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sábado, 6 de diciembre de 2025

Egaña | Ascendencia Delictiva

Iñaki Egaña nos provee esta magnífica fotografía de una policía que, en el papel, se supone fue creada para evitar los excesos represivos que caracterizaban los operativos por parte de los cuerpos policíacos y militares españoles. 

Era, en el papel, una policía "de cercanía", vecinos cuidando y  atendiendo a vecinos, vascos resolviendo sus asuntos entre ellos sin intromisión de los españoles, tan dados a los exabruptos y a los episodios de violencia.

La realidad es que la Ertzaintza actúa con más saña que cualquier otro cuerpo policíaco español por una simple y sencilla razón, porque es un cuerpo policíaco español, guardias civiles con origen en distintos puntos de la geografía del estado español que cambiaron el verde por el negro y rojo, al punto que hoy son un peligro para la estabilidad del gobierno del cual supuestamente emana su autoridad.

Lean ustedes:


Ascendencia delictiva

Iñaki Egaña

Al poco tiempo de que en la Ertzaintza surgió el sindicato ERNE, que durante esos primeros años le pugnó la hegemonía sindical a ELA, Endika Etxeandia, su secretario general, realizó unas declaraciones que al entonces consejero de Interior, Luis Mari Retolaza, le sentaron a cuerno quemado. Para ERNE, por boca de Etxeandia, la Ertzaintza era “militarista, autoritaria y centralista”. En la entrevista, que salió publicada en el semanario Argia en euskara, aparecieron reflexiones del secretario de ERNE del estilo: “Cuando los filósofos o sociólogos mencionen el ambiente esquizofrénico de Euskadi, tengan en cuenta que el punto álgido de esa disociación es una actuación de los ertzainas. El ertzaina es a menudo una persona poco formada, poco reflexiva y a veces se producen cortocircuitos graves”.

Desde entonces hasta ahora, la entrevista fue en octubre de 1987, los hechos han ido confirmando aquella primera impresión. ELA, que tuvo la escisión de ESAN en 2006, alentada por los sectores jeltzales que en todas sus zonas de influencia abandonaban los retos soberanistas, fue superada por ERNE hasta convertirse en la actualidad en una sombra de los que fue. La conversión de la Policía Autonómica en Policía integral le llevó a torturar (más de 300 casos según el IVAC), a matar en cargas (Iñigo Cabacas en Bilbo, Rosa Zarra en Donostia), a detenidos fallecidos en comisaría con signos de violencia (Juan Calvo en Arkaute), a que agentes fueran condenados por narcotráfico, sancionados por saltarse el confinamiento durante la pandemia mientras multaban por cientos a ciudadanos vascos, a aplicar la Ley Mordaza con una severidad extraordinaria a pesar de la decisión contraria del Parlamento de la CAV… Una deriva que ha homologado precisamente a la Ertzaintza con los cuerpos policiales a los que, según su Plan Estratégico, habría de aventajar con su “modelo que emana de la sociedad vasca, fiel a su idiosincrasia, cultura, idioma”. Un fracaso.
En los últimos años, al negacionismo de su actividad represiva al margen de las leyes vigentes y de las normas internas (ERNE sin asumir la tortura, ESAN rechazando responsabilidad en el caso de Rosa Zarra, entre otros), se ha sumado una tendencia manifiesta también en las policías hispanas, un escoramiento masivo hacía posiciones ultras: Ertzainas en lucha, Aserfavite, Mila esker… acercándose a quienes orbitan en el entorno de Vox, como la asociación Jusapol y sus sindicatos Jupol y Jucil. Ya fue notorio que el clan de Deustu impuso su posición a la Consejería de Interior en el caso Cabacas, y que Estefanía Beltrán de Heredia y Josu Erkoreka no tuvieron atribución efectiva sobre el cuerpo, convertido en un poder fáctico que actúa en consecuencia.

La actividad de la Policía Autónoma en los hechos recientes confirma que tampoco Bingen Zupiria tiene mando sobre la tropa. Sino más bien al contrario, sus declaraciones no hacen sino refrendar lo que ya le viene dado. En Gasteiz justificando el apaleamiento a los antifascistas y el sustento a los falangistas, negando el uso de balas de foam, incluso falseando un video para exculparse (que la Real Sociedad de futbol salió a negar su procedencia tal y como lo había señalado la Ertzaintza) y en estas semanas, aplaudida por Vox, apuntando la procedencia de sus detenidos -que no juzgados y declarados culpables de delito-, creando un precedente inédito en la Unión Europea.

Esta última cuestión tiene también unas extrañas ramificaciones, al hacer una diferenciación muy sui generis. Un cuerpo autonómico, vasco para más señas, que salvo su participación en el CCPA de Hendaia, en Lapurdi, junto a Guardia Civil y Policía Nacional, no puede operar fuera de su comunidad, con excepciones de mandato judicial, describe a sus detenidos, entre otros, como “españoles”. ¿Por qué no vascos, también? Son sintomáticas las referencias: latinos, magrebíes, europeos que no pertenecen a la UE. ¿Por qué no publificar otro tipo de circunstancias? La respuesta tiene otras preguntas. Si a Sarkozy le dieran permiso para acceder a San Mamés en el mundial de 2030 y fuera detenido nuevamente por algún altercado, ¿sería señalado por su origen aristócrata húngaro? Y Netanyahu, polaco? ¿Por qué no sabemos la vecindad del ertzaina juzgado estos días por transportar 800 kilogramos de coca junto a un empresario y un “cómplice argelino”?

El drama político de esta cuestión reside en la complicidad de Interior, y por extensión en el PNV, en estos procederes. Es notorio y a las declaraciones de Aitor Esteban me remito, que el partido jeltzale ha entrado en campaña, con tiempo por si se agota la legislatura, haciendo los deberes si se adelanta. Y como es una constante en la derecha planetaria, con dos ejes centrales: migración y delincuencia. Todo unido. No hay excepciones en la derecha. La reciente campaña en Chile en la primera vuelta de las elecciones lo confirman. Seguridad y migración temas centrales cuando Chile es uno de los estados americanos con menor delincuencia y migración. Qué decir de los once meses de legislatura de Donald Trump o las últimas medidas al respecto de Keir Starmer en el Reino Unido. Como si las elites financieras estuvieran al margen de fechorías. La particularidad vasca y la experiencia, añaden un tercer factor muy al uso por los dos socios del Gobierno de la CAV, el suelo ético. El comodín.

El diario El País señalaba recientemente una idea singular, a la vez que criticaba la fijación del origen de los detenidos por la Ertzaintza por un interés de unir delincuencia con migración. La percepción de que las señalizaciones por origen de detenidos por una Ertzaintza notoriamente derechizada forman parte de un movimiento más en el intento de crear una Aliança Catalana de corte vasco, entraba en la ecuación del articulista. Una posibilidad bien real que de seguro el PNV conoce desde dentro. Por ello, es muy probable que su inclinación tenga que ver con su posicionamiento tanto ante esa eventualidad, como por la verosímil llegada de un nuevo Gobierno neofascista a Madrid y su adecuación a la circunstancia. Al tiempo.

 

 

 

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viernes, 15 de agosto de 2025

Egaña | Proyección Negativa

Con su mordaz estilo, nuestro amigo Iñaki Egaña hace cera y pabilo de quienes simplemente ya no tienen encaje en la realidad actual de la sociedad vasca.

Lean lo que ha publicado en su perfil de Facebook:


Proyección negativa

Iñaki Egaña

En psicología se llama “proyección” al mecanismo que atribuye a otros la virtudes o defectos propios, también las carencias. La hay positiva y negativa. Dicen que el mecanismo es de defensa. Pero en política, donde su uso es habitual, se trata más bien de una maquinaria ofensiva. No soy experto en estas materias, y desde ese perfil de neófito me atrevería a señalar que quienes ejercen esa psicología negativa en política, aspiran al llamado Efecto Pigmalión, creerse sus expectativas. El mito griego de Pigmalión narraba a un escultor que moldeó una estatua de la que finalmente se enamoró. Fue tanta la pasión por su obra que al final la estatua cobró vida. Pigmalión creyó en sus deseos hasta el punto que se hicieron realidad.

Voy a los ejemplos. Al comienzo de este verano, y tras incidentes con la Policía Autónoma de la CAV, el consejero del ramo salió a la plaza pública marcando un discurso que ha sido seguido al pie de la letra por su partido y su socio de Gobierno en Lakua. La sintonía ha sido tan unánime que parecería como si un texto redactado por alguna de las empresas subcontratadas que ejercen la comunicación institucional se hubiera convertido en un manual repartido a los cargos públicos del PNV y del PSOE para que lo transmitieran en sus intervenciones estivales. Maider Etxeberria, alcaldesa de Gasteiz, tuvo que leer en entrevista radiofónica un texto que sacó de la manga, para contestar a una pregunta sobre la cuestión. No puedo asegurarlo con certeza, pero la experiencia en otras ocasiones y la generalización me da el pálpito del manual. Los tres temas repetidos fueron la aversión hacia la Ertzaintza de la izquierda abertzale, el desorden interno en EHBildu y la fuga de votantes de la colación soberanista. Vocento, en sus versiones de Bilbo, Donostia y Madrid, se ha encargado de las portadas.

