Entrevista a Harrera

¿Les suena aquello de reinserción en un proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción como el que ha atravesado ETA?

Pues bien, el colectivo Harrera se ha dado a la tarea de enfocar sus esfuerzos precisamente en ese componente.

Porque si bien en el pasado lo importante era hacer acompañamiento al colectivo de presos y presas así como a sus familias víctimas de la dispersión y del aislamiento, hoy, lo crucial, es la de llevar ese mismo acompañamiento al retorno al tejido social del cual fueron arrancados durante tantísimos años.

A la luz de lo anterior, les compartimos esta entrevista publicada en Naiz:

«Ahora la solidaridad no es ir lejos, es acompañar a quien ha vuelto»

Maitane Sagastume y Egoitz Koto | Portavoces de Harrera | Harrera celebró este sábado en Durango su asamblea anual, cerca del objetivo de los 5.000 socios pero con la necesidad de seguir avanzando porque la necesidad asistencial «se multiplica». Detallan la situación, miran a largo plazo con propuestas y explican qué hacer «para no dejar solo a nadie».

Ramón Sola

¿Qué balance se hace del último ejercicio? Por resumirlo en términos de contabilidad, ¿han crecido más los ‘ingresos’, las nuevas aportaciones, o los ‘gastos’, las nuevas necesidades?

MAITE SAGASTUME: El balance es muy positivo. El año ha sido intenso y se ha intentado y creo que conseguido los objetivos que nos habíamos marcado en 2024. Básicamente para 2025 teníamos dos principales: uno, que la sociedad conociese el trabajo que realiza Harrera y a la vez tejer una red con las entidades sociopolíticas del país, y dos, reforzar todo el trabajo asistencial, que es la misión de Harrera. El refuerzo asistencial se ha concretado en llegar a más personas y ello ha incrementado los gastos. Pero podemos decir que haber dado visibilidad al trabajo que realiza Harrera ha hecho también incrementar los ingresos.

EGOITZ KOTO: Sí, en este momento se están dando muchos movimientos en las prisiones y a Harrera le está tocando buscar trabajos, voluntariados… Y lo teníamos claro, nadie se iba a quedar dentro por no tener una oferta de trabajo o lo que se requiera para salir. Eso ha supuesto mucho trabajo.

Antes, los presos y presas cumplían la condena y salían, ahora se puede empezar a salir antes de terminar la condena pero esas salidas están vinculadas a estudios, trabajos, voluntariados… y es Harrera quien ayuda a encontrar y gestionar todo esto. Así que el volumen de trabajo de Harrera se ha multiplicado, también sus gastos y sus ingresos.

Identifiquemos primero las necesidades: ¿cuántas personas están saliendo de prisión actualmente a la calle cada día y cuántas de ellas necesitan asistencia?

M.S: A día de hoy son 105 presos y presas las que enumera Etxerat. Es importante saber que aunque haya muchos y muchas pisando calle, siguen estando presas. Nos encontramos con amigos y amigas fuera y pensamos, ‘ostras, ya está, askatu dute!’, pero no...

Desde que se les aplica la legislación penitenciaria ordinaria existe una transición antes de llegar a la total libertad, que pasa por el llamado 100.2, que es básicamente que el o la presa sale diariamente por unas cuantas horas a trabajar, estudiar o a hacer un voluntariado. En esta situación hay 20 presos y presas. El tercer grado, un paso más, ya supone poder dormir en el domicilio de jueves a lunes. En esta situación a día de hoy hay 8 presos y presas. Luego tenemos a quienes están con la pulsera, que ya no tienen que volver a prisión; en esta situación hay 37 presos y presas.

A todos y todas ellas está ayudando Harrera. Y a tantos otros que, aun habiendo dejado atrás la cárcel, el exilio o la deportación, siguen necesitando ayuda.

Mencionan que cada una necesita su ‘traje a medida’, pero ¿encontrar vivienda y trabajo sigue siendo lo más difícil, visto el contexto general?

E.K: Para nosotras es básica la idea del traje a medida. Cada persona tiene una situación y unas necesidades particulares y Harrera pone todo su empeño en ayudar a cubrirlas. Las necesidades de la vivienda normalmente están resueltas por las propias familias, pero cuando no es así, el problema suele ser importante. Aun y todo, solemos darle solución apelando a la comunidad.

En cuanto al trabajo, es tan necesario como difícil de conseguir para quien ha pasado más de 20 años en prisión. Intentamos encontrar propuestas de trabajo adecuadas a las particularidades de cada uno.

Harrera dispone hace tiempo de un piso en Donostia y planteaban conseguir alguno más…

M.S: En este momento son tres pisos asistenciales gracias a la generosidad de toda nuestra red. Gracias a esto, quienes salen durante unas horas al día o su residencia familiar está en otro herrialde disponen de un lugar tranquilo donde comer, ducharse o simplemente descansar. Tenemos que darnos cuenta de que no todos los presos y presas que por ejemplo están en Martutene son de Donostia. Estos pisos hacen más llevadero este salir y volver a prisión.

Han comentado varias veces que las pensiones son el gran problema mirando a futuro, al tratarse personas que apenas han cotizado. ¿Aparece alguna solución nueva a la vista?

E.K: Una de las líneas de trabajo que la Asamblea ha dado por buena para 2026 es la de empezar a mirar a largo plazo. Me explico, se trata de un primer estudio para contabilizar a  todas las personas que hayan estado más de 5 años en el exilio o en prisión, y cuál es su situación de vulnerabilidad teniendo en cuenta dos vectores: la vivienda y la renta.

Hay mucha gente que por edad no va a poder cotizar los 15 años que se exigen como mínimo y que por eso no puedan cobrar una pensión. También hay quienes han cotizado 15 años pero la pensión contributiva es tan pequeña que no les permite subsistir. Por eso, Harrera necesita disponer de datos certeros que nos permitan saber cuántas personas y en qué cuantía necesitarán ayuda en un futuro.

Por otra parte, tenemos una propuesta por medio de la modificación de la ley de RGI  que permitiría a muchos y muchas tener derecho a recibir esta ayuda. Esta propuesta ha sido trasladada a todos los agentes políticos y sindicales en el marco de relaciones que hemos mantenido en 2025.

¿Tiene Harrera algún tipo de colaboración con el Departamento de Justicia de Lakua? ¿Ven sensibilidad hacia esta problemática tras el cambio de manos desde el PNV al PSE?

M.S: Como acabamos de decir, uno de los objetivos del año pasado era el de entablar relación con los partidos, sindicatos… de este país. Esto se ha realizado, es más, han sido invitados a la asamblea general. A todos con los que nos hemos reunido se les ha entregado un dossier en que identificamos dificultades de leyes y posibles modificaciones de decretos. Veremos qué frutos da. Por el momento la acogida y la relación son fluidas. 

¿Programas oficiales como Aukerak están funcionando?

M.S: La creación de Aukerak nos parece positiva. Otra cosa es si puede cumplir los objetivos para los que fue creada. A los presos y presas se les exige un contrato de trabajo para acceder al tercer grado. En principio, Aukerak debiera estar en condiciones de posibilitar esos contratos pero, a día de hoy, no tiene esa capacidad. 

‘5.000 baietz’ es el objetivo marcado en número de socios, ¿está lejos todavía? 

E.K: Se empezó el año con 3.200 y al día de la asamblea hemos llegado a los 4.820 bazkides. ¡A ver si con esta entrevista llegamos a los 5.000! [sonríe]. Es importante que la gente sepa que este colectivo va a seguir necesitando de Harrera durante décadas. Y eso supone que nuestra comunidad, nuestro pueblo, tiene que seguir practicando la solidaridad. Nos tenemos que ayudar y seguir ayudando. Las bazkidetzas se han multiplicado gracias a las presentaciones de Harrera en más de 80 pueblos y barrios a lo largo de 2025.

¿Qué tipo de aportaciones extras reciben? Al principio de Harrera se conocieron algunas donaciones, más recientemente han citado casos de personas que han dado a la asociación la indemnización recibida como víctimas de violencia estatal…

M.S: Este pueblo es solidario, eso se ve en las donaciones, lo estamos palpando. Este 2025 un particular ha donado parte de la venta de una vivienda y nos han dejado otras 3 en herencia. Una de las líneas de trabajo de 2026 será animar e impulsar el tema de las herencias. Hubo una carta en GARA el verano pasado de José Mari Esparza sobre la solidaridad después de una vida de lucha, creo que fue maravillosa y por ello vamos a trabajar en ello, para que aquellas personas que así lo deseen puedan seguir aportando aunque nos dejen.

Han abierto una línea de trabajo con Coiste, ¿por qué y para qué?

M.S: Partimos de situaciones y momentos históricos diferentes. Por tanto, no se trata de equiparar ni de copiar modelos. Dicho esto, Coiste es en Irlanda el equivalente a Harrera en Euskal Herria. Para nosotras es importante compartir experiencias y explorar posibilidades junto a Coiste, redoblar esfuerzos para gestionar mejor la problemática de los presos y presas tras la vuelta a casa. 

En la asamblea se ha tratado también una iniciativa conjunta con GEBehatokia ante Naciones Unidas. ¿De qué se trata?

