Pasos por la Reintegración

Desde Naiz traemos a ustedes este reportaje acerca de la más reciente iniciativa en favor de la reintegración de lxs presxs políticxs vascxs.

Lean por favor:

Hay que avanzar ya en la reintegración de las personas presas

Sin esperar a las decisiones políticas que se puedan adaptar en los distintos ámbitos institucionales, se puede comenzar a dar pasos para facilitar la reintegración de las personas presas. Es una de las conclusiones del encuentro que esta tarde ha tenido lugar en Bilbo con diversos agentes que conocen la realidad de las cárceles.

Agustín Goikoetxea

El Foro Social y Hitz & Hitz Fundazioa han reunido a representantes del Ararteko y entidades de diferente índole para hablar de qué se puede hacer para ayudar a la integración de las personas presas por motivación política; algunos de los colectivos no lo hacen, como es el caso del programa de Cruz Roja que atiende a las extranjeras encarceladas en Martutene, pero ha servido para ver que algunos retos son comunes o de la importancia de generar sinergias entre ellos.

El Foro ha defendido en la presentación del encuentro llevado a cabo en la sede de las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU que es hora de apoyar las iniciativas que sustenten la convivencia democrática en Euskal Herria; en el caso de las y los presos, impulsando su integración. Es uno de los retos, al igual que desactivar definitivamente la política penitenciaria de excepción, junto a otros nudos, como son el reconocimiento de todos los derechos de todas las víctimas y alentar la construcción de una memoria «crítica e inclusiva».

Roberto Moreno, coordinador de Justicia y personas en prisión de la oficina del Ararteko, ha comenzado exponiendo los obstáculos que el actual marco legislativo español ha creado para dificultar, en vez de facilitar, la integración, sin obviar la «especificidad» a la que se enfrentan los presos políticos vascos con el alejamiento y la dispersión. Las trabas han ido a más, especialmente con el Código Penal de 1995, acompañadas de más de 30 reformas, en las últimas dos décadas, dirigidas al cumplimiento efectivo de las penas, que impiden acceder en la práctica a la libertad condicional.

Moreno, con una amplia experiencia en el activismo social pero también en el entramado administrativo, ha hecho una radiografía de la realidad carcelaria del Estado español, con detalles de la situación en la CAV. No ha ocultado que la Ley Orgánica 7/2003 del 30 de junio será «imposible» de cambiar en los próximos años viendo la composición del Congreso y que se necesita el respaldo que 3/5 partes de la Cámara Baja para ello.

La «clave», ha defendido, es disponer de más medios materiales y personales para ir caminando en la construcción de una red que ayude a la reinserción de las personas presas antes incluso de que salgan de la cárcel y luego en la calle, con la figura extendida en otros lares del agente de la condicional.

Ante una hipotética transferencia de las competencias penitenciarias al Ejecutivo de Lakua, ha advertido, que es fundamental el perfil de los actuales funcionarios, ya que el 98% son personas que no residen en la CAV, o el escaso presupuesto asignado a Justicia. Las diferentes visiones sobre los servicios sociales tampoco ayuda, algo que ha hecho constar el Ararteko en sus informes anuales al Parlamento de Gasteiz.

Propuesta técnica desde 2017

El integrante de la oficina del Ararteko ha explicado que desde 2017 existe una propuesta técnica, que está pendiente de que se llegue a un acuerdo político acerca del modelo penitenciario que se quiere para la CAV. En ello, ha añadido Moreno, juegan un papel muy importante esos «agentes de la condicional». Es más, ha asegurado que si hubiera «voluntad política», acompañada de presupuesto suficiente, se podrían ir dando pasos sin esperar a que el Gobierno español cumpla con su promesa de otorgar las competencias de Lakua.

Se trata de articular un mapa de recursos para ayudar en los procesos de reinserción de las personas presas. «En la actualidad, personas con penas pequeñas entran en prisión, algo que podría evitarse. Con el actual sistema, por la suma de distintas penas, muchos tardan 8 años en comenzar un itinerario como este», ha lamentado.

Tras un video, en el que varios personas que han conocido cárcel, exilio y deportación aportaron sus vivencias y expusieron cómo creen que se debe abordar ese regreso a casa, Carlos Askunze, coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS), ha explicado qué son y qué ofrecen las 73 empresas y entidades que la conforman en la reintegración, ofreciendo programas de formación, empleos en empresas de inserción para integrarse en el mundo laboral y acompañamiento en procesos de emprendimiento.

Askunze ha ofrecido su mano para que los excarcelados se sumen a las diferentes redes que existen para su mejor inclusión, como también a la oportunidad de abrir nuevas ventanas en su compromiso sociopolítico, trabajando por el desarrollo de distintos proyectos desde el ámbito de la soberanía alimentaria a otro modelo de consumo energético.

REAS apuesta por que sea una realidad que todas las personas, también las que han estado en prisión, disponga de una economía suficiente para poder desarrollar una vida digna.

Estudio de las cotizaciones

Desde Harrera, Juan Karlos Ioldi se ha mostrado interesado en las propuestas planteadas por REAS. Su asociación asistencial, con 2.600 socios, elabora un informe relacionado con los tiempos de cotización de los represaliados, de cara a poder solventar en el futuro los problemas de jubilación que surgen. Se tratado, ha aclarado, de un reto a corto plazo. Ha apuntado a que la encuesta se ha realizado entre 1.600 personas que han permanecido en prisión en el periodo 2.000-2016

Gracias al trabajo realizado han conseguido que 178 represaliados políticos encuentran un empleo. En la actualidad ayudan económicamente a 37 personas, además de los servicios de asesoramiento y de especialistas médicos que ofrecen a quien no lo pudiera tener tras salir de la cárcel o retornar del exilio. Ioldi ha destacado el «desarraigo» y enfermedades crónicas a las que se enfrentan mucho de los que han regresado del exilio.

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7 Años de Harrera

Mientras el Estado Español se convulsiona a la espera de los resultados finales en las urnas, desde Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes información sustancial acerca de un tema aún por resolverse tras la culminación del DDR de ETA.

Lean ustedes:

Harrera ha atendido a más de 350 expresos en siete años

La asociación asistencial celebra en Elgeta su asamblea general anual

J. Arretxe y Javi Colmenero

La asociación Harrera, cuyo objetivo es “ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de Euskal Herria que han sufrido la cárcel o el exilio”, ha atendido a unas 350 personas y, tras el adiós definitivo de ETA en mayo de 2018, aborda una nueva fase en la que exiliados y huidos regresan a Euskal Herria tras décadas en otros países. En el último año han sido siete las personas que han regresado regularizando su situación jurídica y 36 las que han salido de prisión.

Son datos del balance que la asociación asistencial, que cuenta con unos 3.000 socios y preside Sebastian Barinagarrementeria, ofreció ayer en su octava asamblea anual, que se celebró en Elgeta. Junto a esas cifras, también subrayaron que Harrera ha ayudado a 19 personas a encontrar trabajo (diez de ellas con empleo fijo, siete con temporal y dos en prácticas) y ha contribuido económicamente a la situación de 35 personas, de las que 21 no contaban con recurso económico alguno al salir de prisión.

La asociación se puso en marcha en 2012 y desde entonces ha abordado la situación de unos 350 expresos condenados por delitos vinculados con ETA. El vicepresidente de Harrera, Juan Karlos Ioldi, considera que estos siete años de andadura evidencian que “la asociación ha ganado la solidez y el respeto de la sociedad, y en concreto con las instituciones como el Gobierno Vasco, con las que tenemos relación para afrontar los problemas que se nos presentan”.