Un análisis riguroso nos llevaría a desestimar estas tres cuestiones, más de foros de analfabetos funcionales que de políticos duchos (con o sin título universitario). Pero la insistencia induce a pensar en una estrategia precisamente de proyección negativa, utilizada con objetivos de desgaste político. El modelo de Ertzaintza, especialmente desde su esfuerzo por ser homologada a la Guardia Civil y a la Policía que implementaron Juan Mari Atutxa y Javier Balza, y que selló Mikel Legarda con la cúpula policiaco-militar del Gobierno de Rajoy, ha provocado una deriva en la Policía Autónoma que asusta incluso al Gobierno de la CAV. Convertida en poder fáctico, armada técnicamente por Israel, las últimas promociones han definido un conjunto cuyo espejo sindical lo dice todo, con su acercamiento a los sindicatos ultras hispanos. ELA que fue la primigenia referencia se ha convertido en residual, intimada públicamente por los de nuevo cuño. CCOO y UGT desaparecieron. La experiencia de “Ertzaintza en Lucha” de los últimos años, mayoritaria y autodefinida como asindical (al igual que Jusapol, hoy apuntada como La “Vox policial”) ha sido un buen ejemplo para visualizar esta deriva. El caso de Iñigo Cabacas, actividades de falsa bandera, el de la agresión indiscriminada a seguidores de la Real Sociedad, la negativa a reconocer las torturas certificadas por el Gobierno Vasco, la aplicación exhaustiva de la Ley Mordaza a pesar de que el Parlamento de Gasteiz la rechazó, sus chantajes constantes de boicot a eventos públicos. Es una Policía incontrolada incluso para su consejero. Por ello, la última declaración de Eneko Goia, alcalde donostiarra, afirmando que confía plenamente en la Ertzaintza “porque lo hace muy bien” y que la crítica a su modelo es “socavar la autoridad”, huele a naftalina. El problema con la Policía Autonómica lo tiene el Gobierno de Gasteiz y por extensión toda la sociedad de la comunidad autónoma.

Los otros dos temas los voy a resumir en uno, por cuestión de espacio. ¿Quién tiene fuga de votos? ¿Quién su formación en desorden? Con una proyección del aumento del censo en estas últimas décadas, me atrevo a conjeturar que, desde la segunda legislatura de Juan José Ibarretxe a esta última de Imanol Pradales, 1 de cada 2 votantes del PNV les ha retirado su papeleta. Si nos fijáramos en determinadas consultas (europeas, por ejemplo) el PNV ha perdido en 51% de su masa electoral. ¿Quién tiene el problema? ¿Y, “el desorden? Aún resuena la pataleta de Urkullu por ser descabezado, la puya de Ortuzar a Esteban en el recambio, las críticas de Anasagasti a la muerte dulce de los batzokis, el 20% de participación de su militancia en la renovación…

Queda para el final el globo veraniego concentrado en noticias sobre una supuesta guerra de guerrillas en el seno de la izquierda abertzale sobre las txosnas festivas. El término manido ha sido el del “veto”. ¿Alguien se lo cree? Pues parece que sí, que hasta la asamblea de comparsas de Bilbo tuvo que redactar un comunicado explicando que lo del “veto” era un invento aireado por dos grupos novicios y hasta ahora sectarios que pretendían desplazar a 27 comparsas para hacerse un hueco en el recinto festivo original –el de 1978- y no seguir, por ejemplo, el recorrido de otras, como las del PNV, PSOE, y hasta hace poco PP, que colocaban la suyas en otros lugares. Afirmar que la izquierda abertzale controla los espacios festivos, las cuadrillas, las cofradías, las peñas, las txosnas de Hego Euskal Herria es tener un desconocimiento extraordinario de la realidad de nuestro país. Si así fuera, estaríamos a un paso de la revolución (proletaria, popular o burguesa). Libertarios, ecologistas, feministas, antiespecistas, mendizales, gaupaseros, animadores culturales, asociaciones de vecinos, trotskistas, antimilitaristas, kulturgiles, transformistas, solidarios, internacionalistas, euskalzales, gastrozales… ¿reciben y ejecutan las consignas del nucleo duro de la izquierda abertzale? ¿En Gasteiz, en Donostia, en Bilbo? ¡Anda ya! La permeabilidad a los fakes cotiza al alza. También las teorías conspirativas están más extendidas de lo que imaginaba. Alentadas por los de la estrategia de la proyección negativa. 

 

 

 

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miércoles, 30 de octubre de 2024

El Fin de la Ley Mordaza

En este blog hemos denunciado la Ley Mordaza desde el día uno.

Este reportaje de Naiz nos adelanta que dicha legislación antidemocrática puede estar llegando a su fin:


Plácet de la mayoría de investidura a tramitar la ley que acabará con la Mordaza

Los votos de la mayoría de investidura permiten que arranque la tramitación de la Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad, que sustituirá a la controvertida Ley Mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Podemos y Junts han exigido más cambios, al igual que BNG.

Agustín Goikoetxea

La mayoría de investidura ha dada luz verde esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados al inicio de la tramitación la proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, que persigue acabar con los aspectos más lesivos de la Ley Mordaza. Podemos y Junts, que han anticipado enmiendas para profundizar en la reforma en la tramitación posterior, han votado a favor sumándose a PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, impulsores de la reforma legislativa. El resultado de esta toma de consideración ha sido de 176 síes frente a 170 noes.

Este proyecto, que se ha convertido en un nuevo ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, será admitido con ello a trámite, tal y como han anunciado los diferentes grupos parlamentarios que han explicado su posición en la sesión plenaria. Se aprueba además el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, para que la ley se apruebe a final de año o al inicio de 2025, cuando se cumple una década de la aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No ha habido sorpresa, ya que horas antes la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y su homólogo en el PSOE, Patxi López, habían avanzado que disponían de los apoyos necesarios para arrancar con la tramitación parlamentaria.

La mayoría de investidura tiene enfrente a PP, Vox y UPN, que se han manifestado por la mañana ante la Cámara Baja junto a sindicatos de policías y guardias civiles contra la reforma, afirmando que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes. En esa protesta ha estado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha compartido espacio junto a Javier Ortega Smith, de Vox, y la exdiputada ultraderechista Macarena Olona.

Por la tarde, los representantes de Jucil y Jupol han acudido a la tribuna de invitados para seguir la sesión, menos los minutos en que ha intervenido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Tras la pose, Núñez Feijóo no se ha sentado en su escaño por la tarde en el debate.

Las movilizaciones de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales han estado muy presente en las primeras palabras del diputado del PSOE David Serrada, que ha saludado la presencia de sus portavoces y les ha asegurado que la nueva ley protege tanto a los agentes como a la ciudadanía frente al recorte de derechos que propició en 2015 la mayoría absoluta del PP.

Serrada ha sostenido que se encontraban ante uno de los debates «más relevantes» de la legislatura, que ha sostenido que busca profundizar en un modelo de seguridad en el que prime la defensa de derechos y libertades.

«Urgencia democrática»

Enrique Santiago, de Sumar, ha considerado que esta ley es una «urgencia democrática», que busca derogar todos los «contenidos liberticidas» de la Ley Mordaza. El diputado ha reclamado «tranquilidad» a los sindicatos policiales, a quienes ha pedido que no se dejen «manipular» por el PP, subrayando el respaldo alcanzado en torno a esta proposición de ley.

Santiago ha abogado por que se tramite con celeridad, al estimar que es la «última oportunidad» para dar un giro desde un punto de vista progresista. Tras enumerar aspectos de la propuesta legislativa, ha incidido en que se recogen «reivindicaciones históricas» de asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha remitido una comunicación a los grupos parlamentarios para que respalden la toma en consideración, aunque reconoce que hay que ir más allá.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu ha defendido el acuerdo alcanzado con el PSOE, centrando su primer turno en los puntos que han propiciado el acercamiento de posturas, como son acabar con la discrecionalidad en sanciones tanto por falta de respeto a la autoridad como por desobediencia, poner fin al uso de pelotas de goma y erradicar las devoluciones en caliente en la frontera.

Iñarritu ha recordado que la reforma va en sintonía con las reivindicaciones de organizaciones sociales pero también de la Comisión de Venecia, Consejo de Europa y relatores de Naciones Unidas. El independentista vasco ha destacado que esta iniciativa supone una «nueva oportunidad» para «acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana».

El jeltzale Mikel Legarda ha criticado el acuerdo bilateral entre PSOE y EH Bildu, en vez de haber abordado una negociación más amplia «para limar diferencias». Por ello, ha avisado «que no dan por cerrados acuerdos en los que no hayan participado previamente».

El diputado del PNV ha adelantado que se reservan «el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión fruto del equilibrio de cesiones mutuas que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada», en referencia, por ejemplo, al empeño de su partido por preservar el principio de autoridad en manos de los policías.

Desde las filas de ERC, Francesc Marc Álvaro ha admitido que la proposición de ley podría ser menos ambigua si fijara una fecha concreta para la prohibición de las pelotas de goma o eliminara explícitamente las devoluciones en caliente. «Pero la política es ponerse de acuerdo», ha asumido, antes de congratularse de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda dejar de ser la «ley bozal», una normativa que, ha incidido, «nos acercaba más a Turquía que a Suecia».

Néstor Rego, del BNG, ha expuesto que realizarán aportaciones a la ley para que sea «plenamente respetuosa con los derechos democráticos», algo que decantará el sentido de su voto. Ha lamentado, a la vista del contenido de la redacción de la propuesta de ley, que no se vayan a evitar excesos policiales.

Falta firmeza

Josep Pagès, de Junts, ha advertido de que no están dispuestos a aceptar «el chantaje de la adhesión total o nada», apuntado a que presentarán distintas enmiendas, como la que fije la desaparición del uso de las pelotas de goma, ya que entienden que falta firmeza en esa intención, y ha lamentado que la reforma se limite a «pulir» los aspectos más lesivos de la legislación actual pero «sin enfadar» a los sindicatos policiales.

Antes, Martina Velarde, de Podemos, ha considerado «insuficiente» el contenido de la proposición, calificándola de «reforma parcial». Así, ha citado el caso de las devoluciones en caliente, cuya desaparición –entiende– pende de una posterior reforma de la Ley de Extranjería, para la que se fija un plazo de seis meses.

Para esta formación, la derogación de la Ley Mordaza está en el punto de marzo de 2023, cuando EH Bildu y ERC no la apoyaron finalmente por insuficiente, avanzando que presentarán enmiendas para profundizar. «Llegamos muy tarde», ha alertado Velarde, recordando las «cientos de miles» de personas afectadas.

