El Cruzado Grande-Marlaska

Con el nombramiento que le otorgase su mecenas Pedro Sánchez el inquisidor Fernando Grande-Marlaska tuvo que aceptar guardar cierta discreción, cierta compostura. Pero ahora que todo se puede venir abajo tras la convocatoria a elecciones quien fuese señalado por el TEDH de ser facilitador de la tortura ha decidido quitarse la mascareta progre para volver a ser el justiciero ultra de siempre.

Y claro, ha aprovechado para casi sin querer vincular a a ETA con el yihadismo, terrible lacra global paradójicamente auspiciada por los socios preferenciales de Madrid: Washington y Tel Aviv.

Miren lo que nos reporta El País:

Interior alerta de que “los extremismos identitarios” provocan “dinámicas filoterroristas”

Grande-Marlaska lanza una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo para combatir el yihadismo y "el auge de los extremismos"

Óscar López-Fonseca

La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, elaborada por Interior y que hoy publica el BOE, pone el foco en el yihadismo y, en concreto, en los excombatientes del Estado Islámico y Al Qaeda que retornan desde zonas de conflicto, en los presos comunes que se radicalizan y en las células autorradicalizadas en España, como la que cometió en 2017 los atentados de Barcelona y Cambrils. El documento también ve “preocupante” lo que denomina “extremismos identitarios excluyentes”, al considerar que “están dando origen a dinámicas violentas y filoterroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad”.

La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo sustituye a un anterior documento elaborado en 2012 y que venció en 2017. Los cambios legislativos registrados desde entonces (entre ellos, la aprobación en 2015 de la Ley de Seguridad Nacional y las últimas directivas de la UE) y, sobre todo, “las importantes transformaciones del fenómeno terrorista” registradas en los últimos años han llevado al equipo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a redactar este nuevo documento. Está previsto que su vigencia se prolongue hasta 2023, aunque abierto a revisiones anuales. Elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) con aportaciones de expertos, es el primer texto de este tipo que se hace público para buscar la colaboración ciudadana.

El documento cita en cuatro ocasiones a ETA para poner su reciente disolución como ejemplo de la eficacia de la lucha policial contra el terrorismo. No obstante, el texto es cauto y señala que, “en cuanto al terrorismo autóctono, se ha estabilizado la tendencia a la disminución de la actividad terrorista, si bien continúa existiendo una amenaza latente de grupos terroristas de distinto signo que en los últimos años han tenido escasa o nula actividad” sin citar siglas.

Es en esta misma línea, y también sin concretar, en la que sus autores lanzan la advertencia sobre “los extremismos identitarios excluyentes”. Alerta de que estos “pueden derivar en violencia y verse incrementados en un entorno de crisis económica” hasta constituirse en “una de las notas preocupantes en la actualidad”. Por ello, el texto incide en que “el auge de extremismos y de posiciones excluyentes que se vienen generando en gran parte de los países desarrollados, en Europa especialmente, están dando origen a dinámicas violentas y filoterroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad a las que hay que prestar atención”.

Sin embargo, el grueso del texto está enfocado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Así, refleja la preocupación de España, similar a la que existe en el resto de los países de la Unión Europea, por el retorno de aquellos yihadistas que partieron de su territorio —principalmente de Ceuta, Melilla, Cataluña y Madrid— para luchar en zonas de conflicto como Irak y Siria y que, tras la derrota del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés), pueden volver a sus lugares de partida, sobre todo tras la decisión de EE UU de abandonar su misión militar en Siria.

Para hacer frente a esta amenaza, Interior propone en su nueva estrategia la vía judicial, es decir, intentar que ese retorno vaya parejo a su encarcelamiento para minimizar el riesgo que supone la presencia en el país de terroristas fuertemente radicalizados y con entrenamiento militar. Fuentes de la lucha antiterrorista reconocen que, en la actualidad, ello no resulta fácil, ya que hasta ahora solo se les puede encausar por integración en organización terrorista.

Por ello, la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo propone “establecer mecanismos que permitan incorporar al procedimiento judicial las evidencias obtenidas en zonas de conflicto, con las correspondientes garantías procesales y salvaguardando la reserva de las investigaciones en curso”, según recoge el documento, que hoy mismo se pone en marcha.

Se trata, según detallan expertos consultados, de que se puedan emplear como pruebas ante los tribunales los indicios recopilados por tropas de otros países en los antiguos territorios del autodenominado califato, desde restos de ADN a documentos, pasando por las confesiones. Ello permitiría extender las acusaciones a su participación en actos concretos de terrorismo en aquellos territorios, algo previsto en la legislación para nacionales españoles, pero que hasta ahora no se ha podido aplicar, precisamente por la falta de pruebas.

Es la misma senda que parecen querer emprender otros países del entorno. Recientemente, Alemania encarceló a una mujer que durante su estancia en el territorio bajo dominio del ISIS dejó morir a una niña esclava. El propio documento de Interior cifra en más de 230 las personas de nacionalidad española o residentes en España que se han desplazado a zonas en conflicto —especialmente Siria e Irak, aunque también a Malí y Filipinas— para unirse a los grupos terroristas que allí operan. De ellos, aproximadamente una cuarta parte habría fallecido en combate, y casi un 20% ha retornado a España. Entre quienes aún permanecen en las zonas de conflicto bajo arresto de tropas extranjeras, como las milicias kurdo-sirias, no existe constancia de que haya españoles, aunque la información recabada por Interior apunta que varios hablan español, según fuentes de la lucha antiterrorista.

Otro foco de preocupación son las cárceles. A los 140 presos por su implicación en actividades yihadistas, Interior suma otros 120 reclusos que, si bien entraron en prisión por delitos comunes (en su mayoría robos y narcotráfico), han mostrado indicios de radicalización o han asumido plenamente el ideario radical. Por ello, el plan aboga por prestar “especial atención a los centros penitenciarios” y abre la puerta a reforzar los equipos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias que vigilan a estos presos. También propone cambios en los programas de desradicalización, cuyos resultados han sido modestos, con menos de 15 internos apuntados.

El documento llama la atención sobre que “la mayoría de los atentados cometidos en Europa fueron llevados a cabo por personas radicalizadas en sus propios entornos”, como fue el caso de la célula que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. En este sentido, recalca que hasta ahora la mayor amenaza para España han sido, precisamente, “la actividad de actores solitarios y células autorradicalizadas en territorio español”.

Tres escenarios

Más de 230 personas de nacionalidad española o residentes en España se han desplazado a zonas de conflicto yihadista. Casi un 20% —unas 50 personas— ha retornado después. Son quienes “constituyen uno de los perfiles de mayor riesgo”, según señala el documento.

Los centros penitenciarios suponen también unos ámbitos de seguimiento prioritario. La población reclusa vinculada al yihadismo ha experimentado en España un crecimiento “exponencial”, con un total de 140 individuos distribuidos en unas 30 cárceles.

Los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 “situaron a España en el punto de mira del azote terrorista”, y revelan “la gravedad de la amenaza para el conjunto de nuestro país”.

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