Gracias por Participar Garzón

Con respecto a lo sucedido al juez clown Baltasar Garzón, les compartimos este comentario por parte del equipo que publica la página del Grupo Tortuga:

Garzón game over

Pues sí, aunque estos días no escasean opinólogos rasgándose las vestiduras ante la condena a Garzón, quienes sostienen esa opinión considerándose “de izquierdas” deberían tener claras algunas cosas.

En primer lugar que la tele está mezclando dos causas contra Garzón. La segunda, aún por sentenciar, en la que se le juzga por posible prevaricación por tratar de instruir causas penales relacionadas con crímenes durante la dictadura franquista, tiene una lectura jurídica compleja en la que no vamos a entrar aquí. Pero la primera, que es por la que le han sentenciado y condenado, juzgaba una actuación delictiva del propio juez ordenando unas escuchas completamente ilegales a detenidos que preparaban su defensa con sus abogados. Aunque, como decimos, mucha gente que apoya a Garzón, se está haciendo un lío y mezclando ambos procesos, es muy importante separarlos. Con respecto a las escuchas la gente “de izquierdas” debería alegrarse, ya que una posible absolución de Garzón en este tema hubiera creado un peligrosísimo antecedente para destruir uno de los pocos derechos que nos van quedando si nos vemos inmersos en un proceso judicial: hablar con nuestro abogado para preparar nuestra defensa sin ser espiados por la policía.

Conviene que quienes tienen en un pedestal a Garzón por sus supuestas cruzadas contra el fascismo no pierdan de vista su actuación de muchos años cerrando siempre los ojos de par en par cuando detenidos puestos a su disposición manifestaban haber sido torturados. En no pocos casos la tortura saltaba a la vista en sus cuerpos. Garzón siempre tomó partido por la versión policial y nunca hizo nada por averiguar si alguna de esas torturas podía ser cierta. Gran paradoja para un supuesto perseguidor del fascismo.

También hay que recordar sus indiscriminadas persecuciones de tantos y tantos inocentes, a quienes mandó detener, encarcelar preventivamente (algunos denunciaron también torturas sin ser escuchados por el magistrado) y hacer pasar por penosos e inquisitoriales procesos en su afán de criminalizar a todo lo que oliera a izquierda vasca independentista. Nos acordamos de la Fundación Joxemi Zumalabe, de nuestro amigo el abogado navarro Pepe Uruñuela, del diario Egunkaria y de todo un rosario de personas arbitrariamente procesadas por Baltasar que finalmente resultaron absueltas por otros tribunales más objetivos.

Y por si fuera poco son célebres los revolcones que las salas juzgadoras de la propia audiencia nacional o del supremo han dado a las instrucciones realizadas por Garzón. Juez mediático y estrella más dedicado a cultivar su autoimagen en la tele que a trabajar con conocimiento y profesionalidad. Posiblemente este estrellato subido a la cabeza, y la costumbre adquirida de hacer con la ley y los procedimientos lo que le venía en gana, es lo que le ha llevado a tamaña chapuza judicial y delictiva como la que acaba de tumbar –por suerte- su triste carrera. Siempre le harán algún hueco en el partido del GAL. Dios los cría y ellos se juntan.

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Comunicado de Zumalabe

Este comunicado ha sido publicado en Rebelión:

La absolución de la pieza Zumalabe no resuelve la injusticia con el 18/98

Olatz Altuna, Mikel Aznar, Alberto Frías, Fernando Olalde, Sabino Ormazabal, Iñaki O’shea y Mario Zubiaga

Sin conocer todavía la Sentencia del Tribunal Supremo, pero teniendo noticia de nuestras absoluciones, los procesados absueltos de Joxemi Zumalabe queremos hacer públicas las siguientes opiniones:

- Antes de nada, queremos hacer llegar nuestro cariño y solidaridad más sentida a todos nuestros compañeros y compañeras del denominado sumario 18/98 que en estos momentos mantienen en prisión y dispersados en las diferentes cárceles del Estado. Queremos hacer una mención especial a nuestro compañero y amigo Carlos Trenor.

- La absolución de los miembros de la pieza Joxemi Zumalabe (junto con la de Natale Landa) no corrige en absoluto la injusticia que se ha cometido con nosotras y nosotros, ni con el conjunto de las personas procesadas del 18/98, como tampoco la que se ha hecho, se está haciendo y se pretende hacer en todos los sumarios políticos abiertos en la Audiencia Nacional. De ninguna manera. Sólo en el contexto del 18/98 hay 40 personas en la cárcel por el mero hecho de defender y de llevar a la práctica sus ideas políticas, sin armas, sin violencia alguna. Cientos de personas siguen amenazadas con la cárcel inminente porque el Estado sí utiliza la violencia jurídica para conseguir sus objetivos políticos.

- ¿Quién va a resarcirnos por la violación continuada de nuestros derechos durante estos diez años? ¿Por la preocupación y el sufrimiento de nuestras familias y/o personas amigas y allegadas? ¿Por el desgaste laboral y económico que hemos sufrido? ¿Quién va a resarcir los daños de las personas que aún siguen encarceladas? ¿Cuándo se va a terminar la impunidad con la que el Estado reprime la disidencia social y política en este país?

- En este macrosumario el Estado ha utilizado la violencia a lo largo de más de diez años: acusaciones infundadas, detenciones, torturas, prisión preventiva, limitación de derechos, una vista oral de casi dos años, nuevas detenciones, nueva prisión, dispersión… y la ha utilizado de forma cruel e inhumana. Ahora, al final del proceso insisten en despreciar y castigar nuestra dignidad con las detenciones y encarcelamiento de las otras ocho personas que se encontraban bajo fianza como nosotros. Sin conocimiento del fallo del Supremo, la Audiencia Nacional manda a la Guardia Civil a detener a personas que siempre han estado en "libertad" vigilada a disposición de los tribunales. ¿Qué alarma social, qué riesgo de huida o reincidencia tienen José Luis Elkoro, Juan Pablo Dieguez, Javier Salutregi, Iñaki Zapiain, Xabier Otero, Elena Beloki, Inma Berriozabal y Juan Mari Mendizabal?

- La criminalización de la Fundación Joxemi Zumalabe, de los movimientos sociales y políticos, la persecución penal de la desobediencia civil ha sido un arma política ilegítima utilizada durante nueve años para desmovilizar y aterrorizar a sectores importantes de la sociedad vasca. No es necesario encarcelar para obtener los resultados que el Estado persigue contra la disidencia, basta con criminalizar, perseguir, inculcar miedo a asociarse, a organizarse, a poner en marcha medios de comunicación propios; basta con obligar a la gente a trabajar en la pura autodefensa, apartándola de los esfuerzos constructivos por un cambio social y político. Se quiere una sociedad vasca desmovilizada, dócil y sumisa, una sociedad muerta.

- Queremos agradecer toda la solidaridad que hemos recibido durante todos estos años, la cercanía de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, el compromiso de cientos de personas autoinculpadas, los grupos sociales de toda clase que han defendido la labor de la Fundación, los miles de ciudadanas y ciudadanos que han participado en las decenas de movilizaciones realizadas durante estos largos años, en la última época de la mano de la plataforma 18/98+… Estamos profundamente agradecidas y agradecidos, más que agradecidos, abrumados por la solidaridad y apoyo que hemos recibido, y ante todas esas muestras nos comprometemos a continuar trabajando, desde dentro o fuera de la Fundación, para lograr una Euskal Herria más libre y justa.

Olatz Altuna, Mikel Aznar, Alberto Frías, Fernando Olalde, Sabino Ormazabal, Iñaki O’shea y Mario Zubiaga | Procesados y absueltos en el sumario 18/98

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Rompecabezas Amañado

Este análisis del 18/98 nos ha llegado por correo electrónico:

18/98: Un rompecabezas al que no le encajan las piezas

Oskar Matute

“El macro sumario 18/98 va tocando a su fin, y si algo ha quedado claro a lo largo de este tortuoso camino, es que el objetivo de este sumario, no era perseguir delitos, sino criminalizar ideas”.

Esta semana he decidido ir a contracorriente de la actualidad informativa, al menos en sus grandes titulares. Si, esos que se nos inyectan en vena, para que no sepamos o no queramos hablar de otra cosa en todo el día, con todas aquellas personas con las que nos crucemos en cualquier circunstancia o lugar.

Porque lo fácil hubiera sido utilizar este espacio para hacerme eco de la pandemia global que ha eclipsado todo esta semana. Sí, la famosa fiebre porcina. Y eso que algún político nacionalista decía que los cerdos no volaban… pues para no ser así, han llegado a todas partes.

Y, he decidido no hacerlo, porque me van a perdonar, pero no me siento parte de este mundo conmocionado por una nueva variante de gripe, pero totalmente impasible ante las miles de muertes anuales que el SIDA, la malaria, el paludismo, la gripe normal y el propio hambre generan a lo largo y ancho del planeta. Y porque paso de contribuir a enriquecer aún más a las industrias farmacéuticas, ni a los personajes que hay detrás, algunos de la altura ética de Donald Rumsfeld (secretario de defensa de USA durante el mandato de George. W. Bush).

Tampoco le voy le hincar el colmillo a otros temas candentes como la bajada de tipos de interés, o la crisis, aunque a esta si le voy dedicar tiempo próximamente, ya que este mes de mayo cargado de movilizaciones obreras bien merece un acompañamiento en la lucha.

Pero en este articulo, me he propuesto escribir sobre un proceso o macrosumario, el conocido popularmente como 18/98 que venimos arrastrando o soportando para ser más preciso durante mucho tiempo, y que en esta semana ha tenido algunas variaciones significativas.

Supongo que todo el mundo conoce que este macrosumario arranco su andadura en los tribunales de la mano del hiperactivo Juez Garzón allá por el año 1998. En él se pretendía desmontar o desarticular todo el entramado de apoyo y sostenimiento de ETA, en base a la persecución de diferentes colectivos que según este juez, y el poder político reinante en ese momento, daban oxigeno a ETA. Esto es la doctrina Aznar aplicada hasta sus últimas consecuencias, “todo es ETA”.

Y, así, se emprendió un juicio contra diferentes entidades y personas de Euskal Herria tales como Ekin, Xaki, Fundación Josemi Zumalabe y otras.

Huelga decir que las garantías procesales brillaron por su ausencia, que las pruebas documentales no eran más que apreciaciones, desde mi punto de vista subjetivas, muy subjetivas, de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Bien, pues después de todo este tiempo, de un proceso continuamente interrumpido y sometido a las decisiones políticas, parece que nos acercamos al final del sumario.

Esta semana, hemos asistido a dos noticias, que no pueden sino dejar un sabor agridulce entre los que creemos que este macro sumario no es más que un gran error, que vulnera derechos fundamentales de las personas, tales como el de expresión, asociación, reunión, libertad ideológica y derecho a la disidencia, y que por tanto erosiona de forma directa los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático que se precie.

La primera noticia, hace referencia a la absolución por parte del Tribunal Supremo de 9 de las 47 personas procesadas. Y así, lo ha comunicado la sala 2ª de dicho tribunal a la Audiencia Nacional. Entre esas personas se encuentran todas las personas vinculadas a la fundación Joxemi Zumalabe, que fueron imputadas por colaboración con ETA, y para los cuales se solicitaron penas de entre 9 y 11 años de prisión.

