Agur eta Ohore Juanje

Euskal Herria ha tenido que decir adiós a uno de sus guerreros más incansables, Juanje Soria.

Les traemos el obituario que Naiz le ha dedicado:

Juanje Soria, adiós al abogado de mil causas (algunas ganadas)

Ramon Sola

Bromeaba con que era «el abogado de las causas perdidas», pero Juanje Soria Gulina ha ganado muchas de ellas. Y sobre todo, la de la solidaridad y la amistad. Este sábado se ha conocido su fallecimiento.

Su huella queda en casi todas las peleas sociales y políticas de Nafarroa de las últimas décadas. Con mención especial a la de la insumisión; entre los 80 y 90 fue abogado defensor de muchos de quienes lideraron aquella pelea que acabó en victoria primera contra la Prestación Social Sustitutoria y luego contra el propio servicio militar español. Algunos de quienes estuvieron presos lo han recordado con cariño y agradecimiento.

Esto es lo que decía él mismo en la inauguración del Parque de la Insumisión en Iruñea en 2018, recordando aquella lucha en que «había veces que había que perder» como inversión para el futuro.

Como citaba el mensaje de Juan Kruz Lakasta, Juanje Soria fue también el abogado de Solidarios con Itoitz en sus incansables peleas contra el pantano, incluida la causa por el corte de los cables que llevaban el hormigón a la presa en 1996.

De ahí saltó, casi de modo natural, a una implicación intensa contra los macrojuicios políticos, tanto en la plataforma que combatió el 18/98 como en Eleak. Por ejemplo, se encargó junto a Expe Iriarte de leer el comunicado final en esta manifestación en Iruñea en 2011.

Para entonces, a los casos civiles que llevaba ya sumaba otros con importantes connotaciones políticas en la era de los gobiernos de UPN, como los relativos al euskara. Y aquí también con algunas victorias: en 2010 ganó un pleito al Gobierno Sanz tras la negativa a considerar como mérito el conocimiento de la lengua en un concurso de enfermería. En este mismo ámbito, defendió a responsables de AEK cuando fueron citados por la Audiencia Nacional en un sumario de Baltasar Garzón que intentaba ligarlos con ETA, allá por el año 2000.

Bonachón por aspecto y buena persona por naturaleza, Juanje Soria era de los que nunca sabía decir que no. O no quería. Y así ha ido acumulando causas. Causas judiciales primero y causas nuevas por las que luchar, cuando ya le llegó la edad de jubilación.

En los últimos años su aportación ha sido potente en el Foro Social Permanente, donde ha sido interlocutor habitual con el Parlamento navarro. Antes impulsó la iniciativa Tantaz Tanta por los derechos de las personas presas, en un momento en que la manifestación anual de enero estaba bajo amenaza de prohibición. Y dio varias charlas sobre Justicia Transicional cuando el concepto apenas era conocido en estas tierras.

También ha participado en iniciativas sociales como la denuncia del maltrato animal en Sanfermines, en esta carta pública en NAIZ este mismo año. O en la creación de medios alternativos como Ahotsa, uno de los que le ha recordado este sábado.

La defensa de las víctimas del Estado ha puesto colofón a estas décadas de trabajo incansable y contra vientos y mareas, pero siempre sin perder la sonrisa ni elevar el tono más de la cuenta. La Red de Personas Torturadas de Nafarroa se ha sumado a las condolencias con este mensaje.

 

 

 

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Un Lustro Amordazado

Se cumple un aniversario del que desearíamos ya fuera el último, esa infame lacra represiva denominada popularmente como Ley Mordaza.

Aquí este artículo de la "efeméride" por conducto de Gara:

Cinco años de Ley Mordaza: de Rajoy a la pandemia, 28.000 expedientes vascos

En el quinto aniversario de la promulgación de la Ley Mordaza, el movimiento Eleak-Libre hace un llamamiento urgente a las fuerzas políticas para que la deroguen. Son más de 766.416 las sanciones impuestas y 416,6 los millones recaudados en el Estado. En Hego Euskal Herria se calcula que se superan los 28.000 expedientes.

Juanjo Basterra

Hoy se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por la Ley Mordaza. Restringe derechos sociales, civiles y políticos y, justo antes de ser aprobada, el Consejo de Europa declaró que era «desproporcionada» porque «criminaliza la protesta y la crítica callejera», justo lo que pretendía el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Es una señal clara de involución», según señala el movimiento Eleak-Libre.

Tras la llegada de Pedro Sánchez se han escuchado en varias ocasiones declaraciones en torno a su derogación, pero la pretendida voluntad no se ha hecho realidad e, incluso, se quiere zanjar la polémica ley con la derogación de algunos de sus artículos, no de toda la legislación represiva.

Como contabiliza Eleak, son más de 766.416 sanciones impuestas en el Estado español desde su entrada en vigor y hasta 2019, y 416,6 los millones recaudados por sanciones, según datos facilitados por el Ministerio español del Interior. En Hego Euskal Herria se calcula que son más de 28.000 expedientes, «entre ellos, más de 8.000 directamente relacionados con derechos sociales, civiles y políticos», indica Eleak.

La aplicación de la Ley Mordaza en estos cinco años ha supuesto «un incremento del 80%, con 87.872 multas en 2015; 197.947, en 2016; 229.932, en 2017 y 249.665, en 2018, aunque faltan datos cerrados de 2019. En 2015 se impusieron multas por valor de 41,57 millones y llegaron a 149 millones en 2018, por ejemplo». No se queda ahí. El movimiento social expresa la contradicción que supone «que los parlamentos de Gasteiz e Iruñea se pronunciaran en contra de la Ley Mordaza en 2016 y que el Parlamento Vasco instara al Gobierno Vasco a no aplicar dicha Ley desde junio de 2016» y que, sin embargo, en la CAV la Ertzaintza comunicara 17.820 multas entre los años 2015 y 2018, además de los posteriores sobre los que todavía no se tienen datos exactos.

A estos hay que sumar las multas impuestas por la Policía Foral en Nafarroa (unas 3.000 en 2016), así como «otras miles de sanciones impuestas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en toda Hego Euskal Herria, a los que hay que añadir los años siguientes».

En 2020, el Estado también ha recurrido con fuerza a la Ley Mordaza durante la emergencia del covid-19. El Ministerio del Interior señala que en los primeros quince días, tras la entrada en vigor del estado de alarma, recurrió 180.387 veces a la Ley Mordaza. En Hego Euskal Herria se ha utilizado en 29.673 ocasiones en tres meses.

«Abusos de todo tipo»

«Queremos recordar –indica Eleak– que han sido muchos y muy numerosos los abusos de todo tipo cometidos por los agentes policiales durante la crisis sanitaria». En este caso explican que el pasado 16 de marzo los expertos de las Naciones Unidas explicaron claramente que la respuesta dada durante el coronavirus debía ser «proporcionada y no excluyente». Tres días después admitieron que «su llamamiento había sido inútil».

Por lo que Eleak sostiene que la crisis del covid-19 se ha utilizado por el Estado para «reforzar los medios represivos para el futuro, especialmente en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías».

Para este movimiento, lo que se ha visto en este quinquenio, se ha agudizado con la crisis provocada por el coronavirus. «Se ha producido un retroceso en el ámbito de las libertades democráticas en el Estado español y, en concreto, en el ámbito de los Derechos Sociales, Civiles y Políticos», afirma. Así, sin contar los cientos de miles de expedientes abiertos durante el periodo de alarma sanitaria, «las sanciones contra los ciudadanos en todo el Estado español ascienden ya a 500.000».

