jueves, 28 de febrero de 2019

Entidad Artificial y Criminal

No nos podemos ni imaginar el berrinche por parte de la bufonesca Netta Barzilai cuando lea esto que nos reporta Naiz acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la entidad artificial denominada Israel:


Una comisión independiente de la ONU ha investigado la represión israelí sobre la ola de protestas en Gaza, en el marco de las cuales las fuerzas hebreas mataron a al menos 189 palestinos, y ha advertido de que estos ataques podrían constituir «crímenes de guerra o contra la Humanidad».

Las pesquisas, encargadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a una comisión independiente, han concluido que 6.106 «manifestantes desarmados» sufrieron heridas de bala por los disparos de francotiradores del Ejército israelí apostados al otro lado de la frontera gazací, mientras que otros 3.098 recibieron el impacto de fragmentos de bala, pelotas de goma o botes de gas lacrimógeno.

Los investigadores, que han analizado caso por caso, han concluido que 189 palestinos perdieron la vida durante las protestas entre la ‘Gran Marcha del Retorno’ del 30 de marzo y diciembre de 2018, según el informe publicado este jueves. De estas víctimas, 183 murieron por impactos de bala, 35 eran niños, dos efectivos de emergencia y dos periodistas.

La comisión, que ha confirmado también 122 casos de amputaciones, ha detectado indicios de que las fuerzas israelíes dispararon contra periodistas, trabajadores médicos, niños y personas con discapacidad pese a que eran blancos fácilmente reconocibles.

«La Comisión tiene pruebas razonables para creer que, durante la ‘Gran Marcha del Retorno’, los militares israelíes cometieron violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional», algunas de las cuales «podrían constituir crímenes de guerra o contra la Humanidad», ha afirmado el responsable de este grupo, el argentino Santiago Cantón.

Aunque la legítima defensa está reconocida por los convenios internacionales, el tiroteo intencionado de un civil que no participa directamente en enfrentamientos está considerado un crimen de guerra.

Otra de las integrantes de este grupo, Sara Hossain, ha subrayado que «no cabe justificación alguna para asesinar o herir a periodistas, médicos y personas que no suponen una amenaza inminente». Así, ha considerado «especialmente alarmantes los ataques contra niños y personas con discapacidad».

Del lado israelí, en el periodo analizado por los investigadores resultaron heridos cuatro militares, mientras que un efectivo falleció en un día de protestas aunque en un lugar ajeno a donde estas estaban teniendo lugar.

El Gobierno israelí basa sus argumentos para justificar la represión principalmente en que, junto a los manifestantes pacíficos, también había personas implicadas en «actividades terroristas», una tesis que los investigadores ponen en duda.

La Comisión ha concluido que, pese a «algunos actos violentos» y a que líderes Hamas alentaron a la comisión de ataques –o en el mejor de los casos no hicieron nada por impedirlos–, las protestas no son equiparables a «campañas de combate o militares».

En este sentido, ha recordado que el Derecho Internacional prohíbe que se utilice la fuerza bajo la única premisa de que puede haber personas afiliadas a un determinado grupo armado, sin tener en cuenta la «conducta» que están llevando a cabo en ese momento.

Siguientes pasos

La Comisión entregará toda la «información relevante» recabada durante estos meses a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, de tal forma que puedan ser utilizados en posibles procesamientos judiciales. «El Tribunal Penal Internacional está ya al tanto de esta situación», ha apuntado otra de las integrantes del grupo, Betty Murungi.

Cantón ha advertido de que «ahora corresponde a Israel investigar cada muerto y herido de las manifestaciones de forma rápida, imparcial e independiente», de tal forma que se pueda determinar si se cometió algún tipo de delito y condenar a los responsables. También ha emplazado a los organizadores y asistentes de futuras marchas, así como a las autoridades de Gaza, a garantizar que las protestas son «completamente pacíficas».

Cantón también ha apelado a la responsabilidad de todas las partes para garantizar el bienestar de una población «desesperada», para lo cual considera necesario que Israel levante el férreo bloqueo que impuso en 2007 a la Franja de Gaza.

La Comisión ha realizado 325 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes y ha analizado más de 8.000 documentos. Sin embargo, en su informe final, ha denunciado que las autoridades de Israel no respondieron a sus reiteradas peticiones para recabar información e investigar sobre el terreno.

«Informe hostil, mentiroso y sesgado»

La respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu no se ha hecho esperar y, por boca de su ministro de Exteriores en funciones, Israel Katz, ha denunciado el supuesto sesgo de las pesquisas. Katz ha asegurado en un comunicado que se trata de «otro informe hostil, mentiroso y sesgado» del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«Nadie puede negar a Israel el derecho a la autodefensa y la obligación de defender a ciudadanos y fronteras de ataques violentos», ha añadido, en un rechazo frontal a lo que no ha dudado en describir como «teatro de lo absurdo», según la agencia de noticias Reuters.






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