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miércoles, 5 de julio de 2017

El Preso Político Simitrio

Lo que ustedes van a leer a continuación es muy común en Euskal Herria, el uso de la venganza como arma en contra de la insumisión.

Esto nos llega desde México, por conducto de la página Viento de Libertad:
Simitrio: la prisión como escarmiento

El informe sobre la represión integrado por el Comité Cerezo, ubica a Puebla como el estado donde se acumulan más ataques y agresiones contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de todo el país entre junio de 2014 y mayo de 2015 aunque no se contabilizó la detención de Fernando Alonso, otro de los líderes de “la 28”, ni la apertura de 26 averiguaciones previas contra Rita Amador, la esposa de Simitrio que ha encabezado las movilizaciones por su libertad.

Arturo Rodríguez García

Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, es un dirigente social poblano que en los años setenta fundó la Unión de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, en Puebla. Actualmente en prisión domiciliaria, él, su familia y la organización, han sido objeto de numerosas agresiones, encarcelamientos, torturas, levantones y asesinatos, el más reciente ocurrido hoy, cuando un comando mató a su hija, Meztli Sarabia, en las oficinas de la organización. A continuación, se reproduce su historia, publicada en este sitio web el 21 de octubre de 2015.

Hay días en que la turba beligerante irrumpe barriendo con hombres, mujeres y niños en ese colorido anárquico, profusión de productos varios, que es el Mercado Hidalgo. Avanzan desperdigándolo todo, dando de palos. Hay otros días en que los gases lacrimógenos y el olor de la pólvora, ingresan furiosos con las formaciones policiacas, mezclándose con esencias de verdura, carne y herbolaria.

Las redadas policiales o el ataque de pandilleros con mando incierto pueden repetirse como sucede desde hace un año, y desde que el dirigente, Rubén Sarabia Sánchez, está preso. En los últimos 20 años, la prisión se volvió lugar conocido para unas 30 familias de comerciantes que, sin embargo, corrieron mejor suerte que sus tres compañeros asesinados en el mismo lapso, así que de golpizas y cárcel saben.

Un hombre corpulento, mandil blanco percutido de sangre, se declara listo para marchar a la Ciudad de México, y dejar encargada su carnicería el 22 diciembre, día de ventas mayores, fecha esperada durante los últimos meses de 2014. Van a denunciar en la secretaría de Gobernación que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es un represor que fabricó cargos contra su líder, un hombre de 59 años que ha pasado una cuarta parte de su vida en prisión y a quien también conocen como “Simitrio Tzompasquelli Tzila”.

La gente del Mercado Hidalgo delibera. Las ventas de diciembre son su esperanza anual y saben que la detención de sus dirigentes puede ser un cálculo que supone su indisposición para la protesta. Aun así, la decisión está tomada.

Simitrio fue apresado la mañana del 19 de diciembre y Rita Amador, su esposa, se colocó al frente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”. Es ella quien preside la concentración, pormenoriza la bitácora de males y convoca a la marcha.

Dos semanas antes, el 28 de noviembre de 2014, el domicilio de Atl Rubén Sarabia Reyna, uno de los hijos de Simitrio, fue cateado porque supuestamente, en la vivienda, había drogas. Ahí detuvieron a Atl, a su hermana Claudia Alejandra López, a la madre de ambos, Irma Reyna Martínez, y a otro familiar, Juan Pablo Arroyo. Se los llevaron y durante horas les insistieron en acusar a Atl y a su hermano Xihuel, de narcomenudistas. No lo lograron y todos recuperaron su libertad denunciando que, entre las pertenencias que les decomisaron los policías les sembraron bolsitas con droga.