Además recuerda que la Ley Mordaza también ha golpeado duramente en Catalunya. La asociación Omnium Cultural explicó que en la protesta social en torno a la consulta popular del 1 de octubre se pusieron al menos 20.000 multas. «Esta ley es un tremendo disparate retrógrado y conservador para criminalizar la protesta y la crítica callejera», manifiesta Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de Barcelona.

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Ginebra y los Presos Vascos

Continúa la incansable labor por parte de quienes quieren ver superadas las consecuencias más funestas del conflicto generado por la anacrónica ocupación de Euskal Herria por parte de Madrid y París.

Es así como hasta Ginebra se han acercado diferentes colectivos vascos, catalanes y galegos a dar a conocer la situación que guardan los presos políticos, auténticos rehénes de dos estados que han llevado hasta el extremo más ridículo aquello del derecho de los estados a ejercer la violencia.

Lean ustedes lo que nos informa Naiz:

Denuncian en Ginebra la situación de excepcionalidad que padecen los presos vascos

Colectivos vascos, junto a catalanes y gallegos, han comparecido hoy en Ginebra para presentar los informes de vulneración de derechos humanos que han presentado en la comisión correspondiente de la ONU. Sare ha denunciado la situación de excepcionalidad que viven los presos vascos.

«La persistencia en el Estado español de una excepcionalidad antiterrorista que ha invadido la actuación policial, penal y penitenciaria y que a día de hoy persiste sin ninguna expresión de violencia política que podría servirle de excusa» es el hilo conductor de las alegaciones presentadas por los colectivos vascos ante la comisón de Derechos Humanos de la ONU, según ha explicado en Ginebra, Begoña Atxa, de Sare.

En Ginebra han estado también representantes de Etxerat, Asociación de Abogados Eskubideak, Eleak-Libre Mugimendua y Behatokia. Junto a ellos, han acudido la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Institut de Drets Humans de Catalunya, Col.lectiu Praga de Professors de Dret, Grup de Periodistes Ramon Barnils y la europdiputada del BNG Ana Miranda.

Atxa ha recordado que la política de dispersión tiene efectos negativos en las familias de los presos y que «no tiene base legal, siendo contraria a la normativa interna, del Consejo de Europa y de la ONU que abogan por el arraigo del preso y su proximidad a su lugar de origen y entorno familiar».

«Esta política supone una carga física, psíquica y económica insostenible para el entorno familiar», ha añadido Atxa, que ha recordado que 16 personas han muerto como consecuencia de la dispersión.

Junto a ello, Atxa ha denunciado la situación de los presos gravemente enfermos, «que siguiendo la ley penitenciaria ordinaria, deben acceder a la libertad, solución que se niega ilegítimamente».

La representante de Sare ha mencionado también las trabas al cómputo de penas ya cumplidas en otros estados, a la aplicación del régimen más dura de los contemplados por la legislación penitenciaria para impedir el acceso a la libertad condicional.

Asimismo, Atxa ha mencionado el caso de Altsasu, la Ley Orgánica 4/2015 que «genera un claro incremento de los abusos policiales y de la vulneración de derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de prensa».

También ha alertado sobre la «persecución a defensores de los derechos humanos y activistas de apoyo profesional y solidaridad con las personas presas, que realizaban una actuación pública, transparente y pacífica».

Por ello, ha solicitado «una intervención de la comunidad internacional para realizar una transición de este tipo de políticas excepcionales y medidas antiterroristas a una legalidad que promueva la paz y la convivencia en nuestro país, Euskal Herria».

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Amordazan a Camarero Gasteizarra

Supuestamente la Ley Mordaza no iba a ser aplicada en el territorio que administra Lakua.

La realidad es otra.

De eso nos habla este reportaje dado a conocer en la página de Hala Bedi:

La Policía Municipal aplica la Ley Mordaza a un camarero de Gasteiz por defender a un cliente

Un camarero de un bar del Casco Viejo de Gasteiz ha tenido que pagar 730 euros por preguntar el motivo por el que identificaban a un cliente de su bar. Eleak Mugimendua denuncia que la actitud que de la Policía Local hacia las personas inmigrantes no hace sino tensionar la convivencia. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Gasteiz ha aplicado esta ley más de 725 veces pese a comprometerse a no aplicarla y dar amparo a las personas multadas.

Era la tarde del 19 de noviembre del 2016, hace un año y medio, en el bar Txapelarri de la calle Cuchillería del Casco Viejo de Gasteiz. El camarero, mientras trabajaba en la barra, vio como llegaban los Policías Municipales y se llevaban a la pared de un lado del bar a un cliente que se encontraba en la terraza.

“Viendo la situación, y sabiendo el trato que se les da a las personas migrantes, salí fuera del bar para ver lo que estaba pasando. En cuanto me asomé para ver lo que pasaba, dos municipales se acercaron a donde mi a ver que estaba mirando”, denuncia el propio camarero.

“Les dije que quería ver lo que estaba pasando, que yo era camarero del bar y la persona retenida, un cliente habitual. Me dijeron de muy malas formas que no podía presenciar la detención y me dijeron que me fuera de allí”. Fue entonces cuando los agentes obligaron al camarero a identificarse.

“Me identifiqué y me comunicaron que si no abandonaba el lugar, me multarían por impedir ejercer su trabajo”, explica. Decidió meterse al bar “para no tener problemas”, pero, además, se llevaron detenido al cliente acusado de tener a su perro suelto y sin bozal. “Es totalmente mentira, ya que en el momento que vinieron los municipales el perro se encontraba atado y con bozal junto a su dueño”, aclara.

Un mes más tarde, el 24 de diciembre del 2016, una carta llegó a casa del propio camarero. Era una multa, alegando un delito de desobediencia. Era una nueva aplicación de la  nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, una multa que puede variar desde los 301 euros hasta los 30.000.

Los recursos del camarero solo han servido para que decidan aumentarle la cantidad de la multa

“Si lo pagaba sin recurrir serían 301 euros, pero como la situación me pareció muy injusta, después de ponerme en contacto con un abogado decidí recurrir la multa. La única respuesta que he obtenido por ejercer mis derechos es no”.

Por si eso fuera poco, han aumentado la cantidad de la multa. Y para ello han utilizado sólo la versión de los agentes, sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por el propio camarero. Casi año y medio después de la intervención policial, el hostelero de la calle Cuchillería ha tenido que pagar una multa de 730 euros y su último recurso se encuentra a la esperada de lo que dicte el juez.

“Una situación que tensiona la convivencia”, denuncia Eleak

Eleak Mugimendua denuncia como, sobre todo en el casco antiguo de la ciudad, pero también en el resto de Gasteiz, “la Policía Municipal, como el resto de las policías, la actitud que mantienen hacia las personas inmigrantes”. Consideran que esta situación tensiona la convivencia en este barrio entre los distintos vecinos y hosteleros “que solo ven la presencia de la policía constantemente en actuaciones contra los vecinos y los propios bares”.

Consideran que desde el consistorio gasteiztarra no están cumpliendo su palabra. Además hacen hincapié en el hecho de que esto, “también ha sido un ataque contra un camarero que, ejerciendo como tal, fue multado sin haber quebrantado ninguna ley y solo habiendo preguntado por la situación que se estaba dando, como cualquier ciudadano podría haber hecho”.

