardia Civil lo ha dejado escrito la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona en su sentencia que ha absuelto a la activista de los CDR Tamara Carrasco este martes. El fallo cierra un capítulo que ha llevado a esta joven de Viladecans por los calabozos de la Audiencia Nacional primero y después, a un confinamiento en su municipio mientras los jueces no se ponían de acuerdo sobre quién debía quedarse su caso. Un laberinto judicial del que Carrasco ha salido exculpada.

El indicio contra Carrasco tanto en su detención en abril de 2018 como en el de su juicio más de dos años después era un audio de Whatsapp. En la grabación, Carrasco comunicaba distintos cortes de carretera ya convocados y otras protestas de los CDR que no llegaron a producirse. Suficiente para que la Audiencia Nacional la arrestara por terrorismo y rebelión; irrelevante a nivel penal para la jueza que la ha absuelto. En todos estos meses la investigación no halló ni un solo indicio, más que el citado audio, de su supuesto papel de "coordinación" de los CDR alegado por la Fiscalía y descartado de plano por la jueza.

La detención de Carrasco se produjo en un contexto de alerta máxima en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por las protestas de los CDR, que cortaron carreteras o abrieron barreras de peajes en contra de la prisión provisional de los exconsellers del Govern en otoño de 2017 y el arresto de Carles Puigdemont en Alemania en marzo de 2018. Las protestas de estos grupos habían sido rápidamente calificadas de "kale borroka" por parte del PP. La Fiscalía, en un comunicado inusual, anunció que investigaba por rebelión los "actos vandálicos" de los CDR, equiparándolos con la situación vivida en el País Vasco.

Una semana después del anuncio de la Fiscalía, la Guardia Civil arrestaba a Carrasco. Las fotos de su detención coparon las portadas de los principales periódicos. El Ministerio Público llegó a pedir prisión provisional para la activista, pero el juez la descartó. También rechazó los delitos de terrorismo y rebelión por los que había acordado su detención unos días antes y rebajó la causa a unos desórdenes públicos.

Pese a descartar los delitos más graves, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tardó siete meses en remitir la causa a los juzgados catalanes, los competentes para investigar los desórdenes. Durante todo este tiempo, Carrasco no pudo salir de su municipio, Viladecans, salvo para ir a trabajar, pese a que raramente los jueces toman medidas cautelares tan excepcionales antes de un juicio por desórdenes. El juez tampoco permitió a Carrasco visitar a su madre cuando ésta se rompió una pierna porque "la actividad" de los CDR no había "cesado".

El confinamiento impuesto a Carrasco se alargó otros seis meses. La razón fueron las discrepancias entre los juzgados catalanes sobre quién debía investigar a Carrasco. Un juzgado de Barcelona y otro de Gavà se iban pasando la causa, lo que impedía a la defensa de Carrasco pedir el levantamiento de la medida cautelar. No fue hasta que la Audiencia de Barcelona determinó que la causa se quedara en la capital catalana cuando la jueza puso fin al "desproporcionado" confinamiento.

A la hora de concretar las acusaciones, la Fiscalía mantuvo el audio como la única prueba de cargo de que Carrasco había cometido un delito de incitación a los desórdenes públicos por el que le reclamó siete meses de prisión. Solo incitación, habida cuenta de que no pudo situar a Carrasco en ninguna de las protestas anunciadas en el audio de Whatsapp.

En su sentencia de este martes, la jueza es meridiana: ni el audio de Carrasco incita a ningún delito ni tampoco lo son las protestas anunciadas en la grabación contra la detención de Carles Puigdemont, en las que los CDR cortaron la AP-2, la AP-7 o rodearon la estación de Sants. Afea además la magistrada a la Guardia Civil que no concretara la fuente desde la que obtuvo el audio de Carrrasco. Lo máximo que llegó a apuntar en el juicio el investigador del Instituto Armado fue que la grabación "corría por Whatsapp".

Petición de indemnización

La defensa de Carrasco, que ejerce el penalista Benet Salellas, ha indicado a elDiario.es que la intención de la activista es reclamar una indemnización al Estado por los dos días que pasó detenida y los 13 meses en los que no pudo salir de su municipio. "La sentencia remarca que los actos que Tamara Carrasco explicó en el audio y que los CDR hicieron eran legales y que no hay conducta delictiva alguna a reprochar", asevera Salellas.

La causa de Carrasco también tuvo una derivada internacional. El juez había ordenado detener además de a Tamara a Adrià Carrasco, otro joven barcelonés. Sin embargo el joven consiguió escapar de su arresto. "El caso es un montaje político, policial y judicial", ha declarado Adrià Carrasco a la agencia ACN este martes desde Bruselas, ciudad en la que reside desde hace más de dos años. Sobre él no pesa ninguna petición de extradición, pero sí una orden de detención vigente en España.

Al margen de que la Fiscalía pueda recurrir la sentencia absolutoria de este martes, la actividad de los CDR ha seguido a lo largo de estos años bajo el punto de mira de la Audiencia Nacional. La Fiscalía del tribunal especial y la Guardia Civil investigaron en secreto durante varios meses estas asambleas en una macroinvestigación que derivó en otra orden de detención contra CDR en vísperas a la sentencia del procés. La acusación de terrorismo ha sido cuestionada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso que sigue bajo investigación junto a otras piezas todavía bajo secreto. 




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lunes, 1 de junio de 2020

Diez Rayas del Tigre

Consideramos un tanto cuanto desacertado el fraseado del titular de este artículo publicado por El Nacional, pareciera que la Guardia Civil con ese celo tan ultraespañolista que le caracteriza solo ha cocinado diez casos en contra de los 'enemigos del régimen' siendo que si se toma en cuenta tan solo la cantidad de torturados en la CAV (4,113 según el estudio de Lakua) y después se procede a comparar esa cifra con la de los 750 presos políticos vascos que llegó a haber en 2008 en diferentes centros penitenciarios, pues ya nos podemos comenzar a imaginar cuantos "errores" cometieron los diferentes estamentos del estado borbónico franquista.