En un tono bronco, Miguel Tellado, del PP, ha denominado la iniciativa como «la ley Otegi de inseguridad ciudadana», asegurando que EH Bildu se ha cobrado su «precio más apetitoso al rebajar la protección a un colectivo que siempre ha tenido en el punto de mira». «Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar al PSOE», ha enfatizado.

En esa línea, Alberto Catalán, de UPN, ha dicho que «serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la kale borroka, los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones».




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viernes, 11 de octubre de 2024

El Hilo Conductor

Naiz nos comparte el hilo conductor que tres artículos de la hemeroteca de Egin sacan a relucir.

Lean ustedes:


De Corcuera a Wert pasando por el himno, leyes españolas contra derechos vascos

Un día como hoy de 1991 daba el paso decisivo la 'Ley Corcuera' o 'Ley Patada en la Puerta', en la misma fecha de 1997 un decreto de Aznar imponía el himno español en Euskal Herria y otro 10 de octubre –ahora de 2012– el ministro Wert admitía que su objetivo era «españolizar alumnos». No es difícil trazar un mismo hilo conductor entre las tres.

Ramon Sola

Tres nombres: José Luis Corcuera, José María Aznar y José Ignacio Wert. Tres áreas muy sensibles: la seguridad ciudadana, los símbolos nacionales y la educación. Tres respuestas vascas muy potentes, tanto en las Cortes estatales como en las calles. Y una misma fecha: 10 de octubre.

Efectivamente, en este mismo día de 1991, 1997 y 2012 dieron un paso decisivo tres normas (técnicamente dos leyes y un decreto) que remarcaban el dominio estatal sobre Euskal Herria y allanaban con derechos fundamentales. Hoy su grado de vigencia es diferente, pero todas han dejado huella. Repasémoslas en orden cronológico: esta fue su génesis, sus objetivos, su desarrollo y las reacciones generadas.

Corcuera anticipó la mordaza

Antes de la 'Ley Mordaza' (2015) fue la 'Ley Patada en la Puerta' (1991). Las dos normas llevan la denominación oficial de Ley de Seguridad Ciudadana, pero pronto encontraron un sinónimo más popular y definitorio. Aquella del Gobierno González fue también bautizada con el nombre de su promotor, el ministro del Interior, José Luis Corcuera.

Aquel 10 de octubre la 'Ley Corcuera' pasó el Rubicón en el Congreso, al desestimarse las seis enmiendas a la totalidad presentadas por muy distintos grupos. Así empezaba su crónica en 'Egin' el corresponsal en Madrid Alberto Cruz: «En un debate crispado, con insultos y descalificaciones a diestro y siniestro, el Gobierno impuso su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana...»

Al PSOE le echaron una mano PNV y CiU, que terminarían validando la norma con algunos ajustes. No tocaban lo sustancial, lo que más escándalo había generado por la regresión de derechos que acarreaba. Por un lado, el artículo 20.2, que establecía que la Policía podría detener y llevar a comisaría a quien se negara a identificarse, algo hasta entonces vetado. Por otro, el 21.2, que facultaba a entrar en domicilios sin orden judicial en determinados supuestos (de ahí la «patada en la puerta»). Este segundo sería anulado por el Tribunal Constitucional dos años después, precipitando la dimisión de Corcuera. El primero perviviría hasta la fecha.

En aquel debate del Congreso, el propio PP se situó contra las medidas, en un evidente intento de horadar al Gobierno González porque luego se aprovecharía de la senda abierta con la Ley Mordaza de Rajoy. Desde las formaciones vascas destacaría el rechazo de EA a través de Joseba Azkarraga, quien veía en la ley «el mayor atentado contra el Estado de Derecho desde la aprobación de la Constitución», además de «involución autonómica» por no respetarse atribuciones vascas en esta materia de seguridad ciudadana. Iñaki Anasagasti, por contra, anticipaba ya la validación jelkide final.

Aquella norma fue justificada por el Gobierno del PSOE como un intento de combatir el narcotráfico, aunque para las fuerzas de izquierda su pretensión era recortar derechos en general y, más específicamente, atacar la oleada de huelgas en aquellos meses. Por eso señalaban específicamente la trayectoria de Corcuera, que había llegado a la cúpula política desde responsabilidades sindicales.

Criado en Portugalete y extrabajador de Altos Hornos, de aquella época solo mantenía una radicalidad aplicada ahora en sentido contrario y desplegada con unas formas muy bruscas. Terminaría dejando el PSOE y apoyando al PP. También ha salido impune de episodios de guerra sucia como las cartas-bomba a representantes de HB. Al llegar al Ministerio mantuvo como número 2 a Rafael Vera, que acabaría condenado por los GAL.

El himno español, más allá de la Copa

Seis años después, este mismo 10 de octubre la noticia llegada de Madrid sería la aprobación de un decreto del Gobierno Aznar que establecía que el himno español debería escucharse en los actos autonómicos que contaran con la presencia de altos representantes del Estado.

Apenas una semana después se preveía la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbo, con Juan Carlos de Borbón como asistente, por lo que la medida conllevaba plena actualidad además de la carga política de fondo.

La mayoría política vasca se alineó contra esta imposición, aunque con muy diferentes tonos en su mensaje. El lehendakari entonces, José Antonio Ardanza, consideró que «el decreto no es positivo, porque hay que tener en cuenta que el himno, como las banderas, pertenece al mundo de los símbolos y los sentimientos, y ese himno está muy mezclado con unos determinados recuerdos que para algunos están muy vivos». Abogó directamente por el 'pase foral': «Ya está ocurriendo que muchas veces no se aplica la 'Ley de Banderas' y nadie se escandaliza».

Para Carlos Garaikoetxea, líder de EA, «solo falta que reinstauren las clases de Formación del Espíritu Nacional. En cualquier caso, esto hará comprender a algunos por qué algunos nacionalistas rehúsan acudir a actos oficiales presididos por los máximos responsables del Estado español».

Desde HB, Rufi Etxebarria anticipó que «no respetaremos ese himno porque es un símbolo de represión». Lo ligó con el interés de legitimar «las visitas de territorios ocupados» y lo situó como una «medida totalmente anacrónica».

Mientras tanto, José Ramón Jáuregui (PSE) contemporizaba: «Tiene que hacerse con la suficiente prudencia e inteligencia como para no provocar problemas en temas de cierta sensibilidad territorial». Y Carlos Iturgaiz (PP) amenazaba: «Tendrán que aceptarlo».

Con el paso de los años, el peso de esta cuestión del himno, como la de las propias visitas reales que lleva pareja, se ha ido diluyendo. Las mayores polémicas ni siquiera han ocurrido en Euskal Herria, sino en las finales coperas de fútbol en que diferentes aficiones vascas han protagonizado sonoras pitadas.

Wert, «españolizar» desde las aulas

Este mismo día de 2012, la frase de un ministro español en el Congreso puso en alerta a Euskal Herria y Catalunya. Se estaba poniendo en marcha la luego llamada LOMCE, Ley de Mejora de la Calidad Educativa, y el titular de Educación, José Ignacio Wert, se quitó la careta en el fragor del debate, al reconocer que el objetivo de la norma sería «españolizar a los alumnos catalanes».

La llama del escándalo prendió tan rápido que Wert intentó desdecirse a medias el mismo día. No obstante, en una entrevista a Europa Press en 2019 subrayaría esto: «Sigo pensando que hay que españolizar a los niños catalanes en los términos en los que en su día lo dije».

Las respuestas estudiantiles fueron fulminantes, con movilizaciones en las calles vascas y catalanas, e incluso una huelga general educativa en Euskal Herria en marzo de 2014 (la cocción de la norma aún sería lenta).

Cuando el Gobierno Aznar puso letra pequeña a la ley, la frase de Wert cobró pleno sentido: a partir de entonces sería el Estado quien definiría los contenidos y criterios de evaluación de las asignaturas troncales y los criterios de evaluación de las específicas; el euskara, catalán y gallego quedarían relegados a las materias de especialidad, no como troncales; tanto Religión como su alternativa serían evaluables y contarían para la media del curso y optar a una beca...

El PP acabó aprobando la norma en solitario. Y la Ley Wert siguió vigente hasta la aprobación de la Lomloe en 2020, esta vez con los votos de PSOE, UP, ERC, PNV y Más País, más la abstención de EH Bildu, JxCat y BNG. Un mal menor y un último sarcasmo por parte del PP, al denunciar su portavoz en el Congreso que esta Lomloe «está totalmente ideologizada».

 

 

 

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sábado, 20 de mayo de 2023

Egaña | Tinta de Chipirón

Como es costumbre, Iñaki Egaña no deja mono con cabeza en su análisis del panorama económico y político actual de Hego Euskal Herria. Aquí les dejamos su texto publicado en Facebook:


Tinta de chipirón

Iñaki Egaña

El desplome del vertedero de Zaldibar se llevó por delante la vida de dos trabajadores, uno de ellos Joaquín Beltrán aún sin aparecer. El incendio posterior provocó una nube tóxica en la población citada, Ermua, Eibar y otras de los alrededores. Las responsabilidades fueron disueltas en multas e indemnizaciones millonarias. La Unión Europea amenaza con sanciones a cuatro vertederos vascos, mientras que la incineradora de Zubieta paraliza una y otra vez su actividad, arroja vertidos contaminantes a la erreka Arkaitz y sus trabajadores van a la huelga exigiendo condiciones mínimas de salud. Los residuos no importan porque por encima de su gestión está el negocio. Mucho dinero.

Más de 300 actividades altamente contaminantes en Hego Euskal Herria. En Zorroza soportan cada año el procesamiento de 100.000 toneladas contaminantes en una fábrica que debería estar cerrada desde hace cinco años. Ahora anuncian que quizás en 2027. En Legutio, los vecinos están asqueados de las empresas que se dedican al reciclaje del material industrial. Su salud se resquebraja, como la de los vecinos de Erandio que en 1969 salieron a la calle a protestar por la polución y fueron baleados y muertos por la Policía. Hoy, incluso, su recuerdo ha sido borrado por supuesta apología.