Emplaza al Ayuntamiento de Gasteiz a que no aplique ni la ley ni la multa. “En el caso de este camarero, vemos claramente, como aun interponiendo un recurso, solo recogen las palabras de la policía. Esto hace que la ley sea todavía mas injusta”, denuncian.

Muestras de apoyo

Desde Eleak Mugimendua, se han dirgido a todos los colectivos y tabernas para que muestren su apoyo y participen en las próximas convocatorias que se vayan haciendo: “Si te han aplicado la Ley Mordaza o tienes algún conocido, cuéntanos el caso y te ofreceremos asesoramiento jurídico”, han querido explicar a los hosteleros. Para ello, han puesto en marcha dos formas de contacto: mozalikez@gmail.com o el teléfono 632650117.

Además, habrá un jaialdi en el mismo bar Txapelarri el 16 de marzo, viernes, para mostrar apoyo al camarero y denunciar la situación.

El Ayuntamiento de Gasteiz ha aplicado la Ley Mordaza más de 725 veces

El 31 de julio del año 2015, en un pleno municipal, el Ayuntamiento de Gasteiz aprobó por mayoría posicionarse contra esta ley. En aquella sesión, se solicitó la retirada de la Ley Mordaza y se decidió dar amparo por parte del consistorio a las personas afectadas por dicha ley. Dos años y medio después, el gobierno municipal no ha cumplido su palabra.

El Ayuntamiento de Gasteiz ha aplicado un total de 725 veces la Ley Mordaza; son datos de diciembre de 2017. Entre los datos a los que ha tenido acceso Hala Bedi, la ‘Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana’ son destacables los siguientes:

- Artículo 36.3: 3 expedientes por ‘desórdenes en las vías públicas u obstaculización de las mismas’.

- Artículo 36.4: 2 expedientes por ‘obstrucción al ejercicio legítimo de sus funciones’.

- Artículo 36.6: 21 expedientes por ‘desobediencia o resistencia a órdenes policiales o negativa a identificarse o alegación de datos falsos de identificación’.

- Artículo 36.16: 623 expedientes por ‘consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares publicas’.

- Artículo 36.23: Un expediente por ‘uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de los policías’.

- Artículo 37.4: 52 expedientes por ‘faltas de respeto y consideración a policías’.

- 6 expedientes aplicando los árticulos 36.4+37.4.

- 16 expedientes aplicando los árticulos 36.6+37.4.

Además, el 1 de agosto de 2017, PNV, PSE y PP rechazaron en bloque una declaración institucional en apoyo al periodista de Hala Bedi multado con la Ley Mordaza. EH Bildu, Podemos e Irabazi habían pedido que el Ayuntamiento de Gasteiz ofreciese amparo a todas las personas afectadas por la Ley Mordaza. Querían que el consistorio tomara el compromiso de que las personas que ejercen su labor periodística puedan hacer su trabajo “sin injerencias injustificadas”. No lo consiguieron debido a que PP, PNV y PSE suman, a día de hoy, 18 concejales de los 27 del pleno gasteiztarra.

Además de  los 725 casos y el caso del camarero, durante los últimos meses, cabe destacar las amenazas que adelantó esta misma casa contra las jóvenes de ‘Agur 78’. El 12 de octubre, en una acampada pacífica, agentes municipales, con varios nombres y apellidos apuntados de antemano, fueron levantando a las que, según su criterio, eran las “organizadoras”. El balance fue de seis personas retenidas y otras tres detenidas en comisaría. Estas nueve personas podrían enfrentarse a una sanciones que sumarían un total de más de 90.000€, es decir, 10.000€ -cómo mínimo- a cada una de ellas. A día de hoy, no han recibido dichas sanciones,

En otro caso denunciado por el mismo Síndico, la Policía Local se extralimitó aplicando la Ley Mordaza a una mujer que fue a denunciar el robo de una bicicleta.

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Aitor y Arkaitz Retornan a Orereta

Con mucho gusto les compartimos esta nota publicada en Naiz:

Dos oreretarras presos por Segi quedan libres tras solicitarse la rebaja de condena

La Audiencia Nacional ha ordenado liberar a los jóvenes de Errenteria Aitor Franco y Arkaitz Anza, encarcelados desde hace tres años y medio tras una condena por pertenencia a Segi. La defensa había solicitado la rebaja de grado en función de la reforma legal que faculta aplicarla en casos de «delitos menos graves».

Ramon Sola

Aunque todavía no se conocen los fundamentos jurídicos, tanto Aitor Franco como Arkaitz Anza quedan en libertad por decisión de la Audiencia Nacional. La defensa había solicitado que su condena fuera revisada de modo retroactivo, para aplicar la rebaja de grado introducida por una reforma legal el pasado año para los «delitos menos graves», en los que no concurra la utilización de métodos violentos o no se hayan producido daños físicos. Ambos habían sido condenados, como otros centenares de personas en estos últimos años, por actividades meramente políticas y pacíficas. Se les impusieron seis años de cárcel por la mera pertenencia a Segi, y desde la última detención llevaban más de tres años y medio entre rejas.

A la hora de redactar esta información, Aitor Franco ya ha sido excarcelado desde la prisión de León y consta que la Audiencia Nacional ha dado orden de liberar a Arkaitz Anza, que cumplía condena en Valladolid. Ambos fueron encarcelados tras confirmar el Supremo en octubre de 2012 las penas dictadas meses antes por la Audiencia Nacional. En el caso de Anza, fue detenido junto a otros dos jóvenes tras encadenarse en el Hotel María Cristina de Donostia después de una movilización de Eleak, en enero de 2013.

La reforma legal que ha dado pie a estas excarcelaciones ha reducido ya las condenas previsibles para medio centenar de vascos y vascas sometidos a procesos políticos, en casi todos los casos mediante la vía de acuerdos judiciales facilitados por la rebaja de grados (el ejemplo más conocido fue el de los afectados por el proceso de la redada de Segura). Ahora se ha solicitado en diversos casos la reducción retroactiva de condenas anteriores, que está recibiendo diferentes respuestas según los casos y tribunales.

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Tortura en la "Euskadi sin ETA"

Recientemente el alarmado Iñigo Urkullu llevo a cabo una valoración a la que palabras más palabras menos hablaba de las oportunidades que se le presentaban a los ciudadanos de la CAV al ya no tener la amenaza de ETA.

Tal valoración, tan deshonesta y sesgada como es, estaría llegando por lo menos con cuatro años de retraso.

Pues bien, a Urkullu le quisieramos preguntar que más o menos para cuando será que la ciudadanía de la CAV podrá respirar tranquila sin la amenaza de que uno de los suyos sea torturado por alguna de las fuerzas represivas del estado español, sea la muy delicada Guardia Civil o la aún más delicada Erchancha... o quien sea.

Al alarmado le dedicamos este artículo publicado en Naiz, relata actos de terrorismo de estado que han tomado lugar el año pasado, a tres de que "Euskadi se haya quedado sin ETA":

Un informe advierte de que 54 ciudadanos vascos sufrieron torturas y malos tratos en 2015

El informe ‘La tortura en el Estado español. Informe 2015’, publicado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), recoge nueve situaciones en las que produjeron malos tratos y torturas en Hego Euskal Herria. Nueve casos que afectaron a 54 personas.