Sea que mueva llanto o mueva a risa, el titular se podría estar comentando, digamos, en las 107 herriko tabernak incautadas... o en los pasillos del rotativo Gara que enfrenta un brutal expolio económico que tiene sus raíces en el accionar españistaní en contra de otro rotativo vasco, Egin.

Pero bueno, vayamos con la corriente, aquí la información:


Nicolas Tomás

Esta semana ha estallado la guerra en la Guardia Civil. Primero fue cesado el coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien siguió la dimisión del número dos del cuerpo, el teniente general Laurentino Ceña, y la destitución del número tres, el teniente general Fernando Santafé. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo ha enmarcado en un "nuevo impulso" a la institución, pero hay una gota que ha colmado el vaso: el polémico informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M en Madrid y la propagación del coronavirus.

¿Qué dice este informe? Básicamente es un documento repleto de "errores" de bulto y noticias tergiversadas que responsabiliza al Gobierno por no haber impedido la concentración feminista cuando los contagios empezaban a contagiarse. Señala directamente al Ministerio de Sanidad y al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Incluso incluye testimonios manipulados, que en el informe dicen lo contrario de lo que dijeron en la Comandancia de Tres Cantos.

Pero estos "errores" de la Guardia Civil no son algo nuevo. Un repaso a la hemeroteca de los últimos años envía un triste aviso a navegantes: es un recurso recurrente. El principal móvil ha sido el terrorismo, con y sin ETA. Los vascos y los catalanes han sido las principales víctimas, pero no han sido los únicos. En medio ha habido incluso denuncias no investigadas por torturas. Cuando policías, fiscales, jueces e incluso medios van de la mano, a veces incluso han tenido éxito, con condenas judiciales. Otros casos se han evaporado muy rápidamente ante la estupefacción generalizada.

Los Jordis y el 20-S

Los líderes civiles Jordi Cuixart y Jordi Sàchez fueron los primeros que entraron a la cárcel, en octubre del 2017. Lo hicieron después de las multitudinarias protestas contra la Operación Anubis. La Guardia Civil fue la encargada de construir el relato que acabó condenando por sedición. El primer atestado relataba un clima de "insurrección" con "los numerosos daños que sufrieron los vehículos, los lanzamientos de objetos, el intento de asalto al edificio y la privación de libertad a la cual fueron sometidos la comitiva judicial y los agentes que se encontraban dentro del edificio". Y los señalaba directamente, asegurando que había "una acumulación de indicios sobre la posible responsabilidad de ambas personas (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) como responsables últimos de los hechos del día 20 y 21". Un atestado que ratificaron en el juicio en el Tribunal Supremo con relatos apocalípticos. Hoy los Jordis siguen encarcelados en Lledoners, aunque Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas han pedido la liberación. El mismo patrón se repitió para el 1-O para construir un supuesto alzamiento violento y tumultuario.

Los chicos de Altsasu

Ya hace casi 1.300 días que los primeros jóvenes de Altsasu entraron en la cárcel de donde no han salido desde entonces. Fueron condenados inicialmente a penas de prisión que iban de los dos a los 13 años por desórdenes públicos con agravantes de abuso de superioridad y de odio. La Fiscalía incluso intentó acusarlos de terrorismo. El origen de todo: una pelea de bar con dos guardias civiles fuera de servicio, que salieron con las camisas impolutas. La misma Guardia Civil hizo el informe que los acabó condenando, aunque tendría que haber recaído en la Policía Foral. Incluso la jueza está casada con un alto cargo del cuerpo armado. Amnistía Internacional denunció "motivación ideológica" y parcialidad en la sentencia. Estos jóvenes siguen en la cárcel.

Los siete CDR

El 23 de septiembre del año pasado, después de una investigación de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional ordenó el encarcelamiento de siete miembros de los CDR. El relato de la prensa de Madrid era aterrador. "Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Catalunya el Día D", titulaba El Mundo en su portada. "Torra planeó con los CDR tomar el Parlament después de la sentencia del 1-O", aseguraba el ABC. No sólo habían supuestamente creado una banda armada llamada ERT (Equipos de Respuesta Táctica) sino que incluso les habían encontrado explosivos —primer Goma2 y después termita— en los registros practicados. Tres meses de prisión más tarde, los siete miembros fueron liberados. El auto del juez constataba la "objetiva inexistencia de explosivos", aunque el atestado de la Guardia Civil dibujaba el relato perfecto.

El caso Egunkaria

Después de una investigación de la Guardia Civil, en 2003 la Audiencia Nacional ordenó el cierre del diario vasco Euskaldon Egunkaria y todos sus bienes fueron embargados. Se le acusaba de ser parte del entramado empresarial de ETA. Los vínculos eran "evidentes", según el cuerpo armado. Su director, Martxelo Otamendi, fue acusado de integración en banda terrorista. No fue hasta siete años después de que los cinco imputados fueron absueltos, porque no se pudo acreditar. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó condenando el Estado español. ¿Por qué? Por no investigar la denuncia por torturas presentada por Otamendi.

Tamara Carrasco

En abril de 2018, la Guardia Civil detuvo un miembro también de los CDR (Tamara Carrasco) y anunció la búsqueda de otro (Adrià). Se les investigaba por los delitos de terrorismo, sedición y rebelión por haber participado en cortes de carreteras y sabotaje de peajes durante aquella Semana Santa. Durante el registro incautaron un silbato|silbido amarillo, una careta de Jordi Cuixart y una papeleta del 1-O. Después de pasar por los calabozos de la Audiencia Nacional, Tamara Carrasco fue obligada a un confinamiento (precoronavirus) a Viladecans. Disimuladamente, la Audiencia Nacional fue retirándose de la causa, que pasó a los tribunales ordinarios sólo por desórdenes públicos. No fue hasta más de un año después que Tamara pudo salir de su pueblo. La Fiscalía todavía le pide siete meses de prisión.