La pandemia de la covid nos ha dejado más de 10.000 muertos en Euskal Herria, cerca de la mitad en residencias de mayores. Nos hemos enterado, por esta alta mortandad en residencias que ha hecho descender nuestra esperanza de vida en un año, de condiciones infrahumanas en algunas de ellas. Que habían sido privatizadas para ganancia de unos pocos y que los patronos habían hecho un cartel, como si se tratara de un ejercicio especulativo más. Traficar con la gestión de los vulnerables.

Los aplausos a los sanitarios que hicieron de freno a la expansión de la covid fueron el apartado lúdico para tapar la degradación de la sanidad pública. Una perversión que ha pasado por encima de organigramas técnicos para favorecer el clientelismo, que ha desmantelado la red sanitaria pública desde sus cimentos más cercanos (la limpieza), hasta sus órganos gestores naturales. Aunque parezca propio de Turquía o Sierra Leona, los directores generales de Osakidetza de las últimas décadas han sido imputados por diversas razones.

Tenemos una policía, en el tercio autonómico, desbocada, parasitada por el unionismo extremo. Acaba de amenazar con el boicot a una carrera ciclista internacional demostrando, con un accidente en la Itzulia femenina, de los peligros que conlleva semejante coacción. Que cada año que pasa se acerca más a la actividad histórica y ultra de sus vecinos, acumulando asaltos a protestas laborales, torturas señaladas por el IVAC y una actitud chulesca que le ha llevado a aplicar la Ley Mordaza con unas ratios espectaculares. Exigiendo incluso su mayoría sindical la no derogación de esa ley infame. Un modelo policial lejano al de cercanía, basado en una actividad de gasolinero, incendiando escenarios, en vez de apagarlos.

La vivienda, soporte activo para la existencia, después de que nuestros antepasados salieran de las cuevas, se ha convertido en un nuevo medio especulativo, de negocio lucrativo en el que han entrado incluso aquellos bancos que rescatamos con nuestros impuestos en 2008 para forrarse también a sus consejeros. Su carestía ha cambiado tendencias centenarias, ha modificado el curso de nuestra sociedad comunitaria, ha hecho descender la natalidad –junto a otras razones- y ha eclosionado como el primer problema de los jóvenes que acceden al patio vital. Pero el valor del metro cuadrado tiene más importancia que cualquier emoción original, que cualquier derecho democrático.

Atrapados entre bancos carroñeros y necesidades de subsistencia, centenares de hombres y mujeres, con los muebles a cuestas como en los éxodos bíblicos, han sido expulsados de sus viviendas, algunos arrojados al suicidio. Nuestras urbes se han convertido en un nido de multinacionales, con trabajadores mileuristas de contratos basura, mientras Añana, Gaubea o las Améscoas se despueblan. La gentrificación y el turismo están desplazando los colores de nuestro territorio. La estacionalidad está modificando nuestras raíces.

Esas mismas que han entrado en una venta alocada, sin subastadores que regulen un mercado en manos de truhanes sin patria. Tenemos el país en venta por unos cuantos platos de angulas y esos 26 millones que se llevaron cada uno de los consejeros de nuestra supuesta compañía telefónica. En medio de esos 600.000 vascos en la pobreza, las empresas aparentemente estratégicas ganan a espuertas, más que nunca. Sueldos insultantes, y obras de la misma magnitud, inútiles como las de la Super Sur, metro donostiarra o el Tren de Alta Velocidad. ¿Cuántos hospitales, cuántos puestos de trabajo, cuanto arrope a la vulnerabilidad?

La temporalidad en el sector público vasco es del 40%, la más alta de Europa. Signo, también, de la naturaleza de los gestores. Clientelismo, enchufismo, puertas correderas a los jefes descubiertos, arrope partidista, prisión para el director de la Hacienda guipuzcoana, soporte económico a De Miguel… Un falso oasis vasco que jamás ha existido.

Nada de lo anterior importa, sin embargo. El quid ha sido revelado desde las cloacas. Voluntarios de Gestoras pro amnistía, trabajadores de Herriko Tabernak, jóvenes de Segi, periodistas de Egin, militantes de Ekin y Batasuna, abogados de presos vascos, manifestantes contra vulneraciones de derechos humanos… y militantes de ETA, han conformado una variopinta terna de 44 hombres y mujeres criminalizados por engrosar listas, entre casi 4.500 elegibles de EHBildu. Una doble criminalización, porque excepto dos militantes de Herri Batasuna que jamás fueron condenados, el resto cumplió prisión gracias a un código penal excepcional. No hay redención posible, quizás en una próxima rencarnación. Nuevamente los presos, esta vez expresos, siguen siendo rehenes de una política vengadora.

 

 

 

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sábado, 25 de febrero de 2023

Egaña | La Policía de la Moral

Les compartimos este texto de Iñaki Egaña inspirado en la mordaza que hoy en día a todo se aplica:


La policía de la moral

Iñaki Egaña

Durante siglos hemos estado acogotados por los límites morales que imponía la Iglesia Católica, con la excepción de aquellas reinas navarras protestantes que nos llevaron, intransigentes unos y otros, a una guerra de religión en la Euskal Herria continental. A ambos lados de la muga, quemaron a nuestras herboleras, torturaron a sus hijas y nos introdujeron la “santidad” hasta el tuétano. Placer, alegría y humor eran pecado y el miedo al fuego eterno nos obligó a esconder públicamente nuestras tendencias de vida, aligeradas por una confesión de arrepentimiento que nos volvía al punto cero de una supuesta depravación natural.

Hasta que, con el tiempo, la modernidad nos sembró de dudas. Un papa fascista descabalgó a una generación de misa diaria, la exposición del Big-Bang se cargó la Biblia al completo, mientras que con Darwin y el destripe de la cadena del ADN llegamos al convencimiento de que éramos de la misma naturaleza que los escarabajos y apenas nos diferenciábamos de los chimpancés en el espesor de las cejas. En este punto, la moralidad católica se desmoronó, también tras denunciar (lo sabíamos desde siempre), que sus divulgadores de sotana eran los más pecadores del recinto. Aquella policía de la moral estricta religiosa sigue existiendo, pero su recorrido social se ha reducido a los propios de una secta más.

Sin embargo, esa misma modernidad ha provocado nuevos policías moralistas. Algunos cargados de galones, embozados gracias a leyes que, como la Mordaza, dan carta blanca a interpretaciones tan subjetivas que la mayoría de las veces estamos a merced de lo que decidan cuatro canallas. Otros, en cambio, sustitutos de aquellos sacerdotes que nos mandaban al infierno a las primeras de cambio. Estos últimos, alentados por el caos de las redes sociales, donde los cowboys son legión, nos pretenden contaminar de una supuesta moralina del “políticamente correcto”.

Los primeros, los del orden, el uniforme, levita, turuta y teleberri, son un hilo que nos ha recorrido desde que tenemos memoria. La razón siempre está del lado del fuerte. Es una moral podía decir que estrictamente política. Pero no sería cierto, porque desde que se inventó la escritura, se gestionaron los silos para los cereales y surgieron las jefaturas de los valles, todo es política. Desde el riego de saborizantes artificiales para endulzar nuestros postres hasta la elección de la sede finalista del próximo mundial de pádel.

Esta pirámide construida desde la cúspide del poder político y económico, va descendiendo de forma autónoma hasta alcanzar los niveles más bajos. No hacen falta cursos de instrucción, ni de perfeccionamiento. La transmisión es perfecta. Hace poco, Oriol Junqueras, que fue antes de su inhabilitación profesor, intentó alfabetizar e ilustrar a los internos de Extremera, en los tiempos que sufrió prisión por avalar un referéndum democrático para Catalunya.

Como es normativo, los presos deben presentar miles de instancias para intentar normalizar su existencia en el interior de los muros penitenciarios. Junqueras, que ya había establecido un grupo de internos a los que enseñar cuatro cosas, fue señalado por un funcionario que lo corrigió. Para educar, como para solicitar más papel higiénico, también hay que rellenar una instancia. Así que el líder catalán completó el papel timbrado especifico señalando que iba a impartir clases de historia. Su especialidad. Un anónimo funcionario, que conocía perfectamente las reglas del juego global, le contestó por escrito que “no se pueden dar clases de historia porque la historia es un arma de manipulación masiva”. Así que Junqueras lo intentó de nuevo, esta vez añadiendo que las clases serían de filosofía. La respuesta de manual: “no se puede dar clases de filosofía porque la filosofía ayuda a cuestionar el orden existente”.

Hombre, Junqueras. Te lo podías haber imaginado, le dijeron los presos. Elige algo neutral, que ya sabemos cómo se las gasta el sistema. Así que Oriol fue a lo sencillo, matemáticas. Pero el régimen que dicta las normas morales, y por tanto políticas, halló la respuesta: “no se pueden dar clases de matemáticas porque las matemáticas pueden usarse para delinquir”.

Si los de uniforme y sotana han marcado durante siglos la moralidad oficial, un sector de la sociedad civil se ha venido arriba para acompañar a la policía de la moral de siempre, repartiendo carnés entre sus colegas y ejerciendo labores de corrección social. De manera gratuita, pero con la intención de modificar a su antojo las normas sociales no escritas. Lo que antes era un simple comentario de taberna, ahora se ha convertido en una sesuda reflexión gracias a la visibilidad de las redes sociales. Antes, esa reflexión no era sino una majadería más. Hoy, sin embargo, gracias a las aplicaciones del teléfono y su repercusión inmediata, lo que sigue siendo una majadería se puede convertir en un ataque contra la libertad de alguien que ni siquiera se ha enterado de que ha sido nombrado.

La pandemia ya creó una nueva categoría, con la policía de los balcones, capaz de incriminar a un perro por bajar a mear dos veces al día cuando la norma sanitaria imponía una. Desde entonces, los policías de la moral han ido creciendo, aupados en esa ñoñería que nos va a convertir en seres insulsos, desapasionados. Desde que Jon Maia escribió la letra que musicó Ken Zazpi, aquella de “Itsasoa gara”, (que me perdonen Maia y Elorrieta por el recurso) nos quieren equiparar al agua: incoloros, inodoros e insípidos.