En los últimos años asoma una nueva casuística entre las que gestiona Harrera. “Sobre todo en el último año estamos viendo que vienen personas que han estado en el exilio o deportadas”, describe Ioldi “una situación novedosa” para la asociación.

“Una vez regularizan su situación jurídica en las embajadas, llegan aquí y lo hacen por lo general en una situación bastante precaria;en algunos casos sin familiares, en otros casos sin ningún apoyo... Harrera tiene que ayudarles en el día a día: desde buscarles una pensión primero, luego un piso de alquiler, para lo que hace falta un trabajo o una nómina...”, describe Ioldi un proceso que empieza por lo más básico: sacarse el DNI, porque no tienen nacionalidad.

Tras pedir el certificado de nacimiento en el registro civil, acuden a hacerse el DNI. “Cuando vamos con la persona que ha vuelto, ven a agentes uniformados, lo que les genera incertidumbre”, reconoce Ioldi, que asegura que desde Harrera les explican que “después de presentar el expediente, lo mandan a Madrid y pasados unos tres días nos llaman para volver y recuperar el DNI. Ahí se genera una situación de nervios, y cuando salimos, lo primero que hacen es llamar a casa para decir que ya está todo bien y que tienen DNI”. A partir de ahí, lograr la tarjeta sanitaria, un empleo, el carnet de conducir o un piso en alquiler son las necesidades en las que ayuda Harrera.

Ioldi reconoce las “dificultades” de este colectivo “para integrarse en el mundo laboral, porque tienen entre 59 y 68 años. Valoramos su situación y si han cotizado en los países de origen, con los que puede haber algún tratado, pues a ver qué cotización puede quedar”.

Más allá de estos huidos y deportados, el vicepresidente de Harrera se muestra preocupado por los expresos “que están cerca de jubilarse. Vamos a realizar un análisis a ver cómo les podemos ayudar”.

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La Gesta de Harrera Rinde Frutos

Una de las estratagemas utilizadas por el régimen español en contra de los represaliados políticos vascos es la de criminalizarlos aún después de que han saldado su supuesta deuda con la sociedad, o sea, el hostigamiento continúa aún después de la salida de prisión pues se hace todo lo posible para que los militantes no puedan hacer uso los derechos sociales y programas asistenciales a los que debieran tener acceso como cualquier otro ciudadano del estado español.

Es por eso que nos alegra tanto compartirles esta información dada a conocer por Naiz:

Harrera Elkartea consigue la integración en el mundo laboral de 22 represaliados

Harrera Elkartea manifiesta su satisfacción tras haber logrado en 2017 la integración en el mundo laboral de 22 antiguos presos y exiliados. La asociación asistencial se marca el objetivo de afianzarse en Araba y Nafarroa.

Agustín Goikoetxea

Harrera Elkartea ha celebrado en el centro cultural Aldabe, en Gasteiz, su asamblea anual, en la que sus responsables han hecho balance del trabajo desarrollado a lo largo de 2017 para ayudar a la integración social de las mujeres y hombres que han sufrido cárcel o exilio.

En la presentación, el presidente de la asociación asistencial, Sebastian Barinagarrementeria, ha destacado que paso a paso van cumpliendo con el objetivo que se marcaron en 2012 cuando se constituyeron tratando de satisfacer las necesidades de esas personas para que puedan construir su vida de una manera digna.

En cifras, Harrera consiguió el año pasado gracias a un trabajo discreto la integración en el mundo laboral de 22 personas, de las que nueve lograron un contrato fijo en una empresa, once fueron temporales y dos en prácticas.

La organización también otorgó ayudas económicas a 21 personas que no disponían de recurso alguno y aportaciones puntuales a otras 14. Asimismo, ayudaron a legalizar su situación a 13 represaliados, a los que tramitaron el DNI.

Relacionado con las relaciones con la administración, ayudaron a 8 personas para que obtuvieran el carnet de conducir. Otro ámbito en el que la asociación realiza una importante labor es en la asistencia sanitaria, al margen de la que presta la red pública, con un equipo de oftalmólogos, dentistas y sicólogos, a los que acudieron 23 personas.

Barinagarrementeria ha incidido en su saludo a los participantes en la asamblea que es importante hacer balance pero mucho más hacer frente a los nuevos desafíos, los que ha dicho estar seguro de poder conseguir gracias a la aportación de componentes y colaboradores de la asociación. En su opinión, es importante ampliar el número de socios, que ya supera los 2.300.

El nuevo tiempo abierto en Euskal Herria hace que la asociación contemple la salida de prisión o la vuelta del exilio de más personas, lo que va a suponer, en su opinión, que va a ser necesario reforzar y ampliar los recursos de los que disponen.

Barinagarrementeria ha apuntado que queda mucho trabajo que hacer en el conjunto del país, especialmente en Araba y Nafarroa, para afianzar la asociación, aunque ha confesado que es optimista.

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Asistencia Tras las Excarcelación

No nos podemos olvidar ni por un momento que tras su excarcelación, los presos políticos vascos continúan sujetos a una intensa campaña de hostigamiento, tanto por parte de las instituciones del estado como por parte de los grupos de choque disfrazados para ese fin como "asociaciones de víctimas".

Eso es lo que convierte en imprescindible la labor desarrollada por el colectivo Harrera Elkartea, quienes se han presentado a las mesas de diálogo organizadas por el Foro Social Permanente.

Así pues, les compartimos esta información dada a conocer por Naiz:

Harrera detalla su labor y anima a los gobiernos vascos a asumirla

El soporte de 3.000 socios permite a Harrera Elkartea, hace ya casi ocho años, asistir a exprisioneros en la compleja tarea de reiniciar la vida fuera. Karlos Ioldi y Gabi Mouesca han detallado su labor en la segunda mesa redonda del Foro Social. «El gran reto es implicar a Gobierno Vasco y Navarro», cree Ioldi.

Ramón Sola

Tras escuchar el ejemplo de Coiste en Irlanda, la segunda sesión de esta primera jornada del Foro Social sobre reintegración de personas presas, exiliadas y deportadas ha permitido bucear en la labor de Harrera Elkartea en Euskal Herria. Sobre todo a través de Karlos Ioldi ha explicado que asisten económicamente en la actualidad a 57 personas que han vuelto a casa, bien con ayudas de 500 euros mensuales si no tienen ningún otro ingreso o complementando el subsidio de excarcelación (426 euros durante un tope de 18 meses) hasta llegar a los 600. Ofrecen además asistencia administrativa o médica, ayudan a acceder a vivienda y a conseguir trabajo…Todo ello se lleva a cabo gracias a la ayuda de 3.000 socios que aportan el 80% del presupuesto.

Tanto Ioldi como Mouesca han destacado la relación entablada en estos ocho años con instituciones o medios de comunicación, pero haciendo hincapié finalmente en que creen que en el futuro los gobiernos de Gasteiz e Iruñea deberían asumir esta labor con personas que están en una situación de desprotección evidente. «Es un problema de toda la sociedad», considera Ioldi.

Mouesca ha saludado la implicación del Ayuntamiento de Baiona en la acogida a Oier Gómez Mielgo, excarcelado finalmente el pasado año por una enfermedad muy grave, o la disposición que ha mostrado el de Tarnos en el caso de Ibon Fernández Iradi, aunque este continúa en prisión.