E.K: Basándose en datos aportados por Harrera, GEBehatokia informó a Naciones Unidas sobre las dificultades que deben enfrentar las personas liberadas tras cumplir largas condenas en condiciones extremadamente duras. Se aportó un resumen de las dificultades a las que deben enfrentarse los presos y presas vascas una vez alcanzan la libertad, y el escaso apoyo institucional que pueda facilitar su vida con unos mínimos parámetros de calidad una vez cumplidas condenas, que en muchas ocasiones superan los 20 años. 

Tal y como viene a concluirse en el informe de Naciones Unidas, este trabajo debe ser impulsado y promocionado por las administraciones públicas, para poder dar así respuesta a las numerosas y diferentes necesidades de las personas una vez alcanzan su libertad. El hecho de ser mencionados en un informe de tan alto nivel supone un gran espaldarazo al trabajo que realiza Harrera.

¿Con qué argumento animarían a sumarse a Harrera a alguien que tenga posibilidades de ayuda y esté dudando entre varias causas diferentes?

M.S: Durante décadas este pueblo solidario cruzaba los muros cada semana: se han compartido miles de kilómetros, cansancio y dinero para no dejar solo a nadie. Este pueblo solidario ha arrimado el hombro para costear viajes interminables de hijas, amatxus, amigos... que llegaban a las visitas exhaustos pero felices. Ahora la solidaridad no es ir tan lejos, es quedarse cerca. Es acompañar a quien ha vuelto de la cárcel, el exilio o la deportación para reconstruir una vida digna.  

E.K: Quienes vuelven de la cárcel, el exilio o la deportación tienen necesidades concretas y este pueblo solidario tampoco les va a dejar solos ahora. Harrera canaliza esa ayuda pero es la gente, la buena gente, la que lo hace posible. Algunos apoyan cediendo viviendas, otras haciéndose bazkides. La cuota mínima son 60 euros anuales, es decir, 5 al mes. Hacerte socia es fácil, rápido y desgrava. Les planteamos que entren en harreraelkartea.eus y desde ahí se hagan bazkides.

 

 

 

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67 Mil en la Manifestación 'Behin Betiko'

Más de 67 mil personas han acudido al llamado de Sare este sábado para participar en la manifestación de enero en favor de presas y presos políticos vascos bajo el lema Behin Betiko.

Aquí la relatoría por parte de Naiz:

Una multitud evidencia en Bilbo el deseo de un futuro sin presos y en convivencia

Sare ha logrado reunir en Bilbo a miles y miles de personas bajo un lema que apunta al horizonte final para las consecuencias del conflicto: «Behin betiko». Una calle Autonomía abarrotada muestra el anhelo de pasar esta página para las personas aún presas.

Agustin Goikoetxea

La pancarta de Sare con el lema ‘Behin betiko’, portada por personas de muy diferentes trayectorias e ideologías, avanza a duras penas por el recorrido de la movilización de este sábado en Bilbo. La calle Autonomía se ha vuelto a llenar, esta vez para expresar la reivindicación de que ya es hora de sellar las consecuencias del conflicto, con tres claves: «Resolución, paz y convivencia».

Desde primera hora de la mañana, a pesar de la adversa climatología, las calles de la capital vizcaina se han ido llenado de gente que acudía desde todos los puntos de Euskal Herria para sumar su grano de arena en esta movilización anual.

Portan la pancarta de cabeza un grupo de personas representativo de la amplitud que ha tomado esta demanda: el histórico alcalde de Bergara José Luis Elkoro, Emilie Martin (Bake Bidea), el periodista Martxelo Otamendi, la activista vasca-saharaui Garazi Hach Embarek, la profesora de la UPV/EHU Arantza Aldezabal, la abogada Amaia Izko, el actor Patxi Bisquert, Eba Ferreira (Harrera)...

Donde más se plasma esta pluralidad es en el terreno sindical, puesto que en Bilbo están los principales sindicatos vascos con sus máximos representantes al frente. Antes de la marcha han hecho declaraciones Mitxel Lakuntza (ELA) e Igor Arroyo (LAB).

Arroyo ha reclamado que «termine toda medida de excepcionalidad» contra los presos y ha reclamado a patronal e instituciones públicas que posibiliten su «incorporación al mundo laboral». Por su parte, Lakuntza ha indicado que  «no hay en nuestra opinión ningún tipo de razón jurídica, política o social para mantener hoy una política de excepción penitenciaria». Además ha destacado «a necesidad de reconocer al conjunto de las víctimas del conflicto. Falta todavía por reconocer a muchas víctimas, sobre todo las víctimas que han sido causadas por el Estado y sus aparatos policiales».

En el espacio político las ausencias resultan más evidentes. Han enviado representación EH Bildu (con Arnaldo Otegi a la cabeza y el senador Gorka Elejabarrieta como portavoz ante los medios), EH Bai y Sortu. Antes de comenzar el recorrido, Elejabarrieta ha remarcado que «ha llegado el día de poner fin a todas las excepcionalidades» y solucionar «de forma integral y definitiva la cuestión de los presos Euskal Herria se merece un escenario sin presos», algo que «sería una gran aportación para la convivencia».

Los familiares de las personas presas (122 en el listado de Etxerat) caminan entre aplausos y gritos de ánimo, entre los que sobresale el de ‘Euskal presoak etxera’. En la pancarta están representados además por Rafael Larretxea. No ha podido asistir por enfermedad Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, muerto por disparos de ETA.

Sobresale en la marcha la implicación de dirigentes políticos y sociales catalanes. Así, destaca la presencia del expresident de la Generalitat Quim Torra. También la de Lluís Llach, ahora máximo responsable de ANC. También está Xavier Antich, su homólogo de Òmnium Cultural. Las fuerzas políticas independentistas han traído a Bilbo delegaciones potentes: el diputado Josep Pagès por Junts, Diana Riba y Joan Ignasi Elena por ERC, Berta Ramis y Su Moreno por la CUP. También han querido arropar esta reivindicación con su presencia BNG y Més per Mallorca (está en la capital vizcaina su diputado Vicenç Vidal).

La marcha, encabezada por un grupo de zanpantzar, se ha puesto en marcha pasadas las 17.10 con miles de personas aguardando en las aceras la ocasión de incorporarse, y avanza hacia el Ayuntamiento, donde se realizará el acto final.

Como es costumbre, se he hecho una parada al llegar a la plaza Zabalburu para que los portavoces de los convocantes, Begoña Atxa y Joseba Azkarraga, hicieran declaraciones a los medios. Han descatado que «decenas de miles de personas se han vuelto a dar cita en Bilbo para reclamar que se respeten los derechos de los presos vascos, el fin de las vulneraciónes».

Ambos se han dirigido a la Audiencia Nacional española para recordar que «hace dos meses se aprobó la ley sobre el cómputo de penas, la AN no puede seguir retrasando su aplicación, se ha hecho mucho daño durante los últimos años, cumpliendo penas de más. Ya es la hora de aplicar la legislación, sin trucos».

También han instado al Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua a agilizar las concesiones de tercer grado, en las que acumulan «un retraso considerable. Hay medio centenar de presas y presos que legalmente podrían estar en tercer gardo y no están».

Los representantes de Sare han advertido que «si no se cumplen estos derechos violveremos a convocar a la gente las veces que haga falta. Esto no está reñido con el necesario respaldo a todas las vícitimas».

La movilización ha vuelto a retomar su ritmo, y pasada la hora de caminata la cabecera ha llegado a las escalinatas del Ayuntamiento. Tocaba esperar a que fueran llegando a los alrededores del edificio consistorial las miles y miles de personas que caminaban por detrás, antes de dar inicio a la lectura del comunicado final.

Como preludio, los cantautores Gorka Knörr y Lluís Llach se han colgado sus guitarras para interpretar el ‘Txoria txori’ de Mikel Laboa.

Al término del recorrido, Azkarraga en castellano y Atxa en euskara han dado lectura al manifiesto final, en el que han agradecido su presencia a todas las personas que han acudido y a quienes «dicen alto y claro que sin resolver la situación de las personas presas, no hay ni habrá normalidad posible. Porque la resolución es la base de la convivencia. Solo eso nos acercará a una paz justa».

«Entre todos y todas desactivaremos las políticas vulneradoras de los derechos de las personas presas. Entre todos y todas, las traeremos a casa, junto con los exiliados y deportados. Vamos avanzando. Vamos cubriendo etapas. Sin duda, más lentamente de lo que quisiéramos, pero vamos bien: hace tiempo que dejamos atrás las vulneraciones de derechos a los presos y presas vascos que supusieron las políticas de alejamiento; las celdas de aislamiento; la permanencia en primer grado hasta el final de las condenas. Y la última victoria arrancada a quienes se empeñan en mantenerse en el bloqueo y la crispación, el fin del no computo de penas, que ha representado una de las mayores aberraciones jurídicas a las que se ha sometido a estas presas y presos», han enumerado.

«Nos toca continuar empujando»

No obstante, faltan etapas que superar, y los representantes de Sare han destacado que para ello «nos toca continuar empujando, y esto solo podemos hacerlo si caminamos juntos, si nos conjuramos para hacer frente a todos los obstáculos que nos pongan por delante».

Han remarcado que existen «excepcionalidades que aún se mantienen, y no solo las derivadas de legislaciones que se aprobaron hace más de 20 años, en épocas que nada tienen que ver con las que hoy vive la sociedad vasca, sino las practicadas en el día a día de la gestión penitenciaria. En lo concerniente a progresiones de grado, permisos penitenciarios u otros modelos de cumplimiento, el tratamiento aplicado a los presos y presas de motivación política es discriminatorio respecto a otras personas presas».

