La Evidencia

En Naiz se hace un ejercicio de memoria reciente enfocándose en el ejercicio democrático y soberanista llevado a cabo por el pueblo catalán.

Adelante con la lectura:

1-O, el referéndum que dejó la evidencia de una España autoritaria

GARA desplegó en Catalunya seis periodistas para cubrir de primera mano el referéndum del 1 de octubre de 2017. Era un día histórico para Catalunya, pero desde Euskal Herria también se vivió con gran fervor. Un pueblo defendiendo su derecho a decidir frente a la fuerza de un Estado, eso es algo que no se ve todos los días.

Asier Robles

El 1 de octubre de 2017 se recordará para siempre en Catalunya. Ya lo advertía el periodista de GARA Beñat Zaldua en la primera frase del reportaje que escribió desde Barcelona sobre lo ocurrido parafraseando al cantautor Ovidi Montllor y citando uno de los lemas de la jornada: «Será un día que durará años».

El Estatut «cepillado» en 2006 por el Parlamento español, la crisis del 2008 y un Estado intransigente hacia las demandas de las naciones que encierra fueron, entre otras cuestiones, el caldo de cultivo para que el independentismo catalán ganase cada vez más apoyos y se plantará en aquel referéndum amparado por la mayoría independentista del Parlament y, sobre todo, por una gran parte de la sociedad catalana muy bien organizada y muy decidida. Pero el Estado español, representado por el gobierno de Mariano Rajoy (PP), también estaba decidido ha impedirlo.

Ya el titular de la propia portada del periódico del 1 de octubre hacía presagiar lo que acabamos viendo durante el día: «Catalunya acude a las urnas bajo el estado de excepción español». Y es que aquel día, aunque evidentemente no será recordado por el día en el que Catalunya consiguió su independencia, sí será recordado por dos cuestiones: La primera es por una gran movilización y organización popular que queda como lección para todo el mundo. La segunda es la violencia y la actitud autoritaria con la que el Estado español respondió a quienes tan solo querían ejercer el derecho a decidir.

Como todo lo que concierne a los procesos proindependentistas de Europa y, en especial, de las naciones bajo el poder del Estado español o francés, en Euskal Herria esa jornada, y todo su contexto, también se vivió con gran fervor. GARA dio respuesta a esa demanda de información realizando un gran despliegue de medios y dedicando 16 páginas de su edición del siguiente día a informar sobre el acontecimiento. Junto al ya mencionado Zaldua, viajaron para informar desde el lugar los periodistas Iraia Oiarzabal, Ion Telleria, Manex Altuna, Aitor Agirrezabal y el propio director Iñaki Soto.

Una cronología explicaba a grandes rasgos lo que había dado de sí el día: la vigilia nocturna en los centros de votación; la llegada de las urnas por la madrugada ante la sorpresa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el comienzo de la votación a las 09.00 de la mañana; la irrupción violenta de la Guardia Civil y la Policía española frente a los miles de voluntarios que ponían su cuerpo para frenarles y que la gente pudiese votar; los ataques informáticos con el objetivo de sabotear el referéndum; las declaraciones de enojo y odio del Gobierno español…

«Catalunya desborda al Estado» fue la frase que estampó GARA en su portada del 2 de octubre y que junto al titular de la noticia principal, «Catalunya burla el veto de Madrid y el Govern apunta a la declaración de independencia», definía lo que había supuesto ese 1-O. Pese a detener a altos cargos, amenazar a 700 alcaldes, intervenir las finanzas catalanas, movilizar más de 10.000 policías, buscar las urnas como pollo sin cabeza y entrar cargando a los colegios electorales, el Estado español no pudo impedir que 2.286.217 personas (de un censo de 5.313.564) lograran votar. El «sí» a la independencia ganó con un 90,18% (2.044.038) de los votos, frente al 7,8% (177.547) que votó «no».

Las imágenes de la brutalidad policial dieron la vuelta al mundo. «Mazas para derribar puertas, cizallas para cortar candados, golpes a mansalva… Policía y Guardia Civil asaltan las urnas sin importarles la resistencia pasiva masiva ni las miles de cámaras que difunden al mundo lo que ocurre». 893 civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Catalunya, la mayoría heridos leves, aunque varias personas requirieron hospitalización.

GARA también se hizo eco de las reacciones internacionales. «El mundo asiste estupefacto al striptease antidemocrático español», titulaba Iker Bizkaguenaga la noticia sobre este aspecto. En ella resumía cómo medios internacionales de todo el globo, desde la agencia china Xinhua hasta el estadounidense 'The New York Times' habían informado de la jornada centrándose en la represión policial.

También mencionaba las declaraciones de varios líderes políticos europeos, como el líder laborista británico Jeremy Corbyn, que pidió una solución política y denunció que «la violencia policial contra los ciudadanos en Cataluña es escandalosa»; el primer ministro belga, Charles Michel, que señaló que «la violencia nunca puede ser la respuesta»; la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que instó a Madrid a «dejar que la gente vote pacíficamente»; o el presidente de Eslovenia, Borut Pahor, que señaló que «hoy realmente muchos corazones eslovenos laten a favor del pueblo catalán». También desde el mundo de la cultura, personalidades como Irvine Welsh o J.K. Rowling mostraron su indignación ante lo vivido.

El referéndum dio mucho que hablar y el tema ocupó la portada durante los días siguientes. «El Govern apunta a la Declaración Unilateral de Independencia y apela a la mediación Europea», «El rey amenaza a Catalunya tras un masivo paro cívico» recogía GARA los días 3 y 4 de octubre, dejando evidencia de lo complicado de la situación. De hecho, el pulso entre Catalunya y el Estado alcanzó su mayor nivel de tensión con la irrupción del monarca Felipe de Borbón llamando en un tono amenazante a «restaurar el orden constitucional» y «defender la unidad de España».

Esa tensión duró todo el mes de octubre, con una Declaración de Independencia que duró menos de un minuto; las detenciones de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana respectivamente; la huida a Bélgica del president Carles Puigdemont para evitar ser encarcelado; la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para intervenir la autonomía de Catalunya y convocar nuevas elecciones; o el encarcelamiento de líderes soberanistas como Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Jordi Turull. «Free all catalan political prisoners», publicaba GARA en su portada del 3 de noviembre. El resto es otra historia.

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Otegi | Construir Otro Horizonte

Les recomendamos leer y releer este texto que Arnaldo Otegi a dado a conocer en las páginas de Público:

Construir otro horizonte

Arnaldo Otegi | Coordinador General de EH Bildu

Hace apenas unas semanas se aprobaron los últimos presupuestos generales de una legislatura, sin duda, excepcional, tanto por las mayorías que la han sostenido como por haber estado condicionada por hechos tan determinantes como una pandemia, que ha cuestionado las políticas de privatización de las estructuras sanitarias y los recortes de carácter social, además de una guerra que continua siendo una amenaza en términos vitales, sociales y económicos para las clases populares tanto de Euskal Herria como del conjunto de los pueblos y naciones del Estado.

El gobierno de coalición PSOE-Podemos fue y sigue siendo posible gracias a un acompañamiento crítico del independentismo de izquierdas catalán y vasco sin precedentes en el postfranquismo. Este acompañamiento ha sido y es, sin duda, fruto de  una decisión política orientada por un lado, a la neutralización de cualquier avance neofascista y, por otro, en la hipótesis de que se podría abrir un horizonte de cambio en cuestiones estructurales que el Régimen del 78 ha tratado en vano de hacer irreversibles en estas últimas largas décadas.

El Estado venía de dos legislaturas de Rajoy, condicionadas tanto por una revolución popular democrática y pacífica en Catalunya respondida a golpe de represión institucional (155), judicial y policial; como, por la cristalización institucional del movimiento 15-M (Podemos). Estábamos en un momento de encrucijada y polarización sociopolítica que ponía en evidencia el desgaste del llamado Régimen del 78. En ese momento, la izquierda independentista vasca adoptó una decisión trascendente e inédita en nuestra ya dilatada trayectoria política. Decidimos dar una oportunidad a la constitución de un Gobierno de coalición, sin antecedentes desde la Segunda República, evitando así una "gran coalición" (PSOE-PP) alimentada como alternativa por poderes económicos, mediáticos y fácticos del Estado, que contaban además con Vox como un nuevo instrumento de agitación político-institucional para tratar de reinstaurar una nueva coyuntura histórica de marcado carácter reaccionario.

Éramos conscientes de la importancia de nuestra decisión y de los distintos perfiles que podía tener la misma. Pero estábamos convencidos que abrirle la oportunidad a la conformación de ese Gobierno de coalición, más allá de los acuerdos que se han ido alcanzando, podría favorecer y generar condiciones para que los sectores de "izquierda" en el Estado abordasen en profundidad un debate sereno sobre los necesarios cambios tanto en el modelo territorial como en la recuperación de derechos sociales y económicos recortados por las políticas neoliberales del PP. Era una decisión táctica con, eso sí, la mirada puesta en un horizonte de profundización estratégica como movimiento independentista, socialista y feminista.

Tras la investidura, la legislatura se enfrentó a una pandemia que trastocó la agenda política, priorizando en buena lógica las medidas para afrontar sus enormes consecuencias sanitarias y socioeconómicas. EH Bildu, con independencia de las críticas en torno a muchas decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez, ha sido determinante en el impulso de medidas destinadas a configurar un "escudo social" y abordar la respuesta sanitaria a la covid-19. Posteriormente, la guerra en Ucrania, unida a la espiral inflacionista y a la crisis energética, nos ha introducido en un escenario donde la prioridad por responder a las demandas de las clases populares vascas y del conjunto del Estado -castigadas por la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de precios, piratería de las empresas energéticas, encarecimiento de las hipotecas- ha marcado también nuestra posición ante las iniciativas del Gobierno PSOE-Podemos.