Los maestros de la Seu y Sant Andreu

Después del 1-O, hasta ocho profesores de tres escuelas de La Seu d'Urgell se vieron ante un juez. Se les acusaba de un supuesto delito de incitación al odio. En el origen, un atestado de la Guardia Civil, según el cual alumnos de estos centros estaban siendo discriminados y asediados por ser hijos de guardias civiles. El informe policial denunciaba que "estaban sufriendo un acoso tanto del personal docente como de los propios alumnos únicamente por el hecho de que sus padres formaban parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Incluso relataba que uno de estos hijos de guardias civiles fue agredido por eso. Lo mismo pasó con nueve docentes de Sant Andreu de la Barca, con ayuda de la prensa, que les expuso delante de la opinión pública. "Los 9 maestros catalanes de la infamia", llegó a titular El Mundo. Las dos causas acabaron archivadas.

Sumario 19/98

Este caso tiene como protagonista al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, encargado de instruir el macrosumario 19/98. El magistrado ordenó la detención de hasta 76 personas de varias organizaciones que conformaban lo que mediáticamente se bautizó como el "entorno de ETA". Entre estas había la coordinadora AEK, que enseña euskera a personas adultas, o la Fundación Joxemi Zumalabade, acusada de fomentar la desobediencia civil por un manifiesto. Sus miembros fueron condenados a penas de entre nueve y once años de prisión por integración en banda terrorista. La sentencia hacía copy-paste de párrafos enteros de los informes presentados por la Guardia Civil y la Policía Nacional (con errores incluidos). No fue hasta nueve años después de que el Tribunal Supremo absolvió a todos los miembros de la Fundación y rebajó la pena de los otros 38 condenados. Algunos de ellos pasaron igualmente por la prisión a pesar de la posterior absolución.

Operación Dixan

José María Aznar tenía que justificar la invasión de Iraq visibilizando la amenaza yihadista. Es por eso que, en enero de 2003, la Audiencia Nacional puso en marcha una operación que detuvo hasta 23 personas en varios puntos de Barcelona y Girona. Eran acusados de pertenencia a una célula terrorista y de tenencia de armas y explosivos. Fue un informe del Ejército español que apuntó hacia el "napalm casero". Pero no tardó en saberse que los supuestos explosivos eran simplemente productos de limpieza. Aun así, de los seis procesados, sólo uno fue absuelto. Los otros cinco cumplieron íntegramente las penas de prisión, que después de una revisión del Tribunal Supremo fueron de los 6 a los 9 años. Al tratarse de "terroristas", lo hicieron en régimen de aislamiento y dispersión penitenciaria.

Resistencia Galega

Del terrorismo de la organización Resistencia Galega sólo hay constancia en los grandes medios de comunicación, en los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y en la Audiencia Nacional. Sin embargo, se han producido decenas de detenciones. Ninguno de los detenidos ha admitido nunca pertenecer a la supuesta banda terrorista, tampoco los que fueron condenados a largas penas de prisión. No se le han encontrado armas. No se ha hecho responsable de ningún ataque. No ha emitido ningún comunicado. Incluso el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel cuestionó la existencia en un voto particular: no estaba probado.

Terrorismo anarquista vegano

Un nombre conocido, la jueza Carmen Lamela, dirigió la Operación Ice. Iba dirigida contra el grupo anarquista y vegano Straight Edge, a quienes se acusaba de terrorismo por supuestamente atentar contra sucursales bancarias. Pero nuevamente no incautaron explosivos, sino caldo de col lombarda y productos de limpieza. La única prueba del atestado policial, una pintada con el nombre del grupo en una sucursal bancaria dos semanas antes que fuera atacada. Finalmente se transformó en un caso de enaltecimiento del terrorismo por tuits como "Goku vive, la lucha sigue". Juan Manuel Bustamante 'Nahuel' pasó un año y cuatro meses en la cárcel, la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento.

Los titiriteros

Después de recibir un atestado policial donde varias personas denunciaban el contenido de una obra, la Audiencia Nacional envió a dos titiriteros a prisión preventiva durante cinco días. Los hechos tuvieron lugar en febrero del 2016, cuando representaron en Madrid una obra donde se exhibía un cartel irónico donde se podía leer "Gora Alka-ETA". Tan sólo tres meses después, la causa se deshizo entera. El magistrado la archivó, concluyendo que querían criticar los cuatro poderes del Estado. La Fiscalía veía posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo (entre uno y tres años de prisión) y contra las libertades fundamentales (entre uno y cuatro años de prisión).


 Estos diez casos son entonces, tan solo, la punta del iceberg, imaginen lo que hay debajo.






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sábado, 11 de enero de 2020

Caso CDR sin Presos

Ridículo, no se puede calificar de otra forma lo hecho por el régimen borbónico franquista en contra de los CDR catalanes.

Y si a eso sumamos el tema de Oriol Junqueras con respecto al atrincheramiento tras los fallos del TJUE en favor de sus derechos políticos y su inmunidad como europarlamentario -lo mismo que en los casos de Puigdemont y de Comín- pues entonces podemos constatar que Madrid no tiene argumentos de verdadero peso en contra de la autodeterminación de las naciones presas en el infierno estatal español.

Aquí lo más reciente por conducto de Naiz:


Los dos últimos CDR que quedaban presos tras las detenciones del 23 de setiembre por «terrorismo», Jordi Ros y Germinal Tomàs, han quedado libres bajo fianza también por decisión de la Audiencia Nacional. La Fiscalía se ha opuesto, como hizo con Alexis Codina.

Jordi Ros y Germinal Tomàs eran los únicos dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que quedaban presos tras una redada de la Guardia Civil, el pasado 23 de setiembre, en la que se detuvo a nueve personas y encarceló a siete.

La operación se justificó con una acusación de «terrorismo» basada en la hipótesis de que prepararan atentados y manejaran explosivos, luego reducidos por la propia Guardia Civil a «precursores de explosivos» y finalmente señalados por la Audiencia Nacional como elementos sin ningún carácter explosivo.