«Ya basta que ciertos ámbitos políticos, judiciales o algunos medios de comunicación se erijan en evaluadores de las conciencias de las de los presos y presas de motivación política. ¿Quiénes son ellos para dudar de la veracidad, sinceridad y alcance de las voluntades que de manera individual vienen haciendo personas con muchos años de prisión a sus espaldas?», se han preguntado.

«Decimos con rotundidad que los presos y presas vascos han dado, desde el año 2011, más pasos en favor de la paz y la convivencia que la derecha política y judicial española juntas», han certificado Azkarraga y Atxa.

«Tenemos que volver a recordar que ETA ya no existe. Que ETA tomo sus decisiones hace tiempo y que ya es hora de avanzar. De romper muros y desatar nudos. Es hora de la paz. De una paz que es mucho más que la ausencia de violencia. Que es una paz con derechos. El derecho a no olvidar nada de lo ocurrido en este País, pero, también, el derecho a poder construir la convivencia entre todos. Sin odios, ni revanchas», han añadido.

«Desde Sare tenemos muy claro que es necesario fortalecer el respaldo y apoyo a las víctimas de las violencias. De todas las violencias. Porque siendo las víctimas iguales en sufrimiento, son desiguales para las varas de medir políticas y judiciales. Exigimos el mismo reconocimiento a las miles de personas torturadas, asesinadas por las fuerzas de seguridad, el terrorismo de estado y los fascistas. E igualmente para las abusadas por el poder o la Guardia Civil y que no tienen el beneficio del reconocimiento, pero sí la garantía de ocultación e impunidad de sus perpetradores», han reclamado.

 

 

 

 

 

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Entrevista a Harrera

Tanto Madrid como París han dado pasos dolorosamente lentos para hacer cumplir la parte que les corresponde en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de la organización antifascista vasca ETA y eso es, precisamente, la reinserción, misma que requiere la liberación de los presos.

En ese contexto, les compartimos esta entrevista publicada por Naiz:

«Tenemos 58 personas saliendo de prisión cada día, hay que fortalecer Harrera»

Harrera Elkartea acaba de aprobar una hoja de ruta renovada para cuatro años, que fortalece el trabajo desarrollado estos trece años dadas las nuevas necesidades por las progresiones de grado. Lo detallan con la convicción de que es necesario para la paz y la convivencia.

Peli Lekuona-Ramón Sola

Conceptos como 100.2, tercer grado, permisos o incluso libertad condicional eran ajenos a los presos y presas vascas cuando Harrera empezó su labor en 2012. Los que predominaban eran otros bien distintos: alejamiento, primer grado, aislamiento... La asociación ayudaba inicialmente a quienes salían de prisión de un día para otro con la condena cumplida hasta el final o lograban volver del exilio. Su espacio de acción ha ido incrementándose en esta década larga para atender nuevas necesidades y ahora se intenta potenciar con un plan para cuatro años, aprobado el pasado fin de semana en una asamblea extraordinaria en Andoain. Idoia Martinez, coordinadora del equipo; Eba Ferreira, presidenta: y Carlos Askunze, vicepresidente, lo explican.

Una hoja de ruta renovada y para cuatro años. ¿A qué nuevas necesidades responde?

Idoia MARTINEZ: Cada vez son más los presos y presas de motivación política que, siguiendo el itinerario penitenciario, están accediendo a progresiones de grado. Ahora hay 58 personas que por diferentes modos salen de prisión cada día, lo que supone renovar documentación, inscribirse en Lanbide, consultas médicas, desplazamientos para ir y volver a prisión, necesidad de asistencia económica…

La búsqueda de trabajo es un problema importante; aun tratándose de personas con estudios universitarios en muchos casos, carecen de experiencia. Junto a ello, han sido muchos años de prisión y salen cada vez con edades más avanzadas. Ello genera problemas de salud, en algunos casos deteriorada porque largos años con una asistencia médica no adecuada tienen sus efectos. Y también otro: muchos salen en edad de jubilación o casi, pero sin años cotizados para poder cobrarla.

Carlos ASKUNZE: Se trata de fortalecer el trabajo que ya se estaba haciendo y adecuarlo a esas nuevas necesidades. Requieren más recursos, mayor interlocución con agentes y con instituciones, fortalecer también la base de apoyo...

Libertades condicionales, terceros grados, 100.2, permisos… Para los profanos en la materia es difícil seguir este esquema. ¿De qué situación diaria concreta estamos hablando?

I.M: Los datos que manejamos hoy día son de 121 personas en las cárceles de Euskal Herria y 4 en el Estado francés. De esas 121, 58 están saliendo a diario: 13 en tercer grado, 26 con control telemático y 19 en 100.2, que es una flexibilización del segundo grado en la que pueden salir unas horas entre semana para hacer voluntariado o trabajar. De los 63 que quedan, 8 salen con permisos.

Este cuadro es nuevo. Los primeros terceros grados se produjeron en la época de la pandemia y aun así Harrera intentó y logró acompañar a cada persona que iba saliendo. Ello precisa de conocimiento previo de las necesidades de cada una, organización de voluntarios para desplazamientos...

El empleo es una necesidad evidente en ese itinerario de salida. ¿No existen para ello herramientas públicas, como Aukerak?

C.A: Programas como Aukerak los vemos con buenos ojos porque responden a una necesidad muy real. Lo que sucede es que todavía están siendo pasos incipientes. Las prisiones no siempre están preparadas para este tipo de proyectos. Hay planes-piloto pero queda mucho que hacer. Mientras tanto, Harrera tiene que dar una solución, y eso pasa por buscar, tener un contacto continuo con instituciones públicas para ver oportunidades e itinerarios, pero también con entidades sociales que ya están trabajando en prisión, o con ámbitos cercanos, encuadrados en la economía social o solidaria, entidades que ofrecen espacios de voluntariado...

¿Y la vivienda? Aquí el problema es general. Habrá quien cuestione que se trabaje específicamente para estas personas, ¿qué les responden?

C.A: Que efectivamente es una preocupación máxima en la sociedad, pero especialmente para aquellos grupos de población que están más fragilizados o son más vulnerables: jóvenes, familiares monoparentales… y también expresos y expresas. Hay agentes que están trabajando esos espacios específicos y Harrera es un agente más para este ámbito concreto. Afortunadamente existe cada vez una conciencia mayor de que hay que responder a las situaciones de fragilidad.

¿Todo esto no tendría que corresponder a las instituciones? ¿Cómo valoran su implicación?

I.M. Salvo honrosas excepciones, han sido las redes familiares de estas personas y Harrera quienes han afrontado este trabajo en solitario. Más allá del altruismo, no existen recursos suficientes. La ONU define la reintegración de las personas presas como un proceso social y económico, que tiene que ver con el desarrollo general de los países. Por lo tanto, entendemos que precisa la responsabilización de todo un país, y que eso es positivo para la paz y para la convivencia.

C.A: Añado una reflexión: todos los pasos que se han ido dando en estos años lo han sido por esta implicación multiagente. En este proceso concreto también hay que buscar esos consensos porque todavía queda más camino que recorrer.

Por otro lado, en el Estado español Instituciones Penitenciarias no siempre ha puesto el foco en la reintegración de las personas. La política penitenciaria casi nunca ha estado unida a otras políticas, como las de empleo, asistenciales… Que las políticas estén ahora en el Gobierno Vasco es una oportunidad para impulsar un modelo más abierto, diferente. Los sindicatos o las entidades sociales también pueden participar en ello e impulsarlo.

Vamos a lo concreto. Harrera tiene un piso en Donostia a disposición de estas personas, ¿cómo funciona? ¿Y se hará lo mismo en otras ciudades?

I.M: Lo utilizan cuatro presos que cumplen condena en Martutene. Dos de ellos están con control telemático centralizado en el piso asistencial, por lo que de lunes a jueves duermen en el piso y el resto de días lo hacen en el domicilio familiar. Los otros dos están en tercer grado; de lunes a jueves duermen en la cárcel y el piso lo utilizan en las horas de salida que les quedan. Se trata de personas que no tienen un espacio habitacional cerca de la cárcel porque son originarias de otros herrialdes. Y sí, en los demás herrialdes también va a ser necesario e intentaremos hacerlo lo antes posible, pero no es fácil y sobre todo no es barato, necesitamos ayuda para ello.

Harrera lleva años alertando de la cuestión de las pensiones. Son personas que salen de la cárcel habiendo cotizado muy poco o nada. ¿Cómo se puede afrontar?

I.M: Nos preocupa muy especialmente. Con ayuda jurídica estamos explorando caminos novedosos, hay que perseverar para encontrar una solución. Creemos que son problemas consecuencia de la situación vivida en Euskal Herria durante muchos años. Y tenemos disposición absoluta a trabajar codo con codo para buscar soluciones.

¿Qué tipo de ayuda médica y de otro tipo presta Harrera?

I:M: Oftalmológica, dentistas, sicólogos… Se cuenta con una red de personas profesionales que pueden echar un cable, pero hará falta más. Se les ayuda a sacar el carnet de conducir, o a gestionar ante la Administración solicitudes de RGI... Y también hay asistencia económica, les hace falta.