Ion Salgado

En el año 2015 se registraron nueve casos de agresiones y torturas que afectaron a 54 personas en Hego Euskal Herria. Así lo recoge el informe ‘La tortura en el Estado español’, elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). Un extenso documento en el que se describen 128 situaciones en las que denunciaron malos tratos a cargo de funcionarios públicos. En total, 232 personas padecieron torturas y vejaciones en el Estado español.

En una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, Lorea Bilbao, integrante de Torturaren Aurkako Taldea, entidad integrada en la coordinadora estatal, ha destacado que este año no se han registrado denuncias por tortura en situaciones de detención incomunicada. No obstante, ha recordado que el régimen de incomunicación continúa vigente y puede dar pie a que se repitan nuevos casos de torturas en dependencias policiales. «Por eso pedimos su abolición», ha añadido.

Asimismo, ha señalado que, por primera vez, se han recopilado las sentencias dictadas en 2015 por casos de tortura. De estas, 42 fueron condenatorias y 52 absolutorias. Cabe señalar que existen al menos 20 procesos relacionados con delitos de torturas, lesiones y malos tratos de los que se desconoce la sentencia. En Hego Euskal Herria solo se tiene constancia de un juicio, que finalizó con la publicación de una sentencia absolutoria.

30 muertos bajo custodia policial

En cuanto al número de persoanas fallecidas bajo custodia policial, el informe de la CPDT da cuenta de 30 casos, 17 bajo custodia de funcionarios de prisiones, seis de la Policía española, dos de la Guardia Civil, dos de policías locales, tres de los cuerpos de seguridad autonómicos y un caso bajo custodia de funcionarios de un centro de menores. Señalar que, desde 2001, ha fallecido 616 personas bajo custodia estatal.

Los datos recogidos en el informe ponen de manifiesto un descenso en el número de denuncias de tortura, algo que, en opinión del coordinador de Salhaketa, César Manzanos, puede estar asociado a que muchas personas no se atreven a denunciar, bien por estar en una situación irregular o por estar presas, privadas de libertad. En este sentido, ha denunciado que muchos presos no quieren denunciar a sus torturadores porque tienen miedo a que finalmente sean ellos quienes se tengan que sentar en el banquillo de los acusados.

Muertes en prisión

Además, ha censurado que el Gobierno español trata de ocultar a la opinión pública las muertes en prisión y no informa a las familias a su debido tiempo. Según ha explicado, en algunos casos las autoridades proceden a la incineración del cadáver, lo que impide que se pueda realizar la autopsia. A esto se suma la «nula acción productiva» de las instancias judiciales para impulsar mecanismos garantistas que faciliten que se puedan denunciar los malos tratos, torturas y muertes no naturales en prisión. Y la prohibición de entrar en las cárceles a entidades que tratan de salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.

Por otro lado, Erlantz Anda, miembro de Eleak, ha reclamado la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza. Una norma que, entre julio de 2015 y febrero de 2016, ha sido aplicada en 3.959 por agentes de la Ertzaintza. La policía autonómica ha impuesto 429 multas en Gipuzkoa, 1.907 en Bizkaia y 1.613 en Araba. «En Araba, por desgracia, somos las campeonas en castigos mediante la Ley Mordaza», ha señalado.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Bilbao se ha referido a la sentencia publicada por el Tribunal Supremo sobre el caso de Beatriz Etxebarria, Iñigo Zapirain y Saioa Sánchez. El Alto Tribunal ha ordenado la repetición de un juicio en su contra porque la Audiencia Nacional no investigó las denuncias de torturas. «Hacemos una valoración positiva y esperamos que se produzcan más resoluciones en el mismo sentido. Pedimos que se anulen las condenas que se hayan basado en autoinculpaciones obtenidas bajo tortura», ha remarcado.

No obstante, ha mostrado su temor a que el TS haya basado su sentencia en el caso de Etxebarria, y no en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado en ocho ocasiones al Estado español por no investigar las denuncias de tortura. «Es inconcebible que ocurra esto es cualquier estado democrático, y ha llegado el momento de pedir anulaciones», ha concluido.

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Sigue la Mata Dando

Desde la campaña Basque Lives Matter nos comparten este texto publicado en Kaos en la Red:

La criminalización en Euskal Herria continúa

Tras una redada efectuada por la guardia civil en 2010, nueve personas (Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaiz Ariznabarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte) fueron acusadas de ser miembros de la dirección de la organización Ekin.

Nandu de Diego

A finales de 2013 , un grupo de activistas negras de los Estados Unidos se organizaron para formar Black Lives Matter  (la vida de los negros importa) como protesta por la absolución de George Zimmerman  tras asesinar a Trayvon Martin, un joven negro de 17 años. Un año después el movimiento comenzó a afianzarse con el fin de hacerle  frente a la violencia policial practicada por un estado que no dudaba en encubrir los asesinatos de jóvenes a mano de las fuerzas de seguridad. Ese mismo reclamo es usado para reivindicar que las vidas de las personas que en Euskal Herria no gozan de derechos humanos también importan, y se han comenzado a realizar diferentes acciones bajo el lema  de la campaña “Basque Lives Matter”, impulsada por el colectivo Eleak-Libre para visibilizar el conflicto.

Tras una redada efectuada por la guardia civil en 2010, nueve personas  (Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaiz Ariznabarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte) fueron  acusadas de ser miembros de la dirección de la organización Ekin y serán juzgadas entre el 17 de mayo y el 2 de junio por la Audiencia Nacional española, (sumario 8/2013). La acusación formula la petición de entre 9 y 15 años de cárcel por persona.

Los ahora encausados pasaron casi dos años en prisión preventiva, desde  septiembre de 2010 a julio de 2012, habiendo denunciado  brutales torturas durante el proceso de detención e incomunicación. Además de esto, la política de dispersión los alejo largas distancias de su propia tierra, como viene siendo la tónica habitual en estos casos donde la represión se impone a la cordura en un nuevo ejemplo de violación de los derechos humanos más fundamentales. Cabe mencionar de igual modo el coste personal y económico (alrededor de 45.000 euros) que ha supuesto para los imputados , lo que trastoca sus proyectos de futuro.

El Estado Español nos tiene acostumbrados a actuar contra todo ente incomodo  y castigar toda acción social, desarrollando una política de montajes y mentiras que criminaliza a la población más concienciada y activa, imponiéndolos la etiqueta de “terroristas” y vinculándolos al entorno de E.T.A.  Gran parte de las declaraciones obtenidas en los interrogatorios, autoinculpaciones incluidas, se consiguen bajo amenazas y torturas como confirma el eminente forense de reconocido prestigio, Francisco Etxebarria, quien acredita la comisión de estas prácticas en varios informes oficiales.

En palabras de la propia plataforma, una vez más tenemos la oportunidad de actuar con responsabilidad y compromiso. Están en juego los derechos básicos de toda persona.  Las políticas de excepción aplicadas son contrarias a los derechos humanos y anulan en la práctica los derechos civiles y políticos: el derecho a expresarse libremente; el derecho a organizarse, a movilizarse o incluso el derecho a recibir un trato digno. Cuando se atacan los derechos civiles y políticos de nuestras conciudadanas y conciudadanos se están atacando los derechos de todas y todos nosotros. No son derechos exclusivos de las personas procesadas en el sumario 8/2013, ni en cualquier otro sumario, ni de las personas independentistas o de izquierdas.  Es por lo tanto, una agresión y un perjuicio contra todas y todos nosotros,  y a todas nos corresponde actuar con responsabilidad y compromiso.