La última a propósito del carnaval. En aras a esa corrección moralista, que me recuerda a la que imponía la religión, no hemos podido disfrazarnos de negros, chinos o esquimales. ¿Andaluces o toreros? ¡Por Dios! Tampoco de animales, porque se les “cosificaba”. ¿Mujeres por hombres, hombres por mujeres? Ni me atrevo a comentarlo. Al final, únicamente serán políticamente correctos los bomberos (policías) del distópico “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury. Al tiempo.

 

 

 

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sábado, 21 de enero de 2023

Egaña | Extorsión

Con ustedes, otro demoledor texto que Iñaki Egaña nos ha compartido en su perfil de Facebook:


Extorsión

Iñaki Egaña

Ubanorma, empresa en la que trabajaba Ainhoa Alberdi, consiguió a dedo un contrato para una adjudicación en el Parque Tecnológico de Miñano, en Araba. Al poco, Alberdi recibió la llamada de la cantidad de la “mordida” correspondiente, 100.000 euros, un montante al parecer irrisorio para las cifras que se manejan en este tipo de extorsiones. Quién le pidió “pasar por caja” fue Alfredo de Miguel, diputado foral alavés por el PNV.

El Supremo acaba de ratificar la pena por la extorsión y De Miguel deberá entrar en prisión. Aunque tengo mis dudas. Perro no muerde perro y como sucedió ya hace unos años, cuando el presidente del PNV en Iruñea fue condenado a 75 años de prisión por amenazas y pedir el impuesto revolucionario en nombre de ETA, las perspectivas de una justicia equitativa se desvanecen. En aquella ocasión, el presidente del IBB, con un indulto exprés, salió de inmediato a la calle. Uno de los condenados en el caso De Miguel ya ha señalado que pedirá indulto y otros dos alegarán problemas de salud.

Las referencias anteriores vienen a cuento de esa contraprogramación que tan habitualmente ejercita el Partido del Gobierno de Gasteiz, liderado por Urkullu. Varios de sus ahora ex militantes más significativos en Araba han sido condenados por extorsión, sumando la sanción a esos procesos abiertos o cerrados, que llevan a componer una tendencia sobre un latrocinio sostenido. Quizás hasta una estructura dedicada a ello, unas cloacas propias coloreadas con el rojo, el blanco y el verde.

Y, sin embargo, la postura oficial jeltzale ha sido la de mirar hacia otra esquina y enmierdar el escenario, tal y como el PP cuando es acusado de corrupto y mafioso: no niego mi actitud corrupta, pero el resto también lo es. Para ello nada menos que el portavoz oficial del Gobierno, Bingen Zupiria, que ha exigido, en domingo y en portada de los diarios vascos del Grupo Vocento, dónde se encuentra el dinero que ETA extorsionó antes de su desaparición. Una respuesta ya conocida desde 2015, cuando la Universidad en la que se graduó (Deustu), dio publicidad a un trabajo sobre las finanzas de ETA.

Lo sorprendente es que Zupiria lance esa exigencia al coordinador de EHBildu. Lo cual trasluce que, a pesar del tiempo pasado, la falacia creada por el Estado profundo, la del “Todo es ETA”, desde las ikastolas, las cooperativas hasta EA (parte de EHBildu y por cierto escisión del PNV), es compartida al menos por Urkullu y su vocero, Bingen Zupiria. ¿Por qué exigir sino a una organización legal, creada en 2012 responsabilidades de otra clandestina por su actividad de 1980?

En el caso De Miguel, el comodín de ETA, como ahora lo ha hecho Zupiria, ya fue usado por el acusado que dio nombre a la causa. En 2011 alegó que movía dinero de forma opaca por una supuesta amenaza de ETA que le obligaba a transmutarse en humilde trabajador para no pagar el “impuesto revolucionario”. No coló, pero en el juicio, la pareja de Koldo Otxandiano, el segundo de a bordo en la trama de fontaneros, volvió a utilizar el mismo comodín.

En plena crisis del Pacto de Lizarra-Garazi, el PNV hizo público un comunicado extremadamente explícito sobre la coyuntura. Para los amantes de la hemeroteca lo firmó el 2 de diciembre de 1999. Entonces, los partidos constitucionalistas y el PNV echaron en cara a ETA que intentaba condicionar el proceso político con la extorsión. Y la dirección jeltzale señaló que el debate político era otro y que introducir el término de la “extorsión” era desvirtuarlo.

Bingen Zupiria lo tuvo que conocer, porque en esa época y durante diez años más, fue director de Euskal Telebista, ese medio tantas veces denunciado como el brazo mediático del PNV. Su relación sentimental con la redactora de informáticos no deja lugar a especulaciones diferentes. Fueron, además, los años de las ilegalizaciones, de la criminalización de decenas de miles de “delincuentes” cuyo nexo de unión era el de ser independentistas. Zupiria, ETB y el PNV no se destacaron precisamente por su objetividad.

Y a pesar de aquel comunicado de dejar la “extorsión” fuera de la agenda política, el portavoz del Gobierno de Urkullu, vuelve a retomar el comodín habitual de la ultraderecha española para tapar sus vergüenzas. Unas vergüenzas que tienen una amplia trayectoria, como su historia, desde aquellas 2.500 máquinas de juego que supuestamente financiaron las primeras campañas electorales del PNV, según denunció el diario Egin. La presión jeltzale obtuvo resultados y no hubo investigación judicial. Pero la venganza fue terrible. José Antonio Ardanza, en un mensaje que imagino le preparó su jefe de prensa, declaró: “Cerrar Egin será un ejercicio de higiene democrática”. ¿Quién era su jefe de prensa? Bingen Zupiria.

Antes del cierre de Egin, la Ertzaintza ya había entrado en Egin para llevarse documentos relacionados con las investigaciones de las cloacas del PNV. La extorsión tiene muchas caras, algunas relacionadas directamente con la amenaza, otras con la aplicación de esa ley llevada a los altares por los sectores más reaccionarios, la Ley Mordaza. ¿Cuántos millones recaudados? ¿A qué se han destinado?

¿Adónde fueron a parar los millones de dólares que Washington insufló a la democracia-cristiana europea a través del PNV? ¿Cuál fue su comisión por hacer de intermediario? ¿Adónde fueron a parar los millones que desde 1982 adeudaba el Estado a Herri Batasuna por sus citas electorales? ¿Y la extorsión de las multas millonarias a centenares de militantes independentistas? ¿Y el coste del alejamiento de miles de presos? ¿Y la extorsión político-económica, cierre de Euskalduna y demás?

Ya lo dijo un conocido militante jeltzale. Hay que jugar en primera división, con angulas y moet chandon en el menú del día a cuenta de lo público. Es el argumento exculpatorio mayor, el esgrimido cuando la luz aprieta. El chocolate del loro sigue dando para mucho, sobre todo para que los tramposos sigan jugando a la trasparencia desde sus cabinas opacas.

 

 

 

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lunes, 11 de abril de 2022

Lawfare contra Huelguistas de Tubacex

Primero, queda claro una vez más que la Ertzaintza, tan bipolar, es un instrumento de represión utilizado por parte del estado en contra de la clase trabajadora en general y del independentismo vasco en particular.

Segundo, que así como el régimen español recurre a la lawfare para triturar a quienes considera sus enemigos así como para obstaculizar el proceso de independencia de Catalunya así como el proceso de paz de Euskal Herria, también Lakua está dispuesta a recurrir a dicha artimaña, como nos deja claro esta nota publicada por Naiz:


El comité de Tubacex denuncia la «avalancha de multas» que están recibiendo tras la huelga

El comité de empresa de Tubacex ha denunciado «la avalancha de multas que se están notificando a trabajadores y al propio comité» en aplicación de la llamada Ley Mordaza por su participación en las protestas laborales que protagonizaron durante la última huelga.

El comité de empresa de Tubacex ha expresado su apoyo a los trabajadores y las trabajadoras imputados por su participación en los conflictos laborales de Tubacex, Petronor, PCB y Metal de Bizkaia, Artiach... después de que hayan llegado a los juzgados los procedimientos penales y administrativos abiertos contra varios trabajadores y trabajadoras «por su participación en distintas movilizaciones llevadas a cabo en los conflictos laborales».

Los trabajadores de las plantas de Tubacex de Laudio y Amurrio estuvieron el año pasado casi ocho meses de huelga en protesta por un ERE con 129 despidos y durante ese tiempo hubo numerosas movilizaciones, algunas de las cuales terminaron con incidentes y cargas de la Ertzaintza.

A través de un comunicado, el comité de empresa ha denunciado este martes la «avalancha de multas» que están recibiendo en aplicación de la Ley Mordaza, «que ya debería haber sido tumbada en el Congreso», al tiempo que ha defendido que «hacer huelga o participar en una manifestación no puede ser delito».

Ha considerado además que al tratar los conflictos laborales como «actos contrarios al orden público» se pretende su «criminalización» y que la imposición de multas constituye «un nuevo intento de amedrentar a las clase trabajadora, esta vez mediante el castigo económico injustificado y desproporcionado». El comité considera «especialmente dolorosas» las multas procedentes «del propio Ayuntamiento» de Laudio contra trabajadores de Tubacex.

«Entendemos que hacer huelga o participar en una manifestación no puede ser delito. Este intento de criminalización de la lucha obrera no es casualidad, sino una decisión política. Ante conflictos laborales, el Gobierno vasco no solo abandona a los y las trabajadoras, sino que se posiciona al lado de las empresas poniendo a disposición de esta a la Ertzaintza para que la utilice como si de seguridad privada se tratase», ha censurado.

El comité critica que al aplicárseles la Ley Mordaza, «a través del Derecho administrativo pretenden obtener penas que no pueden obtenerse por vía judicial penal; a unos les exigen penas de cárcel y a otros multas económicas desproporcionadas».

