Este trabajo investigativo de Iñaki Egaña dado a conocer en las páginas de Gara va a causar revuelo:
Se acaban de cumplir 50 años de la muerte de Enrique Ruano, el joven madrileño que falleció bajo custodia policial el 20 de enero de 1969. La versión oficial señaló que Ruano se había suicidado al arrojarse por la ventana de una vivienda familiar que la Policía registraba en su presencia. La versión alternativa, difundida por la oposición franquista, apuntaba por contra a que el joven había sido torturado y que fue la Policía la que le arrojó por la ventana de la vivienda. Ninguna de las dos se acercaba a la verdad, según este reportaje que aporta nuevos datos claves sobre los motivos: Enrique Ruano fue una víctima del Estado de excepción promulgado meses antes en Gipuzkoa a consecuencia de la muerte del comisario Melitón Manzanas, reivindicada por ETA. Su «delito» fue haber entablado relación con la pareja de exiliados vascos formada por Loli Latierro y Ángel Artola, militante de la organización en su fase inicial. El piso de cuya ventana se arrojó el cuerpo de Ruano era el que cobijaba a los dos vascos. Y una de las solidarias con ellos se llamaba Ana Fraga Iribarne.
Iñaki Egaña
El joven madrileño Enrique Ruano era militante del FLP, por tanto uno de los popularmente conocidos como felipes por las siglas de la organización. Fue detenido la noche del 17 de enero, cuando repartía octavillas en el centro de Madrid, junto a su pareja Lola González, Abilio Villena y José Bailó. Una llave en posesión de Lola, que generó sospechas desde el comienzo de los interrogatorios, fue la causa de que Enrique fuera trasladado a una vivienda del portal 60 de la calle General Mola (hoy Príncipe de Vergara) de Madrid al mediodía del 20 de enero. Coincidía con la puerta C del séptimo piso. Dos horas después, un policía llamaba a los padres de Ruano para comunicar la muerte de su hijo. Versión oficial: suicidio.
Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, gestionó una intoxicación oficial para convertirla en relato. Filtró un diario de Ruano, hallado en casa de sus padres, en el que mostraba supuestas tendencias suicidas del joven, para justificar su muerte y avalar la versión oficial. El diario ‘‘ABC’’, dirigido por Torcuato Luca de Tena, hizo de transmisor, a través del incombustible Alfredo Semprún, y el resto de diarios del régimen extendieron la nota. El propio Fraga llamaría a la familia de Ruano para amenazarla por las protestas y las dudas generadas por su versión.
La generación estudiantil contemporánea a Ruano se alzó en la Transición contra semejante versión y, ya con el Gobierno de Felipe González, una jueza madrileña reabrió el sumario 6/69 para investigar los hechos. Entre quienes reivindicaban la figura de Ruano se encontraban pesos pesados de la Transición, compañeros de estudios en la Complutense de Madrid o de militancia antifranquista, tales como Gregorio Peces Barba (uno de los redactores de la Constitución), José María Mohedano (diputado en dos legislaturas por el PSOE), el siquiatra Carlos Castilla del Pino, Alfredo Pérez Rubalcaba (líder del PSOE y años después ministro del Interior), Fernando Savater (filósofo ultranacionalista) o el miembro del Poder Judicial Manuel Gómez Benítez.
El caso tendría una particularidad clara. Logró evitar la Ley de Amnistía de 1977, hecho relevante, porque fueron imputados varios policías por una muerte ocurrida en 1969 y se celebró juicio en 1996. La relevancia y lo insólito de la revisión lo han convertido en un hecho único, hasta el punto de que cuando el juez Baltasar Garzón fue imputado por prevaricación al abrir la querella contra el franquismo, en 2009, su defensa mostró como eje central de su argumentario esta reapertura del caso Ruano. Aquella excepcionalidad salvó a Garzón de su inhabilitación porque el Tribunal Supremo le absolvió (su condena inhabilitadora llegaría con otro tema, la Gürtel).
La sentencia de la revisión del 6/69 probó que Enrique Ruano había recibido un disparo y que habían desaparecido unos huesos del cadáver para que no se apreciaran las huellas del disparo, pero no logró aclarar su caída por la ventana del inmueble donde había sido conducido por tres miembros de la Brigada Político Social. Los tres agentes implicados –Francisco Colino, Celso Galván y Jesús Simón– fueron absueltos porque, como sucedió recientemente en el caso de Iñigo Cabacas, no se pudo determinar quién de ellos había sido el autor del tiro mortal. El Supremo ratificó su absolución en 1997. Los tres continuaron su carrera policial, alguno de ellos incluso en la Casa Real.