En estos tres años, el independentismo vasco de izquierdas ha mantenido con respecto a su política en el Estado una posición que ha combinado responsabilidad, compromiso con las clases populares vascas y de solidaridad con las del conjunto del Estado Español, con apoyos determinantes a cambios legislativos y medidas socioeconómicas junto al logro de algunos avances significativos para Euskal Herria en clave de inversiones o autogobierno.

Para EH Bildu esta dinámica política tiene que abordar, a futuro , un nuevo horizonte que afronte los necesarios cambios estructurales que en clave política y social son imperativos en el Estado. Además de blindar una agenda social que garantice los derechos de las grandes mayorías sociales, es indispensable e inaplazable que el debate sobre el modelo territorial se abra camino en la agenda política. El modelo constitucional-estatutario vigente, heredero de la filosofía de aquel "café para todos" fruto de una LOAPA impuesta desde el auto-golpe de Estado del 23-F, está hoy en día más cuestionada que nunca por las mayorías institucionales y populares tanto en Euskal Herria como en Catalunya, así como en sectores amplios de la propia izquierda española. Las demandas nacionales de esas mayorías políticas han recibido, hasta ahora, un rechazo institucional (Plan Ibarretxe) y la represión institucional (155), jurídica y policial contra el ‘proces’ catalán. Estas respuestas antidemocráticas hicieron converger al PSOE y al PP en la supuesta defensa "del orden constitucional".

Para nosotros, y lo decimos con la máxima humildad, las izquierdas plurinacionales del Estado y todos los sectores progresistas debemos afrontar con serenidad y honestidad un debate en profundidad sobre el modelo territorial. Hay que levantar, definitivamente, las hipotecas políticas de la transición, evitando que la Constitución Española siga siendo el muro para negar y no respetar la voluntad democrática de vascos, catalanes o gallegos.

En esta misma Tribuna decía Juan Carlos Monedero, hablando de los retos de la izquierda en el Estado, que "la izquierda tiene que abordar un modelo federal con niveles de confederalidad o federalismo asimétrico". Nos parecen muy positivas esas referencias, pero es indispensable una declinación política concreta en torno a la plurinacionalidad y el derecho a decidir que permita, precisamente, transitar hacia el modelo que él mismo nos propone.

Para EH Bildu es necesario empezar a diseñar este debate con la debida prudencia y con el mayor acuerdo posible, así como con la necesaria determinación y honestidad intelectual, sobre los cambios que podrían garantizar la democratización del Estado, el blindaje de los derechos de las grandes mayorías populares y el reconocimiento y respeto tanto de la plurinacionalidad como del derecho a decidir de naciones como la vasca.

Sin prisas pero sin pausas, con prudencia, serenidad, humildad, altura de miras y honestidad política e intelectual, hay que hacer los esfuerzos necesarios para tratar de acordar y construir una agenda política para un cambio histórico para naciones como la vasca y para el conjunto de pueblos y sectores populares del Estado.

En esa tarea histórica está y estará el indepedentismo de izquierdas vasco.

 

 

 

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«Ningún Hecho Delictivo»

Hemos insistido una y otra vez que desde el 1° de octubre de 2017 a la fecha Madrid ha recurrido a la más burda lawfare para castigar a los catalanes por haberse atrevido a llevar a cabo un referendum en favor de su independencia, con el sí ganando abrumadoramente.

Los ataque no han sido únicamente en contra de quienes lideraron el proces desde las instituciones, sino también contra quienes sumaron esfuerzos desde plataformas ciudadanas.

Pues bien, aquí les traemos lo más reciente con respecto al caso en contra de los CDR:

La Audiencia Nacional reconoce que no existe «ningún hecho delictivo» contra los CDR

La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de la defensa de los CDR detenidos por «terrorismo» y finalmente los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación tendrán que declarar ya que considera que «no existe ningún hecho delictivo concreto determinante que centre la investigación».

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional española ha reconocido que los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados en la ‘Operación Judas’ tienen el derecho de reclamar en el juicio la comparecencia de los miembros de la Guardia Civil encargados de la investigación, después de considerar que «no existe ningún hecho delictivo concreto» en el caso.

La organización antirrepresiva Alerta Solidària, en representación de los CDR investigados, presentó un recurso en el que pedía que se interrogara a los agentes de información de la Guardia Civil, aunque el juez instructor, Manuel García-Castellón, de acuerdo con la Fiscalía, se lo denegó.

Ahora, la Audiencia Nacional ha considerado que «no existe ningún hecho delictivo concreto determinante que centre la investigación», por lo que autoriza la declaración de los agentes de la Guardia Civil.

En la interlocutoria, la Sala asume que «es razonable» que la defensa solicite la declaración de los agentes, ya que la formación de los atestados se realiza en función de sus actuaciones en torno a la investigación. «La defensa tiene derecho a disponer del derecho a la contradicción efectiva e igualdad de armas, y a las facilidades necesarias para el ejercicio de su derecho a la defensa», concluye.

En el marco de la «Operación Judas» la Guardia Civil detuvo a varios miembros del CDR acusados de «pertenencia a organización terrorista» y «tenencia de explosivos». Nueve de ellos pasaron tres meses encarcelados en la madrileña cárcel de Soto del Real.

La causa contra Xavier Duch, archivada

Por otro lado, el juez García-Castellón ha acordado el archivo de la causa por razones médicas a Xavier Duch, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República que fue procesado por «terrorismo».

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que el procesado «carece de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas al interrogatorio de la acusación» o del «valor constitucional de los derechos a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia».

«Sería, por tanto, un acusado inerme frente al poder sancionador del Estado. De ahí el mandato histórico de proceder al archivo de la causa y adoptar las medidas de seguridad previstas para aquellos que ejecutan el hecho con una afectación de su imputabilidad», argumenta el magistrado.

En esta línea, García-Castellón constata que «la celebración de un juicio contra quien no entiende ni puede defenderse supone el quebranto de los derechos más elementales que conforman un juicio justo».

Las mismas fuentes explican, como hace constar el juez, que el sobreseimiento se debe a la situación de salud de Duch, que le impide ejercer la defensa con todas las garantías necesarias.

 

 

 

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«Un 155 Educativo»

Y hablando de esa lawfare que Estrasburgo se niega a ver o a reconocer desde Naiz les traemos esta nota en la cual el president Aragonès deja bien en claro la más reciente embestida legaloide en contra del idioma catalán.

Lean por favor:

Aragonès denuncia que el fallo del TSJC contra la inmersión lingüística es «un 155 educativo»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano es «una especie de 155 educativo». «Los docentes de Cataluña tienen que saber que tienen al Govern a su lado», ha manifestado.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de declarar firme la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano, y de dar al Govern dos meses para aplicar la resolución, es «una especie de 155 educativo».

En declaraciones a los periodistas tras visitar la entidad Osonament de atención a personas con problemas de salud mental en Vic (Barcelona), ha advertido de que el fallo del TSJC es «un intento de romper» el consenso que establece el modelo de inmersión lingüístical.

«Es un modelo que no ha sido cuestionado académicamente, y vemos que ahora se cuestiona desde otras instancias, entrando con una ingerencia clara en el ámbito pedagógico», ha aseverado.

Y ha avisado de que la Generalitat utilizará «todos los instrumentos» políticos, jurídicos y administrativos disponibles, defendiendo el buen trabajo de los docentes y confiando en ellos para proteger el modelo actual.

«Los docentes de Cataluña tienen que saber que tienen al Govern a su lado», ha añadido antes de indicar que el Govern asumirá la responsabilidad de actuar para defender la inmersión lingüística.

Apoyo a Pau Juvillà

Sobre la situación del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia cuando era concejal en Lleida, Aragonès ha mostrado su «plena confianza» en que la institución sabrá defender su escaño.

«Todas las actuaciones que decida el Parlament para defender el Parlament que decidieron los ciudadanos, con todos sus diputados y diputadas, tendrá nuestro apoyo», ha afirmado.

 

 

 

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Entrevista a José Antonio Martín

Agradecemos a nuestro amigo Nicolás Landa compartir esta entrevista en su perfil de Facebook, nos parece muy interesante su lectura dado los tiempos que estamos viviendo y la postura asumida por el gobierno más progre de España con respecto a las víctimas del terrorismo de estado.

Lean:

«Cumplir íntegramente una pena de más veinte años es inhumano»

José Antonio Martín Pallín | Magistrado emérito del Tribunal Supremo | José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) fue Fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, cargo que ejerció hasta el año 2006. Ha sido además presidente de la Asociación pro Derechos Humanos del Estado español, así como portavoz de Jueces para la Democracia.

Ibai Azparren | (Aritz Loiola/FOKU)

Martín Pallín recibe a GARA en el Bizkaia Aretoa de Bilbo tras un viaje matinal. Al tiempo que posa ante la cámara, repara en la Universidad de Deusto, donde se doctoró antes de ingresar en 1989 como magistrado en la Sala de lo Penal del TS. Acaba de publicar su último libro, ‘El Gobierno de las togas’, pero el motivo de su visita a Euskal Herria es otro; su participación en una charla sobre política penitenciaria en una iniciativa de Sare y Etxerat en colaboración con la UPV/EHU. Por ahí comenzamos.

Siempre ha tenido usted una postura abierta para hablar del conflicto vasco. ¿Cómo ve el momento actual desde la perspectiva de los derechos humanos?