Por ello se solicita el posicionamiento colectivo, se presentaran mociones en diferentes consistorios, se creara un manifiesto en común,  y como consta en el siguiente escrito :

1. Denunciamos firmemente la grave vulneración de derechos humanos básicos.

2. Rechazamos la práctica de la tortura, y exigimos responsabilidades.

3. Exigimos medidas para que no vuelva a producirse ningún otro caso de tortura, o vulneración de derecho fundamental.

4. Exigimos el reconocimiento político y la reparación del sufrimiento infligido a las víctimas de la tortura.

5. Rechazamos la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia machista, máxime proviniendo de funcionarios públicos.

6. Denunciamos la vulneración de derechos civiles y políticos fundamentales.

7. Reivindicamos la legitimidad de la actividad y acción política.

8. Exigimos la eliminación de las medidas, leyes y políticas de excepción.

9. Exige la el archivo definitivo del juicio que se iniciará el 17 de mayo, en la medida en que se basa en declaraciones hechas bajo tortura, y la legislación de excepción. Y en cualquiera de los casos exigimos su absolución.

10. Exigimos que se ponga fin a todos los juicios políticos.

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Basque Lives Matter

Les compartimos esta nota publicada en Naiz:

Presentan una dinámica para denunciar el inminente juicio por el sumario 8/2013

El próximo 17 de mayo arrancará en la Audiencia Nacional española el juicio contra nueve personas acusadas de integrar la dirección de EKIN. Los imputados en este sumario 8/2013 son Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaitz Ariznabarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte. La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 9 y los 15 años de prisión.

Ante la proximidad del juicio, estas nueve personas y miembros de la dinámica Eleak-Libre han comparecido en Donostia para dar a conocer los pormenores del proceso presentar la dinámica social de denuncia y solidaridad que se desarrollará durante los próximos meses.

En el acto han subrayado que este juicio «se basa en una estrategia de persecución política» y que los procesados fueron objeto de torturas durante su periodo de detención.

Para denunciar este proceso se pondrá en marcha una dinámica que han bautizado como «Basque Lives Matter», adaptación de la iniciativa «Black Lives Matter» (La vida de los negros importa), desarrollada por la comunidad negra de EEUU para defender sus derechos fundamentales y libertades básicas.

Además de dar a conocer un vídeo, se pedirá un posicionamiento a diferentes instituciones y movimientos solciales, se presentarán mociones en ayuntamientos, se realizarán diversas movilizaciones y se presentará un manifiesto a favor de los derechos civiles y políticos. 

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BasqueLivesMatter 9ak libre!

Euskera

2013an Black Lives Matter oihukatu zuten Estatu Batuetako zenbait ekintzaile beltzek Estatuaren aldetik pairatzen zuten biolentziaren aurrean oldatzerko. Beraien hitza hizpide, guk Basque Lives Matter oihukatu nahi dugu, giza eskubideez gozatzen ez duten bizitzek, Euskal Herrian hain zuzen, axola dutela uste dugulako. 2010. urtean, aurrean dituzun bederatzi pertsonok atxilotu eta torturatu egin gintuzten. Tortura hauen bitartez lortutako adierazpenak, hurrengo Maiatzean izango dugun epaiketaren oinarritzat hartuko ditu Entzutegi Nazionalak, 9 eta 15 urte bitarteko kartzela zigorrak ezarri nahi dizkigutelarik. Lagun iezaiguzu egoera hau salatzen; eskubide zibil eta politikoek axola dutelako, giza eskubideek axola dutelako. Eta gure bizitzek ere, axola dutelako.

Castellano

Cuando decimos Basque Lives Matter, queremos decir lo mismo que los y las activistas negras estadounidenses en 2013 al protestar contra la violencia específica que sufrían por parte del Estado, organizando el movimiento Black Lives Matter. Las 9 personas que ves aquí fuimos detenidas y torturadas en 2010 y las declaraciones obtenidas a partir de estas torturas son la base del juicio al que nos enfrentaremos el próximo Mayo, por el que nos solicitan entre 9 y 15 años de cárcel. Ayúdanos a denunciar esta situación, a que los derechos en Euskal Herria importen. Ayúdanos a que nuestras vidas también importen.

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Babesgunea por Askapena

Desde Askapena nos alertan acerca del peligro inminente tanto en contra del colectivo como en contra de los cinco encausados.

Les compartimos esta nota publicada en Naiz:

Askapena organiza un «babesgune» ante el riesgo de ilegalización y encarcelamiento

Los locales de Kalekalde (Calderería, 28) de Iruñea acogen a partir de hoy el «babesgune» organizado por Askapena para denunciar el riesgo de ilicitación que sufre la organización internacionalista y la amenaza de seis años de cárcel para Walter Wendelin, David Soto, Gabi Basañez, Unai Vázquez y Aritz Ganboa.

Martxelo Diaz

En una comparecencia a la que han asistido decenas de personas de distintos movimientos populares y cargos políticos, Maider Caminos (Libre) y Wendelin han recordado que están a la espera de la sentencia de un juicio en el que la Fiscalía pide la ilicitación de Askapena y penas de seis años de prisión para cinco de sus miembros. Es el último paso de un proceso que comenzó en 2010 y que se ha caracterizado por la violación continua de derechos civiles y políticos. Entre los cargos electos que acudieron se encontraban Patricia Perales (teniente alcalde de Iruñea), las parlamentarias de EH Bildu Bakartxo Ruiz, Esther Korres y Diana Urrea y los de Podemos Tere Saez y Mikel Buil.

En estos momentos, temen que se produzca una «detención preventiva» para evitar que se denuncie siga denunciando la persecución contra Askapena y han recordado que existe el precedente de jóvenes a los que se aplicó esta medida de excepción.

Ante esta situación, han optado por poner en marcha Babesgunea, un espacio que se ubica en Kalekalde que quiere ser un instrumento para dar a conocer el caso. «Este caso es un eslabón más. Solo ha sido posible por la existencia de un tribunal de excepción con una armazón legal de excepción y medidas policiales de excepción. Babesgunea es un instrumento para discutir sobre ese marco legal excepcional, realizar un diagnóstico colectivo consensuado y entre todas, de una manera abierta y asamblearia, dibujar y dar nuevos pasos».

En este sentido, han subrayado que Babesgunea recoge el fruto del trabajo en pro de la solidaridad y la activación política realizado durante años por Askapena, las iniciativas de Libre, de Eleak o los muros populares en Iruñea y otros lugares.

Por ello, han hecho un llamamiento a participar en las charlas, mesas redondas, reuniones, debates, asambleas e iniciativas culturales que tendrán lugar en Babesgunea y especialmente en la primera asamblea abierta, que tendrá lugar el lunes, 2 de febrero, a las 19.00.

Babesgune = Jornada de protección.

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Euskal Herria se Tiñe de Anaranjado

Y mientras el mundo entero se pinta de rojo, blanco y azul en interesada y discriminatoria solidaridad con el pueblo francés ante la innecesaria muerte de civiles inocentes todos ellos víctimas de los delirios imperialistas de la oligarquía globalizada, en un pequeño rincón de Europa ocupado en parte por el expansionismo territorial francés se sigue forjando una nación que anhela un futuro de libertades y de inclusión. El color de ese sueño es anaranjado.