En estos años hemos ido incorporando personas que conocen la situación, kides. Para ofrecer un acompañamiento integral hace falta ese conocimiento en primer persona del recorrido penitenciario pero también hace falta un perfil técnico, por ejemplo de personas que puedan contribuir en la asistencia sociolaboral. Así que nos vamos readaptando a partir de la experiencia de estos doce años desde que se creó Harrera, que ha sido muy positiva.

¿Cuántos socios tiene Harrera y cuántos necesitaría?

Eba FERREIRA: En la actualidad contamos con 3.266. Necesitaríamos duplicarlo teniendo en cuenta todo lo dicho: que cada vez hay más gente que necesita ayuda. Luego están las donaciones, que suelen ser puntuales pero tienen un carácter mayor económicamente: hay personas muy generosas que han dejado sus herencias a Harrera, o personas que han recibido indemnizaciones por haber sido víctimas del Estado y se lan dado a Harrera. Merecen un eskerrik asko enorme por ser tan solidarias y solidarios.

C.A: La vía de financiación principal son los socios, pero intentaremos también tener aportaciones de instituciones y empresas, creemos que podemos acceder a determinadas ayudas públicas como el resto de asociaciones. Sin olvidar actividades solidarias que se han hecho históricamente y se seguirán haciendo: actos sociales o culturales en los pueblos...

¿El trabajo de Harrera es suficientemente conocido?

C.A: Es uno de los puntos importantes del plan: queremos dotarnos de nuevas herramientas de comunicación, por ejemplo un libro-guía que explique el trabajo que hacemos, una web más dinámica que permita informar de cómo hacerse bazkide o cómo colaborar… Charlas en pueblos, barrios, conferencias… Y un trabajo con los medios de comunicación también, no por presentar Harrera en sí misma, sino para dar cuenta de la situación de estas personas

E.F: Que la gente se acerque y nos conozca, y que se anime a ser laguntzaile. Queremos que vean que este es un trabajo bueno para la construcción de la paz y la convivencia, un trabajo que se debe poner en valor.

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Pasos por la Reintegración

Desde Naiz traemos a ustedes este reportaje acerca de la más reciente iniciativa en favor de la reintegración de lxs presxs políticxs vascxs.

Lean por favor:

Hay que avanzar ya en la reintegración de las personas presas

Sin esperar a las decisiones políticas que se puedan adaptar en los distintos ámbitos institucionales, se puede comenzar a dar pasos para facilitar la reintegración de las personas presas. Es una de las conclusiones del encuentro que esta tarde ha tenido lugar en Bilbo con diversos agentes que conocen la realidad de las cárceles.

Agustín Goikoetxea

El Foro Social y Hitz & Hitz Fundazioa han reunido a representantes del Ararteko y entidades de diferente índole para hablar de qué se puede hacer para ayudar a la integración de las personas presas por motivación política; algunos de los colectivos no lo hacen, como es el caso del programa de Cruz Roja que atiende a las extranjeras encarceladas en Martutene, pero ha servido para ver que algunos retos son comunes o de la importancia de generar sinergias entre ellos.

El Foro ha defendido en la presentación del encuentro llevado a cabo en la sede de las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU que es hora de apoyar las iniciativas que sustenten la convivencia democrática en Euskal Herria; en el caso de las y los presos, impulsando su integración. Es uno de los retos, al igual que desactivar definitivamente la política penitenciaria de excepción, junto a otros nudos, como son el reconocimiento de todos los derechos de todas las víctimas y alentar la construcción de una memoria «crítica e inclusiva».

Roberto Moreno, coordinador de Justicia y personas en prisión de la oficina del Ararteko, ha comenzado exponiendo los obstáculos que el actual marco legislativo español ha creado para dificultar, en vez de facilitar, la integración, sin obviar la «especificidad» a la que se enfrentan los presos políticos vascos con el alejamiento y la dispersión. Las trabas han ido a más, especialmente con el Código Penal de 1995, acompañadas de más de 30 reformas, en las últimas dos décadas, dirigidas al cumplimiento efectivo de las penas, que impiden acceder en la práctica a la libertad condicional.

Moreno, con una amplia experiencia en el activismo social pero también en el entramado administrativo, ha hecho una radiografía de la realidad carcelaria del Estado español, con detalles de la situación en la CAV. No ha ocultado que la Ley Orgánica 7/2003 del 30 de junio será «imposible» de cambiar en los próximos años viendo la composición del Congreso y que se necesita el respaldo que 3/5 partes de la Cámara Baja para ello.

La «clave», ha defendido, es disponer de más medios materiales y personales para ir caminando en la construcción de una red que ayude a la reinserción de las personas presas antes incluso de que salgan de la cárcel y luego en la calle, con la figura extendida en otros lares del agente de la condicional.

Ante una hipotética transferencia de las competencias penitenciarias al Ejecutivo de Lakua, ha advertido, que es fundamental el perfil de los actuales funcionarios, ya que el 98% son personas que no residen en la CAV, o el escaso presupuesto asignado a Justicia. Las diferentes visiones sobre los servicios sociales tampoco ayuda, algo que ha hecho constar el Ararteko en sus informes anuales al Parlamento de Gasteiz.

Propuesta técnica desde 2017

El integrante de la oficina del Ararteko ha explicado que desde 2017 existe una propuesta técnica, que está pendiente de que se llegue a un acuerdo político acerca del modelo penitenciario que se quiere para la CAV. En ello, ha añadido Moreno, juegan un papel muy importante esos «agentes de la condicional». Es más, ha asegurado que si hubiera «voluntad política», acompañada de presupuesto suficiente, se podrían ir dando pasos sin esperar a que el Gobierno español cumpla con su promesa de otorgar las competencias de Lakua.

Se trata de articular un mapa de recursos para ayudar en los procesos de reinserción de las personas presas. «En la actualidad, personas con penas pequeñas entran en prisión, algo que podría evitarse. Con el actual sistema, por la suma de distintas penas, muchos tardan 8 años en comenzar un itinerario como este», ha lamentado.

Tras un video, en el que varios personas que han conocido cárcel, exilio y deportación aportaron sus vivencias y expusieron cómo creen que se debe abordar ese regreso a casa, Carlos Askunze, coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS), ha explicado qué son y qué ofrecen las 73 empresas y entidades que la conforman en la reintegración, ofreciendo programas de formación, empleos en empresas de inserción para integrarse en el mundo laboral y acompañamiento en procesos de emprendimiento.

Askunze ha ofrecido su mano para que los excarcelados se sumen a las diferentes redes que existen para su mejor inclusión, como también a la oportunidad de abrir nuevas ventanas en su compromiso sociopolítico, trabajando por el desarrollo de distintos proyectos desde el ámbito de la soberanía alimentaria a otro modelo de consumo energético.

REAS apuesta por que sea una realidad que todas las personas, también las que han estado en prisión, disponga de una economía suficiente para poder desarrollar una vida digna.

Estudio de las cotizaciones

Desde Harrera, Juan Karlos Ioldi se ha mostrado interesado en las propuestas planteadas por REAS. Su asociación asistencial, con 2.600 socios, elabora un informe relacionado con los tiempos de cotización de los represaliados, de cara a poder solventar en el futuro los problemas de jubilación que surgen. Se tratado, ha aclarado, de un reto a corto plazo. Ha apuntado a que la encuesta se ha realizado entre 1.600 personas que han permanecido en prisión en el periodo 2.000-2016

Gracias al trabajo realizado han conseguido que 178 represaliados políticos encuentran un empleo. En la actualidad ayudan económicamente a 37 personas, además de los servicios de asesoramiento y de especialistas médicos que ofrecen a quien no lo pudiera tener tras salir de la cárcel o retornar del exilio. Ioldi ha destacado el «desarraigo» y enfermedades crónicas a las que se enfrentan mucho de los que han regresado del exilio.

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7 Años de Harrera

Mientras el Estado Español se convulsiona a la espera de los resultados finales en las urnas, desde Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes información sustancial acerca de un tema aún por resolverse tras la culminación del DDR de ETA.

Lean ustedes:

Harrera ha atendido a más de 350 expresos en siete años

La asociación asistencial celebra en Elgeta su asamblea general anual

J. Arretxe y Javi Colmenero

La asociación Harrera, cuyo objetivo es “ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de Euskal Herria que han sufrido la cárcel o el exilio”, ha atendido a unas 350 personas y, tras el adiós definitivo de ETA en mayo de 2018, aborda una nueva fase en la que exiliados y huidos regresan a Euskal Herria tras décadas en otros países. En el último año han sido siete las personas que han regresado regularizando su situación jurídica y 36 las que han salido de prisión.

Son datos del balance que la asociación asistencial, que cuenta con unos 3.000 socios y preside Sebastian Barinagarrementeria, ofreció ayer en su octava asamblea anual, que se celebró en Elgeta. Junto a esas cifras, también subrayaron que Harrera ha ayudado a 19 personas a encontrar trabajo (diez de ellas con empleo fijo, siete con temporal y dos en prácticas) y ha contribuido económicamente a la situación de 35 personas, de las que 21 no contaban con recurso económico alguno al salir de prisión.

La asociación se puso en marcha en 2012 y desde entonces ha abordado la situación de unos 350 expresos condenados por delitos vinculados con ETA. El vicepresidente de Harrera, Juan Karlos Ioldi, considera que estos siete años de andadura evidencian que “la asociación ha ganado la solidez y el respeto de la sociedad, y en concreto con las instituciones como el Gobierno Vasco, con las que tenemos relación para afrontar los problemas que se nos presentan”.