Cinco de ellos fueron quedando en libertad a lo largo de diciembre. Resultó especialmente interesante el auto dictado por la sala superior de la AN para excarcelar a Alexis Codina, dado que negaba rotundamente la cuestión de los explosivos. Con ello se confirmaba una nueva farsa policial que remitía al del llamado «comando Dixan», también en Catalunya, o al intento del Gobierno Aznar de imputar el 11M a ETA apuntando falsamente al uso de Titadine.

La Fiscalía se posicionó en contra de este auto judicial, asumiendo a pies juntillas todavía la versión de la Guardia Civil. Y otro tanto ha hecho con estas dos puestas en libertad.

El mantenimiento en prisión de Ros y Tomàs se justificaba con la tesis de que formaban parte de un «núcleo productor» de explosivos. Pero ahora se ha autorizado su excarcelación con fianzas de 30.000 euros para Ros y 15.000 para Tomás, con lo que ya ninguno quedará en prisión. Eso sí, a la espera de juicio.






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sábado, 28 de diciembre de 2019

Acusaciones No Sustanciadas

Lo hemos vivido y padecido una y otra vez en Euskal Herria, acusaciones no sustanciadas que teminan en absoluciones pero que a nadie restituyen los días, semanas y hasta años en prisión; a nadie hacer olvidar el terror causado por los operativos policíacos en plena madrugada, de los malos tratos sufridos durante la incomunicación, de la criminalización por parte de los medios de comunicación, de la conculcación de derechos civiles y políticos.

Y ya ni hablar de todos los recursos económicos requeridos para afrontar los procesos legales o las multas y fianzas a sufragar.

Ahora lo está padeciendo la sociedad catalana en general y los integrantes de los CDR en particular.

Es por ello que Torrá exige a Pedro Sánchez que pida perdón. 

Para ampliar la información, traemos a ustedes este reportaje dado a conocer por Público:


En septiembre fueron detenidas nueve personas, vinculadas a los CDR, acusadas de estar "ultimando" un atentado terrorista con fines secesionistas. A día de hoy, solo dos de los nueve detenidos siguen en prisión. Otros cinco han obtenido la libertad bajo fianza. Ha habido otros casos con acusaciones de terrorismo que finalmente no se sustanciaron.

A. T.

El 23 de septiembre alrededor de 500 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado participaron en una de las operaciones antiterroristas más visualmente espectaculares de los últimos años. Se trataba de la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Se difundieron imágenes de varios agentes derribando puertas a golpe de ariete. Los medios de comunicación se hicieron eco de la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: los independentistas detenidos tenían planes “avanzados” para atentar en fechas próximas. El Mundo, por ejemplo, abría su edición en papel con el titular Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña "el día D". Siete de ellos fueron enviados a prisión incondicional y la teoría de que existía un terrorismo independentista catálan dispuesto a atentar corrió como la pólvora.

Sin embargo, apenas tres meses después, coincidiendo con estos días festivos navideños, cinco de los siete miembros de lo que había sido llamado 'Equipo de Respuesta Técnica' han sido puestos en libertad bajo fianza. Los tres primeros fueron puestos en libertad, bajo caución de 5000 euros, el pasado 20 de diciembre. El razonamiento fue el siguiente. La Audiencia distingue dos subgrupos entre los siete encarcelados. Uno era el "productor" de los explosivos, formado por cuatro personas, y otro el "ejecutor". En esta primera decisión, la Audiencia decidió dejar en libertad bajo fianza a tres personas señalando que eran miembros de este último equipo y que, por tanto, no habían tenido ningún contacto con explosivos. Así, Eduard Garzón, del que la Guardia Civil había asegurado que era "el segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal", Guillermo Xavier Duch y Xavier Bugas quedaron en libertad bajo fianza.

Apenas seis días después, la Audiencia Nacional también puso en libertad a Ferrán Jolis, bajo fianza de 5.000 euros, con el mismo argumento: no pertenecía al subgrupo encargado de la preparación de explosivos. Sin embargo, en el mismo día, con la oposición de la Fiscalía, otro auto también decretaba la libertad bajo fianza de 10.000 euros para Alexis Codina, a quien las investigaciones de la Guardia Civil situaban como el dueño de un "laboratorio clandestino" donde se preparaban compuestos explosivos. Además, estas informaciones también señalaban que este laboratorio habría servido como almacenamiento y depósito para terceros de las diferentes sustancias peligrosas.

"Inexistencia de explosivos"

No obstante, el auto de Audiencia Nacional señala que no se han encontrado pruebas de "la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos".

Por tanto, el tribunal declara "la objetiva inexistencia de explosivos en poder del señor Codina" ya que en ella solo se encontraron "precursores" de la termita y también que el acusado dispone de "documentos con información para elaborar explosivos".  Asimismo, el auto de la Audiencia Nacional también siembra dudas sobre la imputación de delitos de terrorismo que pesan sobre los siete integrantes de los CDR detenidos. Concretamente, dice lo siguiente:

"El tribunal, en este momento de resolución de un recurso contra una medida cautelar, con un conocimiento amplio, pero limitado de las actuaciones que se encuentran en progreso de investigación, sin la existencia de una previa organización delictiva de carácter terrorista así declarada judicialmente de referencia, no puede emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos, ni de la existencia de una organización que se habría constituido ex novo, ni desde el punto de vista de sus finalidades, estructuración, previas manifestaciones delictivas, o grado de desarrollo en su posible conformación".

Dos detenidos siguen en prisión

De esta manera, a día de hoy, sólo dos de los nueve detenidos en un inicio en la Operación Judas continúan en prisión cuando han transcurrido tres meses desde las espectaculares detenciones de los acusados y del despliegue mediático que difundió las tesis de la investigación. 

Objetivo: una casa cuartel de la Guardia Civil

Por ejemplo, la información de El Confidencial del día 23 de septiembre, día de las detenciones, señalaba que los detenidos "estaban preparando acciones violentas". La noticia señalaba que la Guardia Civil había hallado durante los registros "una mezcla reactante empleada para desencadenar explosiones denominada termita" y "tenía intención de atentar y manejaba documentos con informaciones de posibles objetivos, entre ellos, una casa cuartel de la Guardia Civil". Como se ha visto anteriormente, la Audiencia Nacional señala que no había "termita" sino "precursores" de la misma.