 

 

 

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domingo, 27 de marzo de 2022

Iruñea Contra el Racismo

El conflicto en Ucrania ha hecho que una vez más, Europa muestre su rostro más inhumano, el del racismo.

Durante ya varios años se ha hablado de la crisis migratoria que se vive en el Mediterráneo, con países como Turquía y Grecia haciendo las veces de muro de contención contra las personas que buscan llegar a la fortaleza europea desde el Oriente Medio, en donde las guerras por el control sobre los hidrocarburos de la zona no solo se han multiplicado, sino que se han recrudecido pues la saña mostrada por Estados Unidos e Israel por medio de sus ejércitos de mercenarios a los cuales bautiza según su conveniencia -Al Qaeda, ISIS, etc- ha alcanzado cotas imperdonables.

Al centro del Mediterráneo es Italia a la cual le corresponde contener los flujos migratorios que llegan desde Libia, otro país devastado por las aventuras bélicas de Occidente.

Finalmente, en el extremo occidental del mencionado cuerpo de agua se encuentra el estado español, encargado de vigilar el Estrecho de Gibraltar, con la complicación agregada de tener enclaves en territorio africano, como lo son Ceuta y Melilla -e incluso las Islas Canarias para ese efecto-. Ahí hemos presenciado crímenes de lesa humanidad siendo cometidos en contra de migrantes subsaharianos.

Pues bien, todo eso se olvidó convenientemente al momento de abrir por completo las fronteras a los refugiados ucranianos casi desde el momento en que los primeros misiles rusos cayeron sobre las instalaciones militares ucranianas frenando así de tajo el expansionismo de la OTAN. Claro, no todos los ucranianos fueron bienvenidos, hubo reportes de que a los ucranianos de origen africano o asiático no se les permitió ni siquiera salir de Ucrania, ya no digamos ser recibidos por países como la muy fascista Polonia.

Desafortunadamente, Euskal Herria no está exenta de esa lacra.

De esto y más nos habla este artículo publicado por Naiz:


Una manifestación denuncia en Iruñea las mil caras del racismo

Las movilizaciones contra el racismo y la xenofobia de esta semana en Euskal Herria han concluido este sábado con una manifestación en Iruñea que ha mostrado y denunciado sus múltiples facetas.

Una manifestación, convocada por la plataforma SOS Racismo con motivo de la celebración de la Semana Antirracista, ha recorrido este sábado el centro de Iruñea para denunciar «las múltiples caras del racismo que nos atraviesa».

Los participantes en la manifestación han comenzado la marcha en la Plaza de las Merindades portando pancartas con los lemas "Todos los derechos para todas las personas", "ILP para una regularización extraordinaria de personas extranjeras" y "¿En qué lugar del mundo el/la africano puede vivir en paz?".

También han portado carteles con frases como "Racismo es: Ley de Extranjería", "Racismo es: Que me miren con desconfianza", "Racismo es: Desigualdad de derechos", "Racismo es: No facilitar la integración" o "-Raza, +razón".

La manifestación ha recorrido el centro de Iruñea hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído el titulado Manifiesto contra el Racismo y la Xenofobia.

El racismo, se denuncia en el texto, «sigue vigente en la actualidad, forma parte de la estructura social y política y sigue sirviendo para recortar o suprimir derechos y libertades de personas en función de su origen y racialización».

Además, agrega, el racismo «sigue institucionalizado, con leyes que discriminan de manera directa e indirecta, como la Ley de Extranjería, que sigue condenando a la irregularidad a miles de personas, o las políticas de extranjería que criminalizan el derecho a circular libremente».

«Hoy estamos aquí para decirlo muy claro: el racismo sigue existiendo en la actualidad y en estas tierras. Hemos traído carteles con diferentes formas de racismo; hablan del racismo en el empleo, en educación, en sanidad, en las leyes, en las calles, en las actitudes, en las noticias… entre otras», asegura la plataforma.

En ese sentido, considera que «en las vidas de personas migradas y racializadas las discriminaciones operan de maneras múltiples, y muchas ocasiones simultáneamente. Desde Coordinadora Antirracista Navarra entendemos que deben funcionar también así los mecanismos de denuncia y lucha».

Estos mecanismos, destaca, son necesarios porque «el racismo es un lastre que trasciende siglos y que sigue funcionando como una herramienta para sostener el sistema de privilegios del norte global sobre el sur global, de quienes están en el centro y ostentan poder económico, social y político sobre las que son relegadas a los márgenes».

Otra expresión de esta lacra, se indica en el manifiesto, «es el racismo social, basado en el pensamiento excluyente, que hace que se justifique, no se la haga frente, se tape, o viendo el racismo siempre en las otras, es decir, convirtiendo el racismo en un tabú».

Ley de Extranjería, Ley Mordaza y Ucrania

Por ello, subraya, «volvemos a exigir la derogación de la Ley de Extranjería y la Ley Mordaza, así como el cierre definitivo de los Centros de Internamiento y retención (CIE, CETI, CATE) pues son la máxima expresión del Racismo institucional. Proponemos seguir combatiendo el racismo en todas sus formas y seguir aunando luchas contra este sistema excluyente, que pretende dividirnos en categorías y seguir construyendo privilegios aniquilando nuestros derechos».

En las últimas semanas, resalta, la guerra en Ucrania «nos ha mostrado una nueva faceta del racismo europeo, de discriminación y de trato, exigimos el mismo trato que al pueblo ucraniano para todas las personas que ejercen su legítimo derecho a migrar y a construir sus proyectos de vida de manera digna».

Además, la plataforma se une «a las voces que están denunciado los ataques contra las comunidades romaníes dentro y fuera de las fronteras de Ucrania, síntoma atroz de la naturaleza sistémica del antigitanismo y de la necesidad urgente de blindar los derechos de todas las personas».

El padrón

Por último, el manifiesto alude a una problemática «que afecta a muchas personas y especialmente a personas migradas y racializadas: el padrón».

El acceso al empadronamiento, denuncia, «se ha convertido en un privilegio, porque una parte de la sociedad tiene grandes dificultades para conseguir documentos requeridos desde los ayuntamientos. Por ello desde Coordinadora Antirracista Navarra lanzamos una campaña para reclamar el derecho de empadronamiento a todas las personas y hacer cumplir la obligación de las instituciones a hacerlo efectivo».

Así, anuncia la plataforma, durante el año va a contactar con instituciones y partidos políticos para hacerles llegar sus propuestas y, en paralelo, llevará a cabo actividades de sensibilización y denuncia sobre este tema con movilizaciones en la calle, formaciones, charlas y entrevistas para concienciar la sociedad.

«En nuestra diversidad reside nuestra fortaleza y capacidad de resistencia. Frente a todo el miedo y el odio que desde los poderes nos intentan inyectar, seguiremos construyendo redes de apoyo mutuo para construir alternativas a este sistema que sigue intentando reducirnos a categorías», concluye el manifiesto.




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lunes, 14 de febrero de 2022

No a Reformar la Ley Mordaza

Lo que se autodenomina como "el gobierno más progre de España desde la Transición" se ha andado con muchos tientos cuando de la Ley Mordaza se trata. Lejos de derogarla, solo buscan que la mordaza no apriete tanto.

Nos preguntamos qué opinan Alex Ubago y el dueto de desconocidos al respecto.

Al respecto, les compartimos esto publicado por Naiz:


Europa critica por insuficiente la reforma en marcha de la Ley Mordaza

La reforma, que no derogación, de la Ley Mordaza que arranca este martes en el Congreso ha recibido un varapalo previo del Consejo de Europa, puesto que su comisaria de Derechos Humanos ha escrito a los presidentes de Congreso y Senado alertando de su insuficiencia.

En vísperas de la reactivación en Madrid de la reforma de la Ley Mordaza de 2015, la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha escrito a los presidentes de Congreso y Senado planteando sugerencias mucho más ambiciosas que lo previsto.

El escrito hecho público hoy, con fecha del 8 de febrero, está dirigido a los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, así como al presidente de la comisión de Interior de la Cámara Baja, José Luis Ábalos.

Mijatovic muestra su preocupación por «la redacción amplia e imprecisa de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria».

En la práctica, constata que «se imponen sanciones por motivos poco claros, socavando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos». E incide en la dificultad para recurrirlas.

La comisaria de DDHH recuerda que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa recomendó en 2021 «garantizar que la revisión judicial de las denuncias individuales sobre posibles abusos policiales sea accesible y efectiva».

No es la primera vez que Mijatovic se dirige a los presidentes de ambas cámaras para pedir que se enmiende esta ley. En 2018 ya la criticó y dijo que el Estado español «carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden».

«Alarmante» volumen y más vulneraciones

Mijatovic califica de «alarmante» el «elevado número de sanciones impuestas» desde 2015 en manifestaciones por resistencia o desobediencia a la Policía y por falta de respeto o consideración a los agentes.

Destaca que sancionar a los organizadores de manifestaciones si se altera el orden público es «contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a las directrices de la OSCE y la Comisión de Venecia».

Respecto a los inmigrantes interceptados en Ceuta y Melilla Mijatovic hace hincapié en que la reforma de la ley «no introduce garantías claras contra la devolución, incluido el derecho a solicitar asilo, ni contra las expulsiones colectivas».

La comisaria ya ha recibido la respuesta a su escrito, con fecha 10 de febrero, en la que Batet y Gil dicen haber «dado traslado de sus alegaciones a las respectivas comisiones de Interior de las cámaras, para que sean objeto de estudio y consideración».

Los presidentes de las cámaras añaden que en el debate de la comisión «podrán ser tenidas en cuenta y valoradas convenientemente» las reflexiones de la comisaria de DDHH, del defensor del Pueblo, de la Comisión de Venecia y de los relatores especiales de la ONU.