El Mercado Hidalgo es ambiente festivo, voces que ofertan, sobreposiciones musicales que compiten por hacerse escuchar, planchas incandescentes que regurgitan vahos de maíz y de salsas… como cualquier mercado mexicano, en invocación material de una tradición milenaria, pero por más prehispánico que a veces se vea, no es tianguis convencional: junto a letreros de ofertas lucen carteles que acusan el mal gobierno; hay letreros de identidad comercial cubiertos por lonas que piden libertad a los presos políticos; y, si el persistente mensaje es de libertad para Simitrio, también hay espacio para exigir justicia por los 43 de Ayotzinapa.

Ahí, hombres y mujeres oferentes de ideología maoísta –”columna vertebral” del movimiento social poblano según el Tribunal Permanente de los Pueblos–, acuerdan marchar por Simitrio, un hombre al que mantienen su lealtad a pesar de que lleva encima tres décadas de prisión y pesquisas judiciales.

Ya en la Ciudad de México, en Bucareli y Reforma no los esperan los colectivos que regularmente los esperarían para solidarizarse, porque están mermados por las redadas policiales de las semanas previas o bien, porque esta vez han delimitado sus acciones a sus propias causas o porque aun el movimiento social sucumbe a las fiestas navideñas.

El 22 de diciembre de 2014, el contingente fija una postura frente a las vallas metálicas y los contingentes de granaderos que resguardan las inmediaciones de la secretaría de Gobernación. Luego salen rumbo al Ángel de la Independencia. No esperan que hasta ese lugar llegue la policía poblana para detener con violencia, rompiendo los vidrios de sus vehículos, a Atl Rubén y a su hermano Tonatiuh, los hijos de Simitrio.

Golpeado, Tonatiuh queda libre momentos después, pero Atl va preso al penal de San Miguel, de Puebla, donde no lo esperaba su padre.
Prolongada aflicción

Cosas de la reclusión. Una celda de visita conyugal, una ventana cubierta con placa metálica, puerta de cinco cerrojos que se anteponen entre el interno y la población penitenciaria; las llaves las tiene el director del penal, ningún custodio. Cuando las acciones judiciales o la movilización popular amenacen la imagen institucional, habrá visita familiar y consulta con abogados pero condicionada a la presencia de un celador que tomará nota de cada palabra, gesto o lamento de locutorio. La consecuencia de los lamentos, marchas o denuncias, se verá en los alimentos sazonados con cucarachas y gusanos.

Hay veces que el viento brama, se oye el crepitar de la lluvia o la onda expansiva del trueno, y hay otras en que el silencio de los elementos naturales es absoluto, se capta por otros sentidos.Olor a cemento mojado; sudoración pegajosa por la humedad de los muros pringosos; dolencias reumáticas que alimentan la esperanza en la llegada de la primavera. En cuatro años y ocho meses, la vista es don cancelado, la luz del sol y el firmamento nocturno son recuerdo deforme.

Esa reclusión “se traduce en una aflicción de ánimo; en una especie de tortura”, diagnosticó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al documentar las condiciones carcelarias de Rubén Sarabia Sánchez, en la Recomendación 7/91, dirigida enmarzo de 1991 al entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, quien la rechazó.

La aflicción inició el 4 de julio de 1989, al salir de una clínica de la colonia Roma, en el Distrito Federal, cuando unos 30 policías poblanos lo detuvieron sin orden judicial. En los tres días que siguieron, fue trasladado a Puebla y regresado a la capital, con los ojos vendados, sometido a torturas físicas y psicológicas. Hasta el 7 de junio de 1989 fue a parar al penal de San Miguel, en Puebla, donde fue recluido en la celda de la visita conyugal número 2. Ahí se enteró de que había seis procesos contra él por delitos del fuero común y dos del fuero federal. Estuvo en esa prisión hasta el 10 de diciembre de 1993 cuando iniciaron los traslados sin previo aviso a penales federales.

Primero fue al Módulo 1 del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde tenía por compañía a los líderes de grupos criminales. Se le prohibió cantar y silbar para matar el tiempo. Por quejarse de la comida condimentada con insectos, lo enviaron al Módulo 4, donde habitan, desquiciados, los farmacodependientes en angustiante malilla.