Les compartimos esta nota publicada en Naiz:

El color naranja tiñe las ciudades vascas en defensa de los derechos civiles y políticos

Las principales localidades de Euskal Herria se tiñen este fin de semana de naranja, color representativo de la dinámica Libre. En Gasteiz, decenas de personas se han dado cita hoy junto a los Arquillos para mostrar su apoyo a Karmele Berasategi y Maite Fernández de Labastida, dos vecinas de la capital alavesa que serán juzgadas en la Audiencia Nacional el próximo 3 de diciembre. Junto a ellas se sentarán otros 33 militantes políticos, imputados en el sumario 04/08.

«Los juicios políticos no tienen fin: los compañeros de Askapena han sido los últimos juzgados. Tras ellos llega nuestro turno: a partir del 3 de diciembre 35 personas nos sentaremos en la Audiencia Nacional por el trabajo realizado por la izquierda abertzale entre 2005 y 2007», ha denunciado Berasategi, que ha advertido de que la «política en Euskal Herria está judicializada».

En este sentido, Bittor Abasolo, miembro de Eleak, ha recordado que el próximo 23 de noviembre seis jóvenes serán juzgados por los incidentes ocurridos tras la manifestación del 3 de marzo de 2012, cuando decenas de jóvenes protagonizaron una sentada en la calle Olagibel. Los imputados están acusados de desobediencia y de atentado a la autoridad, por negarse a abandonar la carretera.

Los actos en defensa de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca se han repetido en Leioa, Bilbo, Tolosa, Donosta, Elgoibar, Berriozar, Elizondo, Agurain, Laudio y Segura, entre otras localidades. En esta última localidad, conocida por la redada que tuvo lugar en 2007, se han dado cita personas procedentes de todos los municipios de Goierri. Caben destacar los actos previstos para hoy en Ondarroa, que finalizarán con el recibimiento a Urtza Alkorta. Esta joven fue arrestada en mayo de 2013, después de que la Ertzaintza derribará un muro popular erigido para impedir su detención.

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Un Otoño Teñido de Naranja

El régimen español está a punto de iniciar una serie de juicios políticos en contra de distintos colectivos vascos. Madrid busca así dejar bien claro a la comunidad internacional que la violencia y la conculcación de derechos son los ejes centrales de su estrategia con respecto a la posibilidad de sentarse a la mesa del diálogo.

Ante ello, los jóvenes de Euskal Herria hacen un llamado al trabajo unitario y coordinado en favor de los represaliados.

Aquí les presentamos esta nota al respecto publicada en Naiz:

 

Eleak y Libre dibujan «la foto de la excepcionalidad»

Ciudadanos anónimos y personas procesadas en diversos juicios políticos han comparecido esta mañana junto a Libre y Eleak para mostrar «la foto de la excepcionalidad». Han recordado que personas de Askapena, de la redada de Segura o acusadas de pertenecer a Ekin serán juzgadas en las próximas semanas. Han anunciado una batería de iniciativas para teñir de naranja el otoño.

Además de los encausados en los procesos arriba citados, también han querido denunciar que jóvenes que ya fueron juzgados, militantes de Herrira o abogados de presos políticos vascos serán juzgados más adelante. Ante este escenario, han lanzado la siguiente pregunta: «¿Cómo es posible esta foto en pleno octubre de 2015?».

En su opinión, la historia «ha demostrado» que son «la lucha y la práctica generalizada lo que convierte lo que era delito en derecho. Ya sea el de huelga, las ikastolas, o los derechos de manifestación y asociación», han citado, advirtiendo al Estado español que continuarán «haciendo apología de nuestros supuestos delitos: el internacionalismo, la independencia de Euskal Herria, la paz, el feminismo, el socialismo, o los derechos humanos de presos y presas».

De cara al otoño, y para encarar los procesos que se iniciarán han anunciado un auzolan colectivo, basado en una serie de iniciativas, como las concentraciones simultáneas del próximo lunes, coincidiendo con el inicio del juicio contra Askapena. El fin de semana del 14 y 15 de noviembre también se desarrollarán actividades en las herriko tabernak de Euskal Herria.

Por último, han mostrado su adhesión a la manifestación convocada hoy mismo para el 31 de octubre en Madrid por organizaciones sociales y políticas en solidaridad con Euskal Herria.

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Contra el Tardo Colonialismo Español

Para los que aún dudaban de la relación colonial que caracteriza a la metrópoli española con respecto a Euskal Herria, la decisión por parte de Madrid de despojar "legalmente" a la ciudadanía vasca del producto directo de su trabajo al anunciar la "venta" de los inmuebles y equipo de las herriko tabernak retratata diáfanamente lo que hemos venido denunciando durante años.

Les compartimos este llamado a la solidaridad popular en contra de este despojo. El mismo ha sido publicado en Naiz:

Convocan protestas en defensa de las «herrikos»

Representantes de los más de 100 locales que los tribunales españoles han decidido expoliar han comparecido este mediodía en Zarautz, junto al movimiento Eleak y las dinámicas Libre! para convocar movilizaciones de protesta para el próximo fin de semana.

En nombre de las 107 «herrikos» que el Tribunal Supremo ha avalado su incautación, Koldobike Muniain han anunciado que van a «defender» los locales y han llamado a la ciudadanía a sumarse a las movilzaciones que van a realizar en los próximos días. El 27 y 28 de junio llevarán a cabo actos de protesta en todos los pueblos y barrios afectados por el «robo de locales».

Según ha censurado, el Tribunal Supremo español reproduce con su sentencia «el gran decomiso fascista de 1.936» y ha añadido que «es un eslabón más en la cadena de imposiciones de un Estado español que jamas ha roto con su pasado fascista».

Muniain ha valorado que las «herrikos» son «símbolo y ejemplo de esfuerzo y autoorganización popular». «El esfuerzo, el trabajo y la aportación económica de miles y miles de personas ha permitido que durante décadas decenas de pueblos y barrios de Euskal Herria hayan contado con espacios abiertos para actividades culturales, para el debate y la actividad política, al servicio de los movimientos populares y de multitud de dinámicas de pueblos y barrios. Eso es lo que el Estado quiere hacer desaparecer mediante el comiso o mejor dicho, el robo», ha criticado.

En este sentido, han añadido que el comiso de los locales va a ser una muestra de «la impotencia de un Estado que ha perdido la batalla política» y roba a la izquierda abertzale y a su base social sus locales». «No aceptamos esta sentencia» y «vamos a defender las ‘herriko tabernas’», ha insistido.

Desde el movimiento Eleak, Txerra Bolinaga, ha señalado que «estamos cansadas de los continuos ataques a los derechos humanos básicos y de esta caza sinsentido» y han llamado a acudir a las movilizaciones. «Es época de compromisos y trabajar en favor de los derechos civiles y políticos es el modo más efectivo de responder a los ataques», ha asegurado.

Recuerden, esta balandronada marca Españistán ha sido llevada a cabo a escasos días de la ponencia de paz y reconciliación en París.

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Recuento de la Acción Represiva en Gasteiz

Les compartimos este reporte de Naiz en donde nos hablan de las cifras que ha dejado el operativo troglodita llevado a cabo por la policía vascongada en Gasteiz:

20 detenidos y más de 70 heridos como consecuencia de la actuación policial en el muro de Gasteiz

La violenta actuación de la Ertzaintza en el muro popular de Gasteiz se ha saldado con 20 personas detenidas y más de 70 heridas, según los datos ofrecidos por Eleak.