Juan Luis Uriz, que fue detenido por Billy El Niño, reflejaba en sus memorias un dato que debieron recoger otros torturados, de mano de los victimarios: «Ten cuidado, que se te va a ir la mano otra vez y lo vas a matar. No importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar».
Quienes llegaban del franquismo, sin embargo, mantuvieron las tesis de Fraga, aún en vida. El eterno historiador ultra Pío Moa salió a defender la versión oficial de 1969 en fecha tan tardía como 2003: «La poca relevancia política de Ruano vuelve improbable la tesis del asesinato». Aquí cabe una pregunta a Moa: si hubiera una relevancia relacionada con los vascos, ¿la tesis del asesinato sería verosímil? Pero no adelantemos acontecimientos todavía...
La rehabilitación de Ruano llevó a que recibiera homenajes institucionales y parte de la clase política española agrandara su currículo antifranquista. En 2008, la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiaba abogacía el joven, estableció el Premio pro Derechos Humanos Enrique Ruano. Un premio gestionado en sus últimos años por Fernando Savater, que por ejemplo en 2017 recayó en Leopoldo López, opositor al régimen bolivariano de Venezuela, y en 2018 en Consuelo Ordóñez (Covite) y Maite Pagazaurtundua, diputada por UPyD en el Parlamento Europeo.
De Eibar a Madrid
Volvamos al verano de 1968. La muerte en atentado del comisario Melitón Manzanas fue respondida por el Gobierno español con el establecimiento de un Estado de excepción en Gipuzkoa que se extendió durante seis meses. Al menos 279 hombres y mujeres fueron detenidos, la mayoría denunció torturas, y de ellos 107 fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público (predecesor de la Audiencia Nacional). Fueron numerosos los militantes de organizaciones clandestinas que logaron evitar la detención y huyeron antes de ser apresados por la Policía y la Guardia Civil..
Entre ellos se encontraba la pareja formada por Ángel Artola y Loli Latierro, el primero natural de Andoain y ella vecina de la Parte Vieja donostiarra. Artola fue militante de ETA de primera generación. Ya había sido detenido y torturado en 1963, precisamente por Manzanas, junto a otros militantes de la organización vasca, en una redada que afectó también, entre otros, a José Ángel Irigaray, José Luis Zalbide, Antton Imaz y José Mari Eskubi. Y volvería a ser detenido y torturado, esta vez en 1966, por la Guardia Civil.
Tras salir de prisión Artola se integró en uno de los muchos grupos de estudio y debate que se extendían por la geografía vasca. El suyo fue conocido como la Comuna de Rentería y de él formaban parte gentes de ideologías tan heterogéneas como Luis Rodríguez Aizpeolea, Manu Escudero, fundadores del sindicato USO y curas obreros. José Ramón Rekalde fue también colaborador esporádico de la Comuna.
Uno de estos curas casó en noviembre de 1967 a la pareja, que se trasladó a Eibar, donde Ángel trabajó en un taller armero. Hasta que, a los pocos días de la muerte de Manzanas, ya en pleno Estado de excepción, Artola recibió una llamada de casa de sus padres en Andoain, avisando de la presencia de la Policía. Artola y Latierro huyeron precipitadamente de Eibar, con la ayuda de Antonio Cancelo (luego presidente de MCC), que les transportó hasta Donostia. Le siguió una nueva huida a Gasteiz y asimismo de la capital alavesa, tras correrse en Andoain el rumor de dónde estaban escondidos. También por los pelos, porque la Policía llegó hasta la vivienda que les cobijaba instantes después.
Tras un largo periplo, Artola y Latierro se alojan en una casucha del barrio de Palomeras Bajas, en Vallecas, aprovechando los contactos que habían realizado en el viaje de novios, a través de los colegas de la llamada Comuna de Rentería. Sus anfitrionas serían dos mujeres: Ana Fraga Iribarne y Mari José Martí. La primera, clave en los acontecimientos posteriores, hermana del ministro franquista, además de militante de CCOO; y la segunda, trabajadora de la editorial ZYX, un proyecto gestionado por curas obreros.
A principios de noviembre de 1968 Artola y Latierro se trasladan a un piso de Madrid, después de que una de las compañeras de Palomeras Bajas fuera infectada de tifus. Artola utilizará la tapadera de trabajador de ZYX para firmar el contrato de arrendamiento. El piso será precisamente en el que murió Enrique Ruano, casi tres meses más tarde.