Cuatro años después de su llegada, lo mandaron a Almoloya, a pasar más tiempo en el penal del Altiplano. Fue el 27 de octubre de 1997. Ahí lo mantuvieron hasta el 11 de abril de 2001, cuando fue excarcelado bajo un acuerdo judicial de destierro y sujeción: debía firmar dos veces por semana, en el penal de Neza-Bordo, durante 13 años nueve meses; se le impuso como domicilio el Distrito Federal de donde no debía ausentarse sin autorización previa, por lo tanto, no podía regresar a Puebla, pues de incumplir, se revocaría su libertad.

A 25 años de su detención, el 28 de octubre de 2011, regresó a Puebla y asumió el liderazgo de la organización que había ayudado a crear en los años setenta. Seguiría firmando dos veces por semana, hasta febrero de 2015, pero dos meses antes de conseguir su libertad plena, el 16 de diciembre de 2014, fue detenido y encarcelado, para cumplir una sentencia que se extiende más allá del año 2050.
Herencia de represiones

Rafael Moreno Valle es nombre de investigación histórica y actualidad noticiosa. Dos gobernadores con el mismo nombre, una generación entre ellos, idénticos reclamos.

Hombre del sistema, próximo al presidente Gustavo Díaz Ordaz, de quien fue secretario de Salubridad, el general Rafael Moreno Valle, asumió la gubernatura de Puebla en febrero de 1969. A 15 días de tomar posesión, el Excélsior de Julio Scherer, por conducto de su corresponsal, Manuel Sánchez Pontón, daba cuenta de la primera represión morenovallista: la masacre de 18 campesinos en Huehuetlán.

El 14 de septiembre de ese mismo 1969, fue asesinado el industrial textilero, José Luis Zahuita Mercado. El 28 de enero de 1970, alrededor de 30 campesinos fueron masacrados en Monte de Chila, Xicotepec. El 8 de julio de ese año, el periodista Sánchez Potón, también director del diario local La Opinión, fue víctima de un atentado. En medio de los escándalos por sus represiones, Moreno Valle, dejó el cargo en 1972.

En 1973, una masacre estudiantil cobró cuatro víctimas el 1 de mayo, cuando estudiantes intentaban protestar en el desfile oficial del Día del Trabajo y fueron acribillados. En esos hechos murieron Alfonso Calderón Moreno, Enrique González Romano, Manuel Medina Cuevas y, Norberto Suárez Lara. El 4 de mayo siguiente, fue asesinado también Gilberto Suárez Ávila. Las acusaciones recaían sobre el gobernador Gonzalo Bautista O´Farril, quien sustituyó a Moreno Valle en el cargo y que una semana después de la matanza estudiantil, renunció.

Rubén Sarabia, era un universitario que participaba en el movimiento de reforma a la casa de estudios. Su formación política tenía origen familiar, pues su padre y otros parientes participaron en el movimiento ferrocarrilero.

Ese violento 1973, registró la limpia del centro de la ciudad de Puebla. Agentes armados y maquinaria, arrasaron con vendedores ubicados en el sector conocido como La Victoria, lo incendiaron todo. El número de víctimas quedó indeterminado, aunque suele mencionarse al menos la muerte de un recién nacido y de un anciano.

Fue así como surgió la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, que dejaron de ser ambulantes para ubicarse en el Mercado Hidalgo en la avenida Héroe de Nacozari. Años después, Rubén Sarabia se convertiría en líder de la organización que extendió su influencia a siete mercados, organizaciones de colonos desahuciados y transportistas, hasta que en 1989, incómodo al gobernador Mariano Piña Olaya, fue encarcelado.

En 1960, una película llamada “Simitrio” contaba la historia de un pequeño con ese nombre que debió ausentarse de la escuela donde sus compañeros, haciéndose pasar por él, jugaron crueles bromas a un maestro invidente. La película fue muy popular y, en 1977, un grupo de universitarios detenidos durante una protesta, chacoteando tras las rejas, hallaron un parecido físico en su compañero de celda Rubén Sarabia y el niño de la película.