La mencionada noticia de El Mundo también señalaba que la tesis principal que manejaban entonces las fuentes de la investigación consultadas por el diario era "esas acciones terroristas iban a ejecutarse el día en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del procés". La Razón también dedicaba una parte de su portada de aquel 24 de septiembre al asunto con el siguiente titular: Los CDR de Torra aprietan: iban a atacar un cuartel con explosivos.

La cascada de informaciones y filtraciones continuó. Asimismo, según publicó El Periódico, el sumario seguido en la Audiencia Nacional por terrorismo contra los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) también incluía en varios momentos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra.

En las conversaciones telefónicas intervenidas a los siete presuntos terroristas presos, en sus declaraciones y en informes de la Guardia Civil, se describe cómo prepararon "una red de comunicación segura" entre ambos y cómo el objetivo de ocupar el Parlament contaba con el beneplácito de la Presidencia de la Generalitat. De hecho, el propio Torra se encerraría con ellos en la Cámara el día D.

Otra acusación de terrorismo a una CDR

No obstante, esta no ha sido la única vez que se ha acusado a miembros de los CDR de preparar ataques terroristas en la Audiencia Nacional. En abril de 2018, fue detenida bajo las mismas sospechas y por orden del mismo juzgado Tamara Carrasco. Fue acusada de delitos de terrorismo y rebelión.

Sin embargo, el exjuez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Diego Egea, acordó su puesta en libertad al considerar que, con los indicios recabados, sólo podía ser acusada de desórdenes públicos. El instructor acabó inhibiéndose a los juzgados de Barcelona al entender que no era el juez competente para investigar los hechos.

Tras la detención de nueve CDR el pasado 23 de septiembre, Tamara Carrasco declaró lo siguiente a la publicación La Marea: "Tengo la sensación de que nosotros fuimos la prueba piloto, que no salió bien. Ahora nuestros compañeros llevan a sus espaldas acusaciones muy graves, además de haber entrado en prisión preventiva sin fianza. Como en nuestro caso, los medios de comunicación se han encargado de sembrar la duda, pero sobre todo el odio; está filtrándose información aunque hay secreto de sumario y se están vulnerando sus derechos más fundamentales". 

Otras causas de terrorismo en la Audiencia

Desde la reforma del Código Penal de 2015, que amplió los límites del delito de terrorismo, se han conocido varios casos de investigaciones por este delito en la Audiencia Nacional que finalmente han terminado fuera del delito de terrorismo.  Un ejemplo fueron los incidentes en el casco viejo de Pamplona del pasado mes de mayo de 2017 tras una manifestación. La juez Carmen Lamela, instructora del caso, calificó los hechos de terrorismo. La Fiscalía, atendiendo esta calificación, solicitó siete años de prisión para los acusados. Sin embargo, tras celebrarse el juicio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descartó tajantemente cualquier delito terrorista y condenó a cuatro jóvenes a dos años de prisión por desórdenes públicos.

La Audiencia Nacional también envió a prisión al joven de 25 años Nahuel, miembro del colectivo anarco vegano Straight Edge, acusado, junto a cinco de sus compañeros, de organización criminal con fines terroristas. Nahuel pasó 16 meses en prisión en un maratón de cinco cárceles. La Fiscalía de la Audiencia Nacional desmontó el relato de la jueza instructora e imputó a los jóvenes un delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. Se pidió una pena de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y finalmente fueron absueltos.  Asimismo, también se rechazó que los jóvenes de Altsasu cometieran un delito de terrorismo por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en un bar.






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Sánchez el Difamador

Aquí vamos al erre con erre de los CDR y el hecho incontestable de la puesta en libertad de cinco de los siete detenidos... solo a unos días de los fallos del TJUE en favor de Junqueras, Puigdemont y Comin.

La información llega a nosotros desde El País:


La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad con fianza a tres de los independentistas radicales detenidos por terrorismo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que pida "perdón" por las "difamaciones" sobre los Comités de Defensa de la República (CDR). Después de que la Audiencia Nacional haya acordado prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para un quinto miembro de los CDR investigados por terrorismo, una medida que ya ha dictado para otros cuatro imputados, Torra ha recordado unas palabras de Sánchez en septiembre, cuando instó al independentismo a "desmarcarse rotundamente de la violencia" de los activistas detenidos.

"Difamación tras difamación, durante días y días fui/fuimos acusados de 'amparar la violencia'. Celebro que los encarcelados del 23 de septiembre salgan de una prisión en la que no tendrían que haber entrado nunca. Muchos deben pedir perdón. Y el primero que debe hacerlo tiene que ser el presidente Sánchez", ha afirmado Torra en Twitter.

La Operación Judas entró ayer en una nueva dimensión. Tres meses después de que el juez Manuel García-Castellón ordenase detener a nueve miembros de los CDR y encarcelar a siete de ellos, la Audiencia Nacional aceptó suavizar las medidas cautelares adoptadas contra tres de los imputados, que han salido de prisión en la tarde de este viernes. Esta decisión se toma pese a que el propio instructor decidió hace apenas un mes mantener encarcelados provisionalmente a Buigas, Garzón y Duch al considerar que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Pero los jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal enmendaron este viernes parcialmente su decisión una vez que el ministerio público cambiara también de postura la pasada semana.







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martes, 5 de noviembre de 2019

Un Felipe VI Electoral

Felipe Borbón y Franco, alias el VI, no ha tenido empacho en mostrar al mundo entero quien es el mandamás en Españistán y, haciendo como que no se entera del proceso electoral que culmina el 10-N, se ha presentado en Catalunya como para recordarle a los españolitos que deben votar "constitucional" este domingo.

Pero ahí no queda el asunto, resulta que Felipón ya en Catalunya ha procedido a proyectar sus miserias en el pueblo catalán diciéndoles que hagan el favor de comportarse y que eviten la violencia, que no se muestren intolerantes y que no menosprecien los derechos. Vaya, que para eso de ser violentos, intolerantes y despreciativos a los derechos están ellos, los españoles.