Entre las visitas que reciben en su nuevo piso está la de José Ramón Rekalde, quien les pasa el contacto de Enrique Ruano y Lola González. Perdidos los vascos en la capital española, las dos parejas congenian pronto. Pasan las navidades solos, con la comida que les prepara la familia Ruano, acuden al cine juntos, deambulan por la Gran Vía… y con la afinidad lograda, dan una llave de su piso en General Mola a Ruano y González para que lo usen en su ausencia. Él y ella viven entonces con sus respectivas familias.
El 18 de enero, por la mañana, Margot, hermana de Enrique Ruano, llama a Artola para comunicarle las detenciones. La pareja vasca vacía el piso, apenas deja una maleta con ropa, y entrega los documentos más comprometidos a un jesuita. Las dos noches siguientes dormirían en dos pensiones, alejadas entre sí, por motivos de seguridad. Hasta que el día 20 llaman a Margot para conocer, pasadas ya las 72 horas de detención, la suerte de Enrique y Lola. Es entonces cuando saben de la tragedia: Enrique Ruano ha muerto.
¿Qué había sucedido? En el tercer día de detención, Enrique ha cedido a las presiones y revelado la dirección de la llave sin identificar encontrada en el bolso de Lola. Su compañera no había aportado información alguna al respecto. Con este dato, los policías reconocen al inquilino de la vivienda, Ángel Artola, según el sumario 6/69 «miembro de ETA en activo». Consultar su historial les hace ahondar en su convicción. Al llegar a la casa y comprobar que sus moradores han huido, aceleran suposiciones y precipitan los acontecimientos. La excusa ya estaba construida: Ruano, el FLP, los comunistas, curas obreros… todo era ETA. Ruano recibe un tiro a bocajarro y su cuerpo es lanzado por una ventana a un patio interior. De la segunda autopsia a la reapertura del caso se intuye que ya había muerto cuando fue arrojado al exterior.
La investigación policial de esas horas destapa también el nombre de Ana Fraga Iribarne, la hermana del ministro, cuya difusión en esas circunstancias frenaría probablemente la carrera de quien llegaría a ser, entre otros cargos, presidente honorifico del PP. Manuel Fraga idea la versión oficial del suicidio de Ruano, y es el promotor de la extensión de la excepcionalidad de Gipuzkoa al resto del Estado, cuatro días después de la muerte de Enrique Ruano. Su gestión no satisfará a otros cuadros del régimen, que en ese mismo año de 1969 lo nombran embajador de España en Londres, lejos de la actividad política interna.
La trama de Ruano no concluye con el Estado de excepción. Al poco tiempo de la muerte de Enrique, el portero de la vivienda donde se escondían los dos antifranquistas vascos, y único testigo de la muerte del joven madrileño, fallece de un infarto. La versión oficial continuó hasta que el caso se reabrió en 1996, pero entonces tampoco salieron a relucir las verdaderas causas de la saña policial. Tanto los neofranquistas como los opositores entonces construyeron un relato a medida.
En su huida, Ángel Artola y Loli Latierro se refugiaron nuevamente en Vallecas. Un sacerdote los llevó más tarde a Barcelona, donde una red de curas les mantuvo escondidos hasta que les pasaron clandestinamente al Estado francés. Vivieron en París, hasta que regresaron a Euskal Herria en 1976.
Lola González, compañera de Ruano, se casaría con el abogado comunista Javier Sauquillo. En enero de 1977 fue uno de los fallecidos en el asalto paramilitar al despacho de la calle Atocha. Lola quedó gravemente herida, pero sobrevivió. Fallecería en 2015.
Ángel Artola y Loli Latierro siguen siendo en 2019 aquella misma pareja que casó un cura obrero en 1967, Mariezkurrena. Y a pesar de que han pasado 50 años, viven con la congoja de aquel Estado de excepción decretado en Gipuzkoa que, en un periplo extremo, les llevó a refugiarse en Madrid en unos tiempos tremendos, en los que un régimen fascista mató a un compañero de acogida. No tienen duda de que la razón del crimen fue la solidaridad que les mostró Enrique. A pesar de que Artola ya no militaba en ETA, su historial policial fue capaz de crear un relato de una magnitud inusitada, hasta el punto de ser excusa para un nuevo Estado de excepción.
