viernes, 23 de noviembre de 2018

La CAV ante el Abuso Infantil

El tema es sumamente delicado y por lo tanto exige que todos los actores políticos y sociales de la CAV se involucren en el mismo.

Les invitamos a leer esto que se denuncia desde las páginas de Noticias de Gipuzkoa:


Los niños potencialmente amenazados que no están bajo el radar de los servicios sociales corren el riesgo de quedar al margen del sistema vasco de protección a la infancia

Jorge Napal

Atajar el abuso sexual infantil en Euskadi exige una visión global que hoy por hoy no existe. En el País Vasco los programas específicos de tratamiento contra esta lacra no son universales. Puede actuarse con diligencia ante cualquier sospecha con aquellos menores que están bajo el radar de los servicios sociales, pero el abuso no entiende de clases, y muchos padres con corbata con una imagen pública intachable pueden cometer atrocidades con sus hijos en casa. El sistema vasco de protección a la infancia utiliza la herramienta Balora para casos “sospechosos” de abuso sexual, que se derivan de manera inmediata a los servicios sociales especializados de la Diputación. En Gipuzkoa existe el programa Bideratu, de intervención terapéutica en situaciones de maltrato o abuso sexual, una línea de trabajo que funciona pero que “hace falta fortalecer”, ya que en Euskadi el sistema “deja al margen a muchos niños y niñas potencialmente víctimas de abusos sexuales que necesitan atención, y no la encuentran al no estar bajo el radar de la red de protección”.

La denuncia de la Fundación Save the Children en Euskadi pone de manifiesto una realidad oculta y ocultada que, a pesar de implicar la transgresión de los límites íntimos del menor, se sigue sin mirar cara a cara, lo que ha permitido que durante años los abusadores campen a sus anchas en colegios, centros deportivos y clubes de tiempo libre. “Hacen falta programas específicos desde una perspectiva psico-social”, defiende Iñaki Alonso, responsable en Euskadi de Políticas de Infancia en la ONG.

Un silencio que, sin embargo, va rompiéndose. La Iglesia comienza a entonar el mea culpa y pide perdón por los casos de pederastia, al tiempo que se suceden las demandas contra docentes y formadores deportivos.

En unos días se ha confirmado la segunda denuncia contra un entrenador de Basauri, y se ha conocido la condena a 11 años de prisión a un exprofesor del colegio vizcaino Gaztelueta como autor de un delito continuado de abuso sexual a uno de sus alumnos, cuando este tenía doce años.

Son, según se mire, pequeños o grande s pasos, una luz de esperanza para tantas víctimas silenciadas que hasta ahora callaban convencidas de que airear su pesadilla ante un muro de incomprensión de nada servía.

La sentencia conocida el jueves pasado otorga total credibilidad al relato de la víctima, algo casi inédito en la Comunidad Autónoma Vasca. De hecho, nueve de cada diez casos de abuso sexual infantil no llega a juicio oral, y de los que finalmente lo hacen tras sortear un sinfín de penalidades, el testimonio grabado del menor no se tiene en cuenta prácticamente nunca. “La sentencia de Gaztelueta supone un paso adelante en la medida que permite visibilizar el sufrimiento. Lo que no puede ocurrir es que halla fallos judiciales una vez que un menor se decide a denunciar”, dice Alonso.

“Sé que mi dolor no prescribirá nunca. En cambio, el delito que cometió mi agresor prescribió cuando tenía 28 años. Vivir con esto es muy difícil. Es como tener una doble vida, y en ambas te sientes muerto por dentro. Mi agresor sigue entrenando a niños y ganándose la confianza de sus familias”, denuncia Pepe, de 46 años.

Ladrones de infancias

Mirian, de la misma edad, reconoce que su padre abusó sexualmente de ella desde los cinco hasta los doce años. “Robó mi infancia, y las secuelas de ello han condicionado toda mi vida. Me hizo sentir culpable y me traspasó toda su vergüenza. Me manipuló de tal manera que guardé durante muchos años el secreto”. Hace tres años fue capaz de romper el silencio. Se puso en tratamiento y es una persona nueva, “a pesar de que hay ciertas secuelas que durarán para siempre”.

Son dos de los testimonios que comparte en las redes sociales estos días la asociación Garaitza, que atiende a personas que han sufrido maltrato en su infancia. Alonso insiste en la importancia de la formación y la prevención para evitar más casos. De la misma manera, exige una actuación diligente de la Administración y de la Justicia cuando un menor despierta a esta lacra.

Porque un crío necesita tiempo. Desde su ingenuidad y falta de referencias, lo que entendía como una muestra de afecto -que ciertamente le incomodaba- descubre un día que era la imposición de un comportamiento de contenido sexual en un contexto de desigualdad de poder, a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. Y así, el daño se perpetúa en el tiempo. De media, un menor sufre el abuso durante cuatro años, según la investigación Ojos que no quieren ver, realizada por Save the Children. Entre un 10 y un 20% de la población vasca ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Los chicos, entre los 11 y 12 años principalmente, y el agresor casi siempre es un conocido con autoridad: ya sea entrenador deportivo, profesor o monitor de tiempo libre, algo que ocurre en seis de cada diez casos. Las niñas son acosadas mayormente entre los siete y nueve años.

¿Y qué hacer a partir de ahí? ¿Merece la pena denunciar? “En el caso de que el menor lo haga, si el sistema administrativo y judicial favorece la impunidad y el caso queda sobreseído, flaco favor se está haciendo a las víctimas”, insiste Alonso.

De ahí que la sentencia de Gaztelueta abra una puerta que hasta ahora parecía cerrada a cal y canto. El relato de lo hechos considerados probados por el tribunal recoge que entre los cursos 2008-2009 y 2009-2010 el ex profesor citaba al niño en su despacho para organizar tutorías. La frecuencia de las entrevistas fue aumentando hasta que el niño, que cursaba segundo de la ESO, fue víctima de la infamia.

Se relatan cinco episodios que evidencian una gradación de esos abusos. Después de una lucha familiar incansable que se ha prolongado durante años ante un colegio de la obra corporativa del Opus Dei, el joven confesó los dos episodios más graves tras años de terapia. Debido al transcurso del tiempo, se puso en duda su verosimilitud durante el juicio. “Desde luego que a este tribunal no le produce extrañeza la demora de la narración de la totalidad de los hechos porque los ha contado cuando la psicoterapia empleada le ha ido permitiendo afrontarlos, porque se trata de vivencias traumáticas de gran impacto emocional y con una repercusión patológica innegable y grave”, recoge la sentencia.

Hace falta tiempo para asumir lo ocurrido. En cualquier caso, el responsable de Políticas de Infancia en Save de Children subraya la importancia que tiene la prueba preconstituida. Es decir, tomar cuanto antes testimonio a la víctima para que no pierda valor. Salvo en los casos donde los abusos dejan huellas, la declaración del menor es la única prueba de que ha tenido lugar un abuso sexual. El problema es que “si entre que sucede el abuso y la declaración pasa mucho tiempo, el testimonio pierde valor”. Hay menores que se ven obligados a contar su historia hasta cuatro o cinco veces, en la familia, la escuela, la policía, el hospital… “Al final la declaración pierde naturalidad y el testimonio puede hacerse menos creíble, independientemente de que el abuso haya tenido lugar”. Para “cuidar el testimonio” se debería grabar la declaración lo antes posible, en una entrevista liderada por un psicólogo forense que transmita las preguntas del fiscal, juez y abogado defensor.






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