El Tótem Cercenado

No quisiéramos estar en los zapatos de Urkullu y el resto de los jeltzales quienes han hecho un estilo de vida el medrar con la autodeterminación vasca usando como señuelo el tema de las transferencias de competencias.

Aquí la editorial de Naiz con respecto a la más reciente hazaña del pepero Pablo Casado en contra del 'café para todos':

Si España incumple su ley, ¿qué exige a los demás?

Ni la oleada ultraderechista en el Estado ni el contexto preelectoral rebajan la gravedad de la iniciativa que ayer aprobó el Senado a instancias del PP, que ostenta la mayoría. Emplaza al Gobierno español de turno a no transferir más competencias a la CAV (cabe entender que tampoco a Nafarroa) porque «cada vez que se aumentan las competencias a una comunidad española se rompe la igualdad de los españoles». El PP de Pablo Casado no deja de superarse; después de presentar la Constitución y los estatutos de autonomía como tótems inamovible, como muros frente a las aspiraciones democráticas vascas y catalanas, resulta que ahora leyes tan magnas pueden cercenarse con un simple acuerdo del Senado. Y todo ello con la senadora Esther del Río recurriendo a la retórica franquista para ensalzar a «los héroes silenciosos del 10 de febrero, que se manifestaron en la Plaza de Colón de forma pacífica en apoyo a la unidad de España».

Es muy comprensible que el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, valorara esa moción como «un desatino» y declarara que «supera todos los límites que una cámara legislativa inste al incumplimiento del Estatuto, la ley y la Constitución». Pero no resulta tan comprensible que Urkullu se sienta sorprendido. Como lehendakari, sabe que a punto de cumplir sus 40 años el Estatuto de Gernika sigue incumplido en 37 puntos; como representante del PNV, conoce que su partido ha mercadeado con ellos con más de un presidente español. Lo realmente grave no es esta posición retórica de un Senado facha, sino los hechos probados de todos los gobiernos españoles de diverso signo.

En un punto concreto sí tiene especial sentido la apelación de Urkullu: si España pisotea así sus leyes, ¿qué legitimidad tiene para exigir su cumplimiento a Euskal Herria o Catalunya? Y es muy pertinente recordarlo cuando los líderes catalanes están en el banquillo de los acusados del Supremo, adonde Urkullu ha sido citado el jueves.

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