Creo que hay dos aspectos en este momento. Uno relacionado con las comunidades históricas, y otro es la situación política general de los derechos humanos, que afecta tanto a estas como al resto. Acabamos de recibir dos serias advertencias de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea respecto a la libertad de expresión, pero también hay otras carencias llamativas en materia social. Aquí hay unos constitucionalistas que yo llamo minimalistas. Si la Constitución tiene más de 160 artículos, solo se saben dos: el 2, sobre la sagrada indivisibilidad de la patria, y el 155. El resto parece que no existen. Esto demuestra que estamos en grave déficit y retroceso.

¿Le sorprende que se siga criticando el acercamiento de los presos y presas vascas? ¿A qué achacaría usted esta resistencia a cumplir la legalidad?

La ley penitenciaria, desde su nacimiento, consideraba que los presos deberían estar lo más cerca posible de sus familiares y de su entorno social, porque eso contribuye a los principios constitucionales de reinserción. El caso del terrorismo tenía sus peculiaridades porque hay datos concluyentes de que algunos dirigentes que estaban en la cárcel dirigían la organización, concretamente el asesinato de mi compañera Carmen Tagle salió de una prisión. Tomar medidas para desmontar ese posible núcleo pudo tener su justificación, pero no generalizada. Es decir, no con todos los miembros de ETA. Si usted es policía, debería saber cuál es el núcleo. Ahora es absolutamente inexplicable.

Solo el 5,5% de estos presos está en tercer grado actualmente y muchos ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena. ¿La Ley Orgánica 7/2003 no es una cadena perpetua de facto?

Es una interpretación del Derecho Penal del enemigo. Las legislaciones antiterroristas de todos los países han desbordado los límites racionales de la proporcionalidad justificándolo con el peligro que suponía para la estabilidad democrática. Y lo supuso en España. Pero todo eso ya ha pasado. Es hora de que se deje paso a los que sostenemos que una pena de cumplimiento íntegro de más de 20 años es inhumana y entra en colisión con los tratados internacionales.

¿Ve necesario derogarla o cabe una aplicación flexible por parte de la justicia?

Creo que con una aplicación flexible se podría llegar a alcanzar estos objetivos.

Por acercamientos que se están produciendo la crítica viene de las asociaciones de víctimas. ¿Cómo ve usted esta crítica?

A mí me ha preocupado siempre el protagonismo hipócrita por parte de los políticos a la hora de utilizar de las víctimas. Yo les preguntaría a algunos, e incluso a algunas asociaciones de víctimas, si los hijos de los asesinados en los 80 tienen asistencias para becas, protección... y no utilizarlas como punta de lanza para justificar la represión y la utilización no democrática de las leyes.

Muchos constitucionalistas solo se saben dos artículos: el 2, sobre la sagrada indivisibilidad de la patria, y el 155

En este momento preocupa la situación de Irati, una niña de tres años que van a separar de sus padres, que continuarán en prisión y se resisten a trasladarlos a Euskal Herria. ¿Cómo se puede responder a estas actuaciones en términos jurídicos?

Tendrían que ser los tribunales españoles los que solucionasen está cuestión y buscasen fórmulas flexibles. Pero si no, no quedaría otro remedio que acudir a la justicia internacional.

¿El audio entre el coronel del Cesid Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Gómez Nieto sobre Mikel Zabalza es una oportunidad para reabrir el caso?

Yo creo que sí, es un caso que me preocupa.

El PSOE se agarra a que «el Estado de Derecho ya actuó».

Pues no se cómo, no tengo constancia. Se dio por buena una versión que no coincide con lo que ahora se ha descubierto.

Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar al Estado español por no investigar eficazmente una denuncia de torturas, cuando el instructor de aquella causa era Fernando Grande-Marlaska. ¿Alguien que dejó pasar las torturas puede seguir siendo ministro de Interior?

Mucho antes de estas actuaciones, hubo bastantes visitas a lo largo de los años de delegados de la comisión contra la tortura y llegaron a la conclusión de que en España no se perseguía con la debida intensidad los casos de tortura. Por supuesto, en esto hay una especie de complicidad porque si un forense no dictamina... salvo que se trate de torturas físicas y visibles, como el caso de Joxe Arregi, eso sí sería una verdadera prevaricación. Pero los tribunales están en manos de un forense que te dice que si hay lesión, es compatible con… y también las «técnicas» de tortura, que muchas veces no dejan huella.

No es la primer caso registrado ni la primera condena, tampoco es la primera vez que implica a Grande-Marlaska.

Yo comparto que no se investiga suficientemente.

Parece que se hace caso omiso a Estrasburgo, también en el ‘caso Bateragune’. ¿Qué cree que va a ocurrir?

Me temo lo peor. Es una cosa que jurídicamente no tiene el menor soporte. Cuando un país firma el convenio europeo, acepta cumplir y ejecutar las sentencias de Estrasburgo o bien, como España, busca un rodeo y dice: bueno directamente no la ejecuto, pero la ejecuto a través del recurso de revisión. La revisión es la nulidad de todo lo actual. Como decían los romanos, lo que es nulo no produce ningún efecto. No se puede volver atrás.

¿Qué teme lo peor?

Lo matizo, no puedo ser tan tajante, pero algún artilugio sí sacarán.

Los rastros del «todo es ETA» repercuten también a GARA, que se ha visto obligado a pagar una deuda tras el cierre de ‘Egin’.

Eso es una forma de acabar con la libertad de expresión.

Sobre este tema, antes ha comentado la petición de Bruselas, que se suma a la del Consejo de Europa, que pidió adaptar el Código Penal del Estado a los estándares internacionales de libertad de expresión.

El campo del Código Penal es muy delicado porque ya no se discute el tema del delito de odio. Me parece un campo de minas. Es peligroso porque abarca un concepto, no solo indeterminado, sino absolutamente subjetivo. Antes teníamos un delito, el de las amenazas, y para que fueran delictivas tenían que ser serias, encaminadas a intimidar a una persona o grupo, tener un cierto grado de posibilismo. Sin embargo, se ha pasado a esto. Hemos entrado en una vorágine que a mí, si estuviese de magistrado, me crearía problemas.

¿Esperaba que este gobierno derogase la Ley Mordaza?

Una ley de orden público tiene que haber. Pero hay aspectos concretos que sí.

Acaba de publicar ‘El Gobierno de las togas’, con la Editorial Catarata. ¿A qué se debe el título?

Cuando Roosevelt puso en marcha 42 leyes de promoción social en la época del New Deal, el Tribunal Supremo se fue cargando una a una las 42. Eso se denominó activismo judicial. Inventaron también otra palabra que es self-restraint. Mire usted, cuando a mí me plantean un caso que tiene ribetes políticos, antes de lanzarme tengo que pensarlo muy bien. Y de ahí ha venido desencadenándose el intervencionismo que alcanza en España cotas preocupantes, no solo en el procés, sino también aquí, con el toque de queda, la hostelería... si hay que cerrar a las 7 o a las 8, será una cuestión de los científicos y un juez no tiene por qué meterse. Otro caso es la convocatoria de elecciones en Catalunya.

El paradigma de su libro es el procés. ¿Cómo ve la situación?

Se han producido resoluciones preocupantes. Hablaba antes del Derecho Penal del enemigo, que es su postura, obstinada e injustificada respecto a la aplicación del 100.2 de adelantar las salidas a prueba, el paso de grado al tercero... el TS ha demostrado un encarnizamiento penitenciario. Si aún hay algún político que cree que la solución pasa por ir condenando a 13 años sucesivamente independentistas, o no es político o, si lo es, habría que eliminarlo de la vida pública.

Dice que el indulto es un paliativo y la solución la amnistía.

Desde un punto de vista genérico, jurídico y político, es un paliativo. Pero hay unos señores que tienen 13 años de cárcel y quién soy yo para decir nada. Pero la amnistía es la solución, y además cabe perfectamente en la Constitución.

¿Cómo ve el el bloqueo del CGPJ?

La Constitución dice algo que hemos copiado de la italiana: En Italia, de los 27 jueces, 17 son magistrados elegidos por jueces y magistrados. En España, en el año 80, se hace la primera ley orgánica exclusivamente para renovar el CGPJ. Y los jueces eligen, en ese momento, ese primer consejo. Si no quieren volver a los 80, dejemos las cosas como están ahora, pero con un matiz: si a los tantos meses no se consigue los tres quintos, pasamos al sistema de mayoría absoluta cualificada. No mayoría absoluta, que puede ser peligrosa.

 

 

 

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La Propuesta de ERC

Para proveernos con un panorama más amplio acerca de escenario político que se ha abierto en Catalunya tras el muy complicado proceso electoral del 14 de febrero, amañado desde Madrid y dificultado por la pandemia del SARS CoV-2, aquí traemos a ustedes este análisis dado a conocer en las páginas de Naiz:

Solo la CUP se suma al gobierno de amplio espectro propuesto por ERC

Beñat Zaldua

En un escenario tan fragmentado, el periodo poselectoral es tan importante como la carrera electoral. Illa sigue a lo suyo, pero sin apoyo suficiente la mirada recae sobre ERC, que defiende un Gobierno amplio. Pero los de Puigdemont reclaman un Ejecutivo independentista y los comunes vetan a Junts.

Ronda

Tanto ERC como PSC iniciarán los próximos días una ronda de contactos para buscar posibles aliados. En el caso de Esquerra, empezarán por la CUP y seguirán por Junts y Catalunya en Comú.