Para que quede claro, el hijito de Juan Carlos y nieto putativo de Francisco Franco ha ido a Catalunya a burlarse del pueblo catalán, movilizado tras la embestida en contra de los CDR y la sentencia en contra de los represaliados del juicio al Procés.

Aquí lo que nos reporta El Diario:


El rey ha lanzado este mensaje en plena campaña electoral, después de que la Junta Electoral rechazase aplazar su visita por no considerarla partidista

Arturo Puente

El rey Felipe VI ha llamado este lunes a que "ni la violencia, ni la intolerancia ni el desprecio a los derechos y libertades de los demás" tengan cabida en Catalunya. El monarca ha pronunciado este mensaje en catalán y desde Barcelona, con motivo de su participación en la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, en la que el propio jefe de Estado ha subrayado su presencia y la de su familia, en medio de las protestas contra la monarquía que se han celebrado en la capital catalana.

"Hay ocasiones en las que las presencias adquieren un significado más trascendente que las palabras; en las que, a través de actitudes, se expresan también profundas convicciones y sentimientos. Y hoy es una de esas ocasiones, una de esas ocasiones importantes", ha dicho Felipe VI, que ha debido acudir a la ceremonia custodiado por un importante dispositivo de seguridad para esquivar a los manifestantes que trataban de bloquear los accesos.

El jefe del Estado ha loado la contribución catalana a la democracia como "inspiradora para el resto de España". Una Catalunya, ha descrito, "orgullosa de sus señas de identidad, plural e integradora, constructiva y solidaria con el progreso general; en la que el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el espíritu cívico enriquecieron las raíces de la sociedad democrática que hoy disfrutamos", ha dicho. Pero al mismo tiempo, Felipe VI ha reclamado que esta contribución catalana a España que no sea un "recuerdo del pasado" sino una realidad para el presente y el futuro.

En su discurso, el rey se ha mostrado además en plena sintonía con la Fundación que lleva el título catalán de su heredera, dedicada a la promoción del talento joven. En mundo actual, ha dicho, "nuestros jóvenes no pueden vivir aislados, recluidos en fronteras impermeables" porque "las fronteras hoy las marcan el conocimiento, la formación, la educación, la investigación; también los valores humanísticos que inspiran la defensa de un mundo más justo, más solidario, más sostenible".

El jefe de la Casa Real ha lanzado estos mensajes en plena campaña electoral hacia el 10N, y después de que la Junta Electoral rechazase aplazar su visita por considerarlo exento de adscripción política. Una opinión que no comparten ni los partidos independentistas ni los 'comuns', que han tachado el evento de este lunes de "acto electoral". Varios representantes políticos de JxCat, ERC, la CUP y las entidades se han sumado a las protestas contra el rey, que han congregado miles de personas en el exterior del Palacio de Congresos de Catalunya.

Pero antes que el rey, la atención de la ceremonia se ha centrado en la princesa Leonor, que en esta edición ha participado por primera vez en el evento de la fundación que lleva su nombre y ha pronunciado por primera vez unas palabras en catalán. "Desde muy pequeñas, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, nuestros padres nos han hablado de Girona y de Catalunya siempre con verdadero afecto. Gracias a ellos, sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanas", ha dicho la heredera en lengua catalana, para acabar asegurando que "Catalunya siempre ocupará un lugar en mi corazón".

El rey Felipe VI, junto a la reina Letizia y sus dos hijas han asistido a la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, que este año ha celebrado su décimo aniversario en el Palacio de Congresos de Catalunya, en Barcelona, después de que las protestas hiciesen a la organización abandonar la ciudad de Girona el año pasado. Ha sido el primer viaje oficial del rey a Catalunya después de que se conociera la sentencia del procés y también la primera vez que la princesa Leonor participaba en un acto en Catalunya, después de su estreno, el mes pasado, en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias.

Las protestas de los independentistas se han sucedido desde este domingo por la tarde, cuando los miembros de la realeza llegaron a Barcelona. Este lunes miles de personas convocadas por los CDR, entidades independentistas y los partidos se han dado cita en las inmediaciones del edificio donde se ha celebrado el acto, en la avenida Diagonal y cerca de la Zona Universitaria, donde han intentado bloquear los accesos y han impedido la entrada de algunos de los asistentes al evento al grito de "fuera el Borbón" e "independencia".

Pero la reivindicación por la libertad de los líderes independentistas encarcelados se ha acabado colando en la ceremonia de la Fundación Princesa de Girona de una forma imprevista. El matemático Xavier Ros-Oton, uno de los premiados, ha recibido el galardón y ha saludado al rey Felipe VI luciendo en la solapa un lazo amarillo.

El Palacio de Congresos de Catalunya había sido blindado por un millar de agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, un dispositivo policial gracias al que finalmente se ha conseguido abrir un paso que ha permitido acceder a los invitados. El acto ha dado comienzo a la hora indicada, a las 18:30 horas en punto, cuando los reyes y sus hijas han llegado acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el presidente del Senado, Manuel Cruz, y la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. No ha asistido ningún miembro del Govern de la Generalitat ni tampoco la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Las relaciones entre la Casa Real y las autoridades catalanas quedó muy deteriorada desde los sucesos de otoño de 2017, especialmente después de que el rey compareciera en un mensaje televisado en la noche del 3 de octubre, tras la huelga y las manifestaciones contra la actuación policial. Desde el soberanismo se adujo que el rey había impulsado con sus palabras la actuación judicial que, al poco tiempo, llevaría a la prisión tanto a los Jordis como a varios miembros del Govern y a la entonces presidenta del Parlament. Desde aquel mensaje tanto la Generalitat como los partidos y el movimiento independentista han cargado con frecuencia contra el rey y han realizado protestas cada vez que el monarca ha acudido a Catalunya.






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lunes, 4 de noviembre de 2019

Entrevista a Bel Pozueta

Por medio de esta entrevista a Bel Pozueta publicada por El Nacional se reafirma el estrecho vínculo solidario entre los pueblos vasco y catalán.