«Es hora de crearlas condiciones del retorno, y eso requiere una voluntad política firme y asegurar los medios para ello», ha concluido Mouesca. También para Ioldi, la enseñanza de estos casi ocho años de labor de Harrera es que «con voluntad política se pueden hacer muchas cosas».

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Antecedente Irlandés de la Reintegración

Madrid insiste y desde algunas cavernas europeas regresan las declaraciones en forma de eco, en que la resolución de conflictos no aplica en el caso vasco porque... pues simplemente porque no ostia, que lo dicen los españoles y punto.

Pero de vuelta en el planeta Tierra, a la realidad pura y dura, el asunto de la postura intransigente por parte del régimen español con respecto a la posibilidad de un proceso de paz, reconciliación y convivencia tiene antecedentes tan complicados - o más - que el planteado por la sociedad vasca.

De primera mano, el caso irlandés, el cual salió a relucir durante la primera jornada organizada del encuentro organizado en Irun por el Foro Social Permanente. La importancia del mismo va en dos direcciones; primero, recuerda a todos la crudeza del conflicto armado entre el independentismo irlandés y el colonialismo inglés, proporcionando cifras que superan por mucho a las relacionadas con Euskal Herria en relación con los estados español y francés, segundo, enfoca la antención en el complejo tema de la reinserción, algo que en el caso vasco va a requerir mucha paciencia y mucho humanismo, tomando en cuenta que ya se encuentran desplegados en grupos de choque disfrazados de asociaciones de víctimas que buscarán, a toda costa, impedir que los liberados y repatriados puedan vivir vidas normales.

Aquí la información al respecto por conducto de Gara:

Volver a casa, tan deseado como duro

Nunca hasta la fecha se había hablado de las dificultades de la vuelta a casa de presos, exiliados y deportados con tanta claridad. El caso irlandés mostró de entrada todas las dificultades, sin pararse en tabúes y resumidas en una frase lapidaria de Michael Culbert (Coiste): «la guerra es larga, pero la paz también es larga». Y Harrera aportó luego el ejemplo vasco, modélico en su desarrollo, pero que pide relevo institucional. El Foro Social toma nota de todo ello.

Ramón Sola

La manifestación del pasado 13 de enero, una vez más masiva, volvió a demostrar que pocas cosas hay más añoradas en Euskal Herria que la vuelta a casa de las personas presas, exiliadas y deportadas. Pero muy pocas veces se ha hablado de qué pasa al día, a la semana, al mes, al año siguiente... A la reintegración de estas personas dedica el Foro Social un foro monográfico, segunda parte del realizado en marzo del año pasado, que aborda la cuestión sin prejuicios ni tabúes. El realismo caracterizó la intervención inicial de Michael Culbert, del colectivo irlandés Coiste, y empapó también la posterior de Karlos Ioldi y Gabi Mouesca, miembros de Harrera Elkartea.

Nada menos que 25.000 personas han sufrido cárcel por relación con el IRA, a las que se suman otras miles sin precisar que optaron por huir de la represión británica. En la fase final del conflicto armado, gracias a las negociaciones de paz, fueron excarcelados en unos dos años casi 500 de ellos, y el movimiento republicano se dio cuenta entonces de que no había preparado una respuesta para los problemas que acarreaba la vuelta a casa. De ahí nació Coiste, colectivo que dirige Michael Culbert, también él prisionero durante 16 años (estaba condenado a cadena perpetua) y ayer encargado de abrir este Foro que se celebra en Ficoba (Irun).

Culbert explicó que ayudan a estas personas sacudidas por problemas familiares (en algunos casos al volver «ni les conocían»), afecciones sicológicas en muchos casos, dificultades de carácter legal por las situaciones de discriminación que persisten… La financiación de los programas Peace de la Unión Europea facilitó abrir hasta 30 oficinas para atenderles. Hoy el dinero se ha acabado, pero persiste la mitad de estos locales mediante la labor de voluntarios. En Harrera no hay soporte europeo, el 80% del presupuesto viene aportado por los 3.000 socios; puro auzolan.

Uno de los pasajes más elocuentes de la intervención de Culbert fue cuando avisó de esto: «Hay traumas que salen al cabo de los años, y algunos tenemos dentro una bomba de relojería». Lo ejemplificó en el brote maniático detectado en Holanda entre personas de una misma edad varias décadas después de la II Guerra Mundial. Los expertos terminaron dándose cuenta de que esas personas habían compartido una misma experiencia traumática, la participación en la resistencia contra los nazis.

Conclusiones duras, en definitiva, narradas por Culbert casi en primera persona, pero con un corolario esperanzador: pese a todas las dificultades del camino, la reintegración se ha conseguido casi plenamente en Irlanda y en un clima de convivencia más que aceptable, sobre todo si se compara con el pasado.

Del DNI al odontólogo

Harrera recogió el testigo en la segunda mesa redonda. Ioldi marcó un cuadro de dificultades que se inician en lo puramente administrativo (sacar el DNI, el carnet de conducir…), siguen en lo económico (subsidio de excarcelación insuficiente, RGI…) y continúan en la dificultad para encontrar trabajo o vivienda. A todo ello atiende este colectivo asistencial, que además ha ido articulando una red para atender necesidades médicas. Un dato: hoy ayuda económicamente a 57 personas que han vuelto a casa, bien con 500 euros mensuales si no tienen ningún otro ingreso o bien complementando el subsidio de excarcelación (426 euros durante un tope de 18 meses) hasta llegar a los 600.

¿Y las instituciones? Tanto Ioldi como Mouesca saludaron la relación entablada en estos años con ellas o con medios de comunicación, pero haciendo hincapié finalmente en que creen que en el futuro los gobiernos de Gasteiz e Iruñea deberían asumir esta labor. Mouesca trajo a colación la implicación del Ayuntamiento de Baiona en la acogida a Oier Gómez Mielgo o la disposición que ha mostrado el de Tarnos en el caso de Ibon Fernández Iradi, aunque este sigue preso.

«Es hora de crear las condiciones del retorno, y eso requiere una voluntad política firme y asegurar los medios para ello», concluyó Mouesca. También para Ioldi, la enseñanza de estos casi ocho años de labor de Harrera es que «con voluntad política se pueden hacer muchas cosas».

Pedagogía necesaria

Irlanda-Euskal Herria, dos casos diferentes pero con características comunes. Tanto Culbert como Ioldi destacaron la necesidad de «pedagogía». El primero, al subrayar que «la narrativa dominante es que los irlandeses beben mucho, que se empiezan a matar entre ellos enseguida, y que por eso tuvieron que entrar allí los británicos. Hemos tenido que interactuar con la gente para que vieran que no somos así, que no éramos monstruos». Y el vasco, por su parte, abogó por incidir en el concepto de que conseguir una inserción adecuada de estas personas «no es un problema solo suyo o de la izquierda abertzale, es un problema de la sociedad». Mouesca, con mucho énfasis, se declaró indignado por los discursos en sentido contrario.

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¿Qué Pasa con lxs Expresxs?

El conflicto que se ha generado a partir de la negativa por parte de los estados imperialistas europeos con sus capitales ubicadas en París y Madrid, respectivamente, para con el deseo de autodeterminación el pueblo vasco - protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - ha tenido su parte más vistosa en las acciones de ETA y el manejo que se hace en medios de comunicación y redes sociales, manejo que claro está, conviene a la estrategia geopolítica de franquistas y jacobinos.