 

 

 

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domingo, 2 de enero de 2022

'Vuelta a Casa, Víctimas y Verdad'

Desde Naiz traemos a ustedes este artículo de opinión acerca de lo que su autor considera los grandes pendientes tras diez años de iniciado un proceso de paz técnicamente unilateral, acompañado sí por la comunidad internacional, pero con participación más allá de renuente por parte de las metrópolis involucradas.

Lean ustedes:


Tres V que no necesitan otra década: vuelta a casa, víctimas, verdad

El reciente décimo aniversario de Aiete no solo ha traído balance de resultados, sino que además ha reenfocado las tareas pendientes y ha catalizado nuevas condiciones para afrontarlas, como la Declaración del 18 de Octubre. No es trabajo de un año pero tampoco debería exigir una década.

Ramon Sola

Proceso de paz y proceso de resolución fueron los dos conceptos más usados, desde las ópticas propias de dos bloques diferentes, para definir el escenario que arrancaba en 2011. Diez años después, es más ajustado a la realidad hablar de proceso de construcción de paz y de proceso de transformación del conflicto, puesto que ni la paz completa ha llegado ni la resolución política se atisba en el horizonte. Con todo, las condiciones sembradas en este cambio de año son mejores que nunca, más incluso que las de aquel momento inicial de efervescencia que se topaba con la inquietante llegada del Gobierno Rajoy. Los puntos que más riesgo de colapso generaban se han ido solventando: inicialmente solo prosperó la relegalización de la izquierda abertzale, pero en los últimos cuatro años se han materializado el desarme y posterior fin de ciclo de ETA y se ha iniciado el deshielo en la política carcelaria de excepción.

En este sentido, contra la hipótesis inicial de que muchas cosas podrían resolverse en un primer golpe y luego los ritmos se irían ralentizando, la realidad muestra que ha sido en el último lustro cuando se ha producido una aceleración (que bien podría tener como punto de partida más que simbólico Luhuso, hace justo cinco años).

De entrada estaba claro que esta no sería una carrera lineal de 100 metros. Si se compara el proceso con una carrera de obstáculos, en esta segunda vuelta a la pista las vallas que toca saltar no son tan altas como las que ya han sido superadas. Si se prefiere tomar como metáfora la maratón, algo seguramente más certero, es probable que el «muro» que aparece entre los 30 y 35 kilómetros ya haya sido vencido con el impulso de 2017 a 2021; otra cosa es lo que cueste llegar de ahí al final.

Presos: humanidad o Aznar

2021 ha sido el año de la supresión del alejamiento extremo, el aislamiento y el primer grado, tres patas de la política de excepción a la que falta añadir una cuarta: la excarcelación a tiempo de los presos enfermos. La apuesta de EPPK por la batalla legal desde 2016 ha sido decisiva para ello al desmontar excusas. Pero por esa vía hay todavía mucho camino que recorrer.

Los datos ofrecidos este año por agentes diferentes como Sortu o Sare constatan que eliminando las normativas y las prácticas de excepción hoy día más de 150 presos tendrían que estar pisando la calle, aunque solo fuera con permisos por haber cumplido la cuarta parte preceptiva; que a unos 120 les correspondería el tercer grado por haber superado la mitad; y que casi totalidad de estos últimos debería estar en libertad condicional.

Más allá de ello, pasar definitivamente la página de la cárcel por estas décadas de confrontación armada aboca a derogar, o al menos modificar, la ley 7/2003 que estableció cumplimientos de condena de hasta 40 años para presos y presas vascos. No tiene parangón en Europa ni adecuación a las actuales estrategias penales internacionales. Y tampoco soporte argumental hoy en el Estado español más allá de la ultraderecha («que se pudran en la cárcel» fue el lema con que José María Aznar la lanzó) ni adecuación al actual contexto vasco.

Si se van a acabar corrigiendo normas del Ejecutivo Rajoy como la Ley Mordaza o la reforma laboral, ¿cómo cabe defender la vigencia de esta más antigua y más inhumana? Dependerá en gran parte de que se estabilice la actual mayoría progresista en el Estado creada con soporte independentista catalán y vasco, pero debería tener punto final en cualquier contexto. Y más aún cuando persiste una Audiencia Nacional inclinada ideológicamente a usar la batería normativa contra los presos, haciendo como si ETA aún existiera. Sin duda es más fácil cambiar la 7/2003 que a los jueces y fiscales del tribunal especial.

Comisión de la Verdad o 18-0

La cuestión de las víctimas es el segundo gran ámbito pendiente en el bloque de la llamada pacificación. Un matiz de entrada: aunque en nuestro entorno no esté asentada esa percepción, los expertos internacionales que siguen el proceso vasco volvieron a remarcar en octubre, en las jornadas del décimo aniversario, que ven una evolución buena y hasta rápida en esta cuestión, puesto que en otros lares ha necesitado una o más generaciones para desencallarse. La presencia de víctimas de ETA en la mesa redonda del próximo 8 de enero en Bilbo es un indicador relevante, impensable hace una década. Y elementos como la Declaración del 18 de Octubre de la izquierda independentista o la renuncia expresa de EPPK a recibimientos públicos van a facilitar sin duda este humus de convivencia.

Ello debe contribuir a encarar una cuestión más espinosa y muy bloqueada diez años después: la verdad. Al fin y al cabo, es la demanda primera y principal de víctimas de uno y otro lado en general, por encima de las de justicia y/o reparación.

Nada más desmontarse el argumento/excusa de los «ongi etorris», los detractores de este proceso han corrido a buscar un nuevo parapeto, y han escogido los «crímenes sin resolver». No se advierte en esa campaña un afán prioritario de buscar su esclarecimiento, sino un objetivo instrumental, que es seguir impidiendo excarcelaciones o incluso forzar nuevos sumarios o citaciones (la de Mikel Albisu solo ha sido la más sonada). No obstante, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha puesto realismo sobre el tema al reconocer que «hablar de crímenes sin resolver es algo peligroso si no se hace con rigor, pues se pueden dar falsas esperanzas».

Con todo, si esta cuestión se encarara realmente de modo constructivo, con la verdad como horizonte y sin un objetivo punitivista, en clave de justicia transicional, quizás hubiera una opción de avanzar: conviene repasar lo que dijo la última dirección de ETA en el libro-entrevista de GARA sobre el caso de los tres gallegos desaparecidos en 1973 o lo manifestado por EPPK al Foro Social en la última reunión en la cárcel de Logroño.

Cada conflicto y cada cultura han tenido su forma de afrontar esto: entre las catárticas audiencias públicas de Sudáfrica y la apuesta por no abrir esos cajones en Irlanda debe haber un punto medio vasco. Pero ¿cabe una Comisión de la Verdad como la que ha puesto sobre la mesa EPPK en esa reunión de Logroño? No parece que el Estado esté dispuesto a abordarlo ni siquiera de modo teórico, primero porque supondría renunciar a su falaz relato de una única violencia y segundo y principal porque a estas alturas hay más crímenes sin resolver por su acción que por la de ETA. Lo innegable es que en esta década post-lucha armada no se ha resuelto un solo caso nuevo de guerra sucia ni ha habido una nueva condena por torturas en el Estado español (sí en Europa, la de Portu-Sarasola). Y ni siquiera el informe de Lakua que detallaba 4.113 casos ha roto esa barrera negacionista.

Para llegar a ese escalón de la verdad seguramente habrá que pisar otro previo, que es el del reconocimiento. En el PSE ya se admite en privado que más pronto que tarde habrá que hacer alguna reflexión pública sobre los GAL. También al PNV se le acumulan voces que le recuerdan que en el informe firmado por su Gobierno aparecen 300 casos de torturas de la Ertzaintza. Si van a hacer su 18 de Octubre, para su impacto político en Euskal Herria no resultará indiferente que eso sea este año o dentro de una década, ni será lo mismo que lo enuncie un Eneko Andueza o un Felipe González (que lo más lejos que ha llegado ha sido a decir que le propusieron «volar a la cúpula de ETA, y dije no»). Como no ha sido lo mismo que en Aiete se pronunciara Arnaldo Otegi o, pongamos por caso, Maddalen Iriarte.

En una balanza figurada, con el paso del tiempo lo lógico y deseable sería que la verdad ganara peso mientras la perdiera el relato, convertido en mera batalla muchas veces partidista. Es decir, que la realidad de los hechos tomara el lugar de su memoria distorsionada. Hay mucho de inercia generacional en la sobreexplotación de esta cuestión. Como muestran algunos estudios recientes, los más jóvenes desconocen casi todo sobre los avatares del conflicto armado y tampoco parecen muy preocupados por aprenderlo.

Postconflicto o prerresolución

Estos nudos pendientes en el ámbito de las consecuencias del conflicto han sido utilizados durante esta década para demorar la cuestión política, el cuarto punto de Aiete, las causas. No cabe negar que el elemento político ha perdido pulso en Euskal Herria en este tiempo, dividible por trienios desde 2011: en 2014 la exitosa cadena humana de Gure Esku mostró que había una movilización pujante por el derecho a decidir, pero en 2017 no hubo un acompañamiento decidido al proceso catalán –que más bien pareció suscitar temor– y en 2020 la pandemia introdujo otras prioridades que lo han dejado sepultado.

¿En qué temperatura estará esta cuestión en la Euskal Herria de 2023 o de 2026? Dependerá de múltiples factores: la factura que pasa la pandemia al actual modelo de autogobierno, el desenlace de la mesa política Gobierno-Govern, la activación o no del debate del Nuevo Estatus que lleva una década aletargado, la apertura o no de la prometida reflexión sobre el Amejoramiento en Nafarroa…

De momento, sin haber tenido demasiado eco, la reciente Declaración de Arantzazu corrobora que sigue habiendo una mayoría plural por el derecho a decidir que no se ha disgregado y que está dispuesta a implicarse por la resolución integral al conflicto. Aunque esto sí suene realmente a trabajo por encima de décadas, sin fecha previsible.