Con ese apodo, el líder de “la 28” es conocido hasta ahora que volvió a caer preso, por una aparente suplantación de su identidad, luego de marchar y denunciar la política represiva del segundo gobernador Rafael Moreno Valle, a quien se le apoda “el Gober Bala”.
Los tiempos del “Gober Bala”

A 25 años de prisión y exilio, Simitrio volvió a Puebla en 2011 para conmemorar el nacimiento de la organización. En el Zócalo de la ciudad, ante 5 mil personas que acudieron arecibirlo, cuestionó la “guerra” contra el narco de Felipe Calderón, de la que se vale el Estado, dijo, para reprimir movimientos sociales.

Con el paso de los meses, la situación tomó precisamente ese cauce. En febrero de 2014, el entonces secretario de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, dijo que el 80% de la droga que se vende en la ciudad sale del Mercado Hidalgo y, de acuerdo al testimonio rendido por Simitrio al Tribunal Permanente de los Pueblos, fue Maldonado quien le anunció que había averiguaciones previas contra sus hijos por narco. En la misma conversación, Maldonado dijo que el gobierno estatal exigía “subordinación absoluta”.

El 19 de diciembre de 2014, Simitrio fue detenido cuando acudía a una reunión en el ayuntamiento de Puebla. El encarcelamiento se fundó en una supuesta denuncia por despojo de tierras, en Tlaxcala, donde el querellante ya había admitido que no se trataba de la misma persona. No obstante, la justicia poblana “coligió” que tuvo mala conducta y revirtió su libertad condicional a dos meses de que obtuviera su libertad plena.

Entre otras acciones previas a la detención de Simitrio, emprendidas por el gobierno de Moreno Valle, los comerciantes ubicados en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, fueron desalojados el 2 de abril de 2014 a pesar de pagar 4 mil pesos mensuales de renta al gobierno. Fue Atl Sarabia quien denunció los hechos. Su padre, dijo entonces, que la idea del mandatario era que se instalaran ahí franquicias internacionales. Para entonces, Simitrio empezó a denunciar vigilancia policiaca y militar en el Mercado Hidalgo.

Inconexos, los diferentes movimientos sociales poblanos resentían la mano dura del gobernador: decidió eliminar el sistema de mototaxis y en el intento se desataron enfrentamientos entre policías y conductores; efectuó el despido masivo de los trabajadores del Hospital del Niño Poblano para construir otro; la prisión para dirigentes indígenas y campesinos que se oponen al energético Proyecto Integral Morelos. Se acumularon los asesinatos de dos líderes indígenas de la Sierra Norte, que se oponen a termoeléctricas y compañías mineras; el asesinato del niño José Luis Tehuatlie, en Chalchihuapan, durante un operativo policiaco; los desalojos y la prisión a cuatro dirigentes que se oponen a un proyecto turístico, el parque intermunicipal, en Cholula. Encabezada por Simitrio, a través de 2014, “la 28”, fue la organización que tuvo los contingentes más nutridos en las diferentes marchas contra la represión que se realizaron en Puebla.

El informe sobre la represión integrado por el Comité Cerezo, ubica a Puebla como el estado donde se acumulan más ataques y agresiones contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de todo el país entre junio de 2014 y mayo de 2015 aunque no se contabilizó la detención de Fernando Alonso, otro de los líderes de “la 28”, ni la apertura de 26 averiguaciones previas contra Rita Amador, la esposa de Simitrio que ha encabezado las movilizaciones por su libertad.