En los últimos años asoma una nueva casuística entre las que gestiona Harrera. “Sobre todo en el último año estamos viendo que vienen personas que han estado en el exilio o deportadas”, describe Ioldi “una situación novedosa” para la asociación.

“Una vez regularizan su situación jurídica en las embajadas, llegan aquí y lo hacen por lo general en una situación bastante precaria;en algunos casos sin familiares, en otros casos sin ningún apoyo... Harrera tiene que ayudarles en el día a día: desde buscarles una pensión primero, luego un piso de alquiler, para lo que hace falta un trabajo o una nómina...”, describe Ioldi un proceso que empieza por lo más básico: sacarse el DNI, porque no tienen nacionalidad.

Tras pedir el certificado de nacimiento en el registro civil, acuden a hacerse el DNI. “Cuando vamos con la persona que ha vuelto, ven a agentes uniformados, lo que les genera incertidumbre”, reconoce Ioldi, que asegura que desde Harrera les explican que “después de presentar el expediente, lo mandan a Madrid y pasados unos tres días nos llaman para volver y recuperar el DNI. Ahí se genera una situación de nervios, y cuando salimos, lo primero que hacen es llamar a casa para decir que ya está todo bien y que tienen DNI”. A partir de ahí, lograr la tarjeta sanitaria, un empleo, el carnet de conducir o un piso en alquiler son las necesidades en las que ayuda Harrera.

Ioldi reconoce las “dificultades” de este colectivo “para integrarse en el mundo laboral, porque tienen entre 59 y 68 años. Valoramos su situación y si han cotizado en los países de origen, con los que puede haber algún tratado, pues a ver qué cotización puede quedar”.

Más allá de estos huidos y deportados, el vicepresidente de Harrera se muestra preocupado por los expresos “que están cerca de jubilarse. Vamos a realizar un análisis a ver cómo les podemos ayudar”.

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La Gesta de Harrera Rinde Frutos

Una de las estratagemas utilizadas por el régimen español en contra de los represaliados políticos vascos es la de criminalizarlos aún después de que han saldado su supuesta deuda con la sociedad, o sea, el hostigamiento continúa aún después de la salida de prisión pues se hace todo lo posible para que los militantes no puedan hacer uso los derechos sociales y programas asistenciales a los que debieran tener acceso como cualquier otro ciudadano del estado español.

Es por eso que nos alegra tanto compartirles esta información dada a conocer por Naiz:

Harrera Elkartea consigue la integración en el mundo laboral de 22 represaliados

Harrera Elkartea manifiesta su satisfacción tras haber logrado en 2017 la integración en el mundo laboral de 22 antiguos presos y exiliados. La asociación asistencial se marca el objetivo de afianzarse en Araba y Nafarroa.

Agustín Goikoetxea

Harrera Elkartea ha celebrado en el centro cultural Aldabe, en Gasteiz, su asamblea anual, en la que sus responsables han hecho balance del trabajo desarrollado a lo largo de 2017 para ayudar a la integración social de las mujeres y hombres que han sufrido cárcel o exilio.

En la presentación, el presidente de la asociación asistencial, Sebastian Barinagarrementeria, ha destacado que paso a paso van cumpliendo con el objetivo que se marcaron en 2012 cuando se constituyeron tratando de satisfacer las necesidades de esas personas para que puedan construir su vida de una manera digna.

En cifras, Harrera consiguió el año pasado gracias a un trabajo discreto la integración en el mundo laboral de 22 personas, de las que nueve lograron un contrato fijo en una empresa, once fueron temporales y dos en prácticas.

La organización también otorgó ayudas económicas a 21 personas que no disponían de recurso alguno y aportaciones puntuales a otras 14. Asimismo, ayudaron a legalizar su situación a 13 represaliados, a los que tramitaron el DNI.

Relacionado con las relaciones con la administración, ayudaron a 8 personas para que obtuvieran el carnet de conducir. Otro ámbito en el que la asociación realiza una importante labor es en la asistencia sanitaria, al margen de la que presta la red pública, con un equipo de oftalmólogos, dentistas y sicólogos, a los que acudieron 23 personas.

Barinagarrementeria ha incidido en su saludo a los participantes en la asamblea que es importante hacer balance pero mucho más hacer frente a los nuevos desafíos, los que ha dicho estar seguro de poder conseguir gracias a la aportación de componentes y colaboradores de la asociación. En su opinión, es importante ampliar el número de socios, que ya supera los 2.300.

El nuevo tiempo abierto en Euskal Herria hace que la asociación contemple la salida de prisión o la vuelta del exilio de más personas, lo que va a suponer, en su opinión, que va a ser necesario reforzar y ampliar los recursos de los que disponen.

Barinagarrementeria ha apuntado que queda mucho trabajo que hacer en el conjunto del país, especialmente en Araba y Nafarroa, para afianzar la asociación, aunque ha confesado que es optimista.

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Asistencia Tras las Excarcelación

No nos podemos olvidar ni por un momento que tras su excarcelación, los presos políticos vascos continúan sujetos a una intensa campaña de hostigamiento, tanto por parte de las instituciones del estado como por parte de los grupos de choque disfrazados para ese fin como "asociaciones de víctimas".

Eso es lo que convierte en imprescindible la labor desarrollada por el colectivo Harrera Elkartea, quienes se han presentado a las mesas de diálogo organizadas por el Foro Social Permanente.

Así pues, les compartimos esta información dada a conocer por Naiz:

Harrera detalla su labor y anima a los gobiernos vascos a asumirla

El soporte de 3.000 socios permite a Harrera Elkartea, hace ya casi ocho años, asistir a exprisioneros en la compleja tarea de reiniciar la vida fuera. Karlos Ioldi y Gabi Mouesca han detallado su labor en la segunda mesa redonda del Foro Social. «El gran reto es implicar a Gobierno Vasco y Navarro», cree Ioldi.

Ramón Sola

Tras escuchar el ejemplo de Coiste en Irlanda, la segunda sesión de esta primera jornada del Foro Social sobre reintegración de personas presas, exiliadas y deportadas ha permitido bucear en la labor de Harrera Elkartea en Euskal Herria. Sobre todo a través de Karlos Ioldi ha explicado que asisten económicamente en la actualidad a 57 personas que han vuelto a casa, bien con ayudas de 500 euros mensuales si no tienen ningún otro ingreso o complementando el subsidio de excarcelación (426 euros durante un tope de 18 meses) hasta llegar a los 600. Ofrecen además asistencia administrativa o médica, ayudan a acceder a vivienda y a conseguir trabajo…Todo ello se lleva a cabo gracias a la ayuda de 3.000 socios que aportan el 80% del presupuesto.

Tanto Ioldi como Mouesca han destacado la relación entablada en estos ocho años con instituciones o medios de comunicación, pero haciendo hincapié finalmente en que creen que en el futuro los gobiernos de Gasteiz e Iruñea deberían asumir esta labor con personas que están en una situación de desprotección evidente. «Es un problema de toda la sociedad», considera Ioldi.

Mouesca ha saludado la implicación del Ayuntamiento de Baiona en la acogida a Oier Gómez Mielgo, excarcelado finalmente el pasado año por una enfermedad muy grave, o la disposición que ha mostrado el de Tarnos en el caso de Ibon Fernández Iradi, aunque este continúa en prisión.

«Es hora de crearlas condiciones del retorno, y eso requiere una voluntad política firme y asegurar los medios para ello», ha concluido Mouesca. También para Ioldi, la enseñanza de estos casi ocho años de labor de Harrera es que «con voluntad política se pueden hacer muchas cosas».

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Antecedente Irlandés de la Reintegración

Madrid insiste y desde algunas cavernas europeas regresan las declaraciones en forma de eco, en que la resolución de conflictos no aplica en el caso vasco porque... pues simplemente porque no ostia, que lo dicen los españoles y punto.

Pero de vuelta en el planeta Tierra, a la realidad pura y dura, el asunto de la postura intransigente por parte del régimen español con respecto a la posibilidad de un proceso de paz, reconciliación y convivencia tiene antecedentes tan complicados - o más - que el planteado por la sociedad vasca.

De primera mano, el caso irlandés, el cual salió a relucir durante la primera jornada organizada del encuentro organizado en Irun por el Foro Social Permanente. La importancia del mismo va en dos direcciones; primero, recuerda a todos la crudeza del conflicto armado entre el independentismo irlandés y el colonialismo inglés, proporcionando cifras que superan por mucho a las relacionadas con Euskal Herria en relación con los estados español y francés, segundo, enfoca la antención en el complejo tema de la reinserción, algo que en el caso vasco va a requerir mucha paciencia y mucho humanismo, tomando en cuenta que ya se encuentran desplegados en grupos de choque disfrazados de asociaciones de víctimas que buscarán, a toda costa, impedir que los liberados y repatriados puedan vivir vidas normales.

Aquí la información al respecto por conducto de Gara:

Volver a casa, tan deseado como duro

Nunca hasta la fecha se había hablado de las dificultades de la vuelta a casa de presos, exiliados y deportados con tanta claridad. El caso irlandés mostró de entrada todas las dificultades, sin pararse en tabúes y resumidas en una frase lapidaria de Michael Culbert (Coiste): «la guerra es larga, pero la paz también es larga». Y Harrera aportó luego el ejemplo vasco, modélico en su desarrollo, pero que pide relevo institucional. El Foro Social toma nota de todo ello.