Con escuadra y cartabón va a tener que dibujar su estrategia negociadora ERC para convertir a Pere Aragonès en su primer president de la Generalitat desde los tiempos de la República. A su favor, la amplia mayoría independentista en el Parlament –74 diputados y más del 50% de los votos– y su posición central en todas las aritméticas posibles. En su contra, su debilidad intrínseca en cualquiera de esas aritméticas: el PSC quedó por delante y a Junts le sacó un solo punto de ventaja. A su favor y en su contra: la CUP. Escuadra, cartabón y malabares.

Por si alguien todavía albergase alguna duda, la Fiscalía se encargó por la vía de los hechos de poner una barricada contra la opción de un nuevo Tripartit, recurriendo el tercer grado de los presos el día después de las elecciones. Tenían mayor sentido del decoro en el siglo XVIII, cuando el fiscal del Consejo de Castilla escribió –en unas célebres instrucciones a los corregidores en Catalunya– aquello de «que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado».

En cualquier caso, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya había dejado clara por la mañana la negativa: «Es imposible que formemos Gobierno con el PSC. Se ha manifestado con la extrema derecha y ha aplaudido la prisión de los presos políticos». Con el PSOE se negocia la resolución del conflicto, no el Govern, parecen decir desde ERC.

Mayoría de 82 diputados

Descartado el Tripartit, la única combinación que supera los 68 diputados que fijan la mayoría absoluta implica a los tres partidos independentistas con representación parlamentaria. Pero Esquerra quiere más. Primero Junqueras, después el presidenciable Pere Aragonès y, finalmente, la portavoz, Marta Vilalta, insistieron en la formación de un Ejecutivo de amplio espectro que tenga como mínimo común denominador la defensa de la amnistía y la autodeterminación. Es decir, que incluya a Junts y la CUP, pero también a Catalunya en Comú. Juntos suman 82 diputados en el nuevo Parlament (el 61%).

«El independentismo de izquierdas es mayoritario. Tenemos que reconstruir el país desde la justicia social y resolver el conflicto político con grandes consensos: hay 82 diputados y diputadas a favor de la amnistía y el derecho a la autodeterminación», fueron las palabras de Vilalta, que también subrayó la importancia de haber superado por primera vez la barrera del 50%: «Es un hito muy importante y un mensaje clarísimo para la sociedad catalana y la comunidad internacional».

Pero solo la CUP compró el planteamiento. Eulàlia Reguant, portavoz de la formación y parlamentaria otra vez, aseguró que esperan hablar con ERC, Junts y Catalunya en Comú. Eso sí, Reguant fue más clara que Vilalta y, además de la improbable amnistía y la vaga referencia a la autodeterminación, detalló el mínimo común denominador que, a su juicio, debería tener el programa del nuevo Gobierno. «Un referéndum puede tener mucha mayor capacidad de recibir apoyos que una DUI», señaló, en referencia a la reactivación de la Declaración Unilateral de Independencia que Junts preveía en caso de superar el 50%.

También habló la candidata, Dolors Sabater, quien señaló que prefieren esperar a conocer la propuesta negociadora concreta, pero que, a priori, están «en predisposición de asumir responsabilidades» con el objetivo de «blindar los grandes consensos de país». La entrada de la CUP en el Govern sí que sería una novedad.

Vetos cruzados

Pero el proyecto de un Gobierno de amplio espectro choca con la cruda realidad del veto impuesto durante la campaña por Catalunya en Comú a cualquier Ejecutivo que cuente con Junts. En la noche electoral fue el diputado David Cid quien lo dejó más claro: «Pere [Aragonès], con Borràs y Canadell, NO». No deja de ser sorprendente que los comunes digan estar cansados de insistir en que con Junts no negocian, pero no se cansan de repetir su apuesta por un Tripartit que tanto el PSC como ERC han rechazado. El veto, ideológico se supone, no parece extenderse al «número tres» del PSC, el ex de Unió Ramon Espadaler, cristiano conservador contrario al aborto, entre otras medallas.

En el caso de Junts, el veto a Catalunya en Comú no es tan explícito, pero Laura Borràs dejó ayer claras sus preferencias: un «Gobierno independentista que se corresponda con el que la gente ha expresado en las urnas». Para los de Puigdemont, haber superado el 50% de los votos «debe tener consecuencias», al considerar que los «legitima a avanzar hacia la independencia». Borràs se mostró dispuesta a hacer a Aragonès president, por haber obtenido un diputado más que Junts, pero le pidió «explicar qué quiere hacer con este más del 50%».

Papel central para la CUP

Así las cosas, la única mayoría que a día de hoy puede hacer presidente a Aragonès es la que forma junto a Junts y la CUP. En este contexto, el papel de la izquierda independentista se antoja mucho más central, no solo porque tiene la llave de la mayoría independentista, sino porque su análisis sobre el momento independentista se sitúa, a ratos, a medio camino entre ERC y Junts. La CUP rechaza nuevas actuaciones basadas en el simbolismo, como la reactivación de la DUI propuesta por Junts, y comparte con ERC la necesidad de seguir sumando complicidades. Al mismo tiempo, no confía en un diálogo sin plazos, abandera la celebración de un nuevo referéndum y defiende, como Junts, el uso de las instituciones para buscar la confrontación democrática con el Estado. Era difícil imaginar que llegaríamos a escribir esto, pero la CUP puede llegar a ejercer, en cierta manera, de puente entre ERC y Junts.

Claro que, para que esto ocurra, la CUP tendrá que querer ocupar esta posición, y ERC y Junts, reconocérsela. Hasta ahora, la dinámica poselectoral durante el procés ha llevado a ERC y al antiguo espacio convergente a negociar un acuerdo de Gobierno, para luego pedir a la CUP su apoyo. En esta ocasión, sin embargo, tanto ERC como Junts pueden intentar buscar el favor de la CUP a sus posicionamientos, ya que es la izquierda independentista la que decanta las mayorías dentro del espacio soberanista.

De hecho, ayer ERC designó a la propia Vilalta; al presidente del Consell Nacional, Josep Maria Jové; al responsable de comunicación, Sergi Sabrià, y a la «número dos», Laura Vilagrà, como el equipo que encabezará las negociaciones por parte de ERC. A última hora de ayer anunciaron que iniciarán la ronda de contactos, precisamente, reuniéndose con la CUP y seguirán con Junts y los comunes.

Illa insiste en presentarse

Por su parte, el vencedor de las elecciones, Salvador Illa, insistió ayer en presentarse como candidato a la investidura a president, augurando que no habrá acuerdo entre los partidos independentistas. «Mi partido ha ganado las elecciones en Catalunya y me corresponde presentar candidatura y formar Govern», señaló ayer el candidato del PSC, que calificó de «inasumibles» planteamientos como la autodeterminación y la amnistía, sobre los que ERC quiere construir su Ejecutivo.

Pero la única opción de Illa pasa por Esquerra Republicana. Ayer el expresident en tiempos del segundo tripartit, José Montilla, abogó por «buscar vías de entendimiento» entre PSC y ERC, apuntando que «es una oportunidad que no tendríamos que dejar pasar». Pero el veto, conviene no olvidarlo, ha sido mutuo durante la campaña electoral. «En mi Gobierno no habrá independentistas», señaló Illa dos días antes de las elecciones, en busca de un voto de Ciudadanos que ahora le condena a la agridulce posición de haber ganado las elecciones pero no poder formar Ejecutivo.

Illa insistió en que también abrirá una ronda de contactos con todos los partidos, excepto con Vox. Pero lo cierto es que la formación que más votos aportaría a su candidatura, al margen del PSC, sería la de la extrema derecha.

La presidencia del Parlament supondrá el primer test de estrés

No ha habido investidura fácil durante el procés y esta no va a ser una excepción. En 2015, las elecciones se celebraron el 27 de setiembre y no hubo investidura hasta el 10 de enero de 2016, después de que Artur Mas diese un paso a un lado del que el domingo pudo acordarse amargamente, tras ver como el PDeCat que apadrina quedó sin representación. En 2017, las elecciones fueron un 21 de diciembre y, entre jueces y desacuerdos, la investidura de Quim Torra no se votó hasta el 14 de mayo.

En esta ocasión, el calendario dice que el Parlament debe constituirse antes del 12 de marzo. El primer pleno de investidura se deberá realizar dentro de los siguientes diez días hábiles, lo que, estirando los plazos, podría alargarse hasta el 26 de marzo. El candidato necesita sumar 68 diputados o más –mayoría absoluta– para ser elegido en primera vuelta. Si no lo consigue, se vuelve a votar a los dos días y, en esta ocasión, basta con una mayoría simple. Si no lo logra, se abre un periodo máximo de dos meses para negociar una nueva investidura. Ese plazo podrá prolongarse hasta el 26 de mayo en esta ocasión; si para entonces no hay president, el Parlament se disuelve automáticamente y se convocan elecciones a los 54 días, lo que en esta vez querría decir a mediados de julio.

Sin ir tan lejos, la primera cita será la constitución del Parlament, cuando se elegirá al presidente de la institución y a la Mesa. En los últimos años, el reparto entre Junts y ERC ha dejado este cargo en manos de la segunda fuerza, por lo que ahora sería el turno de Junts. Será el presidente del Parlament, por mucho que diga Salvador Illa que se presentará a la investidura, quien decidirá si el líder del PSC se somete o no al examen de la Cámara.

El modo en que se resuelva la constitución de la Mesa –está por ver si Junts propone a Josep Costa, cuyos choques con el republicano Roger Torrent han sido constantes– ofrecerá una primera muestra de cómo van las negociaciones de cara a la investidura. Con todo, el independentismo tendría que hacerlo francamente mal para no controlar una Mesa en la que podría entrar una CUP reforzada.