Desde el 20 de septiembre, hay un plantón por tiempo indefinido en el Zócalo de Puebla. A finales de agosto, los dirigentes de “la 28”, informaron que Simitrio estaba mal de salud y que las autoridades penitenciarias le negaban atención médica. En diez meses, desde aquella reunión de diciembre, registran el desalojo de diez zonas de venta, ataques en el mercado Zaragoza, varias golpizas a los vendedores de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el encarcelamiento de Fernando Alonso.

Lo previó Simitrio en abril de 2014:

    “Esto no es casual. En el país hay una situación de guerra y el gobierno se vale de eso para reprimir en distintos niveles y generar un ambiente de disuasión por miedo”.








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sábado, 15 de noviembre de 2014

México en Caída Libre

La clase política mexicana está en auténtico estado de putrefacción

Con la atención del mundo sobre la nación como consecuencia del caso de los 43 detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupada por este tema y el de Tlatlaya, con representantes de los principales organismos internacionales dando seguimiento a los ires y venires de los cuerpos "de seguridad" del estado... sucede lo que relata esta nota publicada en la página de los compas de Sin Embargo:



Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor de 13 años que murió tras recibir un impacto de un artefacto disparado por elementos de la Policía Estatal de Puebla el pasado 9 de julio, en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, acudió este día al VI Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia en el estado, sin embargo, organizadores del evento la sacaron.
Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, acompañó a Elia, pues ella recibió una invitación de representantes internacionales que acudieron al Congreso, mismo en el que se reunirían de manera privada para hablar sobre su caso, sin embargo, al estar en una sala con una comisión cuyos representantes eran de Alemania, Bolivia y Venezuela, los sacaron del lugar.
“Ellos fueron quienes la invitaron, ella no fue a meterse. Era una reunión privada, no se iba a hablar en público, simplemente era una reunión privada con organizaciones internacionales”, dijo el activista.
Tras estar una hora en el lugar con la comisión internacional, se les dijo que estaba prohibido hablar sobre el tema de José Luis y que debían salir porque no podían estar en ese lugar. “Nos querían sacar por la puerta trasera, pero no lo hicimos porque no somos delincuentes”.
Las personas de las organizaciones, aseguró Hernández Fernández, también se ofendieron, principalmente la persona de Alemania, quien pretendía hacer un pronunciamiento sobre el caso, pero se lo prohibieron. ”Salimos rodeados de seguridad, pero también se fueron con nosotros las personas de las organizaciones internacionales”, explicó.
Una comisión de la ONU salió también en solidaridad con Elia y se reunieron afuera donde platicaron más sobre el caso.
Al Congreso acudieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como un jefe de la Delegación de la Unión Europea en Mexico, entre otros.