Ramón Sola

La manifestación del pasado 13 de enero, una vez más masiva, volvió a demostrar que pocas cosas hay más añoradas en Euskal Herria que la vuelta a casa de las personas presas, exiliadas y deportadas. Pero muy pocas veces se ha hablado de qué pasa al día, a la semana, al mes, al año siguiente... A la reintegración de estas personas dedica el Foro Social un foro monográfico, segunda parte del realizado en marzo del año pasado, que aborda la cuestión sin prejuicios ni tabúes. El realismo caracterizó la intervención inicial de Michael Culbert, del colectivo irlandés Coiste, y empapó también la posterior de Karlos Ioldi y Gabi Mouesca, miembros de Harrera Elkartea.

Nada menos que 25.000 personas han sufrido cárcel por relación con el IRA, a las que se suman otras miles sin precisar que optaron por huir de la represión británica. En la fase final del conflicto armado, gracias a las negociaciones de paz, fueron excarcelados en unos dos años casi 500 de ellos, y el movimiento republicano se dio cuenta entonces de que no había preparado una respuesta para los problemas que acarreaba la vuelta a casa. De ahí nació Coiste, colectivo que dirige Michael Culbert, también él prisionero durante 16 años (estaba condenado a cadena perpetua) y ayer encargado de abrir este Foro que se celebra en Ficoba (Irun).

Culbert explicó que ayudan a estas personas sacudidas por problemas familiares (en algunos casos al volver «ni les conocían»), afecciones sicológicas en muchos casos, dificultades de carácter legal por las situaciones de discriminación que persisten… La financiación de los programas Peace de la Unión Europea facilitó abrir hasta 30 oficinas para atenderles. Hoy el dinero se ha acabado, pero persiste la mitad de estos locales mediante la labor de voluntarios. En Harrera no hay soporte europeo, el 80% del presupuesto viene aportado por los 3.000 socios; puro auzolan.

Uno de los pasajes más elocuentes de la intervención de Culbert fue cuando avisó de esto: «Hay traumas que salen al cabo de los años, y algunos tenemos dentro una bomba de relojería». Lo ejemplificó en el brote maniático detectado en Holanda entre personas de una misma edad varias décadas después de la II Guerra Mundial. Los expertos terminaron dándose cuenta de que esas personas habían compartido una misma experiencia traumática, la participación en la resistencia contra los nazis.

Conclusiones duras, en definitiva, narradas por Culbert casi en primera persona, pero con un corolario esperanzador: pese a todas las dificultades del camino, la reintegración se ha conseguido casi plenamente en Irlanda y en un clima de convivencia más que aceptable, sobre todo si se compara con el pasado.

Del DNI al odontólogo

Harrera recogió el testigo en la segunda mesa redonda. Ioldi marcó un cuadro de dificultades que se inician en lo puramente administrativo (sacar el DNI, el carnet de conducir…), siguen en lo económico (subsidio de excarcelación insuficiente, RGI…) y continúan en la dificultad para encontrar trabajo o vivienda. A todo ello atiende este colectivo asistencial, que además ha ido articulando una red para atender necesidades médicas. Un dato: hoy ayuda económicamente a 57 personas que han vuelto a casa, bien con 500 euros mensuales si no tienen ningún otro ingreso o bien complementando el subsidio de excarcelación (426 euros durante un tope de 18 meses) hasta llegar a los 600.

¿Y las instituciones? Tanto Ioldi como Mouesca saludaron la relación entablada en estos años con ellas o con medios de comunicación, pero haciendo hincapié finalmente en que creen que en el futuro los gobiernos de Gasteiz e Iruñea deberían asumir esta labor. Mouesca trajo a colación la implicación del Ayuntamiento de Baiona en la acogida a Oier Gómez Mielgo o la disposición que ha mostrado el de Tarnos en el caso de Ibon Fernández Iradi, aunque este sigue preso.

«Es hora de crear las condiciones del retorno, y eso requiere una voluntad política firme y asegurar los medios para ello», concluyó Mouesca. También para Ioldi, la enseñanza de estos casi ocho años de labor de Harrera es que «con voluntad política se pueden hacer muchas cosas».

Pedagogía necesaria

Irlanda-Euskal Herria, dos casos diferentes pero con características comunes. Tanto Culbert como Ioldi destacaron la necesidad de «pedagogía». El primero, al subrayar que «la narrativa dominante es que los irlandeses beben mucho, que se empiezan a matar entre ellos enseguida, y que por eso tuvieron que entrar allí los británicos. Hemos tenido que interactuar con la gente para que vieran que no somos así, que no éramos monstruos». Y el vasco, por su parte, abogó por incidir en el concepto de que conseguir una inserción adecuada de estas personas «no es un problema solo suyo o de la izquierda abertzale, es un problema de la sociedad». Mouesca, con mucho énfasis, se declaró indignado por los discursos en sentido contrario.

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¿Qué Pasa con lxs Expresxs?

El conflicto que se ha generado a partir de la negativa por parte de los estados imperialistas europeos con sus capitales ubicadas en París y Madrid, respectivamente, para con el deseo de autodeterminación el pueblo vasco - protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - ha tenido su parte más vistosa en las acciones de ETA y el manejo que se hace en medios de comunicación y redes sociales, manejo que claro está, conviene a la estrategia geopolítica de franquistas y jacobinos.

Pero más allá de acciones policíacas y juicios farsa, en la sociedad vasca se han vivido y sufrido toda una serie de medidas de excepción implementadas para castigar cualquier expresión de resistencia a la asimilación. Se ha obstaculizado cuando no criminalizado el activismo en favor del euskera, de las víctimas del terrorismo de estado, de la solidaridad para con lxs presxs y los refugiadxs, de iniciativas a favor del acceso a la educación por parte de lxs prexs, al acompañamiento a las familias que sufren los efectos de la dispersión.

Todo lo anterior debe ser dejado en el pasado lo más pronto posible, son lacras que deben dejar de obstaculizar el día a día de la sociedad vasca.

Pero hay un asunto más sobre el cual es necesario arrojar luz y de ese nos habla precisamente este comunicado dado a conocer en el portal de Sare:

Algunos elementos sobre la situación laboral y social de los presos excarcelados

Mikel de la Fuente Lavín

Las restricciones a los derechos sociales de las personas presas vascas provienen a veces de la legislación general y de su interpretación por los tribunales, que en el último período han evolucionado de forma muy regresiva. Pero en otras ocasiones provienen de decisiones específicas del gobierno español para castigar a los presos vascos más allá de su muy largo tiempo de permanencia en prisión. El proceso de paz en Colombia muestra la importancia a las medidas que permitan la inserción laboral y garantices la protección social de las personas presas, exiliadas y excombatientes.

Una buena parte de quienes han estado en prisión y el exilio han permanecido en esa situación durante un porcentaje importante de su vida adulta. Ello implica graves consecuencias para sus posibilidades de inserción laboral dada la ruptura con sus habilidades profesionales anteriores (si es que las tenían). Para intentar resolver, en lo posible esas dificultades nació en junio de 2012 la asociación Harrera Elkartea (Asociación Acogida) nació en junio con el objetivo “de ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de EuskalHerria que han sufrido la cárcel o el exilio para que puedan construir su vida de una manera digna”. Harrera se financia mediante aportaciones de las personas asociadas, por lo que el aumento del número de las mismas puede mejorar las importantes tareas que realiza:

-Jurídico-Administrativas: acompañamiento y consejo para realizar los trámites de legalización ante la Administración, entre otros, los relacionados con el carnet de identidad, empadronamiento, pasaporte, carnet de conducir, tarjeta médica, subsidios y pensiones a los que puedan tener derecho…

-Sanitarias: la atención médica que se recibe en prisión o que se puede conseguir en el exilio suele ser muy deficiente, lo que da lugar a la existencia de diversas patologías físicas y síquicas. Harrea Elkartea pone a su disposición -al margen de la asistencia que reciben de la Sanidad Pública- la ayuda de equipos de oftalmólogos, dentistas y psicólogos.

-Ayudas económicas: quienes salen de prisión o vuelven del exilio lo hacen sin patrimonio alguno. Además, la decisión del Estado español de negarles el subsidio de excarcelación, ha agravado su situación. Para hacer frente a ello HarreraElkartea les proporciona una ayuda con la que afrontar los primeros meses de su vida en libertad.

-Trabajo. Harrera gestiona la consecución de puestos de trabajo para las personas salidas de prisión o vueltas del exilio, especialmente entre las empresas de economía social, muy extendidas en la CAPV. A continuación se detallan algunos elementos sobre los aspectos formativos, laborales y de protección social de las personas presas y exiliadas.

Dificultades para la reinserción laboral

Además de las dificultades derivadas del alejamiento de la actividad profesional durante periodos más o menos amplios y de sus carencias formativas para una economía en rápida mutación y de un nivel tecnológico relativamente elevado, el gobierno español quiere introducir restricciones para el acceso a la función pública.