Pero, ¿Cuál era su supuesto delito? Pues en palabras del propio ministerio fiscal, promover la desobediencia civil no violenta en Euskal Herria como forma de lucha en supuesta connivencia con ETA, a través del proyecto “Piztu Euskal Herria” (encender Euskal Herria).

Ni que decir tiene que me alegro profundamente, de la absolución de todas estas personas, del mismo modo, que como insumiso al ejercito en otros tiempos, defiendo y defenderé la estrategia de desobediencia civil no violenta como vía de reivindicación y lucha contra los desmanes e injusticia de nuestros gobernantes. Pero, han tenido que pasar por el señalamiento social, la prisión, algunos más de dos años, para que un tribunal entienda que la desobediencia civil no violenta se sitúa en parámetros absolutamente opuestos a los de cualquier lógica militar, sea esta la de ETA o la de cualquier otro.

Por lo tanto, se les cae una pieza de su rompecabezas inicial, ya “todo no es ETA”. Y, sin embargo muchos miraran para otro lado, sabedores de su error, pero sin importarles lo más mínimo el daño causado, incluso surgirá algún osado que nos hablara de “víctimas colaterales”. Y, lo que es aún peor, algunos seguirán persistiendo en el error sabedores de que las doctrinas de Goebbels todavía muestran su eficacia, y es que una mentira repetida mil veces puede acabar convirtiéndose, al menos aparentemente, a los ojos y oídos de la gente en una verdad.

La segunda noticia, es la que me deja un poso agrio, la que me contrarresta mi alegría por la noticia anterior. Y, es que esta misma semana, la sección 3ª de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de 8 personas ante la inminencia de la publicación de la sentencia y su consiguiente riesgo de fuga. Esto me parece una barbaridad. Si resulta que este juicio arranco hace ya muchos años, y pese a los parones sufridos, los ingresos intermitentes en prisión de muchos de ellos, no se ha constatado ningún riesgo de fuga en todo este tiempo, ¿Cómo se puede esgrimir ahora como argumento principal dicho riesgo, si jamás ha existido?

Máxime, teniendo en cuanta la situación personal de muchos de ellos, tratándose de sus dolencias, e incluso en algún caso ingresado en hospital recuperándose de una intervención reciente. Para mí, es claro, esta segunda noticia tiene un efecto compensatorio hacia lo más retrogrado del Estado con respecto a la primera. Parece como si viviéramos en los tiempos de la Roma de Nerón, donde los nuevos dioses, necesitaran aplacar su ira y su sed, con el sacrificio de otros.

Y, estas noticias, no pueden acallar otra realidad, que la propia Fiscalía del Estado, ha pedido una reducción de penas casi generalizada para casi todos los imputados en este macro sumario.

Por lo tanto, parece que aquel rompecabezas o entramado de “todo es ETA” no era tan cierto, como sostenían muchísimas personas en este país.

Pero, creo que debe quedar claro que a lo largo de este calvario judicial, con visitas semanales a la casa de campo de Madrid, para asistir al juicio, se ha demostrado de forma más evidente que nunca, que a lo largo de este proceso se han producido desviaciones graves y severas del normal funcionamiento del estado de derecho.

Se ha privado de garantías jurídicas a las personas procesadas. Se han impuesto fianzas económicas desmedidas y anormales para con las que suele ser habitual en casos similares. Se ha producido un abuso de la prisión preventiva sin ningún tipo de lógica ni razón. Y, por si todo esto fuera poco, se han denunciado por algunos de los procesados denuncias de torturas y malos tratos.

Junto a todo esto, hemos asistido perplejos y boquiabiertos a una instrumentalización política de la legislación hasta ahora no conocida. De este modo, se han aplicado de forma elástica y expansiva en la búsqueda de nuevos tipos delictivos, o sin determinar. Y, esto apoyado en documentación sin valor probatorio aportada por peritos que se convertían en testigos, de forma absolutamente irregular, por agentes que utilizaban números de identificación de forma indistinta en alguna ocasión, etc.

En definitiva que como decía el lantalde 18/98+ el objetivo de este juicio era criminalizar ideas, no perseguir delitos.

Me toco asistir en calidad de parlamentario a la casa de campo como observador en algún momento de todo este tortuoso sumario. Lo que allí vi, no hace sino confirmarme en lo que ya intuía, que este juicio obedecía a un impulso político, que se buscaban pruebas, y si no como dijo el ahora candidato del PSOE al Parlamento europeo en su etapa de Ministro de Justicia, las inventamos.

Por todo ello, no puede sino reafirmarme en lo que he afirmado de forma pública en más de una ocasión, que este sumario debiera archivarse, que no tiene sentido y que sólo obedece a la necesidad de aquellos que en la lucha contra ETA decidieron sacrificar el resto de derechos y libertades de las que gozamos. Cualquier medio no justifica el fin, ni en Irak, ni en Euskal Herria ni en ningún lugar del planeta.

Pero, por si alguien aun tiene dudas, sobre la intencionalidad política de este sumario, y sobre las para mi más que dudosas imputaciones que en él se vierten, les vuelco aquí un párrafo del 18/98+ lantaldea, que dice lo siguiente:

“Quienes formamos este grupo de trabajo 18/98+, que no compartimos necesariamente los mismos planteamientos sociales y políticos, coincidimos sin embargo en el derecho a defenderlos. Creemos en una Euskal Herria respetuosa de su pluralidad y riqueza social que debe poder construirse en libertad y en el respeto a todos los derechos de todas las personas.”

Yo lo suscribo, plenamente. Así pues, hasta la semana que viene.

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Retorno del 18/98

Parece ser que envalentonados por la visita de su cómplice francés los trogloditas madrileños han decidido incrementar la violencia y la represión en contra del pueblo vasco, como muestra esta nota publicada en Gara:

La Guardia Civil detiene a ocho de los condenados por el sumario 18/98 que permanecían en libertad

La Guardia Civil ha detenido por orden del Tribunal Supremo a ocho de los ciudadanos vascos condenados en el sumario 18/98 que permanecían en libertad provisional. Se trata de Jabier Salutregi, Iñaki Zapiain, Elena Beloki, Xabi Otero, Inma Berriozabal, Juan Mari Mendizabal, José Luis Elkoro y Juan Pablo Diéguez, que ha sido apresado en el hospital, donde se encontraba convaleciente de una operación. El Supremo ha acordado la absolución de nueve de los 47 condenados.

DONOSTIA-. Diez días después de que el Tribunal Supremo español comenzara a deliberar sobre los recursos presentados a la sentencia del macroprocreso 18/98, la Guardia Civil se presentó anoche en las casas de seis de las personas condenadas y que se encontraban en libertad provisional: Jabier Salutregi, Inma Berriozabal, Iñaki Zapiain, Xabier Otero, Elena Beloki y José Luis Elkoro.

Los cinco primeros fueron arrestados anoche, mientras, que el histórico dirigente abertzale José Luis Elkoro ha sido arrestado a las 8.30 de esta mañana en su domicilio de Bergara. Los agentes acudieron a su casa ayer a las 22.00, pero en ese momento, no se encontraba allí. Esta mañana han regresado y se lo han llevado. La Guardia Civil ha cortado la calle en la que reside Elkoro.

Esta mañana también ha trascendido la detención de Juan Mari Mendizabal, en Elgoibar. Según han explicado sus allegados, la Guardia Civil les ha llamado a las 2.15 de la madrugada para decirles que Mendizabal se encontraba detenido en el cuartel de Intxaurrondo. La familia desconoce cuándo se ha llevado a cabo el arresto.

Por su parte, Juan Pablo Diéguez ha sido apresado en un centro hospitalario de Bilbo, donde se encontraba convaleciente de una operación.

Según han informado sus familiares a GARA, Agentes de paisano, que no se han identificado, se han presentado hacia las 8.30 de la mañana en el domicilio de Diéguez en Bermeo preguntando sobre su paradero. Los policías han mostrado la orden de detención en relación con el sumario 18/98. Los familiares les han contestado que Diéguez se encontraba ingresado en el hospital de la Cruz Roja de Bilbo, convaleciente de una reciente operación de menisco.

Una hora más tarde, dos agentes de la Guardia Civil se han vuelto a personar en el domicilio de Bermeo mientras al mismo tiempo se presentaban en el hospital, donde han detenido a Diéguez y lo han trasladao en una ambulancia al médico forense de los juzgados de guardia de la capital vizcaina. Los familiares del detenido han advertido de que necesita tomar varios medicamentos y una máquina de respirar.

Se espera que el forense emita un informe sobre su situación.

Nueve absueltos

Aunque todavía no ha hecho público el fallo, el Supremo comunicó ayer a la Audiencia Nacional que nueve de los 47 condenados en el macroproceso 18/98 van a ser absueltos. Se trata de Fernando Olalde, Mario Zubiaga, Alberto Frías, Sabino Ormazabal, Mikel Aznar, Olatz Altuna, Mikel Zuluaga, Natale Landa e Iñaki O'Shea, estos dos últimos excarcelados anteayer.

Excepto Landa, que fue procesada en la pieza sobre Ekin, el resto fueron condenados por su vinculación a la Fundación Joxemi Zumalabe.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto en el que da cuenta de la decisión del Supremo y ordena la puesta en libertad de los absueltos (ya lo estaban). Además, aunque aún no ha sido informada de las penas impuestas al resto de procesados, estima que "se mantienen los pronunciamientos condenatorios a penas privativas de libertad", por lo que ordena la detención e ingreso en prisión de los ocho apresados hoy.

El fallo del Supremo se dará a conocer previsiblemente la próxima semana, de acuerdo con Europa Press.

Las primeras detenciones, anoche

Fueron los propios allegados y vecinos de los arrestados quienes anoche informaron a GARA de las detenciones. La de Xabi Otero se produjo en su vivienda de Agoitz. "Ya por la tarde hemos visto movimientos raros, coches con gente dentro... Por eso, hemos ido un grupo de vecinos a su casa. Hacias las 22.15, han llegado dos coches y se han bajado agentes de paisano, algunos encapuchados. Han dicho que venían por lo del 18/98, y se han dirigido a Xabi para que cogiera ropa, que se lo llevaban. 20 minutos después de que se fueran, han vuelto dos patrols a por su DNI", explicó un amigo.

Los arrestos de Elena Beloki e Iñaki Zapiain se produjeron en Hernani, también en sus respectivos domicilios. El segundo, trabajador de GARA, fue sacado del portal entre agentes de paisano y uniformados poco antes de la medianoche, mientras que sobre la detención de Beloki apenas trascendieron datos. Lo que sí confirmaron vecinos a este diario fue el amplio despliegue desarrollado en el municipio por el instituto militar.

Pese a tener la confirmación por parte de los abogados de la defensa, GARA tampoco pudo conocer las circunstancias del arresto de Inma Berriozabal. Sobre el de Jabier Salutregi, sus familiares precisaron que los guardias civiles se presentaron en su vivienda de Donostia hacia las 23.00.

Este operativo hace pensar en la inmediatez del fallo del Tribunal Supremo respecto a los recursos interpuestos a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra los 47 ciudadanos vascos condenados por el sumario 18/98. El proceso quedó visto para sentencia el 22 de abril, cuando la Fiscalía pidió la absolución para seis de los penados y una rebaja para el resto.

Obviamente, Borbón y Zapatero están más que dispuestos a ordeñar el 18/98 por el tiempo que quieran a pesar de las críticas que dicho proceso ha recibido por parte de un buen número de instituciones alrededor del mundo.