 

 

 

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Viraje Catalán a Babor

Traemos a ustedes el análisis llevado a cabo por Lucha de Clases con respecto al reciente proceso electoral en Catalunya, resultados que por cierto acallan a los militantes del izquierdismo que insisten en que el proceso de autodeterminación catalán es una cuestión burguesa.

 Lean:

Giro a la izquierda y mayoría absoluta independentista en unas elecciones marcadas por la pandemia

El día electoral del 14F estuvo marcado por la pandemia del Covid-19 que ha llevado a una abstención récord de 2.475.305 votos y a una baja participación del 53,56%. Pero la pandemia y la crisis general de régimen, que se ha agudizado en estos meses, también ha tenido el efecto de radicalizar a la izquierda al electorado catalán.

El día electoral del 14F estuvo marcado por la pandemia del Covid-19 que ha llevado a una abstención récord de 2.475.305 votos y una participación del 53,56%, más de 25 puntos por debajo de las anteriores elecciones de 2017. Es interesante notar que la abstención es más alta en las zonas con más densidad urbana, donde el impacto de la pandemia es más devastador.Aunque este elemento complica el análisis del resultado, hay unas tendencias muy claras que se pueden observar. La pandemia no ha influido en el voto sólo con respecto al dato de participación, sino que también se ha expresado en una clara radicalización a la izquierda como respuesta a la crisis.

Un claro giro a la izquierda

El primer elemento a destacar es un evidente giro a la izquierda tanto en el bloque independentista como en el bloque unionista. Los partidos de la izquierda suman el 57,86% de los votos (ERC, PSC, CUP, Comunes). Aunque Junts no es un partido de izquierdas, como indicaba un estudio publicado por La Vanguardia, muchos de sus votantes sí se consideran de izquierdas, un factor adicional a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. De manera general, podemos decir que la mayoría de la población catalana se considera de izquierdas, también como indicaba el estudio de La Vanguardia mencionado (¡el 80% de los catalanes se identifican de izquierdas!). Todo esto es fruto de la radicalización de las luchas del Procés y ahora de la crisis económica y la emergencia sanitaria que golpean más a las familias trabajadoras.

El PSC queda como primer partido con un 23% de los votos y 33 escaños, empatado con ERC, arrasando en el cinturón obrero metropolitano. Cuando la cuestión nacional queda en segundo plano, el sector de la clase trabajadora castellanohablante contraria a la independencia que en la elección anterior "prestó" su voto a Ciudadanos (Cs), por no ver una alternativa clara, en este caso ha vuelto a votar a su partido histórico, relegando a Cs a ser la séptima fuerza el parlamento.

En el bloque independentista, está el "sorpasso" de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Junts (el partido de Puigdemont) en votos y escaños, respectivamente 21,32% contra 20,08% y 33 a 32. El PDeCAT, escisión derechista de Junts favorable a un acuerdo con el gobierno central, con una campaña en defensa del orden y la propiedad privada, finalmente se quedó fuera del parlamento con 2,72%.

Por primera vez la CUP supera en escaños los Comunes (En Comú Podem) 9 a 8, empatando prácticamente en porcentaje de voto con 7% cada uno. Los Comunes aguantan, con un resultado similar a 2017 en porcentaje de voto.

Una victoria abrumadora del independentismo: mayoría absoluta de escaños y votos

El segundo elemento, y no por importancia, es que el independentismo amplía su mayoría absoluta de 72 a 74 escaños, y por primera vez supera el 50% de los votos con el 50,8%. Es importante notar que con este nivel de abstención no se puede sobrevalorar este dato, ya que el electorado independentista suele estar más movilizado. Sin embargo, demuestra una fuerte resistencia del movimiento republicano pese a la continua y vengativa represión por parte del Estado español y la traición de su dirección. Ante la cobardía general de la dirección pequeñoburguesa del independentismo, los electores premian la línea de diálogo de ERC y su tradición histórica ante la vacía demagogia de Junts, quien no obstante mantiene una fuerza determinante a la hora de formar gobierno con un porcentaje de votos muy cercano al  de los Republicanos. El crecimiento de ERC se entiende como fruto del agotamiento de la vía más combativa por la independencia y la consecuente confusión y frustración de una parte del electorado, que busca otras maneras de lograr la república; también, y más importante, por la falta de una clara alternativa a la izquierda de ERC que haga de polo de atracción. ERC crece también en los barrios obreros del cinturón metropolitano entre la clase trabajadora castellanohablante. La CUP, con el 6,68%, más que dobla sus escaños pasando de 4 a 9, sin embargo lo hace sin restar a ERC y Junts, y sin penetrar más en la clase trabajadora del país. Y tampoco alcanza su máximo histórico del 8,5% en 2015.

La derecha en el mínimo histórico y la irrupción de Vox

La derecha españolista suma el 17% del voto, el nivel más bajo jamás obtenido y cae de 40 a 20 diputados. Cs se desploma a favor del PSC a la izquierda, y de Vox a la derecha, con una impresionante caída del 78% respecto al 2017. El PP también baja al 3,84% perdiendo un 9,4%. El elemento más destacado aquí es la irrupción de Vox con 11 diputados y el 7,68%, que concentra el voto de la derecha más rancia y franquista, obteniendo mejores resultados entre un sector lumpenizado y los "cayetanos" pijos de los barrios ricos. El rechazo a la entrada de Vox en el Parlament se ha manifestado en seguida con la convocatoria de una manifestación al día siguiente de las elecciones.

La CUP: un resultado absoluto positivo y una ocasión perdida

Como ya hemos mencionado, la CUP dobla su representación, obteniendo un resultado positivo en términos absolutos con 9 diputados y el 6,7% de los votos que podrán ser la voz de las luchas en el parlamento, pero sin alcanzar el 8,5% de las elecciones de 2015. El programa que presentaba la CUP en las elecciones era quizás el más radical en términos de política económica, pero desgraciadamente el programa no fue el centro de su campaña. Una campaña que comenzó mal, con declaraciones torpes de la cabeza de lista, Dolores Sabater, y de otros dirigentes destacados, a favor de una posible entrada en el Govern, que suscitó la enmienda a la totalidad de esta línea por parte de la base. El elemento evidente es que la CUP no ha sabido todavía aprovecharse plenamente de la crisis de la dirección pequeñoburguesa del movimiento republicano de ERC y Junts, responsable de haber traicionado el 1-O de 2017 y las luchas contra las sentencias del Procés. En muchos barrios y pueblos obreros del cinturón industrial de Barcelona, ​​la CUP todavía es demasiado débil, demostrando que queda todavía mucho trabajo por hacer. Allí donde la CUP gana y mantiene una fuerte hegemonía es entre la juventud, como reflejo de la radicalización creciente en la juventud del país.

Perspectivas: ¡que la crisis la paguen los ricos!

Estos comicios se han celebrado en condiciones extraordinarias, con el Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya forzando la convocatoria electoral en contra de la opinión de los científicos y de casi todos los partidos políticos, y también en una situación  de agotamiento por el bloqueo constante de la situación política; todo lo cual ha causado una abstención histórica. A pesar de ello, se pueden extraer algunas perspectivas generales.

Aunque el PSC de Illa haya ganado las elecciones e intentará promocionar su vía del "diálogo" con ERC, las condiciones objetivas y el resultado general empujan, por el contrario, a una inestabilidad creciente. El régimen del 78, a pesar de una continua represión y actitud vengativa con los presos políticos, es incapaz de recuperar terreno en Catalunya. El fuerte rechazo hacia las instituciones del Estado neofranquista, responsables de la represión de miles de militantes republicanos, combinado con una radicalización en líneas de clase por los efectos de la crisis económica más profunda de la historia y de la emergencia sanitaria, empuja a los electores cada vez más a la izquierda.

Cualquier gobierno que salga, con el dirigente de ERC Aragonés de President, tendrá que gestionar la pandemia y la crisis, con presiones por parte de los capitalistas por un lado y de la clase trabajadora por el otro. ERC intentará hacer malabarismos entre las clases, sin contentar finalmente a nadie. Inevitablemente se decantará por defender los intereses de la propiedad privada al no estar dispuesto a acabar con el capitalismo. Intentará dialogar con el PSC-PSOE en la mesa de diálogo, donde no se obtendrá nada más que algunas fotos porque el aparato del Estado español no tiene ninguna intención de alcanzar ningún compromiso, ni sobre la cuestión de los presos políticos, ni mucho menos sobre la autodeterminación de Catalunya. Es una receta acabada para la lucha de clases y para el choque con el régimen.

La CUP tiene ante sí una ocasión histórica. Debe resistir cualquier presión a entrar en el gobierno de la Generalitat, ante un eventual acuerdo ERC-Junts, y utilizar sus 9 diputados para agitar su programa anticapitalista para responder a la crisis y a la emergencia sanitaria en favor de la clase trabajadora. Como ya hemos explicado antes, no se dan las condiciones para entrar en el Govern, por el contrario, sería un grave error. Sólo en clave antirrepresiva puede facilitar la formación de un gobierno independentista con la abstención para pasar enseguida a la oposición, haciendo frente único sobre cuestiones puntuales para emplazar los Republicanos a mantener sus promesas sociales del programa y para luchar por la amnistía de los presos. Sólo manteniendo una clara independencia de clase podrá disputar la dirección del movimiento republicano y fortalecerse en la lucha por hacer pagar la crisis a los capitalistas.