Pero más allá de acciones policíacas y juicios farsa, en la sociedad vasca se han vivido y sufrido toda una serie de medidas de excepción implementadas para castigar cualquier expresión de resistencia a la asimilación. Se ha obstaculizado cuando no criminalizado el activismo en favor del euskera, de las víctimas del terrorismo de estado, de la solidaridad para con lxs presxs y los refugiadxs, de iniciativas a favor del acceso a la educación por parte de lxs prexs, al acompañamiento a las familias que sufren los efectos de la dispersión.

Todo lo anterior debe ser dejado en el pasado lo más pronto posible, son lacras que deben dejar de obstaculizar el día a día de la sociedad vasca.

Pero hay un asunto más sobre el cual es necesario arrojar luz y de ese nos habla precisamente este comunicado dado a conocer en el portal de Sare:

Algunos elementos sobre la situación laboral y social de los presos excarcelados

Mikel de la Fuente Lavín

Las restricciones a los derechos sociales de las personas presas vascas provienen a veces de la legislación general y de su interpretación por los tribunales, que en el último período han evolucionado de forma muy regresiva. Pero en otras ocasiones provienen de decisiones específicas del gobierno español para castigar a los presos vascos más allá de su muy largo tiempo de permanencia en prisión. El proceso de paz en Colombia muestra la importancia a las medidas que permitan la inserción laboral y garantices la protección social de las personas presas, exiliadas y excombatientes.

Una buena parte de quienes han estado en prisión y el exilio han permanecido en esa situación durante un porcentaje importante de su vida adulta. Ello implica graves consecuencias para sus posibilidades de inserción laboral dada la ruptura con sus habilidades profesionales anteriores (si es que las tenían). Para intentar resolver, en lo posible esas dificultades nació en junio de 2012 la asociación Harrera Elkartea (Asociación Acogida) nació en junio con el objetivo “de ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de EuskalHerria que han sufrido la cárcel o el exilio para que puedan construir su vida de una manera digna”. Harrera se financia mediante aportaciones de las personas asociadas, por lo que el aumento del número de las mismas puede mejorar las importantes tareas que realiza:

-Jurídico-Administrativas: acompañamiento y consejo para realizar los trámites de legalización ante la Administración, entre otros, los relacionados con el carnet de identidad, empadronamiento, pasaporte, carnet de conducir, tarjeta médica, subsidios y pensiones a los que puedan tener derecho…

-Sanitarias: la atención médica que se recibe en prisión o que se puede conseguir en el exilio suele ser muy deficiente, lo que da lugar a la existencia de diversas patologías físicas y síquicas. Harrea Elkartea pone a su disposición -al margen de la asistencia que reciben de la Sanidad Pública- la ayuda de equipos de oftalmólogos, dentistas y psicólogos.

-Ayudas económicas: quienes salen de prisión o vuelven del exilio lo hacen sin patrimonio alguno. Además, la decisión del Estado español de negarles el subsidio de excarcelación, ha agravado su situación. Para hacer frente a ello HarreraElkartea les proporciona una ayuda con la que afrontar los primeros meses de su vida en libertad.

-Trabajo. Harrera gestiona la consecución de puestos de trabajo para las personas salidas de prisión o vueltas del exilio, especialmente entre las empresas de economía social, muy extendidas en la CAPV. A continuación se detallan algunos elementos sobre los aspectos formativos, laborales y de protección social de las personas presas y exiliadas.

Dificultades para la reinserción laboral

Además de las dificultades derivadas del alejamiento de la actividad profesional durante periodos más o menos amplios y de sus carencias formativas para una economía en rápida mutación y de un nivel tecnológico relativamente elevado, el gobierno español quiere introducir restricciones para el acceso a la función pública.

Durante el tiempo de estancia en prisión los presos políticos vascos no han realizado trabajo remunerado. Ese trabajo de los penados en instituciones penitenciarias constituye una relación laboral de carácter especial regulada por el Real Decreto 782/2001. También existen otras modalidades de trabajo reguladas en la Ley Penitenciaria que no constituyen una relación laboral. El art. 15 del RD 2131/2008 establece que para la fijación del salario se tendrá en cuenta el “rendimiento normal de la actividad de que se trate” y del horario de trabajo cumplido, aplicándose un módulo cuya referencia será el salario mínimo interprofesional. Además de limitarse los empleos a una pequeña proporción de los internos, los salarios efectivamente abonados son muy bajos (entre 100 y 150 euros mensuales). El acceso a los puestos de trabajo se realiza en base a criterios que incluyen “La conducta penitenciaria”, en base al cual a los presos de ETA se les ha exigido el arrepentimiento para acceder a esos trabajos, por lo que casi ningún preso ha realizado los mismos.

El acceso a los puestos de trabajo en la educación puede limitarse en el próximo futuro para las personas presas que hayan sido condenadas por terrorismo. Al parecer esa grave amenaza está siendo contemplada por el gobierno español, instado por UPN que presentó en el Parlamento de Navarra en enero de 2014 una iniciativa para que “terroristas, pederastas y violadores no puedan ser profesores”. Al mismo tiempo se hacía público un informe de la Guardia Civil que alertaba sobre una supuesta importante presencia de la izquierda abertzale en la educación.

Restricciones en la protección social

La permanencia en prisión o el exilio supone una seria afectación para alcanzar derechos dignos de protección social, especialmente de pensiones, ya que van a tener dificultades para reunir los períodos de cotización necesarios para acceder a las pensiones (en el caso de la jubilación, 15 años; menores para la incapacidad permanente, en función de la edad, pero que pueden alcanzar hasta 11 años) o para una cuantía decente de las mismas (se requieren 37 años de cotización para el 100% de la pensión de jubilación), especialmente si no consiguen un empleo estable tras la salida de prisión. En el ordenamiento jurídico español no se contempla la atribución de cotizaciones a las personas presas a fin de acceder y/o mejorar su derecho a las prestaciones, por lo que va ser muy frecuente el caso de quienes no accedan a la pensión por no alcanzar el período de cotización requerido.

Las restricciones aprobadas en los últimos años pueden incidir de forma muy negativa sobre las personas presas. Así, una norma de 2013 cambió la condición de derecho individual del subsidio de desempleo para mayores de 55 años, que además de la prestación económica incluye la cotización a cargo de la Seguridad Social, pasando a convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la unidad de convivencia, mientras que anteriormente solo se tenía en cuenta los ingresos de la persona solicitante. De esta forma, se requiere que la los familiares con los que se conviva tengan una situación muy precaria y se asigna a los mismos la responsabilidad del sostenimiento de la otra parte.

Además del requisito de haber cotizado un determinado período a lo largo de la vida laboral, se exige que determinado período del total exigido haya tenido lugar durante un tiempo determinado. Así, para la jubilación se requiere que dos de los quince años requeridos hayan tenido lugar en los quince anteriores al momento de causar el derecho.

Para evitar la desprotección, una modificación legal permite no considerar como no computables los períodos en los que no exista obligación de cotizar, retrotrayendo el cómputo al momento en que se inicia el período de no cotización (teoría del “paréntesis”). Pues bien, en relación con las personas presas, unas sentencias permiten la aplicación de la doctrina del paréntesis en todos los casos en los que la persona presa hubiera permanecido sin prestar actividad laboral por encontrarse presa, pero otras exigen que se haya prestado servicios en cualquiera las modalidades retribuidas contempladas en la Ley Penitenciaria, o, al menos, se haya solicitado trabajar. De confirmarse,esta orientación jurisprudencial podría traer consigo la denegación de prestaciones a las personas presas que, por edad u otras razones, no cotizen a la Seguridad Social tras su salida de prisión o vuelta del exilio.