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Los Chavales de Iturrama

En este escrito publicado en Gara el abogado Sabino Cuadra pone en claro lo sucedido con los jóvenes de el centro educativo denominado Iturrama y de como fueron traicionados por su propio director:

Sabino Cuadra Lasarte | Abogado

Iturrama: las víctimas son los chavales

Si atendemos a lo que los medios han publicado sobre el conflicto en el instituto Iturrama de Iruñea, el grueso de lo ocurrido tiene que ver con un gratuito e injustificado ataque padecido por el director de ese centro por parte de LAB, quien en una rueda de prensa calificó su actuación de «cobarde y miserable trabajo de delator» por haber identificado a siete alumnos ante la Audiencia Nacional.

Tal hecho ha motivado luego toda una cadena de posicionamientos públicos (Departamento de Educación, Asociación de Directores de centros, Nafarroa Bai, STEE-EILAS, KEM-MOC, Comisión de Personal de Educación, grupo de padres y madres de ese centro, columnistas varios...), cuyo común denominador, al margen de otras valoraciones, ha sido el rechazo de lo afirmado por LAB y la expresión de la más estrecha solidaridad para con el director.

Vayamos por pasos. El 26 de septiembre de 2008, con motivo del Gudari Eguna, un grupo de alumnos y alumnas realizó un acto relativo al día, en el que figuraban las fotos de Argala, asesinado por el GAL, y Olaia Castresana, muerta en Torrevieja cuando manipulaba una bomba. El informe realizado por el Departamento de Educación reconoció que «a pesar del aparente impacto de la noticia, fueron unos hechos minoritarios en participación, de escasa duración y en todo momento impedidos desde la dirección del centro», insistiéndose en que la «situación fue abortada por el director en escasos minutos, retirando toda la iconografía del acto».

Posteriormente, unas imágenes del mismo fueron colgadas en Internet y tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo como el «Diario de Navarra» iniciaron una fuerte campaña de presión sobre el Departamento de Educación y la Fiscalía, a fin de que fueran adoptadas las oportunas medidas sancionadoras, tanto a nivel académico como penal, en la Audiencia Nacional, por exaltación del terrorismo.

En el transcurso de las investigaciones realizadas, el director del centro procedió a identificar a catorce alumnos ante la Policía y a siete de ellos en la Audiencia Nacional como participantes en el acto, sin informar de nada de ello a los implicados, sus familias, tutores y profesorado, y manteniendo el secreto hasta que los hechos fueron conocidos por los afectados al ser citados en la propia Audiencia.

La Audiencia Nacional no es el juzgado de Paz de Elizondo. Es la heredera del Tribunal de Orden Público franquista y su actuación se rige por leyes de excepción (antiterrorista, de partidos...) reiteradamente denuncia- das por diferentes instancias internacionales. Bajo su amparo se ilegalizan partidos y agrupaciones electorales con los más rocambolescos argumentos, y la Policía y Guardia Civil actúan con métodos (incomunicación, malos tratos, torturas,...) anualmente denunciados por grupos de derechos humanos (AI) y organismos internacionales (ONU...).

El director, objetor y antimilitarista histórico en Nafarroa, ha afirmado respecto a su personación e identificación que «tenía claro que la ley me obliga a cumplir la petición de la Fiscalía», si bien «identificar a todos los alumnos que se veían -en el vídeo- me parecía demasiado». Por eso, afirma, identificó sólo a siete de ellos.

Evidentemente, de una persona que aún hoy sigue dando charlas en defensa de la objeción y la desobediencia civil ante leyes injustas se podía esperar algo más, bastante más. Dejar aparcadas esas convicciones a la puerta de la Audiencia Nacional, de esa trituradora de derechos humanos y libertades que ha procesado y condenado incluso a personas (18/98, Fundación Zumalabe) por defender esas mismas estrategias de objeción y desobediencia civil, no resulta ser muy de recibo. Aducir que sin su declaración todo hubiera seguido hacia adelante y que, por tanto, su identificación no ha sido decisiva es una excusa excesivamente frágil y defensiva.

Aún con todo, lo más criticable para mí no ha sido esto. Uno puede entender (no es mi caso, pero puede haber quien lo haga) que hayan existido razones (presión mediática, policial, el tan humano miedo, convicción incluso) para haber hecho esa identificación, pero nunca, nunca, nunca podré entender que todo eso se oculte durante meses a los propios chavales, familiares, tutores y profesorado en general. Regla de oro de cualquier persona cuya actuación se asiente en mínimos criterios de dignidad es la de, caso de haber identificado a alguien en comisaría, cuartel, juzgado o audiencia por hechos como los que aquí comentamos, notificar de inmediato a los afectados todo lo conocido, incluida la propia actuación, ¿o no?

Instancias oficiales, medios de comunicación y colectivos de muy diverso tipo están haciendo hoy del director de Iturrama poco menos que un héroe. Su consideración académica, social y personal crece por momentos. Todo son rechazos y condenas de la actuación de LAB y muestras de solidaridad para con él, pero ¿es él realmente la víctima de lo ocurrido?

Dentro de unos meses, existirán unos alumnos sancionados de un centro escolar. Otros, por ser menores de edad, podrán ser condenados a penas menores y alguno más, mayor de 18 años, podrá sufrir varios años de cárcel. Todo ello por realizar un acto que, por mucho que no se comparta y rechace, no puede más que enmarcarse y juzgarse como una actividad referida estrictamente al ejercicio de la libertad de reunión y expresión en el ámbito académico. Mientras tanto, la condena por ser alevines terroristas ya está dictada y distintas policías -locales, nacionales...- les vigilan, incordian, identifican...

En todos los comunicados, artículos y columnas periodísticas que he leído se ofrecen todo tipo de solidaridades menos una: la que se refiere a todos estos chavales injustamente perseguidos y procesados. Espero que la mía pueda abrir un pequeño camino en este inmenso absurdo de Iturrama en el que todo anda al revés. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas.

Este es el seguimiento que Gara le ha dado a la situación:

• LAB censura al director del Instituto Iturrama por delatar a sus alumnos
• STEE-EILAS sale en defensa del director del Instituto Iturrama
• NaBai apoya al centro Iturrama criticado por delatar a sus alumnos
• STEE-EILAS y la dirección del Instituto Iturrama critican las declaraciones de LAB
• Padres y madres de Iturrama recalcan que los perseguidos son los alumnos
• La dirección del Instituto Iturrama presenta la dimisión

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Circunstancial

Este texto ha sido publicado en Rebelión:

Las mías circunstancias

Sabino Cuadra Lasarte


La idea de que todas las personas son iguales no es sino una ficción. Si Ortega y Gasset no lo hubiera dicho, lo habría afirmado cualquier otra persona más pronto o más tarde: «Yo soy yo y mis circunstancias». Mientras el entorno social de cada cual sea distinto, los «yo» resultantes serán también diferentes.

Tan solo ante las constituciones y los dioses las personas son iguales, pero nada hay más falso que aquellas y éstos. La familia real y la mía no se parecen en nada. El Papa y una creyente tampoco. Las democráticas constituciones europeas se escribieron en el siglo XIX mientras sus ejércitos conquistaban el mundo a sangre y fuego en nombre de su superior civilización. La Iglesia católica, a su vez, es el mayor canto a la desigualdad existente. Farsa, todo farsa. Sin cambiar las circunstancias los «yo» nunca serán iguales.

A su vez, las circunstancias de cada cual no son solo «circunstanciales», es decir, situaciones específicas que influyen en una conducta concreta. Las hay también que son «estructurales» y nos condicionan de forma colectiva y permanente. Así, la razón de que cada año varias decenas de mujeres sean asesinadas por sus maridos, compañeros o ex, y que miles de ellas padezcan diariamente malos tratos (lo contrario no se da apenas nunca), más allá que en las circunstancias que rodean a cada agresor, debe buscarse en un sistema social, familiar, patriarcal que supura este tipo de personas habitualmente.

En Euskal Herria vivimos un conflicto cruento que atraviesa todos los ámbitos de la vida social y política. Hay muertes, torturas, atentados, amenazas, represión, cárceles... Alrededor de cada uno de estos hechos, sea cual sea el color de los mismos, hay indignación, llanto, incomodidades, odio... La violencia y el dolor que cada hecho conlleva es lo que los asemeja. Las circunstancias que rodean a cada uno de ellos es lo que los diferencia.

Llevamos treinta años trabajando para que se haga justicia con la muerte a manos de la policía de Germán Rodríguez. Treinta años parejos de impunidad y burla.

Conozco al sobrino de una vecina al que se le imputó, junto a otras personas, la muerte de un concejal en Leitza. La base fue la declaración «libremente» prestada tras su detención. Tras varios años de cárcel, surgieron pruebas que mostraron que era inocente. Entonces quedó en libertad. Nadie, sin embargo, le ha resarcido por ello ni ha investigado por qué, sin ser cierta, se prestó aquella «voluntaria» declaración por la que le podían haber caído varias decenas de años de cárcel.

Otra vecina de escalera lleva ya trece años de cárcel a sus espaldas. Desde hace varios padece cáncer y otra grave enfermedad más, pero le niegan el derecho a la excarcelación que la propia legislación le otorga.

Tengo también amigas y compañeros de Zumalabe, Batasuna, «Egin», etcétera, que están presas, acusadas o condenadas de pertenecer a ETA, a pesar de no haber tenido nunca relación con ella.

A otro amigo, el pasado enero, lo pusieron en libertad tras cumplir veinte años de condena. No tenía delito de sangre alguno. Tras dos meses en la calle, le dicen ahora que han hecho mal las cuentas y que tiene que cumplir cinco años más. Lo afirman sin rubor ni base legal alguna. Se encuentra ahora en busca y captura.

Puedo poner más ejemplos cercanos, pero creo que son suficientes.

Por supuesto que existen personas -¿por qué no?- rodeadas de casos tan graves como los señalados, sólo que de signo «contrario». Gentes que han visto morir a familiares suyos a manos de ETA, que tienen que vivir con permanente escolta, que han sufrido daños de todo tipo en distintos atentados, que ven perseguida también su actuación política... Pienso que todas las lágrimas que se vierten frente a un muerto van rodeadas de una carga similar de indignación ante esa vida que les ha sido arrebatada. Por eso mismo no se puede despreciar el dolor de nadie, sino todo lo contrario.

Pero así como todos los «yo» y todas las vidas llevan aparejadas unas circunstancias que las hacen diferentes, otro tanto ocurre con las violencias que nos rodean. La circunstancia «estructural» que las hace distintas es la legalidad. Hay violencias que son legales y otras que no lo son. Así, entrar disparando a los tendidos llenos de una plaza de toros y arrasar una ciudad, Iruñea, en los sanfermines de 1978, matando a un joven, es legal. Hay, incluso, una sentencia que lo dice. Nadie respondió por aquello.

Por el contrario, quemar un cajero automático, sean cuales sean tus intenciones al respecto, te convierte en miembro de ETA. Si las cámaras te han grabado (el comisario Rubio fue fotografiado pistola en mano en medio de la plaza de toros, y no le pasó nada), sufrirás detención, interrogatorio contundente (puede incluso que confieses delitos inverosímiles) y posterior condena. Son cosas de la ley y sus tribunales. Pero la ley y la justicia no son la misma cosa. Tampoco el orden público debe confundirse con la paz.