El pasado 9 de julio, la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan se manifestó en la autopista Puebla-Atlixco para exigir la restitución del servicio del Registro Civil a las oficinas de las Juntas Auxiliares, un operativo bajo el mando del Secretario de Seguridad del estado, Facundo Rosas Rosas, acudió para dispersar a la gente, sin embargo, cuatro personas resultaron detenidas y nueve heridos, entre ellos José Luis de 13 años que murió 10 días después de los hechos debido a las lesiones que recibió en la cabeza tras el impacto de un artefacto disparado por los uniformados.
Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una averiguación por violaciones graves y emitió 11 recomendaciones dirigidas al Gobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo, éstas hasta el momento no se han cumplido.
Además, el gobierno estatal clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista Puebla-Atlixco. Así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
Una de las recomendaciones de la CNDH indica que el gobierno estatal debe ofrecer una disculpa pública a las personas agredidas, entre ellas a la mamá de José Luis, además de una compensación para reparar el daño, sin embargo, el 17 de octubre, a las 15:00 horas, las autoridades estatales enviaron una invitación a un presunto evento público, para cumplir el mandato, mismo que se llevaría a cabo ese viernes, a las 19:00 horas.
Respecto a las compensaciones, hasta el momento se desconoce el monto total, pero en el caso de Hugo Jiménez Varela, un joven que perdió la vista en su ojo izquierdo y que ha gastado más de 100 mil pesos para atenderse, sólo le han ofrecido dos bolsas de despensa.
“Llegaron [dos mujeres] un día lunes a mi casa preguntando por mi nombre, pero en tono de burla me dijeron que quedó bien mi ojo, que hicieron un buen trabajo y como les respondí un poco agresivo me dijeron: ‘no te enojes, aquí te mandan dos bolsas de despensa’, las dejaron en el piso y se fueron”, afirmó durante un foro en la Casa de la Aduana Vieja ante investigadores de diversas unidades académicas de Puebla el mes pasado.
También la madrugada del pasado 19 de octubre, elementos de la Policía Ministerial de Puebla ingresaron a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan para detener a cinco personas, esto bajo el pretexto de cumplir con otra de las recomendaciones de la CNDH donde se pedía el castigo a las personas implicadas en la manifestación.
Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua, a quienes se les imputaron los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, alcanzaron fianza. El primero obtuvo su libertad tras pagar 43 mil pesos de fianza y Álvaro García, pagó 49 mil pesos.
Sin embargo, Florentino Tamayo Ponce, Fausto Montiel García y Vicente Juárez Varela, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de la comunicación, no alcanzaron la libertad bajo fianza y se les dictó auto de formal prisión el pasado viernes 24 de octubre a las 2:00 de la mañana.
Desde entonces, la comunidad se mantiene en vigilancia las 24 horas del día, pues aseguran no dejarán pasar a elementos de Seguridad Pública para hacer más detenciones. Además, en al menos dos ocasiones patrullas y camionetas ministeriales han acudido a las entradas de la población para intimidar a sus habitantes.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/13-11-2014/1167426. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX








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sábado, 12 de julio de 2014

Lecciones Borbónico Sionistas para México

Para nadie es un secreto que la clase política mexicana es abiertamente hispanista. Tienen una clara tendencia hacia la abierta admiración con respecto a sus contrapartes españoles. Los partido de derecha celebran las foto-oportunidades con miembros del PP mientras que los de izquierda no pierden oportunidad para agasajar a dirigencia y militancia del PSOE. Claro, también existen los "cross-overs" como Marcelo Ebrard del PRD quien le entregó las llaves de la Ciudad de México a Alberto Ruíz Gallardón del PP.

A eso se suma su abierto sionismo. Como herencia de su acendrado adoctrinamiento católico ven a los israelíes como los auténticos dueños de Palestina y cada vez que Israel lleva a cabo alguna de sus operaciones de exterminio el público mexicano es sometido a una gira diplomática por parte del embajador israelí a las televisoras mexicanas donde desvergonzadamente se vanagloria del "divino derecho del pueblo de Israel a defenderse".

Pues bien, a fuerza de esto, ahora la clase política mexicana, cada vez más inclinada al autoritarismo propio de los regímenes dictatoriales iberoamericanos, copia estrategias represivas del estado español mientras utiliza cínicas excusas para justificar sus crímenes. Lean ustedes:

Gabriela Hernández
Pese a que el gobierno de Rafael Moreno Valle responsabilizó a manifestantes por haber herido a un niño de 13 años durante el operativo de desalojo ocurrido el miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco, la madre del menor aseguró que fueron policías estatales quienes provocaron que ahora su hijo se debata entre la vida y la muerte.

En entrevista sobre este hecho, que fue interpretado como una aplicación de la llamada “ley bala”, Moreno Valle justificó la actuación de la policía y acusó a los manifestantes de ser los responsables de que menores hayan resultado heridos durante el operativo.

“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.

Lo lamentable, acusó, “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.

El gobierno, prosiguió, “tiene que responder, y sobre todo con protocolos y policías lastimados que dan cuenta, además, de que aquí hubo agresiones fuertes en contra de la autoridad pero, insisto, el punto fundamental son los ciudadanos que tiene que trasladarse a su casa, a cualquier actividad y que se ven afectados”, argumentó el mandatario.
El gobernador dijo que pese a la protesta que ha generado la medida de concentrar las oficinas del Registro Civil en las cabeceras municipales, “no hay marcha atrás” en esa medida, pues la dependencia está en un proceso de modernización; además que se busca combatir la corrupción que permitía que incluso personas de origen centroamericano obtuvieran actas de nacimiento.