Durante el tiempo de estancia en prisión los presos políticos vascos no han realizado trabajo remunerado. Ese trabajo de los penados en instituciones penitenciarias constituye una relación laboral de carácter especial regulada por el Real Decreto 782/2001. También existen otras modalidades de trabajo reguladas en la Ley Penitenciaria que no constituyen una relación laboral. El art. 15 del RD 2131/2008 establece que para la fijación del salario se tendrá en cuenta el “rendimiento normal de la actividad de que se trate” y del horario de trabajo cumplido, aplicándose un módulo cuya referencia será el salario mínimo interprofesional. Además de limitarse los empleos a una pequeña proporción de los internos, los salarios efectivamente abonados son muy bajos (entre 100 y 150 euros mensuales). El acceso a los puestos de trabajo se realiza en base a criterios que incluyen “La conducta penitenciaria”, en base al cual a los presos de ETA se les ha exigido el arrepentimiento para acceder a esos trabajos, por lo que casi ningún preso ha realizado los mismos.

El acceso a los puestos de trabajo en la educación puede limitarse en el próximo futuro para las personas presas que hayan sido condenadas por terrorismo. Al parecer esa grave amenaza está siendo contemplada por el gobierno español, instado por UPN que presentó en el Parlamento de Navarra en enero de 2014 una iniciativa para que “terroristas, pederastas y violadores no puedan ser profesores”. Al mismo tiempo se hacía público un informe de la Guardia Civil que alertaba sobre una supuesta importante presencia de la izquierda abertzale en la educación.

Restricciones en la protección social

La permanencia en prisión o el exilio supone una seria afectación para alcanzar derechos dignos de protección social, especialmente de pensiones, ya que van a tener dificultades para reunir los períodos de cotización necesarios para acceder a las pensiones (en el caso de la jubilación, 15 años; menores para la incapacidad permanente, en función de la edad, pero que pueden alcanzar hasta 11 años) o para una cuantía decente de las mismas (se requieren 37 años de cotización para el 100% de la pensión de jubilación), especialmente si no consiguen un empleo estable tras la salida de prisión. En el ordenamiento jurídico español no se contempla la atribución de cotizaciones a las personas presas a fin de acceder y/o mejorar su derecho a las prestaciones, por lo que va ser muy frecuente el caso de quienes no accedan a la pensión por no alcanzar el período de cotización requerido.

Las restricciones aprobadas en los últimos años pueden incidir de forma muy negativa sobre las personas presas. Así, una norma de 2013 cambió la condición de derecho individual del subsidio de desempleo para mayores de 55 años, que además de la prestación económica incluye la cotización a cargo de la Seguridad Social, pasando a convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la unidad de convivencia, mientras que anteriormente solo se tenía en cuenta los ingresos de la persona solicitante. De esta forma, se requiere que la los familiares con los que se conviva tengan una situación muy precaria y se asigna a los mismos la responsabilidad del sostenimiento de la otra parte.

Además del requisito de haber cotizado un determinado período a lo largo de la vida laboral, se exige que determinado período del total exigido haya tenido lugar durante un tiempo determinado. Así, para la jubilación se requiere que dos de los quince años requeridos hayan tenido lugar en los quince anteriores al momento de causar el derecho.

Para evitar la desprotección, una modificación legal permite no considerar como no computables los períodos en los que no exista obligación de cotizar, retrotrayendo el cómputo al momento en que se inicia el período de no cotización (teoría del “paréntesis”). Pues bien, en relación con las personas presas, unas sentencias permiten la aplicación de la doctrina del paréntesis en todos los casos en los que la persona presa hubiera permanecido sin prestar actividad laboral por encontrarse presa, pero otras exigen que se haya prestado servicios en cualquiera las modalidades retribuidas contempladas en la Ley Penitenciaria, o, al menos, se haya solicitado trabajar. De confirmarse,esta orientación jurisprudencial podría traer consigo la denegación de prestaciones a las personas presas que, por edad u otras razones, no cotizen a la Seguridad Social tras su salida de prisión o vuelta del exilio.

Las personas liberadas de prisión que no tengan derecho a la prestación de desempleo y cuya privación de libertad haya sido de más de seis meses tienen derecho al subsidio de excarcelación durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de dieciocho, cuya cuantía en la actualidad es de 426 euros mensuales.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 acordaba añadir una nueva disposición, añadiendo dos requisitos más para los/las liberados/as de prisión por los delitos de terrorismo establece 1) el de haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, entendida como la conducta observada para reparar el daño y indemnizar los prejuicios materiales y morales y 2) que formulen una petición expresa de perdón a las víctimas del delito cometido.

Ante la existencia de sentencias de diverso sentido de Juzgados de lo Social, el tema se planteó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, que por Auto de 27-1-2015 planteó una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por considerar dudoso, desde el punto de vista constitucional, el establecimiento de requisitos adicionales a los generales para los presos liberados de prisión por los delitos de “terrorismo”. El TSJ planteó varias cuestiones para dilucidar la proporcionalidad de la norma atendiendo a los cánones de adecuación, indispensabilidad y ponderación.

El TSJ recordaba el art. 25.1 de la Constitución Española, que establece la prohibición de que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. El TSJ señalaba que la falta de arrepentimiento ya se tuvo en cuenta para el acceso al tercer grado penitenciario, por lo que no podría tenerse en cuenta con otra de nuevo para otra finalidad. También recordaba que el art. 9.3 de la misma Cosntitución garantiza, entre otros, el principio de seguridad jurídica, por lo que la modificación legislativa se ha incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, norma cuya función se contrae a la previsión de los ingresos del Estado y a la autorización de gastos (art. 144.2 CE), a fin de evitar la “incertidumbre que generaría el sometimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto a una dinámica de cambio constante a través de Leyes anuales que tienen un contenido materialmente limitado”.

El TSJ desestimaba la alegación de la Abogacía del Estado sobre el extremo consistente en el impacto sobre el gasto público de la modificación citada, por considerar que la Ley de Presupuestos no puede utilizarse para un cambio normativo que, aunque pueda dar lugar a una reducción del gasto público, “obedece en exclusiva a una causa, explicitada en el debate parlamentario, completamente alejada de ese objetivo, máxime cuando la reforma operada repercute negativamente en derechos de los ciudadanos, como son el derecho a la reinserción social y el derecho a obtener prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo”.

En el contexto expuesto, el Tribunal Constitucional, resolviendo la cuestión panteada por el TSJ del País Vasco, ha dictados dos sentencias el 23 de junio y el 18 de julio de 2016, que, sin entrar en otras consideraciones planteadas por el TSJ del País Vasco, declaraban que la modificación realizada por la Ley de Presupuestos era inconstitucional por estimar que la regulación de esta materia no corresponde a las leyes de presupuestos, que se deben centrar en la previsión de ingresos y la autorización de gastos del sector público estatal. En base a estas sentencias la nueva regulación quedaba expulsada del ordenamiento jurídico. A pesar de la claridad de las sentencias del Tribunal Constitucional, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Bizkaia siguió denegando –mediante la fórmula de no responder a las peticiones- durante el segundo semestre de 2016 el subsidio a los expresos vascos y no revisando las anteriores resoluciones denegatorias, con la justificación de la directora de Bizkaia del SEPE de que eran “ordenes de Madrid”, lo que dio lugar a la presentación por LAB de una denuncia penal por prevaricación ante los Juzgados de Bilbao a finales de noviembre de 2016. Al parecer esa situación se ha corregido posteriormente.

Bajo el anterior gobierno vasco del PSOE se denegaba la RGI a los presos excarcelados por considerar que no cumplían el requisito de residencia efectiva, que en el año 2011 se amplió de 1 a 3 años. Bajo el actual gobierno del PNV, se entiende que la fuerza mayor debida a la prisión exime del cumplimiento de ese requisito. En la actualidad el mayor problema para el acceso a la RGI es la exigencia de constituir una unidad de convivencia independiente: si conviven con sus padres o con su pareja afectiva puede suceder que no tengan derecho a la RGI por superar la suma de los ingresos de esa unidad de convivencia el máximo autorizado.

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Necesario Relevo en Sortu

Los tiempos que corren exigen cambios en las formaciones políticas para así permitir el flujo y reflujo de ideas y propuestas.

Les compartimos esta nota publicada en Naiz:

El Consejo Nacional de Sortu se renueva casi al completo

El voto de las personas inscritas en este proceso congresual ha definido los quince nombres que faltaban para el Consejo Nacional de Sortu y confirma la renovación prácticamente total. Respecto a los elegidos en 2013, solo repiten Rufi Etxeberria, Xabi Larralde y Jean-François Lefort «Lof», además de Arnaldo Otegi, que estaba preso.

Ramón Sola y Beñat Zaldua

La refundación de Sortu ha quedado apuntalada esta mañana con la elección de una dirección nacional en la que solo repiten tres nombres, además de Arnaldo Otegi, que ahora sí ocupará el cargo de secretario general que entonces se le reservó simbólicamente al encontrarse preso. A los catorce miembros de su equipo ya nombrados en bloque en la primera fase se suman estos quince elegidos ahora mediante listas abiertas: por criterio nacional y por orden de mayor a menor apoyo, integrarán el Consejo Nacional Anita Lopepe, Lur Albizu, Marian Beitialarrangoitia, Eneko Compains, Nerea Guijarrubia, Nekane Zinkunegi, Elena Beloki, Floren Aoiz, Xabi Larralde e Ibon Meñika; y por criterio de herrialde, les acompañarán Gorka Ortiz de Guinea (Araba), Karlos Renedo (Bizkaia), Rufi Etxeberria (Gipuzkoa), Maite Sabalza (Nafarroa) y Jean-François Lefort «Lof» (Ipar Euskal Herria).