El partido en torno al cual surgió el GAL, el PSOE, impulsa hoy mociones «éticas» de condena de la violencia en los ayuntamientos vascos. Le secunda el otro partido, PNV, con el que compartía mesa y mantel en Ajuria Enea mientras sucedía todo aquello. Para ellos, las torturas hechas en comisarías y cuarteles -Amnistía Internacional dixit- no son obstáculo moral para ir de nuevo de la mano mermando lo poco que supervivió a las leyes y sentencias que convirtieron, de la noche a la mañana, lo legal en ilegal.

Ellos juegan con ventaja. Tienen constituciones y leyes; nosotros no. Ellos cuentan con ejércitos y policías; nosotros no. Sus banderas y lenguas son obligatorias; las nuestras marginadas. Sus medios embellecen lo propio y satanizan lo ajeno; los nuestros están cerrados. Sus partidos disfrutan de todo tipo de prebendas, los nuestros de todo tipo de persecución.

Ya, ya se que existe la violencia de ETA y sus atentados. El dolor que se deriva de todo ello es evidente. Pero sacar a relucir la ética y la moral solamente cuando se mira hacia un lado, haciendo tabla rasa de todo lo anterior, me parece muy poco ético y moral. Claro está, como en tantas cosas, cada ética y cada moral son también ellas mismas y sus propias circunstancias.

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La Audiencia Nacional debe Desaparecer

Esta entrevista ha sido publicada en Rebelión:

“La desaparición de la Audiencia Nacional es urgente y necesaria”

Joana García Grenzner | Diagonal

August Gil Matamala es penalista desde 1960 y fundador de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Ex presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (AED), participó en la Iniciativa de Observación Internacional en el macrosumario 18/98+ contra diversas entidades de la izquierda abertzale. Gil Matamala habló con DIAGONAL en la jornada contra el 18/98+ celebrada en Madrid.

DIAGONAL: La sentencia del 18/98+ condena a 46 personas a más de 500 años de cárcel por terrorismo. Según el informe de la Iniciativa de Observación Internacional sobre el proceso, éste es fruto de una mala instrucción. ¿Por qué ha prosperado?

AUGUST GIL: Baltasar Garzón, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, inventa la teoría del desdoblamiento, ya convertida en doctrina jurisprudencial, por la que toda la izquierda abertzale es ETA. Según esta iluminación, la organización político-militar ETA crea entidades bajo apariencia legal para la acción civil, política, cultural e informativa, y las manda, financia y hasta nombra cargos, porque integran la entidad global ETA-KAS (Coordinadora Abertzale Socialista). Valiéndose de sus relaciones con las Unidades de Investigación e Información de la Guardia Civil, en 1989 Garzón inicia unas diligencias secretas con escuchas telefónicas e información de detenciones de etarras. En el ‘98 abre el macrosumario y clausura e interviene judicialmente el periódico Egin. Es un instructor con facultades enormes, pero sus decisiones se pueden revisar y recurrir en un nivel jurisdiccional superior, la sala 4ª de lo penal de la Audiencia. Dos magistrados no se dejan embaucar por esta visión desorbitada del tejido asociativo vasco y revocan el procesamiento de AEK (organización para la promoción del euskera); así como el del periodista Pepe Rei y ponen trabas a la intervención sobre Orain SA, editora de Egin, afirmando que no tiene fundamento racional deducir que ser de su consejo mercantil es ser de ETA. En cuanto a Xaki, la sala establece que “prestar asistencia sanitaria a personas vascas en el extranjero, realizar actividades para evitar la extradición, criticar el sistema legal español y trabajar por el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación, e incluso difundir la Alternativa Democrática para Euskalherria no tienen calificación delictiva ni apariencia de ilicitud”. La sala también rechaza acusar de señalamiento a la revista Ardi Beltza, porque no existe ese concepto jurídico-penal. Los magistrados de la sala sufren una campaña mediática de desprestigio. Al dejar en libertad a un narcotraficante marroquí, ‘el Negro’, que se da a la fuga, les expedientan, suspenden e inhabilitan por seis meses. En 2004 el Supremo considera inmotivada la suspensión, pero el daño ya estaba hecho: desde entonces ninguna sala de la Audiencia se atreve a cuestionar las decisiones de Garzón.

D.: ¿Qué principios fundamentales del derecho penal han vulnerado?

A.G.: El primero, la igualdad de armas entre defensa y acusación. Hasta diez días antes del juicio la defensa no pudo acceder a más de 200.000 folios sin indexar donde estaban las pruebas de la acusación. En la 15ª sesión aparecieron las diligencias previas 75/89, y el tribunal decidió incluirlas en la causa. Sólo eso es causa de nulidad. Las defensas pidieron ayuda a los consejos vasco y español de la abogacía y lograron suspender el juicio dos meses. Segundo, el fiscal coló como peritos a expertos en terrorismo de la Guardia Civil y los servicios de información que habían hecho seguimientos, registros, interrogado directamente a acusados y redactado los atestados policiales, cuando el rasgo fundamental de un perito es la imparcialidad. Otro principio es que los atestados policiales son sólo una denuncia y el juicio sirve para probar, pero los convirtieron en pruebas periciales. Nulas, ilícitas y contradictorias, porque llegaron a reconocer todo lo contrario de lo que afirmaban. Además, los peritos interpretaron documentos, lo que nunca hacen, y muchos estaban en euskera, con sus consecuentes problemas de traducción. En un documento incautado a un miembro de ETA se confundió el Estatuto Nacional de Autonomía (ENA) con el Euskal Herriko Nazio Agiria (EHNA- DNI vasco): por este error se acusó a la Fundación Joxemi Zumalabe de ejecutar su estrategia. Y por último, algunas personas imputadas no contestaron a las preguntas de la acusación y el tribunal les prohibió que explicaran por qué. Una defensa citó la sentencia 2/5/2000 del tribunal de Derechos humanos de la UE en un caso contra el Reino Unido que declaró nulo un juicio porque no se hacían constar los motivos por los que el procesado no declaraba. La presidenta, Ángela Murillo, contestó: “No me interesa lo que diga Estrasburgo”. Hubo una hostilidad, beligerancia, mala educación... con los acusados y las defensas que dista mucho de la imparcialidad de los tribunales.

D.: ¿Sentencias antijurídicas como ésta se deben a la naturaleza de la Audiencia Nacional?

A.G.: Hay un sector de la magistratura disconforme con la ley que aplica criterios personales. La Audiencia Nacional es un episodio clarísimo de aplicación de criterios políticos por encima de los jurídicos y hace de agente político directo. La judicialización de la vida social y la concentración de las causas lo favorece. Pocos jueces y tribunales dirimen las de más trascendencia penal y motivación jurídica, lo que les permite usar elementos excepcionales (prisión, medidas cautelares). Es una concentración perniciosa y se ajusta a la legislación antiterrorista, excepcional, discriminatoria y que niega la igualdad, lo que requiere un tribunal de excepción. La desaparición de la Audiencia Nacional es urgente y necesaria para una democratización real de la vida judicial.

¿Cómo erradicar la tortura?

D.: ¿Qué opina de la instalación de cámaras en las comisarías para evitar torturas?

A.G.: No hay cámara que lo grabe todo ni espacios que no sean opacos. Si las implantan no habrá ninguna posibilidad de que prosperen las denuncias por tortura, y eso que ahora son mínimas.

D: ¿Se puede erradicar la tortura?

A.G: Las actuaciones desviadas son inevitables; lo inaceptable es la generalización y la impunidad de esta práctica. Para acabar con la tortura hay que acabar con el interrogatorio policial desde el momento en que no declarar es constitucional. En otros países la policía hace escuchas y cuando tiene indicios motivados pide la detención, se pasa a disposición judicial en pocas horas. En Gran Bretaña y EE UU, no hay instrucción, interroga el fiscal, y en Francia lo hace el juez.

D.: Además de la legislación antiterrorista, ¿la de extranjería favorece este tipo de abusos?

A.G: El internamiento no se ampara en un concepto penal, no se les imputa ningún delito y es una situación administrativa. Si pueden expulsarles ipso facto, ¿qué sentido tiene tenerles 40 días en un Centro de Internamiento de Inmigrantes para soltarles ilegales?

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Garzón y Ratzinger

Este escrito apareció hoy en Gara:

Sabino Cuadra Lasarte | Abogado

Benedicto XVI versus Baltasar Garzón

Fue Teresa, la de Avila, quien dijo aquello de «vivo sin vivir en mí». Pues bien, algo de eso es lo que me está pasando con los sobresaltos a los que me están sometiendo últimamente papas y magistrados. El anterior santo padre, Juan Pablo II, afirmó que el infierno no era un lugar material, sino una «situación de quien se aparta de Dios»; es decir, algo así como una relación espiritual con el divino hacedor. Relación chunga, eso sí, pero espiritual. Sin embargo, hace tan solo unos días, Benedicto XVI ha afirmado lo contrario, asegurando que el infierno existe y que no está vacío. Así que de relación espiritual nada de nada: en el infierno hay puertas de entrada, sala de calderas, demonios, tridentes... y el dolor es físico, ¡ojo!, no espiritual. Por eso, a mí me gustaba más lo de Juan Pablo II. Era más etéreo. Porque lo anterior, lo de la chicharrina de Pedro Botero con la que fuimos educados en la escuela, era una pasada. Que por cuatro malos pensamientos y un polvo desreglamentado te la jugases de esa manera era muy cruel.

Baltasar, sin embargo, parece no comulgar con las teorías de Benedicto. A él le va más lo de la relación espiritual. Hace días dictó un nuevo auto (eso, más que un auto, parece un bulldozer) por el que se suspenden las actividades de ANV-EAE y EHAK-PCTV. Según él, están instrumentalizados por Batasuna y eso «casi les hace poner el pie en el umbral de la organización terrorista». Es decir, tras haber agotado los «entornos» de la bicha («Egunkaria», Zumalabe, «Egin», Segi, Ekin, Udalbiltza...) ahora le toca el turno a los «umbrales».

Baltasar podía haber hecho lo de Benedicto y haber afirmado que eso de la pertenencia a banda armada debe ser también un hecho físico; es decir, que una banda armada es una banda armada: aquí unos bandidos, aquí unas armas, los junto y me sale un grupo terrorista, ¿o no? Pues no. Tal como se ha evidenciado en el juicio 18/98, incluso notorios pacifistas militantes pueden ser miembros de ETA. Y eso porque, como ya se sabe, no sólo se peca de palabra y obra, sino también de pensamiento, y si alguien tiene alguno en común con ETA (desobediencia civil, independencia, rechazar el TAV, etc.), pues ya es de la banda. ¡Misterios tiene la Santa Audiencia Nacional que nunca podremos llegar a comprender!

Baltasar y Benedicto caminan por sendas divergentes. Para el primero, en contra de todo lo que aprendimos en las clases de Derecho Penal, el delito y su sanción no es algo que deba basarse en figuras penales claramente acotadas, en pruebas indubitadas (in dubio pro reo) y en la presunción de inocencia, sino en todo lo contrario: cualquier persona independentista y de izquierdas es sospechosa y perseguible, los indicios se transforman en certezas y el delito es una nebulosa en la que puede caber todo.