La violenta actuación de la Ertzaintza para desmantelar el muro popular de Gasteiz y arrestar a Igarki Robles, Aiala Zaldibar e Ibon Esteban se ha saldado con la detención de 20 personas y más de 70 heridos, según los datos ofrecidos por Txerra Bolinaga, portavoz del movimiento Eleak, a Infozazpi Irratia. Interior de Lakua ha confirmado a Europa Press once arrestos.

El Departamento de Interior ha enviado una treintena de furgonetas con efectivos antidisturbios para desalojar a las personas que arropaban a los tres jóvenes condenados por la Audiencia Nacional española y proceder a arrestarlos, en una operación que ha durado más de tres horas. Durante todo ese tiempo los ertzainas han empleado la fuerza y han arremetido a golpes y porrazos para sacar arrastras, en volandas o mediante tirones de pelo a los congregados en el muro popular. Como consencuencia de ello, ha habido numerosos contusionados, dos personas habrían perdido el conocimiento y al menos una ha tenido que ser trasladada al hospital, de acuerdo con los primeros datos que se disponen.

Fuentes del Departamento de Interior citadas por Efe han indicado que cuatro agentes han sufrido contusiones y han tenido que ser atendidos en una mutua.

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Desobedecer es Necesario

El pueblo vasco está en movimiento y resiste los embates del fascismo español. El fascismo español, sabedor de que cuenta con el contubernio de la UE cada vez sofoca más el derecho de la sociedad a manifestar su desacuerdo en el espacio público.

En ese sentido, les presentamos este texto dado a conocer por Gara:

«Desobedientziaz Libre»

Maialen Begiristain, Txerra Bolinaga, Joseba Alvarez, Aiala Zaldibar, Walter Wendelin | Eleak y Libre

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por el Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz es una ley totalmente antidemocrática y ad hoc contraria a los movimientos sociales. Según el ministro de Interior, gracias a esta nueva Ley se defenderán mejor los derechos civiles y libertades públicas de la ciudadanía y se garantizará mejor la seguridad de las personas, además de impedir la realización de actos ilegales, violentos y vandálicos.

Para poder asegurar los objetivos marcados por la nueva Ley, se han definido, entre otras cosas, tres niveles de faltas y 45 tipos de comportamientos, todos ellos castigables. El análisis de las propuestas deja claro que todos corresponden a diferentes tipos de acciones concretas organizadas por los organismos populares y presentes habitualmente en el desarrollo de las protestas sociales. Cabe destacar las relativas a la no comunicación de las concentraciones y manifestaciones; a la ocupación de instalaciones públicas, edificios institucionales o de interés artístico; la escalada o el asedio de las mismas, dificultando la salida y entrada a las mismas; a las que ponen en peligro la seguridad ciudadana, los escraches a personalidades, el insulto a los trabajadores públicos, especialmente a los dependientes de las Fuerzas Armadas y FSE; impedir o condicionar la celebración de actos públicos u oficiales así como filmar y emitir imágenes de las actuaciones de la Policía.

Resumiendo, quieren anular toda disidencia y todo recurso a la desobediencia civil. La nueva Ley castiga la libertad de expresión y deja en manos de la policía la interpretación delictiva o no de los hechos.

La conclusión es clara, la mencionada Ley es un nuevo instrumento para la imposición de un modelo social cada vez más injusto. De manera resumida, podemos afirmar que es una ley que fomenta la conculcación de los derechos civiles y políticos fundamentales, da más poder a la Policía y, además, fortalece su inmunidad. En dos palabras, es un arma dura y expansiva en contra de toda disidencia, diseñada para limitar nuestras actitudes, nuestros métodos de lucha y la construcción de un nuevo modelo social al que aspiramos.

Esta Ley fortalecerá la conculcación de los derechos civiles y políticos que venimos sufriendo durante los últimos años, especialmente la relativa al derecho de protesta y construcción de un modelo social alternativo al impuesto como son: el derecho a libre reunión, manifestación y organización, el derecha a la libre expresión, el derecho a recibir un trato digno, el derecho a decidir…

Y todo ello es debido a que frente a la fuerte reacción social generada por la crisis global del sistema, este, en lugar de buscar garantizar los derechos individuales y colectivos, pretender garantizar únicamente su «seguridad». En lugar de fomentar una legislación garante de los derechos civiles y políticos, está desarrollando una «política preventiva» que los limita y reduce Y, muchas veces, todo ello se realiza en nombre de la denominada lucha antiterrorista.

Es una vulneración de derechos que viene produciéndose en todas las democracias occidentales, especialmente después del 11S. Pero esa crisis es aún mayor en el caso del Estado español, donde a la crisis general hay que sumarle la suya propia.

Durante estos últimos años es cada vez más habitual encontrar en la Audiencia Nacional, además de los grupos de vascos y vascas inculpadas en los macrosumarios políticos, a ciudadanos y ciudadanas vascas también inculpadas personalmente por haber participado en huelgas, por trabajar en la defensa de los derechos de los presos y presas, por haber dado alguna rueda de prensa con acusaciones contra la corrupción, por haber solicitado algún permiso de manifestación o haber participado en alguna de las celebradas en contra del TAV, por haber creado un medio de comunicación alternativo e informar a la ciudadanía, por haber defendido la articulación de la desobediencia, por no haber leído suficientemente los límites en algún artículo de opinión, por haber participado en actos de Eleak o Libre…

Están haciendo enormes esfuerzos para desactivar la calle como espacio público de protesta. Quieren que la calle deje de ser el espacio para la comunicación, para la lucha, para las relaciones. La calle ha sido históricamente el espacio utilizado por la ciudadanía para poner límite al poder institucional o ha sido el lugar para fortalecer la transformación de la realidad social. Y así debe de seguir siendo.

Por todo ello, consideramos que en Euskal Herria es más necesario que nunca fortalecer el movimiento social en defensa de los derechos civiles y políticos. Y, para ello, debemos potenciar el debate y la reflexión. Solo conseguiremos nuestro objetivo si luchamos y trabajamos todos y todas juntos de manera colectiva y activa también en la calle.

Tenemos que recuperar entre todas y todos nuestros instrumentos de lucha, la libertad de expresión, de manifestación, de reunión… a la manera en que cada uno o cada una lo considere más oportuno.

En ese camino, el movimiento Eleak y las personas que a nivel local están trabajando en las dinámicas de Libre, y que así lo han deseado, estamos realizando un debate que concluirá el próximo día 11 de abril en Donostia, en el marco del Konpromiso Eguna, en el II Aniversario del Aske Gunea, con el objetivo de fortalecer el movimiento vasco en defensa de los derechos civiles y políticos, fusionando el trabajo de todos. Es tiempo de poner freno al desmantelamiento de los derechos y de los instrumentos sociales que nos pertenecen creando un muro popular. Un muro popular firme, alegre y combativo que haga frente a ello, a esta política. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana nos brinda una nueva oportunidad para ello. Nos encontraremos en el camino. El 11 de abril, todos y todas a Donostia.