La posición de los dirigentes de los Comunes es de completa impotencia. Querrían reeditar el gobierno de coalición con el PSC, como en Madrid, pero con ERC, enterrando el Procés y circunscribiendo su acción dentro de la Constitución. Esto sería visto como una traición completa por las bases de ERC.

La alternativa revolucionaria y socialista

Sólo la clase obrera catalana puede encontrar una salida, de manera revolucionaria. Y no sólo porque representa la mayoría social del pueblo catalán. La particularidad catalana es que la pequeña burguesía, en general, está escorada a la izquierda como parte de su lucha por los derechos democrático-nacionales. Catalunya es la  comunidad del Estado donde, actualmente, existe objetivamente la correlación de fuerzas más favorable para derrotar al Régimen. La independencia juega aquí un papel progresivo y revolucionario. Si la clase obrera catalana se pusiera al frente de esta lucha, en alianza con las masas de la pequeña burguesía, desplazando a los dirigentes nacionalistas pequeñoburgueses impotentes, podría proclamar la república catalana de manera revolucionaria y dotarla de un carácter socialista, anticapitalista. Este será un golpe demoledor al régimen capitalista español. Una república catalana socialista sería la chispa que iniciaría la revolución ibérica, y podría ser estimulada con un llamamiento de los trabajadores catalanes a sus hermanos del resto del Estado a que les sigan y emplazándolos en una federación socialista voluntaria de repúblicas ibéricas, que galvanizaría a los trabajadores de Europa y de todo el mundo. La CUP y los activistas luchadores y verdaderamente socialistas y comunistas de los Comunes deberían empujar a favor de esta alternativa.

 

 

 

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14 de Febrero Catalanista

Naiz nos proporciona una radiografía de los sucedido en las urnas en Catalunya en una fecha muy significativa por toda la grosera manipulación a la que recurrió Madrid desde que defenestraran a Quim Torra con una sucia jugarreta.

Lean:

El independentismo supera tres nuevas barreras: el 50% de voto, la abstención e Illa

El independentismo confirma y amplía su mayoría en el Parlament en unas elecciones marcadas por la pandemia y la bajísima participación consiguiente. Sumará más diputados que en 2017 y supera por vezprimera el 50% del voto. El PSC releva a Cs en el campo unionista, pero para nada.

Ramón Sola

Pasó antes del «procés», durante y también después; ha ocurrido con alta participación y también en una jornada de desplome por la pandemia. El independentismo mantiene su liderazgo claro en Catalunya sin que la apuesta española, focalizada este vez en el PSC y más «blanda», le haga mella. Es más, lo amplía con nuevos objetivos cumplidos.

En la recta final del escrutinio se ha confirmado la superación del 50% del voto emitido entre las cuatro listas independentistas principales: ERC, JxCat, CUP y PDeCat alcanzan casi el 51%, que se supera con otras candidaturas menores.

En cuanto a electos, sumará cuatro escaños más escaños que en 2019, sobre todo gracias al avance de la CUP, que más que dobla su representación actual(de 4 a 9).

Con el 100% del escrutinio cerrado esta mañana de lunes, los y las diputadas independentistas suman 74 frente a 53 escaños netamente unionistas, con los 8 escaños de los comunes como bisagra. Hasta ahora, la mayor representación independentista había sido la de 2015 con la coalición Junts pel Sí, que fue la que lanzó el referéndum del 1-0, y la CUP, que totalizaron 72 (ahora son dos más y la mayoría absoluta está en 68).

El PSC suma 33 diputados al igual que ERC, por 32 de JxCat, Vox 11, CUP 9, En Comú Podem 9, Cs 6 y PP 3. Aunque el más votado es el primero e Illa anuncie que se postulará, no se le atisban opciones reales de llegar a la presidencia de la Generalitat.

La distancia entre los dos bloques no varía lo suficiente como para provocar un giro radical de guión, pero confirma que cada elección da un impulso nuevo al independentismo, sea cual sea el contexto y sin olvidar la falta de acuerdo estratégico que supone un lastre en este momento para el soberanismo.

También la relación interna en ambos campos se modifica y puede tener sus efectos. JxCat ganó por sorpresa en el campo independentista en 2017 con la tracción emocional del exilio de Carles Puigdemont y ahora acaba por delante la ERC del aquel año vicepresident y hoy preso político Oriol Junqueras. Pere Aragonès será president, ahora electo y antes eventual por la inhabilitación de Quim Torra, salvo acontecimientos nuevos en el proceso postelectoral. La llave final vuelve a tenerla la CUP con su reforzado grupo; le bastaría abstenerse, como en 2017 con Torra tras una compleja y tensa sucesión de candidaturas.

Las dos sensibilidades mayoritarias del independentismo de este último lustro van, en cualquier caso, codo con codo. Si JxCat tuvo hace cuatro años solo dos escaños más, ahora tiene apenas uno menos. No hay más que 35.000 votos de diferencia entre ambas opciones. Mientras, la CUP ha repuntado con fuerza alcanzando casi 200.000 apoyos.

En el bloque unionista gana más Vox que el PSC

En el bloque unionista la implosión de Ciudadanos, que entonces aglutinó voto de todo tipo, tiene un doble efecto paradójico: devuelve el dominio al PSC pero deja también en el Parlament la corrosiva entrada de Vox.

El resultado tendrá repercusión a nivel estatal por el sorpaso -mejor dicho, zarpazo en toda regla– de Vox al PP. Pone en entredicho la posición del partido hasta ahora mayoritario en la derecha y quizás comprometa el liderazgo de Pablo Casado. Por encima de ello, que Vox haya amasado más de 220.000 votos en Catalunya es un factor de análisis inquietante.

El PSOE no puede estar satisfecho con el rédito obtenido si se recuerda que había jugado muy duro sacrificando a un ministro de Sanidad en plena pandemia para intentar laminar el voto independentista con un discurso de diálogo y puentes tendidos. Salvador Illa no solo no lo ha conseguido, sino que tampoco ha alcanzado el porcentaje que amasó la anterior gran apuesta española con Inés Arrimadas: Cs tuvo el 25% de voto e Illa se ha quedado en el 23%.

PDeCat, la fracción de la antigua CiU que ha contado con el apoyo del PNV en campaña, no ha llegado al Parlament, aunque aporta un 2,6% del sufragio al histórico 50% independentista.

En Comú Podem ha mantenido su representación en el Parlament pero no tendrá relevancia en principio. En un escenario de tanta abstención (del 21% al 46%) ha perdido casi la mitad del voto. Aunque en realidad solo al PSC le ha votado este domingo, en unos colegios electorales que más parecían unidades sanitarias, más gente que en diciembre de 2017.

Resultados al 100%

Así han quedado las fuerzas que han obtenido representación parlamentaria, con el escrutinio completado (entre paréntesis, el número de parlamentarios, votos y porcentaje en 2017, sin referencia comparativa en el caso de Vox):

PSC 33 escaños, 625.858 votos, 23,04% (17, 606.659. 13,86%)

ERC 33, 603.607, 21,3% (32, 935.861, 21,38%)

JxCat 32, 568.002, 20,04% (34, 948.233, 21,66%)

Vox11, 217.883, 7,69%

CUP 9, 189.087, 6,67% (4, 195.246, 4,46%)

ECP 8, 194.626, 6,87% (8, 326.630, 7,46%)

Ciudadanos 6, 157.903, 5,57% (36, 1.169.732, 25,9%)

PP 3 109.067, 3,85% (4, 185.670, 4,24%).

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El Artículo 10.2

Retomando el tema de Catalunya, tan relacionado con el de Euskal Herria, traemos a ustedes este artículo acerca del posicionamiento de la ONU con respecto al derecho a la autodeterminación, mismo que ha sido publicado en las páginas de Diario 16:

Las Naciones Unidas sobre la autodeterminación

Manel Mas

El 25 de Octubre del 2017, semanas después del referéndum del 1-O y justo cuando el Estado Español anunciaba que aplicaría el artículo 155, la ONU emitía un comunicado a la web de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, donde su experto independiente, el profesor Alfred De Zayas, deploraba la supresión de la autonomía de Cataluña por ser contraria a los derechos fundamentales y a la legalidad internacional y también a la española.

De una manera clara y diáfana, el profesor De Zayas explicaba que la aplicación del 155 suponía un retroceso inaceptable en la aplicación de los derechos humanos, que era contraria en los artículos 1, 19, 25 y 27 del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos (ICPCR) y que, atención, también era contrario en la propia Constitución Española, que, en virtud de su artículo 10 (2), se auto obliga a ser interpretada siempre de acuerdo con los pactos internacionales firmados por España en materia de derechos fundamentales (incluyendo el mencionado ICPCR).

Además, el comunicado era muy contundente estableciendo el carácter ius cogens del derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, que es un derecho fundamental que en caso de conflicto está por encima de otros derechos. Esto significa, por ejemplo, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos está por sobre el derecho a la integridad territorial de los estados, y que estos últimos no tienen, por lo tanto, la potestad para denegar su ejercicio. Más bien el contrario, de acuerdo con las diversas resoluciones de la ONU al respeto (por ejemplo al 2625/XXV del 24 de Octubre de 1970), los estados no solo no se pueden negar, sino que tienen que velar por su libre ejercicio y sin interferencias.

De paso, el comunicado desmonta la falacia que la autodeterminación solo de aplica a los pueblos oprimidos y colonias, que sería tan absurdo como pretender que la igualdad de derechos entre todas las personas solo se aplica en casos de esclavitud o de maltratos conyugales. El derecho a la autodeterminación, decía el comunicado, se aplica en todos los pueblos de la Tierra sin excepción, como es el caso del pueblo de Cataluña. El comunicado acababa declarando que la única manera de resolver el conflicto en Cataluña es a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante, auspiciado por la Unión Europea, y que, en virtud del artículo 10.2 de la Constitución, podría ser perfectamente legal en España.