De esta manera, mientras Benedicto ha evolucionado del espiritualismo de Wojtyla al materialismo puro y duro de la caldera y el tridente, Baltasar ha hecho lo contrario: abandona la concepción objetiva del delito y el delincuente y abraza esa otra, absolutamente subjetiva, asentada en la indefinición jurídica, en la que delinque más el pensamiento y la palabra que el hecho.

En cualquier caso, a pesar de lo anterior, Baltasar y Benedicto coinciden en lo principal: existe un infierno y éste es algo físico y real. Algo en el que se sufre con dolor de verdad, que no espiritual. A partir de la identificación del terrorista mediante etéreas elucubraciones, los autos y sentencias de Baltasar son materia pura. Porque las detenciones e incomunicaciones, los malos tratos y torturas, las suspensiones cautelares, los cierres de locales, las fianzas, la dispersión, las celdas de castigo... todo esto tiene muy poco de espiritual. Los tridentes y calderas de cuartelillos y comisarías son de verdad; las cárceles de dispersión y ensañamiento también; las «condenas-Parot» son eternas...

Hace tan solo tres semanas, UPN y PSN votaban en contra de que Amnistía Internacional compareciera en el Parlamento Foral para presentar su último informe. En él se afirmaba que «en España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley son una práctica extendida y persistente». Era la primera vez que se vetaba la presencia de AI en ese foro. Sus razones tendrían UPN y PSN. Mientras tanto, la semana pasada, el juez que investiga la denuncia de torturas de Portu ha citado a declarar como imputados a ocho guardias civiles. ¿Serán también ascendidos como en otros casos ha ocurrido?

Lo que diga Benedicto sobre el infierno me importa un rábano. Lo que diga Baltasar sobre entornos y umbrales, no. Esto me preocupa bastante más porque, al igual que sucede con las condenas infernales, uno no sabe nunca con seguridad cuál es ese mal pensamiento, palabra o acto que te puede mandar a ese infierno al que últimamente están arrojando a tanta gente.

Varias decenas de personas han sido encarceladas días atrás. Patxi Urrutia, amigo y compañero, ha sido una de ellas. Dicen los autos que algunas eran «entornos» y otras «umbrales». Su pecado ha sido hacer reuniones, ruedas de prensa, convocar manifestaciones. La Iglesia lleva dos mil años intentando convencernos de las bondades del sexto mandamiento, pero no hay manera: la gente pasa cada vez más de sus sermones. Para Baltasar, luchar por la más plena libertad y justicia para nuestro pueblo también es pecado. Amenaza también con las penas de su infierno. Al igual que Benedicto, lo tiene claro.

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Estado de Shock

Este escrito ha sido publicado hoy en Rebelión:

Shock

Mario Zubiaga

Dice Heidegger que la verdad del sistema surge en su excesos. Pues bien, la sentencia dictada por la sala tercera de la Audiencia Nacional en el procedimiento 18/98 es, dicho finamente, un exceso revelador de la verdadera sustancia del Estado de derecho español. Un estado de derecho que, como todos los que en el mundo han sido, guarda su apariencia jurídica para la protección de la propiedad privada, pero convive muy mal con la disidencia política y con todo aquel que discuta, siquiera pacíficamente, las bases de su legitimidad.

En estos casos, no existen garantías procesales, no existe el principio de legalidad penal ni la presunción de inocencia, simplemente tampoco sirve la verdad de los hechos. Y no sirve porque cuando se discute su esencia lo que ese Estado enfrenta no es un ciudadano, sino un enemigo. Es esa dialéctica amigo/enemigo la que habita en el corazón helado del sistema. Hemos tenido ocasión de comprobarlo. Una dialéctica amigo/enemigo que pregunta «qué piensas», y no «qué has hecho». Una dialéctica que te invita a elegir abogado según un criterio ideológico, y no técnico o profesional, y, como hemos visto, te condena o absuelve por ello. Una dialéctica, en fin, que permite condenar sin pruebas, y aun contra las pruebas.

Esa persecución ilegítima, presente en todos los sumarios políticos que se siguen del 18/98 se muestra paradigmáticamente en la pieza Joxemi Zumalabe. Se condena la promoción de la desobediencia civil, ni siquiera su práctica, por mor de una coincidencia de fines con los de ETA. ¿No delinquían los medios y nunca los fines? Resulta irrelevante para el tribunal que estemos hablando de desobediencia estrictamente civil, o que las personas condenadas tengamos una trayectoria política ajena absolutamente a la praxis violenta de ETA. Si para ello, negando incluso a los peritos policiales, hay que poner en boca de los condenados palabras que nunca han dicho, si hay que transformar una ponencia pública -Piztu- en instrucción clandestina, si hay que convertir la mera coincidencia -ETA tiene en sus manos un libro publicado por la Fundación de venta en todas las librerías- en prueba del delito, o la amistad entre los procesados en indicio irrefutable de confabulación criminal... No importa, todo vale: son enemigos.

Esta dialéctica amigo/enemigo toma contenidos diversos -guerra total, guerra sucia, persecución judicial o simple postergación- según la coyuntura, según lo que el contexto internacional, o interno -las tragaderas sociales de cada momento histórico-, definen como límite infranqueable. La razón de estado no tiene límites internos. Auschwitz es otro mundo, pero está en éste. Cierto es que hoy el sistema político español no puede exterminar físicamente al nacionalismo vasco, pero puede perseguirle judicialmente sin legalidad formal que autolímite la persecución, porque Europa, por ahora, mira y calla, porque en España, los que perdieron la guerra siguen perdiéndola cada día, mal que pese a sus nietos, y porque los vascos, o protestan estérilmente, o se rasgan las vestiduras o, simplemente, pasan del asunto. Esto último, cada vez en mayor medida.

Obviamente, el hastío de la sociedad vasca, la relativa comprensión de la persecución judicial, incluso, no son fenómenos ajenos a la persistencia de un discurso de resistencia que pretende convencernos, con escaso éxito, de que 1970 -Burgos- es igual que 2008. Los últimos cuarenta años no han pasado en balde. Para nadie.

En este contexto, el castigo injusto del 18/98 es perfectamente posible. Posible y conveniente para el sistema. Así se consigue aplacar a la fiera con una víctima propiciatoria -el redundante «vasco terrorista»-, sobre la que la opinión pública española proyecta todo el mal, toda la perversidad imaginable: es «el otro» íntimo que permite a España (re)conocerse. Un síntoma de esa relación de amor/odio: En la Casa de Campo, el día de la lectura de sentencia del 18/98, la AVT gritaba «gora España askatuta». Así, entregando el chivo expiatorio vasco, atendiendo a las peticiones de las asociaciones de victimas, no sólo se desactiva el frente antiterrorista del PP, flanco siempre débil para una acomplejada izquierda española, sino que, desde una perspectiva más profunda, se sostiene el propio proyecto nacional español.

Pero la persecución judicial de la disidencia vasca no es un mero movimiento táctico o electoral, no es tan sólo un mecanismo sicoanalítico, responde a una estrategia política global que sólo puede entenderse en el contexto de un proceso profundo de reforma sistémica. Desde los primeros noventa del pasado siglo el sistema político español se enfrenta irremisiblemente a un proceso de redefinición territorial con final incierto. En Catalunya el PSOE es el primer partido, ERC está uncida al gobierno, y CIU siempre está dispuesta a optar por el seny, pero en el caso vasco el escenario es más complicado. La mayoría socio-política del país ha asumido unos planteamientos soberanistas no concretados todavía pero que claramente colocan al sistema político español ante sus propios limites. Por eso, la utilización de la justicia como instrumento de acción política busca en nuestro caso un objetivo obligado: debilitar las posiciones que proponen un cambio político en clave soberanista.

Para ello, es preciso, por un lado, aniquilar al independentismo político, encarcelando a sus élites, ahogando sus modos de expresión, y despojando a su base social de derechos civiles y políticos. Así, apretando lo que el sistema considera «el cuerpo», la cabeza es conducida a una opción cerrada que en el caso de no variar motu proprio el paradigma político-militar, será inevitable: o la próxima vez, más pronto que tarde, se negocia a la baja, o se inicia un proceso de grapización creciente que cierre para siempre la posibilidad histórica de que la izquierda abertzale se convierta en referente de una articulación hegemónica soberanista. Y es que en estas circunstancias, y sin variar el mencionado paradigma, es difícil imaginar una situación de acumulación de fuerzas mediante la cual se pueda arrancar al Estado lo que no se logró arrancar en Loyola.

Y por otro lado, es necesario atemorizar a los sectores soberanistas civiles más amplios, desde un lehendakari procesado por hacer su trabajo, pasando por la persecución penal de personas referenciales en la sociedad vasca -la reaparición de la fiscalía en el caso «Egunkaria» es sintomática-, al castigo penal como terroristas de los que pudieran defender siquiera teóricamente la desobediencia civil soberanista... La persecución judicial busca disuadir, cerrar el paso a cualquier tentativa de desborde constitucional -vía derecho de decisión, por ejemplo-, por muy ajena o incluso contraria que sea a la estrategia violenta. En este sentido, la sentencia del 18/98 es un aviso a navegantes. Es ese «abandona toda esperanza» que la realidad estatal quiere imponer a la ilusión nacional.

Naomi Klein en su último y muy recomendable libro -«La doctrina del shock»- desvela el proceso por el cual el sistema capitalista refuerza sus posiciones a escala global. Aprovechando las crisis o creándolas, refuerza o provoca el estado de shock de la población con medidas represivas arbitrarias y desproporcionadas -incluida la tortura- de forma que la ciudadanía, completamente aturdida, acepte sin resistencia el desmantelamiento de su modo de vida.

En nuestro caso, la crisis post-Lizarra, la frustración histórica que el soberanismo ha vivido en dos momentos sucesivos -1999 y 2007- está siendo aprovechada para aplicar esa doctrina del shock: Constitución o cárcel, esa es la dicotomía forzosa a la que se quiere conducir a la sociedad vasca. La persecución judicial ha hecho desaparecer ese espacio intermedio fundamental en cualquier proceso de democratización: la acción política no violenta y no conforme a la ley. Y, como decíamos antes, la estrategia del shock no sólo ataca a la izquierda abertzale, está diseñada contra el soberanismo vasco en su conjunto.

No en vano, es una doctrina que busca debilitar, atemorizar... y, sobre todo, dividir. La ofensiva judicial está principalmente dirigida a impedir la articulación de las fuerzas soberanistas vascas en un proceso de cambio en el que cualquier estrategia conjunta, por muy de mínimos que fuera, pondría automáticamente en crisis al sistema político español. Busca dividir, para vencer.

Por eso, en este momento, es especialmente importante no insistir en discursos y prácticas políticas centrífugas que sólo conducen a la desarticulación de las fuerzas que propugnan un cambio democrático en Euskal Herria. Como nos recuerda Klein, la estrategia del shock busca la desorientación, la ansiedad aguda y la regresión. Tanto a escala individual como colectiva. Es el estado de cosas que el sistema necesita para reforzar su posición. Una parte importante de la sociedad vasca, la que desea un cambio democrático está a punto de caer en ese estado. Todavía está en su mano evitarlo.