Las personas liberadas de prisión que no tengan derecho a la prestación de desempleo y cuya privación de libertad haya sido de más de seis meses tienen derecho al subsidio de excarcelación durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de dieciocho, cuya cuantía en la actualidad es de 426 euros mensuales.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 acordaba añadir una nueva disposición, añadiendo dos requisitos más para los/las liberados/as de prisión por los delitos de terrorismo establece 1) el de haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, entendida como la conducta observada para reparar el daño y indemnizar los prejuicios materiales y morales y 2) que formulen una petición expresa de perdón a las víctimas del delito cometido.

Ante la existencia de sentencias de diverso sentido de Juzgados de lo Social, el tema se planteó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, que por Auto de 27-1-2015 planteó una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por considerar dudoso, desde el punto de vista constitucional, el establecimiento de requisitos adicionales a los generales para los presos liberados de prisión por los delitos de “terrorismo”. El TSJ planteó varias cuestiones para dilucidar la proporcionalidad de la norma atendiendo a los cánones de adecuación, indispensabilidad y ponderación.

El TSJ recordaba el art. 25.1 de la Constitución Española, que establece la prohibición de que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. El TSJ señalaba que la falta de arrepentimiento ya se tuvo en cuenta para el acceso al tercer grado penitenciario, por lo que no podría tenerse en cuenta con otra de nuevo para otra finalidad. También recordaba que el art. 9.3 de la misma Cosntitución garantiza, entre otros, el principio de seguridad jurídica, por lo que la modificación legislativa se ha incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, norma cuya función se contrae a la previsión de los ingresos del Estado y a la autorización de gastos (art. 144.2 CE), a fin de evitar la “incertidumbre que generaría el sometimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto a una dinámica de cambio constante a través de Leyes anuales que tienen un contenido materialmente limitado”.

El TSJ desestimaba la alegación de la Abogacía del Estado sobre el extremo consistente en el impacto sobre el gasto público de la modificación citada, por considerar que la Ley de Presupuestos no puede utilizarse para un cambio normativo que, aunque pueda dar lugar a una reducción del gasto público, “obedece en exclusiva a una causa, explicitada en el debate parlamentario, completamente alejada de ese objetivo, máxime cuando la reforma operada repercute negativamente en derechos de los ciudadanos, como son el derecho a la reinserción social y el derecho a obtener prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo”.

En el contexto expuesto, el Tribunal Constitucional, resolviendo la cuestión panteada por el TSJ del País Vasco, ha dictados dos sentencias el 23 de junio y el 18 de julio de 2016, que, sin entrar en otras consideraciones planteadas por el TSJ del País Vasco, declaraban que la modificación realizada por la Ley de Presupuestos era inconstitucional por estimar que la regulación de esta materia no corresponde a las leyes de presupuestos, que se deben centrar en la previsión de ingresos y la autorización de gastos del sector público estatal. En base a estas sentencias la nueva regulación quedaba expulsada del ordenamiento jurídico. A pesar de la claridad de las sentencias del Tribunal Constitucional, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Bizkaia siguió denegando –mediante la fórmula de no responder a las peticiones- durante el segundo semestre de 2016 el subsidio a los expresos vascos y no revisando las anteriores resoluciones denegatorias, con la justificación de la directora de Bizkaia del SEPE de que eran “ordenes de Madrid”, lo que dio lugar a la presentación por LAB de una denuncia penal por prevaricación ante los Juzgados de Bilbao a finales de noviembre de 2016. Al parecer esa situación se ha corregido posteriormente.

Bajo el anterior gobierno vasco del PSOE se denegaba la RGI a los presos excarcelados por considerar que no cumplían el requisito de residencia efectiva, que en el año 2011 se amplió de 1 a 3 años. Bajo el actual gobierno del PNV, se entiende que la fuerza mayor debida a la prisión exime del cumplimiento de ese requisito. En la actualidad el mayor problema para el acceso a la RGI es la exigencia de constituir una unidad de convivencia independiente: si conviven con sus padres o con su pareja afectiva puede suceder que no tengan derecho a la RGI por superar la suma de los ingresos de esa unidad de convivencia el máximo autorizado.

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Necesario Relevo en Sortu

Los tiempos que corren exigen cambios en las formaciones políticas para así permitir el flujo y reflujo de ideas y propuestas.

Les compartimos esta nota publicada en Naiz:

El Consejo Nacional de Sortu se renueva casi al completo

El voto de las personas inscritas en este proceso congresual ha definido los quince nombres que faltaban para el Consejo Nacional de Sortu y confirma la renovación prácticamente total. Respecto a los elegidos en 2013, solo repiten Rufi Etxeberria, Xabi Larralde y Jean-François Lefort «Lof», además de Arnaldo Otegi, que estaba preso.

Ramón Sola y Beñat Zaldua

La refundación de Sortu ha quedado apuntalada esta mañana con la elección de una dirección nacional en la que solo repiten tres nombres, además de Arnaldo Otegi, que ahora sí ocupará el cargo de secretario general que entonces se le reservó simbólicamente al encontrarse preso. A los catorce miembros de su equipo ya nombrados en bloque en la primera fase se suman estos quince elegidos ahora mediante listas abiertas: por criterio nacional y por orden de mayor a menor apoyo, integrarán el Consejo Nacional Anita Lopepe, Lur Albizu, Marian Beitialarrangoitia, Eneko Compains, Nerea Guijarrubia, Nekane Zinkunegi, Elena Beloki, Floren Aoiz, Xabi Larralde e Ibon Meñika; y por criterio de herrialde, les acompañarán Gorka Ortiz de Guinea (Araba), Karlos Renedo (Bizkaia), Rufi Etxeberria (Gipuzkoa), Maite Sabalza (Nafarroa) y Jean-François Lefort «Lof» (Ipar Euskal Herria).

Con ello queda sellada una refundación que a nivel de contenidos tiene como base la ponencia Zohardia, aprobada en la primera fase por un 91,5% de los inscritos (unas 7.000 personas al final). Casi la mitad han participado en las votaciones de la segunda fase, eligiendo a los quince miembros de la dirección ya referidos y aprobando seis de las catorce enmiendas parciales. En ellas se refuerza y concreta el concepto de la desobediencia civil, se define a Sortu también como ecologista, se reduce la Comisión de Garantías a cinco miembros o se abre la puerta a referendos también a nivel de herrialde.

En este Congreso están participando 763 personas que han llenado la sala del Palacio Euskalduna de Bilbo. Han acudido 40 delegaciones internacionales y también invitados vascos como los socios de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Ezker Anitza, Izquierda-Ezkerra, ELA, LAB, Steilas, EHNE Bizkaia, CCOO-Euskadi, Ernai, Aitzina, Etxerat, Askapena o Harrera. En la primera parte de la sesión se han escuchado los saludos de representantes catalanes (Quim Arrufat de la CUP y Joan Tardá de ERC) y kurdos. Y se ha leído una carta de salutación de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa que subraya la apuesta común por superar las consecuencias del conflicto y cómo en ello concluyen las fuerzas de EPPK y Sortu.

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Egaña | «You’ve Got to Free»

No podemos mas que estar de acuerdo con la apreciación que Iñaki Egaña tiene del uso "preso político" para referirse a las centenas de luchadorxs vascxs hoy en las mazmorras de los estados español y francés.