Artículo 10.2 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España.

Un referéndum de autodeterminación en Cataluña no implicaría romper el estatus legal y constitucional a España. Una vez tomada la decisión, y en el transcurso del proceso de «hacer papeles», entonces se podría si hubiera que reformar la Constitución para que, de forma ordenada y civilizada, se hiciera efectiva la separación. El matiz es importante, porque el resultado de entender la situación de este modo es que se reconcilia el derecho a la autodeterminación, legal y vigente en España como ha constatado la ONU, con la aparentemente irreconciliable Constitución y su artículo 2 sobre la «indisolubilidad de la nación española».

Además, hay que clarificar que es meridianamente claro, desde el punto de vista jurídico, y así lo han manifestado los tribunales competentes varias veces, que la Constitución Española no es militante, que es perfectamente constitucional estar en contra y proponer su modificación. Por lo tanto, la Constitución, lejos de ser una tabla de la ley divina, es un instrumento legal vive al servicio de la gente que se tiene que adaptar a las necesidades de la voluntad democrática de los pueblos y ciudadanos que integran España, incluyendo la autodeterminación que, en función del resultado, implicaría la necesidad de su modificación.

Alguien se preguntaría en este punto si el pueblo español se podría negar a «hacer papeles» y negarse a la separación. Y la respuesta es que legalmente, no. Hacerlo sería contrario en los acuerdos firmados que tiene España con el resto de estados de la comunidad internacional a los cuales se comprometió de forma legal y voluntaria. ¿Lo tiene claro el Constitucional o,… cómo me preguntaba en mi anterior artículo: practica la justicia o la política?

 

 

 

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Egaña | Vóljov

Desde su página en Facebook traemos a ustedes la minuciosa respuesta que nuestro amigo Iñaki Egaña ha proporcionado a quienes desde las cloacas del estado español han bautizado la operación con la que se privó de su libertad a 21 independentistas catalanes.

Aquí el texto:

Vóljov

Iñaki Egaña

Dentro de unas semanas se cumplirán dos años de la muerte de un retoño de Somorrostro, Amaia. Hija de mineros, huyó de la guerra siendo niña, se estableció junto a su madre en Moscú, fue expulsada de Francia por el laureado De Gaulle. La última superviviente de seis hermanos. Hijos de Dolores, la Pasionaria. Amaia Ruiz Ibárruri.

El éxodo de la familia oriunda de Gallarta, el símbolo que enorgullece nuestro pasado del hierro en esa montaña devorada que fue Triano, tuvo un acontecimiento luctuoso en la defensa de Stalingrado. Rubén, el hermano de Amaia, hijo de Dolores, murió con apenas 22 años, un día de setiembre de 1942. Era teniente del Ejército Rojo.

La batalla de Stalingrado (hoy Volgogrado) fue una la más cruentas de la Segunda Guerra mundial. Los expertos en temas bélicos añaden que la más sangrienta en la historia de la humanidad. Dos millones de muertos. La otra batalla que recordamos con horror es la de Leningrado (hoy San Petersburgo), un asedio de 900 días que provocó oficialmente 632.653 muertos y oficiosamente el doble, la mayoría por hambre.

De aquellos niños vascos que viajaron a la Unión Soviética en 1937, en el mítico Habana, más de un 10% murió durante la Segunda Guerra mundial (280 de hambre, bombardeos y enfermedades en la retaguardia y 50 en combate). Entre Stalingrado y Leningrado. El recuerdo de Rubén, por ser hijo de quien era, llegó hasta nuestros días. Del resto, apenas unas líneas en algún libro ensombrecido en la estantería de una biblioteca deteriorada.

Rescato con humildad los nombres de aquellos niños que partieron de Santurtzi y cuatro años después, aún sin ser adultos, murieron combatiendo en el frente de Leningrado. La vida, en ocasiones, es muy triste. Luis Frades Murga de Urtuella. Y Enrique Etxeberria, Paulino Arrizabalaga y Enrique Escudero, los tres de Eibar.

El pasado 28 de octubre, la Guardia Civil volvió a remover los cimientos de la memoria. Recuperó, para una operación policial contra el soberanismo catalán, el nombre de una de las acciones previas al sitio de Leningrado, la que tuvo lugar en el río Vóljov (Volhov o Volkov según el estilo idiomático). Lo grabaron como rojos contra azules, pero en realidad se trataba de nazis contra el resto del mundo. Hitler contra la humanidad.

En aquella operación sobre el río Vóljov, las tropas españolas de la llamada División Azul (un apéndice del Ejército de Hitler) avanzaron sobre el río y coronaron con “éxito” su misión. El generalato de la Guardia Civil ha querido manifestar su condición política e ideológica, de una manera diáfana. No hay por qué ocultar su posición ultra. La Guardia Civil es intocable. Frades, Etxeberria, Arrizabalaga y Escudero rematados décadas después de su muerte.

El operativo militar de 2020 (la Guardia Civil es un cuerpo castrense) ha “coincidido” con la absolución de la Audiencia Nacional a Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos d´Esquadra, de la acusación de connivencia con los soberanistas en aquel referéndum apaleado por agentes, jueces y medios en octubre de 2017. En cuanto el fiscal anunció que no recurriría la medida, la Benemérita puso en marcha la que llamó Operación Volhov. Para manifestar públicamente su desacuerdo.

Y de paso volver al discurso de siempre. Moscú en las bambalinas del Frente Popular que ganó las elecciones en 1936. Moscú en la organización del plebiscito independentista de 2017. Moscú en la internacional terrorista detrás de ETA en 1980. Comunismo, separatismo, dos caras de una misma moneda. ¿Quién dijo que España se modernizó con las Olimpiadas de 1992?

La operación militar ha venido a apuntalar, al margen de su incursión simbólica, una tendencia secular. La impronta de la Guardia Civil cuando desde la sociedad civil se ofrece una noticia que enfrenta su existencia o con la que no comparte su resolución. Algo propio del cuerpo verde y también del Estado profundo o de los servicios secretos, a fin de cuentas, con centenares de agentes aspirados de los cuarteles de la Benemérita.

En ocasiones, no lo niego, podrá haber sido una casualidad. Pero en los escenarios políticos la chiripa es mínima. Casi todo obedece a una causa. A comienzos de octubre pasado, recordarán, tres ex militantes de ETA fueron detenidos por su presunta implicación en un viejo zulo ubicado en Maeztu. La noticia sorprendió. El zulo había sido destapado por la Ertzaintza tiempo atrás. El fiscal no pidió prisión para los tres imputados, lo que me hizo suponer que fue una operación autónoma del Instituto Armado, de la que probablemente ni siquiera el Ministro del Interior tuviera conocimiento. Horas antes, la AVT había puesto el grito en el cielo, con el altavoz de los medios habituales, por el acercamiento de media docena de presos vascos.

Una situación similar se produjo cuando a comienzos de este año, de nuevo la AVT protestó por acercamientos de presos. La Guardia Civil detuvo a cuatro militantes de Sortu. Cada vez que la señal se enciende, las detenciones aparecen. Cada vez que el signo político no es el adecuado, los protagonistas perpetuos de la marca España echan leña al fuego para intentar modificar el rumbo político.

Así ha sido en décadas. Aquel ya lejano 21 de febrero de 1981, dos centenares de guardias entraron en el Congreso español secuestrando a los diputados presentes. El golpe tuvo sus efectos, entre ellos el parón autonómico que aún anda el PNV intentando recomponer. En febrero de este año, Denis Itxaso fue nombrado delegado del Gobierno en la CAV. Al día siguiente controles de la Guardia Civil para señalar quién tiene la varita de mando.

Me vienen a la memoria decenas de episodios similares, señales de todo tipo para modificar el escenario, el cierre de Egunkaria, la ejecución de Santi Brouard. Y también las simbólicas, el secuestro del Olentzero en Leitza, las pintadas de Amaiur, el cemento sobre la vieja Iruñea en la plaza del Castillo… y esta última, la Operación Volhov. Para que no haya dudas del color, ideología y fines de sus autores. In memoriam.

 

 

 

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«Operación Volkhov»

El régimen español ha procedido a detener a 21 empresarios catalanes a los que ha acusado de haber dado respaldo al proceso de desconexión catalán, mismo que vivió su punto más álgido el 1° de octubre de 2017 y meses más tarde con la implementación del artículo 155 de la constitución borbónico franquista.

Dicho operativo represivo en contra del pueblo catalán y de sus derechos civiles y políticos ya ha alcanzado la esfera internacional al darse a conocer que en el auto en contra de los detenidos el juez ha incluido un planteamiento por parte de la Guardia Civil en la que esta institución plantea el involucramiento de Moscú en el procés llegando a afirmar que el gigate euroasiático había comprometido diez mil efectivos de su ejército para apuntalar la declaración de independencia catalana.

Pues bien, resulta que nos solo en ese aspecto se ha vinculado a Rusia con los catalanes.

Vean esto que nos señalan en el portal Las Repúblicas:

La Guardia Civil escoge un nombre nazi y fascista en la operación empresarial contra Catalunya

Al infame operativo contra los empresarios independentistas, lo han llamado "Vóljov", una batalla de la División Azul con los soldados que aportó Franco por los servicios prestados de la Alemanía de Hitler en su cruzada contra Rusia.

Josep Herrera    

La División Azul, fue una unidad de españoles que luchó a favor de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente en el Frente Oriental contra la Unión Soviética. Fue un fracaso militar y político, pero el dictador Francisco Franco, debía favores.