*Mario Zubiaga profesor de la Universidad del País Vasco, de Fundación Zumalabe y condenado en el sumario 18/98

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Entrañas y Corazón

Este escrito aparece hoy en Rebelión:

Las entrañas y el corazón del pueblo

Tasio Erkizia
Gara

Angela Murillo, la jueza que ha presidido y protagonizado «el juicio farsa» denominado 18/98, al leer el veredicto contra 53 ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria, utilizó una expresión manifiestamente periodística para enfatizar que condenaba a 47 mujeres y hombres porque constituían «las entrañas y el corazón de ETA». Esa señora hablaba de esa manera y con este lenguaje, tan poco jurídico, como testaferro de un juicio político del Estado contra nuestro pueblo. Pero no cabe duda de que acertó en la definición de ese puñado de militantes abertzales. Ciertamente todas esas personas son las «entrañas y el corazón», pero no de ETA, sino del Pueblo Vasco.

Y el Estado neo-fascista de España dirige la condena precisamente contra todas aquellas que pueden constituir los órganos vitales del «cuerpo viviente» que es Euskal Herria. Angela Murillo y el resto de los jueces del tribunal especial, así como los representantes del PSOE que les han dictado «la sentencia ejemplar», saben perfectamente que esas personas no son de ETA ni actúan a su servicio. Cuando afirman lo contrario, saben que mienten como bellacos, que es una sentencia totalmente injusta, que el objetivo que persiguen es otro. Pero como no se atreven a confesar la verdadera finalidad de la condena, que no es otra que «atemorizar» a todos los que apuestan resueltamente por modificar el modelo de estado heredado del franquismo, tratan de justificar lo injustificable con mentiras y patrañas. El delito de todos ellos es perseguir el objetivo democrático de recuperar el derecho a decidir para Euskal Herria y conseguirlo por métodos absolutamente lícitos. Todos ellos y ellas son militantes veteranos que han realizado su aportación desde distintos ámbitos populares, pero con ese mismo objetivo.

El diario «Egin», por ejemplo, nació como un proyecto popular en base a aportaciones económicas de miles de abertzales y realizó un trabajo informativo encomiable hasta que lo cerraron los nuevos inquisidores del sistema. La información de «Egin» era molesta porque era crítica con el poder establecido. Molestaba porque fue la voz de los sin voz, porque era el eco de la rebeldía contra la injusticia. Era el periódico al que acudían los trabajadores para informar a la sociedad sobre sus luchas y reivindicaciones ante los numerosos conflictos laborales. Sus páginas estaban abiertas a los ecologistas, a las luchas feministas, a los movimientos vecinales de los barrios pobres y marginados, a las distintas iniciativas alternativas. Se defendían el euskara y la cultura vasca. Recién creado, el periódico se decantó abiertamente contra la Constitución del año 78, porque cercenaba los derechos democráticos de nuestro pueblo y era el corsé con el que nos querían ahogar. Criticó el Estatuto de Autonomía elaborado en la Moncloa para las tres provincias vascas más occidentales, al igual que el denominado Amejoramiento Foral de Nafarroa. Y durante todos los años de existencia, «Egin» nos aportó aire fresco y razones para seguir en la brecha a favor de una Euskal Herria libre y solidaria. Por eso molestaba.

Tuvo el periódico reconocidos nombres en la dirección, entre ellos Javier Salutregi o Teresa Toda; cientos de periodistas; un Consejo de Administración en el que aportaban su experiencia empresarial personas tan honestas como Jose Luis Elkoro, contables tan honorables como Pablo Gorostiaga, periodistas que trabajaban también de profesores en la universidad, como Jesux Mari Zalakain o militantes tan entregados como los hermanos Murga. Y miles de lectores. Miles de ciudadanos que todas las mañanas se alimentaban con las noticias y la visión de la realidad tan propia como crítica de aquel nuestro periódico. Todas estas personas y muchas más hacían posible editar todas las mañanas «Egin». Con la sentencia del 18/98 descargan en forma de castigo judicial y les quiere hacer pagar a nuestros compañeros su rabia acumulada contra quienes se atrevieron a mantener un periodismo revolucionario. El delito de informar con valentía es castigado con mucho más de cien años de cárcel.

Otros de los acusados han desempeñado su militancia política activa en la organización y dinamización de la izquierda abertzale. Y claro, como con un sector político tan activo no pueden intentar relanzar un nuevo maquillaje del estado, necesitan primero criminalizar para después encarcelar por ideas tan peligrosas como las de luchar políticamente por la independencia y el socialismo. Muchos de ellos congeniaban militancia política con el impulso de pequeñas empresas totalmente legales, que pagaban sus impuestos regularmente y se abrían camino en el campo económico. Garzón cerró las empresas o las hizo inviables y castigó duramente su militancia política y la osadía de defender pública y abiertamente ideas tan peligrosas. Les endosó el crimen de pertenecer a Ekin, una organización que nunca ha tenido armas ni ejercido acción violenta alguna. Pero, ¡qué importa! hay que cortar las alas a la izquierda abertzale. Y para ello todo vale. Txente, Olatz, Pablo, Jose, Patxi, Ruben e Inma, por mencionar sólo a aquellos con los que hemos compartido militancia en Santutxu, ¿qué otro delito han cometido que el de trabajar por un reparto equitativo de la riqueza y la plena soberanía política de nuestro pueblo?

Todavía existen más acusaciones. Hay otro delito de extrema gravedad que han cometido algunos incluidos en dicho sumario y es la de informar a lo largo y ancho del mundo sobre la realidad de Euskal Herria. Los inolvidables Jokin Gorostidi o Gorka Martinez, acusados de tan horrendo crimen, quedaron en el camino. Otros como Miriam, Korta o Iñigo ElKoro sufren condena o esperan un nuevo juicio. Sin prueba de actividad ilícita alguna son condenados cada uno a más de una docena de años. Mientras, los responsables de los 36 asesinatos del GAL, gozan de libertad. Después hablan de que no se puede deslegitimar la justicia, ¡pero si ellos con sus hechos se deslegitiman a sí mismos!

¿Y qué decir de la pieza «Zumalabe»? Se han atrevido a condenarles a más de nueve años por el terrible crimen de impulsar la desobediencia civil. No les pueden imputar ningún hecho delictivo en concreto, pero les condenan por pertenencia a ETA porque dicen que es dicha organización la que promueve esa vía política. ¿En qué quedamos, no es ETA una organización que lucha con las armas en la mano? Defender la vía de la desobediencia civil ¿desde cuándo es delito y motivo para enviar a la cárcel? Varios de ellos han quedado en libertad bajo fianza, pero entre los otros nuestro querido amigo Iñaki O´Shea está en prisión. Es la venganza a su incansable y coherente militancia. ¿Quién puede negar que en el Estado español se persiguen con saña determinadas ideas y opciones políticas?

Yasí hasta la larga lista de 47 militantes abertzales. Todos ellos configuran «las entrañas y el corazón» de un pueblo rebelde ante la opresión y la dominación propia y extraña. El Estado, con la complicidad de algunos sectores vascos-españoles ha declarado la guerra a todas y todos los que apostamos por que las decisiones económicas, culturales, lingüísticas o políticas no las sigan tomando en París o Madrid, sino que las decidamos en nuestro pueblo. Este nuevo órdago, por duro que sea, no nos va asustar. Este pueblo tiene un corazón grande y, al mismo tiempo, una musculatura endurecida en la larga lucha que llevamos. Gozamos de buena salud porque el convencimiento nos da mucha fuerza y seguridad.

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La Música Sigue Sonando

He aquí un hermoso homenaje a los inculpados en el Macroproceso 18/98+ publicado en Rebelión:

La valentía de los condenados en el 18/98 ha compuesto una canción de dignidad que durará décadas

Hablará el silencio

Sabino Cuadra Lasarte
Gara

En la rueda de prensa dada por la Plataforma 18/98 para valorar la sentencia recaída sobre el caso, uno de sus portavoces, Mariano Ferrer, tomó de prestado una frase que servía muy bien para expresar algo de lo que en estos momentos está pasando en nuestro pueblo y que, más o menos, decía así: «Romperán todos los instrumentos, pero la música seguirá sonando».

Están destrozando violines, chelos y contrabajos; rompiendo a golpes trompetas, trombones y flautas; reventando con saña bombos y timbales... Ahora ha sido el turno de «Egin», Ekin, Xaki, Zumalabe... Hace tan solo unos días fue el de la Mesa Nacional de Batasuna. Poco antes, el de Jarrai, Segi... Varios sumarios más aguardan su turno: «Egunkaria», «herriko tabernas»... Golpean a diestro y siniestro, arremetiendo incluso contra sillas, atriles y batutas. Pero todos sus esfuerzos son inútiles: la música sigue sonando.

Su apellido era Troncoso. Fue auditor en el tribunal militar que juzgó a un par de decenas de patriotas y revolucionarios vascos en Burgos, en 1970. Hubo fuertes condenas, varias de ellas de muerte. Al final del juicio los procesados, puestos en pie, cantaron el «Eusko Gudariak». Troncoso los echó de la sala.

Treinta y siete años después, la escena se ha repetido ante otro tribunal de excepción: la jueza Murillo expulsó a los condenados del 18/98 cuando éstos, tras escuchar su aberrante sentencia, comenzaron a cantar aquella misma canción. Sin instrumentos, sin partitura y sin dirección, se entonaron idénticas notas. Sonaba la misma música.

Hace dos viernes, como todos los años, una cuadrilla del Casco Viejo de Iruñea salimos a cantar por el barrio. Somos Alde Zaharreko Abesbatza Ludiko-Polifonikoa y nuestro repertorio son villancicos tradicionales a los que cambiamos las letras para relacionarlas con temas actuales. Los de este año fueron el Instituto Navarro del Vascuence, el TAV, Sanz, Zapatero y Bush y, como no, nuestra musa inagotable: Yolanda Barcina. Salimos vestidos de vasquitos y neskitas, ataviados con llamativas pelucas y un pañuelo palestino.

Uno de estos villancicos se refería a la justicia española y sus más altas instancias. Era el conocido «Pero mira como beben los peces en el río», cuyo estribillo decía: «Madre mía que vergüenza/ la Audiencia Nacional,/ el Tribunal Supremo/ y el Constitucional./ Autos, sentencias,/ recursos y demás;/ chapuzas a mansalva,/ aquí no hay quién dé más». Y en uno de sus párrafos se decía: «A varios cientos de años/ acaban de condenar/ a decenas de personas/ por el hecho de pensar/ de escribir, de organizarse/ y en nuestro pueblo sembrar/ semillas de resistencia/ de conciencia y libertad». Y todo ello acompañado de la oportuna coreografía, pasos de baile y gestos varios.

Mientras cantábamos por el Casco Viejo, repartíamos las letras de las canciones entre el público que nos escuchaba. Agotamos las dos mil copias que hicimos. Nuestras piezas más aplaudidas y coreadas fueron las dedicadas a Yolanda Barcina y la antes comentada: «¡Madre mía, qué vergüenza la Audiencia Nacional»... Luego -nos consta que es así-, nuestros villancicos son cantados también en las cenas de cuadrillas y familiares propias de estos días.

En el libro «Lluis Llach», referido a la vida del conocido cantante catalán, se recuerdan anécdotas de la censura franquista, cuando había que presentar al Gobernador Civil las letras de las canciones que iban a ser cantadas en los conciertos.

En una ocasión, su famosa canción «La estaca» fue censurada íntegramente. Ante ello, Llach interpretó su música, sin cantarla. El resultado final de aquello fue que lo prohibido terminó siendo coreado por los miles de personas que acudieron al concierto. Quizás por eso, otra de sus canciones afirmaría: «Sois vosotros los que habéis hecho del silencio palabras».