Con ello queda sellada una refundación que a nivel de contenidos tiene como base la ponencia Zohardia, aprobada en la primera fase por un 91,5% de los inscritos (unas 7.000 personas al final). Casi la mitad han participado en las votaciones de la segunda fase, eligiendo a los quince miembros de la dirección ya referidos y aprobando seis de las catorce enmiendas parciales. En ellas se refuerza y concreta el concepto de la desobediencia civil, se define a Sortu también como ecologista, se reduce la Comisión de Garantías a cinco miembros o se abre la puerta a referendos también a nivel de herrialde.

En este Congreso están participando 763 personas que han llenado la sala del Palacio Euskalduna de Bilbo. Han acudido 40 delegaciones internacionales y también invitados vascos como los socios de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Ezker Anitza, Izquierda-Ezkerra, ELA, LAB, Steilas, EHNE Bizkaia, CCOO-Euskadi, Ernai, Aitzina, Etxerat, Askapena o Harrera. En la primera parte de la sesión se han escuchado los saludos de representantes catalanes (Quim Arrufat de la CUP y Joan Tardá de ERC) y kurdos. Y se ha leído una carta de salutación de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa que subraya la apuesta común por superar las consecuencias del conflicto y cómo en ello concluyen las fuerzas de EPPK y Sortu.

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Egaña | «You’ve Got to Free»

No podemos mas que estar de acuerdo con la apreciación que Iñaki Egaña tiene del uso "preso político" para referirse a las centenas de luchadorxs vascxs hoy en las mazmorras de los estados español y francés.

Les invitamos a tomar su propia decisión al respecto tras leer el texto publicado en Naiz:

«You’ve got to free»

Iñaki Egaña | Historiador

The Specials era una banda de música británica que en 1984 alumbró aquella conocida canción ‘Free Nelson Mandela’. El líder sudafricano llevaba entonces 21 años en prisión. Sería excarcelado 6 años más tarde de que el grupo británico alcanzase su mejor puesto en Europa en los superventas, sexto en Irlanda, con aquella balada. Un estribillo que repetía cansinamente «You´ve got to free». Tienes que liberarlo, tienes que liberarlo. En otra parte de la canción añadían: «¿Eres tan sordo que no puedes oír la súplica?».

Nelson Mandela salió de la cárcel. Su cautiverio no tuvo que ver con la reeducación del delincuente, como citan los manuales. Su presidio fue un castigo político, su estadía más allá de lo humano, asentar su condición de rehén frente a las proclamas, literarias y armadas, contra el Apartheid. Una crónica que se nos hace excesivamente familiar. ¿Hay en Euskal Herria al día de hoy presos políticos? Mi impresión es negativa. No se escandalicen. Hay, y vaya si los hay, rehenes políticos.

No tengo interés en polemizar ni un segundo con conceptos que ya destripó Michel Foucault sobre la función de la prisión. No tengo ni la más mínima intención de ofrecer más datos que ahonden en lo que es sobradamente conocido, el código penal más duro y perverso de Europa (tasa de criminalidad en España es un 27% más baja que en Europa, la de encarcelamiento un 32% más alta). Para la disidencia, of course. La titularidad del sistema dispone de centenares de indultos al año, cuando no la prevaricación sistémica de un aparato judicial que de independiente tiene lo que Rajoy de ligereza verbal.

No tengo disposición para perder el tiempo en escuchar y destripar frases como «el que la ha hecho la paga», «las leyes están para cumplirse» o «matar estuvo mal». No somos inocentes, como los que envió al calendario Herodes. Para conocer quiénes somos los paganos: más de 14 millones de euros al año el coste de la dispersión, según Etxerat; más de 1,2 millones de euros de subsidio de desempleo a los ex presos sin cobrar, según Harrera. Las leyes las incumplen los gobiernos, alargando la condena a sabiendas de la transgresión y esperando que la rectificación de Estrasburgo llegue más tarde que pronto. Leyes redactadas, para más insidia, por sus escribanos.

Las normas Mandela, el de la canción de Specials, vigentes desde 1955 y revisadas en 2015 dicen: «El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad». Denme un solo nombre de rehén vasco al que se le apliquen las normas. Y, «matar estuvo mal». Of course. Describan el derecho a la rebelión de la Carta Fundacional de los Derechos Humanos. Describan un solo país de Europa que no haya matado en el siglo XX en defensa de sus intereses. Uno sólo. Quedaré satisfecho. Quizás, como solía contar Mark Legasse, la diferencia estriba en matar «al por mayor» y matar «al por menor». No se puede frivolizar con la vida y la muerte como lo están haciendo los valedores de esa máquina infernal que se llama capitalismo.

La palabra rehén no es invento reciente. Fue una práctica habitual de los tiempos del nazismo, pero también de las épocas en las que los jóvenes vascos desertaban para no asistir a conflictos ajenos, llamados a filas para completar el cupo correspondiente. Los rehenes, en este caso, eran padres o hermanos, detenidos hasta que apareciera el desertor. Los modernos rehenes, de guerra como los llamó el propio colectivo de presos vascos ya hace dos décadas, a pesar de estar internados, sirven para modificar el escenario exterior. Para ejercer presión política. No es un concepto inventado por el sector que aboga por la excarcelación de los presos. Es una sensación generalizada. Una cuestión que ya la denunció Kepa Aulestia, hoy ideólogo del grupo Vocento, en una época secretario general de Euskadiko Ezkerra y negociador del sector polimili que abandonó las armas: «El Estado ha instrumentalizado el tema de la reinserción y en este momento los presos están siendo más rehenes que nunca».

Hace ya más de medio siglo que la organización en la que militaban la mayoría de encarcelados vascos actuales, hizo una definición de sus presos. Tengo la impresión de que esa es la razón, parece mentira que hayan pasado más de 50 años, que perdura. La que les convierte en rehenes: «Son ellos quienes, por encima de la inoperancia de instituciones esclerotizadas, de las egolatrías y de las imputaciones malévolas, personifican el espíritu de Resistencia y Liberación del Pueblo Vasco». Personificación del enemigo, focalización, deshumanización... normas elementales de los manuales de guerra. Ahí está la incidencia de la política penitenciaria. Se aplica el código penal del enemigo, se aplican medidas de guerra.

La existencia de un numeroso colectivo de presos y exiliados, políticos por decisión propia y ajena, es la expresión visible de un conflicto no resuelto. Se adaptan leyes especiales, por tribunales especiales, se usan fondos reservados para desvirtuar el escenario, como esa compra masiva de funcionarios uruguayos por parte del Gobierno español que se ha sabido ahora, cuando la llamada Operación Filtro. Se ahonda en la guerra. El lehendakari Agirre contaba en el Congreso Mundial vasco celebrado en 1956, a cuenta de los hechos que ocasionaron la guerra civil y en particular el asalto a las cárceles del 4 de enero de 1937: «Quisimos humanizar la guerra, pero no nos dejaron».

Y resulta que el país, según cuentan, está ya en paz. Con una guerra actual que no existe, en medio de una deshumanización que, en consecuencia, no tiene sentido. No hay más conflicto que el de la supervivencia. Faluya y Alepo quedan a miles de kilómetros de distancia. Las imágenes bélicas se resumen en los últimos minutos de los informativos televisivos. A finales de 2016, España mantenía en el planeta 14 misiones militares internacionales: Irak, Afganistán, Líbano, Turquía, Malí, Mauritania. Un total de 2.330 efectivos. Según los últimos datos oficiales, 7.063 policías y guardias civiles están desplegados en Hego Euskal Herria. Tres veces más que en el resto del mundo mundial. ¿Es señal inequívoca de paz? ¿Son cascos azules los agentes, como los de Unifil del Líbano? La militarización del territorio, la utilización de los presos como rehenes para la política diaria... expresiones de una gestión de guerra para un tiempo aparente de paz.

Jamás en la historia de nuestro país, en la de ese conflicto que niegan a pesar de las evidencias, las venganzas hacia esos presos-rehenes han alcanzado la magnitud de nuestra época. Hace unas semanas falleció Marcos Ana, militante comunista y poeta español, «el preso que más tiempo pasó en una cárcel franquista», según la prensa carpetovetónica. Un total de 22 años. ¿Por qué invisibilizar a los presos vascos asimismo durante el franquismo? El también comunista, pero navarro, Jacinto Otxoa, estuvo encerrado durante 28 años. Marcos Ana no tuvo el triste récord, sino Otxoa. Hubo y hay, nuevos techos. Josemari Sagardui abandonó la prisión en 2013 tras 31 años encarcelado. La cadena perpetua a través de eufemismos.

Llevamos en la mochila colectiva la cárcel como parte adherida a nuestra piel. Horas, días, meses, años contados de manera irracional. Hace unos días oí a un ex preso decir: «yo apenas pisé la cárcel, sólo estuve tres años internado». Hasta qué punto hemos interiorizado una situación hasta convertirla en normal. Cristián Capuyan, un menor mapuche encarcelado al otro lado del océano, escribía a su familia: «Bueno, el motivo de esta carta es para recordarles que aún seguimos aquí, que nada ha cambiado desde el día de mi detención». Debemos romper esa dinámica de la normalidad. Los presos vascos son una anomalía, un reflejo de políticas reñidas con la humanidad y con la paz. Hay que terminar con la excepcionalidad que afecta a cada uno de ellos. Como cantaba The Specials, «You´ve got to free».

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