Les invitamos a tomar su propia decisión al respecto tras leer el texto publicado en Naiz:

«You’ve got to free»

Iñaki Egaña | Historiador

The Specials era una banda de música británica que en 1984 alumbró aquella conocida canción ‘Free Nelson Mandela’. El líder sudafricano llevaba entonces 21 años en prisión. Sería excarcelado 6 años más tarde de que el grupo británico alcanzase su mejor puesto en Europa en los superventas, sexto en Irlanda, con aquella balada. Un estribillo que repetía cansinamente «You´ve got to free». Tienes que liberarlo, tienes que liberarlo. En otra parte de la canción añadían: «¿Eres tan sordo que no puedes oír la súplica?».

Nelson Mandela salió de la cárcel. Su cautiverio no tuvo que ver con la reeducación del delincuente, como citan los manuales. Su presidio fue un castigo político, su estadía más allá de lo humano, asentar su condición de rehén frente a las proclamas, literarias y armadas, contra el Apartheid. Una crónica que se nos hace excesivamente familiar. ¿Hay en Euskal Herria al día de hoy presos políticos? Mi impresión es negativa. No se escandalicen. Hay, y vaya si los hay, rehenes políticos.

No tengo interés en polemizar ni un segundo con conceptos que ya destripó Michel Foucault sobre la función de la prisión. No tengo ni la más mínima intención de ofrecer más datos que ahonden en lo que es sobradamente conocido, el código penal más duro y perverso de Europa (tasa de criminalidad en España es un 27% más baja que en Europa, la de encarcelamiento un 32% más alta). Para la disidencia, of course. La titularidad del sistema dispone de centenares de indultos al año, cuando no la prevaricación sistémica de un aparato judicial que de independiente tiene lo que Rajoy de ligereza verbal.

No tengo disposición para perder el tiempo en escuchar y destripar frases como «el que la ha hecho la paga», «las leyes están para cumplirse» o «matar estuvo mal». No somos inocentes, como los que envió al calendario Herodes. Para conocer quiénes somos los paganos: más de 14 millones de euros al año el coste de la dispersión, según Etxerat; más de 1,2 millones de euros de subsidio de desempleo a los ex presos sin cobrar, según Harrera. Las leyes las incumplen los gobiernos, alargando la condena a sabiendas de la transgresión y esperando que la rectificación de Estrasburgo llegue más tarde que pronto. Leyes redactadas, para más insidia, por sus escribanos.

Las normas Mandela, el de la canción de Specials, vigentes desde 1955 y revisadas en 2015 dicen: «El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad». Denme un solo nombre de rehén vasco al que se le apliquen las normas. Y, «matar estuvo mal». Of course. Describan el derecho a la rebelión de la Carta Fundacional de los Derechos Humanos. Describan un solo país de Europa que no haya matado en el siglo XX en defensa de sus intereses. Uno sólo. Quedaré satisfecho. Quizás, como solía contar Mark Legasse, la diferencia estriba en matar «al por mayor» y matar «al por menor». No se puede frivolizar con la vida y la muerte como lo están haciendo los valedores de esa máquina infernal que se llama capitalismo.

La palabra rehén no es invento reciente. Fue una práctica habitual de los tiempos del nazismo, pero también de las épocas en las que los jóvenes vascos desertaban para no asistir a conflictos ajenos, llamados a filas para completar el cupo correspondiente. Los rehenes, en este caso, eran padres o hermanos, detenidos hasta que apareciera el desertor. Los modernos rehenes, de guerra como los llamó el propio colectivo de presos vascos ya hace dos décadas, a pesar de estar internados, sirven para modificar el escenario exterior. Para ejercer presión política. No es un concepto inventado por el sector que aboga por la excarcelación de los presos. Es una sensación generalizada. Una cuestión que ya la denunció Kepa Aulestia, hoy ideólogo del grupo Vocento, en una época secretario general de Euskadiko Ezkerra y negociador del sector polimili que abandonó las armas: «El Estado ha instrumentalizado el tema de la reinserción y en este momento los presos están siendo más rehenes que nunca».

Hace ya más de medio siglo que la organización en la que militaban la mayoría de encarcelados vascos actuales, hizo una definición de sus presos. Tengo la impresión de que esa es la razón, parece mentira que hayan pasado más de 50 años, que perdura. La que les convierte en rehenes: «Son ellos quienes, por encima de la inoperancia de instituciones esclerotizadas, de las egolatrías y de las imputaciones malévolas, personifican el espíritu de Resistencia y Liberación del Pueblo Vasco». Personificación del enemigo, focalización, deshumanización... normas elementales de los manuales de guerra. Ahí está la incidencia de la política penitenciaria. Se aplica el código penal del enemigo, se aplican medidas de guerra.

La existencia de un numeroso colectivo de presos y exiliados, políticos por decisión propia y ajena, es la expresión visible de un conflicto no resuelto. Se adaptan leyes especiales, por tribunales especiales, se usan fondos reservados para desvirtuar el escenario, como esa compra masiva de funcionarios uruguayos por parte del Gobierno español que se ha sabido ahora, cuando la llamada Operación Filtro. Se ahonda en la guerra. El lehendakari Agirre contaba en el Congreso Mundial vasco celebrado en 1956, a cuenta de los hechos que ocasionaron la guerra civil y en particular el asalto a las cárceles del 4 de enero de 1937: «Quisimos humanizar la guerra, pero no nos dejaron».

Y resulta que el país, según cuentan, está ya en paz. Con una guerra actual que no existe, en medio de una deshumanización que, en consecuencia, no tiene sentido. No hay más conflicto que el de la supervivencia. Faluya y Alepo quedan a miles de kilómetros de distancia. Las imágenes bélicas se resumen en los últimos minutos de los informativos televisivos. A finales de 2016, España mantenía en el planeta 14 misiones militares internacionales: Irak, Afganistán, Líbano, Turquía, Malí, Mauritania. Un total de 2.330 efectivos. Según los últimos datos oficiales, 7.063 policías y guardias civiles están desplegados en Hego Euskal Herria. Tres veces más que en el resto del mundo mundial. ¿Es señal inequívoca de paz? ¿Son cascos azules los agentes, como los de Unifil del Líbano? La militarización del territorio, la utilización de los presos como rehenes para la política diaria... expresiones de una gestión de guerra para un tiempo aparente de paz.

Jamás en la historia de nuestro país, en la de ese conflicto que niegan a pesar de las evidencias, las venganzas hacia esos presos-rehenes han alcanzado la magnitud de nuestra época. Hace unas semanas falleció Marcos Ana, militante comunista y poeta español, «el preso que más tiempo pasó en una cárcel franquista», según la prensa carpetovetónica. Un total de 22 años. ¿Por qué invisibilizar a los presos vascos asimismo durante el franquismo? El también comunista, pero navarro, Jacinto Otxoa, estuvo encerrado durante 28 años. Marcos Ana no tuvo el triste récord, sino Otxoa. Hubo y hay, nuevos techos. Josemari Sagardui abandonó la prisión en 2013 tras 31 años encarcelado. La cadena perpetua a través de eufemismos.

Llevamos en la mochila colectiva la cárcel como parte adherida a nuestra piel. Horas, días, meses, años contados de manera irracional. Hace unos días oí a un ex preso decir: «yo apenas pisé la cárcel, sólo estuve tres años internado». Hasta qué punto hemos interiorizado una situación hasta convertirla en normal. Cristián Capuyan, un menor mapuche encarcelado al otro lado del océano, escribía a su familia: «Bueno, el motivo de esta carta es para recordarles que aún seguimos aquí, que nada ha cambiado desde el día de mi detención». Debemos romper esa dinámica de la normalidad. Los presos vascos son una anomalía, un reflejo de políticas reñidas con la humanidad y con la paz. Hay que terminar con la excepcionalidad que afecta a cada uno de ellos. Como cantaba The Specials, «You´ve got to free».