Podrán destrozar muchos instrumentos y prohibir muchas letras, pero la música seguirá sonando. Podrán suprimir, incluso, los conciertos y disolver el público que acude a ellos, pero cuando éste se disperse en mil direcciones, tarareará aquello que trataron de silenciar. Charangas y fanfarres tocarán esas melodías en nuestras fiestas y cada vez serán más populares. Y cuando todo esto sea prohibido y reprimido, hablará el silencio, silbará el viento y los truenos, con sus timbales, denunciarán los desmanes del Gobierno del PPSOE. Y después, las ansias de libertad y justicia de nuestro pueblo escribirán nuevas partituras y crearán nuevas corales y orfeones. La música seguirá sonando.

Esto será así, además, por una segunda razón. No es sólo que nos gusten nuestras melodías, sino que la música constitucional, la música para desfilar, la música de la corte, la música clerical, la música monolingüe que quieren aprendamos obligatoriamente no nos gusta nada. Es más, nos parece un bodrio. Nunca cantaremos esas canciones ni bailaremos esos ritmos.

En los últimos meses hemos visto acuerdos municipales, institucionales y concentraciones en las que partidos de derecha e izquierda, centralistas y nacionalistas, sindicatos obreros y confederaciones empresariales, cantaban al alimón partituras en defensa de nuestro estado de derecho (el de la monarquía hereditaria, la patria indivisible y las leyes de excepción), nuestros tribunales de justicia (como el que ha sentenciado el 18/98) y solidarias con la Policía y la Guardia Civil (los eternos abonados a las denuncias de Amnistía Internacional). No era música lo que salía de ahí, sino ruido. La preocupación de sus miembros por salir en la foto, que no por entonar, y el confundir el gritar con el cantar, ha hecho de todo esto un auténtico esperpento.

Hace treinta años, Lluis Llach, al referirse a la Transición que tragó tantas esperanzas, compuso la canción «No era això, conpanys, no era això», cuya traducción decía: «No era esto, compañeros, no era esto por lo que murieron tantas flores, por lo que lloramos tantos anhelos. Puede que haya que ser valientes de nuevo y decir, amigos míos, no es esto». Hoy, nuevamente, ante tanto desatino es preciso repetir: «no es esto, compañeros, no es esto».

Mientras tanto, las flores, los anhelos y la valentía de los condenados en el 18/98 ha compuesto una canción de dignidad que cantaremos, silbaremos y tararearemos durante décadas. Mila esker!

* Sabino Cuadra Lasarte es abogado

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Un Análisis Desde Barcelona

Este es el análisis por parte de el Colegio de Abogados al que se refiere el escrito (publicado en Rebelión) de Boris Gruchenko titulado "Um... ¿Estado de Derecho?", aparece en la página Corriente Alterna:

libertades

Análisis del Colegio de abogados de Barcelona a propósito del macrosumario 18/98

Enviado por editor el Vie, 21/12/2007 - 18:13 libertades | Euskadi

La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona y la Asociación Catalana en Defensa de los Derechos Humanos hemos tenido conocimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el Sumario 18/98, comunicada el día 19 de diciembre del 2007 en virtud de la cual han sido declaradas ilegales y disueltas varias empresas mercantiles del País Vasco, los medios de comunicación Egin y Egin Irratia, y las organizaciones Ekin y Xaki, y condenadas 46 personas, por su condición de miembros de las mencionadas empresas o asociaciones, a penas que suman en total 500 años de prisión, como integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA.

La Comisión de Defensa , que ha seguido de cerca el desarrollo de este proceso judicial junto a los miembros de la mencionada asociación, mediante la presencia de observadores acreditados en numerosas sesiones del juicio oral, quiere manifestar respecto del contenido de la Sentencia, y a la espera de un posterior estudio más exhaustivo de la misma, su profunda preocupación por el que consideramos representa un antes y un desprendido en la política antiterrorista pero también en la configuración del actual Estado de derecho por los siguientes motivos:

• En primer lugar, se trata, a nuestro entender, de uno de los ejemplos más graves de los efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política. Una figura penal que a manera de cajón "de sastre", llega a afectar a individuos y organizaciones como la Fundación Josemi Zumalabe con un largo recorrido histórico pacifista, antimilitarista y por la no-violencia. Consideramos, en fin, que la Sentencia ratifica la cuestionada "tesis del complot " confeccionada por el magistrado del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Por ser considerado miembro o colaborador de ETA era necesario, hasta ahora, tener relación directa con la organización armada, de acuerdo con la doctrina constitucional asentada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/87. Sin embargo, tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto "Jarrai-Haika-Segi" y esta última de la Audiencia Nacional, puede resultar suficiente que las acciones políticas o sociales se consideren "ayuda" a los finos de ETA (soberanía para el País Vasco) porque estas sean definidas como delitos terroristas. Por lo tanto, desde esta perspectiva judicial, ETA ya no es una organización armada, sino también el conjunto de las organizaciones abertzales.

• En segundo lugar, porque la Sentencia evidencia una vez más la inexistencia de una clara división de poderes: la acción judicial está sobrecargada de valores políticos más que de los valores jurisdiccionales que deben regirla. En el Estado español nunca antes como por ejemplo la vida política había quedado tan plenamente supeditada al ámbito judicial, en un contexto en el cual la Audiencia Nacional, un Tribunal excepcional que desde su creación ha sido puesto en cuestión desde varios ámbitos jurídicos, o el Tribunal Constitucional se transmutan en actores políticos más decisivos que los propios Parlamentos.

• En tercer lugar, porque la Sentencia significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático . Cuando los objetivos, y no los medios, son el que se penalizan –el que significa convertir fatalmente el independentismo vasco en terrorista- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos.

• En cuarto, y último lugar, constatamos que la Sentencia no constituye ningún episodio aislado sino que se enmarca en una estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de otras, de un sector importante de la sociedad vasca. Esta situación de exclusión política resulta más grave cuando estos ciudadanos también son expulsos del juego institucional mediante la aplicación de la ley de partidos. Por lo tanto, a horas de ahora, y en nombre de la lucha antiterrorista, muchos ciudadanos vascos no pueden expresar su opinión política ni a la calle ni a las urnas. Por esto, queremos denunciar la profunda mutación que está sufriendo el núcleo central de las garantías democráticas propias de un Estado de Derecho.

La Comisión de Defensa, junto a la Asociación catalana por la defensa de los derechos humanos, quiere dejar patente finalmente que la Sentencia que se acaba de hacer pública no es nada más que la culminación de las diversas irregularidades que ya se pudieron constatar en nuestra condición de observadores del proceso judicial derivado del Sumario 18/98:

1.- Consideramos que la proposición y la práctica de las pruebas en el juicio oral, tal y como han podido constatar nuestros observadores, ha sido caótica y viciada por numerosas irregularidades procesales, en perjuicio del derecho de defensa de los imputados. Con respecto a la prueba testifical practicada en el juicio- 230 personas – hace falta destacar que, entre otras anomalías, se produjeron numerosos errores en la identificación de los testigos, comparecencias de personas que no tenían nada a ver con la causa, o imposibilidad de localizar y exhibir los documentos sobre los cuales debían ser interrogados. Con respecto a la prueba documental propuesta por las acusaciones, en la gran mayoría de los casos ha sido imposible someterla a un debate contradictorio con garantías por parte de la defensa, tal y como prescribe la ley. Las piezas de convicción, consistentes en más de 200.000 folios, llegaron a la sede del Tribunal seis días antes de empezar la vista oral, sin que hasta aquel momento hubieran sido a disposición de la Sala ni de las defensas, y sí a cambio de las acusaciones. Esta inmensa documentación, que a lo largo de la vista se iba incrementando con cajas y cajas de nuevas piezas, se encontraba en estado de total desorganización, la mayoría sin foliar y sin un índice o listado que permitiera ubicar cada documento. Las defensas se vieron obligadas a afrontar la tarea imposible de examinar sobre la marcha una confusa y heterogénea demasiada de documentos, obtenidos indiscriminadamente en los registros ordenados por el juzgado de instrucción Garzón en más de cien cincuenta domicilios y locales, así como cientos de intervenciones telefónicas. De hecho, ni la Sala ni las partes llegaron nunca a saber qué eran y dónde se encontraban la mayoría de las piezas de convicción que sustentaban las acusaciones. En repetidas ocasiones, y pese a las constantes interrupciones y suspensiones de la vista con objeto de buscarlos, los documentos alegados por las partes acusadoras, así como los de carácter exculpatorio interesados por las defensas, no pudieron ser localizados ni exhibidos a los acusados o a los testigos y peritos, ni desde luego fueron objeto de debate contradictorio. En estas condiciones no es de extrañar que por parte de las defensas se reiteraran las protestas y las solicitudes de nulidad de actuaciones, que sistemáticamente fueron rechazadas por el Tribunal.

2.- Consideramos, igualmente, que respeto a la práctica de la prueba pericial se ha producido una gravísima vulneración de los principios procesales que rigen este medio de prueba. El Tribunal aceptó, en calidad de pretendidos peritajes, unos informes elaborados por los mismos miembros de los cuerpos de seguridad que habían practicado registros, interrogatorios y toda clase de diligencias en la propia causa, y que consistían en la versión policial de los hechos incriminados y su valoración política. El Tribunal impidió que las defensas cuestionaran la imparcialidad de tales peritos, por más que se trataba de agentes policiales que habían participado directamente en la investigación y persecución de los hechos, e incluso en un caso concreto un de ellos había sido denunciado por torturas en el interrogatorio de dos de los imputados. En la vista, los peritos, que se presentaban como expertos en la lucha contra ETA, cuentas de aportar a la Sala sus conocimientos técnicos o científicos, se limitaron a la lectura e interpretación de pruebas documentales, y a largas especulaciones subjetivas sin ninguna relación con los hechos. Los peritos declararon en grupo, anónimamente, y se pudo comprobar que a menudo quienes declaraban no habían participado en la confección del informe que ratificaban. La prueba pericial, piedra angular de la acusación, está rellenada en todo caso de incoherencias y de contradicciones, tanto con respecto al origen de algunos documentos incriminatorios, como la identificación de personas, o referentes a la vinculación de Ekin o la fundación Zumalabe con ETA. Todos los intentos de recusación de los peritos formulados por las defensas fueron rechazados o ignorados por la Sala.

3.- Consideramos, de otro lado, que se han producido otras numerosas irregularidades procesales, que podrían ser también motivo de nulidad del juicio. Entre otras, se han incorporado documentos a la causa con posterioridad al inicio del juicio oral (Diligencias 75/89 del Juzgado Central núm. 5, consistentes en 104 cajas de documentos). Se han practicado interrogatorios a acusados referidos a estos documentos cuando todavía no estaban incorporados a la causa. Contrariamente, todas las pruebas anticipadas propuestas por las defensas y aceptadas por la Sala o bien no fueron practicadas o no llegaron nunca a ser incorporadas a la causa. Se aceptó como prueba la totalidad de las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la instrucción del sumario, pese a las alegaciones de inconstitucionalidad en relación a muchas de las intervenciones, por haber sido realizadas sin autorización judicial o por haber sido acordadas sin motivación suficiente. fueron declarados en rebeldía dos acusados no comparecidos, sin haberlos nunca citado ni requerido en forma. Por otra parte, el Ministerio Fiscal había solicitado la disolución de varias empresas mercantiles que no habían estado nunca citadas ni eran parte en el procedimiento. Estas empresas, sin disponer de la oportunidad de defenderse, finalmente han sido disueltas por la presente Sentencia.

