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viernes, 28 de mayo de 2021

Egaña | Un Expediente Dreyfus Inacabado

Nuestro amigo Iñaki Egaña equipara el presente de Euskal Herria con un referente literario ampliamente conocido a través de la asediada figura de Josu Urrutikoetxea.

Lean por favor:


Un Expediente Dreyfus inacabado

Iñaki Egaña

El alegato de Émile Zola sobre la inocencia de Alfred Dreyfus pasó a la posterioridad como uno de los textos más contundentes del fin del siglo XIX. En “J´accuse”, el escritor parisino cargaba contra los jueces de dos consejos de guerra, cinco generales, un teniente coronel, tres peritos, y la prensa “por haber hecho una campaña abominable, extraviando a la opinión pública”. Con su acusación, Zola atornilló el dedo en la llaga. Los crímenes, las manipulaciones, no provienen de lobos solitarios, sino de complejos sistemas que, en lo concerniente en ese caso al Estado francés, correspondieron a un número elevado de funcionarios.

Zola tuvo que marchar al exilio de Londres y murió asesinado, en circunstancias no investigadas por esos jueces que habían quedado retratados con su denuncia. En enero de 1898, en plena vorágine del caso, Zola escribió una de las frases más bellas que recordamos quienes diariamente intentamos desentrañar la verdad: “Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz”.

Más de un siglo después, varias de los escenarios de aquel expediente, siguen presentes en la judicatura francesa. El caso de Josu Urrutikoetxea con relación a la muerte, en junio de 1980, de Luis Hergueta, directivo de Michelin en Gasteiz, ha sido uno de ellos. El mismo día del atentado, reivindicado por los Polimilis, la Policía descartó la autoría de ETAm, tanto por el modus operandi, como por la munición empleada. En la revista polimili Hautsi, número 19, la dirección explicó las razones de su atentado.

En cuanto a su situación procesal, la Audiencia Nacional lo había archivado, probablemente con relación a los acuerdos de desarme entre la dirección Polimili y Juan José Rosón, ministro del Interior, que llevaron a la disolución de ETApm. Y Florencio Domínguez, director del flamante centro Memorial de Victimas del Terrorismo, le dedicó una biografía en forma de libro a Urrutikoetxea, “Josu Ternera, una vida en ETA” (Madrid, 2006), en el que confirma que Josu jamás fue polimili. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantuvo la falacia de la participación de Urrutikoetxea y Francia, sin siquiera abrir la carpeta de descargos, la continuó. El Tribunal de Apelación de París se columpió y criminalizó según los falsos criterios de una pléyade de forofos judiciales, lejos de esa imparcialidad y justicia que se exigen en los manuales democráticos.

Tenemos una idea generalizada de que la justicia francesa está unos peldaños por encima de la española, en cuanto a su imparcialidad. Mi experiencia personal, acomodada en esa misma creencia, se ha ido desmoronando, especialmente desde la entrada en este siglo XXI. Y lo digo porque mi recorrido personal me da argumentos para ello. Desde hace un par de décadas, he asistido como testigo (perito) a numerosos juicios contra militantes de ETA celebrados en el Tribunal de lo Criminal de París, en la misma sala donde fue juzgado Emile Zola. Y entre las decenas de situaciones que he conocido, algunas de ellas han sido realmente surrealistas, propias de una justicia bananera.

Dos de los protagonistas de las manipulaciones eran Laurent Hury y su segundo Emmanuel Layet, máximos responsables de la SDAT, Subdirección Antiterrorista. Hury, tenía carta blanca para leer sus declaraciones que comenzaban con la manifestación del “origen comunista de ETA”, del crimen de la bebé Begoña Urroz, incluso cuando Madrid ya había reconocido que ETA no había sido su autora, y de esos 350.000 exiliados vascos ocasionados por la actividad de ETA. Incluso Rodolfo Ares le desmintió. A partir de 2010, Hury repetía que el desarme de ETA era una tregua trampa, siguiendo los dictados de los sectores ultras españoles más recalcitrantes. Y Laurent Hury no era una cualquiera, al margen de su cargo en el SDAT. Se trataba del perito policial elegido por el ministerio del Interior para informar a los jueces del Tribunal.

En uno de estos juicios también tuve la oportunidad de contraste con la AFVT, asociación de víctimas que se presentaba en todos los juicios para conseguir indemnizaciones del FGTI, un Fondo de Garantías, aunque no tuvieran que ver con el caso. Una de las mayores fechorías francesas fue la de atribuir a ETA los atentados yihadistas de Madrid que provocaron 193 muertos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1530, por la que “Condenaba en los términos más enérgicos los atentados con bombas cometidos en Madrid (España) el 11 de marzo de 2004 por el grupo terrorista ETA”.

A pesar de que en nuestro recuerdo quedó la imagen de que Aznar se implicó en aquella metedura de pata de la ONU, no fue Madrid la que llevó a la ONU la cuestión, sino que la responsabilidad correspondió al diplomático francés Jean-Marc de La Sablière, presidente del Consejo de Seguridad. Fue Francia la que cargó con la nota en el Consejo de Seguridad. Francia jamás se disculpó de su “error”.

Cuando relaté lo sucedido, la abogada que representaba a la AFVT me llamó mentiroso y solicitó al Tribunal mi reprobación. En el turno de réplica, invité a la jueza que la comprobación era sencilla. Hasta Wikipedia se hacía eco de ello. Un ejemplo más de la tendenciosidad de tribunales y acusaciones particulares.

Los ejemplos de esa connivencia de los sectores ultras de la política y magistratura española con sus homónimas francesas son numerosos. Allá por la década de 1980, el embajador francés Pierre Guidoni llamó a Santi Brouard pidiéndole un alto el fuego de ETA. No lo hubo y Brouard fue muerto por unos sicarios. Guidoni jamás fue investigado. Laurence Levert fue la jueza de la Guardia Civil en París, homenajeada incluso. La desaparición de Jon Anza fue ninguneada por la fiscalía de Baiona. Y la comisión rogatoria sobre la exhumación de Naparra, lleva más de tres años en el fondo de un cajón de algún juez francés que no desea destapar las complicidades de aquel secuestro.

 

 

 

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