Sin embargo, la Guardia Civil ha querido homenajear aquellos militares fascistas con la operación de hoy contra empresarios catalanes. La infame operativa iniciada esta mañana contra los independentistas la han llamado «Operación Volkhov» (Vóljov en ruso no cirílico).

Resulta que Volkhov es una ciudad rusa que da nombre a la «Batalla de Voljov» de la Divisón Azul: fue el 18 de octubre cuando el general Muñoz Grandes, que tambien había participado en la ofensiva sobre Catalunya al mando del Cuerpo del Ejército de Urgel en la Guerra Civil, ordenó al coronel Esparza el paso del río de la ciudad. Una acción que fue en silencio, sin protección artillera, explotando el factor sorpresa, pasando la tierra minada y lanzándose al asalto de la cota elegida.

La Guardia Civil ha vinculado a Rusia con el Procés de manera hilarante y ridícula. De ahí la redada policial contra los empresarios. Pero por si fuera poco, el régimen español no disimula y, con la elección del nombre en la operación de épocas nazi-fascistas, se define perfectamente como actua en ‘democrácia’.

 

 

 

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Diplomática Mofa Rusa

Madrid ha terminado por meterse un autogol de antología con el alegato del desplazamiento de diez mil tropas rusas en apoyo al procés catalán.

Y es que la "amenaza" española a la entonces Unión Soviética y hoy a Rusia has sido y es tan diminuta que cualquier bravuconada no puede causar mas que sonoras carcajadas en Moscú... y es exactamente así como ha reaccionado la diplomacia rusa.

Así lo informa Naiz:

La Embajada de Rusia se mofa del último disparate español: un millón de soldados a Catalunya en aviones ‘Mosca’ y ‘Chato’

El auto del juez de Barcelona que ha ordenado el arresto de 21 catalanes a los que la Guardia Civil acusa de apoyar económicamente a Puigdemont, en el que se afirma que Rusia ofreció trasladar a Catalunya a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, ha encontrado una rápida respuesta por parte de la Embajada rusa en el Estado español. Lejos de un conflicto diplomático, la cuestión ha generado cachondeo.

La teoría de la Guardia Civil sobre los 10.000 soldados rusos que llegarían a Catalunya dentro de los planes para «desestabilizar» el Estado español, recogida por el juez barcelonés en su auto, ha sido confirmado por las autoridades rusas. Bueno, más o menos.

La grave injerencia que supondría tal intervención, o su mera evocación, debería generar un fuerte conflicto diplomático entre las autoridades española y rusa. Pero nada más lejos de la realidad.

Tras ver la manera en que muchos medios españoles se han limitado a hacer un copy-paste de lo que sostienen el juez y la Guardia Civil, la Embajada rusa ha publicado en sus redes sociales un particular comunicado, en el que, con un claro tono de mofa, alude a lo ocurrido.

 

 

Textualmente, esto es lo que dice la nota: «Ojo: La información aparecida en los medios españoles sobre la llegada de 10 mil soldados rusos a Catalunya está incompleta. Hace falta añadir dos ceros al número de soldados».

No satisfechos con introducir ese pequeño matiz, siguen ‘tirando de la manta’ y añaden que «lo más impactante de toda esta conspiración» es que «las tropas debían ser transportadas por aviones ‘Mosca’ y ‘Chato’ ensamblados en Cataluña durante la Guerra Civil y escondidas en un lugar seguro de la Sierra Catalana hasta recibir a través de esas publicaciones la orden cifrada de actuar».

La nota incluye al pie el sello de la legación diplomática. Nuevo éxito policial y judicial en España. Ni Mortadelo y Filemón hubieran podido hacerlo mejor.

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Tamara Carrasco Absuelta

 

Por conducto de El Diario les compartimos esta actualización con respecto al proceso que el régimen español emprendiese en contra de la independentista catalana Tamara Carrasco como parte de la embestida represiva en contra de los CDR.

Aquí la información:

De detenida por terrorista a absuelta: los dos años de laberinto judicial de la CDR Tamara Carrasco

La activista de Viladecans reclamará una indemnización al Estado por los dos días que pasó detenida y los 13 meses en los que no pudo salir de su municipio

Oriol Solé Altimira

Una investigación por terrorismo y rebelión iniciada de modo "poco serio". El reproche a la Guardia Civil lo ha dejado escrito la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona en su sentencia que ha absuelto a la activista de los CDR Tamara Carrasco este martes. El fallo cierra un capítulo que ha llevado a esta joven de Viladecans por los calabozos de la Audiencia Nacional primero y después, a un confinamiento en su municipio mientras los jueces no se ponían de acuerdo sobre quién debía quedarse su caso. Un laberinto judicial del que Carrasco ha salido exculpada.

El indicio contra Carrasco tanto en su detención en abril de 2018 como en el de su juicio más de dos años después era un audio de Whatsapp. En la grabación, Carrasco comunicaba distintos cortes de carretera ya convocados y otras protestas de los CDR que no llegaron a producirse. Suficiente para que la Audiencia Nacional la arrestara por terrorismo y rebelión; irrelevante a nivel penal para la jueza que la ha absuelto. En todos estos meses la investigación no halló ni un solo indicio, más que el citado audio, de su supuesto papel de "coordinación" de los CDR alegado por la Fiscalía y descartado de plano por la jueza.

La detención de Carrasco se produjo en un contexto de alerta máxima en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por las protestas de los CDR, que cortaron carreteras o abrieron barreras de peajes en contra de la prisión provisional de los exconsellers del Govern en otoño de 2017 y el arresto de Carles Puigdemont en Alemania en marzo de 2018. Las protestas de estos grupos habían sido rápidamente calificadas de "kale borroka" por parte del PP. La Fiscalía, en un comunicado inusual, anunció que investigaba por rebelión los "actos vandálicos" de los CDR, equiparándolos con la situación vivida en el País Vasco.

Una semana después del anuncio de la Fiscalía, la Guardia Civil arrestaba a Carrasco. Las fotos de su detención coparon las portadas de los principales periódicos. El Ministerio Público llegó a pedir prisión provisional para la activista, pero el juez la descartó. También rechazó los delitos de terrorismo y rebelión por los que había acordado su detención unos días antes y rebajó la causa a unos desórdenes públicos.

Pese a descartar los delitos más graves, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tardó siete meses en remitir la causa a los juzgados catalanes, los competentes para investigar los desórdenes. Durante todo este tiempo, Carrasco no pudo salir de su municipio, Viladecans, salvo para ir a trabajar, pese a que raramente los jueces toman medidas cautelares tan excepcionales antes de un juicio por desórdenes. El juez tampoco permitió a Carrasco visitar a su madre cuando ésta se rompió una pierna porque "la actividad" de los CDR no había "cesado".

El confinamiento impuesto a Carrasco se alargó otros seis meses. La razón fueron las discrepancias entre los juzgados catalanes sobre quién debía investigar a Carrasco. Un juzgado de Barcelona y otro de Gavà se iban pasando la causa, lo que impedía a la defensa de Carrasco pedir el levantamiento de la medida cautelar. No fue hasta que la Audiencia de Barcelona determinó que la causa se quedara en la capital catalana cuando la jueza puso fin al "desproporcionado" confinamiento.

A la hora de concretar las acusaciones, la Fiscalía mantuvo el audio como la única prueba de cargo de que Carrasco había cometido un delito de incitación a los desórdenes públicos por el que le reclamó siete meses de prisión. Solo incitación, habida cuenta de que no pudo situar a Carrasco en ninguna de las protestas anunciadas en el audio de Whatsapp.

En su sentencia de este martes, la jueza es meridiana: ni el audio de Carrasco incita a ningún delito ni tampoco lo son las protestas anunciadas en la grabación contra la detención de Carles Puigdemont, en las que los CDR cortaron la AP-2, la AP-7 o rodearon la estación de Sants. Afea además la magistrada a la Guardia Civil que no concretara la fuente desde la que obtuvo el audio de Carrrasco. Lo máximo que llegó a apuntar en el juicio el investigador del Instituto Armado fue que la grabación "corría por Whatsapp".

Petición de indemnización

La defensa de Carrasco, que ejerce el penalista Benet Salellas, ha indicado a elDiario.es que la intención de la activista es reclamar una indemnización al Estado por los dos días que pasó detenida y los 13 meses en los que no pudo salir de su municipio. "La sentencia remarca que los actos que Tamara Carrasco explicó en el audio y que los CDR hicieron eran legales y que no hay conducta delictiva alguna a reprochar", asevera Salellas.

La causa de Carrasco también tuvo una derivada internacional. El juez había ordenado detener además de a Tamara a Adrià Carrasco, otro joven barcelonés. Sin embargo el joven consiguió escapar de su arresto. "El caso es un montaje político, policial y judicial", ha declarado Adrià Carrasco a la agencia ACN este martes desde Bruselas, ciudad en la que reside desde hace más de dos años. Sobre él no pesa ninguna petición de extradición, pero sí una orden de detención vigente en España.

Al margen de que la Fiscalía pueda recurrir la sentencia absolutoria de este martes, la actividad de los CDR ha seguido a lo largo de estos años bajo el punto de mira de la Audiencia Nacional. La Fiscalía del tribunal especial y la Guardia Civil investigaron en secreto durante varios meses estas asambleas en una macroinvestigación que derivó en otra orden de detención contra CDR en vísperas a la sentencia del procés. La acusación de terrorismo ha sido cuestionada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso que sigue bajo investigación junto a otras piezas todavía bajo secreto. 

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