4.- Consideramos que el trato infligido a los acusados durante los 16 meses que ha durado el juicio oral – desde el noviembre 2005 hasta el marzo del 2007 – ha sido desconsiderado y ha constituido una verdadera pena anticipada a la condena. Obligados a asistir a la totalidad de las sesiones del juicio oral – pese a que la causa estaba formada por piezas separadas totalmente independientes-, los imputados han debido desplazarse semanalmente desde los suyos domicilios al País Vasco en Madrid y permanecer de lunes a miércoles por estar presentes en decenas de sesiones que no los afectaban en absoluto. Esto ha significado una completa distorsión de la vida laboral y familiar, con un elevado coste económico y anímico, y graves afectaciones a la salud para los encausados. En repetidas ocasiones el Tribunal se manifestó de forma hostil hacia los acusados, cortándolos la palabra e impidiéndolos incluso contestar a preguntas de sus letrados no declaradas impertinentes, así como dar explicaciones sobre las razones por las cuales se negaban a contestar a las preguntas de la acusación. Aun así, y en relación a este trato del Tribunal con los acusados, consideramos que no resulta suficientemente motivada la decisión de modificar su anterior situación de libertad por la de prisión, dado que en ningún momento se valora la situación personal de cada uno de ellos y que la Sentencia es recurrible ante del Tribunal Supremo y, por lo tanto, todavía no es firme.

En conclusión, y en nuestra condición de observadores jurídicos de las sesiones del juicio, consideramos que el conjunto de irregularidades señaladas anteriormente han contaminado el debate procesal de una forma inadmisible en un Estado de Derecho y han puesto de manifiesto una falta de equilibrio, imparcialidad y equidistancia del Tribunal, incompatible con su función jurisdiccional .


Barcelona, 20 de diciembre del 2007.-

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Egaña : Reflexiones

Este escrito de Iñaki Egaña ha sido publicado en Kimetz:

Reflexiones sobre el 18/98

Iñaki Egaña

Nabarralde

Hay quien dice que mientras persista la actividad armada de ETA no tiene demasiado sentido, ni siquiera es lícito, hablar de violación de los derechos de asociación y expresión o de la acción política que, entre otros casos, ha originado el epílogo al juicio “madre” contra la izquierda abertzale, el llamado Proceso 18/98.

Éste es un argumento que, de hecho, confirma la tesis acusatoria, es decir que todas las personas, asociaciones y entidades políticas que en Euskal Herria abogan por la independencia, el cambio social y económico, el no reconocimiento de la actual estatus jurídico político… en definitiva, los que defienden el ejercicio del derecho de autodeterminación, son ETA.

Hay una literatura jurídica española que de una manera u otra confirma este asunto. El juez Garzón, entre otros, ha editado algunas perlas en ese sentido, culminando con la última a raíz del auto contra la dirección de Batasuna, donde considera textualmente “los fines violentos de independencia o autodeterminación”.

Esta línea, la vigente, nos llevaría a conclusiones de Perogrullo como la de que luchar por un mundo donde el hambre esté erradicado, donde las medicinas se encuentren al alcance de los pobres, sea delito porque hay alguien que también lo hace a través de la lucha armada. Sí esto sucediera, que sucede habitualmente en la dialéctica represiva, los gobernantes nos están mandando un aviso nítido: la cárcel o el destierro es el destino para quienes se atreven a enfrentarse a un mundo tan injusto como el que nos toca vivir.

No se puede trivializar sobre este tema o restarle trascendencia. Justo lo contrario. El juicio que se ha prolongado durante 16 meses contra los 54 imputados en el 18/98, debería de ser materia de estudio en las universidades de Derecho, de Historia Política y de Economía. Habría que desmenuzar múltiples causas, entre ellas cómo los principios teóricos del derecho a la defensa, de expresión y organización, de la responsabilidad individual, son pura propaganda. Que decir, como afirma Zapatero, que Europa es la cuna de los derechos humanos y civiles, es simple demagogia y que España, es obvio, no puede llamarse heredera de aquellos ideales de igualdad y democracia que surgieron en los movimientos europeos por las libertades tras la Revolución francesa o la Segunda Guerra mundial. La justicia española no es pieza desinteresada entre partes, como cabría suponer, sino que defiende un proyecto político, cultural y económico determinado. Esa justicia ejerce una elección a priori, fundamentada en la negación de la libertad de cualquier ciudadano a sentirse vasco únicamente, incluso vasco-español. Y si es parcial ya no es justicia.

La esencia de esta definición la marca la Audiencia Nacional. En política y en historia la coincidencia rara vez es casual. Como no lo fue el hecho de que en enero de 1977, a través de un decreto gubernamental, se derogara el Tribunal de Orden Publico franquista, para crear, el mismo día, la Audiencia Nacional. Es decir, que la cultura del enemigo interno propia del régimen dictatorial franquista se trasladó a la de “la defensa del marco constitucional”. Los comunistas, masones, homosexuales, judíos y republicanos se han transformado en separatistas y anticonstitucionalistas. De esa manera se elude la búsqueda misma de una vertebración de la idea del estado para reconducir el problema a una mera cuestión de orden público. Ha ocurrido en 2007 con la misma lógica que hubiera sucedido en 1957. Por eso, un tribunal especial, apoyado en una jurisprudencia autoritaria y homogeneizante, ha juzgado modelos sociales, políticos y culturales (porque de eso se trataba), sin ningún rubor político. Era y es lo habitual.

Ese estilo tan español de juzgar a la disidencia es el que ha triunfado hasta nuestros días. Durante el franquismo, hubo un juez que se destacó sobre todos, Enrique Eymar, que llegó a tener su despacho en una prisión, la de Ocaña. Algunos detenidos denunciaron que les torturó personalmente y su sadismo fue legendario. Cuando a Julián Grimau los médicos le atendieron para paliar los efectos de la tortura, el juez señaló que era inútil curarlo porque sería ejecutado, a pesar de que aún no se había siquiera celebrado la vista. La prensa europea acuñó un término para identificar ese estilo de dictaminar de los jueces hispanos de entonces: “juzgan de oído”, decían. Efectivamente, Grimau y otros tantos, fueron condenados y fusilados (o pasados por el garrote vil), no por pruebas periciales sino por la opinión emitida al respecto por los diarios franquistas o por lo que habían escuchado “por ahí” los testigos previamente aleccionados. Nunca la épocas se repiten, es obvio, pero sí los comportamientos. Y los juicios previos, impulsados por los medios, y las pruebas basadas en conocimientos tan sutiles como los transmitidos por rumores, malos tratos o la manipulada opinión pública, sustituyen con demasiada frecuencia al rigor, por qué no decirlo, científico. Es tan evidente que nadie que se diga imparcial (un juez, por ejemplo), lo podría abordar sin sonrojarse.

Si necesitáramos confirmar lo dicho, bastaría con repasar el seguimiento que han hecho del Macrosumario los medios de comunicación españoles: silencio, o dicho de otra manera más figurativa, omertá. Parece lógico que los media españoles siguieran día tras día el juicio por la masacre en Madrid del 11 marzo 2004. Hubo cerca de 200 muertos y miles de heridos. En el Juicio 18/98 no había de por medio ni muertos, ni atentados, aunque por las condenas parece lo contrario. La acusación fiscal citaba reuniones de grupos políticos, debates ideológicos, cuestiones económicas o empresariales, movimientos sociales, línea editorial de medios informativos, forma de autofinanciación, etc. Se mencionaron reuniones en las que no se sabía quién había participado. Se declaraban financiaciones ocultas cuando en las mismas actas legales aparecía su origen y cómo se gastaba ese dinero. Se silenciaba con determinación cualquier tentativa de los imputados de dar explicaciones sobre afirmaciones, escritos, declaraciones o actividades. ¿Cómo iban a seguir los medios un juicio que estaba ya prejuzgado?

Esta ausencia de medios formaba parte de la descontextualización de los hechos, de la falta de una reconstrucción histórica rigurosa porque la base de las acusaciones fijaba que los fines políticos fueran considerados actos criminales. Se ha aplicado el nuevo término jurisprudencial español de la “contaminación”. Hasta el punto que la denuncia de algunos imputados sobre el hecho que entre los peritos policiales se encontrara quien practicó interrogatorios con tortura, fue silenciada con un “Aquí no valen tribunales de Estrasburgo”. Como dijo el fiscal general del Estado Conde Pumpido en relación a la ilegalización de las lista de AS y de la mitad de ANV: “Quizás nos hemos pasado pero ha colado”. Tanto ha colado que el mismo el El País haciendo un resumen de las detenciones contra ETA desde la tregua hasta hoy afirmaba que eran 188 los etarras detenidos: militantes o supuestos de ETA, jóvenes acusados de kale borroka, dirigentes de Batasuna e imputados en los juicios de Jarrai-Haika-Segi y del 18/98. Todo es ETA.

Por su parte, las personas condenadas en este juicio han mostrado las causas sociales y políticas para las que han dedicado su vida. Han respondido a las condenas llamando a movilizarse por un objetivo que resume el sentido de su lucha política: “Por los derechos de Euskal Herria. Condiciones democráticas para todas las opciones políticas”. Y si tuviéramos la voluntad de analizar históricamente el trabajo de las asociaciones, grupos políticos, medios informativos en los que participaban los acusados, percibiríamos que esa reivindicación política ha sido el hilo conductor. Egin un diario único en Europa que daba voz a quien no la tenía en otros medios y también a quien no compartía las ideas de la izquierda abertzale. Un diario que vivía del apoyo de su gente, lo que daba sentido profundo al concepto de libertad de expresión. La Fundación Zumalabe, nacida gracias a la decisión de “redistribuir la plusvalía producida por los trabajadores” para profundizar el hilo que une los movimientos sociales vascos.

Xaki que proyectaba internacionalmente el sentido de la propuesta de la izquierda abertzale que, como decía el video Libre contra nuestra historia es la de “ser ciudadanos del mundo y no súbditos de la aldea global”. Ekin, un grupo que se presentaba públicamente para reivindicar la independencia y el socialismo. La teoría que “todo es ETA” hace abstracción de la historia. Niega, sobre todo, que exista una forma diferente de hacer política que se pueda confrontar en pie de igualdad con las que dominan nuestra sociedad. Por eso les juzgaron.

El Juicio 18/98 resume la negación del sistema político y jurídico español (y también europeo), para ofertar instrumentos de transformación. Extracta la oposición para acercar el pueblo, los ciudadanos, al protagonismo político, para devolver a la política su principal función que es la de establecer, entre todos, modalidades de relación y normas para primar los derechos humanos y políticos sobre los de las élites del poder económico. El Juicio 18/98 impide vacunar contra la enfermedad de la xenofobia y el racismo a través del reconocimiento de que las culturas son culturas diferentes y que tienen el mismo derecho a desarrollarse para profundizar en la riqueza de la diversidad. De reconocer que el Primer Mundo no lo es por la gracia de Dios, sino a golpe de guerras, imposiciones y explotación. Hasta que no se acepte ese desafío político y cultural, hasta que no se abran las puertas a la dialéctica política (hecha a través de la libre confrontación de modelos políticos y sociales), no se habrá abierto el camino de la democracia o sea la vía de crear “condiciones democráticas para todas las opciones políticas”.

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