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Esperanza Naranja

Les compartimos esta editorial de Gara con respecto al movimiento de solidaridad popular en favor de lxs jóvenes represaliadxs de Euskal Herria:

Compromiso naranja por los derechos de todos

Como es tristemente habitual en este país, varios jóvenes se encuentran a la espera del juicio que contra ellos tendrá lugar próximamente en la Audiencia Nacional española. Pero no esperan con resignación, sino promoviendo y participando en dinámicas de denuncia y protesta por su situación y la de tantos ciudadanos que han sido ya juzgados o esperan serlo por su actividad política. Ayer, junto a Eleak, anunciaron un acto nacional para el próximo día 14 en Gernika, que seguirá al «fin de semana naranja» que tendrá lugar en numerosos pueblos de Euskal Herria.

El pasado junio fueron absueltos otros 40 jóvenes acusados de los mismos «delitos» que estos 28, y lo fueron porque era de elemental justicia, hasta el punto de que el propio tribunal reconoció la probable existencia de torturas durante el periodo de incomunicación en dependencias policiales. Por fin, ese tribunal de excepción emitió una sentencia no sujeta a directrices políticas, sino al principio de seguridad jurídica, reconociendo que las declaraciones en situación de incomunicación no pueden ser utilizadas como pruebas. Pero los juicios políticos continúan. Durante décadas se ha utilizado el aparato judicial como instrumento político contra el independentismo vasco con nefastas consecuencias para un amplio sector de la sociedad. Y quienes se resisten a negar la evidencia del tiempo nuevo que vive este país siguen empeñados en aplicar métodos del pasado, que jamás han tenido justificación y ahora muestran más claramente su naturaleza antidemocrática y cruel.

Ese sentimiento naranja que se extiende entre la sociedad vasca se ha de transformar en compromiso, próximamente en Gernika, ciudad símbolo del sufrimiento de este pueblo, pero también de sus libertades. Cualquiera, independientemente de su ideología, puede identificarse con ese color, porque representa simplemente los derechos civiles y políticos de todos. Que el trabajo por una opción política no conlleve el riesgo de detención, tortura y prisión. Simplemente y nada menos que eso.

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Herri Harresia por Goñi

A dos años de la propuesta de paz emanada del Palacio de Aiete en Donostia el régimen español continúa con su obtusa estrategia de machacar la vida de los jóvenes vascos.

A tal punto llega su desdén por los derechos humanos que se dan el lujo de emitir mensajes que sonrojaría a cualquier político de otros lares europeos.

Para muestra, la chulería con la que la representante del estado español en la ocupada Nafarroa se ha referido al represaliado político Luis Goñi.

Los jóvenes iruindarras han respondido anunciando un muro popular en favor de Goñi como los que ya se han levantado en otros puntos de Hegoalde.

Aquí lo que nos reporta Gara:

Un muro popular defenderá a Goñi, al que Alba amenaza con detener si sale a la calle

La delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, advirtió ayer de que Luis Goñi será detenido hoy si, como adelantó, finalmente participa en el Herri Harresia convocado en Iruñea.

El joven anunció que no participará en la manifestación que partirá a las 12.00 desde los Golem, pero afirmó que la seguirá y que después saldrá a la calle.

Por su parte, los convocantes de la marcha respondieron que «intentarán evitar su detención mediante la desobediencia civil no violenta», como ocurrió antes en Donostia y Ondarroa, cuando sendos muros populares dificultaron las detenciones de otros jóvenes vascos.

Durante un acto de homenaje a la Guardia Civil, Alba indicó que «hay una persona condenada por un delito de terrorismo y, si se le localiza, antes, después o durante a manifestación, se le detendrá. Es lo que tenemos que hacer y no se puede decir nada más».

Desde Eleak señalaron que los agentes tendrán que pasar por encima del muro popular que se levantará en torno al joven de Barañain.

Con prendas naranjas

Desde la organización de la movilización se informó ayer de que el Ayuntamiento de Iruñea no ha dado autorización para la colocación del escenario y el uso de la megafonía al término de la misma. «Que nadie tenga ninguna duda, tenemos el permiso para realizar la marcha y vamos a llenar las calles de Iruñea», señaló.

Además, se ha hecho un llamamiento para acudir con alguna prenda de color naranja, en apoyo a Goñi y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Asimismo, a través de la red social Twitter se emplearán los hashtags #freegoñi y #herriharresia.

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Cacería en Barañain

Para Madrid la Conferencia por la Paz en el Palacio de Aiete nunca tomó lugar así como no está sucediendo el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración por parte de ETA.

Ellos a lo suyo, a recurrir a la violencia para pisotear los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.

Sus víctimas preferenciales... los jóvenes.

Aquí lo que nos reporta Gara:

La Guardia Civil envió a 20 agentes a una casa en busca de Goñi y Sagardoi

La Guardia Civil registró un domicilio de dicha localidad el pasado 2 de agosto en busca de Luis Goñi y Xabier Sagardoi, que en julio optaron por esconderse tras sufrir una condena política, sin hallarlos. Los impulsores del muro popular en su defensa lo sitúan como un intento de criminalizar la solidaridad, y decenas de personas acudieron a la convocatoria que realizó ayer Eleak frente al portal donde se produjo la operación, reiterando su compromiso.

Aitor Agirrezabal

Una veintena de agentes de la Guardia Civil registraron un domicilio de Barañain el pasado 2 de agosto en base a una orden judicial que pretendía detener a Luis Goñi y Xabier Sagardoi, según se supo ayer. Tras revelarlo, Eleak denunció la criminalización de la solidaridad con estas dos víctimas de una condena a cárcel por actividades políticas.

Bajo la premisa de detener a Goñi y Sagardoi, la «desproporcionada» operación se llevó a cabo «metralleta en mano», tal y como explicó Maider Caminos, encausada junto a los dos jóvenes en un principio y absuelta el pasado 23 de julio. En el mismo fallo, por contra, se ratificó la condena a estos dos jóvenes, que decidieron ocultarse para tratar de continuar con su actividad política y mostrar así su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo.

En contra de lo que decía la orden judicial, desde Barañain no descartan que la operación estuviese dirigida a amedrentar a aquellos que han mostrado su solidaridad con ellos. Si la intención era esta, tampoco tuvo éxito, ya que ayer decenas de vecinos se acercaron para seguir mostrando su compromiso contra esta sentencia que consideran injusta.

Desde el herri harresi se hizo un llamamiento a la desobediencia civil de distintas formas, entre las que se encontraba la de abrir las puertas a los dos jóvenes. La operación pudo tener como objetivo acabar con este gesto. Caminos fue tajante: «Es demencial que se tipifique la solidaridad como delito».

La presencia policial se ha incrementado de forma notoria durante las últimas semanas, lo que hace presagiar que «estos registros arbitrarios puedan seguir sucediendo». Pese a la constante amenaza policial, desde el muro popular invitaron a mantener la actitud adoptada: «Solamente el compromiso activo con la defensa de los derechos civiles y políticos puede detener la caza de brujas». Por ello, y pese a la criminalización de cualquier acto realizado en esta dirección, destacaron que han pasado «de la solidaridad al compromiso» y «las puertas de las casas siguen abiertas».

Quinto aniversario del arresto

Según han resaltado vecinos de Barañain a GARA, los agentes de la Guardia Civil que actuaron en el registro del domicilio a principios de agosto son los mismos que llevaron a cabo las detenciones de estos dos jóvenes en 2008. El sábado se cumplirán cinco años de aquellos hechos.

Recuerdan que tras la detención de 2008 tanto Goñi como Sagardoi fueron incomunicados y denunciaron haber sufrido torturas con las que buscaban la inculpación de otros jóvenes y la propia autoinculpación en la que se basa su condena.

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