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Que Paguen lo Que Deben

A Madrid le gusta anunciar a los cuatro vientos su clara inclinación fascista, contraria al ejercicio democrático que en otros estados de la Unión Europea pareciese algo tan natural, de todos los días.

Un claro ejemplo es la negativa por parte del régimen a otorgar a lxs expresxs políticxs vascxs la misma protección social de la que gozan lxs expresxs sociales, en un claro ejemplo de apartheid y discriminación.

Expresxs, o sea, personas que, según la filosofía del derecho, ya han cumplido con sus faltas a la sociedad, que ya no deben nada pues han pagado con el tiempo pasado en las mazmorras su "deuda". Pero son vascxs, y contra lxs vascxs todo vale.

Pues bien, pareciera que por lo menos una de esas prácticas ya no va a poder ser realizada con tan completa impunidad -con sus autores intelectuales Alberto Ruíz Gallardón y Jorge Fernández Díaz-, les invitamos a leer este artículo publicado en Gara:

Los juzgados obligan al SEPE a pagar el subsidio a varios expresos vascos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se está viendo obligado a moverse en su pretensión de no pagar el subsidio por desempleo a expresos vascos que lo solicitan. Al menos en 19 casos, este organismo dependiente del Ejecutivo español ha reconocido el derecho a esta prestación una vez que los juzgados aplicaran una sentencia del TC.

Agustín Goikoetxea

El incumplimiento sistemático por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la sentencia del TC del 23 de junio, que declara nulos e inconstitucionales los cambios legislativos introducidos por el Gobierno español en diciembre de 2013 para dejar de pagar el subsidio por desempleo a los presos vascos, comienza a resquebrajarse. Con el apoyo de la Abogacía del Estado, este organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha llegado a insistir en los argumentos anulados, lo que ha derivado en una denuncia por prevaricación de LAB contra la directora del SEPE en Bizkaia, y también en el silencio administrativo hasta que los juzgados han actuado.

En una resolución dictada el 29 de noviembre por el responsable del SEPE en Gipuzkoa, se acordó proceder a la ejecución de una sentencia firme de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, ateniéndose a la respuesta dada por el TC, declaró el derecho de un expreso a percibir el subsidio por excarcelación por seis meses, prorrogables por periodos semestrales, hasta un máximo de año y medio.

El caso de este antiguo prisionero fue el que motivó que el TSJPV planteara cuestión de inconstitucionalidad sobre esta normativa, una pataleta desatada después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo obligase al Estado español a liberar a decenas de vascos a los que había prolongado su condena ilegalmente. Es también el primero que ha forzado a mover pieza al Ejecutivo Rajoy, reconociendo su derecho a percibir 2.556,04 euros siempre que el expreso cumpla con la norma que no le querían aplicar y que originó el pleito.

No es un caso aislado, a la vista de otros movimientos que pueden acabar con esta situación de indefensión. Otro antiguo prisionero guipuzcoano también ha cobrado y el SEPE ha comunicado a otras 16 personas –quince en Bizkaia y una en Gipuzkoa– que el 10 de enero se les abonará junto a los atrasos.

En Nafarroa, donde hay al menos ocho reclamaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 de Iruñea ha estimado la demanda de otro represaliado que fue excarcelado en marzo de 2014, tres meses después de que entrase en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Social que promovieron el PP y UPyD. El SEPE denegó su solicitud de subsidio y el afectado, después de reclamar por la vía administrativa, interpuso una demanda. En el juicio, el propio servicio estatal reconoció el efecto de la sentencia del TC, por lo que el juez no hizo sino aplicarlo.

Las trabas en la percepción de esa ayuda de 426,08 euros mensuales ha llevado a muchos expresos a necesitar del apoyo económico de Harrera. Desde esta organización se incide en que la virtualidad del subsidio «es cobrarlo en el momento en que la situación de necesidad es mayor, el momento de la excarcelación, no mucho tiempo después tras pleitear en los juzgados y gracias a que LAB nos está prestando asistencia jurídica».

Desde 2014, según sus cálculos, el Gobierno español ha dejado de abonar 454.119.04 euros, que han asumido desde Harrera Elkartea, detrayendo el dinero de otros programas. En ese tiempo han recobrado la libertad 220 personas, de las que 93 han interpuesto demanda judicial; 73 lo hicieron antes de la sentencia del TC y 20 después. Para Harrera ha supuesto que en 2014 tuviera que destinar 116.189,50 euros a ayudas. En 2015 fueron 202.688,52 y en este ejercicio serán otros 135.241,02.

Prolongar el castigo

La estrategia de prolongar el castigo, a pesar de que la propia legislación española es clara, ha supuesto para Harrera una traba importante para el desarrollo de otras iniciativas. Por el contrario, al Ejecutivo español no le «ahorra» muchos fondos ya que el «máximo» que se hubiera destinado a los 220 expresos y expresas son 1.686.960 euros.

Estima que no se llegaría a esa cantidad, pues algunos de los prisioneros, por el periodo que han estado en la cárcel, no tienen derecho al subsidio. Luego están aquellos que disponen de recursos, otros han encontrado empleo y están los que tenían derecho al paro o han comenzado a cobrar una pensión, sin olvidar a los que podían percibir ayudas sociales por sus circunstancias personales. La asociación aventura que, más o menos, el Estado español habría dejado de pagar 1.265.220 euros.

Harrera Elkartea agradece el respaldo pero insiste en las carencias que se deben satisfacer

Los obstáculos creados por el Gobierno español para seguir castigando a presas y presos tras su excarcelación están condicionando mucho la actividad de Harrera Elkartea, a pesar de que cada vez son más las personas que se les acercan para colaborar de alguna manera. Lo agradecen públicamente, pero no bajan la guardia. La asociación que se constituyó en junio de 2012 para ayudar a la integración social de quienes han sufrido cárcel y exilio por su compromiso político ha visto cómo, a partir de 2014, ha tenido que destinar tres cuartas partes de sus fondos a ayudar a esas personas a las que se denegaba el subsidio.

En este contexto especial, realizan una llamada a aquellas personas que puedan realizar una aportación para que lo hagan. Aclaran que, aunque es en las ayudas mensuales en lo que se están volcando, también trabajan en solucionar los problemas que les puedan surgir habitualmente a los antiguos prisioneros en ámbitos como el jurídico-administrativo, vivienda, salud y trabajo.

Los ingresos conseguidos por la organización para desarrollar sus actividades han crecido al tiempo que los grupos que trabajan en pueblos y barrios aumentan, especialmente a través de las cuotas mensuales, además de otras aportaciones que suelen recibir y del dinero que obtienen por algunas iniciativas puntuales. El hándicap es que la mayor parte de los ingresos los deben destinar a expresos o personas que regresan del exilio «con el agua al cuello» al encontrarse sin recursos y sin ningún tipo de amparo, que necesitan «con urgencia» de la ayuda de Harrera. «Nosotros pedimos en nombre de ellos y por tanto, somos también quienes debemos agradecer el respaldo que recabamos», enfatizan.