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sábado, 4 de diciembre de 2021

Egaña | Hipocresías y Mordaza

Tal como acostumbra, Iñaki Egaña vuelve a poner los puntos sobre las íes a quienes gustan tergiversar todo lo ocurrido en Euskal Herria. El tema en cuestión tiene dos facetas, por un lado el de la tortura practicada de manera institucional por el estado español mientras que por el otro, el mecanismo del cual se vale para silenciar a quienes osan denunciar los excesos de un régimen que ha recurrido al terrorismo de estado sistemáticamente desde por lo menos el año de 1936.

Lean esto que ha compartido en su perfil de Facebook:


Hipocresías y mordaza

Iñaki Egaña

Cuando apareció el cadáver de Mikel Zabalza, ahogado en el Bidasoa al huir de la Guardia Civil según el relato oficial aún vigente, torturado hasta la muerte en el cuartel de Intxaurrondo como supuso el pueblo honrado, el ministerio del Interior español intentó soltar lastre. Y anunció, con el peso que daban las portadas de los grandes medios, que “a partir de ahora a los detenidos no se les colocará bolsas de plástico ni capuchas en la cabeza durante los interrogatorios”.

José Barrionuevo, entonces ministro y responsable de la versión asombrosa de la huida de Zabalza, no tuvo reparo ni vergüenza en realizar semejantes declaraciones, mostrándolas como un avance socialista para la gestión de los derechos humanos en cuarteles y comisarías. Su credibilidad era nula, condenado años más tarde a una década en prisión por el secuestro de Segundo Marey de los que apenas cumplió tres meses, pero era la de un ministro del Interior. El de la seguridad de un estado entonces de 38 millones de habitantes. Bolsas de plástico y capuchas siguieron utilizándose hasta el siglo XXI, a pesar de la aseveración de Barrionuevo.

Cuatro antes, en 1981, otro chaparrón había caído sobre la cabeza de Juan José Rosón, también ministro del Interior, cuando sus subordinados mataron a golpes en el interior de una comisaría de Madrid a Joxe Arregi. La evidencia fue tan notoria que, hasta el partido ultra de entonces, Fuerza Nueva, liderado por un fascista de pro como Blas Piñar, reconoció que en España se torturaba. Y entonces, Rosón, como Barrionuevo más tarde, abrió las compuertas a las novedades democráticas. Y difundió por todos los medios, con orden de dar prioridad, a una nota de la USP (Unión Sindical de Policías) en la que se pedía que “se erradique toda conducta que suponga vejación y tortura física o mental”.

¿Se erradicó la tortura? La pregunta ya lleva intrínseca una respuesta evidente. En las siguientes, se torturó aún más que en épocas previas, según recoge el trabajo del IVAC para la Comunidad Autónoma Vasca. Entre nosotros, la cadencia de las detenciones fue disminuyendo desde que ETA avanzó su desaparición en 2010. También la de los malos tratos. El TAT (Torturaren Aurkako Taldea) dejó de existir haca ya unos años.

Sin embargo, ni la tortura ni los malos tratos han desaparecido. Como las bolsas de plástico y las capuchas. En 2011, el Defensor del Pueblo hispano recomendó la instalación de cámaras de televisión en circuito cerrado interno, en las comisarías. Otro ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció años después que iban en camino. Cuando le recriminaron su lentitud y pocas ganas de hacer transparentes los calabozos, señaló que había “dificultades técnicas”. Un sarcasmo en un estado que cuenta con centenares de miles de cámaras en todos los rincones de sus ciudades.

En junio de 2016, el Parlamento de Gasteiz denunció que la Ley Orgánica 4/2015, la de Protección de la Seguridad Ciudadana según denominación oficial, Ley Mordaza como supone el pueblo honrado por sus connotaciones represivas y de indefensión del estado llano, vulneraba derechos fundamentales y que “estando la mayoría de la Cámara autonómica en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique”.

¿Sucedió lo que deseaban los representantes elegidos por los votantes de la CAV? ¿Dejó la Policía Autonómica dirigida por Estefanía Beltrán de Heredia en la legislatura posterior y por Josu Erkoreka en la última, de aplicar la Ley Mordaza? Pregunta retórica a estas alturas. La respuesta es obvia. No sólo no lo hizo, sino que incrementó su aplicación. Miles y miles de nuevas denuncias, algunas tan retorcidas como la del promotor de la manifestación contra la Ley Mordaza en Bilbo en 2018. La Ertzaintza le aplicó precisamente la Ley Mordaza, como a varias de las participantes de la huelga feminista del 8M de 2019.

Y de la tortura, ¿qué resultó? Entre 2013 y 2019 se registraron en el Estado español 448 condenas por tortura, según los informes estadísticos anuales del Consejo del Poder Judicial. ¿No anunciaban en 1981 los sindicatos policiales la erradicación de la tortura? Entre 2015 y 2019, según datos ofrecidos por la Dirección de Instituciones Penitenciarias, se abrieron 504 procedimientos por torturas y malos tratos en las prisiones españolas. Desconozco cuantos concluyeron en condena, pero la cifra ya es suficientemente significativa.

La Ley Mordaza, gestionada y cocinada por aquel ministro de infausto recuerdo llamado Jorge Fernández Díaz que en su delirio concedió la medalla al mérito policial a un fetiche conocido con el nombre de la Virgen del Amor, fue aplaudida por la mayoría de sindicatos policiales. Porque agrandaba la impunidad de sus afiliados. Y elevaba su protagonismo de categoría.

Y hoy, ante el anuncio del debate sobre la derogación de la Ley, aquellos mismos sindicatos han salido a la calle, en Bilbao y en Madrid, para avalar la Mordaza. Lo han hecho con la ultraderecha xenófoba y machista, junto a la caspa franquista. Sindicatos, como el mayoritario ErNE en la Ertzaintza, que negó la mayor cuando el informe encargado sobre su propio Gobierno detectó más de 300 casos de tortura en los cuarteles autonómicos. Sindicatos que exigen ser actores de un modelo histórico que se alarga desde la noche de los tiempos cuando ser agente de policía era la razón suprema para el sostenimiento del régimen, de la dictadura.

La hipocresía, la doble moral, mantiene en pie actuaciones injustificables. Denunciadas a veces en otras latitudes como antidemocráticas, y estrujadas como valedoras de los derechos humanos en casa. Siendo idénticas. La Ley Mordaza fue un revolcón extraordinario del estado profundo para mantener y avanzar en su estatus excluyente. Que ahora los servidores de esa naturaleza injusta imploren mantenerla, sugiere que lacayos, cipayos, serviles, escuderos y Tíos Tom no son sólo expresiones literarias, sino también formas de entender un modelo coercitivo obsceno.

 

 

 

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miércoles, 24 de noviembre de 2021

Policías Navarros y Ley Mordaza

Lean esto que nos informa Naiz y ya después decidan que es mejor, sí reír o llorar.

Adelante:


A los policías les preocupa poder controlar las manifestaciones en Nafarroa sin Ley Mordaza

Poder controlar las manifestaciones que se registran en Nafarroa cuando la modificación de la Ley Mordaza elimine la necesidad de comunicarlas previamente es una de las principales preocupaciones de los agentes que hoy se han manifestado para pedir que se mantenga esta norma.

Martxelo Díaz

Los sindicatos policiales consideran que la Ley Mordaza es una buena ley. Por ello, rechazan el acuerdo alcanzado por el Gobierno español para modificar algunos de los aspectos más polémicos de la norma. En este contexto, la mayoría de los sindicatos de la Ertzaintza, Policía española y Guardia Civil han convocado movilizaciones para hoy ante las delegaciones del Gobierno español y una manifestación para el fin de semana en Madrid. Las secciones de ELA de Ertzaintza y Policía Foral se han desmarcado y pide el fin de la Ley Mordaza.

En la concentración de Iruñea, Eduardo Riballo, secretario general del SUP en Nafarroa, ha criticado con dureza al ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque «ha conseguido que todos los policías, todos los sindicatos y todas las asociaciones se unan para protestar por este cambio». Ha calificado esta unidad de «histórica». También ha tenido lugar otra concentración en Bilbo, en la que han particpado varios sindicatos de la Ertzaintza.

Navarra Suma y Simón Santamaría

Entre las decenas de agentes que han asistido a la concentración se encontraban los parlamentarios de Navarra Suma Marta Álvarez, Ángel Ansa y José Suárez, así como el que fuera jefe de la Policía Municipal de Iruñea, Simón Santamaría, que recientemente ha mostrado su adhesión a Vox.

Los agentes consideran que la eliminación de algunos aspectos de la Ley Mordaza supondrá una dificultad añadida para la labor policial y un aumento de la inseguridad. En el caso de Nafarroa, según ha explicado Riballo a los medios, les preocupa especialmente que ya no sea necesario comunicar a las fuerzas de seguridad las manifestaciones que se convoquen. «Navarra es una de las comunidades en las que más manifestaciones se convocan. Las hay cada fin de semana y cada semana. No poder controlar esa situación de manifestaciones espontáneos puede suponer un grave riesgo para la ciudadanía y para la seguridad de todos», ha señalado.

Tampoco les gusta el límite de dos horas para la identificación de indocumentados, «lo que compromete nuestra profesionalidad»; o que se suprima la presunción de veracidad de los agentes frente a los testimonios de cualquier ciudadano, ya que «se nos cuestiona simplemente por ser policías». Junto a ello, consideran que se pone en riesgo la integridad de los agentes y que bajarán las incautaciones de sustancias estupefacientes en la vía pública. Además, alertan de que las agresiones a policías están aumentando y se prevé que se incrementen todavía más sin la Ley Mordaza.

«Esta plataforma nace para decirle al Gobierno que no nos vamos a callar, que no nos vamos a rendir y que seguiremos alzando la voz para que esta reforma de la ley no contribuya a la creación de una sociedad más desprotegida e insolidaria con la ciudadanía que sí cree en el orden y en la convivencia», había proclamado previamente megáfono en mano durante la concentración, recibiendo como respuesta gritos de «Sánchez dimisión» por los manifestantes, que posteriormente han arrojado esposas de plástico frente a la pancarta que portaban.




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