Les invitamos a leerla:


Nicolas Tomás

Es inevitable no ver en Bel Pozueta la voz de los padres de Altsasu. Su hijo Adur está cumpliendo una condena de prisión ahora rebajada a ocho años y medio, de los cuales ya ha cumplido más de 1.000 días. Ella es educadora sexual de profesión, pero, por las circunstancias, se ha visto abocada a nuevas responsabilidades. Entre estas, ser la cabeza de lista de EH Bildu por Navarra, donde el 28-A se quedó a las puertas del escaño. Pese a todo, cuando habla, se nota que no es una política profesional, sino una recién llegada. Abre a ElNacional.cat las puertas de la sede de los abertzales en Pamplona como si fueran las de su casa.

Lleva un lazo amarillo. ¿Es la misma causa que la de Altsasu?

No es lo mismo, pero enfrente tenemos a los mismos. De alguna manera se ha cuestionado un elemento importante, que tiene mucho peso en esa grande y libre que es España, que es la Guardia Civil. Se ha cuestionado y han aprovechado una pelea de bar para sacar todo eso y crear este montaje. Altsasu en su trayectoria histórica ha cuestionado las fuerzas de seguridad. Y en la otra cara de la moneda, Catalunya ha cuestionado la territorialidad.

He estado en Altsasu y muy pocos quisieron hablar conmigo. Me dijeron que ya habían ido muchos periodistas y que sólo habían causado más dolor. Que ya desconfiaban de todos...

Hay mucho dolor y desconfianza. No sabes quién y cómo se va a utilizar lo que tú digas. Hemos visto cómo la prensa misma ha sido uno de los pilares para poder afianzar toda la historia jurídica. Poder defender un caso de terrorismo sin un previo era imposible. Entonces tenían que crear una realidad de violencia, una realidad de problemas de convivencia, una realidad que no existía. Y eso lo hizo la prensa.

¿Cómo están sus hijos hoy?

Con una situación inestable. Ahora viendo cómo pueden afectar los resultados de las elecciones para la política penitenciaria. Porque es así. Hemos visto cómo se utiliza la política penitenciaria en este Estado. La dispersión es aplicación de una política penitenciaria, pero además política: con un objetivo político. Y con nuestros hijos pues también el cómo se va a poder ejecutar y concretar esos derechos como presos que va a depender de una política penitenciaria.

¿Tiene alguna esperanza con Marlaska al frente? 

No sé cuánto tiempo le queda a Marlaska... Pero ha tenido tiempo de hacer cosas y no las ha hecho, tanto en nuestro caso como en el caso de los presos catalanes y vascos.

Recientemente el Supremo revisó la sentencia, eliminó el agravante de discriminación, y se rebajaron ligeramente las penas. Se vendió casi como si los perdonaran...

Cuando la primera petición fiscal, que era de 62, 50, 25 años, o sea una barbaridad, nosotros ya lo decíamos: nos han pedido algo desorbitado para que cuando vengan con penas más pequeñas que estas, pero que van a ser desorbitadas, pensemos que mira, que por lo menos nos han quitado quince años de encima. Y sigue siendo una barbaridad, una desproporción. Y ahora han hecho lo mismo. Y lo mismo han hecho con los catalanes. No tienen en cuenta que un año en la cárcel, un día en la cárcel ya es una barbaridad.

¿Hay puntos en común entre las dos sentencias? 

La desproporción y la vulneración de los derechos. Desde la instrucción, donde no se ha tenido en cuenta para nada las pruebas documentales ni testificales. Lo único que ha valido ha sido un relato previo, que es el de la Fiscalía, y ese es el que ha concretado. Y eso fue con nosotros y ha sido también con los presos catalanes. Y ha sido además, en nuestro caso, un juicio ideológico. El alegato final de la Fiscalía fue terrible. Habló del Holocausto, habló de la situación que se vivía en Altsasu como nazismo. El alegato que escuchamos también con el juicio del procés fue también bárbaro.

¿Cómo ve lo que está pasando ahora en las calles de Catalunya?

Lo que está ocurriendo en las calles es para cogerlo con muchísimo respeto y con orgullo. Que la ciudadanía salga a las calles a protestar y a solicitar el derecho a decisión, y que salga a decir que esto es una injusticia, y que los presos tendrían que estar en la calle entonces. Es para decirles "Zorionak por lo que estáis haciendo".

¿Y la reacción del Estado?

La cerrazón. Y que hay una tendencia o una concreción del autoritarismo y de la falta de democracia. A un problema político, el Estado está respondiendo con represión; a un alegato al diálogo y al respeto está respondiendo con represión. Con represión lo único que va a generar es ahondar en el sufrimiento. Cuando vamos a Catalunya nos dicen que el Estado español es una fábrica de independentistas. Precisamente esa respuesta represiva hace que mucha gente que no era independentista y está viviendo unas situaciones que no entienden les confirme que nos tenemos que independizar.

Ahora mismo hay siete miembros de CDR encarcelados y acusados de terrorismo... 

Siete, son siete, como los nuestros. Siete. Se están dando muchos paralelismos. Hace dos años Cuixart y Sánchez fueron también encarcelados el 16 de octubre. Un año antes habían sido los sucesos de Altsasu. Se dan tantas cosas que coinciden... Y lo que ha ocurrido con los CDR ha sido crear de nuevo un relato, volver a hablar de terrorismo... Nadie sabe dónde están esos explosivos. Es un relato que nadie entiende pero que es necesario por parte de los medios de comunicación o que necesitan ese relato para poder justificar luego lo que vayan a decir.  La instrucción y todo el proceso es muy parecido. Con nuestros casos, viendo y comparándolos, da la impresión de que son casos de manual. No sé de quién puede ser ese manual.

¿De Barrionuevo?

No sé... No me atrevo a aventurar nada.

Sí que se ha hablado de la plantilla vasca.

Pero la plantilla vasca no se inventó para los vascos aunque se adaptó a la situación de Euskal Herria. La plantilla vasca era una plantilla de represión pensada para otros pueblos, incluso se pudo también jugar con cómo reaccionaba el pueblo vasco para otras otras realidades.