En un boletín, también sostuvo que la madre del menor dijo que su hijo fue “presuntamente lesionado por los pobladores que lanzaron cohetones, piedras, palos, bombas molotov y diversos objetos para causar daño a los policías estatales que realizaban la liberación de la vía”.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que Elia Tamayo, madre del menor herido, acudió ante esa instancia para acusar que fueron uniformados los que provocaron una herida en la cabeza del menor, sin que se precise con qué tipo de arma se concretó la agresión.

“Los granaderos estaban aventando cosas que explotaban y, cuando yo oí eso, mi hijo cayó a un lado; yo venía como a cinco metros”, denunció ante los medios de comunicación la mujer, quien precisó que los integrantes de su familia trabajan como jornaleros.

El niño fue internado en el hospital General del Sur, donde los médicos reportan su estado de salud como delicado.
Tamayo insistió en que el ataque que provocó la herida de su hijo provino de donde se encontraban los policías que la tarde del miércoles desalojaron a un grupo de habitantes de la San Bernardino Chalchihuapan, quienes bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco para exigir que las oficinas del Registro Civil sean retornadas a las Juntas Auxiliares.

En la comunidad de Chalchihuapan, los habitantes aseguraron que había alrededor de 100 personas heridas, algunas de ellas por balas de goma, que –denunciaron— accionaron los policías.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal rechazó que se hayan utilizado ese tipo de municiones en el operativo.

Vladimir Luna Porquillo, líder del Movimiento los de Abajo, denunció que hasta esta tarde la PGJE no había informado a qué Agencia del Ministerio Público había turnado a las cinco pobladoras de Chalchihuapan que fueron detenidas durante el operativo.

Tras la batalla campal que se desató la tarde del miércoles, los habitantes de esa comunidad se apoderaron de toletes, escudos y cascos que arrebataron a los policías y se prepararon para enfrentar la posible entrada al pueblo de grupos de policías, pues retuvieron a uno de los uniformados para exigir que se liberada a los cinco detenidos.

Esta madrugada dejaron entrar una ambulancia a la comunidad para trasladar a un hospital al policía, quien se encontraba herido y sólo recibía atención del médico de la clínica local.

Luna Porquillo aseguró que la manifestación que realizaron no era para cerrar la autopista, sino para marchar hacia la ciudad de Puebla, con el objetivo de participar en una protesta conjunta con habitantes de otras Juntas Auxiliares que también reclaman que el Registro Civil continúe cercano a los pueblos para evitar mayores costos.

Además, dijo que este conflicto se generó porque el gobierno del estado y el Congreso local no consultaron a las comunidades sobre una medida que afecta directamente a sus habitantes.

Esta misma tarde los lugareños esperaban la llegada a Chalchihuapan de representantes de la CNDH para denunciar la presunta represión de la que fueron objeto por parte de los policías.

Avala CNDH la “ley bala”

En otro comunicado, el gobierno de Puebla informó que la CNDH avaló la constitucionalidad de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales, también llamada “ley bala”.

Precisó que en respuesta a la solicitud hecha por el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla, el pasado 21 de mayo, la directora general de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, concluyó que en la ley no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos.

“El oficio de la CNDH agrega que, en virtud de los resultados de su análisis, “no se promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar algún precepto de la ley referida.

“Todo lo anterior ratifica que este ordenamiento promueve el pleno respeto a los derechos humanos y se apega a los protocolos y convenciones internacionales, de mayor avanzada, al regular el uso gradual y proporcional de la fuerza pública”, concluye el boletín emitido por el gobierno de Puebla. 




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