En la actual situación, viendo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) trata de demorar «hasta el límite» el abono del subsidio de 426,08 euros mensuales que les correspondería a todos los expresos que no tuvieran recursos, agradecen la labor de asesoramiento y defensa que están recibiendo del sindicato LAB.

También de aquellos particulares y empresas que les ofrecen un puesto de trabajo en la actual situación de crisis y con los perfiles de quienes los demandan. «Se trata por lo general –explican– de personas que han superado los 40 años y han pasado mucho tiempo en prisión. Algunos, por por suerte, han cumplido condenas más pequeñas o son jóvenes... pero no suele ser esto en la mayoría de los casos a los que debemos hacer frente». Son varias las decenas de expresos que lo han conseguido a través de Harrera, que destaca la importancia que tiene la reintegración laboral para llevar adelante una vida digna.

Tampoco debe pasar desapercibida la labor que realiza la asociación acompañando y aconsejando a los expresos y exrefugiados en sus gestiones ante la Administración para legalizar su situación. Son trámites como los relacionados con el carnet de conducir o de identidad, empadronamiento, pasaporte, tarjeta médica, subsidios o pensiones a las que pueden tener derecho.

Otro aspecto importante es la atención médica, para tratar de resolver los problemas que hayan podido surgir en sus estancias en la cárcel o el exilio. Harrera Elkartea pone a su disposición la ayuda de unos equipos de oftalmólogos, dentistas y sicólogos.

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LAB Arropa a lxs Expresionerxs

El sindicalismo militante vasco se ha posicionado en favor del colectivo de expresxs políticxs, lean ustedes esta nota publicada en Gara:

Protegerles frente a la venganza y la exclusión

El sindicato LAB presentó ayer una denuncia contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a cuyos responsables acusa de prevaricación por negar a exprisioneros vascos, desde hace ya casi tres años, el llamado subsidio de excarcelación. Una ayuda a la que todas las personas excarceladas tienen derecho durante sus primeros 18 meses en libertad y que en la actualidad se limita a unos magros 426 euros al mes. El montante es sin duda escaso y muchas veces insuficiente, pero sin embargo supone una importante ayuda para quien sale de prisión sin recursos económicos a su disposición.

El escándalo no es nuevo. Fue en 2014, como una rabieta infantil a la excarcelación de presos debido a la anulación de la «doctrina Parot» por parte del Tribunal de Estrasburgo, cuando PP y UPyD pactaron dejar de prestar el subsidio a los presos vascos. La inconstitucionalidad de la medida, insinuada en su día hasta por el PSOE, fue confirmada en junio de 2016 por el mismísimo Tribunal Constitucional, que anuló la treta introducida en la Ley de Presupuestos de 2014. Sin embargo, seis meses después de la decisión del más alto tribunal español, el Gobierno español sigue denegando los subsidios a los presos vascos excarcelados. De ahí la denuncia de LAB, que se dirige contra la secretaria provincial del SEPE en Bizkaia, pero que será ampliada al resto de secretarías provinciales, que justifican su actuación alegando órdenes de Madrid, según destacaron ayer representantes del sindicato.

Resulta difícil encontrar explicación a esta medida de excepción contra los presos vascos –una de tantas– al margen de la pura y dura sed de venganza de las autoridades del Estado. Frente a este obstáculo –el enésimo– en el camino unilateral hacia la paz y la normalización política, cabe destacar el esfuerzo por acoger y acompañar a los presos excarcelados realizado por la sociedad vasca. Un empeño encarnado en colectivos como Harrera y en el que sería de agradecer una mayor y más pública implicación de las instituciones vascas.

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Madrid y la Condena Infinita

Les compartimos esta denuncia a manera de editorial que ha sido publicada en Naiz:

La excepcionalidad, de nuevo en evidencia

El Tribunal Constitucional ha tumbado la supresión del subsidio de excarcelación, una medida implantada por el Gobierno español en 2014, tras la sentencia contra la llamada «Doctrina Parot», a través de la habitual maquinaria de excepcionalidad empleada contra presos y presas, incluso después de acabar sus condenas. La iniciativa, que partió de UPyD –formación a día de hoy ya irrelevante– y fue abrazada por el PP, se impuso a través de la Ley de Presupuestos Generales. Una vía que el TC confirma como improcedente, por lo que sin necesidad siquiera de entrar al fondo del asunto anula la decisión de suprimir la prestación de 426 euros a la que toda persona excarcelada tienen derecho durante un periodo máximo de 18 meses. Haciendo alarde de su talante más vengativo y sus más espurios propósitos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy estableció su anulación para expresos condenados por delitos de «terrorismo» y lo intentó camuflar añadiendo otros como el de «pederastia».

Lamentablemente, estos hechos no sorprenden en Euskal Herria aunque no por eso dejan de ser indignantes. La cuestión concreta de la denegación del subsidio a expresos fue criticada incluso por el PSOE, al que no se le presume precisamente una actitud proactiva para resolver estas consecuencias del conflicto. La maniobra ejecutada por PP y UPyD parte de los instintos más bajos de un Estado malacostumbrado a pisotear los derechos humanos, pero es además de una torpeza infinita. Negar el subsidio a personas recién excarceladas que no disponen de los recursos mínimos no solo es denigrante en sí mismo, sino que tira piedras contra el tejado de sus propios discursos al atacar principios como el de la reintegración en la sociedad.

Desde Euskal Herria, la mejor respuesta sería poner en la agenda de las soluciones la situación de estas personas a las que Madrid quiere castigar a la condena infinita. Una labor que hoy día realizan de modo encomiable colectivos como Harrera, pero que merece mayor acompañamiento.

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Humanismo Responsable

Les compartimos esta editorial publicada en Gara:

Una aportación más allá de las palabras

La asociación Harrera, que desde hace tres años asiste a expresos y exhuidos vascos, firmó ayer un acuerdo con las asociaciones de Ipar Euskal Herria PACT-HD Pays Basque y Atherbea, que se ocupan de ayudar a los ciudadanos que atraviesan por dificultades a encontrar vivienda digna y a recuperar su lugar en la sociedad. Esas asociaciones pretenden así aportar su grano de arena al proceso de paz, poniendo su trabajo a disposición de quienes tras años de prisión o exilio se enfrentan a la falta de vivienda, de trabajo o, simplemente, a la desorientación en un medio que desconocen.

Ciertamente, ese acuerdo supone una importante aportación al proceso de resolución en la dirección señalada por la declaración firmada el pasado 24 de octubre en Baiona por los principales partidos de Ipar Euskal Herria, y es, asimismo, muestra de voluntad de afianzar los pasos hacia un escenario de paz. El documento de Baiona recoge en uno de sus puntos la recomendación de elaborar por parte de las instituciones públicas un «plan de reinserción social de los presos». En concreto, hace referencia a temas como la ayuda al empleo, al acceso a una vivienda o a ingresos de jubilación. Gestos como el de ayer demuestran que existe un compromiso de ir más allá de las palabras, realizando una labor que en la resolución de otros conflictos ha corrido a cargo de gobiernos y, en el caso del conflicto del Norte de Irlanda, también de la Unión Europea.

Una labor necesaria para la normalización que los gobiernos español y francés no solo no asumen, sino que dificultan. Muestra de ello es la actitud española de negar cualquier subsidio que legalmente corresponda a los excarcelados, o de perseguir el simple recibimiento a quien ha estado ausente durante largos años por parte de sus vecinos. Frente a esa irresponsabilidad, el trabajo de las asociaciones que ayer firmaron ese acuerdo ofrecen una lección no solo de humanidad, sino también de responsabilidad.

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