Estos meses se ha hablado mucho de Navarra en la política española... ¿Ha habido algún pacto con el PSN?

¿Con el PSN?

Es lo que se dice... 

EH Bildu dice que no ha habido un pacto con el PSN. Y EH Bildu dice que hablar está dispuesto a hablar con todo el mundo.

¿Por qué se abstuvieron?

Allá donde se plantea hacer frente a la derecha, se le hace frente. Navarra Suma no salió porque EH Bildu se abstuvo. Por otra parte, intentar por lo menos favorecer un gobierno que pueda ser de progreso. No quiero decir que este gobierno lo sea. Pero, estando donde estamos, podemos también posibilitar o condicionar políticas progresistas.

Ya, pero al final es un partido el PSN que les ha echado del Gobierno de Navarra y que incluso ha entregado el Ayuntamiento a la derecha. Y aún así se abstuvieron.

Sí, porque también sabíamos que Navarra Suma no estuviera en el gobierno suponía mucho para la ciudadanía navarra.

¿Lo mismo es aplicable en el Estado con Pedro Sánchez?

Lo mismo. Por una parte un gobierno de progreso con políticas progresistas en el ámbito político y social. Por otra parte, el derecho a decidir. Y finalmente hacerle frente a la derecha. Y siempre teniendo en cuenta que no se entregará un cheque en blanco.

¿Pero la abstención de Bildu va a costar más que la anterior legislatura?

Más o menos las condiciones son esas. Siempre dispuestos a hablar y a dialogar pero también sin entregar cheques en blanco. Y siempre políticas de progreso social. Y siempre también el derecho a decidir y acercar y liberar a los presos.

La realidad es que en julio no había nada de eso sobre la mesa, ni derecho a decidir ni ninguna de las condiciones, y aún así EH Bildu se abstuvo.

Vuelvo a decir que era la posibilidad de hacerle frente a la derecha y la posibilidad de concretar políticas de progreso. Se aceptaron también y salieron adelante decretos que tenían que ver con los derechos de la ciudadanía, con facilitar avances en la parte social.

¿Va a a ser una condición que el PSOE levante el cordón sanitario que les ha puesto? En las negociaciones de este verano se reunió con todo el mundo, hasta con ERC y JxCat, pero no con ustedes.

Con EH Bildu habla todo el mundo aunque no lo reconozca. Ha habido contactos. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hablar y lo que se hace de cara a la galería y lo que se hace internamente...

¿Qué van a hacer ahora en Madrid?

Una política que suponga una democratización y eso vamos a concretarlo también porque tenemos una política de alianzas. La declaración de la Llotja del Mar, donde nos hemos juntado con fuerzas soberanistas de todo el Estado, es un ejercicio de fortaleza y es un ejercicio también de demostrar que, con mínimos importantes, es posible juntarse y ser más. Y eso va a condicionar también la política en Madrid.

¿Ha podido leer el programa de Pedro Sánchez? 

No...

Pues ha hecho una buena limpieza, tanto en el ámbito nacional como en el social. Se han salvado las declaraciones de Granada y Barcelona por una llamada de Iceta... ¿Esperan algo de este Pedro Sánchez?

La experiencia nos hace ver que podemos esperar poco de un PSOE débil. Pero también es cierto que se pueden condicionar políticas, y que si somos fuertes y somos más podemos condicionar.

¿Y cómo se le obliga a dialogar, a sentarse en una mesa? 

Con fortaleza. Y cuando un gobierno no está dispuesto ni a dialogar, no está dispuesto desde el respeto a sentarse, también crea más fundamentos para que se decida una independencia.

¿Hay soluciones fuera del diálogo?

Cuando alguien no quiere dialogar, da más argumentos para decir yo me voy. Escucho yo a veces en la tele "pues que se vayan". No, nos vamos a ir de ningún lado. Simplemente que vamos a autodeterminarnos, que vamos a decidir por nuestro futuro, que no vamos a esperar lo que desde Madrid nos digan, que vamos a empezar un camino pero como pueblo. Eso en el ámbito catalán está muy avanzado y reconozco que en el ámbito de Euskal Herria todavía nos queda recorrido. Y también reconozco que vamos a tener que hacer mucha pedagogía. Pero con un Gobierno que impone y que reprime, paradójicamente facilita.

Puede provocar algún cortocircuito que sean los independentistas catalanes y vascos los que tengan más "sentido de Estado".

Esta es la paradoja que te digo. Estás diciendo que quieres hablar y sentarte, y te estás encontrando con autoritarismo, con represión. Tú me dices a mí que yo soy violento, que yo estoy imponiendo, y justamente te estoy diciendo que vamos a sentarnos.

El 28 de abril se quedó a las puertas de entrar en el Congreso. ¿Cómo lo ve esta vez?

Esta vez yo me olvido de las encuestas, aunque nos van bien. Yo veo que tuvimos unos resultados que fueron históricos y que por poco no llegué al escaño. Ahora vemos que es posible mantener pero que no hay que bajar la guardia, que tenemos que estar con ese compromiso que hace dos meses tuvimos. Y decirles también a esas personas que ven la importancia que supone que una voz feminista, soberanista y de izquierdas, y que va a hablar desde Navarra sobre Navarra, que merece la pena esta vez, que no duden.

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para que se haga justicia?

Hace poco, en una entrevista, Antxon (su marido) decía que si hay que ir a Marte iremos a Marte. En todo este recorrido de tres años ha habido un proceso de empoderamiento en todas las familias. Hemos visto que con la verdad y con la demanda de justicia y la no vulneración de los derechos humanos somos quién para ir a cualquier lado. No hemos tenido miedo para ir a Bruselas, no hemos tenido miedo para ir a Estrasburgo, ni para ir al Parlamento navarro o español. Y estaremos dispuestos a ir donde tengamos que ir. Además con una gran fortaleza porque nos sentimos arropados. Hay una gran parte de la sociedad que nos está diciendo que no hay que permitir esto y que ánimo. Entonces a donde haya que ir.






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